Las ciudades sin parques

Fotografía de Frederick Meza

A pocos metros de la zona centro del municipio de Ayutuxtepeque, desde hace 38 años, vive Félix Huezo. Lo hace en una de las zonas más populares. Mientras describe el municipio, comenta algo que le parece una curiosidad en la que no había caído: que en el casco de Ayutuxtepeque no existe ninguna área verde. Y concluye que es un fenómeno que, en gran parte, se debe a la sobrepoblación: «Las áreas menos pobladas son los cantones. El resto está».

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), Ayutuxtepeque cuenta con una población de 38,414 y una extensión territorial de 8.14 kilómetros cuadrados. Hasta 2018, según la mesa tripartita que incluye a la Policía Nacional Civil (PNC), Medicina Legal (ML) y a la Fiscalía General de la República (FGR), Ayutuxtepeque fue colocado como unos de los 10 municipios con mayor tasa de homicidios.

El Área Metropolitana de San Salvador se compone de 14 municipios, que no necesariamente pertenecen a un mismo departamento. Los unen más características que tienen que ver con urbanidad y también un organismo que entre sus responsabilidades está velar por la distribución del espacio. Es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Según la OPAMSS, en los 14 municipios en donde se agolpan más de 2 millones de personas, la cantidad de áreas verdes disponibles apenas llega a un 30 % de lo que se considera básico de acuerdo con cálculos internacionales.

En comunidad. De acuerdo con indicadores internacionales, los espacios públicos deben ser inclusivos. Una cancha, por ejemplo, no la utilizan todos.

La AMSS está muy lejos de alcanzar los 16 metros cuadrados por habitante que demanda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los nueve que establece como mínimo la Organización Mundial para la Salud (OMS). «La mayor parte de las zonas de Ayutuxtepeque no tienen áreas verdes, de hecho, no hay parque central, lo que hay es una plaza y no tiene estos espacios verdes», comenta Félix.

Félix vive en un condominio en el que hay pequeños espacios de recreación para las personas que lo habitan. Sin embargo, asegura: «Fuera de los condominios no hay espacio; es más, hasta hace poco, no había ni aceras». Al menos las dos áreas verdes que tiene el condominio donde vive son espacios utilizados por niños, jóvenes y adultos. Es una zona poblada de árboles, que son cuidados y protegidos por los habitantes de ese lugar. Hay mesas en donde comúnmente están jóvenes que se reúnen a platicar. También hay juegos, como columpios, en donde es visible el involucramiento de los niños.

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La OPAMSS determinó que Ayutuxtepeque y Cuscatancingo son los dos municipios con menos área libre por habitante. Los dos están abajo de 0.65 metros cuadrados. La abogada y gestora ambiental Alma Sánchez se hace una pregunta: «¿En dónde va a poder desarrollarse una persona con buena salud mental, si no tiene los espacios verdes necesarios para su recreación?»

Para Sánchez, que haya áreas verdes dentro de zonas residenciales, como los condominios de Félix, genera un impacto positivo, pero no cumple con la misión de integración que facilitan también los espacios comunales. «Viven en una isla que ya no interacciona con el resto de la ciudad, entonces, se vuelve una segregación espacial. Eso divide más a la sociedad, que de por sí ya está dividida».

La Ley de Urbanismo y Construcción considera que «la gran mayoría de las urbanizaciones que se han llevado a efecto en la ciudad capital lo han hecho en forma desordenada, mirando por regla general solo el beneficio de los urbanizadores y no el de las personas».

Félix recuerda que, cuando estaba pequeño, iba a cortar fruta o a dar un paseo de domingo al cerro El Carmen; era el área verde más grande de Ayutuxtepeque. Pero, hace algunos años, fue ocupado para construir viviendas. «Fue eliminado casi todo. Ahora es una zona en donde está la mayor parte de una populosa colonia», cuenta.

«Hemos encontrado en algunas colonias áreas que estaban reservadas para espacios públicos y han sido invadidas por asentamientos informales que se quedaron ahí, apropiándose de estos espacios», expone el técnico de la Unidad de Planificación Urbana de la OPAMSS, Carlos Calderón.

Sin espacio. En Mejicanos no hay espacios públicos que fomenten la interacción y el esparcimiento. Las personas ocupan, para esto, un área frente a la alcaldía municipal.

El déficit de áreas verdes no es solamente un problema del crecimiento acelerado de la población, sino también de la falta de interés por parte de las instituciones a las que compete el cuidado de estos espacios. La Política de Espacios Públicos considera que «dentro de las municipalidades las asignaciones presupuestarias son deficientes para el mantenimiento de los espacios verdes. Además, no hay asignación para la creación y el mantenimiento de los espacios públicos».

