Una hora para salvar la vida de una parturienta

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Claudia Alexandra Lone está sentada en una de las bancas de este pasillo del Hospital Nacional Santa Gertrudis, en San Vicente. En sus manos, y apoyado en sus piernas, sostiene un ampo en el que archiva documentos que pertenecen al Comité de Morbimortalidad del hospital. Entre los documentos hay una serie de boletas del año pasado, cada una rotulada con el título «Seguimiento del manejo del choque hemorrágico Código Rojo» y selladas por el Centro Obstétrico.

Lone, la coordinadora del comité y jefa del Departamento de Anestesiología de este hospital, horas antes ha alzado su voz, cambiaba de posición en el sillón el que estaba sentada y hacía ademanes, para contar, desde una oficina administrativa, cómo abril de 2013 cambió la rutina del personal de este lugar, cuando, en dos semanas, tuvieron que atender 13 hemorragias severas, ocurridas después de partos.

No pudieron controlar siete y remitieron a las mujeres al antiguo Hospital Nacional de la Mujer, en San Salvador. Dos murieron. Una de ellas en la ambulancia, entre los 66 kilómetros que separan a San Vicente de la capital. Y para entonces, todos en San Vicente decían que en el Santa Gertrudis mataban a embarazadas y que no fueran a tener a sus hijos ahí, recuerda.

Emergencia. Para advertir al hospital que hay una mujer con hemorragia postparto severa, existen dos números a los cuales llamar y que directamente conectan con un parlante. 

El Comité de Morbimortalidad nació en 2012 por órdenes del Ministerio de Salud (Minsal) por las hemorragias severas postparto que este hospital atendía cuando aún no existía la estrategia Código Rojo.

Lone muestra 12 de las boletas del registro del comité. Son parte de los 23 casos que el hospital logró resolver el año pasado con el código, una estrategia que necesita, como mínimo, la intervención de un ginecólogo, un anestesista, un médico ayudante y una enfermera para salvar de una rápida muerte a una mujer que, tras el parto, sufre una hemorragia severa.

Cada boleta tiene el nombre de la paciente, su edad, la hora a la que ingresó a la sala donde la atendieron, la hora en la que fue activado el código, quién la atendió, el estado que mostró durante la intervención del equipo y el tiempo que este se llevó en desactivar el código.

Entre los casos está el de una niña de 16 años que sufrió la hemorragia después de un parto por cesárea, la cual fue causada por atonía uterina: su útero, como debe suceder después de un parto, no se contrajo, sino que se distendió y esto generó la complicación. La intervención médica duró 30 minutos.

Pionera. Claudia Alexandra Lone adaptó el Código Rojo en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, en 2013, dos años antes que la estrategia fuera lineamiento a nivel nacional.

Otro caso es el de una mujer de 28 años a quien la hemorragia le comenzó porque hubo un sangramiento de varices en el segmento del útero después del parto. Ella fue atendida en 26 minutos. Ninguna sobrepasó la hora, que es el tiempo en el que hay un 90 % de riesgo que la mujer muera, explica Lone. Por esto, a la primera hora de intervención le llaman la hora de oro.

El equipo de Código Rojo cuenta con esta hora para salvar a la paciente. El cronómetro empieza a correr cuando la enfermera, el ginecólogo o el anestesista que está a cargo de la supervisión de la madre, que recién ha dado a luz, observa que su frecuencia cardíaca es anormal -mayor a los 60 o 100 latidos por minutos-, y nota que está cansada, con temperatura fría y sudoración.

Ante estos signos comienza a diagnosticar las causas por las que puede producirse la hemorragia: un útero distendido, como en el caso de la niña de 16 años; desgarros vaginales, restos placentarios o alteraciones de la coagulación.

Cuando se identifica la causa del sangrado postparto, el que está a cargo de la supervisión de la paciente debe marcar una de las dos extensiones que enlazan directamente con el parlante que se escucha en todo el hospital, para el día es la 2516 y para la noche es la 2219. Y anunciar que hay un Código Rojo en la sala de operaciones, de emergencia obstétrica, de partos o en maternidad.

Desde ese momento, el laboratorio clínico del hospital deja de recibir muestras de exámenes de otras áreas y se enfoca solo en las muestras que recibirá de la paciente a intervenir, hasta que el código termine. Mientras que el equipo de médicos llega a la sala donde está la emergencia para iniciar la intervención.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal.

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EL CÓDIGO ROJO comenzó a implementarse desde 2006 en Colombia y ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue una respuesta sistematizada, de un equipo capacitado, a las hemorragias maternas postparto, hemorragias en las que una mujer, luego de 24 horas de haber dado a luz, pierde aproximadamente 1000 mililitros, en una velocidad de más de 150 mililitros por minuto, y esto que puede llevarla a la muerte.

La OMS establece que la hemorragia después del parto es la principal causa de muerte materna en los países de bajos ingresos. Una validación a este código, realizada en 2013 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía, posicionó a Asia y África como los lugares con más muertes de este tipo, seguidos de América Latina.

Para la OMS, la mayoría de estas emergencias pueden evitarse por medio del uso preventivo de agentes uterotónicos -que sirven para inducir el parto y evitar las hemorragias- y con un tratamiento apropiado. En San Vicente, el hospital tiene que mantener el Código Rojo con el presupuesto que anualmente le asigna el Estado, no tiene una línea presupuestaria para su ejecución.

Sin embargo, el compromiso de los estados de evitar las muertes maternas también es parte del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecía que, para 2015, debía reducirse en tres cuartas partes la mortalidad materna y que debía haber acceso universal a la salud sexual reproductiva. Algo que el país todavía no ha alcanzado.

Una hora. Luego de la llamada reportando un Código Rojo, el equipo llega a la sala de la emergencia y tiene una hora para salvar a una mujer de una hemorragia postparto.

Entre 2010 y 2015, el quinquenio previo a que el Minsal ordenara que el Código Rojo fuera una estrategia implementada en todos los hospitales públicos y los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la cifra oficial de muertes maternas fue de 411. En 2014, la hemorragia postparto encabezó las causas de estas muertes. Estuvo encima de los trastornos hipertensivos y las infecciones.

«Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja”, reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

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AL TIEMPO que pasa entre el minuto 1 y 20 de la intervención con la estrategia Código Rojo se le conoce como «reanimación». En toda la estrategia es el ginecólogo el que asume la dirección del equipo. El anestesista se encarga, entre otras funciones, de darle oxígeno a la paciente, a través de una cánula conectada a la nariz, monitorea su frecuencia cardíaca y su tensión arterial.

Las enfermeras, o el resto del equipo disponible que pueden sumarse a la emergencia, colocan catéteres en las venas de las mujeres, donde luego ellas recibirán sangre, medicina o suero. También, uno del grupo, se encarga de llenar la boleta -como las que Lone muestra- para registrar el tiempo en el que fue ejecutado el código y para que quede sirva como respaldo al análisis que el equipo hará después sobre su trabajo.

En este periodo es que el ginecólogo realiza, bajo anestesia, un masaje uterino. A la paciente se le aplican tres tipos de medicamentos: intravenosos, intramusculares e intrarrectal para frenar la hemorragia. Y dependiendo del estado, se decide si habrá una transfusión de sangre.

Si la emergencia sobrepasa los 20 minutos y la madre aún no es estabilizada, el equipo debe analizar qué complicaciones se avecinan: la necesidad de una histerectomía (extracción del útero), una falla renal o el envío a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Mujer, ya que el Hospital Santa Gertrudis no tiene los recursos para una unidad de este tipo. Y sí, la muerte siempre es, también, una posibilidad.

Hasta la primera semana de octubre, de acuerdo con Lone, el último Código Rojo que se había activado en el hospital sucedió en la segunda semana de septiembre. Se trató de una intervención, tras un parto vaginal, que comenzó a las 5:58 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. En este caso, la madre no dejó de sangrar por más de una hora y el equipo consideró la histerectomía. Aunque se evitó el sangrado severo, seguía sangrando por gotas, y por esto fue remitida a la UCI, a San Salvador.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal. Y aquí radicaba la falla, ya que ellos no sabían diagnosticar las complicaciones ni podían determinar la cantidad de sangre que las mujeres perdían.

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Lone señala que la otra muerte ocurrida ese año fue porque la paciente tenía preeclampsia grave y la presión muy alta. Cuando nació su bebé, por cesárea, inició una hemorragia que no pudieron controlar por no hacer una histerectomía. «Como médico general, puedo hacer cesárea, pero no puedo hacer una histerectomía», aclara. Y así arribaron, también, a la necesidad de un trabajo en equipo.

En 2013, ella, como parte de la Sociedad de Anestesiólogos de El Salvador, había recibido un taller sobre el colapso materno, impartido por la Sociedad de Anestesiólogos de Colombia, en el que abordaron cinco patologías básicas en las embarazadas. Uno de los contenidos fue la estrategia iniciada en el país Sudamericano, el Código Rojo. Ella adaptó la estrategia a la realidad que pasaba en el Hospital Nacional Santa Gertrudis y esta comenzó a ser implementada desde junio 2013.

Estaba consciente que necesitaba que hubiese personal que supiera diagnosticar y tratar a tiempo los signos y síntomas de las hemorragias postparto severas, y evitar de esta forma la complicación de las pacientes. Ahora, en el hospital trabajan nueve ginecólogos en el día y dos en el turno de la noche. El equipo ya sabe cómo reaccionar ante estas emergencias que no pudieron enfrentar en 2013.

Revisión. Cada caso atendido con el Código Rojo lleva al equipo a realizar un análisis de su intervención. En la fotografía, el personal practica con una muñeca bautizada como Nohelya.

Desde que la estrategia fue implementada, de acuerdo con cifras del hospital, hasta la fecha, ya no han vuelto a remitir siete casos en un año. 2014 y 2015 fueron los años que le siguieron en remisiones, con 4 casos cada uno. En lo que va de 2019, solo han remitido uno.

Lone muestra en una computadora las fotografías de los talleres que realizó con el personal antes de implementar la estrategia y que todavía sigue realizando dos veces por año, antes de turnos de vacaciones. En estas fotografías, escondidas entre varias carpetas, está Nohelya, la muñeca que les regalaron para las prácticas y con las que el equipo aparece rodeando una camilla, aplicando simulación de oxígeno, sangre, suero y llenando las boletas. También hay una persona que sumerge una sábana blanca en un huacal, para mancharla de colorante rojo, un ejercicio que les ayudó a medir la sangre que puede perder una mujer en una hemorragia, que antes de emergencia el personal no sabía cómo calcular.

La efectividad de la estrategia hizo que le equipo del Hospital Santa Gertrudis ganara en 2017 el Premio a la Mejor Práctica, que era administrado por la Presidencia de la República. El jurado evaluó la organización del equipo y la coordinación para implementar el Código Rojo a partir del modelo colombiano.

Talleres. La efectividad del Código Rojo ha requerido una preparación constante del equipo por medio de talleres. Estos son realizados dos veces por año, antes de turnos de vacaciones.

«Son agujeros que intentan tapar una herida muy profunda sobre la sexualidad de hombres y mujeres», opina Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) sobre la estrategia Código Rojo. Para ella, aunque en El Salvador ha habido reducción de la mortalidad materna, preocupa que no existan mecanismos para evitar la violencia sexual que sufren las mujeres.

Dice que pese a que haya 3 de 10 niñas con embarazos forzosos, dentro del Minsal, estos no son registrados como violencia sexual. Por lo tanto, señala, primero debe reconocerse este contexto en el que las mujeres son vistas como «envases de la sexualidad y la reproducción» frente a los hombres, y estos, además, «invaden» sus cuerpos.

«Es una lucha que siempre se ha traído. Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja», reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

Reina dice que en la zona rural de El Salvador, todavía hay hombres que no dejan que las mujeres asistan a las consultas prenatales cuando están embarazadas y, cuando llegan, lo hacen a un sistema de salud que necesita fortalecerse. Esta combinación representa serias complicaciones. Por lo tanto, dice, tarde o temprano la educación sexual tiene que abordarse para toda la población, porque: «Lo que hoy sucede es que hay niñas teniendo niños».

Con sus años de experiencia, Lone ha identificado que la mayoría de mujeres a las que han atendido por hemorragias postparto severas en el hospital son de la zona rural de San Vicente, quienes, además, tienen a varios hijos en un solo parto. Cuenta que cuando a algunas de ellas les ha preguntado si se va a esterilizar, responden que no, porque su pareja no las deja. Mientras que conoce de otros casos, que si bien no han sido atendidos bajo el Código Rojo, pueden tener complicaciones en el parto, porque las mujeres no asisten a sus controles prenatales. Todavía hay muchos mitos alrededor de la sexualidad, dice.

«En el área rural, aquí tenemos todavía pleno siglo XX: mujeres con 14, 19, 20 hijos. Uno no cree, pero todavía tenemos casos. La gente todavía cree en ‘los hijos que Dios me dé’», señala Lone, y cita los casos de las madres que murieron en la hemorragia postparto en aquel abril de 2013 y dejaron a varios hijos solos. «¿A quién dejamos vivo? ¿Cómo queda ese niño huérfano? ¿Cómo queda el padre con seis o siete hijos?». Para Lone es duro seguirse haciendo estas preguntas.

Maternidad. Esta es la sala de maternidad, donde una mujer ya es considerada fuera de peligro tras un parto. Sin embargo, Claudia Lone no descarta que puedan atender una hemorragia.

Las loras no se alejan, se extinguen

Conservación. La lora nuca amarilla es una de las especies en peligro del extinción a escala nacional e internacional. Se está acabando.Pedro Murcia cuenta las aves que vuelan sobre él. Identifica a los chontes, garzones blancos, a los sopes comunes o los de cabeza roja. Mira cómo una bandada de 100 pericos chocoyos depredan una milpa. Espera, en un amplio campo de aproximadamente cinco manzanas, para alertar sobre el vuelo de una especie que, según Pedro, se observa a eso de las cinco o seis de la tarde por los manglares de la isla Montecristo, en la bocana del río Lempa, departamento de Usulután.

Pedro observa y escucha atento. Aunque varias aves pasan por el lugar, él espera por una en particular. Una de la que, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), solo le quedan unos 500 ejemplares a escala nacional. Y que, de acuerdo con el último listado oficial de especies de vida silvestre amenazadas o en peligro, corre un alto riesgo de desaparecer: la lora nuca amarilla.

Debido a la reducción de su especie, ver a más de dos loras pasar se considera algo inusual. Pero en esta zona de la bocana del río Lempa, escuchar y ver al ave puede ser recurrente ya que las loras se alimentan de las marañoneras del lugar y descansan en los árboles de mangle.

Mientras el sol baja, Pedro dice que no es un experto, pero sí sabe que pronto las aves descenderán para descansar en el manglar.

Desde 1998, según el listado oficial de fauna y especies amenazadas o en peligro de extinción de El Salvador, la lora nuca amarilla está catalogada como un ave en peligro de extinción debido a su comercio ilegal y destrucción de su hábitat.

En el país, la lora nuca amarilla, es una especie codiciada por su tamaño, plumaje y,sobre todo, porque desde polluelo el ave puede aprender a imitar el habla de un humano. Y, aunque la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en su artículo 27, inciso A, indique que «matar, destruir, dañar o comercializar con especies de la vida silvestre en peligro o amenazadas de extinción representa una falta grave que puede ser sancionada con una multa que va desde los 10 a los 100 salarios mínimos», hay quienes se dedican aún a comercializar las especies.

A escala mundial, la lora nuca amarilla también está en peligro de desaparecer, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la lora se encuentra dentro de la lista roja de las especies amenazadas por la UICN; un indicador que muestra el estado crítico de la biodiversidad en el mundo.

Fotografía de Ángel Gómez

«Las loras se comunican con vocalizaciones roncas», alerta Pedro, mientras pide «estar atentos» a su canto, ya que el sonido ensordecedor de los pericos chocoyos puede confundir a quienes esperan por la lora.

En la isla Montecristo, ver a más de una lora volar por el manglar no es casualidad. En el país, el hábitat de la lora nuca amarilla, en los últimos 20 años, estuvo en los bosques secos tropicales. Pero debido a la disminución significativa de los bosques, el ave se ha adaptado -para su sobrevivencia- a ecosistemas como los del manglar, al encontrar mucho más bosque ininterrumpido.

De acuerdo con el MARN y su inventario nacional de bosques, por hoy, El Salvador solo cuenta con un 29.3 % (624,376 hectáreas) de bosques. Y estimó que, entre el año 2000 hasta el 2010, se perdieron unas 138 mil hectáreas de bosque debido a la expansión agrícola, deforestación y crecimiento urbano.

Dentro del ecosistema, la lora nuca amarilla es una ingeniera que reforesta los bosques de manera natural al dispersar la semilla de los frutos que come. De desaparecer, los ecosistemas perderían a una especie que se encarga de regenerar la diversidad en estos bosques.

En el país, la situación de la lora nuca amarilla es crítica. Aún no hay un plan nacional para su conservación, se carece de estudios para la recuperación de la especie y tampoco hay un programa para su monitoreo.

Esto a pesar de que la lora ha estado por más de de diez años en el listado de las especies en peligro de extinción; y se ubica, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como una especie prioritaria para el estudio de las poblaciones actuales que contribuyan al establecimiento de acciones de protección, conservación y restauración de sus hábitats.

De acuerdo con el MARN y su inventario nacional de bosques, por hoy, El Salvador solo cuenta con un 29.3 % (624,376 hectáreas) de bosques. Y estimó que, entre el año 2000 hasta el 2010, se perdieron unas 138 mil hectáreas de bosque debido a la expansión agrícola, deforestación y crecimiento urbano.

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LA ISLA MONTECRISTO es uno de los lugares donde sus habitantes han aprendido a convivir con la lora nuca amarilla, pero no ha sido precisamente por un estudio o por un plan nacional para la recuperación de la especie. La preocupación de la comunidad por perder los recursos naturales los ha llevado a cuidar las diversas especies que habitan en la isla.

