«La cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos»

Fotografía de entrevistada
María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica.

María Rodríguez Tochetti es una especialista en temas penitenciarios que ha trabajado, desde hace 30 años, dentro del sistema carcelario en Uruguay y también ha impulsado, junto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las Reglas de Bangkok en América Latina. Para Tochetti, el camino para garantizar el trato digno de las reclusas es aún muy complicado ya que, por años, el tema ha sido invisibilizado por los gobiernos de la región.

La experta asegura que para abordar la realidad penitenciaria es necesario contar con un enfoque de género, un panorama que, por hoy, es muy difícil debido a que el 93% de los detenidos, en América Latina, son hombres. Esto genera que el sistema sea diseñado para la población masculina y no la femenina.

En El Salvador, las reclusas, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados. Para Tochetti esta es una característica de toda la región porque las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente y donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, ella considera que la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo surge su interés por trabajar con las privadas de libertad en la región?

Toda mi carrera y desarrollo profesional ha sido dentro del sistema penitenciario de Uruguay y en organismos internacionales que trabajan en materia carcelaria. Nunca tuve un trabajo que no fuera de esto, tengo un profundo orgullo de ser penitenciaria y me presento como tal, antes de hacerlo como abogada, pienso que es una bella profesión que no tiene una valoración social.

He tratado de darle mucho tiempo, mucha cabeza, corazón al tema de las mujeres privadas de libertad. Es una de las temáticas donde más he trabajado y escrito. Fue así como estuve vinculada con la redacción de las Reglas de Bangkok y su implementación en la región. Desde hace un año y medio llegué a El Salvador con dos objetivos: entender el otro lado de la cárcel y abordar la realidad penitenciaria con un enfoque sistémico. Uno que ve más allá y observa que los problemas de la prisión no se resuelven en ella.

Hablando de desafíos y de mirar desde una visión de 360 grados. ¿Cómo ha sido esa transición de trabajar desde lo estatal, en Uruguay, y llegar a El Salvador?

Trabajar en El Salvador fue para mí algo decisivo; profesionalmente me resultaba extremadamente interesante laborar acá. El fenómeno de las maras y pandillas es un hecho que caracteriza la realidad penitenciaria en el triángulo norte . Este es un desafío que no lo comparten otros gobiernos de la región. Uno puede tener muchos años de experiencia, pero entender -cuál es el rol que la cárcel cumple en la pandilla- es un reto enorme.

Las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: “por qué es diferente”. Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

¿En qué ámbitos ha focalizado el trabajo con las privadas de libertad?

El trabajar con mujeres privadas de libertad es un tema fundamental, porque se analiza: ¿cuál es el impacto de la detención en las mujeres y sus familias?. Debemos entender cuál es el impacto, a nivel social, ya que, muchas veces, son las mujeres las que sostienen a la familia y están al frente del cuido de sus hijos.

El daño que la prisión le causa a los hombres y a las mujeres es absolutamente diferente. El problema es que las mujeres privadas de libertad, en América Latina, representan un bajo porcentaje. Hablamos del 6 o 7%, en promedio, en relación al total de los hombres reclusos: 93%. Esto hace pensar que las detenidas son pocas y que no resultan un problema.

Con la invisibilización del problema, ¿a qué circunstancias se enfrentan las internas en la región?

Los sistemas penitenciarios concentran la atención en el 93% de la población reclusa, es decir, en los hombres. La cárcel olvida la necesidades de las mujeres. Esto lo vemos, por ejemplo, en los centros penales. Es difícil encontrar en nuestra región cárceles diseñadas para mujeres. Y alguien puede decir: ¿Pero es necesario una cárcel para mujeres?. Pues claro que sí, las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: «por qué es diferente». Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Fotografías de José Cardona

En 2019, el CICR difundió con las autoridades de seguridad y centros penales las Reglas de Bangkok. ¿De qué trata esta norma?

Este es el instrumento más importante que la ONU ha aprobado, desde 2010, y fue el primer documento que puso sobre la mesa, precisamente eso, la necesidad de mejorar las condiciones y el trato digno de las mujeres en las cárceles del mundo. Las reglas visibilizan el principio de la equidad: el darle -a cada uno- según lo que necesita. El principio básico de las reglas es «lograr la igualdad, real, o equidad». Hay que partir de las necesidades particulares de las mujeres para, luego, atender sus exigencias especiales.

Las mujeres, en su mayoría, cometen delitos menos violentos y son poco reincidentes, entonces, las reglas dicen: analicemos el perfil de las mujeres y el tipo de delito que cometen, estudiemos sus responsabilidades familiares, veamos sus historias de victimización ya que muchas han sido abusadas, coaccionadas o sufren una dependencia afectiva. Ante estas circunstacias, las reglas proponen buscar medidas alternativas para evitar la prisión.

De momento, el país está frente a un estado de emergencia por la pandemia mundial del coronavirus. ¿Está preparado el sistema carcelario para atender casos?

El mundo no está preparado para la pandemia y lo que estamos viendo de Europa nos demuestra que nadie está listo para un suceso de estas características y rapidez. Los sistemas penitenciarios son un espacio muy hostil y delicado para una enfermedad como el COVID-19. Estamos hablando de espacios hacinados en todos los países de Latinoamérica, estamos hablando de lugares donde no siempre tenemos el mejor sistema de salud, donde tenemos carencia, ahora imaginemos esto en la cárcel. Estamos conscientes de que la población privada de libertad son personas con especial situación de vulnerabilidad ante esta pandemia. Esto nos obliga a tomar medidas absolutamente focalizadas y especiales.

Fotografía de José Cardona

¿Se pueden idear medidas preventivas, efectivas, a pesar del hacinamiento carcelario que enfrentan las internas?

A nosotros nos parece que una medida para la reducción del hacinamiento es: el priorizar a las poblaciones vulnerables frente al coronavirus. Se debe atender a las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas y respiratorias. Ellas pueden ser consideradas para algún tipo de beneficio penitenciario, según el marco de la ley. Vemos que algunos países lo están considerando.

En Chile, por ejemplo, están pensado en el indulto humanitario para personas en fase terminal o las adultas mayores. Esto puede evitar el hacinamiento y reducir el daño del virus. De momento, es lo que podemos sugerir, pero esto no depende exclusivamente del sistema penitenciario también parte de los operadores de justicia.

Se ha dicho que los más vulnerables, frente a la pandemia del coronavirus, son los adultos mayores, pero dentro de las cárceles de mujeres no solo hay ancianas también hay menores de seis meses hasta los cinco años. ¿Cómo debe proceder el sistema penitenciario frente a estos casos?

El sistema penitenciario tomará todas las medidas necesarias para poner el interés superior del niño como algo central. Afortunadamente, los pequeños están en un lugar que reúne buenas condiciones. Hay que ver si algunas mujeres -por su perfil y avance de su condena- pueden acceder a cumplir la condena bajo un beneficio penitenciario y así cuidar a sus hijos.

¿Cómo suplir las necesidades de salud, una vez se confirme casos por coronavirus en el país, aún con la falta de medicamentos, disponibilidad de agua y permisos de salidas para las reclusas?

Nosotros estamos viendo, en términos generales, qué sugerencias podemos dar a los sistemas penitenciarios con base a la experiencia que tenemos. Hay temas que tendrán que ser resueltos en propia marcha, por eso, es importante el apoyo que podamos dar. Es un gran reto para el sistema penitenciario.

¿Cómo garantizar el derecho a la equidad, no discriminación y un trato digno de las internas, aún sin adoptar medidas como las Reglas de Bangkok?

Lo primero es que el personal conozca y entienda que las mujeres tienen necesidades particulares y diferentes. Se necesita comprensión y abordar la realidad con un enfoque de género.

Fotografía de José Cardona

¿El Salvador cuenta con esta sensibilización de género dentro del sistema carcelario?

Estamos trabajando en ello. La cárcel es un espejo amplificado de lo que pasa en la sociedad. No es un mundo aparte, los procesos van en paralelo.

El perfil de las mujeres que guardan prisión en elpaís, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados, esto genera un desconocimiento de sus derechos y falta de acceso a la justicia. ¿Qué hace el Estado para mejorar la condición de estas mujeres?

Esta es una característica de toda América Latina. Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo superar esa cultura punitiva de que toda acción necesita un castigo y no una medida alternativa?

El Salvador es el país que tiene la segunda tasa más alta de encarcelamiento en el mundo. La tasa promedio, a nivel mundial, es de 150 por cada 100.000 habitantes. El país tiene un índice de 600 personas. Es una nación que encierra, para evitarlo, debemos de sensibilizar a la gente para que entienda que esta no es la forma. La sociedad debe comprender que el derecho penal no solamente consagra la pena, sino que, también nos da medidas alternativas que son efectivas. La cárcel es una sanción que tiene que utilizarse como última instancia.

¿Cuáles son estas medidas alternativas?

El arresto domiciliario o los brazaletes son opción. Cuando una persona utiliza un brazalete, ella viene y va de forma controlada, sin que nada afecte su fuente de trabajo. Y si tiene otros problemas, se le puede buscar terapia o grupos de apoyo. También se puede apostar por los trabajos de utilidad pública como: cuidar a ancianos o niños para reparar el daño. No todas las mujeres cometen delitos graves.

Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas.

Fue hace un año, que el gobierno anunció tres centros de detención exclusivos para mujeres, antes, solo se contaba con cárcel de mujeres en Ilopango. ¿Es suficiente?

Como las mujeres son una población menor, generalmente, lo que se tiene es solo una cárcel exclusiva para mujeres. La sugerencia es que se diseñen cárceles de mujeres regionalizadas, espacios en otras provincias para atender a las reclusas. De momento, lo que se hace es que, en una cárcel de hombres, se genera un anexo, un lugarcito al lado para atender a las privadas de libertad. En el caso de El Salvador, como es un país muy pe queño, es muy complicado pensar en crear prisiones de mujeres -en todos los departamentos- es muy costoso. Este tema no es tan evidente o grave como en países como Honduras o Colombia donde solo hay tres prisiones y los familiares deben viajar por 10 horas para visitar a las internas.

¿Qué sucede con las mujeres que son detenidas mientras esperan juicio?

En América Latina hemos normalizado mandar presas a las personas que tiene presunción de inocencia. Tenemos países que van del 25% al 70% de presos preventivos. Ciudadanos en prisión que aún están siendo investigados y de los que no se tiene certeza sobre su culpabilidad. La prisión preventiva es una medida cautelar y se usa cuando realmente tengo sospechas de que la persona se va a fugar o que va a amenazar a un testigos y entorpecer la prueba. Si esos requisitos no se dan, los acusados tienen que esperar en libertad.

¿Qué medidas ha implementado El Salvador para adecuarse a las Reglas de Bangkok?

Por el momento, se debe trabajar para que cada empleado -del sector de justicia y penitenciario- conozca las reglas. Yo no le puede exigir a un sistema carcelario, o a un Estado, que cumpla si ellos no conocen el documento. Es importante seguir capacitando y llevar las normas a los diversos espacios.

De momento, ¿cuáles son la medidas con las que cuenta El Salvador para el trato de las reclusas?

Uno de los avances que hemos detectado es la visibilización, la aceptación de que trabajar con mujeres implica un enfoque diferencial. El que exista tres centros de detención, exclusivos para mujeres, es una medida muy positiva. También es importante destacar que los niños -que están con su madre en la prisión- se encuentran en la granja de Izalco, Sonsonate, un espacio más amigable y diferente al que tenían, hace unos años, en Ilopango.

¿Qué países de Latinoamérica han adoptado las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas?

Costa Rica.

Fotografía de José Cardona

¿Cuáles han sido los resultados luego de acatar las medidas?

Costa Rica ha tenido los mayores avances y ha hecho, inclusive, una modificación legal -en un artículo de su Ley de Drogas- donde establece la posibilidad de aminorar las penas para las mujeres tras ser expuestas a una situación de vulnerabilidad, extrema pobreza o coacción para cometer el hecho. Esta medida es un ejemplo de las primeras acciones con enfoque de género en la región.

¿En qué deben trabajar los Estados?

Yo pienso que se debe trabajar en la prevención. Se tiene que crear políticas públicas que eviten la delincuencia y criminalidad. También se deben crear normas que gestionen los sistemas penitenciarios con enfoque de género. A 10 años de la Reglas de Bangkok creemos que el tema está sobre la mesa, pero que todavía queda mucho por caminar en América Latina.

«El sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades»

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

En mayo, Miriam Geraldine Aldana cumple un año de haber sido elegida como titular de la Procuradora General de la República (PGR). Preside una de las instituciones a la que más acuden los salvadoreños que no tienen cómo pagarse un servicio privado y necesitan de acompañamiento o representación legal en procesos de diferente tipo, entre laborales y atención especializada a la mujer. Pero es una institución que no da abasto con todo el trabajo que tiene encima.

En un país con 7 millones de habitantes, según proyecciones basadas en el último censo poblacional de 2007, la institución que defiende a los pobres cuenta con un presupuesto de 34 millones y 16 procuradurías auxiliares distribuidas en los 14 departamentos. Hay áreas como la defensoría penal, en las cuales, admite Aldana, el número de expedientes sobrepasa por mucho a la capacidad del personal de la PGR. Para muestra: hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a nivel nacional.

Las tres administraciones anteriores de la PGR, bajo la tutela de Sonia Cortez de Madriz, fueron criticadas por diferentes sectores de la sociedad. En junio del año pasado, con meses en su cargo, Aldana rindió por primera vez cuenta a los diputados sobre la mora que encontró en la institución. En esta entrevista destaca que una de las líneas de trabajo incorporadas es la defensoría pública para aquellos acusados que están ausentes en un proceso judicial, algo que no existía y no garantizaba el acceso a la justicia. Además de apostarle a una defensoría especializada para las mujeres procesadas por el sistema por casos como las complicaciones obstétricas.

Sobre estos casos, en particular, Aldana dice que debe analizarse el entorno en el que las mujeres pasaron de ser víctimas de un contexto violento a victimarias. Sin embargo, defiende estar a favor de la vida y no apoya las cuatro causales del aborto presentadas a la Asamblea Legislativa en 2018.

¿Qué significó para usted, la primera y entonces única Jueza de Extinción de Dominio, asumir las riendas de una institución que tienen entre sus funciones, un poco aparte de las funciones que realizaba, brindar servicios de acompañamiento y representación legal a los salvadoreños?

En verdad no estaba alejada. El sistema de justicia es garantizar el acceso a la justicia, solo que lo estoy haciendo desde otro ámbito, porque garantizar el acceso a la justicia es generar igualdad de condiciones entre las partes. Siempre estuve relacionada con el tema de la justicia, no solamente como jueza de extinción, sino con toda la carrera judicial que yo ya había hecho por 17 años anteriores. Simplemente estoy dándole una mirada distinta y creo que esa experiencia que tuve dentro el Órgano Judicial es lo que me permite poder ver con muchísimas más claridad cómo llegar a convencer a un funcionario, cómo llegar a presentarle una teoría del caso y una teoría fáctica y jurídica, complementaria, creíble, que en verdad partiera de un principio de verdad real, que hiciera uso de libertad probatoria, que pudiera venir a hacer crítica a partir del control de la legalidad, que la obtención de la prueba que se podía facilitar en el Órgano Judicial se hiciera con estricto apego al respeto de los derechos fundamentales. Lo que le está pidiendo la Corte Interamericana (a la PGR), a partir de la sentencia de Agapito Ruano, es defensa pública efectiva, no es solo representación, es hacerlo de forma efectiva, y para que la representación sea efectiva, realmente lo que se necesita es tener claridad de cuáles son los hechos debatidos, cómo voy a cuestionar los hechos debatidos o a presentar mi propia versión sobre los hechos y buscar las herramientas probatorias que resulten venir a ser más idóneas.

Nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos y lo logramos.

¿Cómo encontró a la Procuraduría General de la República tras haber sido dirigida por tres periodos por Sonia Cortez de Madrid, una exfuncionaria cuestionada de sus labores por diferentes sectores? En la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, en junio del año pasado, usted habló de 9,000 expedientes que no estaban resueltos en las diferentes áreas de trabajo.

Es importante señalar que el sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades. La institución históricamente había manejado cifras que le disminuyen la capacidad operativa. En todo ese cúmulo histórico en el que todos los años la Procuraduría General de la República tenía que acudir al Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa, a permitir recibir refuerzos presupuestarios para poder terminar un año, trajo consigo en colocarle en esas condiciones un poco caóticas en la que se encontraba. La primera de ellas referida a los tiempos de respuesta, que es el punto sobre el que usted está en este momento consultado. Los tiempos de respuesta razonables son aquellos que, de acuerdo a los manuales o a la instructivos, debían de cumplirse para nosotros poder dar una respuesta a las pretensiones que se presentaban. En las áreas más crítica de la procuraduría, resultaba venir a ser la unidad de atención o defensa a los derechos del trabajador, que es la Unidad Laboral, y por el otro lado, también, en el espacio de atención de derechos reales y personales que brinda la institución, porque había demasiada carga por persona, por abogado, por abogada defensora que asignaba el tema. Estamos hablando de una cantidad determinada de 9,000 expedientes en mora.

¿Cuáles fueron las primeras medidas?

Durante este casi un año al frente de la procuraduría, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo. Segundo, clasificar cuáles eran las pretensiones y cuáles eran los tiempos más críticos con los que nos enfrentábamos y cuáles eran algunas situaciones que solamente meritaba el terminar de complementar información jurisdiccional o información administrativa y luego proceder a un archivo. Se adoptó un modelo de un acompañamiento itinerante por un equipo de profesionales del despacho principal y del despacho adjunto general para comenzar a hacer las visitas a las procuradurías auxiliares que presentaban más demora. Por ello, se atendió primero San Salvador, que dependía mucho del número de usuarios, usuarias que atendemos, eso es obvio. El segundo de ellos fue Santa Tecla y en un tercer momento nos encontramos, en este instante, atendiendo Zacatecoluca, porque era la tercera procuraduría auxiliar con más carga de trabajo en la defensa de los derechos del trabajador. Eso ha posibilitado disminuir un aproximado de casi 3,000 expedientes en esta labor de acompañamiento. Hicimos una reingeniería acompañado de los procuradores auxiliares en esas unidades, para también ir viendo cuál era la carga de trabajo de otras unidades, que podían venir, a lo mejor, a quitar un elemento para aprovechar sus competencias y reforzar esas unidades en las que estamos.

Eso fue lo primero, partir de un diagnóstico real de qué encontramos en la procuraduría, qué capacidad humana teníamos, cuáles eran las competencias de ese elemento humano que se encontraba ya dentro de la procuraduría y comenzar a hacer esos reacomodos. Entonces las primeras unidades que fueron atendidas fueron las unidades críticas. Todavía nos hace falta muchísimo más. Tal como lo hemos dicho en la Asamblea Legislativa, con ese incremento de los 4.2 millones de dólares que se nos terminó asignando adicionalmente para este año, vamos a hacer un plan de atención para la reducción de la mora por seis meses con el reacomodo de nuestro personal y con la contratación de auxiliaría jurídica o de auxiliarías administrativas que nos ayuden a disminuir esa cantidad tan elevada que aún hay de expedientes. Esa fue una de las áreas.

Fotografía de Franklin Zelaya

¿Qué sigue en la hoja de ruta?

La siguiente de las áreas donde hubo necesidad de comenzar a trabajar fuerte fue la de saldos acumulados, fondos de terceros. La procuraduría ha cumplido 81 años de existencia. En este tiempo, hasta el año 2010, todo el tema de asignación de cuotas alimenticias y del pago de ellas se hacía manuscrito, en libros, en registros, lo que traía consigo es que el obligado a pagar alimentos iba al banco, traía el abono, el comprobante del abono. Aquí se le recibía, después procedíamos a hacer la conciliación bancaria en papel, después de corroborada esa situación se procedía a hacerle el depósito y a notificar que el depósito estaba hecho, pero la falibilidad humana puede ser grande cuando lo llevamos en ese sistema. Eso trajo el acumulado de 2.3 millones de dólares de impago o de mora en la entrega de las cuotas alimenticias. Comenzamos a trabajar también con el equipo de fondos de terceros. Volvimos a trabajar en conjunto, las procuradurías adjuntas de Familia, procuraduría adjunta de Niñez, apoyando este tema de fondos de terceros. Y nos fijamos metas que creíamos alcanzables. Primero, que nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos para este año y lo logramos. Y en la cantidad de saldos acumulados a diciembre del año anterior, hemos logrado disminuir 400,000 dólares. Ahora solo tenemos un poco más de 1.8 millones.

¿Cuántas personas encontró usted en la Unidad Laboral cuando vino a la PGR? Ya mencionaba que ha habido un refuerzo de personal, ¿de cuánto ha sido?

En el área laboral, en general, tenemos dos categorías, una es de defensores o defensoras, que todos son abogados de la república, y otros que son auxiliares jurídicos, pero en general, la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador solamente tiene 56 defensores públicos a nivel nacional y solo el número de expedientes con los que contábamos entre los seis defensores públicos suman 14,807 expedientes. Solo ahí usted denota que hay una gran cantidad de trabajo asignado por cada uno de los defensores. De todos ellos, estos son expedientes activos, o sea, procesos o administrativos o jurisdiccionales que hay que asistirles, pero se brindaron adicionalmente a eso, 16,654 asesorías por este mismo equipo de defensores. Se brindaron 2,498 asistencias en la Oficina Especializada de Contencioso Administrativo y Amparo, que es un área de especialización de la Unidad de la Defensa de los Derechos del Trabajador, y con toda esa gestión que se ha realizado, se asisten a los 55 tribunales con competencia en el ámbito laboral. Había que repensarnos, porque hasta el año pasado no teníamos más que la cifra presupuestaria que ya traía consigo un déficit de 700 mil dólares solo para el pago de las obligaciones. No había posibilidades de contratación. Ahora con el refuerzo presupuestario, la elevación de su techo, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos permita poder venir a hacer una transferencia del rubro 54, que es de bienes y servicios, al rubro 51, que es remuneraciones, para hacer las mínimas contrataciones, pero hacerlas para que vayan a reforzar en algunas procuradurías auxiliares críticas con la contratación de nuevos defensores. La idea de manejar el tema de las auxiliarías jurídicas para que nos ayuden solo a disminución de moras jurídicas y administrativas, porque ahí es donde hemos visto que nos encontramos con esos embudos que no nos permiten darle celeridad a la tramitación.