En 2015 fue cercado con tubos y malla ciclón el parque Balboa, ubicado en Los Planes de Renderos, por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). En ese momento, las autoridades de la institución en su página web informaron que pretendían brindar un mejor mantenimiento e iluminación al parque.

El abogado y defensor ambiental Camilo Melara es vecino de la zona y lleva ya cinco años realizando gestiones y organizando a la comunidad para que se conserven las áreas verdes y también para que estos espacios sean accesibles para todos y gratuitos. Con los vecinos de su lugar de residencia han unido esfuerzos para hacer llegar su demanda a las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado una respuesta por parte de la Asamblea Legislativa y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).

Cuscatancingo es el segundo municipio con menos espacio verde del Área Metropolitana de San Salvador. Con más de 25 años de residir en este municipio, Sofía Calderón explica que el hecho de que haya pocas áreas verdes y que sean pequeñas, como el caso de su lugar de residencia, dificulta los espacios de recreación. «A lo mucho hay unas dos áreas verdes. Y no tengo entendido que la alcaldía esté ejecutando algún plan para erradicar el déficit de áreas verdes acá en el municipio», expone Calderón.

Félix, por su parte, considera que «Ayutuxtepeque también se ha vuelto un problema de sobrepoblación. Todo el espacio en el que se podría crear un área verde ya está ocupado por residenciales, incluso el mismo cerro está casi totalmente poblado».

Y aún así, este avance de la mancha urbana no ha sido suficiente para resolver otro problema. En 2018, el «Estudio sobre el Estado de la Vivienda en Centroamérica», elaborado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLADCS) del INCAE, reveló que el país tiene un déficit de casi 1.4 millones de viviendas dignas de las cuales 245,369 deben construirse nuevas y el 82 %, equivalente a unas 1.5 millones de las casas, debe renovarse.

«En Ayutuxtepeque, por ejemplo, hay colonias en donde las viviendas son muy accesibles para vivir», afirma Félix. La densidad poblacional de Ayutuxtepeque ascendió a los 3,373 habitantes por kilómetro cuadrado, según el último censo. El aumento en la población ha propiciado que se construyan más complejos habitacionales y se reduzca el espacio de las áreas verdes.

Según el jefe de la Unidad de Turicentros y Parques Recreativos del ISTU, Héctor Galdámez, la falta de áreas verdes en el Área Metropolitana de San Salvador es un problema de urbanismo, y adjudica al alto grado poblacional la construcción de más espacios habitacionales y menos áreas verdes.

El déficit de áreas verdes no es solamente un problema del crecimiento acelerado de la población sino también de la falta de interés por parte de las instituciones a las que compete el cuidado de estos espacios. La Política de Espacios Públicos considera que “dentro de las municipalidades las asignaciones presupuestarias son deficientes para el mantenimiento de los espacios verdes. Además, no hay una asignación para la creación y el mantenimiento de los espacios públicos”.

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A 300 metros del centro de Ayutuxtepeque vive Carlos Clará, en una residencial con un aproximado de 40 casas. En medio del bullicio que genera vivir en una de las partes más transitadas de este municipio, Clará comenta que no solo existe escasez de áreas verdes, además, las que existen no son visitadas por la crisis delincuencial que atraviesa el territorio. En 2018, LPG Datos por medio de las estadísticas brindadas por la PNC, Medicina Legal y la FGR colocó a Ayutuxtepeque como uno de los municipios más violentos del país.

«A los gobiernos centrales y municipales no les interesan los temas ambientales. Deberían poner énfasis en la seguridad, las personas no van a ir a una zona verde si a lo que pueden ir es a perder la vida. Lejos de ser lugares agradable para recrearse con la familia, se han convertido en lugares para delinquir», comenta el inspector ambiental de la Alcaldía Municipal de Mejicanos, Orlando Roque.

Según Sánchez, los espacios públicos deben ser inclusivos para que permitan democratizar y dar una dosis de sanidad mental, psicológica y física a los habitantes, que son derechos constitucionales. La Política de Espacios Públicos contempla que, al diseñar y habilitar los espacios públicos de recreación, no se ha considerado a toda la población y la diversidad de sus necesidades. Esto deja de lado a sectores que tienen limitadas oportunidades de acceso.

Libre entrada. Hay comunidades que se han organizado para exigir que los parques sean gratuitos y así facilitar a la población ejercer uno de sus derechos.

«Una cancha es lo que tradicionalmente se ha considerado un espacio público barrial, en la mayoría de los casos no ofrece todas las ofertas para todas las personas», acota el jefe del Observatorio Metropolitano de la OPAMSS, Tito Arias. Félix, el vecino de Ayutuxtepeque, comenta que el único espacio que ha sobrevivido de aquel cerro El Carmen en donde iba a recoger fruta es, justamente, una cancha.