Óscar González, miembro del Comité de Medio Ambiente de la isla Montecristo, asegura que hace 10 años, la situación de la isla era crítica. Las tortugas marinas, los punches, y el cangrejo azul desaparecían debido a la extracción desmedida de los recursos del manglar.

Esta situación los llevó a idear un programa que pudiera equilibrar sus necesidades junto a los medios de vida. Así que la comunidad desarrolló un Plan Local de Aprovechamiento Sostenible (PLAS) y lineamientos para la conservación y extracción moderada de punches, cangrejos, tortugas marinas y madera de mangle.

Según Óscar, estas prácticas de conservación han incidido en el respeto de las demás especies que viven en el manglar. Por hoy, es un logro que, sin un plan de conservación ideado para la lora nuca amarilla; solo dos personas, de 160 habitantes de isla, cuenten con dos loras como mascota.

Diversidad. Los pelícanos pardos son algunas de las especies que pueden observarse en la isla Montecristo, bocana del río Lempa, Usulután.

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VERÓNICA ES DUEÑA DE «BARBIE», una lora nuca amarilla que ha aprendido imitarla con un «¡urra muñequita, urra lorita preciosa!» en la isla Montecristo.

Cuando Verónica explica de los motivos que la llevan a mantener a Barbie como su mascota, le ganan más sus emociones que buenas razones. «Ella es mi muñeca preciosa», repite Verónica.

Y, aunque Verónica está consciente de que la lora nuca amarilla corre el riesgo de desaparecer por completo, asegura que para Barbie, regresar a su hábitat, implicaría un riesgo al haber permanecido domesticada por más de tres años.

Para José Argueta, técnico ambiental de la Asociación Mangle, una organización que trabaja desde hace 10 años en la isla Montecristo y que se enfoca en la conservación del manglar y sus especies, es necesario que dentro PLAS, se incluya a la lora nuca amarilla para tener un control más estricto de la protección de su especie.

«Según el acuerdo 259 del MARN y los lineamientos bases del PLAS. Para incluir otra especie, es necesario hacer estudios de cómo se mueven las especies dentro del ecosistema, se deben realizar un análisis reproductivo, conocer la importancia de la lora y su hábitat; y saber cuál es el alimento que el ave consume dentro del manglar», dice Argueta.

Sin embargo, el escenario para la lora nuca amarilla sigue siendo el mismo, sin conocer a la especie, sin un estudio, sin un monitoreo, no puede hacerse mucho.

En el caso de la lora nuca amarilla, un estudio de recuperación de la especie, implicaría conocer cuántas aves hay, cuántos son los nidos activos de manera natural y cuáles son los lugares que ocupa la lora para su reproducción.

Y el monitoreo de la especie, consistiría en un seguimiento de semanas, meses o años, de cómo se comporta la población, cuánto es su tamaño poblacional, y cuáles son los árboles donde las loras se alimentan.

Vivero. La isla Montecristo cuenta con un vivero de tortugas marinas para la conservación de la especie.

Para Alex Hasbún, asesor técnico del despacho del MARN, el panorama para la recuperación integral de la fauna y sus ecosistemas, es como «un barco que se hunde», debido a que los procesos sociales no son sostenible con los medios de vida.

«Cuando hablamos de recuperación de ecosistemas, hablamos de una ‘recuperación holística’. No podemos recuperar solo una especie, se necesita recuperar el todo. El ecosistema necesita de todo el sistema balanceado de fauna y flora para poder producir y ser efectivo. Tampoco se trata de repoblar o hacer decomisos. Se debe estudiar a las especies. Necesitamos hacer un diagnóstico y actualizar poblaciones fauna y flora», explica Hasbún.

Según Hasbún, al trabajar desde una visión holística, se puede pensar en planes que contemplen la reproducción genética de las especies en peligro, un monitoreo y control de las especies, y ofrecer alternativas económicas para evitar la comercialización ilegal y reforzar la educación ambiental.

Sin embargo, uno de los retos que tiene la institución para este 2020 es la reducción del presupuesto con el que funcionará . Solo para la restauración y conservación de ecosistemas críticos y paisajes, el MARN contará con $1,746,385, tan solo $300,000 más que el año anterior.

Por el momento, el MARN no cuenta con un plan concreto para la conservación de la lora nuca amarilla.

Protección. La isla Montecristo cuenta con proyectos de convervación de las especies como el cangrejo azul, punche y tortuga marina.

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MIENTRAS CAE LA TARDE, Pedro ha contado ya más de cuatro loras nuca amarilla, tal como lo predijo, las loras vuelan bajo y se comunican a través de ruidos roncos.

Aunque la isla no se acostumbra al saqueo de nidos de lora nuca amarilla. Hay otras partes como en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, donde los comerciantes ilegales irrumpen los nidos de la lora.

Dentro del CITES, un pacto internacional entre Estados, para la protección, conservación y comercialización de ciertas especies -que no amenacen su supervivencia-, la lora nuca amarilla se ubica en el apéndice I de la Convención, es decir, no puede ser comercializada bajo ningún fin.

En el apéndice II y III del CITES, las especies pueden ser comercializadas bajo un control estricto de permisos de exportación e importación; y un número limitado de especies que no representen un desbalance en la flora y fauna silvestre.

Alimento. Un habitante de la isla Montecristo muestra las semillas de marañón que han sido devoradas por la lora nuca amarilla.

Es difícil, sin embargo, tener un control estricto de las especies que entran y salen del territorio desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como la dependencia encargada de dar cumplimiento a las funciones y sanciones del CITES.

«Aunque el CITES hable de Comercio Internacional, no todas las especies silvestres son declaradas en los puntos de control; y es acá cuando se da el tráfico ilícito. Por tanto, al estar dentro del territorio, se involucran otras autoridades como la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el MARN para el control», detalla Andrea María Chinchilla, jefa de la unidad del CITES.

El MAG tampoco tiene control de los saqueos de las especies en la vida silvestre.

En El Salvador, según el MARN, aproximadamente, 254 especies se encuentran en peligro de extinción y otras 200 más están amenazadas.

“Aunque el CITES hable de Comercio Internacional, no todas las especies silvestres son declaradas en los puntos de control y es acá cuando se da el tráfico ilícito. Por tanto, al estar dentro del territorio, se involucran otras autoridades como la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el MARN para el control”, detalla Andrea María Chinchilla, jefa de la unidad del CITES.

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EL PERICÓN VERDE es un ave muy parecida a lora nuca amarilla. Su plumaje, altura de 35 centímetros y vistosidad hacen que muchos estén atraídos por comprar a la especie y mantenerla en cautiverio.

Según el Manual de identificación de especies de fauna y flora incluidas en los apéndices CITES, el pericón verde es un ave que se encuentra amenazada. Pero puede ser comercializada bajo un control estricto al ubicarse en el apéndice II de la Convención.

En una tarde de finales de octubre, Ricardo Ibarra, biólogo de la Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL), se dedica a estudiar al pericón verde dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).

Ricardo observa las aves, apunta los rumbos de llegada, analiza su pose y las escucha. «Hay que cuidar los bosques, pero es importante apostarle a las ciudades sostenibles y generar condiciones para la fauna», dice Ibarra.

Cuido. La preocupación de la comunidad por perder los recursos naturales los ha llevado a cuidar las diversas especies que habitan en la isla.

Desde hace dos años, a falta de un estudio que analizara la cantidad, comportamiento, los rumbos, consumo de alimentos y dormideros del pericón verde, FUNZEL implementó un programa de tres años para monitorear a la especie.

Debido a la degradación de los bosques, la especie ha buscado jardines arbolados extensos que puedan suplir a un gran bosque. Por esta razón, al biólogo le parece necesario reforestar áreas con árboles frutales nativos para que la especie pueda sobrevivir en la ciudad.

A diferencia de la lora nuca amarilla, el pericón verde es fácil de observar, en esta tarde, se estima que, alrededor de unos 6,000 pericones, descienden a los árboles de eucalipto, laurel de la India y maquilishuat para descansar.

Uno de los mayores riesgos que enfrenta la especie, es la destrucción de su hábitat en la ciudad. De talar muchos más árboles, el pericón verde tendría que movilizarse a zonas mucho más lejanas para conseguir su alimento, lo que implicaría un desgaste para las aves.

Cosecha. Un agricultor de la isla Montecristo explica que la lora nuca amarilla se alimenta de la cosecha de marañón.

Ver volar a esta ave en libertad, aún es un privilegio. Sin embargo, la población de pericón verde puede reducirse debido al saqueo de sus nidos y demanda de la especie a nivel local.

Por el momento, no hay una propuesta de un programa de conservación que se enfoque en el pericón verde. «Aún hace falta generar más información sobre la especie, para hablar de un programa, se necesita investigar sobre las rutas por donde se desplaza la especie», concluye Ibarra.

La isla Montecristo empieza esconderse entre la noche que cae. Luego de dos horas, Pedro pudo contar a unas 14 loras nuca amarilla. Con poca luz, él está convencido en que es hora de retirarse, las aves ya se ocultan entre los árboles de mangle.

Consciente en que ver volar a la lora nuca amarilla es un privilegio que pocos pueden tener, y que la isla Montecristo se ha vuelto un lugar preciado para observar a la especie, Pedro propone volver.

«Si Dios lo permitiera, por allá en el verano, en enero y febrero, pueden darse una pasadita por acá. Así ustedes podrán regresar y comprobar cómo es la vida de la lora por acá», asegura Pedro.

Marañoneras. La lora nuca amarilla es vista por los habitantes entre las marañoneras de la isla.

Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

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UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

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ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

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LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

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ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

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UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.

Los niños que no tienen qué comer

Fotografía de Ángel Gómez

Selena amamanta a su hijo Josué, un bebé de nueve meses que se afianza al pecho de su madre. Selena cuenta que desde que su hijo nació, en diciembre de 2018, al niño le ha costado ganar peso y ha crecido poco.

Josué es un bebé pequeño, sus manitas, sus piernas y su cuerpo aparentan las de un niño de tres meses. Y su peso y tamaño, están de la edad de dos meses, ya que apenas alcanza las 8.81 libras cuando debería llegar a las 19. Selena dice que el diagnóstico de su hijo, desde hace cuatro meses, es desnutrición severa.

La desnutrición crónica o severa, es una condición que se genera debido a la escasez de vitaminas y nutrientes en el cuerpo, como el hierro, yodo, vitamina A, ácido fólico y proteínas. Esta condición genera en los niños la falta de crecimiento según su edad, afecta su capacidad intelectual y puede propiciar el desarrollo de otros padecimientos.

La Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud (MINSAL), registró en 2018, a través del Sistema Morbimortalidad y Estadísticas Vitales- SIMMOW, 10,959 casos por desnutrición crónica e identificó que son los niños y niñas menores de cinco años la población más vulnerable. De los diez mil casos reportados, 8,962 corresponden a menores de cinco años.

Y sobre los casos correspondientes a este año, el MINSAL ha consolidado de enero a agosto de 2019, 5,880 reportes de niños con desnutrición crónica.

Selena asegura que con la llegada de Josué, ahora son 12 miembros en la familia. Por el momento, es su padre quien ayuda con los ingresos mensuales al trabajar como asistente de albañilería en San Salvador. Su salario de $200 mensuales cubre apenas los gastos para la alimentación.

Un sueldo que según Selena alcanza para los huevos, aceite, frijoles, arroz, azúcar, y café. Lo demás, su familia lo consigue de la cosecha de maíz y de la crianza de una o dos gallinas que puede dar para más huevos o «una sopita».

Según el el MINSAL, el problema de la desnutrición crónica prevalece en las familias con escasos recursos económicos y pocas condiciones para su desarrollo, como el acceso a agua potable, letrinización, higiene en los alimentos, vivienda, entre otros factores.

«La comida la compramos por poco, por poquito, porque no hay chance de comprar en grandes cantidad. No nos faltan los frijoles con arroz, y un par de huevitos», dice Selena.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que para el desarrollo humano y la seguridad nutricional, es necesario el acceso físico, social y económico a los alimentos que satisfacen las necesidades diarias de la población.

En el caso de Selena, una madre soltera, sin empleo y dedicada al hogar, su alimentación y la de Josué depende de la ayuda económica que le den sus padres. Y al ser parte de un grupo familiar grande, la comida se raciona entre 10 personas.

“La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones”, Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL.

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La casa de Selena se encuentra en la zona rural del cantón El Jícaro, al sur del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Para llegar hasta su comunidad, hay que atravesar una zona montañosa, andar por unas calles que aún no están pavimentadas y cruzar un río que en la época lluviosa crece e impide el paso.

Su hogar, es una pequeña casa de adobe, con tres cuartos y tres camas donde duermen más de dos personas apretujadas; con una cocina que está rodeada por pequeños cultivos maíz y chipilín.

La última encuesta nacional de salud, que identifica la situación nutricional de la niñez, por medio del Censo de Tallas en escolares de primer grado, indicó que en 2016, los departamentos más afectados por la desnutrición crónica fueron: Ahuachapán, Morazán, Sonsonate, Cuscatlán y la Paz.

Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL, explica que desde el sistema de salud, el tratamiento por desnutrición crónica depende de la gravedad de los casos y de dónde la madre ha solicitado la atención.

Si el caso es identificado por un promotor de salud, el niño deberá ser referido a la Unidad de Salud o Eco Familiar de la comunidad, donde se determinará por medio de dos especialistas, un pediatra y un nutricionista, el grado de desnutrición del menor. De no padecer otra enfermedad, el niño quedará en control ambulatorio en la Unidad o Eco Familiar.

Pero si los niños enfrentan otras complicaciones de salud debido a la desnutrición, los pequeños serán referidos a los hospitales nacionales para un tratamiento de recuperación que puede variar de tres a seis meses.

«La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones», explica Guerra.

Debido a su condición, Josué no ha crecido lo suficiente y, a su edad, ya ha sufrido complicaciones por la desnutrición, hace unos meses tuvo neumonía por sus bajas defensas.

«Al niño le gusta mucho el pecho», dice Selena. Y, mientras sostiene a su hijo, muestra la cartilla de control que le han dado en el Eco Familiar de la comunidad.

En el gráfico de crecimiento de su cartilla de control, Josué está en la curva DS (desnutrición severa). Desde hace cuatro meses, Josué se mantiene en el mismo punto, no desciende y tampoco sube de los 4 kilogramos.

Esta tendencia, según su cartilla de control, apunta a que su tratamiento no es el adecuado.

Selena asegura que en el Eco Familiar, a Josué lo han tratado con hierro. Mientras que a ella le han indicado que debe de «alimentar bien» a su bebé.

Fotografía de Ángel Gómez

«Para el desayuno me dijeron que le esté dando un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya y lo acompañe con guineo y de refrigerio de las diez, un puré de zanahoria y para el almuerzo pollo, luego plátano para las tres de la tarde y en la cena frijoles licuados y pipianes con crema», cuenta Selena.

David Sandoval, promotor de salud de los cantones El Jícaro y El Carrizal de Tacuba, asegura que el caso de Josué es uno de los más delicados de la comunidad. También dice que el problema de la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona. Luego de 16 años de trabajar y vivir en lugar, asegura que anualmente identifica, al menos, a 12 niños con este problema.

«Aquí a la gente solo se le dice cómo puede hacer para alimentar a su hijo. Se le dan recomendaciones; pero aquí, la realidad es que la gente sobrevive a la gracia de Dios», expresa Sandoval.

De acuerdo, con Michelle Tobar, doctora del Eco Familiar del cantón El Jícaro, uno de los problema en este sector de Tacuba, es de que las familias se enfrentan a una pobreza extrema y las madres tienen a su cuidado hasta a diez hijos, lo que hace aún más difícil la ración de alimentos para los niños.

«Acá, las madres, a veces, se presentan al Eco Familiar con su doceavo embarazo y una ‘cola’ de niños desnutridos. La mayoría de niños menores de tres años acá van con tendencia de desnutrición. Erradicar esta condición en este cantón es muy difícil por los recursos económicos, acá la gente se alimenta de lo que hay», dice Tobar.

Debido a la desnutrición severa de Josué, el niño ha sido referido al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom para su control.

Selena, explica que, por el momento, los doctores del Hospital Bloom atienden a Josué por su padecimiento de hidrocefalia. Aún el niño no ha sido atendido para controlar su problema de nutrición.

Para conocer sobre la atención médica que brinda el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a los niños con problemas de desnutrición severa, se solicitó una entrevista a través de la unidad de comunicaciones con el director del hospital, pero hasta el cierre de este reportaje, no se concretó una entrevista.

Al caso de Josué también se suma el de Rubén y Henry, dos niños que sufren de desnutrición severa, y que a diferencia de Josué han sido internados por una organización no gubernamental para tratar su problema.

Atención. El promotor de salud del cantón El Jícaro, en el municipio de Tacuba, asegura que la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona.

Rubén es un niño de un año y cinco meses que pertenece al cantón de Cara Sucia, municipio San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán. En una mañana de inicios de octubre, Rubén recibe su fisioterapia para recuperar la movilidad y superar su retraso motor.

Su fisioterapista lo pone en su andadera para que pueda dar pasos y saltar. Luego viene la terapia del habla. Debido a su condición de desnutrición severa, Rubén no ha podido decir sus primeras palabras. Su doctor asegura que es parte de las secuelas por su problema de nutrición.

Rubén está internado en una organización que ayuda a los niños y niñas con problemas de desnutrición severa en San Salvador. Desde hace cuatro meses, el 27 de mayo de 2019, el pequeño fue ingresado para su recuperación y reside en la fundación.

Su madre una joven de 22 años, ha llegado un sábado para ver a Rubén, aunque los días de visita son los jueves, Ana María ha decidido llegar ese día para poder celebrar junto a su hijo el día del niño. Su presupuesto solo le alcanza para viajar un día a la semana a San Salvador.

Ana María cuenta que al año de nacido, Rubén no subía de peso y tampoco crecía. El niño a los doce meses vomitaba todo lo comía. Y fue, por una complicación en los bronquios que la joven se enteró que su hijo enfrentaba problemas de desnutrición.