Sobre esta asistencia pública efectiva, también uno de los servicios más demandados de la PGR es la representación legal en los procesos penales. Datos oficiales de la institución muestran que hasta 2018, la PGR tenía 285 defensores públicos a nivel nacional. ¿Esto ha cambiado? ¿Qué consecuencias tiene que haya poco personal en la violación sistemática de derechos humanos dentro del Órgano Judicial?

El número de defensores públicos ha disminuido. Yo encuentro un acumulado de 260 defensores a nivel nacional. La carga de trabajo sigue siendo alta. Se refleja hasta diciembre del año 2019, para estandarizar los datos que estamos aportando, de 25 mil expedientes manejados dentro de este pequeño grupo de defensores. Estos 25 mil expedientes solo estaban en Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y 60,333 expedientes en trámites ordinarios, en el proceso común y los procesos especiales, que regula el Código Procesal Penal. Con este pequeño grupo que toca asistir, de acuerdo a nuestros datos, en 723 sedes judiciales con competencia penal, todas las audiencias. Y note que las audiencias no solo son las tres grandes audiencias que regulan nuestro código, además de la inicial, las audiencias de reconocimiento de personas, anticipos probatorios, revisiones de medidas cautelares, las preliminares, la eventual realización de diligencias como inspecciones, reconstrucciones de los hechos, a todas esas hay que ir y con eso le agrego un dato adicional más: hasta ese momento, la procuraduría contaba con un resurtivo del despacho en el que se decía que la asistencia solo la brindábamos a los imputados presentes, a los imputados sometidos al juzgamiento; sin embargo, su servidora, justamente por tener la perspectiva del ámbito judicial, me permite tener una visión, además que poseo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, me permitió poder hacer una interpretación del artículo 11 inciso primero de la Constitución; el 2, inciso primero, del mismo cuerpo normativo; el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la sentencia de Agapito Ruano, y adopté una decisión en junio del año pasado, en el que di la directriz para que la asistencia no solamente se diera al imputado presente, sino también al imputado ausente. Y eso tiene una explicación sencilla: con mucha mayor razón, el control de la legalidad de las diligencias que realice el Estado, a través de fiscalía y la policía, tienen que ser controladas por un defensor, tiene que verificar si el levantamiento de la evidencia del escenario delictivo se hizo con la debida garantía de cadena de custodia, si la intimación, que implica en ocasiones publicaciones en periódicos de circulación nacional y en el diario oficial, se hizo cumpliendo con las exigencias propias del código. Es explicar de manera clara y comprensible los hechos que se le acusan, no solo las calificaciones jurídicas, verificar si un anticipo probatorio, si un reconocimiento de personas que se podía haber hecho, si en verdad en esa fila de personas se encontraban aquellas parecidas, como lo ordena el código; si tenían características similares, que hubiera un interrogatorio previo a la persona que estaba acudiendo venir a hacer el reconocimiento, para poder advertir si había un ánimo espurio, si había un ánimo mal intencionado, si había un interés preciso para poder perjudicar al imputado.

¿A qué se le paunta en este contexto?

Todo eso ha traído otra vez la necesidad de repensar un poco la labor de la defensoría e irle apuntando, para el año 2020, en la especialización, porque Manuela, que es otra recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuela y otros versus Estado de El Salvador, nos ha dicho algo adicional, nos ha dicho «mire, el personal de la procuraduría necesita especializarse». Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y que significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición ahora de victimaria. Ella necesariamente requiere que el defensor, la defensora, conozca el entorno, sepa cuál es la interpretación de las normas desde la perspectiva de protección de derechos humanos de la mujer y pueda venir a preparar esto, la defensa pública efectiva. La procuraduría tiene dos grandes áreas de atención a la mujer cuando está vinculada al ámbito penal, el área de la Unidad de la Atención Especializada a la Mujer (UAEM); y por supuesto, el ámbito de la defensoría pública.

En una audiencia, usted se podría encontrar con que UAEM estaba representando, estaba, más bien, acompañando a la señora en su condición de imputada, pero desde su posición como mujer, pero no tenía intervención judicial, ni siquiera era una asistente no letrado para que pudiera venir a ayudarle al abogado defensor que tenía en la articulación de la defensa pública efectiva. Era un contrasentido, porque teníamos dos elementos valiosos, formados, uno en el ámbito penal, uno en el ámbito de atención de la mujer, pero ninguno de los dos tenía la posibilidad de venir a preparar estrategias de defensa de forma conjunta. Para el año 2020, la nueva línea de trabajo es que justamente hablemos, no solamente de especialización. Hemos revisado una serie de diplomados, apoyados por el proyecto justicia y dignidad, en el que la especialización está orientada a la violencia obstétrica, la especialización de un equipo de defensores y defensoras. Pero ahora, además, a la hora de preparar la defensa pública efectiva, se sienta con UAEM, platica con UAEM, le ayuda a UAEM a poder venir a identificar qué factores económicos, sociales, culturales, religiosos, lo que sea, puede servirle para colocar en el contexto al juez y darse cuenta que han sido las condiciones del entorno las que propiciaron que ahora ella se convierta en una imputada; cuando, en verdad, resulta venir a ser la víctima de todo este sistema y de todo el entorno en el que lamentablemente ella ha tenido que verse relacionada, producto de la violencia, y no solamente en violencias obstétricas: hay delitos de homicidios, víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar, y ellas son las que terminan siendo acusadas de las lesiones, del intento de homicidio o de los homicidios de sus parejas.

Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición, ahora, de victimaria.

¿Qué esperan para este año?

Para el año 2020, estamos trabajando un nuevo sistema de información informática que nos permita, con el apoyo ahora de la cooperación chilena, y del PNUD, generar un sistema de alertas. Porque con esta cantidad de expedientes asignados a una sola persona, razonablemente, se le puede pasar un plazo, razonablemente se le olvida que tiene una audiencia, razonablemente se le olvida interponer un recurso. El PNUD, acompañado de la cooperación chilena, nos va a ayudar a generar sistemas de alertas tempranas, que en el equipo informático asignado pueda venir a decírsele «alerta, cinco días para interponer o preparar su recurso, porque en cinco días se le vence».

Esto es un apoyo, esto creo que es importante, el defensor o la defensora tiene que sentirse apoyado y el apoyo no solamente tiene que ver con remuneraciones, que es un tema que también ya le contaré qué estamos haciendo con ello, porque cuando se comparaba los salarios de defensores, frente a fiscales, es una diferencia sustancial enorme.

¿En qué porcentaje anda la diferencia?

No hemos tenido el aval mediante la modificación de la Ley de Salarios que hemos presentado al Ministerio de Hacienda, con salarios hasta de 895 dólares y agentes fiscales especializados pueden andar arriba de los 1,500. Entonces estaban ganando casi la mitad de lo que puede ganar un fiscal. Ya no digamos un fiscal de un área de un área especializada, estamos hablando de los fiscales de los delitos comunes. Eso también tenía que ver, no solamente cruzaba con carga de trabajo, sino con incentivos laborales, sabemos que no es el mismo, pero en ese tema hemos hecho también otro avances, me parece que sumamente importante, porque la procuraduría tiene una planta de 1,420 empleados, las remuneraciones en el ámbito de los abogados, no me meteré al ámbito de no abogado, era de 56 categorías salariales diferentes, que en el ámbito penal teníamos 22, en el ámbito laboral teníamos 14, en el ámbito de medicación teníamos 6 categorías, y los salarios iban entre 895 y 1,615, el que mejor ganaba en la institución. A pesar de los dos refuerzos presupuestarios solo para remuneraciones, que brindó la Asamblea Legislativa en los períodos anteriores, la distribución se hizo de manera igualitaria, no equitativa, porque la remuneración igualitaria es que tenemos 50 dólares, somos cuatro los que estamos aquí, entonces los distribuimos por parte iguales, pero si lo hago equitativamente, yo tengo que entrar a ver cuánto gana usted.

Hemos presentado a Hacienda una propuesta de manera tal que lo hagamos dentro de mi trienio, que es mi obligación inicial. Para el año 2020 estamos generando 520 plazas en ajustes salariales, y de las 56 categorías salariales, estamos propiciando que se disminuyan a 3 categorías de manera inicial, solo con la planta de abogados y abogadas en condición de defensor o defensora pública.

Mencionaba el caso de Manuela, un caso icónico en El Salvador de las mujeres que siguen teniendo complicaciones obstétricas y luego son procesadas por el sistema de justicia. Como titular de la institución que se encarga de velar por las garantías de un proceso judicial, ¿cuál es su postura respecto a las cuatro causales del aborto que se han presentado en su momento a la Asamblea Legislativa?

Cualquier institución del Estado está obligada por mandato constitucional, derivadas del artículo 1 de la Constitución, a garantizar la vigencia de todos los derechos que ahí se contemplan, entre ellos, el derecho a la vida. El Estado tiene que venir a saber cómo atender, cómo garantizar el derecho a la vida, porque note que los problemas fundamentales que se presentan alrededor del tema es que la adolescente, la mujer, la persona que termina viniendo a generar sus estados de preñez en ella, por cualquier causa, no es atendida por el Estado. Ante la falta de atención, porque resultó venir a ser víctima de una violación, por ejemplo, de un miembro de una estructura pandilleril, el Estado la abandona, el Estado no la acompaña, el Estado no la informa, el Estado no vela por ella. El tomar una decisión de saber qué hacer con el producto, que, finalmente, resulta venir a ser un ser humano, forma parte de las responsabilidades del Estado. La procuraduría tomó la iniciativa de convocar, junto con otras organizaciones de Naciones Unidas y organismos cooperantes vinculados al tema, tanto de niñez como de mujer, de comenzar a revisar el sistema de atención, no solo de niñez, sino de atención a mujeres. Porque note la diferencia que podría ser si nosotros contamos con un sistema diferente: si a esta mujer o a esta adolescente víctima de una agresión de cualquier tipo, se le acompaña, se le explica qué es la paternidad, se le explica que finalmente también es un ser humano el que está dentro de su vientre, ella estaría en condiciones de tomar una decisión totalmente autónoma. ¿Qué quiere hacer con el bebé? ¿Entregarlo en adopción? ¿Dejárselo bajo la figura de tutoría? ¿Dejarlo bajo un cuidador? Porque el Sistema Nacional de Atención a la Niñez, y en particular, bajo el modelo de la LEPINA, también está diciendo Estado, usted debe de garantizar los derechos del nasciturus, usted tiene también que proteger los derechos del niño, la niña que está todavía por nacer.

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

Ya que menciona los derechos humanos y tomando en cuenta que en el país, por ejemplo, nunca ha habido una política de educación sexual, ¿considera entonces válido que una mujer que ha sido víctima de una violación cargue por nueve meses a una persona? Estamos hablando de secuelas psicológicas en la vida de esa mujer.

Por eso precisamente estoy hablando de la necesidad de integrarse por el Estado, porque quienes en algún momento determinado nos volvemos copartícipes de la generación o de la revictimización. Por eso, el enfoque tiene que ser victimológico y el enfoque victimológico significa, por una parte, que la persona que ha sufrido directamente la afectación, pueda ser atendida: asistencia, acompañamiento, asesoría, atención. O sea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho en innumerables decisiones, la 5-2001 fue una sentencia importantísima, porque dijo: «Mire, este es el marco de atención». Estado, ojo, todas las instituciones, pongan atención, porque en cuanto surge la condición de víctima, por la razón que sea, el Estado tiene que articularse para garantizar todo eso. Porque las secuelas de las afectaciones físicas o psicológicas se agravan todavía más cuando el sistema, organizado a través de las distintas instituciones del Estado, y la falta de cultura de la sociedad, lo que provoca es estigma, discriminación, aislamiento, entonces es donde aparece la necesidad, porque la víctima, el conjunto, el principio de Naciones Unidas para la protección de víctimas de delitos y abuso de poder también dice que hay víctimas indirectas. Por supuesto que hay una víctima indirecta en el producto que está dentro del vientre de la madre. También esta víctima necesita ser atendida por parte del Estado. No podemos venir so pena de que el otro fue el responsable de la vulneración a hacer pegar por alguien que también resulta ser víctima de la situación. Por eso, si queremos hacer la atención adecuada, debemos de hacerla desde un enfoque victimológico y desde una perspectiva de protección de derechos humanos. Y la Constitución es clara, es principio de humanidad, respecto a la vida, pero acompañada, para que en su momento puedan tomarse las decisiones que resulten se propias para ellas.

Si bien van a tener que dar acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzado, que hasta junio del año pasado usted decía que había 600 casos que estaban atendiendo en menores, la Asamblea Legislativa no destinó fondos para el funcionamiento de esta ley que ataca el problema. ¿De qué forma esto vendría a sobrecargar su trabajo, si también tomamos en cuenta que usted decía en junio del año pasado que no existe una plataforma especializada para atender este problema en la PGR?

El tema de desplazamiento forzado en la procuraduría estaba siendo atendido, porque era un tema de protección de derechos humanos. Así que independientemente que se contara o no se contara con una Ley de Desplazamiento Forzado, estamos hablando de víctimas de niñez, de víctimas mujeres, de víctimas hombres que también tienen derecho al acceso a la justicia. Con tres profesionales, básicamente, casi que por voluntariado, con un acompañamiento mínimos institucionales comenzaron a atender el fenómeno.

Las personas que han sido atendidas dentro del área del desplazamiento forzado hasta este último informe que se nos colocó era de 446 personas atendidas, de las cuales 230 son niños, niñas y adolescentes, y 216 fueron personas adultas. Estas 446 personas representaban 119 familias que tuvieron que pasar por este lamentable incidente que tener que propiciarse al desplazamiento forzado. Con esa misma cantidad, ese mismo apoyo dinerario, creamos una unidad de atención bajo la generación de una nueva estructura. La procuraduría va a contar, si nos lo habilita el Ministerio de Hacienda, con una sombrilla mucho más grande, crearemos una procuraduría especializada de género y de atención a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, porque ahora son migrantes, ¿mañana qué será? Ahí tenemos cabida para todo y ahí estará desplazamiento forzado.

¿Cuántas solicitudes de adopción han presentado como institución al Juzgado Especializado de la Niñez bajo la Ley Especial de Adopciones, aprobada en 2018?

Bajo la nueva ley solo se han presentado tres solicitudes, porque aunque la ley es muy célere, es una ley con un procedimiento muy expedito, muy sumarial, muchísimo más que la anterior ley, pero lo que tenemos es que hay que agotar y eso también habría que revisarlo. Por ejemplo, en los casos de niños y niñas abandonados, la ley nos obliga, en la línea que le he comentado: primero busque padres biológicos, luego familia ampliada, luego agotar tutorías u otras formas como el cuidador, hasta llegar a la adopción. ¿Entonces qué significa buscar a los padres biológicos? Hacer publicaciones para ver si aparece su padre, su madre biológica, buscar a la familia ampliada, dejar constancia que se hicieron visitas y que se ha logrado determinar que la familia ampliada no reúne esas condiciones en el caso de los niños y las niñas abandonadas, los cuales son representados de forma directa por el procurador o la procuradora, pero ahora pensemos en un niños o niña que está siendo maltratada por su padre, a ellos también hay que solicitarles la determinación de la situación jurídica, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hacer la pérdida de la autoridad parental, documentar que estaba siendo violentado, abusado, descuidado, las razones de maltrato cualesquiera de sus formas y que por tanto hay que romper con el vínculo con sus progenitores. Entonces hay que hacer la pérdida de la autoridad parental, ese es un trámite independiente. El proceso de adopción, como tal, es expedito, pero los proceso o procedimientos administrativos o judiciales para llegar hasta aquí, esos requieren un tiempo, por eso educación. Las personas tienen que educarse, las personas tienen que informarse, las personas tienen que comprender los procedimiento y los responsables de hacerlo que comprendan somos nosotros como instituciones del Estado.

Fachada del edificio de la Procuradoría General de la República

La discriminación laboral contra la mujer escapa al registro

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Cuando Elena fue contratada como investigadora en institución pública de derechos humanos creyó que había encontrado el empleo ideal. Podía poner en práctica sus conocimientos como abogada. Llegó con muchas ilusiones y expectativas, sobre todo, porque era la oportunidad para materializar su compromiso con la causa. Era septiembre de 2018.

Dos años después, como si estuviese en una corte, Elena lee en voz alta su carta de renuncia: «Esta decisión me ha llevado mucho tiempo de reflexión, porque ingrese al proyecto con mucha motivación, pero poco a poco esto fue apagándose por una serie de situaciones de acoso laboral», dice sentada en un restaurante de comida rápida en San Salvador.

Con el tiempo, si algo aprendió bien fue a dar alegatos, así que, en la mesa, recitando, Elena cuenta las razones que la obligaron a dejar su empleo. Con la renuncia y las denuncias como pruebas de los maltratos de su jefe, la joven se concentra en señalar una de las causas: su edad y su género.

Al ser una institución nueva, el equipo de investigación era conformado por mujeres jóvenes que continuaban formándose en técnicas relacionadas con el objetivo de la institución. Su jefe, con experticia en el temática, era quien debía de coordinar e instruir al grupo para crear un plan de trabajo, pero esto no sucedió.

A disgusto con su «poca experiencia», su jefe convertía cada reunión de trabajo en un campo de batalla donde Elena era bombardeada con gritos y reproches cómo: «¿Tiene usted las competencia para ejercer esta labor?».

Cansada de escuchar los mismos señalamientos y familiarizada con la palabra acoso laboral -actos de violencia psicológica en el lugar de trabajo-, Elena puso una demanda ante el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

«Nuestro jefe inmediato bloquea el trabajo, al no gestionar recursos técnicos y logísticos para el buen desempeño de nuestras labores; descalifica de manera verbal y públicamente el trabajo, en especial razón, por nuestra edad y condición de mujer», puntualiza la denuncia presentada por Elena, en 2019, al ISDEMU.

Su denuncia tuvo poco eco, nadie respondió ante sus señalamientos, ni los altos mandos de su entidad creyeron en que los incidentes podían darse en un lugar que tiene como base la defensa de los derechos humanos.

Como Elena, otras 685 mujeres se vieron afectadas, entre enero de 2018 a mayo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos del país, expresó en su informe preliminar: la prevalencia de la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH, en el año 2018, el país atendió 1,020 denuncias por violencia en el ámbito laboral. El 60% de estas demandas corresponden a casos de acoso laboral o sexual.

«Recuerdo el día en el que tuve hacer mi primer peritaje, debía anotar cada detalle y la forma en la que habían sido ubicado todo. Para no cometer ningún error pedí asesoría y así asegurarme de que todo lo que había descrito era lo correcto, mi jefe no dudó en preguntarme si realmente ‘yo tenía las capacidades para hacer el estudio técnico’», cuenta Elena.

En su momento, Elena se cuestionó si denunciar era lo correcto, sobre todo en un país donde tener un empleo parece más un privilegio que un derecho. Uno que en cifras se traduce, aproximadamente, a 1.8 millones de salvadoreños sin trabajo u ocupación. Y donde ser una persona asalariada es mucho más complejo para las mujeres.

En El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, la tasa de la Población Económicamente Inactiva (PEI) asciende al 38.7%. De este porcentaje, las más afectadas son las mujeres encabezar el 75.7% de la PEI en 2018.

La encuesta también demuestra la gran diferencia entre los motivos que obligan a hombres y mujeres a no tener -activamente- un empleo. Las salvadoreñas que no forman parte de la fuerza laboral se dedican a los quehaceres del hogar mientras que los hombres se ocupan de estudiar.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

Julia Aguilar, economista especializada en la temática del cuido y participación laboral y sindical de mujeres, enfatiza en que el sistema económico está basado en garantizar condiciones precarias para las mujeres.

«Las mujeres están ocupadas, principalmente, en actividades de comercio y servicio. En este rubro, cada empleada es vinculada con los quehaceres del hogar, con la limpieza, atención de las personas y la cocina. Es un área pagada, pero con tan poca valoración social. ‘¿por qué las mujeres no buscan otras opciones?’, dicen muchos. Pocos entienden que, a pesar de buscar, no hay otras opciones para ellas en el campo laboral», sostiene Aguilar.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

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Sin alternativas y en búsqueda de soluciones, Elena acudió a la institución, que por hoy, es la más buscada para gestionar el cumplimiento de los derechos laborales: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). De acuerdo con ORMUSA, la entidad es un referente debido a que los mecanismos administrativos del MTPS, no implican una acción legal en contra del empleador, lo que evita represalias, como el despido, para el trabajador.

En diciembre de 2019, un mes antes de su renuncia, Elena llegó hasta la oficinas del MTPS para dar aviso de los abusos de su jefe. Pero buscar un espacio para establecer una denuncia, de momento, también es un terreno complejo. La oficina que se ocupaba de atender los casos por acoso laboral, inequidad salarial y actos discriminatorios desapareció -desde septiembre- de la Dirección General de Inspección de la entidad.

De aquella tarde, Elena aún recuerda la desesperación con la que llegó hasta las oficinas del MTPS para que alguien hiciera algo por ella. Las cartas de recibido -por cada denuncia- y su testimonio eran su única garantía para comprobar que algo sucedió, pero eso no valió.

«Me dijeron que no podían atender mi caso porque el ministerio no podía atender a empleadas de una institución estatal y que en esos casos solo podía actuar la PDDH«, asegura Elena.

En una pausa, en un respiro para continuar con su historia y no perder ningún detalle, Elena toma nota y dice: pregunté si podía regresar al ministerio si las cosas empeoraban y me respondieron que no podían conocer mi caso bajo ninguna circunstancia.

Por este tipo de omisiones, Ormusa, cree que es necesario contar con una unidad capacitada como la que existió por 11 años en el Ministerio de Trabajo. Carmen Urquilla, del programa de justicia laboral y económica de la organización, indica que no hay argumento que valide «el suprimir» un espacio especializado para la prevención de actos discriminatorios. Y es que, la mayoría de empleados, no cuentan con una acreditación en el tema de género.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

La necesidad de un espacio, como la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, es mucho más evidente cuando la DYGESTIC señala que: son 1.8 millones de mujeres las que se mantienen activas dentro del campo laboral y que, de este aproximado, al menos, 30 de cada 100 se han visto afectadas por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La violencia laboral no es un tema nuevo, pero se hace poco para combatirlo. El Salvador tuvo la oportunidad, a mediados de 2019, de ratificar el Convenio 190 de la OIT -durante la Conferencia Mundial del Trabajo- en Suecia; un acuerdo que reafirma la tutela de los Estados frente a los problemas del acoso y la violencia en el ámbito laboral. A pesar de ello, el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, se abstuvo de votar.