Por su parte, Calderón considera que, por nuestra cultura, el espacio público recreativo lo concebimos y lo mezclamos con actividades deportivas, en otros países lo separan completamente. «Por eso se da el fenómeno de que cuando uno va a hacer un espacio público, lo primero que la gente pide es una cancha; en ese caso, estoy excluyendo a la otra parte de la población, a los adultos, a las mujeres y a los niños. En una cancha de fútbol, los que van a hacer uso son los 22 jugadores, pero no las demás personas», expresa Calderón.

Además, los espacios públicos deben estar dotados de áreas verdes. «Muchos alaban la revitalización urbanística del espacio público que hizo el gobierno de Nayib Bukele en su periodo como alcalde de San Salvador, en la plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral. Es una plaza bella por la noche, pero, al mediodía, ¿quién se va a ir a sentar o interactuar a una plaza de cemento, si no hay áreas verdes?», comenta la abogada y gestora ambiental Sánchez.

Actualmente, la OPAMSS es la única institución que mide el área verde por cada habitante en la Zona Metropolitana de San Salvador. Sin embargo, este indicador no toma en cuenta la calidad del espacio público, es decir, si es accesible, si se encuentra en buen estado, si está siendo funcional, si se encuentra en desuso o si las autoridades correspondientes le brindan mantenimiento.

Además, los espacios públicos deben estar dotados de áreas verdes. “Muchos alaban la revitalización urbanística del espacio público que hizo el gobierno de Nayib Bukele en su periodo como alcalde de San Salvador, en la plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral. Es una plaza bella por la noche, pero, al mediodía, ¿quién se va a ir a sentar o interactuar a una plaza de cemento, si no hay áreas verdes?”, comenta la abogada y gestora ambiental Sánchez.

Para sacar el indicador de cuánto espacio verde hay por cada habitante, la OPAMSS realiza las mediciones con 10 metros cuadrados por habitante, como parámetro. En 2015, se encontró que existía 3.17 metros cuadrados por habitante. En 2018, la cifra bajó a 3.14. Es decir, hay menos área verde para cada habitante.

«Si la población aumenta, debería de aumentar proporcionalmente el espacio público, pero eso no está pasando. Entonces, el déficit de áreas verdes aumenta», asegura Calderón. La Ley de Medio Ambiente plantea que debe existir un equilibrio entre los asentamientos humanos, es decir, el lugar donde se establece una persona o comunidad y las medidas de conservación del medio ambiente y de interacción de la comunidad, en este caso, las áreas verdes.

Roque considera que existe una construcción irresponsable no solo en complejos habitacionales sino también en la industria, porque se han construido empresas extranjeras, fábricas y gasolineras en zonas verdes. Expone el caso de grandes industrias que fueron ubicadas en lugares donde antes eran áreas verdes.

Ante la falta de áreas verdes, los habitantes no tienen la oportunidad de socializar con otras personas. «La carencia de estos espacios limita la convivencia con otras colonias, con otras personas, el compartir con nuestros hijos y que ellos hagan amigos. Llegamos del trabajo, nos encerramos en la casa, pero es un micromundo que podría ser más grande», comenta Clará.

Aunque, según las estadísticas de la OPAMMS, existen municipios como Antiguo Cuscatlán que cuentan con espacios verdes con los que se superan el indicador de 10 metros cuadrados por habitante. Pese a ello, la distribución de este espacio verde no es equitativa, ya que este municipio cuenta con residenciales en las que los parques están adentro y no todos tienen acceso a ellos.

«El indicador puede decir que en cuanto a número está muy bien, pero en cuanto a distribución de ese espacio público no está distribuido de la mejor manera o no es accesible para la mayoría de personas que lo visita. A parte que Antiguo Cuscatlán es un municipio con menos población que el resto de los medidos por la OPAMMS», explica Tito.

Sin embargo, en medio del déficit de áreas verdes que existe, aún hay parques que se convierten en un intento por solventar estos vacíos, entre ellos el parque Bicentenario, el parque El Recreo y el parque Satélite que son de las áreas verdes más grandes del país. Aunque existen otros 14 parques que son administrados por el ISTU, entre ellos el Cerro Verde, el parque Walter Thilo Deininger y el parque Balboa. El acceso a estos espacios verdes genera un costo.

«En otros países el acceso a espacios verdes cuesta entre $10 y $12 la entrada, en cambio en el país nosotros cobramos $1.50, que se utiliza para el mantenimiento de estas áreas naturales. También se destina a educación ambiental para prevenir que las áreas verdes no se continúen dañando», acota Galdámez. El ISTU recibe un subsidio por parte del Gobierno, el resto de los ingresos los generan a partir de las cuotas que las personas deben pagar para acceder a estos lugares naturales.