Recursos. La desnutricióncrónica prevalece en las familias con pocas condiciones económicas.

Rubén fue diagnosticado, a principios del 2019, con desnutrición severa y fue referido inmediatamente por la Unidad de Salud de Cara Sucia a la Fundación Vínculo de Amor.

La madre de Rubén cuenta que el proceso ha sido difícil ya que lleva separada de su hijo cuatro meses. Sin embargo, considera que es la opción más oportuna debido a que ella y a su esposo, no tienen los recursos para su dieta de recuperación.

El programa de nutrición para los niños y las niñas consiste en leche de fórmula, carnes rojas, pollo, pescado, papillas de frutas y verduras que contengan yodo y hierro.

Xiomara Ocho, doctora de la Fundación Vínculo de Amor, detalla que en 2019, la organización ha atendido 34 niños por desnutrición severa. Asegura que la mayoría de casos vienen referidos de hospitales nacionales y unidades de salud, luego que, los promotores, doctores y enfermeras «han identificado que el niño se ha estancado en el peso y no ha presentado mejoría en su recuperación».

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

De acuerdo con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Estado trabajará con los gobiernos locales, instituciones públicas y comunidades para mejorar «progresivamente» la disponibilidad de alimentos a la población y se trabajará en la atención integral para la nutrición de los salvadoreños.

Sin embargo, al consultar al CONASAN sobre los avances de la política e implementación de programas para la atención integral en la nutrición, no se obtuvo ninguna respuesta. Se intentó agendar una entrevista con la directora ejecutiva, Daysi de Márquez, pero hasta el cierre del reportaje no se consignó un espacio en su agenda.

El papá de Henry también ha llegado a la celebración del día del niño en San Salvador. Henry es un bebé de nueves meses que pesa las 12.63 libras y aparenta la edad de un niño de seis meses.

A su edad, Henry debería de pasar las 19 libras. Por esta razón, desde septiembre, él ha ingresado al programa de nutrición de la fundación. Debido a su poco peso, los músculos Henry son débiles y no puede gatear.

Alexander, su padre dice que ha madrugado para poder llegar a las 9:00 de la mañana hasta esta parte del centro de San Salvador. Salir desde el cantón San José Primero, en San Martín, le lleva alrededor de unas tres horas.

Nutrición. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.

Cuando Alexander habla sobre las causas de la desnutrición de Henry, explica que a pesar de sus esfuerzos tiene problemas para conseguir un empleo. Su ingreso mensual es de $40. Un sueldo que debe alcanzar para su esposa, su otro hijo de siete años y su bebé de nueve meses.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), asegura que en la lucha contra la desnutrición infantil, los gobiernos deben reforzar el trabajo de prevención, realizar intervenciones durante los 1.000 días del embarazo y atender a los niños de manera integral en los primeros dos años de vida.

En el caso de Rubén y Henry, se estima que su recuperación se dé en unos cuatro meses o más. En ese tiempo, la fundación instruye a la familia para que se adecue el hogar de acuerdo a sus recursos y puedan recibir a los pequeños en un mejor ambiente.

La realidad de Josué es otra. Selena es madre es soltera y en su hogar, las mujeres se dedican a atender los hijos. Así que a falta de un programa de nutrición que atienda su hijo, una organización local de Tacuba, ayuda a Selena con la compra de un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya para recuperar a Josué.

Sin ello, Selena depende de los ingresos de su padre y de la cosecha para alimentar a su hijo.

Recuperación. Seis niños se recuperan de la desnutrición severa. Una organización no gubernamental ayuda a su tratamiento nutricional.

El encarcelamiento no hace que nuestras comunidades sean más seguras

Eddie Bocanegra, Experto en prevención de violencia.

Eddie Bocanegra trabaja en la prevención de violencia y en cómo abordar los traumas que esta genera. Su historia lo ha llevado a enfocarse en las comunidades que más sufren la violencia en Chicago, la ciudad estadounidense más poblada del estado de Illinois. Desde 2017 es el director senior del programa READI Chicago, de la organización Heartland Alliance, donde le apuesta a construir una sociedad segura y con oportunidades.

Es hijo de padres migrantes, originarios de Nuevo León, en México, que se instalaron en La Villita, una comunidad de Chicago. Eddie creció en medio de vecinos, quienes en su mayoría también eran migrantes mexicanos y que, como sus padres, trabajaban en varios oficios para sobrevivir. En su comunidad conoció a las pandillas. Se les unió a los 14 años, justo un año después de haber visto el asesinato de un joven. Dice que consideraba que las pandillas tenían un «orgullo y autoestima grande», y pensó que en ellas podía encontrar voz y respaldo.

En 1994, a sus 18 años, fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio, pero, para entonces, la ley establecía que podía cumplir solo la mitad de su condena. Pasó detenido 14 años y tres meses. En prisión, Eddie estudió bachillerato y también recibió diversas clases, como cocina y arte. Al salir, aceptó el trabajo de «interruptor» de violencia en poblaciones adultas de Chicago, como parte del programa CeaseFire. Su experiencia, junto a la de otros dos como él, fue retratada en el documental The Interruptors. Además, estudió una licenciatura en economía en la Universidad Estatal de Luisiana, una licenciatura en trabajo social en la Universidad del Noroeste de Illinois y cursó la maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago.

“Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente”.

Eddie ha liderado varios programas de prevención de violencia, de lucha contra la desigualdad social y a favor de la reinserción de las personas que estuvieron en la cárcel. Actualmente es miembro del comité del Consejo de Liderazgo de Justicia Juvenil y de la junta de la Iniciativa de Justicia Juvenil, ambos de Illinois, y es administrador del Consejo de Justicia Criminal.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, conoció El Salvador. Visitó el penal de Apanteos, en Santa Ana, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. También se reunió con diferentes representantes del sistema penitenciario, con 12 empresarios del consejo empresarial de la agencia internacional Catholic Relief Services, con estudiantes de psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y con el grupo Constructores de Paz, de la micro región El Bálsamo, para conocer sobre la reinserción social y rehabilitación que, acá, mínimamente se realiza.

Su percepción del sistema penitenciario salvadoreño -el segundo con más presos en el mundo- es que carece de recursos para rehabilitar. A esto le suma que no existe comunicación entre los sectores sociales que pueden potenciar la reinserción, y que hay gente que, en las cárceles, quiere sanar, pero no sabe cómo hacerlo.

Más que un lugar donde se restringen los derechos civiles de una persona, ¿qué debería significar una cárcel?

Ha habido bastantes estudios que dicen que encerrar a la gente no va a causar que tu comunidad sea más segura. También sabemos que no hay ningún beneficio para la sociedad encerrar a la gente y solamente encerrarla, porque la persona va a salir de un punto por otro. Me imagino que estás en tus 20. El día de mañana, si Dios quiere y si tú quieres, vas a tener un hijo. ¿Te imaginas si ahorita una persona cae presa y el juez dice: «Te vamos a sentenciar a 30 años, 25 años», y mañana tienes un hijo? Esa persona va a salir en 25 años. Tu hijo va a tener 25 años. Tú ya vas a tener como 50. La persona que va a pasar por más, que va a tener que lidiar con las consecuencias, va a ser tu hijo.

Estados Unidos ahorita es el país que más encarcela personas en todo el mundo. Yo creo, si no estoy equivocado, que el segundo país es El Salvador. Hemos hecho un gran error, porque las políticas, las leyes que se construyeron en los 60’s, en los 70’s, en los 80’s, fueron, muchas veces, a base del racismo. Es por eso que en las cárceles de los Estados Unidos se ve a mucha gente de raza negra y de raza latina, pero en estos últimos ocho, nueve años, 10 años, el Gobierno americano ha reconocido que no podemos ya encerrar a más gente, que no es un buen retorno de inversión ni nada bueno sale de eso, porque el 95 % de la gente va a salir para atrás. 95 % de la gente en el estado de Illinois sale. Los datos los tengo porque siempre estoy diciendo eso.

Fotografía de Ángel Gómez

¿A qué me refiero? Si no hay ningún recurso y si solamente las personas están sentenciadas en la cárcel con 10, 20, 30 años como castigo, no van a salir bien. Van a salir más traumadas de lo que entraron. Diría que si el Gobierno está corriendo las penitenciarías, las cárceles, como si fueran un negocio, el Gobierno está invirtiendo de una manera que no le va a dar nada. Es un negocio que va a caer en bancarrota, tarde o temprano. La gente que está en las cárceles no es gente que viene de comunidades como Santa Elena (Antiguo Cuscatlán), viene de comunidades como la IVU.

En mayo del año pasado, según la cadena de noticias BBC, en Estados Unidos, había 2.16 millones de personas presas en cárceles federales y locales. Por cada 100,000 habitantes hubo 655 encarcelados. Mientras que El Salvador, a inicios del año pasado, era el segundo país con más reos, con un total de 39,274. Es decir, que por cada 100,000 habitantes tuvo a 614 detenidos, de acuerdo con un informe de World Prison Brief que citó la cadena de noticias.

Cuando salió de prisión, ¿qué fue lo que le motivó a usted para trabajar con comunidades vulnerables a la violencia y también apostarle a la reinserción social?

Antes de que saliera de la penitenciaría, estuve tomando clases. Traté de hacer todo lo posible con los recursos que se me estaban ofreciendo, y el último año, antes que saliera, como en 2007, a principios de 2008, comencé a escribir planes de negocios. Dije «voy a vender, voy a poner un puesto pequeño, afuera, en la calle y voy a vender hot dogs. Y los voy a vender enfrente de la cárcel» (que estaba por mi casa, por donde yo crecí, que es una comunidad que se llama La Villita, porque en el lugar, en Chicago, hay casi 80 % de mexicanos). En esa comunidad está una de las cárceles más grandes en Estados Unidos, que se llama Cook County Jail. A la misma vez dije «yo quiero ver la manera de cómo ayudar a otra gente, especialmente a otros jóvenes». Y afortunadamente, uno de mis primos en ese tiempo, y todavía sigue, era un oficial de seguimiento de libertad condicional juvenil. Cuando le dije «primo, quiero hacer esto». Me dice «ok, ¿sabes qué? Hay un programa donde yo mando mucho a mis jóvenes, a lo mejor tú puedes ser un mentor». Yo dije «ah, está bien». Comencé ahí de voluntario como por tres meses, hasta que finalmente una persona de CeaseFire, un programa contra la violencia, pero enfocado más a los adultos, no en los jóvenes, dijo: «Hey, Eddie, tengo un trabajo para ti». Yo le dije «está bien». La semana que sigue, otra vez, me veo con los jóvenes, me dice «hey, tengo un trabajo para ti». Le dije «yo no quiero hacer lo que están haciendo ustedes. Yo estoy bien», porque me estaba alistando también en la escuela. Y al tercer mes, como al mes después, me dice «¿por qué no quieres hacer eso? Te estoy dando un trabajo, te voy a pagar por lo que estás haciendo ahorita. La misma cosa te voy a pagar». Ya para entonces dije «sería bueno que llegara el trabajo para ayudarle a mi primo» (con el que me estaba quedando, en su casa). Tomé el trabajo y trabajé ahí por tres años y medio, como interruptor de violencia.

Es más, hay un documental que se llama The Interruptors, que ganó muchos premios, muchos reconocimientos internacionales, y ese documental me dio la plataforma de seguir esa carrera. Aparte de eso, saqué mi maestría en la Universidad de Chicago, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos, y eso también me dio otra plataforma de no hacer una historia solamente, sino que tener esas credenciales para decir que una persona como yo puede superarse.

¿Cuál es la importancia de que en uno de los países más violentos como El Salvador exista cohesión entre las instituciones del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil para asumir la prevención de la violencia?

Si nomás una institución, si solamente el Gobierno se encarga de eso, no vamos a ir muy lejos. Por otra parte, si solamente dejamos que las empresas se encarguen de eso, tampoco ellas pueden. Si el Gobierno y los residentes, los ciudadanos de El Salvador, quieren un país que sea menos violento, se va a requerir que todas esas instituciones comiencen a hablarse una a la otra, cada cosa que estén haciendo. Si van a hablar sobre las escuelas, tienen que haber elementos de la violencia ahí, cómo compartir esto. Si están trabajando sobre pólizas u hospitales, por ejemplo, también tienen que haber elementos con enfoque sobre la violencia.

Lo que yo he visto esta última semana es la necesidad de cómo arreglar el sistema penal. Lo que he visto o he escuchado, porque no exactamente lo he visto de la gente, pero lo que he escuchado, es que la gente aquí en El Salvador no quiere ver a esa gente que está en las pandillas como parte de la sociedad.

Hay un discurso de odio, incluso de funcionarios públicos.

Sí, pero también lo que he visto es cómo cada grupo con el que hemos hablado está como en su propia isla, como que no se están comunicando entre ellos mismos. Algunos tienen buenas ideas, pero no se están hablando. El Gobierno está hablando con las ONG, el Gobierno está hablando con las empresas; las empresas no están hablando con las universidades y el Gobierno no está hablando tampoco con los directores de los penales, especialmente con los de los juveniles. Para mí esa es una oportunidad que se está perdiendo, si no puede haber un enfoque de cómo coordinar esas conversaciones y cómo podemos hablar para comenzar, no solamente el diálogo, pero pasos que se pueden hacer para cambiar algunos sistemas.

¿Usted ha conocido sobre el programa Yo Cambio? ¿Cuál es su valoración general de este programa?

Lo he escuchado y parece que es uno de los mejores programas, pero también parece que el Gobierno lo acaba de parar. Conocí a muchos muchachos de ese programa, que están adentro y los que han estado afuera también, después de salir. Sin leer los datos, solo puedo dar mi opinión de lo que he visto, parece que la estrategia y la manera en la que ese programa está implementado hace mucho sentido. Las personas que conocí, que han estado encarceladas, pero ya salieron, que ya son libres y que fueron parte de este programa, son personas a las que también se les ve que quieren encontrar la manera de cómo ayudar. Para mí, tuvo un impacto en esas personas. Yo diría que ese programa, por lo que he visto, sin leer los datos, parece un programa que debería ser más replicado o apoyado.

El modelo del programa Yo Cambio fue institucionalizado en las cárceles salvadoreñas en 2014, luego de cuatro años de prueba en el penal de Apanteos. El programa, sobre el cual el actual Gobierno dijo que haría una reingeniería y aún no se pronuncia al respecto, contemplaba, en la administración pasada del FMLN, diferentes talleres para los internos, incluso la creación de bandas musicales en los penales. Sin embargo, entre sus deficiencias estaba que no contaba con una línea presupuestaria, sino que funcionaba con fondos extraídos de una contribución especial, y que no incluyó a la población pandillera reclusa. Pese a que era el único programa estatal, dentro de las cárceles las iglesias también han trabajado en el proceso de rehabilitación.

Fotografía de Ángel Gómez

¿Cómo deberían diseñarse para nuestros países los programas eficientes de reinserción bajo un enfoque de derechos humanos?

La verdad es que me da mucha vergüenza y me da mucha pena cuando menciono que estuve en el penal, cuando menciono que tomé la vida de una persona, pero la razón por la que lo hago es porque necesito que el Gobierno y que la sociedad vean que las personas que están en los penales pueden cambiar cuando tienen los recursos apropiados. No importa qué clase de monstruo la gente piense que esa persona es. Cuando tiene el apoyo, cuando tiene los recursos y cuando hay esperanza que el día que salga puede haber algo, esta persona puede cambiar. Pero lo que yo he visto también, aquí, en El Salvador es que eso casi no existe, y yo hablaría sobre mi programa. Con el READI Chicago estoy en cuatro comunidades en la ciudad de Chicago, cuatro de las más violentas en la ciudad. Para darte los contextos, Chicago tiene 77 comunidades, pero, aunque tengo este programa, cada comunidad es un poco diferente. Diría que este país es diferente a Estados Unidos, las comunidades son muy diferentes una a otra, y las pandillas también son muy diferentes la una de la otra, aunque hay cosas en común.

Una recomendación que yo daría es cómo se puede hacer un estudio, por ejemplo, sobre las razones por las que los jóvenes se meten a las pandillas y las razones del por qué la persona que las deja, ya después de hacer su tiempo en la penitenciaría, regresa, porque parece que esos número están muy altos. Yo me preguntaría ¿por qué no hacer unos estudios para mejor entender el por qué? Las políticas van a comenzar a ser unas recomendaciones bajo estudios, qué clase de leyes deberían de cambiar, por ejemplo, o qué clase de programas podrían existir para prevenir que una persona regrese al penal o tal vez que una persona comience a ir al penal, pero sobre esas cosas la gente de El Salvador es la que tiene la respuesta. Lo que también puedo decir es que hay muchos programas como READI Chicago, donde hay elementos estudiados y trabajados, que a lo mejor puedan incorporar, pero todo eso depende de los estudios que se hagan para ver cuáles son los retos y cuáles son las razones que están causando que la gente se venga para atrás, para la prisión, o que la sociedad o las comunidades, al final, no la acepten.

Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente. Y lo que yo noté en mis visitas en las cárceles juveniles y adultas, y ojalá que apuntes esto, es todo el potencial que existe en el penal y con el que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo exactamente lo que es nada, solamente los ponemos a barrer, a limpiar y eso es todo en algunos programas que vi, pero también fui a un penal bajo (de población) y mejor, ya me imagino cómo están los demás.

En 2015, la Community Renewal Society, donde usted trabajó, propuso un proyecto para eliminar las barreras que existían para que la personas con antecedentes penales optaran por un empleo en las escuelas de Chicago. Cuando una persona ha estado en prisión y sale, la sociedad todavía carga contra ella un estigma. ¿Cómo comenzar a sensibilizar a la población con este tema? ¿Y cómo el Estado debe abrir espacios para incorporarles a la vida laboral?