La votación estuvo dividida ya que el Consejo Superior del Trabajo, conformado por el gobierno, la empresa privada y la representación sindical, no logró un acuerdo. El sector privado emitió su sufragio en contra del convenio y la parte sindical estuvo a favor.

En un informe de inicios de noviembre, Rolando Castro, ministro de trabajo, detalla a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, las razones que llevaron al gobierno a abstenerse del Convenio 190 de la OIT.

«No se hicieron las consultas tripartitas previas a la discusión del convenio. Ante las posiciones opuestas de la parte empleadora y la trabajadora, se consideró que la manera más inclusiva y adecuada de abordar la discusión es a través del Consejo Superior del Trabajo. En ese espacio se debe consensuar la visión de la parte empleadora y la de los trabajadores», sostiene Castro.

Entre las justificaciones, el Ministro de Trabajo aseguró que la abstención no implica que el convenio no pueda ratificarse. Pero hasta la fecha, El Salvador permanece como uno de los Estados que no han validado el Convenio 190 dentro del sistema de la OIT.

La Red Feminista frente a la violencia en contra la mujeres asegura que es preocupante el retroceso de los derechos humanos que enfrentan las mujeres, especialmente, porque existen recortes importantes en el presupuesto general de la nación para tutelar y erradicar la violencia en 2020.

Entre esos recortes está la reducción al presupuesto de los programas de salud en el primer nivel atención y protección social como: bono para educación. También se eliminó el plan de fortalecimiento para la salud de la mujer y se reasignaron al nuevo ministerio de desarrollo social, los proyectos y recursos de la extinta Secretaría de Inclusión Social.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

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LAS AFECTACIONES QUE SE INVISIBILIZAN

Previo a su renuncia, Elena fue diagnosticada con depresión debido a que el ambiente laboral se le hizo insostenible.

«La situación afectó directamente mi autoestima profesional, trascendió al ámbito personal y familiar, por lo que me vi obligada a recurrir a asistencia psicológica», sostiene Elena.

El boletín estadístico más reciente del Ministerio de Economía, sobre los impactos de la violencia en las mujeres en sus espacios de trabajo, expone que las mujeres sufren repercusiones físicas, psicológicos y en otros aspectos de la vida cotidiana debido a los abusos en el ámbito laboral.

En promedio, 436 mil mujeres han sido afectadas por la violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo a lo largo de su vida. De acuerdo con el documento, lo más frecuente -en las mujeres víctimas de una agresión- es la pérdida o el cambio de empleo, seguido de efectos emocionales como la depresión o miedo.

A pesar de la cantidad de mujeres que se enfrentan a la violencia laboral, Rhina Juárez del Centro de Atención Legal de ORMUSA, asegura que es preocupante la falta de denuncia, pero sobre todo el desconocimiento de las mujeres por identificar el problema.

«La gente tiende a tolerar la violencia, no es que les guste, pero la necesidad del empleo las obliga a hacerlo. En nuestro último estudio sobre la percepción de la violencia laboral contra las mujeres, notamos que pocas logran caer en cuenta de lo que sucede en términos conceptuales. De 1,092 mujeres encuestadas, solo 282 identificaron el acoso laboral y otras 204 precisaron en qué es discriminación de género», asegura Juárez.

Sin ayuda, la única solución para Elena fue renunciar a su trabajo. Decidió que otro empleo, con mucha menos paga, era la oportunidad para huir de los malos tratos que enfrentaba.

«El acoso laboral se normaliza tanto que hasta quienes dicen llamarse defensores de derechos humanos lo ejercen», concluye Elena.

Ilustración de Moris Aldana

El colapso de los juzgados de la mujer

Fotografía

La noche del 30 de junio de 2018, Jocelyn Abarca salió con un grupo de amigos. En plena reunión, comenzó a recibir varias llamadas y mensajes de Ronald Urbina, su pareja. Contestó algunos, pero al percibirlo enojado, prefirió ya no seguir contestándole. Él, entonces, insistente en controlarla, llamó a sus compañeros de trabajo, a su familia y a su jefe.

Por esto, ni por noche ni al día siguiente, Abarca regresó a su apartamento, en la colonia Altos del Cerro, en Soyapango, donde vivía con Urbina. Lo que se convirtió en el detonante para que Urbina no parara de discutir. Abarca les había contado a sus amigas que quería separarse de él y había llegado al punto de hacer maletas para marcharse, pero él se había opuesto.

Abarca tenía 26 años y era egresada de la carrera de psicología. Con un crédito había comprado un carro y el apartamento donde vivía. Urbina, un distribuidor de agua embotellada, no toleraba que su pareja se superara, dice la investigación fiscal. Se burlaba del grado académico de Abarca y le decía que su título no le iba a servir para nada. Era, además, quien le autorizaba si se pintaba o se cortaba el pelo.

Las discusiones de aquellos días no eran nuevas. Urbina violentaba a Abarca y ya la había intentado asfixiar. Y, entre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de julio, la violencia llegó al límite máximo. Según la FGR, la asesinó de 40 puñaladas en su apartamento y desmembró su cuerpo, del que luego se deshizo entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Usó el carro de Abarca.

Urbina fue capturado el 11 de julio. Cinco días después, fue llevado a la audiencia inicial al Juzgado 11° de Paz de San Salvador, donde las dos fiscales del caso expusieron al juez Omar Hernández que Abarca fue asesinada porque ya no quería seguir en una relación con Urbina, y que esta relación fue desigual, porque él siempre la como vio un objeto de su pertenencia. Abarca había intentado liberarse.

Entre lo que encontraron los fiscales cuando allanaron el apartamento de Abarca estaba el libro «Violencia intrafamiliar, un grito en el silencio», con el cual los fiscales llegaron a presumir que Abarca se documentaba sobre lo que vivía en su relación.

El juez Hernández, por tratarse de un feminicidio agravado, la escala más alta del ciclo de violencia género y contemplado entre los 11 delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV), remitió el caso de Abarca al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador. Pero a cuatro meses que se cumplan los dos años que legalmente Urbina puede estar detenido al ser acusado de un delito grave, todavía no llega la audiencia de instrucción ni hay fecha para realizarla, confirma la FGR.

El equipo con el funciona este juzgado, de acuerdo con información oficial de la CSJ, está conformado por 11 personas: una jueza, un secretario, siete colaboradores judiciales y dos notificadores. Y de los seis Juzgados Especializados de la Mujer que hay en El Salvador, es el más cargado con procesos, porque atiende los siete departamentos de la zona central y paracentral.

En 2018, el tribunal recibió 1,067 casos y 817 más en 2019. El personal labora en una casa que ha sido adaptada para funcionar como un juzgado y como Cámara Especializada de la Mujer, donde las víctimas, los abogados y fiscales que esperan realizar trámites, se sientan en cuatro filas de silla, en una cochera, a la par de una reducida ludoteca.

En este lugar, es imposible que una víctima que lleva un proceso legal no se encuentre con el acusado.

Las flores favoritas de la agente Carla Mayarí Ayala eran los girasoles, estas que sobresalían de entre todas en su entierro, cuando un dispositivo de policías esperó sus restos en un cementerio privado de San Salvador, el 21 de septiembre de 2018.

Ayala había trabajado durante 20 años en la Policía Nacional Civil (PNC), la institución que la despedía sin que hasta entonces, el también colega, Juan Josué Castillo Arévalo, estuviera detenido. Y todavía no lo está.

La agente fue asesinada después de ser privada de libertad en una fiesta navideña del extinto Grupo de Reacción Policial, a finales de diciembre de 2017. El principal sospechoso del crimen es, para la FGR, Castillo Arévalo.

Tras meses de estar desaparecida, las osamentas de Ayala fueron encontradas en septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, en Usulután, el municipio en el que vivía Castillo Arévalo.

Violencia. Los cinco informes sobre hechos de violencia contra la mujer del SNDVM suman, desde 2015 hasta junio 2019, más de 93,000 denuncias por casos de violencia de género.

Durante el entierro, el exdirector de la PNC, Howard Cotto, cerró su discurso con una promesa para la madre de la víctima y familiares: llevar ante la justicia a los responsables del asesinato. Sin embargo, el caso fue judicializado en junio de 2018, y entre los detenidos nunca ha estado Castillo Arévalo.

En este proceso de feminicidio agravado son acusadas 13 personas, entre familiares de Castillo Arévalo y agentes señalados de haber sido cómplices del crimen. Tres de los acusados salieron de la cárcel el 18 de diciembre pasado, cuando el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador realizó una audiencia especial, porque estaba próximo a vencerse el plazo de su detención. Y aunque el juicio ya estaba programado para una semana antes, la juzgadora no lo instaló, porque tuvo que responder escritos presentados por abogados defensores que estaban inconformes con que sus clientes hayan sido enviados a sentencia.

«Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer.

La última Encuesta del Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), de 2018, a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, dice que en el país hay 3,516,910 mujeres, lo que representa el 52.9 % de la población.

Desde 2015 hasta junio de 2019, hay cinco informes sobre hechos de violencia contra las mujeres elaborados por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra Las Mujeres (SNDVM), que retoman cinco indicadores de las instituciones de seguridad y justicia, y del Ministerio de Trabajo: violencia feminicida, física, patrimonial, sexual y laboral.

Todos los informes suman más de 93 mil denuncias, precisa Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), y al menos el de 2019, fue construidos a partir de encuestas que contestaron mujeres mayores de 15 años, de las cuales, 6 de cada 100 dijeron haber denunciado los hechos de los que eran víctimas.

«Si pensáramos que, en realidad, la mayoría atendieran a las campañas famosas de ‘renuncia al silencio’, el sistema estaría colapsado», advierte Juárez.

Con base en el SNDVM, ORMUSA ha determinado que entre enero y junio de 2019, solo 26 % de estas denuncias alcanzaron condenas. En el mismo periodo de 2018, el año en el que Jocelyn Abarca fue asesinada y que fue judicializado el caso de Carla Ayala, la impunidad alcanzó el 77 % de los casos.

La organización ha establecido estos datos a través de la medición de sistema de cargas: cuántos casos ingresaron al sistema en ese tiempo y cuántos el sistema fue capaz de resolver en el mismo periodo.

***

Las autoridades encontraron el cuerpo de Abarca. Estaba desmembrado en seis partes, en una ribera del río Acelhuate, entre la 17 ° avenida sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador. Era el 6 de julio de 2018. Cuatro días después, su cabeza apareció en una quebrada de Antiguo Cuscatlán.

Hasta el 5 de julio, Urbina, la pareja de Abarca, se hizo pasar por ella para comunicarse con su familia a través de Whatsapp. Pero él ya la había matado, dijo en su momento la FGR. Al recibir mensajes poco usuales, la familia de Abarca denunció su desaparición y esta denuncia terminó con la captura de Urbina.

En el allanamiento de la casa de Abarca, la FGR también encontró rastros de sangre, que ya se sometieron a prueba científica, lo que ha fortalecido la hipótesis investigativa de que Urbina fue quien asesinó a la joven en su propio apartamento, sostiene la Coordinadora Nacional de la Mujer de la FGR, Gabriela Sagastume. Pasado más de un año y medio desde que comenzó la investigación, la FGR solo está a la espera que haya una fecha para la audiencia preliminar.

El único freno que existe en un juzgado para extender por un año más la detención de un acusado es cuando ya hay una sentencia y un tribunal superior, en este caso la Cámara Especializada de la Mujer, interviene, mientras los abogados o los fiscales están habilitados a presentar recursos y a esperar su respuesta. De lo contrario, si todavía no hay una sentencia, por ley, los jueces están obligados a liberarlo e imponerle medidas que garanticen que siempre siga siendo parte del proceso judicial. Esto incrementa el riesgo de fuga, dice la fuente judicial que está vinculada a tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer

Agrega que en el tiempo que la Cámara Especializada de la Mujer tiene de funcionar, desde el 3 de enero de 2018, ha atendido hasta el 25 de febrero de este año, menos de 10 casos con detenciones vencidas cuando aún no hay una condena. Esto representa menos del 0.3 % de casos por mes, pero advierte que se convierte en un indicador de que no se está llevando justicia en los plazos legales.

Para respaldar lo que dice, la fuente se refiere a que en la cámara hay denuncias de fiscales y abogados contra los juzgados de instrucción de Santa Ana y San Salvador por demorarse en dar resoluciones. La cámara ha intervenido y, en el 98 % de los casos, ha dado la razón de los atrasos. Ha pedido un informe de lo que sucede a los juzgados, pero de estos, solo ha recibido respuesta del tribunal de la capital, que también envía al mismo tiempo la resolución por cuya demora fue denunciado. No ha habido respuesta por parte de Santa Ana, un juzgado que el año pasado recibió un total de 309 casos.

La Oficina de Información y Respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de que entre enero de 2018 y julio 2019, hubo 83 denuncias en la cámara porque los jueces tardaron en entregar resoluciones. En julio de 2018 fue presentada más de la tercer parte de las denuncias.

Tres de estas denuncias las ha presentado la FGR por el caso de Abarca, asegura la fiscal Sagastume, ya que esta es la única alternativa legal para que el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer en San Salvador programe una fecha para la audiencia preliminar antes que se venza el plazo de la detención provisional de Urbina. Pero, dice, la jueza de este tribunal ha manifestado que no puede hacerlo, porque está saturada de trabajo.

«No es culpa de la jueza. ¿Cómo se le ocurre a la Corte hacer solo un juzgado de instrucción para que tenga competencia de siete departamentos del país, la mitad del país, y aparte de eso, de un tema que ellos tenían estadísticas del ingreso de violencia de la mujer y sabían que eran estadísticas elevadas?», cuestiona Sagastume.

La fiscal menciona que las juezas de instrucción, por la carga laboral, han llegado a remitir los expedientes desde sus juzgados hasta los de sentencia, a los 23 meses que un proceso ha iniciado. Es decir, la FGR y los defensores solo tienen mes para llegar a una sentencia, antes de que al acusado se le venza la detención provisional.

“Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar

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La jueza ha tenido que venir a trabajar los fines de semana para salir con todo el trabajo que tiene. Es una de las tres juezas Especializadas de Instrucción que hay a nivel nacional, pero prefiere no identificarse. Es la 1 de la tarde de un viernes y acaba de almorzar, pero antes tuvo que juzgar.

Todas las mañanas, esta jueza ha ideado una mecánica de trabajo: programa las audiencias intrafamiliares, de las que tiene más casos, entre las 8:00 de la mañana a 9:30, para luego quedarse con otras audiencias.

«Hemos hecho lo humanamente imposible para que no exista un desbordamiento de la jurisdicción aquí. El personal ha sido muy sensibilizado en la materia y pues ha dado hasta más de lo que puede dar un empleado», dice, pero acepta que su despacho tiene mora en los casos.

Los primeros dos Juzgados Especializados de la Mujer, de instrucción y sentencia, nacieron en San Salvador, en julio de 2017. Fue hasta enero de 2018 que comenzaron a funcionar dos más de instrucción y sentencia, en San Miguel y Santa Ana, autorizados para atender procesos de los cuatro departamentos de la zona oriental y los tres de la zona occidental, respectivamente.

Son los tres Juzgados Especializados de Instrucción, donde aún está el caso de Abarca, los que, de acuerdo con información oficial de la CSJ, tienen mayor carga laboral. Y es que ellos fueron creados para recibir diferentes tipos de procesos.

En su decreto de creación, la Asamblea Legislativa estableció que estos tres juzgados conocieran los 11 delitos especiales de la LEIV, que como el de Abarca y Ayala, fueron presentados por la FGR en un juzgado no especializado y luego fueron remitidos a los tribunales de la mujer.

Los juzgados también conocen cinco delitos específicos del Código Penal y casos en los que existe un delito del Código Penal mezclado con los 11 delitos de la LEIV. Por ejemplo, una mujer que haya sufrido de lesiones, pero que antes de ser lesionada también haya sido víctima de expresiones de violencia. De forma similar también funciona aquí la Ley de Delitos Informáticos.

A esto se suma que la posibilidad que tienen estos tribunales para procesar hechos de violencia intrafamiliar, decretar medidas de protección a las víctimas e imponer y dar seguimiento a medidas cautelares cuando exista discriminación a la mujer motivada por el género. Esta última función de los juzgados está basada en la Ley de Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, de la que todavía no hay un procedimiento como tal.

Saturación. El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador realiza hasta seis audiencias por día. En la pizarra está la programación del tribunal para una semana de febrero.

Es toda esta cantidad de procesos que están aptos para recibir lo que diferencia a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer con los de sentencia. Los últimos conocen los casos penales que le envían los Especializados de Instrucción de la Mujer. También pueden hacerlo los juzgados comunes de instrucción, solo cuando los jueces analizan que un caso que llega a sus tribunales, hasta entonces, no ha sido considerado violencia de género, pero sí lo es.

Aunque el decreto de creación de los Juzgados Especializados de la Mujer estableció que estos estaban facultados de conocer casos relacionados con la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar cuando la víctima fuera mujer y esto no implicara un delito, la jueza de instrucción dice que los juzgados de familia y de paz de la zona donde trabaja, que ya conocían de estos hechos, comenzaron a mandarles todos los casos a su tribunal con la idea de que fuera ella quien los resolviera.

No pasó solo en esa zona, Juárez conoce de casos de mujeres que fueron remitidas desde los juzgados de paz de la zona central y paracentral y desde los juzgados de familia, para el especializado de instrucción de San Salvador, con la excusa que en esta sede las atenderían mejor.

Esto hizo que la CSJ, el 20 de octubre de 2018, enviara una circular a los jueces de familia y de paz, en la que les indicó que después de un estudio había determinado que, gran parte de la saturación de los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, se debía al envío de las denuncias por violencia intrafamiliar, cuando ellos también eran responsables de no solo recibirlas, sino de tramitarlas hasta que el proceso terminara.

Más allá de las competencias de los juzgados, Juárez señala lo que esto significa para la realidad de una mujer que sufre violencia y necesitaba ayuda del juzgado más cercano. «¿Qué va a pasar? Ella va a ir a un juez de paz, le va a pedir auxilio, él le va a decir que no. Sencillamente va a regresar a la casa y va a favorecer la impunidad», dice, y asegura que ante la carga laboral, las juezas de instrucción priorizan los casos donde todavía no hay un hecho consumado y se enfocan en aquellos en donde hay un potencial riesgo feminicida, pero no debería ser así.

El informe de 2018 de la SNDVM señala que ese año, los juzgados emitieron 3,483 medidas de protección para que los victimarios no se acercaran a la casa, al lugar de trabajo o de estudio de las víctimas. Este acercamiento, que representa un 8 % del total de causas de la aprobación de las medidas, significa riesgo para un feminicidio, pero es la medida que menos otorgan los jueces, apunta Juárez.

La abogada, además, se refiere a la EHPM de 2017, que arrojó que el 94 % de las víctimas de violencia dijeron no confiar en el sistema, porque este fue incapaz de detectar la violencia por sí solo, cuando le corresponde de oficio, pero lo hace hasta cuando ya hay denuncias.

Desde ORMUSA se apuesta a tener centralizado un sistema de alerta temprana, para presentarlo a la PNC y así esta institución pueda identificar cuando un hombre esté incumpliendo medidas de protección a la víctima. «La apuesta de ORMUSA es que haya mujeres vivas, que no las asesinen», dice Juárez.

La jueza de instrucción que habló con la Revista Séptimo Sentido sostiene que la violencia de género no se está atacando, porque la realidad demuestra que la violencia intrafamiliar puede terminar con la muerte de una mujer. Pero ella apunta a la falta de preparación de los fiscales para representar a las víctimas. «La Fiscalía está en deuda con las víctimas de violencia de género. La Fiscalía no investiga, y sé que tienen una saturación de carga increíble, que las de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y la Mujer son unas unidades que tienen un sin fin de casos, pero si se judicializa uno se deben realizar todas las diligencias para que no se le mande un mal anuncio a la sociedad: pegarle a una mujer y aquí no pasó nada», aclara la juzgadora.

Cuenta que su tribunal ha estado inconforme, dos veces, con decisiones que han tomado fiscales, avaladas por sus superiores, que dejan en desventaja a las víctimas ante el sistema. Una de ellas está relacionada con la petición de sobreseimiento definitivo en un caso de lesiones, que por el vínculo entre la víctima y el victimario, debieron ser agravadas, pero no fue así.

En este caso, la FGR dijo que la víctima ya no deseaba continuar con el proceso, pero desde la institución que tiene el monopolio investigativo en el país, no se analizó el círculo de la violencia que ella sufría y que, por aquel momento, la víctima estaba en la etapa de luna de miel y había perdonado a su victimario, señala la juzgadora.

Uno de los problemas que ORMUSA ha identificado en los juzgados especializados, específicamente en los de San Salvador, es que su carga laboral no les permite que haya calidad en sus resoluciones, como la hubo cuando iniciaron a funcionar: fundamentadas bajo una perspectiva de género y desde el derecho antidiscriminatorio, y con la aplicación de estándares internacionales de protección a derechos humanos. Además, a criterio de Juárez, hay resoluciones de la Cámara Especializada de la Mujer que favorecen la impunidad, porque revierten decisiones de los tribunales aplicando las leyes comunes y no enfocadas en la violencia de género.

En esto coincide Sagastume. «Yo sí he visto resoluciones de la Cámara Especializada que me las podría haber hecho cualquier cámara penal. Sin perspectiva de género, sin ver la vulnerabilidad de la víctima», aduce.

Según Sagastume, en algunos casos no han podido hacer uso de cámaras Gesell, necesarias para que la víctima se sienta en un ambiente agradable para declarar y no esté viendo a su victimario. Lo hacen, dice, basados en el artículo 57 de la LEIV, que establece que la víctima puede dar su testimonio en condiciones especiales y de protección, con el objetivo de evitar el sufrimiento de las víctimas, quienes a veces pasan hasta dos años en los procesos judiciales por la carga de los juzgados.