Desde Los Planes de Renderos, Camilo Melara recuerda que, una mañana, las autoridades del ISTU llegaron al parque Balboa y lo cercaron, comenzaron a cobrar una cuota por cada visitante. Lo que él considera que generó menos visitas, un declive en el comercio y un aumento de la delincuencia.

«A la hora de definir los cobros, tenían que considerar la capacidad económica de las personas, cobran $1.50 cuando el salario mínimo ni siquiera incluye recreación; es injusto», aclara Melara. Sin embargo, Galdámez considera que «el costo es mínimo y los ingresos se ocupan para el mantenimiento de las áreas verdes que se encuentran bajo nuestra responsabilidad», como el caso del parque Balboa.

Melara considera que «la Asamblea Legislativa debería interesarse en el déficit de áreas verdes y el Gobierno debe invertir en estos espacios. Es fundamental para el bienestar de la ciudadanía, porque no se está haciendo nada sobre el tema».

Entre sombras. Diseñar áreas de recreación y esparcimiento implica también hacerlas cómodas y funcionales, con árboles para que la estancia sea agradable y segura a cualquier hora del día.

El estudio «Los espacios verdes en las ciudades» establece que, desde el punto de vista social, las áreas verdes son lugares de encuentro donde se practican determinadas actividades, generalmente recreativas, que requieren de mayor espacio que el que nos ofrece una vivienda. En la actualidad es muy común observar ciudadanos que utilizan los parques y plazas como lugar de entrenamiento para correr o de aquellos que corren como actividad sana o de interacción con otros. También son utilizados para un paseo familiar o para convivir con otras personas del mismo sitio.

Según Calderón, en el país no hay lugares de sano esparcimiento. Los jóvenes, que son los más vulnerables, no tienen donde ocupar su tiempo libre en espacios de recreación. Pese a los esfuerzos que ciudadanos como Melara han realizado para lograr la conservación de las áreas verdes, en el país sigue existiendo una diferencia abismal entre los parámetros que proponen organizaciones como la OMS y lo que realmente se tiene. En lugar de que el déficit se reduzca, con el paso de los años, aumenta.

Las áreas verdes son sitios para recreación en la mayoría de las ciudades, especialmente para los habitantes con menos ingresos. Estos tienden a frecuentar más los parques, sin embargo, al tener un costo monetario, la probabilidad para acceder es menor. «Una familia de escasos recursos, de al menos cinco personas, ya no entra, para ellos significa un gasto grande», detalla Melara.

Melara expone que cuando cercaron el parque Balboa y comenzó junto con sus vecinos a hacer demandas al ISTU y a la Sala de lo Contencioso Administrativo, las autoridades no mostraron interés en responder a las solicitudes, por lo que esperan que el nuevo gobierno pueda implementar medidas ambientales que contemplen el mantenimiento y la accesibilidad de las áreas verdes como espacios libres y vitales para la recreación de los ciudadanos.

Una radio para educar sin límites ni etiquetas

Fotografías de Franklin Zelaya

«Desde que el mundo es mundo, la diversidad sexual ha existido. Lesbianas, bisexuales, gays hemos estado en todas partes, en todos los momentos de la humanidad», dice Néstor Urquilla, un activista LGBTI, al inicio de una entrevista transmitida por la Radio Victoria, el martes 4 de junio de 2019.

Urquilla habla esta tarde de los gays y lesbianas dentro de la exguerrilla salvadoreña. Sobre ellos dice que, aunque no aceptaron públicamente su orientación y expresión de género por temor a ser reprimidos, fueron violentados de diferentes formas. Y que en el caso de los hombres gays, uno de los castigos fue enviarlos frente a los combates para que murieran.

Su mensaje tiene alcance hasta los departamentos de Cabañas, parte de Cuscatlán, San Vicente y Chalatenango, y los departamentos hondureños de Lempira e Intibucá, que son los lugares que cubre Radio Victoria.

Santa Marta es un cantón de Ciudad Victoria, en Cabañas. Sus habitantes tienen la costumbre de escuchar radio. Los jóvenes prefieren conectarse desde sus celulares con planes de datos, pero la mayor parte de adultos lo hace desde aparatos radiales, como Alba Méndez, quien este mediodía escucha «En voz alta», un programa de noticias que es transmitido al mediodía por Radio Victoria, previo al espacio de la entrevista en la que participa Néstor.

Ella lo hace mientras prepara el almuerzo. Deja de palmear en el comal y sale con sillas, desde una casa, al patio que está cubierto por las sombras de árboles que hace varios años plantó con su familia.