Lo que sabemos es que es un hecho que el encarcelamiento de personas no hace que nuestras comunidades sean más seguras o mejores. La investigación nos dice esto. También sabemos que excluir a grupos marginados no nos ayuda a construir una comunidad próspera. Las personas deben rendir cuentas, pero debe haber un punto en el que alguien ha pagado el precio de su error. Nadie en nuestra sociedad es perfecto y las personas que causaron daño deberían tener la oportunidad de encontrar formas de recuperarse y retribuir a las personas que les han quitado. Una manera de hacer esto es por medio de relaciones que no nos permitan ver las cosas simplemente en blanco y negro, sino ver el gris en medio. Las leyes tienen que cambiar y la comunidad necesita comprender cuáles son los hechos.

Históricamente El Salvador le ha apostado a la represión y no a la prevención del delito. De seguir así, ¿qué consecuencias a largo plazo usted prevé en un Estado punitivo, y con presencia de pandillas, como este?

Entiendo en el mundo de las políticas que, normalmente e históricamente, se ha visto que si la persona dice «vamos a tener leyes más fuertes, vamos a encarcelar a más gente, vamos a hacer esto, porque así es como vamos a remover a todos los delincuentes», la mayoría de las personas dicen «no, si esa persona va a ser buen presidente o esta persona va a ser buen alcalde». Pero el tiempo ha cambiado, por eso digo que, un buen ejemplo es cómo Estados Unidos está cambiando las leyes que se hicieron hace 20, 30, 40 años, porque ya está viendo que eso no está funcionado. La sociedad tiene que entender que esa no es la mejor manera y los políticos tienen que ser más valientes de reconocer qué es lo que nos están diciendo los estudios y tener una posición al respecto, enfocada en los estudios que se han hecho. Pero también se necesita a la sociedad, a las asociaciones, escuelas y todo eso, que empujen para adelante para que se cambien esas leyes.

Fotografía de Ángel Gómez

En 2016, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas a las que llamó «extraordinarias», que según los diputados y el Gobierno de turno reducirían la inseguridad. Sin embargo, en el marco de estas medidas aumentaron las detenciones masivas en zonas donde los jóvenes y la población en general son vulnerables a la violencia. Estas detenciones saturaron más las cárceles. ¿Cómo podemos hablar de resiliencia en medio de todos estos planes represivos?

Tarde o temprano, la población carcelaria estará explotando y fuera de control, y en los próximos años veremos la consecuencia colateral de esas decisiones. Estados Unidos es el mayor ejemplo. A principios de la década del 2000, se crearon leyes que hacen que las familias estén separadas y generaciones de niños pierdan la confianza en la aplicación de la ley. Creo que debemos entender por qué sucedió esto y por qué Estados Unidos ahora está cambiando sus políticas.

Tras la aprobación de las medidas extraordinarias, comenzaron las detenciones masivas en las comunidades. Esto saturó a los juzgados especializados, unos juzgados que nacieron en 2007 para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado. Su característica principal es que en un solo caso pueden procesar a más de 100 personas, y esto, no va acorde a los plazos que el Código Procesal Penal regula para delitos que se procesan en un juzgado común. Los jueces especializados solicitaron a los diputados, en junio pasado, que ampliaran los plazos para resolver, pero su petición no fue solventada. Mientras que solo entre junio y julio, en el primer mes que el actual Gobierno implementó el Plan de Control Territorial, hubo 2,031 capturas, según reportó la Policía Nacional Civil.

Usted se ha reunido esta semana con empresarios. ¿Cuál es la percepción que se lleva de cómo ellos entienden el tema de la rehabilitación y reinserción social?

Lo que te puedo decir es que, por lo regular, casi la mayoría dijo que sí se necesita, pero la lucha está en que la sociedad no los quiere recibir de regreso como parte de ella. Hay empresas que dice «ok», porque hubo unos ejemplos que se dieron ayer (jueves 3 de octubre), dijeron: «Yo he contratado personas que han estado en el penal, pero también estoy con un negocio. Entonces, si no llegan a tiempo, las corro, pero yo reconozco que la necesidad existe y que también necesitamos trabajadores que trabajen en ese espacio». Eso fue por lo regular lo que escuché. Lo que te digo es que eran como unas 12 empresas que estaban ahí. ¿Dónde están las demás? ¿Por qué el cargo nomás se basa en 12? Tal vez haya más, ¿verdad? Pero ese cargo o esa responsabilidad no solamente debería ser de unas cuantas, sino de todas las empresas. Tienen que tener una parte de presencia, porque la violencia les afecta también a ellos y sus negocios. No está bien que nomás una docena de empresas estén envueltas en eso, y yo diría que es parte de cómo también el Gobierno puede darles trabajo a ellos, porque el Gobierno es una asociación más grande.

Gilberto regresó sin un pie

Fotografía de Ángel Gómez

Gilberto Jiménez abordó La Bestia, un tren de carga que usan los migrantes centroamericanos para evitar unos 50 controles migratorios y atravesar sin ningún costo México. A Gilberto lo impulsó la certeza de que el tren lo acercaría a su destino en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Hace cinco meses, decidió que, para acabar con sus problemas económicos, migraría. Con poco dinero se las arregló para partir solo y sin un coyote. A los seis días de haber partido, estaba en Tenosique, Tabasco, México, y desde ahí se movilizó en La Bestia.

Pero, un día, a media mañana, el transporte hizo una estación en el estado de Huimanguillo, Tabasco. Ahí, las patrullas de migración mexicana esperaban sorprender a los migrantes.

Durante la redada, Gilberto intentó escapar, corrió en dirección al tren y se resbaló. Su pie izquierdo quedó atorado entre los rieles mientras La Bestia retrocedía. Aquella mañana del 11 de mayo de 2019, Gilberto perdió el pie izquierdo.

De enero a septiembre de 2019, según los registros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), cinco salvadoreños, entre ellos Gilberto, regresaron a El Salvador con una amputación luego de sufrir un accidente en ruta hacia Estados Unidos.

Además, entre 2013 y 2018, 22 migrantes salvadoreños que se dirigían a Estados Unidos sufrieron accidentes que les ocasionaron una amputación. Y, de acuerdo con el CIRC, en México, otros 25 salvadoreños fueron atendidos por una mutilación en esos años.

Estas cifras, sin embargo, son parciales debido a que muchos migrantes deciden permanecer en la clandestinidad por temor a ser deportados.

Entre milpas. Jiménez vive en Las Marías, Morazán, una comunidad que está a cuatro horas de la capital. Para llegar a su casa hay que recorrer milpas.

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Entre las milpas de elote, cultivos de ayote, frijoles y un camino que conduce hasta las montañas del sur-este del departamento de Morazán, se encuentra el hogar de Gilberto.

En Las Marías, Morazán, una comunidad que está a unas cuatro horas de la capital, Gilberto ha construido su casa al final de una montaña a la que se llega caminando entre unas estrechas veredas.

Cuando Gilberto construyó su hogar jamás imaginó que, al faltarle un pie, ese camino sería su primer obstáculo para su recuperación. Para subir o bajar necesita que alguien lo cargue o lo vigile mientras da pequeños pasos con sus muletas.

Desde su repatriación, el 11 de junio de 2019, Gilberto regresó con complicaciones de salud. Su muñón, que es la parte del cuerpo que queda luego de la amputación, se infectó y tuvo que viajar por doce horas en autobús con su herida aún sangrando.

«Cuando regresé a El Salvador nos trasladaron al lugar donde llevan a los migrantes deportados, en la Chacra, ahí un encargado de migración escuchó mi historia y me dijo que tenía que ir a la Unidad de Salud para que me curaran y eso fue todo», cuenta Gilberto.

Denuncia que, desde el accidente, el consulado de El Salvador en México hizo muy poco por él. En el hospital, el cónsul lo visitó solo una vez para entregarle un kit de asistencia humanitaria. Tampoco pudo ayudarlo para que estuviera ingresado hospital de Villahermosa, Tabasco, durante su recuperación. Así que durmió los últimos 10 días en un albergue.

Según la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador, los consulados deben de velar por la protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes que residen o se encuentran de manera ilegal fuera del país.

La Bestia. Hace cinco meses, Gilberto Jiménez resbaló de La Bestia para huir de una redada de la patrulla de migración. Su pie izquierdo quedó atorado en los rieles del tren. Lo perdió en ese accidente.

En el artículo 109, la ley consular detalla que la función del cónsul, en caso de que un salvadoreño se encuentre «desvalido» o «enfermo», es tramitar la admisión de los salvadoreños en los establecimientos públicos de beneficencia para su atención y recuperación.

Además, en su artículo 110, señala que «es deber de los funcionarios consulares facilitar la repatriación de los salvadoreños que se encuentren en su distrito y concederles moderados auxilios».

En el caso de Gilberto esto no sucedió, regresó sin que nadie verificara su estado de salud.

El informe sobre personas migrantes amputadas, gravemente lesionadas o enfermas del CICR, en 2013, señala que, en los países del Triángulo Norte, es necesario fortalecer la coordinación del proceso de repatriación entre las autoridades migratorias y los representantes consulares ya que, a menudo, es meramente administrativa y no verifican las condiciones de salud de sus migrantes al emitir los documentos de viaje.

Recostado en su hamaca y con «pinky», su perro aguacatero que siempre lo acompaña. Gilberto recuerda que antes de migrar, escuchó sobre los peligros del camino y de abordar La Bestia, entre ellos, los asaltos, secuestros y el ser mutilados por el tren al tropezar o no subir a tiempo.

A pesar de conocer los riesgos, decidió marcharse. La hipoteca de su hogar, los $7 diarios que ganaba como jornalero y dos hijos, uno de 9 y otro de 5 años, le dieron más razones que miedos.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en El Salvador, entre las causas que obligan a los salvadoreños a migrar está la falta de condiciones económicas y laborales. Otra razón es que las personas huyen debido a la violencia.

Desde su accidente, Gilberto no puede trabajar, a pesar de que su muñón ha sanado, debe someterse a una nueva cirugía debido a que el corte de su amputación atraviesa un nervio. Esto le ha ocasionado una inflamación y la dificultad para su movimiento.

«Mire, aquí, el carcañal me han dejado puesto», dice Gilberto mientras señala su amputación.

Debido a sus complicaciones, Gilberto no ha podido realizar una rehabilitación física que le ayude recuperar el movimiento de su pie izquierdo. Tampoco ha podido pensar en una prótesis para volver a caminar.

Entre las dificultades a las que se enfrentan los migrantes luego de su discapacidad, está que no cuentan con un programa de atención en salud especial que les garantice la continuidad en su tratamiento, rehabilitación y acceso a una prótesis.

Registros. Como Gilberto, el CICR registró, entre enero y septiembre de 2019, cinco casos de migrantes salvadoreños que volvieron con amputaciones por accidentes.

El Estado ha reconocido, por medio de la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, elaborada en 2017, que es necesario promover y diseñar programas de desarrollo local y nacional enfocados en educación, vivienda digna, seguridad, oportunidades laborales y salud integral a través del fortalecimiento jurídico, institucional y financiero de las instituciones gubernamentales vinculadas a la población migrante.

El Ministerio de Justicia Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), a través del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Ministerio de Salud (MINSAL); Ministerio de Educación (MINED); Ministerio de Economía (MINEC); y el Instituto Salvadoreño para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) son algunas de las instituciones públicas que pueden cooperar con la atención.

Además, en su eje estratégico B1, numeral 10, la política enuncia que para la protección y atención de la población salvadoreña migrante en tránsito, es fundamental «brindar una atención especializada a población migrante con discapacidad resultante de accidentes durante el tránsito». Pero por el momento, no hay ningún plan especial.

El Consejo Nacional para la protección y desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTE), que es la entidad encargada de elaborar, canalizar y verificar el cumplimiento de esta política y de todas las relacionadas a migración y desarrollo, no da respuesta sobre las acciones concretas en las que se ha trabajo para cumplir con la protección y atención de los migrantes retornados con una lesión.

Por medio de la oficina de comunicaciones del CONMIGRANTE, el director ejecutivo «sugería» que la persona indicada para conversar sobre los programas de atención al migrante retornado era la directora de la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) de la DGME. Sin embargo, a los días, se acordó una entrevista que fue suspendida a último momento.

“Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo”, asegura Marleny Mancía.

***

En un intento por caminar, Gilberto muestra como su amputación se enrojece al dar unos pasos. Asegura que, desde que regresó, no fue atendido por el personal de migración para verificar su condición física.

Al llegar, fue trasladado a la DAMI, un espacio donde se asiste a los migrantes que vuelven desde las fronteras de México o Estados Unidos. Ahí, según Gilberto solo se le entrevistó para conocer los motivos que lo llevaron a migrar. Luego le extendieron una referencia para la curación de su amputación en una Unidad de Salud.

De acuerdo con el Programa Integral de Inserción para la población salvadoreña retornada del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), para el recibimiento de los migrantes en la DAMI, la DGME, en un primer momento, debe identificar a las personas que necesitan atención médica y luego ser atendidas por MINSAL de acuerdo a su condición de salud.

Salvador Gutiérrez, Jefe de Misión Adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en El Salvador, asegura que entre los desafíos para la recepción de migrantes retornados, está el seguimiento de los casos luego del retorno.

Única. La Escuela de Órtesis y Prótesis de la UDB es la única con acreditación internacional de la Sociedad Internacional de Ortesis y Prótesis.

«Es necesario reforzar toda la oferta institucional porque la persona lo que busca es una respuesta rápida a su problema. Es necesario mantener un seguimiento y cubrir programas de atención en salud», dice Gutiérrez.

Gilberto no ha sido el único que sufrió la indiferencia del Estado. Melany Mancía, una joven de 19 años, regresó hace tres años sin su pie izquierdo cuando solo tenía 17.

Por teléfono, Marleny explica que es imposible visitarla en el municipio de San Antonio Pajonal, en Santa Ana. El río que está cerca de su comunidad se ha desbordado y ha imposibilitado el paso.

Sin poder recordar las fechas exactas, Marleny solo sabe que su accidente ocurrió en 2016. El coyote la subió a un camión que la llevaría hasta una de las fronteras de Estados Unidos. En el vehículo también viajaban otros siete migrantes que iban apretujados por el poco espacio.

La sobrecarga hizo que el camión volcara y en el accidente, Marleny perdió su pie izquierdo que quedó atrapado en los fierros del vehículo.

«Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo», asegura Marleny.

Desde que regresó, la recuperación de Marleny ha costado mucho. En los últimos dos años y medio le han realizado más de tres cirugías, ha sufrido infecciones y aún le cuesta movilizarse al hospital y al centro de rehabilitación. A parte del camino, que es difícil para andar, debe de costear su idas al hospital.

Sin recursos, Marleny ha solicitado la ayuda de la Alcaldía de su municipalidad para poder viajar.

«Mi vida era mejor antes. Me fui porque quería salir adelante, pero no salió como esperaba. Hoy, con la prótesis, he vuelto a tener una esperanza, pero no es igual, muchas cosas no han cambiado. Siempre están las dificultades económicas», dice Marleny y se despide.

Ayuda. Los estudiantes de la UDB ayudan a fabricar las órtesis y prótesis para reducir los costos a los usuarios.

A falta de una política pública que atienda las necesidades inmediatas en salud para los migrantes retornados, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), una organización no gubernamental que trabaja con migrantes retornados, expresa que hay una falta de comprensión de la realidad de las personas que retornan.

«El Salvador es uno de los pocos países de la región que no tiene presupuesto para atender un programa de salud y migración. Es necesario brindar una asistencia post retorno. No se puede dedicar un esfuerzo solo al día de la llegada de los migrantes», destaca Ríos.

En Honduras, los casos de migrantes amputados sobrepasan a los de El Salvador, hasta la fecha, según la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS), se contabilizan aproximadamente las 600 víctimas.

En la nación hondureña, la visibilización del fenómeno de parte de los migrantes retornados ha ayudado a contabilizar los casos de personas con una discapacidad.

En este país, los retornados han formado una organización para personas con discapacidad como la Asociación de Migrantes retornados con discapacidad (AMIREDIS) y han logrado que el Estado estudie la creación de políticas públicas para los migrantes amputados.

Por hoy, Marleny cuenta con una prótesis que fue costeada por el programa del CIRC. Con el tiempo, ella necesitará de una nueva prótesis. Pero la joven asegura que de seguir con las dificultades económicas, no podrá costear el cambio que se requiere cada tres o cuatro años.

Los precios para acceder a una prótesis varían entre los $500 a $1,000. Todo depende de la zona de la amputación.

Prueba. José Marín llegó una mañana de finales de septiembre a probarse sus nuevas piernas a la Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB).

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José Marín ha llegado para probar sus nuevas piernas. Está en a Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB), en Soyapango. Ansioso, espera sentado frente a una barras paralelas donde dará sus primeros pasos.

Primero, los técnicos ajustan las prótesis a sus piernas. Luego, dos estudiantes colocan los tenis azules que él ha llevado para comenzar nuevamente a andar. Al inicio, José expresa que siente molestias. Las zapatillas le han quedado muy apretadas.

En mayo, José Marín corrió tras La Bestia y tropezó. El cansancio de caminar por más de 43 kilómetros para poder abordar el tren en Chahuites, Oaxaca, en México le pasó factura. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

Una de las estudiantes, que nota la emoción de José por volver a caminar, se quita sus zapatos y le sugiere probar con los ella. Él y el personal ríen al ver que se tratan de unas zapatillas rosa. Las coge para practicar.

«Hoy sí. Hoy, luego de cuatro meses, me iré caminando, pensé que esto no iba ser posible», dice sonriente. Y una vez hecho el cambio, José da sus primeros pasos.En un principio, se apoya de la barra con sus dos manos; luego, emocionado logra hacerlo con una sola mano.

Primeros pasos. Con sus nuevas piernas, José Marín, comenzó a andar. Al inicio manifestó molestias, porque unas zapatillas que andaba le quedaban muy apretadas.

«En dos semanas usted podrá caminar sin ayuda», le explica Gilberto Abarca, encargado de la Escuela de Ortesis y Prótesis. Sin muchos ajustes, José está listo para regresar a casa caminando, se despide de la silla de ruedas y saluda a sus nuevas compañeras, dos muletas que le ayudarán a recuperar el paso.