Pero para la fiscal, el tribunal superior entiende que esto se trata de una prueba anticipada que la FGR pide y deja entrever que el ministerio público no va a tener disponible a la víctima durante el proceso. Les ha llegado a pedir como requisito que la solicitud del uso de la cámara Gesell esté amparado en el peritaje psicológico de las víctimas, cuando muchos de estos peritajes ni siquiera lo valoran como una opción para que la víctima declare.

El 18 de enero de 2018, la mamá de Carla Ayala llegó a Casa Presidencia para entregarle una carta al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en la que exigió esfuerzos para encontrar a su hija y que esto no fuera un caso más sin respuesta.

La PNC, en septiembre de ese año, dijo, todavía sin base científica, que los restos encontrados en el caserío Los Ríos eran de Ayala. Oficialmente la institución también señaló que había sido la misma madre de Ayala que había reconocido prendas de ella en la escena.

Estas declaraciones hicieron que, un sábado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) montara una conferencia de prensa, en la cual su director, José María Tojeira, calificó de show y poco responsable lo que la policía estaba haciendo. Arnau Baulenas, abogado de este instituto, insistió en que no era justo para la familia de Ayala que se estuvieran haciendo especulaciones.

El IDHUCA es el acusador particular en el caso de Ayala y ha pedido a la PNC que indemnice a la familia de la agente. Ya el 20 de noviembre del año pasado, Baulenas advertía que era alarmante que el caso de Ayala todavía no terminara.

Contra el reloj. La sobrecarga de los tribunales especializados conlleva a que los plazos de detención de los acusados se venzan y ellos queden en libertad, sujetos al proceso solo con medidas.

«El acompañamiento es determinante, porque no es solamente estar ahí al lado de la mujer, sino que la mujer siente como ese apoyo, porque se va a enfrentar con la persona en un medio en que muchas veces es intimidante: una mesa donde está un juez, está el denunciado que le ha propiciado violencia, que puede ser por años», dice Marta Bessy Chacón, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR es una de las instituciones estatales que dan acompañamiento psicológico y legal a las mujeres que son víctimas de violencia, además de prestarles el servicio de representación legal en los procesos. Hasta el momento cuenta con 50 personas, entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, que forman equipos especializados para brindar este servicio en las 15 de las 18 procuradurías auxiliares que hay a nivel nacional.

La PGR puede remitir a mujeres que sufren violencia a los tribunales especializados, cuenta la socióloga Beraliz Argueta.

Argueta, la única en su rama dentro del único equipo multidisciplinario que trabaja para estos juzgados, habla que no dan abasto con todas sus responsabilidades por la carga que hay en los tribunales. El grupo, que además, está conformado por cuatro psicólogos, un educador y tres trabajadores sociales, fue contratado por la CSJ con la idea que ayudaran a los juzgados, entre otras responsabilidades, haciendo diferentes tipos de informes que, no son pruebas en los procesos judiciales, pero que les ayuda a las juezas a analizar el contexto en el que vive una mujer que es víctima de violencia.

Parte de sus funciones también consiste en verificar la necesidad de medidas de protección que piden las mujeres a los juzgados y verificar que, una vez otorgadas, el hombre denunciado las cumpla. Pero esto requiere tiempo y recursos, y el equipo estaba atendiendo solo hasta el 17 de febrero la tercera parte de todos los casos que trabajaron en 2019. Son más de 60 casos que tienen que atender los psicólogos y trabajadores sociales, cinco casos por semana.

En papel ha quedado la existencia de más equipos multidisciplinarios que estableció el decreto de creación de los juzgados especializados. Ante esta carencia, la jueza de instrucción a la que entrevistó esta revista, se auxilia de trabajadores sociales de los juzgados de familia. Ellos, sin embargo, comenzaron trabajando peritajes sin ningún enfoque de género, dice.

Argueta señala que el gobierno de Nayib Bukele no ha dado prioridad a las mujeres víctimas de violencia. Para explicarlo mejor, se refiere al despido de la mayoría de los colaboradores de las Oficinas Locales de Atención a las Víctimas, que es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de donde ellos remitían a mujeres para que contaran con asesoría legal.

Juárez retoma el SNDVM de 2018, que revela que la inversión del todas las carteras de Estado para las mujeres es de menos del 1 % del Presupuesto General de la Nación, por lo que considera que esto se trata de un problema masivo y sistemático.

El Órgano Judicial es el órgano que más dinero dispone del presupuesto, alcanzando el 6 %. El monto para operar en el 2020 es de $302, 250,265. Más de la mitad de está destinado a la administración de justicia. De acuerdo con la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador contará con una jueza interina que recibirá los nuevos procesos, al tiempo que la actual jueza atienda los ya ingresados. Esto, asegura la Unidad de Comunicaciones de la institución, será a partir del 1 de abril.

La funcionaria también dice que se tiene previsto que, en agosto, haya dos juzgados más de instrucción en San Salvador, y dependiendo del flujo de procesos, se cree otro de sentencia.

«Creo que si se lograra capacitar a todos los jueces con enfoque de género, el fenómeno (la saturación) se erradicaría», señala la jueza de instrucción entrevistada, y habla esfuerzos desde la CSJ y el Consejo Nacional de la Judicatura para capacitar a los jueces.

El juicio sobre el caso de la agente Carla Ayala está programa para que inicie el 16 de marzo. En el caso de Jocelyn Abarca, todavía es incierto cuándo será la audiencia preliminar. Mientras, más mujeres que están siendo víctimas de violencia se avocan a un sistema saturado, que no está a la altura del problema.

Una casa, un trabajo, una enfermedad

Fotografía de Raúl Benítez

Esta casa fue, hace 20 años, el depósito de esperanza y sueños de una familia de cinco. Para comprarla, tuvieron que presentar una solicitud al Instituto de Desarrollo Rural (IDA) de Costa Rica y así ser beneficiarios de un programa de vivienda de interés social. Era 1995. Durante casi tres años, sufrieron la burocracia como un castigo. Su solicitud para poder tener acceso a facilidades de pago del terreno y ayuda con la construcción de la casa pasó de mano en mano y solo fue aprobada hasta 1998. Lo recuerda Celia, ahora de 52 años de edad, sentada en una silla mecedora.

A finales de 2000, tres niños menores de 15 años con sus padres, Celia Martínez y José Quiroz, pudieron habitar la casa que, con esfuerzo, habían logrado construir en Agua Caliente, una comunidad ubicada en Bagaces, cantón de la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Hace 20 años, este lugar era todo un proyecto por desarrollar en la zona rural. Recién habían comenzado a repartir las parcelas y las ayudas para la construcción de casas. Cuando Celia y José con sus tres hijos llegaron, no había servicios básicos. «Hasta para agarrar agua teníamos que madrugar, porque no había el resto del día», hace memoria ella.

Esta familia estaba caminando a la contra de las masas. Para ese momento, la población urbana de Centroamérica ya había superado el 50%. La gente se estaba mudando en masa a las ciudades, un fenómeno que amenazaba con dejar sin trabajadores a la industria agrícola. Así que países como Costa Rica ofrecieron incentivos para que lugares como Bagaces no se quedaran sin habitantes y sin mano de obra agrícola.

Poco a poco, los Quiroz Martínez fueron llenando de muebles y recuerdos esta casa de 20 metros de largo por 8 de ancho, de ladrillo crudo, con corredor externo, sala comedor y dos dormitorios. Había espacio para colocar sillas, mesas, estantes y adornos. Había trabajo, a escasos metros, en las extensas plantaciones de caña de azúcar, de arroz, de melón y más. Ese fue el tiempo en el que menos habitada estuvo la casa. «Ellos no conocían el descanso, no perdonaban ni los domingos», cuenta Celia de esas jornadas que, para su esposo y su hijo, comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde, los siete días de la semana.

De toda aquella época de productividad a tope, lo único que queda hoy es un horizonte lleno de caña de azúcar y arroz. Así como el trabajo en la agricultura sirvió para pagar muchas cuentas del hogar, este trabajo y la ubicación de la casa también se plantean como parte de la red de condiciones que aumentaron las posibilidades de sufrir daño en los riñones. José, Celia y Diego, el hijo que quedó viviendo con ellos, sufren Enfermedad Renal Crónica (ERC). Las otras dos hijas no han querido realizarse las pruebas necesarias para dejar en fijo el diagnóstico.

Sombra. Una de las medidas a las que son obligadas las empresas agrícolas es a tener zonas de sombra para que los trabajadores puedan descansar y equilibrar la temperatura.

Un estudio publicado hace cuatro años estima que el déficit de vivienda en América Latina era de 34.3 %. Mientras que, solo para Centro América, el mismo valor correspondía a un 47.66 %. Estos datos, además, esconden otros. El 40 % del déficit para Centroamérica no es cuantitativo, es cualitativo. Se trata de casas que están en pie, pero no alcanzan a cumplir los requisitos mínimos para garantizar una estancia plena. Son viviendas autoconstruidas sin servicios como electricidad, agua o sanitarios o ubicadas en zonas que ofrecen riesgo. Así, como la vivienda que tanto les costó a los Quiroz Martínez obtener.

Y a esto se suma que la Enfermedad Renal Crónica llegó y transformó todo. Ahora todo lo que tiene que ver con este mal ocupa, al menos, la mitad del espacio de la casa de los Quiroz Martínez. Celia y José cuentan esta historia sentados en el corredor, en donde apenas cabe un par de sillas, el resto, está ocupado por las cajas de suero que les van a servir por los siguientes dos meses. Esta casa es más enfermedad que personas.

 

«¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume Minor Picado, de La Voz del Pueblo.»

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La de los Quiroz Martínez no es la única familia vecina de macrocultivos afectada por la enfermedad renal crónica. Guanacaste es la provincia más grande de Costa Rica. Y también es una de las de mayor producción agrícola. Aquí se ubican ingenios azucareros que abastecen mercados locales e internacionales, como el Taboga. Esta región ofrece fuentes de trabajo en agricultura y los gobiernos se han encargado de mejorar la conectividad con la ciudad capital, San José, por medio de la construcción y mantenimiento de carreteras. Lo que no han podido hacer los gobiernos ha sido detener el alza en los casos de enfermedad renal.

El ministerio de Salud de Costa Rica ubica 11 cantones con más prevalencia de muertes por enfermedad renal crónica. De esos, 10 son de Guanacaste.

La enfermedad renal crónica que afecta específicamente a las comunidades agrícolas se comenzó a detectar hace 30 años. En todo este tiempo, sin embargo, es poco lo que se ha logrado definir en torno a causas. Se sabe, eso sí, que esta enfermedad tiene un evidente componente geográfico y social. Desde México hasta Panamá, estudios relacionan la incidencia de casos con: trabajo agrícola, altas temperaturas, limitado acceso a agua potable, baja escolaridad y, sobre todo, residir cerca de macrocultivos, lo que implica una exposición constante a agroquímicos.

El estudio más reciente y el que más se ha acercado a dar una respuesta a qué es lo que causa la enfermedad que sufren cientos de familias como las de Guanacaste es el que, en noviembre de 2019, publicó un grupo de 17 investigadores que hizo un seguimiento durante un año de los casos de 34 pacientes. Ellos fueron provenientes de: Sri Lanka, Francia, India y El Salvador. La investigación concluyó que las personas que residen en las comunidades agrícolas presentan una lesión específica que las hace vulnerables a sufrir esta enfermedad. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los 17 especialistas que lo firma. «Aquí presentamos evidencia convincente de que la CINAC (Chronic interstitial nephritis in agricultural communities) es una tubulopatía lisosómica probablemente causada por una sustancia o sustancias tóxicas», se lee en el estudio.

Cuando los Quiroz Martínez lucharon por instalar su hogar en Agua Caliente, hace más de 20 años, esto no se sabía. Los números de la enfermedad renal crónica apenas se registraban. Y pese a la evidente concentración de casos en las comunidades agrícolas, todavía faltaba mucho tiempo para comenzar a investigar. En ese lapso, no solo cayó enferma esta familia. Alrededor de ellos, cada vez más gente se fue muriendo con los riñones marchitos.

Costa Rica comenzó a hacer un registro más específico de la enfermedad hasta hace apenas un par de años, así lo explica Adriana Torres, jefa de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud: «En el 2018, que fue el primer año en que se registró, se reportaron 617 casos para todo el país. Para el 31 de octubre de 2019, ya llevábamos 3,600».

Fotografía de Raúl Benítez

Estas son solo las personas a las que se les ha podido confirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica, porque, en las primeras etapas, no da síntomas y solo se puede detectar con pruebas como la que mide el nivel de creatinina. Y, aunque esta es una cifra parcial del verdadero impacto que tiene la enfermedad, plantea un problema serio de espacio en los hospitales. LA ERC es degenerativa. Eventualmente, el paciente necesita un tratamiento de sustitución de la función renal que puede ser la diálisis o la hemodiálisis. Ambos casos consisten en que por medio de un proceso externo -manual o mecanizado- se hace la depuración que los riñones ya no son capaces de ejecutar. Para estos procesos, un paciente debe tomarse varias horas al día, varios días a la semana. Los espacios hospitalarios no dan abasto. La alternativa es que los pacientes construyan su propio espacio en sus casas para poder hacerse ellos mismos la diálisis con mangueras gemelas, una que ingresa suero y la otra que lo saca. Los pacientes reciben los insumos, pero no está sistematizada una ayuda para modificaciones inmobiliarias. Así que es sumar más gastos justo en un momento en el que la mayoría de ellos ha dejado de cobrar un salario.

 

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Arnoldo López Ávalos señala a los tres hombres en batas celestes y les llama familia. Si de considerar familia a las personas con las que más se convive se trata, ellos lo son. Seis días a la semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, esta familia vive aquí, en la sala de diálisis del Centro de Atención Integral de Cañas, Guanacaste, Costa Rica. La enfermedad renal crónica transforma dinámicas más allá de tejidos y medicamentos.

Cuando era joven, Arnoldo trabajaba como banderillero. Su función era pararse entre surcos de cultivos e indicarle a quien tripulaba una avioneta en qué lugar y en qué momento debía soltar la descarga de agroquímicos. Y, claro, a él también le caía sin reservas ese rocío de olor penetrante.

Ahora, a los 48 años, Arnoldo encaja en el perfil de paciente renal que está vigente en Costa Rica: dedicado a labores agrícolas, de 30 a 50 años, de recursos económicos limitados y habitante de Guanacaste.

Enfermedad renal. José Quiroz trabajó siempre en macrocultivos como caña de azúcar, piña, arroz, melón. Sufre enfermedad renal.

Hugo Delgado es médico de familia en el hospital de Nicoya, otro de los cantones de Guanacaste. Es uno de los que ha visto en primera fila el impacto de la enfermedad renal en la provincia. «Afecta a hombres jóvenes que llegan muy tarde, se diagnostican en estado 4 o 5; se diagnostican y, antes de un año, ya necesitan terapia de sustitución renal, la mayoría son diálisis», señala. El doctor Delgado habla desde una reducida clínica en donde da consulta. Sería físicamente imposible que todos los diagnosticados recibieran su tratamiento en la infraestructura de este hospital: «El 98 % de los pacientes se dializa en la casa a pesar de que estamos hablando de que esta es una población que vive en pobreza extrema y multidimensional«.

Las personas en pobreza no extrema superan el costo de una canasta de alimentos, pero no logran satisfacer todas sus necesidades básicas, incluidas las de vivienda. Mientras que aquellas que están en pobreza extrema mantienen un ingreso que no alcanza ni para cubrir el costo de una canasta de alimentos. En Costa Rica hay un 7.2 % de la población que vive en pobreza extrema, según el estudio Estado de la Vivienda en Centroamérica que lleva el sello del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), del INCAE Business School y de Hábitat para la Humanidad.

La voz de Celia cuando habla de su situación económica parece apagarse, sobre todo, cuando intenta explicar el peso que tuvo en sus vidas el trabajo en agricultura y en el ingenio: «No se vivía mal. Ganaba uno ganaba el otro; yo criaba chanchos, criaba gallinas; éramos pobres, pero vivíamos ricos a la vez. Pero ahora que ellos están en esta situación, es algo triste. Hasta ahora nos damos cuenta de lo cara que está la vida».

El Ingenio Taboga es una productora de derivados del azúcar con 60 años de experiencia. Es, aquí en Guanacaste, una de las principales fuentes de empleo. Pero, antes de poder recibir un contrato con esta empresa para ejecutar labores agrícolas, o incluso de otra índole, es necesario hacerse pruebas médicas para determinar que no se tiene ningún daño renal. Si sale positivo, no puede ser contratado. Esta es una medida avalada por las autoridades sanitarias que pretende «proteger a las personas de exponerse a que el deterioro sea mayor», de acuerdo con Adriana Torres, del Ministerio de Salud.

Y, este mismo discurso es el que defiende Shirley Romero. «Nosotros tenemos una política de responsabilidad respecto a cómo recibimos al trabajador. Pero hay disposiciones ya genéticas que escapan de nuestro control», explica Romero con respecto a la alta incidencia de casos de ERC más allá de quienes son, han sido o quieren ser trabajadores agrícolas. «Incluso, durante la zafra, ellos pueden estar bajo cuidados médicos, pero una vez que estas personas salen de la zafra, perdemos control sobre sus cuidados médicos», agrega.

Guanacaste. La zona de Guanacaste es una de las más productivas. Aquí se siembra caña de azúcar, arroz, piña, sandía, entre otras. Entre los cultivos, también hay asentamientos , escuelas y clínicas.

Bajo el argumento de que estas pruebas son información reservada, los ingenios no las comparten con los centros asistenciales ni dirigen a las personas a recibir atención médica. «Ellos (ingenios) se ocupan de hacer un prediagnóstico y no lo veo mal, pero esto tampoco está resolviendo la situación económica de este jefe de familia que, al final, está sin empleo y ya no consigue nada porque no es mano de obra calificada», explica Minor Picado, de La Voz del Pueblo, una organización no gubernamental que promueve el derecho al agua y a un ambiente limpio en Bagaces. «¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume.

La cantidad de gente con ERC que se desplaza a los hospitales para recibir su tratamiento es, según el doctor Delgado, una minoría. Y lo hacen durante 3 a 6 meses, mientras dura el proceso de educación acerca de cómo hacerse la diálisis en casa. «La meta es que el 100 % lo haga en casa», señala.

Arnoldo, por su parte, ha pasado mucho más de seis meses recibiendo el tratamiento en el hospital en Cañas. Reunir todo el dinero que necesitaba para hacer los cambios en su casa de una sola vez fue imposible. Él ya no trabaja como banderillero ni en ninguna etapa de la agricultura. La enfermedad lo obligó a aceptar una pensión de la que vive él y aporta para sus hijos. Las modificaciones a la casa para contar con su cuarto estéril las ha ido haciendo de a poco. Y, recién ahora, está terminando. Espera que estas sean de las últimas veces que pasa ingresado seis días a la semana. «De mis compañeros han muerto montones. Esta enfermedad es la más mala que hay, agarra a cualquiera, avanza y no hay quite de ninguna manera», reflexiona.

«No se vivía mal. Ganaba uno ganaba el otro; yo criaba chanchos, criaba gallinas; éramos pobres, pero vivíamos ricos a la vez. Pero ahora que ellos están en esta situación, es algo triste. Hasta ahora nos damos cuenta de lo cara que está la vida», Celia Martínez.

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El déficit cualitativo de las viviendas en Costa rica es del 16% en zona urbana y, para la zona rural, casi se duplica para quedar en un de 29%, según el estudio sobre el estado de la vivienda en Centroamérica. A esto, se suma el riesgo de la ubicación.

Celia apunta a la derecha y cuenta que ahí se murió alguien hace unos meses por ERC. Del otro lado, hay uno enfermo y otro con síntomas. Agua Caliente es una localidad en donde este diagnóstico es casi un destino para todos. Nunca, sin embargo, que ella recuerde, ha venido acá una brigada médica a hacer pruebas, a dirigir campañas educativas o a capacitar acerca de cómo reducir riesgos.

La epidemióloga Thaís Mayorga, quien lleva años trabajando en la región, confirma que, como la de Guanacaste está habitada por familias con un nivel importante de pobreza, el éxito del tratamiento no se puede medir solo en el estado de la vivienda y la construcción de un dormitorio estéril. «Aquí hace falta velar por el acceso a los servicios de salud y a los servicios básicos -dice desde San José, la capital- la densidad de poblacional en la zona es muy baja, hay 35 o 40 habitantes por kilómetro cuadrado, todo queda lejos».

Así, Mayorga hace énfasis en que hay gente obligada a viajar casi 300 kilómetros por una consulta con un nefrólogo. O está la gente de Nicoya, que se ve obligada a desplazarse hasta 80 kilómetros desde su casa para ir a un hospital regional y, si lo que necesita es una máquina para realizarse una hemodiálisis, debe avanzar otros 200 kilómetros. «¿De dónde va a sacar dinero la gente, si ya no puede trabajar? No se puede cambiar de casa tampoco», pregunta. Son familias como la Quiroz Martínez, atrapadas en un ciclo de pobreza, explotación y riesgo.

«¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume Minor Picado, de La Voz del Pueblo.

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A Celia le preocupa que, al filo del medio día, aún no ha hecho la limpieza de la casa. No ha podido barrer y no ha podido, a esta hora, limpiar con cloro la superficie de los dos dormitorios. Aquí, todo debe estar estéril.

La ERC no invade solo cuerpos. También ocupa la mayor parte del área de esta casa. A la entrada, en el corredor, una hilera de cajas con suero roban espacio. Adentro, los dos dormitorios, en realidad, no lo son. Son cuartos para diálisis que José y Diego han tenido que adaptar para poder hacerse el tratamiento que busca suplir la función ya perdida de los riñones como depuradores del cuerpo.

El afán de Celia por la limpieza no es pose. En estos cuartos es en donde su esposo y su hijo se hacen los tratamientos de diálisis. Ella también esta diagnosticada, desde hace 10 años, con la enfermedad de ellos dos, pero en una etapa más temprana. Esto la coloca en la categoría de «cuidadora», pese a lo difícil de su propia situación. Enferma, es normal que se canse, que se le van las fuerzas y que, a esta hora, no haya podido cumplir con la tarea del cloro, el trapo, la escoba.