«En la radio hablan de que no debemos discriminar a una persona solo porque es lesbiana, porque es gay», dice Alba, y cuenta que, en la comunidad donde vive, sus habitantes son abiertos con la diversidad sexual, y aunque aún hay discriminación hacia la población LGBTI, no se compara a años anteriores. «La radio ha servido mucho en ese sentido, que ha dado la información y la gente la ha tomado en cuenta», señala.

Alba pertenece a la Organización de Mujeres de Santa Marta. Tiene tres hijos –una niña y un niño, mellizos de 10 años– a los que, dice, les enseña a respetar a la población LGBTI. Su hija mayor, de 19 años, vive en Estados Unidos, pero recuerda que cuando vivía en la comunidad tuvo un amigo gay que llegaba a su casa y con el que salía a pasear. Ella no le veía problema a esa relación.

“La radio es una radio para esa gente que ha sido más excluida, que no ha sido tomada en cuenta en diferentes espacios. La radio ha abierto estos espacios, y la comunidad gay en El Salvador ha sido una comunidad muy olvidada, no se le da espacios. Difícilmente en diferentes medios van a aceptar que un gay trabaje”, cuenta Elvis Zavala, miembro del equipo de dirección de la Radio Victoria.

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La radio con la bandera arcoíris

La cabina de radio está frente a esta sala, en la entrada de la casa. En minutos, un grupo de jóvenes estará al aire con el programa «Contacto juvenil». A la derecha de la cabina, al atravesar una puerta que lleva a un pequeño corredor, está la sala de prensa y la sala de producción radial. Entre la una y la otra, arriba, colgada de una pared, hay una bandera arcoíris, a la par de una bandera de El Salvador.

«La radio es una radio para esa gente que ha sido más excluida, que no ha sido tomada en cuenta en diferentes espacios. La radio ha abierto estos espacios, y la comunidad gay en El Salvador ha sido una comunidad muy olvidada, no se le da espacios. Difícilmente en diferentes medios van a aceptar que un gay trabaje», cuenta Elvis Zavala, miembro del equipo de dirección de la Radio Victoria, en la terraza techada de la radio, a una cuadra del parque de Ciudad Victoria.

Elvis era un niño de 12 años cuando vio nacer Radio Victoria, en Santa Marta, aquel 15 de julio de 1993. Tres años después comenzó como periodista. Recuerda que la radio nació por iniciativa de líderes comunitarios que recomendaron crear medios de comunicación como una estrategia para quitar el estigma que pesaba sobre ellos, ya que entre el 17 y 18 de marzo de 1981, miles de personas de la comunidad y zonas aledañas huyeron hacia Honduras por la Operación Tierra Arrasada, en la que el Ejército salvadoreño ejecutó a los campesinos en cifras que oficialmente aún no son contabilizadas.

Actualmente la radio está ubicada en el centro de Ciudad Victoria y en su sala principal tiene cuadros que cronológicamente cuentan en «collage» de fotos la historia del proyecto desde su fundación. Hay dos imágenes que retratan sus inicios: en una, personas que colocan una vara de bambú para instalar un transmisor de 20 watts, que dio cobertura a Santa Marta; y otra, un grupo de periodistas dentro de la casa de bahareque transmitiendo.

La radio dejó de tener la sede en Santa Marta porque, según Elvis, para llegar con la señal hasta otras localidades necesitaba estar en un lugar geográficamente más alto. Subieron hasta Ciudad Victoria, un municipio a 711 metros sobre el nivel del mar. Ahí solo cubrían un par de cuadras del pueblo y a una comunidad cercana, en Santa Marta ya no se escuchaba la radio.

Pasaron cuatro años con la poca cobertura, pero hicieron gestiones y recibieron fondos para comprar un transmisor de 200 watts. Una familia del municipio les dijo que tenía un terreno en el cerro conocido como Las Vueltas del Cerro, siempre en Ciudad Victoria, donde podían instalar torres con el transmisor. Lo hicieron.

Periodistas. La Radio Victoria cuenta con 25 periodistas y una red de corresponsales en los municipios del departamento de Cabañas. Este año cumple 26 años al aire.

Esta tarde cuenta, emocionado, que aquello fue una locura, porque las comunidades ya tenían una radio y se sentían parte de ella. Mandaban cartas para reportar desde dónde les escuchaban, y de esa forman coordinaban encuentros deportivos. Ahora este espacio comunitario también es ocupado para hablar de diversidad sexual.

A diferencia de las radios comerciales, las radios comunitarias funcionan, en su mayoría, a base del voluntariado de sus periodistas, de cooperación internacional, cooperación de personas del lugar donde transmiten o produciendo cuñas a negocios pequeños para generar ingresos.