El caso de José, es muy diferente a la de Gilberto y Marleny. Luego del accidente, el Estado respondió. Lo mediático del caso en redes sociales y la difusión del vídeo que registra su accidente, lo ayudó.

Desde su regreso, hace cuatro meses, José ha podido recibir terapias en el Hospital San Rafael, el MINSAL le ha dado seguimiento a su caso y desde Cancillería se ayuda con la movilización.

Al consultar a Cancillería sobre el seguimiento de otros casos de migrantes retornados con una discapacidad, como los de Gilberto y Marleny, la institución no da respuesta. El técnico encargado de verificar la atención a José aseguró que, para dar detalles sobre el trabajo que se realiza, necesitaba contar con una autorización. Sin embargo hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo declaraciones.

José también es parte del programa del CICR que se encarga de otorgar prótesis a migrantes lesionados. Luego de cuatro meses él puede,nuevamente, andar.

Migrante. En mayo pasado, el salvadoreño corrió tras La Bestia y tropezó. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

El Estado, por el momento, solo ayuda con la movilización y logística para su atención. De ser necesaria una prótesis los casos son remitidos al CICR.

Para Gilberto la realidad es otra. Su necesidad fue tan grande que, a través de los medios de comunicación, solicitó donaciones económicas para continuar con su tratamiento y acabar, al menos, con su dolor.

«Yo no duermo. Me angustia esta situación. Mi familia dependía de mí y ahora estamos viviendo de lo nos da la gente. Mi esposa no puede trabajar porque cuida de mí. Ella también debe atender a nuestros hijos de 9 y 7 años. Duele pasar por esto y que nadie lo ayude», relata Gilberto.

Mientras tanto, Gilberto adeuda la hipoteca de su hogar y está en riesgo de perderla. No puede saldar la deuda a través de su seguro, debido a que el banco asegura que el beneficio solo aplica en caso de muerte.

Respuesta. A diferencia de otros casos, a José Marín el Estado sí le respondió cuando regresó a El Salvador.

Ser niño en el Triángulo Norte y desaparecer

Ilustración de Moris Aldana

No es para llenar ficha de registro. Tampoco es para que forme parte de un cartel de bienvenida. Aquí, en esta sede de un programa de refuerzo escolar ubicado en la zona Occidental de El Salvador, no hay para las formalidades o el despilfarro. Pero, a cada niño que es admitido, le toman una foto. Lo hacen por si desaparece. Por si toca, con esa imagen en mano, buscarlo vivo, entre amigos; o muerto, entre matorrales.

Entre enero y julio de 2019, fueron reportadas como desaparecidas 1,798 personas en sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) en El Salvador. De estas, en medio millar de denuncias la víctima tiene entre 0 y 17 años de edad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño recoge, desde 1989, el concepto de interés superior del niño. De este principio garantista se desprenden medidas especiales de protección a la niñez vulnerable. Entre las que están las alertas inmediatas por desaparición.

En el Triángulo Norte, la región compuesta por tres países que son zona de tránsito y punto de partida de migraciones, estos sistemas de protección, como las amenazas de las que son víctimas los niños y adolescentes, no deberían limitarse por fronteras, así ha quedado escrito en varios informes. Cada uno de los sistemas de alerta inmediata de la región, sin embargo, funciona con separaciones, diferencias y deficiencias.

En El Salvador, la alerta temprana recibió el nombre de Ángel Desaparecido y fue presentada en octubre de 2013, con la promesa de difundir los boletines «en noticieros de televisión, cintillos en programación por cable, mensajes de texto en teléfonos, cortinas radiales, espacios en medios impresos y digitales y difusión por medio de redes sociales». De esto, a la fecha, solo está disponible, con cierta frecuencia, la parte de las redes sociales y algunas vallas en las calles.

La colección de fotos que se expone en la página web de la alerta Ángel Desaparecido da la razón al personal del programa de refuerzo escolar. Las hay borrosas, rotas, con manchas. Hay niños a los que se busca a medio rostro. Marcados, hasta ahí, por la falta de oportunidades. No hubo quien les hiciera un retrato de carita.

«El tema de los desaparecidos, para nosotros, ha sido súper difícil por tema de recursos, porque requiere una investigación que nadie quiere hacer y porque nosotros trabajamos con familias que, aunque ahora sea más fácil por los teléfonos, de verdad, no tienen una foto de sus hijos», cuenta la directora del programa mientras, afuera, un grupo de niñas juega fútbol.

La bulla por el desarrollo de una mañana deportiva es casi ensordecedora. En un rato, los estudiantes se calman y almuerzan todos en mesas colocadas al centro de una terraza, desde donde se puede ver un horario de actividades que va entre el arte, el refuerzo escolar y la ayuda con las tareas. El lugar desde el que habla la directora es una remodelación reciente. Hace poco tiempo consiguieron dinero para poner muebles a esta habitación calurosa. La adecuaron lo mejor que pudieron con colores, cojines, juguetes y un ventilador. Es un cuarto de crisis. Sirve para atender a los niños o a sus familiares cuando «algo pasa». Ese «algo» es violencia intrafamiliar, violencia pandilleril, agresiones sexuales o la desaparición de una persona cercana.

En El Salvador no existe un delito de desaparición ligado a la violencia actual. Así que el grueso de casos que recibe la Fiscalía General de la República se canaliza por el delito de privación de libertad, que es en donde se acumulan, ante la falta de una figura adecuada, estas víctimas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 se han recibido más de millar y medio de denuncias este tipo. De estas, 551 han sido por víctimas entre los cero y los 17 años de edad. Es decir, un 31 % de los desaparecidos ha sido menor de edad.

Ilustración de Moris Aldana

A los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras los acorralan problemas como la migración forzada y la violencia. Ambos muy ligados a las desapariciones. Pero, estas desapariciones actuales no tienen cabida en ninguno de los tres códigos penales.

«La desaparición es un ejemplo de cuando importa que aparezca el cuerpo y cuando no importa. Si la desaparición no es delito, entonces es muy ‘útil’, entre comillas, para los actores violentos; lo hace funcional», explica la investigadora y catedrática en el Centro de Latinoamérica y el Caribe, del London School of Economics en Inglaterra, Jenny Pearce, en una entrevista publicada en el medio digital guatemalteco Plaza Pública.

Estos países no han creado el delito ajustado al contexto de cómo esta amenaza ha crecido entre los habitantes. El Salvador y en Guatemala aventajan a Honduras solo en que sus códigos penales tipifican la desaparición forzada, que se distingue por la participación de cuerpos de seguridad estatales.

En el caso de El Salvador, la alerta Ángel Desaparecido es un intento por reducir ese vacío en el que caen las denuncias. Activar una alerta debe implicar compartir información con la Policía Nacional Civil, con la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y con medios de comunicación en las primeras horas de denuncia. Está estipulado que la emergencia alta dure 48 horas, tiempo en las que la institución debería recoger información para realizar un posible rescate y también para investigar y procesar a posibles responsables. Tras este plazo, el aviso no desaparece, se mantiene, en teoría, activo.

Muy lejos de los 551 casos de menores de edad desaparecidos incluidos en los registros de enero a julio de 2019, en la página web, la FGR tiene activas alertas nada más para 25 niños. Para los otros 526, el 95%, la página web no da cuenta ni de cartel ni de alarma. Es en este amplio porcentaje es que caben historias como la de Nelson, un adolescente que ya lleva casi año y medio desaparecido sin que se le haya creado un boletín.

Y el caso de Nelson, al menos, está contado entre los registros de la zona metropolitana de San Salvador. Hay otro grupo aún más silenciado. Estos son los niños que viven al margen del sistema de protección y para los que ni siquiera se ha podido generar una denuncia. Han desaparecido sin dejar rastro. Son casos como los M, A y C, adolescentes todos, que residían en los cordones vulnerables y pobres del interior del país.

M, A y C eran parte del programa de refuerzo escolar. Son de los que forman ese grupo de beneficiarios que, recuerda la directora, se le han desaparecido durante la última década. «Entre las familias que atendemos, el principal problema para buscar un cuerpo es que no tienen fotografías», explica desde el pragmatismo.

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NO PUEDE HABER PRECISIÓN en lo que se publique sobre M. Baste acá comenzar en la misma salita de crisis en el que la directora calcula en tres el porcentaje de niños del programa que han desaparecido sin que se pueda denunciar ante la Policía o ante la Fiscalía.

M vive. Es uno de los dos casos del programa que, recuerda la directora, han podido volver de una desaparición. M todavía no es mayor de edad, y lleva cicatrices que le atraviesan el cuerpo en zonas vitales. Habla suave, despacio, sin alteraciones y, casi siempre, mira hacia cualquier lado, menos a su interlocutor.

Hubo una época en la que M estudiaba y venía al programa. Lo hizo hasta donde pudo. Hasta cuando tuvo que ayudar a su mamá con la venta para pagar la luz, el agua, la casa, y la comida para sus hermanos menores. Así, comenzó a vender ambulante. Así, un mal día, se salió del límite. Llegó al territorio de la pandilla contraria a la que predomina cerca de su casa y fue interceptado.

Pasaron varios días sin que su familia supiera de él. En ese tiempo, fue torturado. Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya habían pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

«Lo primero que hacemos es pasar un aviso a toda la red de apoyo que tenemos», explica la directora y asegura que no obligan a ninguna familia a colocar una denuncia en la Fiscalía o en la Policía, porque, reconoce, es un riesgo. La sede del programa es una especie de tregua en una zona en donde la institucionalidad es la pandilla. Acercarse a una delegación es un riesgo cuyos beneficios es necesario evaluar.

«Activamos las redes sociales anunciando que tenemos a un desaparecido y empezamos a hacer una pequeña labor de investigación con la trabajadora social. Nos acercamos a la gente de las pandillas locales para saber si nos pueden dar alguna información», continúa. La directora cuenta que cuidan a las familias del maltrato que puedan recibir en las instituciones, como la Policía, al obtener respuesta del tipo «era pandillero», si la víctima es niño; o el «ha de estar con el marinovio», si la víctima es niña. Y cuidan también a las familias de correr otros riesgos.

«Ha habido casos en los que hemos logrado saber, preguntando a la gente de aquí cerca, en donde han ido a dejar el cuerpo, pero la familia no lo puede ir a sacar, porque también la matan», en estas situaciones, cuenta la directora, queda dar atención psicológica y acompañar. Lo hacen acá, en la salita de la crisis que ahora, escuchándola, se hace tan indispensable. «El sistema no funciona para personas como las que llegan a nosotros. Si vamos, nos dicen que busquemos en Medicina Legal. Le dicen a la familia que busque a sus niños muertos».

Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya había pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

El hallazgo de un cementerio clandestino hizo que, el 16 de septiembre, el fiscal general de la república, Raúl Melara viajara al cantón Guarumal, en Villa Lourdes, municipio de Colón, a unos 20 kilómetros de la capital. Ahí, ante una tierra que oculta los restos de quizá seis, quizá ocho, quizá 20 personas, el fiscal afirmó en rueda de prensa: «Detrás de cada víctima, hay una familia que sufre». Se refería a las desapariciones, un tema al que decidió darle atención desde poco después de haber asumir el cargo, en enero de este año. En Twitter, es uno de los principales promotores de la etiqueta #CadaPersonaCuenta.

En el cementerio clandestino Melara explicó que la institución está trabajando en establecer convenios con las empresas de telefonía para que las alertas lleguen a toda la red celular. «Queremos que esto llegue a todas las personas a lo largo y ancho del país y, de alguna manera, poder facilitar no solo la denuncia de cementerios clandestinos, como lo estamos viendo hoy, sino también poder encontrar a personas con vida», dijo.

A M lo hallaron así, con vida. Pero fue un mero asunto de la suerte de que no se desangró y la casualidad de que, ese día, en ese momento, alguien que pasaba por esos matorrales lo vio y dio aviso. M fue llevado a un hospital como un desconocido. Pese a que era evidente su corta edad, no se buscó a su familia. La madre de él lo encontró por sus medios.

Ilustración de Moris Aldana

Tras varios meses ingresado, M fue dado de alta. Aunque desde ese episodio ya pasaron años, M todavía no es mayor de edad. Las secuelas no solo son las cicatrices, también habla desde la falta de miedo a la muerte. ¿Qué más le puede pasar después de haber sido abandonado en la calle como si fuera restos?

Le preocupa, sí que le cuesta hacer pipí. Porque le duele. Le molesta. Sus cicatrices en cuello y pecho son gruesas, largas, inflamadas, desmoralizantes. Pero desde que salió aquella vez del hospital, nunca volvió a ver a un médico para recibir tratamiento para sus lesiones físicas o emocionales.

Aunque no forme parte de esos 2,625 menores de edad víctimas de privación de libertad reportados entre enero de 2016 y julio de 2019 en la Fiscalía, M lo está. Porque M debe limitarse a moverse solo entre las cuatro o cinco cuadras cercanas a su casa para que, los que ya le hicieron daño la primera vez, no vengan a terminar de matarlo. En este perímetro, no hay un centro de salud. Sí hay una delegación de la PNC, pero de muy poco le sirve.

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LA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO tiene letra pequeña. «Si él o la adolescente deciden por voluntad propia abandonar su hogar por problemas familiares o rebeldía, no aplicará para activar la alerta», se lee en una sección al estilo «preguntas frecuentes» que está colgada en la página web.

Lo que sigue se lee como advertencia, descargo, exceso de sinceridad o indicativo de arbitrariedad: «Tome en cuenta que la activación de la alerta queda bajo el análisis de la Fiscalía General de la República quien debe definir la modalidad del delito, según las leyes y la Constitución».

Nelson Alexander López salió enojado. Lo reconoce su madre. Ese 26 de abril de 2018, tuvo un desencuentro con su padre porque quería una cantidad de dinero que le fue negada. Y, entonces, se fue, dejó aquel taller en donde laboraban ambos. Desde ese día, su familia ha seguido todos los pasos que ha podido para que el Estado les ayude a buscarlo.

Fuente: Fiscalía General de la República

«Se puso la denuncia, pero no la recibieron. Yo le dije al papá de mi hijo que volviera a ir, que fuera a que se lo buscaran inmediatamente, por ser un menor de edad. Aún así, le dijeron que no, que tenía que esperar», cuenta la madre de Nelson. El primer lugar en el que intentaron avisarle a las instituciones de que Nelson estaba desaparecido fue una delegación de la PNC ubicada en Santa Tecla, a menos de 10 kilómetros de San Salvador.

La madre de Nelson forma parte de una organización que reúne a más como ella: madres que buscan a sus hijos a contracorriente del sistema y, esta mañana, es parte de una actividad realizada por varios comités de búsqueda en el marco del Día de la Desaparición Forzada en donde se habla, también, de los resultados del Protocolo de Acción Urgente (PAU).

Este documento fue presentado en diciembre de 2018 como una manera de regir las actuaciones institucionales desde el primer momento en que se presenta una denuncia por desaparición. Es un esfuerzo respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por rescatar la posibilidad de acción en las primeras horas. «Las actuaciones previstas en el Protocolo se realizarán con la debida diligencia y de una manera ágil y oportuna. Se evitarán obstáculos que impidan o dilaten injustificadamente la búsqueda de la persona desaparecida», se lee en el punto titulado «Celeridad».

Para Nelson, las palabras del protocolo no llegaron a tiempo. En ese abril de 2018, la que investigó hasta que encontró videos en los que se mira a Nelson caminando por una plaza fue su madre. Ella fue hasta esa plaza y habló con la gente del lugar, hasta que halló a una vendedora que, tras ver la foto, le dijo que sí lo había visto. Con eso grabado en su celular, cuenta afuera del salón de eventos en un hotel capitalino, volvió a la delegación policial. «Mire cómo va caminando, ve», dice que le dijo un agente en referencia a una manera de andar que estaba relacionando, ahí, frente a ella, con las pandillas.

El día siguiente, la madre de Nelson regresó a la plaza a solicitar los videos originales, pero le dijeron que habían sido borrados. También volvió a hablar con la vendedora, quien no quiso involucrarse en un proceso de investigación. «Y yo digo que si le hubieran dado seguimiento, las autoridades hubieran visto que ahí estaba. Hubieran preguntado a la gente de cerca, algo, no sé, hubieran buscado pistas».

Entre la desaparición y esta entrevista, han pasado un año y cuatro meses en los que la familia no ha sabido nada de Nelson. Cuando esta madre le llama al detective que en la actualidad tiene asignado el caso, lo que logra es que él le pregunte si ella ha conseguido alguna pista nueva que permita reactivar la investigación.

«Niños desaparecidos en Centroamérica» es un análisis que ya advierte un vacío: «Las agencias del orden público con frecuencia consideran que los casos de niños fugados suelen resolverse solos y, en consecuencia, les dan poca prioridad, a menos que existan pruebas contundentes de que el niño está en peligro inminente. A menudo, la mayor parte de los casos de niños desaparecidos son niños fugados, y ellos también merecen la atención de los organismos encargados del orden público». El estudio está respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF).

El Protocolo de Acción Urgente ha venido a ser como una guía que faltaba para definir quién es quién en la búsqueda. Mientras que a la Fiscalía le corresponde dirigir la investigación, a la policía le toca «impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, identificar y aprehender a los autores o partícipes y recoger las pruebas». Con Nelson, dice su madre, esto no ha sucedido así.

La madre de Nelson quiere que se conozca el nombre de su hijo y que se le ayude a buscarlo, pero no quiere que se publique el de ella. Tiene miedo. Intenta proteger a su otros dos hijos. La pregunta, trillada, pero necesaria es cómo se siente viviendo en esa disyuntiva.

-Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

Ser madre es buscar a uno, sin perder a los otros.

Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

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«LA PRINCIPAL LIMITANTE que tienen los sistemas de alerta de cada país es que su alcance es solo nacional», reconoce la jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), Violeta Olivares. Ella, para compartir información de casos transnacionales prefiere hacer uso de grupos de What’sapp con otros fiscales de la región, porque la gestión se hace más expedita.