Celia no trabajó más que de forma ocasional en la agricultura. No tiene diabetes y no sufre hipertensión, dos de las enfermedades de base que después desembocan en la ERC por causas tradicionales. La enfermedad de Celia se explica más en la casa, en la exposición constante a los agroquímicos y en lo que el estudio que hicieron los 17 científicos explican más como: «Los casos de nefritis intersticial crónica en comunidades agrícolas (CINAC) que también se han identificado entre individuos menos expuestos, incluidos trabajadores no agrícolas, mujeres y niños que viven en el mismo ambiente tropical». Y si Celia y su familia no hubieran venido a vivir aquí, a Agua Caliente, Bagaces, Guanacaste, ¿estarían enfermos?

Macrocultivos. Residir cerca de macrocultivos, es, de acuerdo con estudios reciente, uno de los factores de riesgo de sufrir Enfermedad Renal Crónica por causas no tradicionales.

Carlos Orantes es nefrólogo salvadoreño y fue otro de los 17 investigadores que firmó el estudio. En una oficina del Ministerio de Salud de El Salvador explica: «Hay una probabilidad incrementada de padecer ERC si se vive cerca de extensas áreas de cultivo, principalmente caña de azúcar».

Celia muestra los cuartos. En cada uno hay una cama, una mesa, un pedestal para el suero. Ella se detiene en dos lujos que costaron todo lo que le puede costar a una familia que, de repente, se queda sin ingresos. Son un lavamanos y un aire acondicionado.

«El aire lo tuvimos que poner por él, por Diego, porque con estos calores, se nos escapaba a ahogar. Le poníamos hielo encima y no servía de nada». Celia se apura a contar que fue en ese momento en que tuvo que vender los últimos animales que tenía, pero, igual, no alcanzó. Tuvo que organizar rifas entre sus vecinos, gente igual de pobre que ella que, por solidaridad, le compraba números.

Para los cuartos estériles solo pudieron comprar los materiales. La mano de obra la hizo José. Él, con la enfermedad a cuestas, colocó los lavamanos, pulió cemento y pintó paredes. Cuando estaba a punto de terminar el primero, cayó grave Diego, el hijo, y tuvo que cedérselo. Así, el segundo cuarto costó más. Ese todavía no tiene aire acondicionado y, a falta de otro espacio en la casa, es el mismo en el que duerme Celia, un acto contraindicado por los médicos.

José se siente derrotado. Antes de que la enfermedad le restara sus capacidades físicas, logró comprar el lavamanos para el segundo cuarto y la madera para instalar el cielo falso. «Pero eso quedó así, no tengo fuerza para ponerlo y tampoco tengo dinero para pagarle a alguien que lo haga», cuenta resignado.

Celia, por su lado, junta las manos y tira otra preocupación para adelante. La ERC es una enfermedad degenerativa, a menos que consiga un trasplante de riñón, ella también va a necesitar dializarse de forma eventual. «¿Y yo a dónde me voy a meter? Aquí, ya no hay cuartos».

Aquí, en esta casa en donde se encierra el calor del trópico, no hay cómo responderle.

Daño. Ingenios como el Taboga realizan prediagnósticos a las personas que buscan trabajar. Si encuentran daño renal, no los contrata, pero, tampoco comparte esta información con autoridades sanitarias ni indica a las personas qué pasos seguir.

Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation

Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran

Fachada del Palacio Nacional de El Salvador
Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran.

El Archivo General de la Nación custodia los documentos históricos de El Salvador, archivos que datan desde 1653, papeles que dan cuenta de los cimientos de la República, que tejen los recuerdos de la Colonia y la Federación Centroamericana. Es un espacio que preserva los lienzos fotográficos de los mandatarios de la época y la arquitectura del centro histórico y la nación en los últimos 60 años.

Un registro documental que también se nutre de colecciones privadas como la del escritor Alberto Masferrer, el ex presidente Maximiliano Hernández Martínez y series de instituciones bancarias y portuarias -ya extintas- como el Banco Industrial de El Salvador, Banco Nacional de El Salvador y la Compañía de Puerto El Triunfo.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

Son aproximadamente, 12 millones de folios que no pueden ser evaluados. Una extensión que se asemeja a calles repletas de documentos, tanta como la distancia desde el centro de San Salvador hasta el municipio de San Marcos.

Dar vida nuevamente al papel requiere de una suma delicadeza y de una infinidad de caricias. Cada documento es como un rompecabezas. Unir cada hoja, cada letra, es un desafío que depende de la antigüedad de la pieza y de reconstruir la obra lo más parecido a su estado original.

Cada hoja debe ser restaurada con base a sus niveles de pH debido a que cada documento contiene diferentes niveles de acidez, tipo tinta, composición química, pigmentos y sales de hierro.

Algo esencial para intervenir los archivos de la nación frente a su antigüedad y base de tintas ferrogálicas que devoran el papel.

Restaurar también supone tratar los archivos con materiales libres de acidez, insumos como pegamentos, adhesivos, pliegos de papel japonés con distintas bases para los injertos -un proceso donde se imita nuevamente la hoja y se reconstruyen las partes que faltan del documento-, y equipos para hidratar, encapsular, coser y reintegrar el papel.

Han sido años de descuido, años que su director, Luis Huezo Mixco reconoce en un memorándum como respuesta a una solicitud de información que pide a detalle el plan de restauración de los últimos dos años: 2018 y 2019.

El director del AGN escribe que -en 2018- no hubo ni un solo trabajo de restauración. Además asegura que, a inicios de 2019, el archivo general comenzó hacer un trabajo de recuperación luego de 11 años y múltiples solicitudes para adquirir materiales.

Anaqueles con los archivo general de la nación
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

«El área estaba inactiva por carencia de materiales desde 2008. La prioridad fue, entonces, gestionar la compra de materiales en el extranjero. Como se verá, posteriormente, en los documentos que se incluyen en este mismo informe», asegura Mixco.

Ese año se elaboraron 450 cajas protectoras cuya compra fue local. Estos fueron productos que no estaban hechos del mejor material, pues cada estuche fue elaborado con bases de cartón compuestas por altos niveles de acidez. Y es que, en El Salvador, no hay ningún proveedor nacional que cuente con insumos para restaurar debido a que los costos son muy elevados y nadie ve mercado en la restauración.

En los últimos años, tampoco hubo un presupuesto definido para el AGN, el archivo general contaba con un fondo circulante que no sobrepasaba los $600. Un monto que también era compartido con la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Los fondos del AGN, en este gobierno, dependen de la Dirección General de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones (DIGIADE) del Ministerio de Cultura. Para este 2020, MICULTURA cuenta con un presupuesto de $21 millones.

De esta cantidad, según el documento oficial, se ha destinado $18 millones para los servicios de protección, conservación, formación y difusión del arte y cultura. En este detalle no se precisa la cantidad con la que funcionará el Archivo General de la Nación.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

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No había pega para empastar, tampoco cuchillas, ni tablas para cortar. Ante la falta de estampadoras de papel, se ocupaban cintas adhesivas para identificar los documentos. La guillotina estaba escondida, porque «era demasiado grande» y cualquier empleado podría sufrir algún percance. Tampoco habían pesas adecuadas que aplastaran el papel, las disponibles eran unas hechas a bases de baterías de vehículo desechadas, plomo perjudicial para el humano y también para los documentos.

Denise, una especialista en la restauración documental, que llegó al archivo más grande del país para darle vida nuevamente al papel, tenía, literalmente, que sacar dinero de su bolsa y comprar los materiales para recuperar los documentos. Era julio de 2018. El año en el que el AGN, la institución encargada del patrimonio documental de El Salvador, no restauró ni un solo folio por la falta de materiales.

En aquel tiempo, Denise y el equipo de restauración -conformado por solo un restaurador a medio tiempo-, se las ingeniaban para recuperar un poco del patrimonio documental. Su capacidad se puso a prueba cuando tuvo que intervenir un diario oficial de 1876.

Cuando habla de curar un periódico antiguo, Denise, no calla. Habla con suavidad y acaricia una servilleta como si se tratara de un diario de la época. Repite cada que puede su propia norma.

Archivo histórico en restauración
Daño. El AGN no cuenta con un área de restuación documental. En 2018, la institución no restauró ni un solo documento a falta de material y personal.

Primero se limpia, luego se calca, se dibuja sobre la hoja, se hace una especie de fotocopia para restaurar lo roto y se encuaderna. 400 hojas fueron conservadas luego de que, Denise, ideara una fórmula con engrudo, pegamento de madera, papel de arroz y cartón piedra.

Bajo el anonimato, restauradores de papel coinciden en que se trabaja con carencias. Agregan que es necesario -un taller de restauración nacional- un espacio que esté equipado y conformado por biólogos, químicos, laboratoristas clínicos ya que «recuperar el papel va más que allá que una página rota». Y es que, tratar un documento, también requiere descifrar la causa de su aspecto amarillento, la cantidad de insectos que pueden alimentarse del papel y de las mezclas químicas que puede resistir cada manuscrito.

En su estancia de siete meses por el AGN, bajo la promesa de que sería contratada como restauradora a tiempo completo, Denise solo pudo empastar 10 libros e intervenir aquel diario oficial de 1876. No se le dio prioridad a su función. Su retiro del archivo general, se dio luego de que su trabajo no fuera remunerado y se congelara la plaza.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

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El panorama sigue igual en el AGN. El único restaurador apenas alcanza a verificar los pasillos del Palacio Nacional para dar una que otra sugerencia a sus compañeros sobre cómo conservar.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

Este archivo custodia la historia de «la cultura de varias generaciones» y es, por hoy, el centro de gestión documental de mayor proporción en el país. En este espacio, según la norma, se debe de conservar, restaurar, clasificar, describir, e inventariar el tesoro cultural documental.

En 2019, el Archivo General de la Nación pudo realizar su primera compra por $10,000 a través de una empresa nacional. En este pedido, el AGN adquirió materiales básicos para la restauración, entre ellos, pliegos de papel japonés con distintas bases para injertos, adhesivo libre de ácido y pegamento a base de metil celulosa.

Archivos históricos
Antigüedad. Los archivos históricos de El Salvador datan, según el Ministerio de Cultura,desde 1653.

A pesar de este primer intento por recuperar los documentos, la única persona con potestad dentro del AGN, tras 15 años como restaurador, no duda en responder: «La institución aún está en pañales». Y explica que, no solo se requieren insumos, también es necesario realizar un diagnóstico ambiental, determinar la temperatura, humedad, medir los niveles de contaminación, precisar la cantidad de organismos como el moho, hongos e insectos que acaban con el papel.

«Eso no más es el engaño. Yo por eso ya les dije a la gente que para procesos de restauración se necesita los equipos», asegura.

Luego de una consulta por archivos de 1932, es evidente que los procesos de restauración marchan lento. Un documento de la condición jurídica del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez se despedaza. No hay usuario que pueda concentrarse entre una tapa dañada que pareciera que el mismo papel se la traga y las páginas que apenas alcanzan a estar empastadas por una tira de adhesivo transparente.

Entre las instrucciones del AGN reza el tratar «delicadamente» los documentos. Se puede tomar fotografías, pero no manchar, ni destruir. Aunque la regla fue rota en libro de Martínez. En la portada se lee, a lápiz, un «cod 82″ para identificar la pasta.

Anaqueles con archivos
Sin condiciones. El Palacio Nacional no reune las condiciones para preservar los archivos históricos de El Salvador.

En algunos espacios -de los fondos documentales- aún hay hojas sueltas, rotas, amarillentas, toldos de papel kraft que «protegen» los documentos y rótulos de cartón señalizados con marcador para ubicar los pasillos de cada archivo.

El secretismo, con respecto al problema, impera desde el Ministerio de Cultura, esta institución no autorizó, luego de un mes de insistencia, ni una sola entrevista para conversar con los empleados y su director sobre los métodos de restauración. Hasta el cierre de este reporte no se otorgó ninguna respuesta.

«Entre más color mucho más es la acidez del papel», esta frase se repite como un mandamiento entre los especialistas de papel, pero en el AGN las cajas protectoras a primera vista son de color marrón y cada fondo funciona bajo las consideraciones de cada archivista.

Sin respuesta del Ministerio de Cultura, con respecto a la protección de los archivos históricos dentro del AGN, lo más cercano a la visión del gobierno es el plan Cuscatlán. En el ramo de cultura se menciona brevemente el resguardo de archivos. En tres líneas se lee: «Promoveremos la reestructuración, digitalización, reordenamiento y reubicación de los archivos históricos según los lineamientos de las normativas nacionales e internacionales».

Guadalupe Lobos, vicepresidente del Comité Memoria del Mundo en El Salvador, un organismo creado -desde 1999- por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) para identificar los fondos documentales más importantes del país, asegura que no ha existido voluntad política ni interés de los gobiernos de turno para restaurar y conservar los archivos históricos que son parte del patrimonio.

Lobos, también como ex directora del AGN, considera que a escala de país no hay ninguna ley que respalde o empuje con fuerza el tema de la custodia y protección de los patrimonios históricos y únicos.

«La Ley Especial de Protección al Patrimonio está, pero lo que dice es una generalidad. El enfoque con el que ha trabajado el Ministerio de Cultura siempre ha sido bajo la declaratoria de bienes muebles e inmuebles. No hemos llegado a la parte del patrimonio documental. Es una plana pendiente. Se debe oficializar la propuesta para evitar el robo y el saqueo de archivos históricos que no cuentan con la protección y son patrimonio partidos», enfatiza.

La necesidad de un plan de restauración dentro del AGN no es nuevo. Un informe especial de gestión ambiental de la Corte de Cuentas la República determinó, en 2017, que el Archivo General de la Nación no contaba con un proyecto de conservación y recuperación de documentos históricos.

Mesa para estudiar
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

Esta situación llevó a que la Corte de Cuentas sugiriera el diseño de planes para la conservación, restauración, clasificación y descripción de los folios.

Luego de dos años, el director del AGN, válida un plan de restauración con base a un proyecto de preservación documental. Un proceso que difiere con la recuperación de archivos. La conservación se basa en un trabajo preventivo, en frenar el daño, a través de la limpieza, empastado y cuido de los documentos, pero no en recuperar.

Este plan, elaborado en febrero de 2018 y vigente para 2020, señala que: el personal está desactualizado en prácticas modernas de preservación, la falta de un manual de procesos técnicos aplicables, la ausencia de un inventario de materiales para la restauración y la indiferencia de las necesidades del AGN «a causa del desconocimiento sobre el rol del archivo general en la preservación del patrimonio».

En el archivo de la nación se respira más que incertidumbre. Los empleados alertan que en el sótano, donde se guarda el fondo de la Corte de Cuentas, el aire llevan más que polvo y se aspira moho. Los deshumidificadores de aire se echan andar tres veces por semana y no todos funcionan.

Instalar nuevos equipos supone un reto. Sobre todo porque el Palacio Nacional es parte del patrimonio desde 1980 y no es un edificio administrado por el AGN. Es decir, el monumento no puede ser intervenido, ni modificado por ningún motivo. Con los años, esto también ha afectado al AGN para la conservación de los archivos.

El Palacio Nacional, de acuerdo con un ex subdirector del AGN, no reúne las condiciones para albergar documentos. En primer lugar porque ya no hay espacio para más archivos y, en segundo, porque los daños en la instalación son serios. En invierno hay goteras, cambios de temperatura, poca iluminación y existe el peligro de colapso frente a un terremoto.

Estas condiciones frenan los avances para acceder a la información documental del AGN. El proceso de clasificación, catalogación y restauración es lento. Sin un orden, no hay oportunidad de conocer toda la información disponible dentro del archivo.

El centro histórico palpita con cada una de sus edificaciones, con su gente, su bullicio. El Palacio Nacional es una de las obras que se ubica en el corazón de la ciudad de San Salvador, un monumento que se destaca por su arquitectura y sus 100 años de antigüedad. Un tesoro que cobra vida cada mañana, cada tarde, cuando sus aceras se convierten en un lugar para estar, descansar o contemplar la majestuosidad de la catedral.

Aunque muchos se ven atraídos por un Palacio Nacional que se ilumina y atrae a los turistas y a su mismo pueblo, al final de una tarde, el Archivo General de la Nación con suerte recibe a cuatro usuarios al día. De momento, el AGN trabaja con lo que puede y tiene.

Aún cuando supone un gran reto pensar en el futuro, sin poder controlar todo lo del presente, la dirección del AGN asegura que entre los planes está el diseñar un espacio para un nuevo archivo. Uno que cumpla con los estándares y sea ideado junto a especialistas del Archivo General de la Nación de Costa Rica, los mayores referentes centroamericanos en la gestión documental.

Folios del archivo general de la nacion
Materiales. El AGN no contó con insumos para la restauración de documentos por 11 años.

Un Centro Nacional de Artes reducido al mínimo

Fotografías de Stanley Luna/ Ericka Chávez

El grupo de 10 estudiantes preparó la intervención y vistió de negro. No hubo escenario ni telones, más que la sala «Carlos Cañas» y enojo, mucho. Era enero de 2015 y el Centro Nacional de Artes (CENAR) abría las inscripciones anuales para las escuelas de Teatro, Música y Artes Visuales. Pero aquel grupo irrumpió ese salón, donde dos docentes entrevistaban a aspirantes y les explicaban los pasos para ingresar a la institución.

«Siempre que me pregunto que cuándo habrá maestros, ellos siempre me responden ‘no sé, no sé, no sé’. Y así pasan los días y yo perdiendo clases, y ellos contestando ‘no sé, no sé, no sé’… Están perdiendo el tiempo pensando, pensando, pensando. Por lo que más quieran, ¿hasta cuándo?», cantaron, los 10, en coro, la adaptación de Quizá, quizá, quizá, del cubano Osvaldo Farré, para reclamar por qué la dirección del CENAR no les decía a ellos, alumnos del segundo y tercer año del diplomado de la Escuela de Teatro, cuándo y quiénes ocuparían las plazas que dejaron dos profesores que, en 2014, abandonaron la institución para convertirse en funcionarios públicos y la de otro profesor que se fue a Australia.

El grupo subió a la segunda planta. Entró a la oficina de Marta Rosales, la entonces directora del CENAR, y se plantó frente a su escritorio. Le cantó. Rosales no atendió a los estudiantes y simuló hacer una llamada telefónica, pero ellos dejaron, en las gradas, una pancarta que decía: «Exigimos maestros». A los días la pancarta ya no estaba. Tampoco había maestros.

En junio de 2014, Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia de la República acompañado de artistas y académicos que ocuparían las direcciones de la entonces Secretaría de Cultura (SECULTURA), e hizo promesas en el ámbito cultural que, por años, creyeron los artistas. La más rimbombante fue su acreditación legal, algo que el gremio exige desde hace décadas y que no obtuvo en los dos gobiernos del FMLN.

Pero mientras el segundo gobierno de izquierda hablaba de dignificar a los artistas, en el CENAR, las condiciones para los estudiantes eran otras. «Mis expectativas estaban bajando. Desde que empecé eran súper altas, al segundo (año) bajaron un montón, porque fue un gran cambio. Entonces adaptarse fue difícil, pero teníamos que hacerlo», cuenta Mariam Santamaría, una de los 10 alumnos que se manifestaron en la sala «Carlos Cañas».

Cubículos. No todos los cubículos de la Escuela de Música tienen aire acondicionado. Los alumnos tienen que abrir las puertas para ensayar, lo que interrumpe las labores de otras escuelas.

Santamaría tenía 19 años, y sentada en una grada del anfiteatro del parque Cuscatlán, dice que a esa edad no sabía cómo plantear soluciones, pero que decidió organizarse con sus compañeros de teatro para hablar con Rosales -no recuerda si antes o después de manifestarse-. Rosales es musicóloga e investigadora, por esto la consideraron una persona idónea para consultarle qué pasaría con el CENAR y cuándo habría una acreditación artística. «No se nos dio un panorama muy esperanzador. Dijo que en unos cinco años», recuerda. Y la acreditación no ha llegado.

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IMPROVISACIÓN

Habla bajo. Prefiere el anonimato. En el salón donde está hay dos pianos gastados por el uso y el tiempo, desafinados, y a uno le falta una tecla. No los ocupa para sus clases, pero a veces los necesita, porque en la Escuela de Música del CENAR solo hay un piano y teclados. Sobre estos pianos, que están a su izquierda, no se acuerda qué país los donó ni en qué año, supone que fue Japón. Lo que sí sabe es que valen entre $5,000 y $6,000.

El maestro lleva en su mano un folder con su planificación didáctica, pero en las primeras páginas del documento está la lista de los materiales que ha pedido a la dirección del CENAR, y que a una semana de comenzar las clases, no le han entregado. Entre la lista, pide un aparato para reproducir CD, plumones, toallas para que sus alumnos las mojen con alcohol y se limpien las manos después de los ensayos, y pliegos de papel bond. Otra vez pide los pliegos que durante cinco años le han negado.

«Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo», dice el maestro, conteniendo el ímpetu con el que quiere quejarse, porque irónicamente no le dan el material y lo regañan si se lo pide a los alumnos.

Desuso. Este es un piano en desuso, pero que puede repararse. Está en uno de los salones de clase.

Para este año lectivo, que comenzó el pasado lunes, el profesor dice que la Escuela de Música espera un aproximado de 200 alumnos repartidos en los instrumentos de violín, piano y percusión, entre otros, pero aunque ha escuchado comentarios sobre un presupuesto que puede desembolsar el Ministerio de Cultura (MICULTURA) para comprar nuevos instrumentos, no le asombra, ya que asegura que en el CENAR no hay cuerdas de piano y hay instrumentos que, como los pianos a su izquierda, están viejos y la administración prefiere botarlos o regalarlos, en lugar de preservarlos.

Su tono de voz se vuelve melancólico cuando habla de un piano-arpa que sacaron a un predio baldío que está al otro lado de este edificio. Es aquí cuando recalca que el área administrativa de una institución como esta debe saber de arte.

El CENAR es un centro de formación en artes que depende directamente del MICULTURA. De sus tres escuelas, Música y Teatro tienen cursos regulares que durante tres años y son impartidos de lunes a viernes. Los alumnos de Teatro tienen como requisito de graduación presentar un montaje. Artes Visuales imparte talleres que pueden durar desde uno a dos años. La mensualidad por las clases es de $15.