Radio Victoria cuenta con 25 periodistas y una red de corresponsales en los municipios de Cabañas. Está afiliada a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que aglomera a radios comunitarias de El Salvador. Y desde hace años, cuenta Elvis, el proyecto decidió incluir dentro de su parrilla programática el tema de la diversidad sexual.

Todos los lunes, los equipos de producción y programación de la radio se reúnen para definir la pauta de la semana, y para junio le apuestan mucho a hablar sobre la población LGBTI desde diferentes enfoques. Elvis, además, señala que todos los miembros del proyecto están en constante preparación en temas de género y masculinidades con el objetivo de concientizarse antes de comunicar a las comunidades, y que entre el personal han tenido a personas de la diversidad sexual, que le han ayudado al grupo de periodistas y a la audiencia a informarse.

Como hoy, todos los días de la semana la puerta principal de la radio está abierta para que así la comunidad acceda a la cabina. Si quiere hacer una denuncia o dar un aviso, lo hace sin ninguna burocracia. A esa cabina, dice el periodista, muchas veces han llegado miembros de la población LGBTI a denunciar abusos de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el equipo de la radio no se limita a darles el espacio para la denuncia, también, a través de las coberturas, le da seguimiento al caso si transciende a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR).

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El género es un espectro

—Aquellos géneros que no están dentro del sistema de género binario, hombre-mujer, se le llaman género no binario –dice un hombre.

—¿Y sabías que una persona puede estar inconforme con el género asignado al momento de su nacimiento y prohibirle que se identifique con otro es una violación a su identidad de género? –pregunta una mujer.

Los mensajes están inmersos dentro de una cuña de 44 segundos que fue transmitida en junio en Radio Victoria y en la radio municipal de San Isidro, otro de los municipios de Cabañas. La cuña termina con el mensaje «el género no es binario, es un espectro», y quienes la locutan son Alonso Argueta y Marina Sorto, dos periodistas comunitarios que utilizan la radio como un vehículo para sensibilizar e informar a la población de Cabañas, entre otros temas, acerca de la diversidad sexual.

La cuña es una de las tres que transmitieron por estas radios en junio, pero ellos también son los encargados de producir el microprograma «Educación sin límites», que es transmitido en la radio municipal de San Isidro, todos los miércoles a las 9 de la mañana. En este abordan temáticas como la diversidad sexual, la prevención de la violencia, las ITS y el VIH. Lo hacen en 20 minutos o menos.

Y en el noticiero «En voz alta», de Radio Victoria, tienen espacio para publicar dos notas periodísticas por semana. En la edición del 4 de junio, Marina publicó una sobre la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, anunciada por el presidente Nayib Bukele en la primera semana de su gestión. Para ello entrevistó a diferentes fuentes locales.

El microprograma, las notas y las cuñas son grabados en el pequeño estudio de la Asociación Comité contra el Sida en Cabañas (CoCoSI), una asociación que queda en el cantón El Zapote, a 3 kilómetros de Santa Marta y a 5 de Ciudad Victoria. El estudio está compuesto por dos computadoras –de esas, una que sirve para editar audios–, tres micrófonos, una consola y dos ventiladores. Todo lo han obtenido con ayuda de cooperación internacional. Para aislar el sonido, tres paredes están tapizadas de cartones de huevo. En la única pared que no tiene cartones, hay una pequeña bandera arcoíris.

CoCoSI funciona en una casa en forma de pentágono. Aparte del estudio de grabación, tiene otra oficina levantada con madera, y otras que están a la vista, formadas con escritorios y computadoras. En medio de una de estas oficinas hay pequeñas banderas arcoíris. Ver estos colores alrededor de las paredes, acompañados de mensajes sociales, es común. En una hay un banner que dice «Cero lesbofobia, cero homofobia, cero bifobia, cero transfobia. LGBTI= tú y yo», y siluetas de hombres y mujeres, de diferentes colores, tomados de las manos. En otro banner también hay lazos rojos, símbolo representativo del apoyo a las personas que viven con VIH.

Alonso y Marina comenzaron a trabajar en la asociación luego de haber recibido un taller de prevención de VIH, porque en noveno grado, la escuela de Santa Marta donde estudiaron les pidió horas optativas. Él ya tiene 15 años en la asociación y ella 13. Ninguno ha estudiado periodismo, pero se han formado a través de cursos y talleres.

Teatro. Una de las formas de CoCoSI para informar y sensibilizar a las comunidades es el teatro. Tiene un grupo que se llama Realidad en Escena, conformado por 11 jóvenes.