A es una adolescente, una niña del programa de refuerzo escolar que en su sede tiene una salita de crisis. Está en los 16 años, pero muy lejos de cualquier cosa que se parezca a una fiesta. Un día, cuenta la directora del programa, A dejó de venir y le perdieron la pista. Preguntaron por ella en la zona, pero nadie dio cuenta.

Con la desaparición de A no hubo denuncia. En El Salvador no había nadie de su familia para presentarla. Estuvo desaparecida por meses, al margen de cualquier registro. Un día, por fin, llamó.

A se fue en una de las caravanas que partieron de El Salvador y pretendían llegar a Estados Unidos. Huyó con un hermano apenas mayor de edad, el hijo de este, de tan solo meses de nacido, y otro hermano de menos de 5 años.

Este grupo, formado por un adulto muy joven y tres menores de edad, cruzó fronteras entre El Salvador y Guatemala y entre Guatemala y México. Fue en este último país en donde el único adulto del grupo desapareció.

El 23 y 24 de enero de este año, Guatemala fue la sede de un intercambio de conocimientos en torno a cómo enfrentar las desapariciones en el que participaron más de 50 representantes de instituciones de seguridad pública del Triángulo Norte y, además, México y Colombia.

En esa ocasión, se expusieron avances. Y, de acuerdo con lo publicado en el sitio InfoSegura, Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala, cerró el Foro diciendo que: «El intercambio ha sido una oportunidad para aprender cómo mejorar el registro de personas desaparecidas, evitar errores y ver cómo funcionan otros sistemas».

Pero entre estos tres países hace falta más que intercambio. Claudia Hernández es directora de la Fundación Sobrevivientes, una de las que más empujó que se creara, en 2010, la Alerta Alba Keneth para menores de edad desaparecidos en Guatemala. Desde ahí explica que Guatemala es un corredor por el que pasan migrantes desde toda América Central y, principalmente, de El Salvador y Honduras: «Nuestro país tampoco es muy seguro, hay mucha gente desaparecida cuya última ubicación ha sido aquí, hay mucha niñez migrante que desaparece o se queda sola aquí».

Dos de los temas que más se discutieron en el foro fueron la concentración territorial y el registro de casos. Al respecto, las autoridades de cada país expusieron proyectos que, a siete meses del encuentro, van empezando a verse como deudas.

La más sensible es la de Honduras que, desde marzo de 2018 anunció la creación de la alerta Amber como un «mecanismo para que, en las primeras 24 horas de la desaparición de un menor, se emita una la alerta a través de diversos medios de comunicación», Aunque desde 2015 existe una ley que manda su creación, esta alerta aún no es funcional. Por el momento ninguna autoridad hondureña está elaborando carteles de niños desaparecidos ni hay una ruta para difundirlos.

Solo en 2018, 696 menores de edad se denunciaron como desaparecidos en El Salvador. En Guatemala, en el mismo año, hubo 5,704 alertas Alba Keneth, de las que, al final del año, 1,349 seguían activas. En Honduras, la única institución que registra la desaparición de menores de edad es la Interpol, y, para el año pasado registró 476 casos.

Pero niños como A y sus hermanos escapan a todos esos registros porque, en sus contextos, las denuncias no son una posibilidad. El sistema de protección de la infancia de la región no ha conseguido acercar los recursos a esta parte de la población. Olivares, la fiscal salvadoreña de casos de trata y tráfico de personas, agrega que los menores de edad son la población más vulnerable a ser explotada. «Los adolescentes y los niños son el 60 % de los casos de trata».

Aunque se ha comunicado un par de veces con el personal del programa, la situación de A todavía es indefinida. No se sabe en dónde exactamente están ella, su sobrino y su hermano. No se sabe si están. La directora sospecha que en México y teme que, ahora que otra vez lleva varios días sin comunicarse, haya caído en una red de prostitución o peor. Y ninguna institución del Estado, en ningún país, la está buscando a ella o a su hermano, de menos de cinco años; o a su sobrino, de meses de nacido.

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BYRON Y RODRIGO SON UNA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO ACTIVA. APARECEN EN UN BOLETÍN JUNTO A SU MADRE, PORQUE LOS TRES DESAPARECIERON EN EL SALVADOR CUANDO IBAN DESDE SU CIUDAD NATAL, ZACATECOLUCA, HACIA UN CENTRO TURÍSTICO EN SONSONATE. SON DOS DE LAS 48 ALERTAS ACTIVAS PARA 2018.

La diferencia entre el sistema de El Salvador y el de Guatemala radica en dos puntos: generación y depuración. Guatemala genera una alerta por cada menor de edad desaparecido sin ningún tipo de condición. Este mecanismo se activa al margen de la nacionalidad de la víctima, quiere decir que la población migrante también puede hacer uso de esta herramienta siempre que se presente una denuncia.

En cuando al segundo punto, El Salvador no depura con la misma frecuencia. En la página web de la alerta, el último caso activo tiene fecha del 21 de agosto. Desde ese día, hasta el 21 de septiembre, no se hizo ninguna actualización. En agosto, se subieron solo dos casos nuevos. Y, en julio, tres.

La alerta tiene una cuenta de Twitter con el usuario @AlertaAngelSV. Ahí, entre el 1º y el 15 de septiembre se han compartido los carteles de 13 menores de edad desaparecidos a los que se les colocan etiquetas como #CadaPersonaCuenta y #AlertaAngelDesaparecido. Y se pide ayudar a difundir. Pero no se aclara si estos boletines, como los que están en la página web, han dado pie a todas las comunicaciones interinstitucionales a las que obliga la alerta desde su concepción.

Aún sin que se haya creado un delito a perseguir, en julio de este año comenzó a funcionar la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas (UEPD). De acuerdo con fuentes internas, una de las primeras apuestas de esta unidad ha sido la unificación de datos. Porque ahí en donde la Fiscalía registra que en 2018 recibieron 696 denuncias por menores de edad desaparecidos, la Policía da cuenta de 560. Mientras que, de enero a julio de este año, la Fiscalía registra 551 denuncias; la Policía tiene 367 entre enero y agosto.

Aunque la Fiscalía los mantenga como desaparecidos, a Byron y a Rodrigo ya los encontró la PNC. El caso está archivado bajo el número 7872-2018. Los niños y su madre están bajo custodia policial en Estados Unidos y tramitan una petición de asilo. En la delegación policial del municipio de Zacatecoluca, donde residían, un investigador confirma que fueron localizados en mayo de este año. Su boletín de alerta, sin embargo, sigue catalogado como activo.

De las 5,074 alertas Alba Keneth generadas en Guatemala en 2018, 1, 349 terminaron ese año activas; y, a agosto de 2019, 1,109 continúan en ese estado. Las dos grandes causas de las desapariciones de menores en Guatemala, según Claudia Hernández, de la Fundación Sobrevivientes, son delincuencia y migración. En esto sí guarda similitud con El Salvador.

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DE ENTRE TODO EL DOLOR que supone cada niño del programa que ha desaparecido, la de C es una historia que sobrecoge a la directora. Y lo cuenta así:

-Tenía 11 años. Él venía aquí y me decía «yo no quiero, pero me están diciendo que yo tengo que prepararme para matar y para llevar droga». Hablamos con la mamá par ver cómo sacarlo de aquí de esta zona, o cómo hacer para que se quedara en su casa y no saliera. En ese tiempo, él vendía en los buses. Así que se nos ocurrió ponerlo a elaborar otros productos en su casa y nosotros los vendíamos aquí. Así pasamos como tres años.

Pero no es posible detener el mar con las manos. La directora calla un momento para tomar impulso para contar lo sigue.

-Un día vino y nos dijo que ya no podía más, ya era un muchacho de casi 15 años. Vino y dijo que había tomado la decisión de vender afuera para ayudarle a su mamá. Y nos dijo que venía a despedirse. Nos dijo que no se quería morir sin habernos dicho muchas gracias por ayudarlo. Esa fue la última vez que lo vimos.

De la desaparición de C sí hay una denuncia. Pero no hay una alerta Ángel Desaparecido. Si está vivo, no se sabe dónde. Si ha muerto, no se ha localizado el cadáver. La madre no se ha movido de la zona, por si algún día aparece  información sobre el paradero del adolescente.

La directora explica que buscar a ese 3 % de los niños de su programa que están desaparecidos es «como hacer un trabajo subversivo» en el que colocar una denuncia puede suponer riesgo y en el que, a veces, la información sobre la ubicación de cadáveres la liberan los mismos hechores.

A la madre de C, sin embargo, saber qué pasó con su hijo es un privilegio al que nadie le ha dado acceso.


Este reportaje fue realizado en alianza con CONNECTAS.

El mar que traga comunidades

Fotografías de Franklin Zelaya y Ángel Gómez

José Hernández todavía se acuerda de aquella madrugada de 2015. Eran las 2 de la mañana cuando el mar pasó arrasando su casa de lámina. Desde temprano, él y sus vecinos habían visto la marea alta y las grandes olas que no les daban zozobra. Pero José, un pescador con 49 años encima y toda una vida en la costa, sabe que el mar enfurecido nunca da tiempo. Y, esa vez, tampoco lo hizo. No les dio tiempo a las 30 familias que perdieron sus casas en el fuerte oleaje que hubo en la playa El Espino.

«Cuando viene, no da chance de desarmar las casas», dice, subido en una bicicleta que tiene en la parte delantera una carreta, en la entrada del terreno que cuida y donde, al fondo, ha hecho su casa. Viste con una camisa azul y un pantalón de sastre negro. Se prepara para ir a dejar, a una actividad de la iglesia apostólica en la que se reúne, frescos y comida que esta mañana preparan seis mujeres.

Este es el mismo terreno en el que, hace cuatro años, el mar destruyó su casa. Le ha tocado a él, como a otros habitantes de la playa, retroceder unos 30 metros para vivir. Ellos han tenido que hacer una nueva calle, porque la que había, también se la comió el mar. Al igual que unos cocoteros de los que solo quedan troncos.

La nueva calle atraviesa los terrenos que dejaron de ser playa y se convirtieron en mar. El agua ya llega hasta acá, y eso, a José, le inquieta, porque no sabe cuándo volverá a pasarle lo mismo que en 2015. «Y cuando llegue allá, ¿a saber para dónde vamos a agarrar?», se pregunta, señalando hacia atrás, a su casa, a la orilla de un manglar. Antes que el mar le botara la casa de lámina, en 1998, el Mitch, al menos le dio tiempo para que desarmar otra que tenía y que era de palma.

La única barrera que protege a las personas del mar, asegura, está desplegada a dos kilómetros a la derecha. Se trata de piedras que la alcaldía de Jucuarán mandó a colocar en la parte más turística de la playa u otras que han colocado quienes han podido, pero los otros kilómetros restantes, dice, están desprotegidos.

“Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica Enrique Barraza, experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática.

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La playa El Espino es una isla barra de 11.7 kilómetros de extensión, ubicada en el municipio de Jucuarán, en Usulután, que, por sus característica, con el tiempo, puede hacerse más ancha o estrecharse. En los últimos 70 años, esta playa ha sufrido transformaciones que, además de deberse a fenómenos naturales, corresponden al impacto ambiental, los cuales ya han sido documentados por el Estado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó en 2012 un estudio en el que estableció que, entre 1949 y 2009, la línea costera de El Espino retrocedió 144 metros. Cada año hubo una disminución de la costa de 2.40 metros. Esto, señala, ha sido a causa de la fuerte erosión en la zona, que puede aumentar en el futuro, ya que el daño al ecosistema continuaba hasta la fecha en la que fueron difundidos los hallazgos.

El MARN dice que en la parte donde hoy rompen las olas, antes hubo asentamientos humanos. De acuerdo con los testimonios que recopiló para este estudio, las intervenciones comenzaron a mediados del siglo pasado, cuando en la playa se instalaron dos haciendas: la Chepona y la San Luis, y también fueron sustituidos los espesos bosques de mangle y la vegetación natural por cocoteros y otros cultivos agrícolas. La actividad atrajo a los pobladores para ofrecer su mano de obra. Otros fueron atraídos por la pesca.

Sin embargo, a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, con el incremento del turismo, iniciaron las construcciones de hoteles y restaurantes. Y con estos, siguieron los daños al ecosistema.

Erosión. La erosión en las playas ocurre cuando el mar se lleva más arena de la que trae, dejando vulnerable a las comunidades que viven en la costa.

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«Cuando yo estaba pequeño, El Espino, esta playa, estaba bien lejos. Esta isla llegaba allá, por donde se viene haciendo el primer tumbo», relata Adalberto Blandón, un hombre de 53 años que, con dos ayudantes, levanta una ramada a la orilla del nuevo camino que la comunidad ha hecho, por si hay algún turista que pase y se interese en alquilarla. Es agricultor, pero también se gana la vida de este trabajo.

Frente a él, dice, hace tiempos hubo una manzana y media de playa que el mar ya se comió. Por estos días aquí revientan los tumbos en la noche, pero adelante, a unos 10 metros de distancia, han quedado las señas de una casa, con un muro alto, que él cuidaba. Se trata de unos pedazos de pared, que no miden ni un metro de alto, y que cada vez el mar va arrastrando. Era una propiedad privada que, después de sus límites, todavía tenía más playa. Pero hace años este terreno ya cedió al mar.

La casa solo duró en pie 15 años, recuerda Adalberto, porque ocho días después de que el Mitch golpeó El Espino, el oleaje fuerte la botó. A su paso, también se llevó tres casas, incluida la suya, y aterró el estero con deslaves que empozaron el agua dulce.

El hombre, con un sombrero y una camisa de manga larga con los dos primeros botones sueltos, dice que el mar no ha parado de crecer desde hace años. Hace 26 años también se unió con el estero, que está atrás, a 60 metros de distancia; y a 40 minutos de este lugar, formó una media bocana a la que le llaman La Angostura, que no dejaba que las personas cruzaran de un lado a otro cuando se llenaba.

Cuenta que cuando el mar botó las casas que estaban a la orilla de lo que antes era playa, pidieron ayuda al alcalde de Jucuarán. Pero la ayuda no llegó hasta ahí, porque de ese lado no hay mucho turismo. Para referirse al abandono en el que, dice, están, muestra la lámpara de alumbrado público arruinada que cuelga de lado sobre un poste. Está sujeta solo por un cable y deteriorada por la sal.

Destrucción. Esta fue una de las casas afectadas por el mar de fondo de 2015, en el caserío Bola de Monte, del cantón Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

La organización Oikos Solidaridad, que trabaja en la zona oriental del país, señala que en El Espino hay afectación porque todo lo que baja del volcán Chaparrastique, en San Miguel, va a parar al mar. Esto incluye los desechos de los agricultores, quienes, dice, no realizan buenas prácticas, lo que contribuye a aumentar la erosión y el nivel del mar.

«Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica en su oficina, en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Enrique Barraza.

Restos. En la playa El Espino hubo construcciones donde ahora hay mar. La fotografía corresponde a los restos de una casa a la que las olas arrebataron ocho días después del huracán Mitch, en 1998.

Barraza es investigador asociado al área de Recursos Acuáticos de la UFG. Es experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática. Le apasiona el mar y explorar El Salvador. Lo hace en el terreno, pero esta mañana explora las costas del país a través de Google Earth. Su oficina está en la esquina de un salón. Tiene dos mesas y dos estantes. En uno, hay recipientes de crustáceos que pretende estudiar.

Sobre una de las mesas hay una linterna marina que el instituto recién acaba de comprar. Antes de comenzar a viajar online en las costas, la retira y la coloca cerca de los crustáceos. Sobre esta mesa también hay un pez de cerámica y la alfombrilla para el mouse tiene plasmada una playa. Detrás de Barraza, un afiche enmarcado en el que aparecen los peces de mayor importancia comercial en Centroamérica.

El Salvador tiene 338 kilómetros de costa. En el occidente, las playas comienzan en la desembocadura del río Paz, en la frontera con Guatemala, en Ahuachapán; y terminan en oriente, en La Unión, en el Golfo de Fonseca. La mayor parte de las playas se formó por medio de depósitos de arena que, pasados miles de años, el mar hizo en las rocas. Por esto se les conoce como barra de arena.

Protección. Para protegerse del impacto de las olas, la alcaldía, y quienes pueden, han colocado piedras alrededor de la playa El Espino y así evitar que el mar se lleve, de a poco, las construcciones.

Las playas de barra de arena, según Barraza, se caracterizan porque, al igual que las bocanas, son inestables en el tiempo. Sucede en el país y en el mundo. Para explicarlo, acude a Google Earth, se posiciona en el mapa de El Salvador y señala las líneas que dividen el mar de las playas.

Las dunas -pequeñas elevaciones de arena que están a la orilla de la playa, donde hay vegetación, y que sirven como barrera para evitar las marejadas y que el viento arrastre sedimentos- han sido destruidas en la mayor parte del litoral salvadoreño, dice.

El Espino no es la excepción, por eso está más vulnerable a mareas altas y a tormentas fuertes, como ocurrió en el huracán Mitch, cuando arrasó con las casas de los lugareños. Para el experto, esta es la playa en donde, posiblemente, está más visible la erosión en las costas del país. Más arena deja la playa y esta no es igual a la que trae el mar.

De acuerdo con el estudio realizado por el MARN, entre las causas del proceso de erosión en El Espino provocadas por el hombre están las construcciones, donde chochan las olas y extraen arena, no permitiendo que su energía corra a la cara de la playa; la deforestación de la vegetación natural, que ayudaba a retener los sedimentos -descomposición de los materiales- más finos; y la construcción de las represas del Río Lempa y sistemas de riego en el río Grande de San Miguel que, con su actividad, hacen que se pierda parte del sedimento que llegaba a la costa, sumado a que en sus cauces hay extracción de arena.