Sin embargo, quien estudia en el CENAR solo recibe un diploma de graduación que no equivale a nada desde un nivel de educación formal, por muy bueno que haya sido el alumno en sus clases. Este es un privilegio que sigue siendo solo de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de El Salvador (UES).

El maestro de música dice que en su escuela ha existido un curso al que le llaman extensivo, que puede durar más de tres años, pero nunca se sobrepasa este tiempo, porque el alumno se desanima al creer que no está estudiando para nada, por no haber una acreditación. El curso está siendo revisado por la coordinación de la escuela.

El presupuesto destinado al MICULTURA para 2020 es de $22 millones 595 mil 775, y de este total, se destinarán $18 millones 548 mil 380, entre otros rubros, a la formación, producción y difusión de la cultura y el arte, según el documento oficial del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Además del CENAR, la otra institución estatal encargada de la formación artística es la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié.

Escultura. Este es el taller de producción de esculturas del CENAR. El área de escultura, además de este espacio, tiene dos salones, en los cuales a veces hay clases simultáneas.

Si se compara el presupuesto de MICULTURA con el del Ministerio de Gobernación y con la Fuerza Armada, existe una diferencia radical de $44 millones y $149 millones, respectivamente. El arte en este país no es prioridad.

Como el de música, una parte de la planta docente del CENAR está conformada por un aproximado de 30 maestros graduados del extinto Bachillerato en Artes, un bachillerato histórico creado con la reforma educativa de 1968, en plena dictadura militar, cuando el exministro de Educación Walter Béneke diversificó la oferta académica en educación media: hubo música, artes plásticas, artes escénicas y bachillerato académico.

Los alumnos no pagaban nada por estudiar en este bachillerato, y para los que venían del interior del país a San Salvador, había un albergue. Por la mañana los estudiantes recibían clases académicas y por la tarde clases artísticas. Salían acreditados por el Ministerio de Educación como artistas y como docentes.

En la segunda planta de este edificio, donde está la Escuela de Música, hay varias puertas cerradas en todo el pasillo. Son los cubículos que fueron diseñados para que los estudiantes de música practicaran solos o con sus tutores. Un espacio reducido y apropiado para concentrarse. Pero el aire acondicionado se arruinó hace años y los estudiantes mejor abren las puertas para ensayar.

«La institución no está adecuada para ser un Centro Nacional de Artes y música, porque las paredes deberían estar bien acústicas, bien selladas. No hay ninguna. La fachada tienen», apunta el maestro de música.

“Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo”, dice el maestro de música.

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DEMAGOGIA

La Escuela de Teatro fue convocada en el salón «Carlos Cañas» para recibir una placa de reconocimiento por su trayectoria. Los alumnos no la querían, querían buena infraestructura y utilería para sus obras. Cuando Homero López, maestro de la escuela, pasó a recibirla, de entre el público, comenzaron a levantarse los estudiantes de Teatro. «Para que no duela, pongan duelas», «Si quieren personajes, pongan maquillajes», repitieron para darle voz a los mensajes que también estaban plasmados en carteles que sostenían.

Un alumno, vestido de maestro de ceremonia, llevaba una placa que decía «Demagogia». Otra alumna le puso enfrente un cartel exigiendo materiales. El maestro de ceremonia tomó el cartel, lo rompió y le dio la placa. El grupo de estudiantes pasó al frente. Luego se fue.

En 2015, ya había pasado un mes de clase y todavía los alumnos de la Escuela de Teatro no sabían quiénes sustituirían a los tres maestros que se habían ido un año antes. Después de la segunda manifestación, se enteraron que había sido aprobado el contrato para dos nuevos maestros, dice Santamaría. Por lo demás, siguieron necesitando los materiales que pedían. Algunos de sus compañeros optaron por irse de la escuela.

Por esos días, recuerda que se encontraron en el CENAR al exsecretario de Cultura, Ramón Rivas, a quien le pidieron que les ayudara reparando las duelas de los salones de teatro, le pidieron maquillaje y vestuario. Él prometió ayudarles, pero la ayuda estatal nunca llegó.

«Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así», señala Santamaría.

Fue así también cuando montaron, en tercer año, la obra que eligieron para su proyecto de graduación: La ciudad sitiada, de la española Laila Ripol. El maestro que les dirigió donó parte del material para la escenografía. Lo demás corrió por cuenta de los ocho alumnos del montaje y lo complementaron con la utilería de la institución.

Hoy, Santamaría tiene 24 años y es una artista que brilla. En 2017, junto a otra actriz, ganó el Premio Ovación, premio que otorga la Fundación Poma a un proyecto artístico para financiarlo. También ha sido la asistente de dirección de dos obras, una a cargo del Teatro del Azoro y otra a cargo de La Cachada Teatro, y ha actuado en un corto documental. Aunque dice que el teatro que conoció en el CENAR no era lo que buscaba, reconoce que estudiar los tres años le dio disciplina y bagaje.

Clases. Salón práctico de escultura. Aquí los alumnos realizan los modelajes de las obras y los docentes ocupan pizarra de yeso para sus clases.

LAS DUELAS

Homero López abre la puerta de uno de los salones con duelas. Es un salón en el que caben hasta 30 personas, se ocupa para clases, pero también para los montajes de la Escuela de Teatro. La madera del suelo está con pequeños hoyos, y entre los orificios que separan a una tabla de otra, hay polvo. No todas las luces de este salón encienden.

Minutos antes, en su oficina, López ha dicho que esta duela tiene más de 10 años de haber sido instalada y que, al consultar, sale mejor sustituirla que repararla, pero es caro y ninguna administración gubernamental ha respondido para hacerlo. No es la única necesidad de esta escuela, también, sostiene, falta utilería y vestuario, pero usualmente trabajan con donaciones, materiales que ellos ponen o que da el MICULTURA. Los teatreros no tienen una caja chica de la cual disponer para sus montajes.

«Es bien difícil para el grupo. Es bien difícil para el maestro, porque toca sacar del bolsillo, toca rebuscarse, ¿no? Entonces sería lo ideal (tener caja chica) y es lo que la institución está buscando. Hay tanto de fondos para el espectáculo, a sabiendas que va a ser un fondo considerable, modesto, pero con el cual vamos a poder trabajar. Pero el tener algunas limitantes se le ha encontrado algunas ventajas también. El hecho de ingeniártelas a crear con poco, o sea, con desechos prácticamente», dice López, que además de ser docente de Teatro, fue coordinador ad honorem por 10 años en la Escuela de Teatro, una función que solo interrumpió por tres años.

Tiene 65 años y es uno de los exbachilleres en Arte. Habla con elocuencia sobre teatro y formación artística. Al terminar su bachillerato, en 1975, estudió una maestría en Kiev, Ucrania, y se desempeñó como docente de teatro en México y en dos universidades de El Salvador. En marzo, López cumple 17 años de ser maestro en la Escuela del Teatro.

El CENAR debe tener coordinadores por cada una de las escuelas. De acuerdo con López, el limitado presupuesto ha impedido la contratación de un coordinador que se dedique meramente a esta función, y resalta el problema de que algunos coordinadores o directores de la institución han sido trasladados o removidos a un puesto dentro del ministerio y por el mismo salario, y así se quedan sin personal, porque cuando solicitan a un maestro, tampoco hay presupuesto para hacerlo.

Añade un problema que para él es universal: la dificultad para encontrar a especialistas en pedagogía artísticas en determinadas áreas, porque pueden haber muchos artistas, dice, pero pocos de ellos pueden ser pedagogos. Por esta razón, las escuelas de arte, incluido el CENAR, cuentan con lo más cercano que tengan para dar clase, como un artista que tiene experiencia en actuación o dirección de teatro, y luego aprende a ejercer la pedagogía.

El pasado jueves, días después de la entrevista con López, diferentes maestros del CENAR confirmaron que las autoridades de la institución hicieron oficial el nombramiento de los coordinadores por cada una de las escuelas. El coordinador de la Escuela de Teatro es el actor Óscar Suncín; el de Artes Visuales, el artista Rolado Chicas; y el de la Escuela de Música, el hondureño Josué Viera, quien en diferentes notas periodística ya aparece como coordinador de esta escuela entre 2018 y 2019.

En 2016, durante el gobierno de Sánchez Cerén, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Cultura, que formalizó en su artículo 86 la creación del Instituto Especializado de Nivel Superior de las Artes en El Salvador, una propuesta de la que el expresidente habló desde su campaña.

Este instituto pretendía la formación profesional de artistas y educadores artísticos, regidos bajo la Ley de Educación Superior, es decir, con miras a su acreditación. Pero pese a que se conformó un comité de cuatro artistas encargados de su diseño, entre ellos Marta Rosales, quien también fue Directora Nacional en Artes, el instituto no se ejecutó.

En octubre de 2016, Rosales, en sintonía con lo que señala López, dijo a la revista Séptimo Sentido que existían deficiencias pedagógicas en el país para implementar licenciaturas artísticas y que había artistas, pero no necesariamente estos eran docentes.

El gobierno de Nayib Bukele, en su Plan Cuscatlán, habla escuetamente sobre la formación «formal y no formal de artistas», y de una actualización y mejoramiento de la calidad y la oferta de la formación en artes.

Esta revista intentó entrevistar a la actual Directora Nacional en Artes, Sara Boulogne, para conocer sobre el presupuesto destinado al CENAR para este año y si este gobierno apuesta a una posible acreditación. Ella pospuso en dos ocasiones la entrevista y el pasado miércoles envió un mensaje a Whatsapp a un periodista de este medio en el que alegó tener una agenda saturada, y dijo que le contactaría cuando tuviera «todo listo para la reunión».

«Los políticos tienen que oír a los técnicos y oír a las personas que saben, y dejarse guiar. En El Salvador hemos tenido, en el área de la cultura, ‘yo lo sé todo, yo lo puedo hacer todo’, ‘eso no debe hacerse así’. Y todo lo deciden como si lo supieran y como si hubieran nacido sabiéndolo», indica la académica, directora de teatro y exdirectora Nacional de Artes, Tatiana de la Ossa, por medio de una videollamada desde Costa Rica.

A inicios de los 2000, De la Ossa presentó al Ministerio de Educación una propuesta para abrir una carrera de teatro en la UES que abarcara las especialidades de esta rama. También estaban pensadas tres maestrías y se pretendía vincular a los alumnos de las diferentes escuelas del CENAR en los procesos creativos. No tuvo respaldo de las autoridades de la época.

A la fecha, De la Ossa dimensiona los alcances que esto hubiera tenido: al menos tres generaciones de licenciados en teatro.

En el CENAR, Homero López asegura que desde abril del año pasado comenzó una revisión de la currícula, la cual fue suspendida por el cambio de gobierno, y fue retomada en diciembre. En esta tarea trabajan Boulogne; el director del CENAR, Walter Rojas, maestros del CENAR y un grupo de consultores contratados por el MICULTURA. López señala que esta especie de FODA les va a llevar a saber qué oferta y modelo educativo necesitan: puede ser un técnico, una escuela superior o un nuevo bachillerato en artes.

«A juzgar por las reuniones que hemos tenido, por lo que ellos nos han dicho (Boulogne y Rojas), por los diálogos que hemos tenido, porque trabajamos como equipo en las reuniones en esto de la currícula, sí hay interés, hay un gran interés por la acreditación. Eso es lo que vemos, lo que sentimos», dice López.

“Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así”, señala Mariam Santamaria.

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MODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD

Llegó en 2013, acompañado de un amigo, cuando estaba en el tercer año de la Licenciatura en Bellas Artes de la UES. Ricardo Flores no quería especializarse en escultura en su carrera, sino en dibujo, pero quería aprender sobre el tallado en piedra. La única opción que tenía era el taller de escultura, en la Escuela de Arte Visual del CENAR, donde ya había asistido otra amiga suya.

En la UES, Flores había cursado tallado en madera y reconstrucción en piedra, por eso quería aprender de una vez a tallar en piedra, pero no pudo. El taller libre al que aplicó está diseñado para dos años, era hasta el segundo que iniciaría el tallado, antes repasaría temas ya vistos en su carrera. No quería hacerlo, y predispuesto, al llegar al CENAR, preparó un portafolio para que los maestros vieran todo lo que podía hacer. «Por mí te pasara de un solo, pero aquí no nos dejan», le dijo una profesora.

Se desilusionó, pero se dijo que las técnicas para tallar piedra que él había observado no eran difíciles. Terminó aprendiendo en su casa, auxiliado de tutoriales.

«Si no es en la UES, en ningún lado, sino en Youtube. En escultura, en el país, solo son las instituciones de libre acceso las que enseñan escultura. Si se da en otras partes, o son estudiantes de forma particular, pero que pasaron por estos lugares (incluido el CENAR), o que lo aprendieron empíricamente. No hay otra universidad que dé escultura», asegura Flores.

A un costado del salón de prácticas, en el salón para clases teóricas, el escultor y docente Edwin Soriano señala una pantalla plana, al hablar sobre los insumos que esta escuela ha ido recibiendo para trabajar. Es una que el CENAR llevó en diciembre pasado. Antes de eso Soriano tenía que dar su clase teórica en otro salón con cañón, que no era de la escuela, y tenía que esperar turno para ocuparlo. De no ser posible, lo que hacía era compartir con sus estudiantes el link de un video y luego armaban tertulias en el CENAR.

Un maestro de Artes Visuales, quien no quiso identificarse, confirmó que el año pasado el MICULTURA desembolsó alrededor de $70,000 para la compra de materiales de esta escuela. No había algo así, dijo, desde 1993, cuando en el gobierno de Alfredo Cristiani fueron inaugurado las instalaciones del CENAR después de una remodelación.

Pero el área de escultura sigue con deficiencias. Tiene solo dos salones, el teórico y el práctico, y afuera, en el patio, está la producción de materiales. A veces los tres lugares están ocupados. Además, existe una contaminación de ruido, porque mientras ellos están tallando piedra, a veces los estudiantes de músicas están practicando. Soriano recuerda que esto no era así hasta antes que se arruinara parte del aire acondicionado y la entonces administradora del edificio dijera que, en lugar del aire, se pusieran ventanas francesas.

«La modernidad y la contemporaneidad vinieron y el CENAR estuvo asilado. Es porque se le quitó la acreditación ya con el Ministerio de Educación y también se le quitó la autonomía, semi autonomía financiera y la relativa autonomía que tenía como gestión. Entonces no tenemos autonomía de gestión y financiera, eso nos ha llevado al borde, un poco, del descuido por parte de los ministerios matrices», dice Soriano.

Él tiene 18 años de dedicarse a la docencia en el CENAR, donde dice que no había recibido una capacitación relacionada con pedagogía y arte, hasta noviembre. Antes los capacitaban en otros temas, como los administrativos.

Soriano, graduado del extinto Bachillerato en Artes, también ha cursado diferentes residencias artísticas en el extranjero, una de ellas la Escola Massana, en España, donde tuvo la oportunidad de conocer un convenio que esta tenía con la Universidad Autónoma de Barcelona, que consistía en que estudiantes de la universidad llegaban a la otra instancia a realizar sus prácticas y tenían la posibilidad de salir acreditados como licenciados o con un máster.

Él, recuerda, intentó hacer algo parecido hace años, cuando buscó nexos con la UES. Alumnos de la universidad llegaban al CENAR para explorar de qué forma hacían los convenios, porque en la Escuela de Visual dice que hay infraestructura y conocimiento técnico, mientras que la UES tiene conocimiento teórico y acreditación, aunque reconoce que también carece del presupuesto que deberían corresponder a una escuela de artes, ya que estas son caras, pero necesarias para el desarrollo cultural del país.

El escultor dice que, de acuerdo con lo que ha escuchado en las reuniones con autoridades del CENAR, se está apostando a una acreditación encaminada a una escuela superior, pero que actualmente no están las condiciones para esto, a menos que existan convenios con universidades. Y si se está revisando la currícula, se tienen que llevar al CENAR docentes con maestrías, doctorados, especializados en artes, pero de estos no hay muchos. Lo ve un poco increíble, porque se trata de una apuesta a corto plazo.

«Yo creo que está bien, pero hay que ver, hay que medir. Como decía mi abuela: ‘hay que medir el bocado que te vas a tragar. Hay que ser más realistas’», sugiere.

El largo viaje de Flor para conseguir salud

Fotografía de Javier Aparicio

Desde que el centro de salud a cargo de un Equipo Comunitario de Salud Familiar (ECOSF) dejó de funcionar en el caserío de Los Rosales, Flor debe caminar por más de una hora para poder llegar hasta la clínica más cercana en el municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate.

Flor tiene cuatro meses de embarazo y corre el riesgo de perder a su hijo. Los médicos le han prohibido caminar, «agitarse» o hacer cualquier tipo de actividad que ocupe mucho esfuerzo. Su cuadro es de alto riesgo. Pero sin clínicas de salud cerca, ella debe hacer todo lo contrario para cumplir con sus controles prenatales.

En el caserío Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre. Este cierre no es el único, según una contraloría del Foro Nacional de Salud, una organización creada -con la reforma de salud de 2010- para auditar la atención y los servicios de salud del sistema público. Otros 10 ECOSF han dejado de brindar consultas médicas en comunidades de San Salvador y Santa Ana.

Esta misma contraloría de finales de 2019 señaló que el Ministerio de Salud justificó los cierres señalando la falta de personal, instalaciones inadecuadas y problemas de seguridad.

Los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) fueron creados, luego de la reforma de salud en 2010, para garantizar el acceso a los servicios de salud en zonas donde la atención no llegaba. Comunidades lejanas donde a sus habitantes les era difícil movilizarse hasta los hospitales debido a la falta de recursos y la extrema pobreza.

Los 578 ECOSF que funcionan a nivel nacional tienen por sede las Unidades Comunitarias de Salud de Familiar (UCSF). UCSF que, de acuerdo con los lineamientos de técnicos de los Ecos Familiares, deben ubicarse en el lugar de mayor accesibilidad, puntos geográficamente cercanos para las familias que no tienen acceso a los servicios médicos por la lejanía de sus comunidades en zonas rurales o urbanas.

Este modelo de salud familiar, en el primer nivel de atención, también fue ideado para tratar el 80% de las enfermedades que enfrentan los salvadoreños, entre ellas, el dengue, zika, chikungunya y padecimientos como la hipertensión, diabetes y problemas respiratorios.

El ECOSF de Agua Chuca, en Los Rosales, se ha esfumado. El modelo que se implementó desde hace unos ochos años en la comunidad no funciona más. Y, sin explicaciones de las autoridades de salud, el centro de salud cerró.

En Los Rosales, donde el transporte apenas llega y la solución para poder andar es caminar entre calles sin pavimentar, de perderse entre los polvos de tierra, de subir y bajar angostas veredas, de madrugar y salir entre las 4:30 o 5:00 am para llegar un poco antes de la siete y coger cupo para la consulta médica, no hay quien se ocupe de atender a los enfermos.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. «son más de 1,000 personas», asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

Los ECOS Familiares responden a un modelo de atención ideado por el gobierno del FMLN hace 10 años para extender los servicios y priorizar el acceso a la salud en comunidades con una tasa de extrema pobreza. Son equipos comunitarios que, por cada centro de salud, asisten a 3,000 personas en el área rural y cubren, en promedio, a otras 7,000 en la zona urbana.

Acá, en el caserío de Los Rosales, el ECOSF era un privilegio, uno que les ayudaba a tratar su salud y no caminar por horas. Ahora, las opciones son pocas, para conseguir salud toca pagar o ir a pie.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. “son más de 1,000 personas”, asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

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En Los Rosales, Flor sigue preocupada: «Los doctores dicen que puedo perder el bebé. Puedo tener un aborto y no habrá forma de que el bebé sobreviva».

Por hoy, no hay quien se ocupe de los pacientes, ni del mantenimiento del lugar. A Flor tampoco le llegan las razones que justifiquen el cierre del centro de salud.

El Ministerio de Salud, por el momento, no ha hecho una declaración oficial del por qué algunas sedes, a cargo de los equipos comunitarios, han cerrado. Hasta el cierre de este reportaje, el equipo de comunicaciones del MINSAL, no respondió a las múltiples solicitudes de entrevista.

Para este 2020, el presupuesto de salud registró un recorte de $33 millones. Esto solo en el rubro del primer nivel de atención. Nivel en el que se inyectan los fondos para el funcionamiento de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y los ECOSF.

El recorte de los fondos en el primer nivel, no coincide con la estrategia de salud del nuevo gobierno. De acuerdo con el plan Cuscatlán, los equipos de salud comunitarios contarán con nuevas instalaciones, recursos humanos, insumos y tecnología para garantizar la atención de las familias. Pero esto no pasará en el primer año de mandato.

La situación se vuelve más preocupante en el caserío Los Rosales y lugares aledaños del municipio de Cuisnahuat. La disminución del presupuesto en la zona occidentales el más alto entre la región central, paracentral y oriental. Este año, el primer nivel de atención en occidente funcionará con $10 millones menos.

Las autoridades de salud tampoco han dado detalle de los cierres a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Desde el parlamento se solicitó un informe por la falta de atención en tres ECOSF de la zona central. Una medida que ha afectado, desde octubre, a unas 4,000 personas de las comunidades: Los Letona, Santa Gertrudis y el cantón Las Flores en San Martín.

«La Comisión de Salud acordó, desde noviembre, dar seguimiento a la situación de las comunidades afectadas en San Martín. Los cierres son un retroceso para la atención de salud en el primer nivel. Esto podría impactar en los indicadores salud de la mortalidad materna e infantil», afirma María Elizabeth Gómez, presidenta de la Comisión de Salud.

A estas comunidades, la falta de servicios de salud los ha llevado a recibir atención médica hasta los hospitales de San Bartolo o Cojutepeque. Lugares mucho más lejos del centro del municipio. Los afectados no pueden viajar hacia lugares donde tienen prohibido llegar.

Viajar hasta Cuisnahuat es cansado. A los caminos de tierra solo los adornan terrenos áridos y uno que otro cultivo de caña. No hay lugar para descansar, ni sombra que apacigüe los rayos de sol. Y frente al calor sofocante, no queda más que acelerar el paso para llegar al destino cuanto antes.