Ambos forman parte del Programa de Incidencia Social y Política de CoCoSI, en el que se encuentra el área de comunicaciones, y no reducen la diversidad sexual a las siglas LGBTI, sino que prefieren llamarle diversidad sexual o género no binario. Lo hacen así, explica Alonso desde el estudio de radio, porque al decir las siglas etiquetan a la población en lesbiana, gay, trans, bisexual o intersexual, cuando entre un hombre y una mujer existe una cantidad de identidades sexuales que no se ven. «Estamos nuevamente replicando casi los mismos modelos (sociales de sexualidad). Es mejor no poner etiquetas», dice.

Junio fue a escala internacional el mes de la diversidad sexual. Alrededor del mundo hubo actividades de la población LGBTI, entre ellas la marcha por la diversidad sexual, que comúnmente se realiza el último fin de semana del mes.

Para ese mes, CoCoSI destinó todos sus microprogramas a la diversidad sexual. En uno de ellos entrevistaron, vía teléfono, al activista William Hernández, de la Asociación Entre Amigos, quien habló sobre las deficiencias del sistema judicial para investigar los crímenes de odio. En otros hablaron sobre el uso y las diferencias de los términos heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.

Además de trabajar como periodista comunitario, Alonso es parte de un grupo de jóvenes con estudios en Informática que hace cuatro años llevó el internet inalámbrico a Santa Marta; antes de esto lo tenían de forma satelital. Para hacerlo, el grupo compró el servicio de internet a una empresa y en una casa del centro de Sensuntepeque, donde se colocó una antena en una torre, logró enviar señal hasta una antena en el cerro Moidán, ubicado en esta ciudad; y de ahí envió señal a otra antena en el cerro El Zelaque, en Santa Marta.

El periodista explica que entre los planes de la asociación está tener una radio comunitaria en línea y para esto ya comenzaron las reuniones.

CoCoSI nació en agosto de 1999 por iniciativa de Brenda Hubbard, una estadounidense que viajó a El Salvador 10 años antes para trabajar con el Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador Monseñor Romero (COMADRES), un grupo creado por madres y familiares de desaparecidos, presos y víctimas del conflicto, para darse apoyo y buscar a sus parientes.

Hubbard cuenta que ella estaba en Japón y su plan era venir por dos meses a El Salvador, porque quería saber cómo el Gobierno de Estados Unidos invertía sus impuestos en la guerra civil para «matar y desaparecer personas», pero ya lleva 30 años trabajando en el país.

“Todos los días de la semana la puerta principal de la radio está abierta para que así la comunidad acceda a la cabina. Si quiere hacer una denuncia o dar un aviso, lo hace sin ninguna burocracia.”, dice Elvis Zavala, miembro del equipo de dirección de la Radio Victoria.

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El doctor que participa en la radio

Radio Victoria forma parte del plan de trabajo colectivo de Santa Marta, en el que también están involucradas instituciones como la Unidad de Salud y el Complejo Educativo 10 de Octubre de 1987, llamado así por el día en que la comunidad comenzó el retorno a El Salvador.

«Me han invitado a programas relacionados a la salud de la mujer, pero también a programas relacionados con la salud del género no binario», cuenta Salvador Escobar, el director de la unidad de salud de la comunidad al referirse a las invitaciones que ha atendido en programas de Radio Victoria.

La unidad está a la par de una siembra de maíz. En esta atienden entre 60 y 80 pacientes a diario, pero hoy está vacía. El doctor dice que es porque un grupo de excombatientes de la comunidad anda por San Vicente recibiendo la pensión que el Gobierno les entrega cada mes. Su oficina está al final de un pasillo.

Cuando al doctor lo han invitado a hablar sobre el género no binario –prefiere llamarle así en lugar de población LGBTI– se ha enfocado en los derechos de las personas de la diversidad sexual, la discriminación y estigmatización, dice, pero también en los deberes de los trabajadores de salud para atenderles sin ningún prejuicio.

Señala que el personal de la unidad de salud fue capacitado sobre diversidad sexual por CoCoSI, lo que ha permitido que exista un mejor trato a los pacientes de esta población. Desde el año pasado, dice, las personas trans pueden pasar consulta e identificarse con el nombre que ellas han elegido conforme a su identidad de género, no necesariamente con el que aparece en su DUI, y su expresión de género. Como los casos de tres hombres trans que han llegado a consultas.

Para él es importante que desde Radio Victoria todos los días se transmitan cuñas radiales o programas relacionados con la diversidad sexual, porque esto ayuda a sensibilizar a los radioescuchas. Además que la misma radio sea abierta en el tema y tenga dentro de su personal a periodistas LGBTI.

