El Instituto salvadoreño del Seguro Social da cobertura en salud al 27 % de la población. Lo hace, en buena parte, con el dinero que aportan patronos y trabajadores. La pandemia ha colocado a la institución contra las cuerdas. Por un lado, el covid-19 aumentó de forma exponencial la demanda de atención médica y, por otro, la cuarentena redujo las actividades comerciales e industriales, lo que derivó en desempleo y menos cotizaciones. Este es el relato de una usuaria en un hospital en crisis.

«Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi»

Un reportaje de Glenda Girón

Fotografías de Archivo

Fotografía LPG / Archivo

Nadie le tomó la temperatura ni le entregó gel alcohol para que se limpiara. Menos encontró una bandeja desinfectante para los zapatos. A diferencia de lo que sucede en un supermercado, en una sucursal bancaria o en casi cualquier oficina, ingresar al área de emergencias del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador, no supuso mayor protocolo el día en que ella llegó con su padre enfermo.

Ella conocía el estado de salud de su padre. Delicado, sí. Desde marzo, él se quejaba de un dolor en el pecho por el que ya le habían sacado placas de tórax sin que en estas apareciera algo que llamara la atención. El dolor siguió y se mezcló con la cuarentena, la medida impuesta para contener el contagio de covid-19. En el encierro, el estado emocional de este hombre de tercera edad decayó. Y el físico también se fue complicando más de lo previsto, porque, aunque la intención que la institución comunicó desde el inicio fue la de garantizar las consultas a pacientes crónicos y los exámenes a quienes tuvieran procesos impostergables, en la práctica no se cumplió.

El padre, de 84 años y quien el año pasado se sometió a una cirugía cardiovascular, perdió citas con cardiólogo, con cirujana vascular y con un urólogo. También perdió exámenes que ya estaban pautados y que pudieron ayudar a afinar el diagnóstico y el tratamiento para evitar complicaciones. Por la suspensión de las atenciones programadas, «se prevé una reducción gradual y sistemática en el volumen de atenciones brindadas», anuncia el ISSS en su informe de coyuntura del mes de junio. Todas las prestaciones de servicios marcan una variación negativa. Las consultas externas se redujeron en un 19 %, las odontológicas en un 32 % y las intervenciones quirúrgicas en un 11 %, por ejemplo.

El ISSS brinda cobertura en salud al 27 % de la población salvadoreña, que es la que cuenta con un empleo, es beneficiada por lazos de afinidad o consanguinidad, o está pensionada. Este es un servicio médico prepagado por el que se descuenta cada mes tanto al patrón como al trabajador. En plena pandemia, cuando la cuarentena mantuvo en suspenso la mayoría de actividades productivas durante 3 meses –y algunas siguen cerradas-, los números de la institución han comenzaron a bajar. Si se comparan los reportes solo del sector empleador privado de enero y de abril, la cantidad de patronos cayó en un 13 % y la de trabajadores en un 8 %. En cuatro meses, han dejado de cotizar 61,572 personas en el sector privado.

Autofinanciado. En conferencia de prensa, el Sindicato de Médicos del ISSS denunció que el personal ha tenido que comprar su propio equipo de protección durante la emergencia por covid-19.

«La reducción de las actividades productivas está afectando la capacidad de pago de los empleadores y, por tanto, es lógico esperar, en los próximos meses, una caída en la presentación de planillas al ISSS y, sobre todo, en el pago efectivo de las cotizaciones con la consecuente pérdida de ingresos para el Instituto; situación que se puede ver potenciada por la pérdida de empleos en el sector privado, producto de la contracción económica nacional e internacional», se lee en el Informe de Coyuntura que el ISSS tiene actualizado hasta junio.

El ISSS representa el 40% del gasto público en salud. En pandemia, el ISSS recibe un doble impacto. Por un lado, está obligado a responder con más recursos humanos, de infraestructura, y de servicios de emergencia ante una demanda desbordada. Por el otro, las medidas para evitar el cotagio de covid-19 mantienen suspendidas o mermadas las actividades comerciales y la industria y, con esto, cada mes percibe menos recursos. El agujero financiero que se está formando solo se ensancha.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ), ubicado en la capital, donde a la que llamaremos acá Teresa llegó en busca de atención para su padre.

Teresa llegó a la emergencia con un fajo de exámenes bajo el brazo. Ya llevaba cinco días de rebotar por los consultorios privados de cardiólogo y nefrólogo. Y ya había dejado una buena cantidad de dinero en todas esas pruebas que indicaban que su padre tenía un cuadro de anemia, una alteración en la capacidad filtradora de los riñones y sangre oculta en heces. El viernes 25 de junio, lo llevó al consultorio privado de la cirujana vascular y, ante los resultados, la especialista fue categórica: necesitaba ser ingresado en un hospital y necesitaba, con urgencia, una transfusión sanguínea.