Con una barriga de cuatro meses de embarazo, Flor se las arregla para ir y venir a pesar de que el trayecto no sea fácil. De lo contrario, tendría que pagar unos $10 para que un camión la lleve hasta Cuisnahuat, una cantidad que la joven no tiene.

Orlando, presidente de la ADESCO, explica que otros seis caseríos se ven afectados por la falta de consultas médicas. También señala que los más perjudicados son los niños y niñas que recibían controles de niño sano, los adultos mayores con problemas para movilizarse, las mujeres embarazadas y las personas con pocos recursos que accedían a medicamentos gratis.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que la atención primaria, bajo un sistema integral de servicios con enfoque familiar y comunitario, contribuye a la cobertura y el acceso universal a la salud de las poblaciones más vulnerables.

Sin atención. En el caserío de Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre.

«Estas medidas, además de favorecer el acceso y la calidad de atención, provocan nuevas economías para los hogares que ya no tienen la necesidad de realizar grandes desplazamientos. Con este sistema de salud, las familias logran resolver localmente sus necesidades en salud», asegura la OPS en su informe «El Salvador en el camino hacia la Cobertura Universal de Salud».

Sin atención, los habitantes del caserío y zonas aledañas optan por quedarse en casa. Los recursos económicos limitan a muchos. Sobre todo, a las familias que sobreviven de la cosecha de maíz, maicillo, banano, tomate, frijoles y el ganado.

Camino a su hogar, Flor señala que aquel espacio «desolado» era donde ella solía recibir su control prenatal. «A solo unos 10 minutos a pie».

La falta de servicios de salud también afecta a Francisca Elías y a sus dos pequeños de tres años. Sin atención, los gemelos han dejado sin continuidad sus controles de niño sano.

Además, la situación de Francisca ha empeorado desde que uno de sus gemelos enfrenta complicaciones en su ojo izquierdo. Pero sin dinero y sin transporte, no puede hacer mucho.

«Con ellos no puedo caminar. Los niños siempre piden que uno los cargue. Antes, para mí, era mucho más fácil. Estábamos a la par de donde atendía el equipo comunitario. Ahora, uno debe levantarse a las cinco de la mañana, o mucho más antes, para ir a Cuisnahuat. Sin dinero se hace difícil, así que debemos esperar», dice Francisca.

De acuerdo con el Foro Nacional de Salud, la falta de atención en los ECOSF ubicados en Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, es preocupante. Esto debido a que el municipio está catalogado con un alto índice de extrema pobreza. Un porcentaje del 52.40 %, según el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

Morena Murillo, experta en temas de salud y coordinadora de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, asegura que los cierres de los ECOSF son un retroceso para el acceso de salud de familias que antes no contaban con los servicios.

«En los lugares donde nunca hubo servicios de salud, necesitas garantizar que el modelo de atención comunitaria se mantenga. Necesitas fortalecer ese sistema de atención, no cerrarlo. Los cierres son contraproducente para las familias de escasos recursos. También complicará la atención en otros niveles ya que el 80% de las enfermedades que padecen los salvadoreños pueden ser tratables en el primer nivel de atención», aclara Murillo.

Tratamiento. Sin atención médica, los afectados han dejado sin continuidad sus controles médicos. Tampoco obtienen sus medicamentos.

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Francisca y Flor no solo han perdido sus controles médicos. Los afectados con el cierre ya no cuentan con medicina gratuita, tampoco tienen servicios de curación o vacunación.

Amilcar Pintín, secretario de la ADESCO del caserío Los Rosales, asegura que las autoridades de salud -en Cuisnahuat– se reservan la información sobre lo que pasará con el ECOSF.

«Simplemente dicen que es una orden del gobierno central. Aseguran que no hay personal, ni médico que pueda atender a los pacientes. Antes contábamos con una farmacia, un consultorio de salud, camillas y un área ambulatoria», explica Pintín.

Ante los cierres, el coordinador de los ECOSF del municipio de Cuisnahuat, Mauricio Macua dice poco. Macua asegura que no está autorizado para hablar sobre el tema.

«Para nadie es una mentira la deficiencia que han tenido todos los gobiernos. Este gobierno no será el único. Todos tenemos deficiencias. Pero con respecto a la situación de los ECOSF, no podemos darle ninguna información. Puede concertar una cita con el Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral. Él podrá darle más detalles», expresó Macua.

Hasta el cierre de este reportaje, tampoco hubo una respuesta del Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

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A SAN PEDRO Y A LA HACIENDA TASULATH TAMPOCO LLEGAN LOS SERVICIOS DE SALUD

A 7 kilómetros y medio, al poniente de Cuisnahuat, la situación es diferente. El ECOSF del Caserío El Palmar no ha cerrado, pero la asistencia médica es deficiente. La atención tampoco llega a las comunidades lejanas como San Pedro y la Hacienda Tasulath.

El ECOSF del Caserío El Palmar es un espacio modesto. Solo hay un consultorio y lo demás del lugar se divide entre archiveros, unas cuantas cortinas hospitalarias, paredes que sirven como carteleras de anuncios y un estante para los expedientes médicos.

Carmely Guerrero, coordinadora de la Unidad Comunitaria, asegura que, a pesar del poco personal, el ECOSF no ha dejado de brindar atención. Guerrero sostiene que las actividades «se retomaron» luego de las festividades de fin de año, en la segunda semana de enero.

El problema del caserío El Palmar y las comunidades aledañas es que el centro de salud comunitario atiende dos veces por semana. Los martes y jueves. Así que la opción de los habitantes para tratar cualquier enfermedad se reduce a estos dos días. En lo que resta de la semana no hay médico que atienda alguna emergencia.

Sin un médico, los lunes, miércoles y viernes, los habitantes del caserío El Palmar deben arreglárselas para caminar o pagar $20 por un camión que los lleve hasta Cuisnahuat.

En los días sin consultas, el equipo de salud familiar, según Guerrero, debe trasladarse hasta los caseríos más alejados. Comunidades que ubican a unas tres o cuatro horas del ECOSF de El Palmar, entre ellas, San Pedro y la Hacienda Tasulath.

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

«Mi hijo va creciendo a la voluntad de Dios. Esta es la realidad de uno de pobre. Antes, los médicos venían, se acercaban al caserío, pero desde hace meses nadie viene», cuenta Abelardo.

Afectados. Los cierres han afectado a las mujeres embarazadas, a los niños y niñas que recibían controles de niño sano y a los adultos mayores con problemas para movilizarse.

La organización de Profesionales para la Transformación de El Salvador (PROES) aclara que hay deterioro evidente del sistema de salud debido al «paulatino abandono» del modelo de atención comunitario.

«El aumento de enfermedades se debe a la poca atención y abordaje intersectorial centrado en la persona, la familia y la comunidad. Esta fue la esencia de la reforma de salud que tuvo impactos positivos en indicadores como la reducción de la mortalidad infantil y baja de la mortalidad materna. La misma OPS reconoce que la reforma colocó a El Salvador entre los países de América Latina con más avances de salud», explica PROES.

A otros tres kilómetros y medio, la situación pinta igual, la Hacienda Tasulath es un caserío olvidado por el equipo comunitario de El Palmar. Al camino solo lo adornan los peñones y los cultivos de caña. Reina la ausencia y las pocas ganas de aventurarse a un viaje de cuatros horas a pie.

Ada Luz Rivas es una mujer de 72 años que vive en la Hacienda Tasulath. A su edad, la anciana asegura que a pesar de sus dolencias y de una artritis que solo puede empeorar, no viajará más. Luz ha optado por esperar. Aguarda a que, luego de cinco meses, el equipo comunitario cumpla con sus jornadas médicas en lugar.

«Quisiera que hubiese una clínica en el caserío para pasar consulta. A veces, uno está bien grave y tiene que pagar para que lo lleven. Y si uno no pasa consulta, no viaja, hay que arreglárselas para comprar pastillas e ir pasando la enfermedad», dice Luz.

Ante la ausencia del ECOSF en los caseríos de San Pedro y la Hacienda Tasulath, la promotora de salud de El Palmar asegura que «es difícil llegar con poco personal». La Unidad Comunitaria solo cuenta con una doctora, una enfermera, un auxiliar y una promotora de salud.

Por el momento, frente los problemas de atención, el ECOSF de El Palmar ampliará sus horarios para cubrir más consultas médicas. Lunes, miércoles y viernes.

La medida no beneficia a los caseríos de San Pedro y la Hacienda. Un día más de atención en El Palmar, representa, en teoría, un día menos para las jornadas médicas en las zonas retiradas.

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Para Flor las soluciones no llegan. Luego de tres meses, se le hace incierto saber lo que sucederá con el ECOSF del caserío Los Rosales.

«Nos han dicho que debido a la insistencia de las familias, el ECOSF atenderá una vez por semana. Esto lo ha prometido el director de la Unidad de Salud de Cuisnahuat«, cuenta.

La solución sigue siendo insuficiente para Flor y las demás familias. Una consulta por semana no bastará para atender a los pacientes de los siete caseríos. Y limitar la asistencia médica bajo un sistema de cupos -no podrá garantizar- que todos sean atendidos por la prioridad de sus casos.

Ausencia. A las comunidades de San Pedro y la Hacienda Tasulath no llega la atención médica.

Los vecinos del Sur de Honduras tienen dañados los riñones

Fotografía de Glenda Girón

Read this article in English: Honduras: The neighbors of the South have damaged kidneys

Ángel Ortega levanta el brazo y apunta con el dedo. Allá, a 800 metros de esta su casa, empieza un campo que luce ahora desprovisto, pero que, pronto, estará lleno de melones hasta donde alcance la vista. Ángel baja rápido el brazo, no lo puede sostener así por mucho tiempo. Tiene las venas hinchadas como con pelotas y la piel marchita después de cuatro años de recibir tratamiento para su enfermedad. Siente dolor.

La cosecha de melón de 2018/2019 fue histórica para Honduras. El precio internacional de este fruto acuoso creció en un 45 %. Y el valor solo de lo exportado ascendió a 110,1 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. La gran productora de melones es la zona de los departamentos de Choluteca y Valle, el Sur, fronterizo con El Salvador y cercano al Océano Pacífico. Ángel apunta el lugar en el que está la melonera, a la derecha de su casa. Y, agrega que, si va al frente, un kilómetro, encuentra los campos de caña de azúcar. Esos 800 metros y ese kilómetro están llenos de casas.

Ángel llegó a trabajar a Monjarás, Choluteca, en 1977. En 1988, logró comprar un terreno para construir su casa. Llegó como a los 20 años, atraído por una oferta de residencia y trabajo. Se levantaba a las 3 de la mañana y se iba al campo. A las 8, ya había terminado una tarea y comenzaba otra. Así, hasta las 4 de la tarde, cuando dejaba de trabajar los terrenos de otros y se iba al propio, donde tenía maíz y frijol. Este horario imposible es el que podrían repetir casi todos los hombres de esta comunidad de Monjarás que se dedican a la agricultura.

Ahora, Mojarás tiene 7,500 casas, 16 escuelas, dos agencias bancarias, cerca de 20 tiendas de ropa y varios restaurantes. Ángel, por su parte, ya no produce. Pasa los días en la hamaca que ha colgado del corredor externo de esta casa de ladrillo crudo, con letrina externa que se parece a muchas otras de esta zona. Hace 4 años, a Ángel le dijeron que sufre enfermedad renal crónica. Un diagnóstico que, como la agricultura, el ladrillo crudo, o la letrina externa, es un factor común en muchas viviendas de esta región.

La enfermedad renal crónica, se puede decir ahora, tiene dos categorías. Una, la tradicional, es la que se presenta junto con otras enfermedades de base que son la diabetes y la hipertensión arterial. La otra, que es la que sufre Ángel, ha sido difícil de nombrar. Tiene como características que aparece sin enfermedades previas y a una edad más temprana. Y se presenta entre quienes tienen en común una serie de condiciones sociales específicas, entre ellas: trabajar en agricultura y residir en áreas en donde hay cultivos masivos.

Fotografía de señor en una hamaca
Diagnóstico. Ángel Ortega está, desde hace 4 años, en tratamiento por enfermedad renal crónica. En Monjarás, Choluteca, Honduras, el diagnóstico es común entre los vecinos.

Carlos Orantes es nefrólogo en El Salvador y ha sido pionero, desde 2009, en dirigir estudios que ayudan a delimitar las causas de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. Orantes es asesor del Grupo de Expertos en Sri Lanka para el enfoque de la ERC que afecta a las comunidades agrícolas; es autor en revistas científicas y, recientemente, ha publicado capítulos sobre el tema en el libro Medicina interna y nefrología clínica en la Universidad de Oxford. Orantes ha sido profesor visitante en la división de Nefrología del Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro Médico Harbor-UCLA y el Centro Médico Cedars Sinai. «Esto se puede ver como enfermedad o como epidemia», apura como aclaración inicial.

«Cuando usted la enfoca desde el punto de vista individual, el fenómeno se circunscribe a los signos, síntomas y dolencias de la persona; este enfoque es fundamentalmente médico y es necesario implementarlo». Orantes habla desde una sala de juntas en el Ministerio de Salud, en el centro de la capital salvadoreña. El conocimiento, sin embargo, lo ha adquirido en las comunidades que ha tenido que recorrer para realizar los estudios que ha publicado en revistas médicas. «Pero, cuando esta enfermedad se presenta no en una, dos ni en tres; sino en muchas personas en un límite geográfico, social, ambiental y con características específicas de condiciones laborales insalubres, entonces esto ya no es un problema individual, sino que un problema de las colectividades humanas».

La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales presenta números elevados desde México hasta Panamá, pasando por el corredor del Pacífico centroamericano. De acá que los especialistas se hayan puesto de acuerdo para llamarle nefropatía mesoamericana. «Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de epidemia. Y como afecta a más de dos países, esto ya se convierte en pandemia», explica con alarma Orantes, una de las voces más autorizadas del continente.

En Monjarás, Ángel y sus vecinos no lo ponen en palabras, pero llevan años de experimentar en carne propia esta pandemia que se ha afincado en las comunidades agrícolas del Pacífico, sin que, hasta el momento, haya podido ser detenida.

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Honduras está dividida en 18 departamentos en donde viven 9.2 millones de personas. Choluteca y Valle son los dos con más incidencia de enfermedad renal crónica. Entre 2016 y 2017, 2,839 personas egresaron de los hospitales públicos de Honduras por este diagnóstico. De ellas, el 30 % dijo ser de alguno de estos dos departamentos. Es decir, 3 de cada 10 personas atendidas.

Choluteca y Valle aparecen también como dos de los departamentos más productivos. Solo con el melón de esta zona sur hondureña, en 2016 se llenaron y se exportaron más de 16,000 contenedores. Para 2019, los cálculos son todo arriba: el melón crecerá en un 13 %, la okra en un 19 % y la sandía en un 50 %. Y de esto lo que en Banco Central de Honduras destaca es la ganancia y el empleo.

«Esta es la zona del país aporta una gran cantidad de riqueza, pero mire a su alrededor, ¿en qué se nota para nosotros?», pregunta Marcos, ante las calles de tierra de la comunidad. Marcos es un líder comunal que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato, porque en Choluteca hay más de cien defensores de los Derechos Humanos que han denunciado públicamente amenazas.

Marcos se equivoca. La productividad sí se nota en la comunidad, pero no como él quisiera. Estudios relacionan la presencia de cultivos masivos como un factor de riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. «Encontramos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los especialistas que lo firma.

En su casa, Ángel recuerda cómo solían ser sus días de trabajo: «Una vez, un tanque de Metil 800 que iba en un tractor se dio vuelta y todo me cayó a mí, me quedé ciego y por eso el tractorista me tuvo metido en el río como por media hora. Por más que ellas la lavaron, toda la ropa me quedó amarilla». Ángel habla frente a su familia. Porque, aunque el único que podría aparecer en las planillas de las productoras agrícolas sea él, en realidad, todos en esta casa de ladrillo crudo y letrina exterior han estado expuestos a los agroquímicos. A ellos, sin embargo, es a quienes menos contabiliza el sistema sanitario y social en general.

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

«Encontamos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes.

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Los cuatro productos más rentables del Sur -melón, sandía, okra y camarón- dejaron en 2018 divisas por 304.8 millones de dólares en Honduras. Lo que esta tierra produce viaja hasta los mercados de Alemania, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Francia, Japón, México, Reino Unido y Taiwán, entre otros. Lo queda acá después de producir tanto es, sin embargo, un paisaje vacío. Habitado, sí, pero por gente que convive con la muerte.

«Para donde mire hay una casa en donde hay alguien enfermo o alguien que ya se murió de eso», la frase no es una exageración. Marcos, el líder comunal en Marcovia, Choluteca, a unos pocos kilómetros de aquí y que ha venido a visitar a Ángel, hace recuento. Atrás de esta casa, murió hace poco un señor; al frente, a la izquierda, hay alguien más enfermo. Si se pregunta por el lado derecho, también.

Si Honduras tuviera un mapa con un punto rojo colocado en cada casa en donde hay alguien con daño en los riñones, esta comunidad de Monjarás sería toda roja. Pero Honduras no tiene este mapa, tampoco tiene estudios que profundicen en las causas de esta epidemia. Lo único que tiene es la cantidad de personas diagnosticadas. Entre junio de 2018 y junio de 2019, fueron atendidas en hospitales públicos 3,085 con enfermedad renal crónica en todo Honduras. De ellas, 806, dijeron ser de Valle y Choluteca. Estos dos departamentos, de 18 en total, acumulan el 26 % de casos.

Lo del melón ha sido meteórico, también. Para la cosecha de 2017/2018, las divisas generadas por la exportación fueron de 70 millones de dólares. Con base en esto, se calculó que la de 2018/2019 podía dejar hasta 90 millones de dólares. Pero la proyección se quedó corta, lo exportado superó los 110.

En su casa, Ángel hace otro tipo de cuentas. «Para que no nos saliera tan caro, nos habíamos juntado tres para pagar el taxi para ir a la diálisis en Choluteca«. Ángel hacía este viaje de 31 kilómetros con dos amigas, Rosa y Maura. Desde Monjarás, hasta Choluteca, en donde se encuentra el hospital de Diálisis de Honduras, la empresa a la que el gobierno ha subcontratado solo para brindar los tratamientos, el servicio de taxi cuesta 600 lempiras ($24). «Pero entre mi amiga la Rosita y la Maurita, solo nos tocaban 200 ($8) cada uno», cuenta Ángel antes de empezar a restar y multiplicar. «Ya hace un año, se murió la Rosita, y nos quedamos pagando 300 ($12) cada uno con la Maurita, para ir dos veces por semana».

La diálisis es un tratamiento que consiste, a grandes rasgos, en que una máquina hace el trabajo que los riñones ya no pueden hacer. Los pacientes deben estar conectados a esta máquina por entre cuatro y seis horas. Dependiendo del estado del riñón, un paciente puede necesitar viajar al hospital dos o tres veces por semana. Aunque hay personas que deben estar conectadas todos los días. «Me quedé pagando yo solo el viaje», dice Ángel. Maura falleció en agosto por complicaciones propias de la disminución de la actividad renal. Ángel, de verdad, va quedando solo.

http://guilles.website/dev/honduras-ecr/datavis.html

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La enfermedad renal crónica es un fenómeno tan focalizado en el corredor del Océano Pacífico de Centroamérica que, ya en 2013 fue la razón por la que los ministros de salud de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en El Salvador para declarar la investigación de este problema como una prioridad. En ese momento, las máximas autoridades sanitarias acordaron que dar tratamiento a los afectados y estudiar las causas de la enfermedad y los factores de riesgo serían una prioridad más allá de cada gobierno.

«Honduras no ha aportado nada a los estudios sobre esta enfermedad que sí tienen Nicaragua, Costa Rica y, a la vanguardia, El Salvador. Guatemala también tiene aportes, excepto nosotros. No porque no tengamos grandes volúmenes de pacientes, sino que por un problema de recursos, o de no tener ganas de ver que este es un serio problema», explica Gemmer Espinoza, desde su consultorio privado. Espinoza es nefrólogo. Es, de hecho, el único en Choluteca.

Espinoza también trabaja en Diálisis de Honduras, que es la empresa a la que el Estado ha contratado para dar los tratamientos de diálisis. Desde ahí ha podido, con base en la experiencia, trazar el perfil del paciente con enfermedad renal crónica. Es, por sobre todo, un agricultor. Pero también es, casi de manera indefectible, una persona que reside en las zonas vecinas de los cultivos masivos.

En Monjarás, las calles polvosas se llenan de gente al atardecer, cuando ha bajado un poco el calor. Hay jóvenes en las esquinas que comparten golosinas y hay niños que van en bicicleta. Si ha llovido, hay charcos de varios metros de largo, si el día ha sido seco, se levantan nubes de polvo. Por ratos, se llegan olores desde los campos de cultivos. El más molesto es el que llega de madrugada, con la fumigación que hacen los aviones.

Sin que se pueda basar en ningún estudio, porque no lo hay, Espinoza, el único nefrólogo de Choluteca, señala que un 80 % de casos llega en estadio 4 o 5, es decir, cuando ya los riñones han perdido casi toda capacidad de filtración y la terapia de diálisis es necesaria para prolongar la vida del paciente. A la empresa privada que brinda este servicio, el Estado hondureño le paga cerca de $100 por paciente, de acuerdo con fuentes que solicitaron anonimato. Los gastos indirectos, como el pasaje de bus o taxi colectivo, como el que pagaba Ángel con sus amigas, también enfermas, corren por cuenta de cada quien.

Vivir en esta zona hace que para Ángel y su familia aumente la posibilidad de sufrir enfermedad renal. Y, aunque las autoridades sanitarias de Honduras tienen información que lo confirma, esto no ha sido suficiente para acercar servicios, campañas educativas, diagnósticos tempranos o tratamientos. Salvo por los pacientes que se agolpan cada mañana en el hospital para recibir diálisis, esta enfermedad está invisibilizada.

Productividad. Monjarás es una comunidad rodeada de cultivos masivos, como el melón, la cañá de azúcar y la okra. Esta es una de las zonas más productivas de Honduras.