Aunque el investigador Barraza indica que la erosión en las costas es natural y que las playas están en constante cambio por el movimiento que el mar y el viento producen en los sedimentos, advierte que el cambio climático está acelerando los procesos. A esto se agregan factores como la deforestación en la cobertura boscosa alrededor de los ríos que desembocan en los mares, que provoca que ya no haya retención de las lluvias y un cauce suave, sino que puede generar hasta inundaciones.

Lo ejemplifica, en su computadora, mostrando dos fotografías satelitales de la desembocadura del río Jiboa. Son de 1957 y de 2019. En la primera se observa mayor cobertura boscosa, mientras que, en la segunda, esta ha ido disminuyendo, sustituida por cultivos y viviendas. Y además, la bocana del río desplazada más a la derecha, lo que hace que, cuando el río crece, inunde a las comunidades de la zona.

El Grupo Intergubernamental de Experto sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas Medio Ambiente, publicó el Quinto Informe de Evaluación sobre el cambio climático en 2014, concluyendo que el ser humano es el causante del mismo.

El informe estableció que, entre 1901 y 2010, el nivel medio mundial del mar subió 19 centímetros y que los océanos se han expandido por el derretimiento de hielo. Además, determinó que, por las emisiones de gases de efecto invernadero, posiblemente la temperatura mundial -la cual entre 1800 y 2012, incrementó 0.85°- siga en aumento y con ella los océanos se calienten y el hielo continúe derritiéndose.

Por lo tanto, según las estimaciones, en 2065, el nivel medio del mar aumentará entre 24 y 30 centímetros; y en 2100, 63 centímetros, respecto a los años de referencia, que son 1986-2005.

“Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo”, explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

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Josué López no estaba en su casa el 2 de mayo de 2015. Andaba con su primo apagando un incendio a kilómetros de la playa El Botoncillo, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Cuando llegó, al presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitaria de esta comunidad, le costó reconocer el paisaje. Encontró inundado el terreno donde estaba su casa y su familia ya había sido evacuada a una escuela que sirvió de albergue en el municipio guatemalteco de Moyuca, vecino de El Salvador. Perdieron todo, y en medio de la angustia, la alcaldía del municipio ahuachapaneco les dio la espalda, dice.

Tres meses después, Josué encontró su cocina enterrada en el manglar, donde fueron a parar muchas de las cosas de las 210 familias afectadas en el caserío El Botoncillo y Bola del Monte, a quienes las olas no les dieron paz durante cuatro días.

«A esta altura nadie se puede imaginar todo lo que sufrimos y todo lo que destruyó el mar en esa fecha, porque ya del 2015 a 2019, aquí se ve como que así era», cuenta Josué a un lado de donde una vez fue su casa. La casa de ladrillo a la que le faltan paredes y no ha podido reconstruir, porque la pesca, dice, se ha puesto mala y no alcanza para pagar las deudas que tiene.

Cuando habla mira al horizonte, donde antes que el mar destruyera a la comunidad y parte de su manglar, habían más de 200 metros de playa: afuera de su casa tenía los tapescos en los que secaba el pescado, más allá había un surco de árboles de botoncillo, un bordo, un basurero y una cancha de fútbol playa. Y atrás, pozos de agua dulce, que ya son de agua salada. Todo lo cambió el mar.

Ahora, cuando la marea está alta, para evitar que las olas que impactan se lleven la arena, ha tirado basura, como palmas secas y plástico, a la par de donde están los restos de su casa y metros enfrente donde ha construido dos casas con palma, vena de coco y horcones de botoncillo. Dice que el mismo aire va enterrando la basura y esto crea una barrera.

En mayo de 2015 las costas salvadoreñas fueron afectadas por el mar de fondo, un fenómeno que ocurre entre mayo y noviembre, y que provoca olas de hasta 10 metros de altura. El fuerte oleaje se debe a las lluvias ocurridas en el Océano Índico, entre diciembre y febrero, e inicia en el Océano Pacífico cuando termina la época seca y comienza la lluviosa.

Desde esa fecha, la vida ya no es igual en la comunidad. Tras el mar de fondo, en el manglar, que se extiende hasta el cantón de Garita Palmera, el canal perdió su hondura y su anchura. Lo cuenta Rigoberto Monge, el vicepresidente de la Asociación de la Microcuenca Marino Costera de la Zona Sur de Ahuachapán y primo de Josué.

Rigoberto está frente a un canal que, dice, años atrás tenía una profundidad de un metro. Pero, cuando el mar sobrepasó la playa y entró por la bocana, comenzó a matar a los manglares. Enfrente hay palos de mangle pequeños, que fueron sembrados después que la comunidad excavó los canales, porque todo quedó aterrado de arena y lodo. También hay troncos de árboles que se secaron. Ante él saltan los camarones y los pescados conocidos como chimberitas, en el poco de agua que se niega a morir.

«Eso quedó como si no había existido estero, como si no había existido río, porque todo lo llenó de arena», relata. Y recuerda que, antes de 2015, la bocana del caserío El Botoncillo pasaba destapada de seis a cinco años, lo que permitía que el agua fluyera libremente y bañara el manglar. Ahora se tapa una o dos veces por año. A veces la alcaldía de San Francisco Menéndez les envía una máquina para extraer arena, pero, sino, la comunidad la saca con palas y azadones.

Los bosques de manglar previenen las erosiones en las costas y son barreras naturales ante las inundaciones. En ellos viven crustáceos y peces, que contribuyen a la economía de los lugareños. Para que los bosques estén vivos, necesitan 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce, porque con los flujos de estas dos aguas, los árboles constantemente están subiendo y bajando. De lo contrario, se quedan estancados y se pudren. Y mueren los animales.

Manglares. Con el aumento del mar, también incrementa la salinidad. Esto afecta a los bosques de manglar, que necesitan que corra en sus canales 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce.

El manglar de El Botoncillo es parte del sitio Ramsar Complejo Barra de Santiago. Estos sitios son ecosistemas de importancia internacional, por ser humedales únicos, que almacenan dióxido de carbono y que les sirven de hogar a especies migratorias.

Caminando a un lado de la bocana, donde se observan más árboles de mangle descubiertos de agua, entre la frontera de El Salvador y Guatemala, este mediodía Rigoberto lamenta que el escenario no sea el de años anteriores, con canales profundos y anchos. Que ya no lleguen a este lugar las aguas del río Paz, que evitaban la arena acumulada en la bocana y la salinidad en el estero, y que además, ayudaban a que hubiese un flujo de agua. Así, es imposible que no se acumule el agua salada en el bosque y se contamine. Antes no pasaba, con las seis horas de llenado y otras seis de vaciado.

«Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo», explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Ramírez, el encargado de la UNES de monitorear la zona sur de Ahuachapán, indica que fenómenos hidrometeorológicos, como el mar de fondo, tienden a ser constantes por el cambio climático y esto conlleva al aumento de los niveles de mar. Sobre todo en esa parte de la zona de occidental, donde ha habido un cambio de uso de suelo y cada vez hay más monocultivo de caña.

Después de lo que ocurrió en 2015, la UNES comenzó a implementar un monitoreo hidroclimático que consiste en extraer agua de los pozos de la zona para saber cuánta agua tienen, vincular su cantidad a la sequía, a la ausencia de lluvia o la extracción para la riega de caña. También hay un monitoreo de lluvia, en conjunto con el MARN, para saber cuándo es tiempo para cultivar o reforestar el manglar; y hay un monitoreo para medir la salinidad, acidez y el oxígeno del manglar. Pero la comunidad se ve amenazada.

Un informe que el MARN y la UNES realizaron en 2016 señala que en los últimos 40 años, se ha transformado el manglar de Garita Palmera, que debería ser pantanoso y con ramificaciones hidrológica. Ha sido afectado porque la microcuenca El Aguacate, un brazo del río Paz, que lleva agua hasta el manglar, ha servido como canal de riego para cañales. Esto lo descubrieron las comunidades y comenzaron acciones contra empresarios. Pero el agua de este río, cuyo curso fue desviado por el huracán Fifi, en 1974, para el territorio guatemalteco, sigue sin llegar a la costa salvadoreña.

Ramírez sostiene que la producción de caña afecta los ecosistemas y a las poblaciones vulnerables, como El Botoncillo, y que, por ello, es necesario que el MARN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería regulen los permisos ambientales. Ya que, con estas actividades, hay una repercusión en el aumento de los niveles del mar, sumado al cambio climático. También apunta a la necesidad de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad de las comunidades ante los intereses empresariales. Voceros oficiales de una empresa cañera dijeron a esta revista que el sector no tiene incidencia en la cuenca desde hace dos años.

En la entrada de la bocana, Rigoberto espera que, un día, los casi dos metros de arena que trajo el mar de fondo, en 2015, puedan ser drenados en donde una vez fue un estero fluyente. Aunque esto no sería suficiente para recuperar el bosque de manglar, ante un río que ya no es de ellos, de la comunidad, y un mar que va creciendo y se traga todo lo que encuentra.

Una bomba de tiempo entre las paredes de la PNC

Ilustración de La Prensa Gráfica – Fotografías cortesía

Durante los últimos cinco meses de 2014, la Unidad de Archivo Central de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó sin papel higiénico. Así consta en un expediente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

La Dirección General de Previsión Social del MTPS hizo, el 15 de agosto de ese año, una visita técnica a esta instalación policial, ubicada sobre la 1.ª avenida norte, de San Salvador. Le dio 18 recomendaciones a cumplir, porque la PNC estaba violando la Ley General de Previsión de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Entre las recomendaciones estaba comprar el papel higiénico, proveerles a los policías agua purificada y comprar cinco escaleras que serían utilizadas para alcanzar documentos.

Hasta el 23 de diciembre de ese año, cuando el expediente contiene la última observación del MTPS, la PNC no había comprado papel higiénico y tampoco había comprado las escaleras.

Tras la primera visita del ministerio, en un intento por solventar las infracciones a la ley, existió un intercambio de correspondencia a nivel interno de la PNC que se prolongó hasta el 24 de octubre. Pero la justificación siempre fue la misma: no había dinero para comprar papel.

Veinte días después de la visita, el 4 de septiembre, la jefa de Administración de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC) envió un memorándum al encargado del Fondo Circulante de la PNC en el que le pedía que compraran papel higiénico. La respuesta llegó ese día por parte de la encargada de la caja chica de la UAC que, en resumen, le dijo que los recursos no podían utilizarse para comprar bienes o servicios de carácter urgente, porque así lo establecían las normas de aplicación de fondos circulantes y montos fijos de la institución. «Por lo que la compra de papel higiénico queda sin efecto por ser un recurso planificado y no de carácter urgente», concluyó en el memorándum.

Desde agosto hasta la última página anexa al documento, fechada en diciembre, no hubo, de parte de la corporación policial, manera de hacer llegar papel higiénico a 60 de sus agentes que laboran la Unidad de Archivo Central, ubicada en la capital.

En 2019, la historia se repite. El MTPS consigna que las faltas a la Ley de Previsión de Riegos persisten, sobre todo en la carencia de un plan de emergencias y evacuación en las instalaciones policiales, algo que está regulado en el artículo 8 de la ley.

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LA CARENCIA

El olor a orín es fuerte en este baño de hombres. Hay pedazos de papel higiénico depositados en un basurero, pero no hay papel limpio para usar, solo han quedado en una pared las señas de un portarrollos. La suciedad se come la taza del inodoro azul, al que, además, le falta la tapa del tanque. Para sustituirla, alguien ha puesto una tabla pintada de verde que se ha mojado y ya tiene hongos. Alguien también ha puesto -al otro lado de la ventana de solaire, que está en la pared derecha de este cuarto- un pedazo de lámina. Es una forma de guardar la privacidad en este lugar que no mide más de dos metros cuadrados.

En la parte izquierda del baño hay un espacio para ducharse. El tragante no tiene tapadera y está en medio de nueve hileras de cerámica celeste y una hilera de ladrillos verdes en forma de L por donde avanza el sarro hasta trepar a las paredes y más en donde está la perilla para abrir el grifo.

El baño es de un puesto policial que funciona en una casa de dos plantas en Mejicanos que, si no fuera por una patrulla y dos motocicletas que esta mañana están estacionadas enfrente, de lejos pasaría como una casa más. De cerca, se distingue porque en la puerta principal tiene el letrero: Departamento de Tránsito Terrestre. Es el puesto de PNC que cubre todos los hechos relacionados con tránsito entre Mejicanos y Ciudad Delgado, el municipio vecino.

Las carencias de recursos en las instalaciones de la PNC no son nuevas y MTPS ya las ha documentado en las visitas técnicas que realiza para verificar si se cumple la Ley de Previsión de Riesgos.

Esta ley, aprobada en 2010, da parámetros de cómo deben ser las condiciones de infraestructura y salud ocupacional en las que tienen que trabajar los colaboradores de instituciones públicas y las empresas. Para su cumplimiento, en teoría, el MTPS realiza inspecciones y da recomendaciones sobre las infracciones leves, graves y muy graves a la ley. Si estas no se solventan, hay multas para el empleador que van desde los cuatro salarios mínimos hasta 28 salarios mínimos.

Revista Séptimo Sentido obtuvo, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del MTPS, los informes que el ministerio ha realizado a partir de visitas a las instalaciones policiales, entre 2016 y marzo de 2019. Estos dan cuenta de las violaciones la Ley de Prevención de Riesgos, lo que también pone en peligro la salud de los policías.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y la falta de sillas cómodas para trabajar. El ministerio también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

Mientras que en la delegación central de la PNC, en San Salvador, recomendó que hubiese apilamiento seguro de materiales de trabajo, como el control de evidencias. Estas son las pruebas que los investigadores recopilan en las escenas de delitos para resolver los casos judiciales y que, de dañarse, ya no sirven.

Esta revista solicitó durante un mes, y por diferentes medios, entrevistas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro; y con un encargado de Prevención de Riesgos Ocupacionales de la PNC, para conocer qué acciones se están realizando para mejorar la salud ocupacional de los policías. Pero hasta el cierre del reportaje, los equipos de Comunicaciones de ambas instituciones no dieron respuesta.

“Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y ahí esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice Marvin Orellana, líder de ANPES.

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LA SANIDAD

Los policías, como para advertir que no sirve el tanque del inodoro, han puesto dentro de este una escoba y una botella partida con la que sugieren agarrar agua de la pila que está a un lado. A esta, que es la subdelegación de Rosario de Mora, al sur de San Salvador, el MTPS también le recomendó que hiciera suministro de papel higiénico. Fue en una visita hecha el 13 de noviembre de 2017, pero dos años después, en una mañana de junio, el baño sigue sin papel. Y el inodoro que una vez fue blanco, ya es amarillo.

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos dice que los lugares de trabajo deben cumplir con condiciones de estructura (pasillos, paredes, techos, asientos, comedores, dormitorios, servicios sanitarios, instalaciones eléctricas, entre otros) que garanticen la seguridad e higiene ocupacional de los colaboradores ante riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades.

También indica que cada institución o empresa que tenga más de 15 trabajadores, o cuando la Dirección General de Previsión Social del MTPS lo sugiera, cuente con comités de Seguridad y Salud Ocupacional, que son los encargados de prevenciones de riesgos.

La PNC, según su Unidad de Comunicaciones, tiene comités en cada una de las instalaciones. Sin embargo, en los informes consultados, el MTPS sugirió conformar estos comités a puestos con más personal policial como la División Central de Investigaciones y la División de Tránsito Terrestre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada 19 de noviembre el Día del Retrete, porque, sostiene, que este salva vidas al evitar que las heces humanas propaguen enfermedades mortales. Sin embargo, advierte que a nivel mundial hay una crisis de saneamiento. En 2017, la organización presentó el informe «Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene», realizado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que reveló que 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen un saneamiento seguro.

El informe, además, señala que la deficiencia de estos servicios y el agua tienen relación con la transmisión de enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería y la hepatitis A.

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LA COSTUMBRE

Marvin Orellana es policía desde hace 22 años y es el vocero oficial de la Asociación Nacional de Policías de El Salvador (ANPES), que nació hace un año y se organiza a nivel de redes sociales para exigir los derechos del personal policial. Marvin está claro que la Constitución, en su artículo 47, le prohibe a los policías y a la Fuerza Armada el derecho a asociarse o formar sindicatos.

Él trabaja como investigador en la subdelegación policial del barrio San Jacinto, una subdelegación en la que trabajan aproximadamente 120 policías. A diferencia de otras instalaciones policiales, a simple vista, en esta las condiciones de infraestructura parecen variar: los escritorios y las sillas están en buen estado, el baño está aseado, e incluso, hay aire acondicionado. Y dentro de la delegación hay una cafetería y una dispensadora de bebidas.

La subdelegación San Jacinto cubre este barrio de la zona sur de San Salvador y su competencia llega hasta los límites de la ciudad capital con Panchimalco, San Marcos y Soyapango, y cierta parte del Centro Histórico, del lado del bulevar Venezuela. Para hacerlo tienen asignadas cinco patrullas, pero de estas, solo una «medio funciona», dice Orellana, por eso también hacen los patrullajes a pie. Otro de los problemas a los que él se refiere esta tarde de junio es que si las agentes, quienes tienen su dormitorio en la segunda planta de la subdelegación, no se bañan a las 3:30 de la mañana, no logran agarrar agua y les toca acarrearla desde la primera planta.

«Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice.

Según Orellana, los policías no reciben un inmueble en malas condiciones para laborar, sino que el cuido depende del personal. Para él, en la institución existen otras preocupaciones, como la falta de aumentos salariales, la falta continua de ascensos a otras categorías policiales y el acceso a una pensión digna.

El último aumento que recibieron los policías fue de $50 dólares, en 2007, cuando también se incorporó a la Ley de la Carrera Policial (LCP) el escalafón que reciben cada cuatro años. La cantidad del escalafón varía según el nivel al que pertenezcan. Un policía que recién ingresa a la institución recibe un salario de $424 menos los descuentos. Según la ley, su escalafón representa el 6 % de este monto, que equivale a $28, menos descuentos.