En El Salvador, el gasto nacional en salud representa un 7 % del Producto Interno Bruto. Es decir, alcanza los $1,937 millones de dólares al año. De esta cantidad, un 67 % es gasto público y un 33 % es gasto privado. Dentro del gasto privado, aparece la participación de las empresas comerciales de seguros médicos y también el Gasto de Bolsillo de los Hogares en Salud (GBHS). Este último es el que las personas hacen de forma directa «cuando pagan por atenciones en salud (honorarios médicos y servicios de hospitalización; compra de medicamentos, pago por servicios de apoyo diagnóstico y de laboratorio y otro gasto directo relacionado con servicios de salud)», de acuerdo con el Informe de Memoria de Labores del Ministerio de Salud del año pasado.

«Esta variable (GBHS) es de suma importancia –dice el documento-, porque revela cuánto del financiamiento en salud es soportado por los hogares en un período determinado y en la que su importancia relativa está directamente asociada al grado de equidad y protección financiera en salud de la población». Esta es la cuenta en la que se incluye todo el gasto que Teresa hizo en exámenes y en consultorios privados en un intento por evitar ir hasta uno de los colapsados hospitales. Esta es la cuenta que la pandemia ya está haciendo subir ante la incapacidad del sistema de salud público de absorber la demanda. El informe de 2019 sitúa en $523 millones este gasto que sale de los bolsillos de un privilegiado grupo que tienen cómo hacer frente.

La sugerencia que la especialista vascular le hizo a Teresa fue la de buscar un centro asistencial que contara con máquinas de diálisis, un proceso que sirve para hacer la labor de limpieza cuando los riñones presentan daño. Además, recomendó otra placa de tórax, ya que, escuchaba ruido en los pulmones y podía ser otra complicación del cuadro que ya llevaba. «Nosotros evaluamos seguir en lo privado, pero, realmente, escapaba de nuestra capacidad económica, era un gasto bárbaro», cuenta Teresa.

Sin recursos. Los tiempos de espera por una camilla se han alargado. Una usuaria esperó 12 horas para que hubiera cupo para ingresar a su padre.

No sin antes evaluar el riesgo, Teresa y su familia decidieron seguir la instrucción e ir al hospital Médico Quirúrgico. «Yo me llevé a mi papi protegido con todo lo que teníamos. A ellos (padre y madre) nosotros siempre los cuidamos, no salían, y para entrar a la casa de ellos nos desinfectábamos. Ir a los hospital fue una decisión que tomamos porque ya no había más opción, necesitaba ayuda que solo ahí le podían dar», cuenta Teresa.

Teresa y su padre llegaron al MQ a las 2:30 de la tarde del viernes 26 de junio. Ahí, le recibieron los papeles, revisaron los exámenes, y el personal médico evaluó la carta con las instrucciones enviadas por la cirujana vascular que remitía al paciente. Pero había muy poco por hacer. Ante la falta de cupo en el centro asistencial, la única opción era esperar.

Teresa acomodó a su padre en una silla de ruedas que le proporcionaron. Desde donde estaba, podía ver a la gente a la que el personal médico acomodaba bajo toldos, a la espera, como ellos, pero con signos de enfermedad respiratoria. Desde ese lugar, pudo ver que el vigilante de la emergencia recibía a la gente de las ambulancias, a los enfermos, a los familiares de los que no podía valerse solos y a todos los atendía apenas protegido con una mascarilla.

Ella misma entró y salió varias veces de Emergencias para preguntar si había cupo, si alguien podía evaluar a su padre, si podían darle algo mejor que una silla de ruedas a un hombre enfermo de más de 80 años. En todas esas veces, nunca le pidieron higienizarse. No había cómo ni con qué. Adentro, relata Teresa, la gente usaba –usa– las mascarillas que puede, unos van con tela. «Y ahí a nadie le andan ofreciendo otra mascarilla o algún otro recurso para protegerse o proteger a los demás», agrega.

Desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde, el padre de Teresa estuvo en una silla de metal que tenía el respaldo roto. Si se acostó un rato, fue porque el hermano de Teresa llegó con el carro y, en el parqueo, pudieron colocarlo ahí para que descansara. Alrededor de ellos, había gente con mucho menos recursos, igual de vulnerable, emocionalmente golpeada y en una espera incierta.

En el Plan Anual de Trabajo 2020, una de las metas del ISSS era atender las emergencias en 15 minutos. Y también mejorar la satisfacción de los usuarios para llevarla más allá de una calificación de 7.5. Para cuando el documento fue redactado y publicado, la pandemia de covid-19 era solo un murmullo lejano. Teresa y su padre pasaron 12 horas esperando que hubiera una cama libre. En ese transcurso y ante la insistencia de ella, un médico le ofreció dejarlo en un carro (camilla), en el pasillo, pero le advirtió que era «área covid» y que estaría expuesto. Teresa no aceptó.