«En lo que coinciden El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras es en que la gente que enferma está relacionada de alguna manera con los macrocultivos. Porque veamos que la labor agrícola ha existido todo el tiempo. Para subsistencia se ha sembrado maíz-frijol, maíz-frijol. El factor que viene a ser distinto en este tiempo es el macrocultivo«, explica Espinoza. «Es difícil hacer una afirmación sin argumentos, como estamos en Honduras sin los estudios pertinentes, pero todo lo investigado afuera apunta al uso de pesticidas». Solo para tener una idea del uso masivo de agroquímicos, en Honduras se comercializan 129 marcas de Glifosato y 19 de Paraquat. Estos son dos de los químicos que los estudios científicos señalan como altamente tóxicos para el riñón.

Frente a la casa de Ángel han pasado varios hombres en bicicleta. Es el final de la tarde y, seguramente, vienen de realizar labores. Hace 4 años, Ángel también recorría estas calles en bicicleta, cuando, de repente, sintió un mareo que lo obligó a detenerse.

«Ahí ya venía con una gran calentura. Y se me empezaron a agarrar calambres en las piernas. Mandé al güirro (niño) a comprarme unas pastillas y un jugo», cuenta. Ángel no se curó con el jugo o las pastillas. Tuvo que ir al hospital, a varios, de hecho. Su diagnóstico, pese a vivir donde vive y haber trabajado en lo que trabajó, tardó en llegar. Porque el sistema tampoco está enfocado en canalizar de forma expedita estos casos. Se tardó por lo menos 4 meses en saber que tenía enfermedad renal y en recibir el tratamiento correcto: diálisis.

Esta falta de contundencia en cuáles son las causas de la aparición de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales ha retrasado también la ejecución de programas focalizados en las necesidades especiales de la población, como el diagnóstico temprano. Manuel Sierra, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Honduras, dirigió, en 2019, un estudio sobre la prevalencia de daño renal en los pacientes de los seis hospitales más grandes del país. «A los mayores de 18 años que se encontraban recibiendo atención en Medicina Interna les hicimos una pregunta de tamizaje: ‘¿le han diagnosticado enfermedad renal?’ Si respondía que sí, ya no podía participar».

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

Los investigadores encontraron a 774 pacientes que dijeron no tener ningún daño renal. Y, a la luz de los resultados de las pruebas, solo en el 20 % de los casos esto resultó ser cierto. «El 82% de los que aseguraban que no tenían nada, salió con algún nivel de daño: 8%, en estadio 1; 28 %; en estadio 2; 30 %, en estadio 3; 10 %, en estadio 4; y 6 %, en estadio 5», explica Sierra. Quiere decir que 8 de cada 10 de las personas que llegan a los hospitales por otros motivos, ya tienen sus riñones dañados y todavía no lo saben, todavía no se cuidan y todavía no reciben tratamiento adecuado. Y solo están a la espera de tener un colapso como el que, hace cuatro años, tumbó a Ángel de la bicicleta entre fiebre y calambres.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, 197 personas murieron en hospitales públicos por enfermedad renal crónica en Honduras. Aquel día en que Ángel tuvo que interrumpir su viaje en bicicleta, se dirigía al funeral de un amigo: El Chuta, un gran compañero de labranza y vecino. El Chuta murió por la misma enfermedad que tiene a Ángel tumbado hoy en la hamaca. Ángel lleva rato viendo morir amigos.

El estudio sobre prevalencia no diagnosticada de la enfermedad renal se está repitiendo, dice el doctor Sierra, pero ahora exclusivo para la zona de Choluteca. Mientras esto llega, en la comunidad de Ángel, la de las casas vecinas de macrocultivos y con agua de pozo, la enfermedad renal es un fantasma que se lleva a mucha gente y es, a la vez, un miedo. «Hasta ahora, ninguno de ellos (familia) padece esto, porque esta enfermedad es perra. Pero la veo a ella, mi esposa, que ya tiene calambres, y veo a aquel (hijo), también con lo mismo; aquí, no se sabe, es lo más triste, quizás solo esperan que todos nos muramos».

En manos privadas. El estado Hondureño ha subrrogado el tratameinto de enfermedad renal crónica a Diálisis de Honduras. Esta empresa recibe al menos $100 por cada sesión brindada a un paciente.

* Glenda Girón es becaria de la fundación Bertha de la generación 2019-2020

Un ecosistema marino limitado a su hallazgo

Pasto marino

Mediodía. A esta hora los moluscos conocidos como cascos de burro están bajo el fango y los pescadores ya se han ido a sus casas. En el playón solo quedan tres jóvenes que todavía buscan jaibas. Dos están a un costado de la barca que han usado ese día, donde tienen un barril de plástico, partido a la mitad, que sirve como recipiente para depositarlas. Jorge Mejía atrapa las jaibas y Miguel Yanes ayuda a acomodar las canastas y los changales, los instrumentos a base de hilo de trasmallo que sirven para pescarlas.

Han sido siete horas de pesca y ahora se preparan para ir a la casa, pero aclaran que aquí no hay hora para pescar. Siempre están las condiciones para hacerlo. «Hay unas 10 libras», dice Miguel, señalando las jaibas vivas que, por gusto, luchan por salir del barril. Miguel aprovecha para decir lo ricas que saben en sopa o guisadas con tomate, y con tortillas.

A unos 20 metros de donde están, el agua comienza a empozarse. La marea está subiendo, pero todavía deja a la vista pequeñas hojas verdes, parecidas a la grama de un campo de fútbol, que ellos han visto desde hace años. No saben cómo se llaman, tampoco cuándo las vieron por primera vez. «Ya tiene años de andar eso allá. Tiempazo«, dice Jorge. «Eso» es pasto marino: un complejo ecosistema que la ciencia descubrió en El Salvador hasta hace 11 años. Se ha extendido por diferentes partes de la Bahía de Jiquilisco, en Usulután, como en este lugar, la isla Rancho Viejo.

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Wilfredo López había vuelto de estudiar una maestría en Gestión de Ecosistemas Marinos de la Universidad de Alicante, en España. Allá, José Luis Sánchez, su tutor, lo había incitado a que buscara pastos marinos en El Salvador. «Yo siento que han de haber en tu país. Hay que buscar», le dijo. Aquel joven quedó con la terquedad de encontrarlos, porque había pasado los seis años de su carrera de Biología pensando que acá no existían.

En 2009, Wilfredo tenía 28 años y trabajaba, con un grupo de biólogos, en un proyecto sobre tortugas de carey con la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental. El grupo había escuchado de pobladores y guarda recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre unas plantas que no eran comunes. «Hay una cosa que parece cultivo de arroz», también le había dicho Óscar Carranza, un biólogo que, en más de una ocasión, vio las plantas cuando recorría la zona.

El grupo, liderado por Wilfredo, visitó el Golfo La Perra, en la Bahía de Jiquilisco. Vio que en lugar había tortugas prietas que se alimentaban de unas hojas. Al llegar al golfo, Wilfredo palpó las plantas y las analizó. A simple vista, no le parecieron algas marinas: tenían hojas, tallos y raíces. No encajaban en las características de un alga. Supo, entonces, que no estaba solo frente a una especie que no había visto antes en El Salvador, sino frente a todo un ecosistema.

Así comenzaron los trámites de permisos ambientales en MARN para continuar con los estudios. Fueron días de trabajo fijando muestras y revisándolas en el laboratorio del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador, donde dispusieron de equipo. Wilfredo contactó a su tutor y le envió fotografías de la punta de las hojas. José Luis le confirmó que se trataba de pastos marinos. Pero faltaba descubrir cuál era la especie.

Wilfredo se empecinó en leer guías de identificación taxonómica. «No le hallo. No entiendo qué especie será esa», se dijo por días. Había visto otros tipos de pastos: plantas grandes, no pequeñas, de centímetros, como las del Golfo La Perra. Al inicio supuso que podrían ser dos tipos de plantas, una de ellas Halodule wrightii, que, sabía, crecía en el Océano Atlántico.

Tenía razón, se trataba de Halodule wrightii. José Luis le dijo que se había creído que esa planta solo crecía en el Océano Atlántico, pero también crece en el Pacífico.

El biólogo temía que cuestionaran su hallazgo. Por un tema de malinchismo, dice esta mañana, en un café, al recordar aquel viaje. Enseña, en su computadora, un álbum de fotos de las plantas, de las mediciones que hicieron en los pastos para los estudios y algunos de los animales encontrados en las hojas y en el lodo. Calcula que antes de descubrir el ecosistema, este tenía 10 años de existencia.

Distribución. La pradera marina está distribuida en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco, entre ellas, el Golfo La Perra. La fotografía muestra la zona en la que Wilfredo López y su grupo la descubrieron.

 

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Los pastos marinos o praderas marinas son plantas que crecen donde hay mareas bajas, como en la Bahía de Jiquilisco. Forman todo un ecosistema que le sirve de hogar a diferentes especies de moluscos, crustáceos y equinodermos.

La bióloga salvadoreña Olga Tejada realizó la investigación «Praderas Submarinas de Bocas del Toro, Panamá», publicada en 2014, en la que dice que los pastos marinos representan menos del 0.2 % de los océanos del mundo y que anualmente toman el 10 % de carbono enterrado en sedimentos oceánicos. Almacenan dos veces más carbono que los bosques terrestres.

Alrededor del mundo, Wilfredo dice que la ciencia ha descubierto entre siete y ocho especies de pastos. Los hay de diferentes tamaños y extensiones. Los pastos que él y su equipo descubrieron siguen siendo los únicos de los que se sabe en el país. Según sus investigaciones, hasta la fecha hay 27 especies de invertebrados que ahí habitan, como cangrejos y almejas . Otros animales viven pegados a las hojas, pero de ellos todavía no conoce el nombre.

Algunas especies prefieren el lodo en el que nacen los pastos, otras prefieren las hojas o ambos lugares, como las conchas, dice; porque, cuando están en la etapa de cría, se pegan a las hojas o a los tallos y, cuando están adultas, se despegan y bajan al lodo.

Las hojas de los pastos, además, de acuerdo con datos del MARN, son, en un 62 %, la dieta de las tortugas prietas, aquellas que los científicos siguieron para descubrir el ecosistema.

En 2017, un grupo de científicas, entre ellas unas representantes del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES), publicó un estudio que estableció que el tipo de pasto que hay en el país, Halodule wrightii, se extiende en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco: el Golfo La Perra, las islas Rancho Viejo y Corral de Mulas, y en El Golfito, La Chepona y El Bajón. Este estudio se basó en el trabajo previo que había hecho Wilfredo desde 2009.

Wilfredo dice que estudió la especie en los primeros dos lugares, además de El Icaco y El Tular, y supo de la extensión de los pastos en las demás áreas, pero estas no formaron parte de las muestras.

Las científicas tomaron como muestra el Golfo La Perra y Corral de Mulas, donde concluyeron que había una extensión de esta especie de 27.1 km 2, 26 en el golfo y 1.1 km2 en la isla. En estos lugares, establecieron que hay 22 especies de invertebrados.

El lugar donde está ubicada la pradera marina es un Área de Conservación Natural y ha sido reconocido como un sitio Ramsar. Es el Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, una bahía que abarca seis municipios de Usulután y que alberga diversidad de especies animales y vegetales. El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) asegura que ahí se encuentra la mitad de los manglares del país.

La bahía, desde 2007, también es una Reserva de Biósfera que está amparada bajo el Programa sobre Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un nombramiento como este implica que exista conservación de toda la biodiversidad para que sea sostenible, que haya investigación, desarrollo económico y educación. Pero los pastos marinos, por hoy, apenas son conocidos y las instituciones del Estado todavía no le dan el valor científico que merecen.

“Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está”, recuerda Enrique Barraza, exjefe de Humedales del MARN e investigador especializado en la conservación de la

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«Cuando yo estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, recuerdo que me dijeron: ‘Mire, vamos a ver una planta que ha aparecido’. Y dijimos: ‘Sí, aquí está una planta’, pero hasta ahí llegamos, no le dimos la importancia debida. Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está», recuerda Enrique Barraza, investigador especializado en la conservación de la biodiversidad acuática y exjefe de la Unidad de Humedales del MARN. Él también tiene todo un álbum de fotografías, que muestra esta mañana para explicar mejor el ecosistema.

Enrique -el primer exfuncionario al que Wilfredo le comunicó sobre el hallazgo de la pradera marina, porque para entonces era el referentes de los sitios Ramsar en El Salvador- dice que, aunque la pradera marina que está en la Bahía de Jiquilisco es la única descubierta a la fecha, recuerda que hace 15 años vio una en la Barra de Santiago, en Ahuachapán, pero desapareció. Cree que esto sucedió porque, en esa zona, la fuerte lluvia erosiona la costa y la arena comienza a cubrir lo que encuentra a su paso.

El especialista explica que las praderas marinas son ecosistemas que tienen una fijación un sedimento suave y que, en parte, ayudan a evitar la erosión en la costa. Además, representan una función importante ante el cambio climático, porque son sumideros de carbono. En el país aún no se sabe cuál es la tasa de incorporación de carbono que ha absorbido la pradera marina.

Las plantas, dice, viven en un fondo horizontal, con una leve pendiente que permita que reciban luz para hacer fotosíntesis. Son de aguas calmadas, claras y saladas. Las que están en el Golfo La Perra son cubiertas, máximo, por un aproximado de 2.5 metros cuando la marea está alta.

Enrique trabaja como investigador en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Ahí conserva muestras de las hojas de Halodule wrightii bajo refrigeración y en frascos con alcohol. Las tomó en agosto del año pasado. Sobre una mesa pone 18 frascos con hojas del pasto y extrae, con una pinza, una de las más grandes. Dice que una planta completa puede llegar a medir 20 centímetros.

Espera enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, en Estados Unidos, para un análisis genético de la especie y así conocer si la pradera que hay en El Salvador tiene similitudes con otras que están en el Pacífico panameño, costarricense y suramericano, o si se trata de una especie única. También para saber si el pasto está relacionado con un especie ancestral en común.

Sin embargo, al investigador le aqueja la burocracia que existe para enviarlas. Ya tiene los permisos ambientales para hacerlo, pero el proceso está detenido porque el Banco Central de Reserva le ha pedido, como si fuera un comerciante, facturas y permisos del Ministerio de Hacienda.

Los científicos todavía no saben cómo se reproduce la pradera marina en El Salvador. Wilfredo dice que las praderas marinas, en general, tienen dos formas de hacerlo. Una es por medio de la extensión de sus raíces, y la otra, por medio de semillas que permiten que otras plantas germinen. Él, de momento, todavía no le ha visto flores a los pastos de la Bahía de Jiquilisco, pero dice que la teoría indica que sus flores salen entre marzo o abril. Enrique se inclina por la primera forma de reproducción.

En su investigación, Olga advirtió que, a escala mundial, los pastos marinos han disminuidos en un 29 % desde hace décadas. Pero a Enrique le da la impresión que, en El Salvador, los pastos se están extendiendo debido a la contaminación, a la química del agua y al cambio climático. Una colega mexicana le dijo lo mismo.

biodiversidad acuática.

“Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla” señala Wilfredo López.

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Leonel Rivas está en el Golfo La Perra, el lugar donde fueron localizados los primeros hallazgos de la pradera marina. Al fondo se observa toda la sierra Tecapa-Chinameca, que se extiende desde Berlín, Usulután, hasta San Miguel.

La lancha en la que Leonel ha viajado nueve kilómetros, desde Puerto Parada, está aparcada a unos 50 metros. De donde está, todavía falta un kilómetro para llegar a tierra firme. Aquí, con la marea baja, hay fango y pasto de donde salen cangrejos pequeños, conchas y caracoles. Al estar descalzo y permanecer fijo en un solo lugar, se siente el cosquilleo de pequeños animales.

«Puede ser que en este espacio no hubo pasto hace un tiempo. Se concentró en otra parte, pero llegó algo que no le gustaba y se vino para acá», dice Leonel, quien desde 2009 es uno de los guarda recursos del MARN. Su trabajo consiste en hacer patrullajes por toda la Bahía de Jiquilisco. Sabe que en unas horas el agua llegará a 2.5 metros, pero ahora, con el agua que llega hasta unos cinco centímetros, puede observarse, sin ninguna dificultad, la pradera marina. Por donde está la lancha, aclara, hay más pasto inundado del que todavía no se ha investigado el tamaño.

A un lado de Leonel, Daysi Herrera se agacha para tocar el fango y remover el agua, que rápido se vuelve oscura. Escarba, saca lodo, pero quiere palpar arena. La encuentra después de haber escarbado unos tres centímetros. A ella le asusta el alga que se ve entre las hojas de la pradera, que el color de sus plantas no sea verde claro, sino un verde apagado, y que al remover exista mucho sedimento y poca arena.

El nombre del alga que está sobre las plantas se llama caulerpa. Enrique tiene fotos de ella sobre los pastos. Dice que una colega norteamericana se asustó al verlas, porque es un alga que usualmente se asocia a la contaminación por la abundancia de fertilizantes, pero que está en la parte pacha del golfo, al adentrare al agua, desaparece.

Estudio. Enrique Barraza tiene muestras de los pastos marinos para enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, Estados Unidos.

«Ella decía que van a desaparecer (los pastos)». Y yo no sé. Puede ser un ciclo, habría que ir a echar un vistazo. Esas fotos son de agosto, época lluviosa. Eso no debería estar ahí, porque eso es una carga extra, le quita espacio para la fotosíntesis a la plantita, pero puede ser una competencia de poca profundidad, algo natural. Pero también puede estar alimentado por la contaminación, por fertilizantes que recibe la Bahía de Jiquilisco«, dice.

Daysi, bióloga de FIAES y quien ha trabajado en diferentes proyectos en la zona, explica que los pastos marinos son un complemento del manglar y de los arrecifes para que exista una pesca sostenible. Sin embargo, acepta que actualmente no hay consciencia de las poblaciones aledañas al ecosistema sobre el cuido de los pastos, como sí lo hay con los manglares.

Insiste en que su protección también depende de buenas prácticas agrícolas, porque de esta forma se evitaría que la bahía –un lugar de agua quieta y que no alcanza grandes profundidades- sea contaminada por todo el sedimento que baja de las cuencas mediana y alta de la sierra Tecapa-Chinameca, donde hay municipios que cultivan granos básicos y caña de azúcar. En esta bahía también desemboca el río Gran de San Miguel, que recorre más de 10 municipios.

Por esa razón, Daysi remueve el agua y escarba, porque le preocupa que, en algún momento, la cantidad de sedimento supere a la arena de la bahía, y esto se convierta en un peligro para la pradera y las especies que en ella habitan.

Asentamientos. Las personas aledañas a las zonas donde hay pastos marinos aún no toman consciencia de la importancia de este ecosistema.

«Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla. Nosotros hacemos investigación en nuestro tiempo libre o cuando nos está pagando una institución para hacerla», señala Wilfredo, quien trabaja investigaciones independientes, y además, es parte de la Asociación Territorios Vivos El Salvador.

El biólogo dice que la pradera marina podría estar vulnerable si existe una tala de manglares en la zona y los pastos quedan soterrados, porque habría sedimentación y también contaminación. Pero Enrique suma más peligros: la contaminación por fertilizantes, un derrame de hidrocarburos y la presencia de animales que no pertenezcan al ecosistema, como un cerdo, que está escarbando, que él fotografió cerca del Golfo La Perra, donde al igual que en la isla Rancho Viejo, hay asentamientos humanos. Cuenta que también ha visto a vacas en el pasto.

«(Las personas) no la conocen, no le han puesto coco. No saben que es algo diferente. Las autoridades, en conjunto, deberían estar ahí notificando que esto es único en el país», enfatiza Barraza.

Doris Nieto, de la Asociación de Municipios ASIBAHIA, que trabaja en el plan de ordenamiento territorial en municipios de la Bahía de Jiquilisco, dice que aún desconocen la cantidad de habitantes que hay en los lugares con asentamientos y donde hay registros de pastos marinos. La ha solicitado al Ministerio de Salud, que, por su trabajo comunitario, tiene un registro poblacional, pero el ministerio ha negado entregarla.

El MARN no cuenta con estudios propios sobre la pradera marina. La primera vez que expuso de su existencia a escala mundial fue en el Cuarto Informe al Convenio sobre Diversidad Biológica en El Salvador, en 2010, y partió de la documentación que recopiló Barraza. Lo reconoce el técnico en Biotecnología y Restauración de Ecosistemas de este ministerio, Carlos Rivera.

Características. Las hojas de los pastos marinos puedenmedir hasta 20 centímetros. Prefieren aguas calmadas y saladas, como las de la Bahía de Jiquilisco.

Carlos, para precisar la extensión de los pastos y el número de especies que viven en ellos, recurre a mediciones contempladas informe publicado en 2017 por las científicas independientes y el MUHNES. Agrega que, en Rancho Viejo, hay 4.12 km2 de pastos; en El Bajón, 0.26 km2; y en La Chepona, 4.12 km2.

«Esa es la cobertura estimada, que hay a la fecha, considerando que, por supuesto, son ecosistemas fluctuantes y cuyas fronteras varían dependiendo de la época del año y otros factores», dice. Por esto precisa que los datos tienen que corroborarse.

Según el técnico del MARN, como la pradera está dentro del Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, existe un plan de manejo del humedal, creado el año pasado, que falta «interiorizarlo», pero que incluye regulaciones relacionadas con las zonas núcleos de todo el ecosistema. Para esto, indica, hay un comité. «Usted no va a encontrar una referencia directa a esto (la pradera marina)», justifica, y dice que esto es por la variedad de ecosistemas de la bahía, pero que todo está «armonizado» para su conservación.

Señala, además, que hay un Plan de Desarrollo Local Sostenible, proyectado hacia 2031, del cual ya existe un comité de Reserva de Biósfera destinado, entre otras actividades, a educar para evitar la contaminación de las cuencas media y alta, la contaminación de desechos sólidos y a tratar de mejorar los mecanismos de vertidos de residuos líquidos, como el caso de los estanques camaroneros. A esto, añade los patrullajes realizados en conjunto con instituciones, gobiernos locales y la Policía Nacional Civil.

Falta por descubrir particularidades de la pradera marina. Su reproducción y los demás animales que la ocupan de casa. Y, como dice su Wilfredo, «quizá ahí esté la cura del cáncer u otra enfermedad». Hoy es solo un hallazgo esperanzador.

Posible peligro. Por el momento, los pastos marinos están cubiertos por una alga asociada a la contaminación de las aguas. Faltan estudios que indiquen si esta podría causarles daños con el tiempo.