En marzo de 2016, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, los policías y soldados que realizan funciones de seguridad pública, y custodios de penales comenzaron a recibir un bono trimestral de $150, este se ha ido en aumento, de $200, $300 y hoy es de $400. Sin embargo, el problema que Orellana ve con los bonos es que estos no le dan garantía a un agente que vive entre pandillas y quiere comprar una casa en otra zona, porque el dinero no forma parte de su salario. Igual sucede, dice, con el régimen de disponibilidad, el dinero que los policías reciben para alimentación, que es entre $130 y $190.

Días antes que Nayib Bukele ganara la Presidencia, en enero, se reunió con representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía. El secretario general de este movimiento, Marvin Reyes, confirma la reunión y muestra dos hojas con 16 puntos que Bukele firmó. Entre estos está su compromiso con la mejora de la infraestructura de las instalaciones policiales, el aumento del salario de los policías y la promoción de ascensos. De esto, dice Reyes, aún no hay nada.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, el precio de la canasta básica en El Salvador es de $200 para la zona urbana y de $144 para la zona rural. Con ingresos como los que recibe un policía en la categoría de agente, el puesto más bajo dentro de la PNC, este no puede costearse los recursos que la institución le adeuda en su trabajo, por ejemplo, papel higiénico por cinco meses.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y de aseo en los baños, así como la falta de sillas cómodas para trabajar y la infiltración de agua lluvia en las instalaciones policiales a causa de goteras; el ministerio de Trabajo también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

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EL DESENCANTO

Aarón recuerda que aquel jueves 20 de junio, el día que comenzó el de Seguridad del nuevo Gobierno, el Plan de Control Territorial (PCT), lo sacaron de la subdelegación donde trabajaba y lo llevaron a una delegación policial de la zona central del país, donde se reunió con policías de otras subdelegaciones y de áreas como la Unidad de Mantenimiento del Orden, de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales y de la División de Armas y Explosivos. Antes de ese día, él no sabía nada de lo que tendría que hacer, la explicación que les dio un jefe policial fue simple: los habían llamado para formar parte del nuevo plan de seguridad, pero de una vez les advirtió que no los quería ver durmiendo en la delegación.

«Ningún ‘cuilio’ voy a permitir que duerma en la delegación», cuenta Aarón, vía teléfono, que les sentenció el jefe. No tenían dónde dormir, así que tuvieron que esperar hasta las 11:30 de la noche que un camión llevara, desde San Salvador, colchonetas. Esa noche, y durante otras dos semanas, ocuparon la casa comunal del cantón donde hoy están destacados, pero fueron sacados de ahí, dice, porque los lugareños necesitaban usarlo para otras actividades propias de la comunidad.

Desde entonces, el grupo que comenzó con 90 policías y soldados, y hoy ya sobrepasa los 100, planteó tomarse alguna casa abandonada para establecerse, también fue ilusionado por sus superiores con que la alcaldía del municipio le pagaría el alquiler de casas. Nada de eso se concretó y el personal comenzó a segresarse en subgrupos: un grupo vive en dos casas que ya eran utilizadas por la PNC, pero estaban abandonadas; otro alquila una casa que es pagada de su dinero, incluidos los recibos de agua y luz; a un tercer grupo, un señor les ha dado donde vivir sin cobrarles nada. Lo mismo sucede con el lugar donde está Aarón: una empresa les ha permitido a él y a otros cinco colegas instalarse en un cuarto con sus colchonetas.

El 4 de julio la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno la reasignación de $31 millones para implementar la primera fase del PCT. La propuesta que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó a los diputados fue que de esa cantidad, $3 millones serían destinados para la alimentación de 2,500 policías y otros $6,048,000 para la de los 5,040 soldados que participan del plan. Cada uno tendría que recibir, mensualmente y hasta diciembre, $200 para su alimentación.

Lo que ha pasado es que, mientras los soldados reciben los $200, a los policías el Gobierno les ha dado un complemento al régimen que ya recibían. Es decir, que si recibían $130 o $190, les ha dado solo $70 o $10.

Esto lo confirman el agente Orellana y Aarón, que accedió a hablar a cambio que no se revele su nombre. A él, dice, solo le dieron $70 y todavía no sabe cuándo le darán completo el dinero que un día le prometieron.

Lejos del discurso oficial sobre la funcionalidad del PCT, los policías y soldados que fueron desplegados a la misma zona que Aarón, todavía esperan los catres que las autoridades les prometieron un día. Duermen en el suelo, sobre una colchoneta, que, de tanto usarla, se está desgastando, cuenta el policía.

Orellana dice que así como en el caso de Aarón, los policías que fueron seleccionados de delegaciones, subdelegaciones u otras áreas policiales para el PCT, llegaron a otras instalaciones en las que ya no había cupo para más personal y eso ha generado condiciones precarias, pero ellos necesitan esos espacios para dormir, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas.

«Es obvio que va a ser una lucha, porque no nos vamos a dejar», adelanta, desde la delegación de San Jacinto, Orellana cuando habla de violaciones laborales a las que se ven sometidos y el temor de sus colegas a organizarse por la prohibición constitucional que existe. Lo que pasa con los policías que forman parte del plan de seguridad es, dice, solo una «bomba de tiempo», porque ya hay algunos que se están quejando y que hablan de manifestarse.

El camino entre separar basura y organizar un movimiento por el trabajo digno

Cada viernes a las 7:30 de la noche, los recicladores de base de Ciudad Futura, del municipio de Cuscatancingo, se reúnen en la casa comunal para charlar sobre su jornada laboral durante la semana. Unas 30 personas, a veces más, conversan sobre los horarios que cumplen para separar y recolectar material reutilizable que, por lo general, va de 5:00 de la mañana hasta las 6 de la tarde; también estudian el manejo adecuado de los desechos sólidos, como puede reciclarse y qué puede ser tóxico; analizan los precios de compra y venta que se manejan en el mercado; y revisan los perfiles de quiénes pueden ser parte de la junta directiva para conformar el Movimiento Nacional de Recicladores.

En esos viernes, también charlan sobre por qué se hacen llamar recicladores de base y llegan a la conclusión de que el nombre dignifica su oficio, como el de cualquier otra profesión; como doctor, profesor, ingeniero o arquitecto.

Su trabajo consiste en recolectar y separar, entre los contenedores de basura, materiales que pueden reutilizarse: latas, botellas de plástico, cartones, cobre, hierro, aluminio, celulares, computadoras y comercializarse en el mercado industrial.

Desde hace dos años, los trabajadores han tomado la decisión de organizarse para mejorar sus condiciones laborales.

Entre quienes han decidido encabezar la lucha está América Sarmiento. Esta mujer de 50 años, es reconocida como la representante del incipiente Movimiento Nacional de Recicladores. «Una mañana encontré, entre los papeles que compramos, un libro que por título llevaba ‘¿Cómo ser una líder?’. Mire cómo es la vida, ese día me quedé pensando y llegué a la conclusión de que ser una buena líder es no pasarse de lista y pensar en el bien común, porque no me gustan las injusticias».

En un jueves de mediados de agosto, América Sarmiento está sentada como todas las mañanas afuera de su almacén de reciclaje en Ciudad Futura. La mujer está limpiando motores de ventiladores, les saca el cobre; también limpia botellas de plástico y las separa por colores.

«Azul, verde, transparente… de este plástico que se recoge pueden hacerse guacales, sillas, vasos, cántaros. Todo se puede reutilizar», dice América.

En Ciudad Futura, según América, hay más de 30 recicladores de base que se enfrentan a las mismas condiciones que Eduardo. No cuentan con un seguro médico, ni cotizan una pensión económica para su jubilación y mucho menos cuentan con un equipo para el manejo de residuos.

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Para América es una jornada atareada y ya son pasadas las diez de la mañana. Su almacén es un espacio donde se compra el material reciclable para luego comercializarlo con proveedores industriales.

Un señor ha llegado con unos cuantos marcos de ventana que América compra como aluminio. «Estos marcos deben limpiarse… hay que quitar todo lo que no sea del mismo material. El aluminio no puede mezclarse con el hierro porque sería tóxico para el humano. De acá pueden sacarse moldes para ollas, cacerolas», le dice,

Al rato, otro cliente, «el moreno», un reciclador de base que llega a vender dos televisores para «juntar lo del almuerzo». Dentro de la bodega de reciclaje, mientras espera por la paga, Eduardo Yanes aprovecha para platicar sobre su jornada y las pocas condiciones con las que cuenta para realizar su trabajo en los contenedores de basura de Ciudad Futura.

Eduardo hace un recuento de cuántas veces ha sufrido un accidente por no tener unos guantes y encontrar entre los desechos pedazos de vidrio o agujas de jeringas, levanta las manos y señala sus heridas, una cortada de más de 5 centímetros en su palma derecha y otras más en su brazo derecho.

A su circunstancia, le suma que carece de un espacio para guardar o separar el material, así que no le queda más que hacerlo en la calle o su hogar. Y cuando logra reunir una buena cantidad de material, su ganancia baja porque debe arreglárselas para conseguir un camión para transportar el producto.

Condiciones. La falta de un espacio digno para trabajar obliga, muchas veces, a los recicladores a almacenar material en sus hogares.

«El reciclador vive de la basura», asegura Yanes, y es que para los recicladores este oficio es una luz y un medio de subsistencia en un país con pocas oportunidades laborales. Así que, luego de 17 años de trabajar como pepenador, no le queda duda de que su labor debe ser reconocida como un empleo más.

De los televisores, Eduardo logró juntar dos dólares y centavos que ya le alcanzan para almorzar y proveer a su esposa e hijo de un plato de comida. Se despide. Y en su bicicleta regresa a los contenedores para terminar con su jornada laboral.

Luego de escuchar a su compañero, América repite una y otra vez, que es necesario que a los recicladores se les reconozca a través de políticas públicas. «El reciclaje es un empleo, es nuestra vida y fuente de ingreso. También tenemos que luchar para que los hijos de los recicladores cuenten con mejores condiciones».

En Ciudad Futura, según América, hay más de 30 recicladores de base que se enfrentan a las mismas condiciones que Eduardo. No cuentan con un seguro médico, ni cotizan una pensión económica para su jubilación y mucho menos cuentan con un equipo para el manejo de residuos.

América insiste en que es necesario cerrar el almacén y dar una vuelta por la comunidad para conocer a otros recicladores.

Entre los pasajes de Ciudad Futura 1 y 2, Victor Melgar y Aracely Orellana han hecho de su hogar una bodega de reciclaje, aunque no era su propósito. La falta de un espacio digno para trabajar, los ha obligado a acaparar material. Y es que para los pepenadores vender unas cuantas libras de plástico o material ferroso no da para sobrevivir. Así que necesitan hacerse de una gran cantidad para rondar, al menos, el salario mínimo.

Cuando Victor y Aracely ven llegar a América a su hogar, no pueden evitar preguntar sobre cómo va el tema de la planta de separación de residuos que está a unos cuantos kilómetros de Cuscatancingo.

América les asegura que una vez legalizado el Movimiento Nacional de Recicladores, lucharán porque la planta vuelva a funcionar.

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UNA PLANTA OCIOSA

A unos 20 minutos de Ciudad Futura, dentro de Cuscatancingo, hay un planta de separación de residuos que ayudaría a los recicladores a aligerar su trabajo, pero ha dejado de funcionar.

El espacio de 900 metros cuadrados está equipado con maquinaria para clasificar el material reciclable, entre ellas, tres bandas separadoras de plástico, un molino para picar este mismo material, una presa hidráulica para compactar el cartón y el papel, básculas y un camión para transportar 4.2 toneladas. Todo lo que les falta a Eduardo, a Víctor, a Aracely y a la propia América.

De funcionar, la planta ayudaría a los recicladores a reducir costos para la movilización, venta y almacenamiento de material; disminuiría su jornada laboral de más de ocho horas diarias; y sería una fuente de empleo entre los mismos pepenadores.

La planta se creó en 2013 con el proyecto «Buenas prácticas de emprendedurismo social y Ecogestión» (RESSOC). Una iniciativa del Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS), que según la OPAMSS, se estableció para fortalecer el trabajo de los recicladores en el tratamiento y venta de residuos en los municipios de Cuscatancingo, Apopa, Ayutuxtepeque, Mejicanos y el departamento de San Salvador.

Sin embargo, sobre el cierre el COAMSS/OPAMSS da poco detalle. De acuerdo con Jorge Henríquez, subdirector de Desarrollo Social y Económico de la OPAMSS, la suspensión de operaciones se debe a razones técnicas y no políticas.

«Hemos tenido que pensar en cómo mejorar los procesos de producción y ver en qué estado se encuentra la maquinaria, eso nos ha llevado tiempo. Esta es la razón porque la planta ha dejado de funcionar por un año y medio. Además estamos buscando fondos luego de que concluimos dos proyectos con la Cooperación Española», asegura Henríquez.

La planta de separación de residuos es una empresa de Economía Mixta del Área

Metropolitana de San Salvador (ECOESAMMS) que según Henríquez, está bajo el control de una parte pública, que es representada por el COAMSS y las Alcaldías de Cuscatancingo y Apopa; y una parte privada que está bajo la tutela de las cooperativas de recicladores de Cuscatancingo, Apopa, Mejicanos, Ayutuxtepeque y San Salvador. «Esta junta directiva es la que toma todas las decisiones», asegura.

Sin embargo, hasta el momento, los recicladores de Ciudad Futura desconocen a qué se debe el cierre. Como representante de los pepenadores, América manifiesta que desde la Alcaldía de Cuscatancingo también hay resistencia para abrir la planta.

Al solicitar información a la Alcaldía de Cuscatancingo sobre el paro de operaciones

de la planta, la alcaldesa Heicy Flores dijo a través de su asistente de comunicaciones que «ella no tiene mucha injerencia en el tema y que se consulte directamente con la empresa que está a cargo de la planta: ECOESAMMS».

Desde el Movimiento Nacional de Recicladores, América y sus compañeros han insistido en que la planta vuelva a funcionar. Pero lo que hace difícil esta petición, es que el movimiento aún está conformándose y no cuentan con una legitimación.

Sin planta, América cree necesario seguir organizando a los recicladores a nivel nacional para legalizar el movimiento de los pepenadores.

Plástico. América Sarmiento compra botellas de plástico que, luego, pueden ser reutilizadas para fabricar guacales o sillas.

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De vuelta en el almacén, otra clienta espera por América. Es una señora de la comunidad que pregunta de cuánto es la paga por unos trozos de acero inoxidable. De libra en libra, la mujer consigue unos cuatro dólares. Mientras pesa el material, América aprovecha la oportunidad para hablar sobre el reciclaje inclusivo.

«Mire de esto se trata el modelo de reciclaje inclusivo, de integrar, hacer parte a los recicladores de las actividades comerciales con la compra y venta de materiales reciclables. A esto le apostará el Movimiento Nacional Recicladores. Muy pronto trabajaremos de la mano con la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo», detalla Sarmiento.

Jadira Vivanco, coordinadora de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), asegura que la organización está trabajando, desde el 2011, en el reconocimiento de la labor de los recicladores en los sistemas urbanos de reciclaje, ya que han identificado que en el continente son más de dos millones de personas las que se dedican a esta labor y viven de la actividad.

«Desde la IRR es importante que los diferentes gobiernos reconozcan la labor de los recicladores de base, pues son estos trabajadores los que alimentan las cadenas de intermediación de la comercialización de los materiales, es decir, entre las empresas y sus proveedores», ilustra la coordinadora regional.

Según Vivanco, replicar el modelo en El Salvador implicaría, en términos económicos y ambientales, reducir costos operativos para la creación de rellenos

Almacén de reciclaje. En Ciudad Futura, Cuscatancingo, los recicladores cuentan con un espacio donde compran y venden material reciclable.

sanitarios, ya que, entre más se recicle, habrá menos necesidad de pensar en la creación de este servicio. Además, disminuiría los costos sociales que implica un botadero entre las comunidades y reduciría los pasivos ambientales, como la contaminación de la tierra.

Como modelo de negocio, el reciclaje inclusivo trabajaría para que las empresas produzcan menos desechos y generen mayor aprovechamiento sobre los residuos.

En cambio, Silvia Quiroa, directora Ejecutiva del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), considera que, en el país, es necesario un programa de cero basura para reducir a gran escala la generación de desechos.

«Cuando hablamos de reciclaje, lo que estamos diciendo es ‘generemos más desechos porque ahí están las alternativas para reciclar ese tipo de material’, pero, en realidad, esto también está generando un impacto importante ambiental. Esto hay que decirlo, porque si nosotros creemos que con el reciclaje resolvemos el tema del mal manejo de los desechos sólidos», concluye Quiroa.

Colombia, uno de los países que se ha sumado a la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, ha logrado que los recicladores de base sean reconocidos y remunerados por su trabajo. En 2016, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó el decreto 596 que formaliza el oficio.

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El día cae y América se prepara para regresar a casa, una que hace solo cuatro meses, gracias a su trabajo como recicladora, ha podido comprar. Antes de partir, hace hincapié en que, desde los distintos sectores de la sociedad, se debe valorar el trabajo de sus compañeros y que no debe ser menospreciado.

«El siguiente paso es realizar un censo nacional para saber cuántas personas se dedican al reciclaje. Necesitamos unificar esfuerzos entre los recicladores que no están organizados para poder conformar la junta directiva del Movimiento Nacional de Recicladores. Buscaremos la legalización para poder canalizar nuestras demandas y exigir que se nos reconozca dentro del sector laboral», dice América.

El oficio también le ha ayudado a sacar adelante a sus tres hijos y pagar sus estudios de bachillerato en mecánica automotriz y desarrollo de software. América asegura que, de no ser recicladora, sería cocinera, pero de haber sido así, cree que no hubiese tenido la oportunidad de trabajar y dar a sus a sus hijos más oportunidades que las que ella tuvo.

Materiales. En el almacén de reciclaje se compran cartones, botellas de plástico, cobre, hierro. La paga varía según los precios del mercado nacional.