Para ese momento, Teresa había detectado una serie de riesgos de contagio en la forma en la que se maneja el flujo de pacientes en este hospital. Y de todas esas grietas, una le llamó mucho la atención. «Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi«. Señala que el hecho de que diagnóstico con el que entró su padre no era covid-19, no reducía la posibilidad de contagio en un ambiente en el que no se miraba rigor ni separación de áreas.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ).

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El 14 de julio, el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISS) hizo una conferencia en la que exigió mejores condiciones laborales para el personal médico de primera línea y, sobre todo, señaló la falta de equipo de protección. Un vocero leyó una serie de reclamos urgentes, entre los que citó la erogación de fondos y salida de insumos que se necesitan para compra de equipo de protección, medicamentos y para más contratación de personal para primera línea. Denunció, además los «errores en la planificación, tanto en la determinación de espacios geográficos adecuados, como de algoritmos de atención para los pacientes sospechosos o confirmados de la enfermedad afectando el derecho a la salud de todos los usuarios y el derecho laboral de los trabajadores».

El 14 de julio es el día del médico. El vocero, con una mascarilla blanca y acuerpado por otros colegas, leyó en el mismo tono que los «trámites engorrosos para la adquisición y distribución de los equipos de protección personal ha obligado a que sea el trabajador el que asuma el costo económico para obtenerlos». El vigilante y el médico a quienes Teresa vio mal protegidos en medio de un ambiente desordenado muy probablemente usaban mascarillas compradas por ellos mismos. Lo mismo quienes estaban en la mesa, al frente de la conferencia.

Después de varias horas, ya entrada la madrugada, el padre de Teresa fue ingresado. «Yo fui con él, desinfecté la cama, lo arrope y lo dejé acostado. Vi que una enfermera lo atendió y le colocó un catéter y le pasó suero. Lo dejé ingresado, acostadito«, explica ella. «Al día siguiente, nos llamaron para decirnos que había fallecido». No pasó ingresado ni 24 horas.

Y, entonces, empezó otro proceso que no se esperaban ni Teresa ni su familia. El hospital registró como causa de la muerte el covid-19. No hubo prueba. A Teresa se limitaron a mostrarle una placa de tórax como muestra de que había indicios de neumonía. «Mi papá tenía anemia y lo que necesitaba era una transfusión, estaba hinchado,pero me di cuenta de que ahí nunca tuvieron la mínima intención de hacerle esa transfusión de sanguínea que urgía y menos de facilitarle diálisis», indica.

Teresa hizo reclamos, pero la causa de muerte no cambió. Para la institución, el hombre de 84 años que ingresó un viernes por la tarde en busca de una transfusión de sangre y una diálisis murió el sábado a medio día por covid-19. Su cadáver, pese a esta clasificación, se mantuvo por más de cinco horas en la misma cama hospitalaria en la que Teresa lo había arropado horas antes. «Yo pasé, entré hasta ahí y lo vi, estaba solo cubierto con una sábana; y, ahí, había otros pacientes a la par», cuenta sin esconder la emoción que le provoca el recuerdo.

Ingresos. El desempleo en el sector privado significa que el ISSS recibe menos dinero. Entre enero y abril, más de 61 mil personas dejaron de cotizar.

La tasa de mortalidad del ISSS ha aumentado. El primer semestre del año pasado, la general fue de 3.3 por cada 100 mil egresos. Mientras que en este año, en el mismo periodo, fue de 3.8. Cuando se ve solo a nivel metropolitano, que abarca el hospital MQ, pasó de 4.2, en 2019, a 4.6 por cada 100 mil egresos en 2020.

A Teresa no le entregaron el cadáver de su padre ese sábado. Tampoco el domingo, ni el lunes, ni el martes. Fue hasta el miércoles que el personal del Ministerio de Salud y de la funeraria coincidieron para ejecutar el proceso bajo «protocolo covid«. En medio, Teresa conoció a otras familias con una historia plagada de carencias, como la de ella y su padre.

Que la causa de muerte haya sido covid-19 no ha implicado que se busque nexos epidemiológicos entre la familia. Teresa señala que no descarta abrir un proceso legal por la forma en la que se trató el caso de su padre: «El responsable de que todo en el hospital se haya contaminado es el Estado, el responsable de que no haya protocolos y de que el personal no tenga cómo protegerse es el Estado; esto no es por mi papi, que fue un hombre maravilloso y que ya descansa, es por todas las demás familias que no merecen que les pase los mismo que a nosotros».

 


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