La prevención del VIH, una de las apuestas de CoCoSI, ha ayudado también a visibilizar la necesidad de información sobre este tema en la comunidad. De acuerdo con Salvador, para 2011, diagnosticaron siete casos, pero esto ha tenido una tendencia a la baja. Ahora conocen de cinco, cuatro de ellos diagnosticados en la población LGBTI. Lo cual para él causa alarma porque fueron personas, dice, que no tuvieron la oportunidad de protegerse o no supieron cómo, sin embargo, espera que con la información adecuada el problema se reduzca.

Y apunta a algo esencial para cambiar la perspectiva de estos temas: la educación en todos sus niveles.

Murales. En Santa Marta hay varias casas con murales en contra de la violencia y uno que otro verso. La comunidad trabajaba basada en un plan de desarrollo colectivo.

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Contra el «bullying«

Hace 14 años, un joven dijo que era gay. Estudiaba sexto grado y tenía ataques de ira porque era víctima de «bullying«, recuerda Antonio Beltrán, el director del Complejo Educativo 10 de Octubre de 1987. Era la primera vez que un alumno aceptaba abiertamente su orientación sexual, y la planta docente tuvo que intervenir para que fuera respetado. Hoy, cuando conocen a alumnos de población LGBTI, dice Antonio, los envían a la psicóloga que atiende el área de Salud Mental en la unidad de salud, para que los aconseje y decida qué procesos llevar y si involucra a sus familias.

Antonio es una de las fuentes consultadas por Marina para el material periodístico que envía a Radio Victoria. De las actividades realizadas en alianza con la escuela, Marina recuerda un cine-foro con los padres de familia en el que vieron «Plegarias para Bobby«, una película clásica que trata sobre el suicidio de un joven gay a causa de la intolerancia religiosa de su familia. Ella entrevistó a los asistentes y dice que hubo muchas personas conmovidas.

El complejo educativo tiene 23 secciones, desde kínder hasta bachillerato. Antonio señala que en este lugar los niños asumen tareas como barrer y trapear, porque trabajan contra el prejuicio social que esto solo lo pueden hacer niñas. Y dice que el personal ha sido capacitado en género y también en diversidad sexual. Por ello le apuestan a prevenir el «bullying«.

Recuerda que 10 años antes, hablar de sexualidad era un problema y tuvieron que reunirse hasta con un sacerdote que llegaba celebrar misas a Santa Marta, porque él se oponía a que se hablara de esto. Como planta docente le explicaron que el tema debía ser abordado desde la escuela, porque a los niños y jóvenes no debía escondérseles, sino darles la información necesaria.

«La radio ha sido muy determinante, muy fundamental, para la divulgación de este tipo de contenido», acepta el director, quien considera que, de momento, el público adulto se ha quedado solo como receptor de la información, ya que los programas de Radio Victoria han tenido más enfoque en los jóvenes.

En la parte derecha del muro externo del complejo educativo hay un mural. Es el dibujo de un condón con manos y pies, que tiene un martillo en su mano derecha y está saltando sobre virus. «Úsame, yo te protejo», dice el mensaje que le acompaña.

«Esta es la parte que nos dieron a nosotros para hacer el diseño», sostiene Marina, frente a este mural. Cuenta que hace siete años hicieron una encuesta a escala de Cabañas para conocer qué opinaban las personas sobre el programa que CoCoSI tiene en la radio. La mayoría estaba en contra, porque dijo que abordaban temáticas que ni los niños podían conocer. Con los años esto ha cambiado, dice la periodista.

Educación sexual. La comunidad Santa Marta trabaja en la educación sexual. La comunidad ha logrado reducir en nueve años de 39 % a 9.4 % los embarazos en adolescentes.

Una guerra de 40 años contra el olvido

Ilustración de Moris Aldana

Sofía Hernández espera en una sala de conferencias que no está llena de periodistas, sino más bien de fotografías de personas que desaparecieron durante el conflicto. Entre esas fotos están las de sus familiares que no han sido localizados desde 1980 y 1981. Está un poco impaciente porque son pasadas las 4 de la tarde y el cielo se oscurece por una lluvia que se avecina. Antes de conceder una entrevista ha pedido los retratos de su sobrino, hija, esposo y hermano que están guardados en otra oficina.

Le notifican que la persona que guarda los retratos se ha marchado temprano. Ya sin opción, decide iniciar la conversación y, para romper hielo, explica por qué necesita las fotografías. Dice que cada vez que la entrevista un periodista, ella mira las imágenes para no olvidar ningún detalle sobre la desaparición de sus cuatro familiares. Asegura que a sus 73 años puede obviar más de algún pormenor.

Recuerda muy bien la edad que tenía su sobrino, Andrés Mira Hernández, cuando desapareció. Era un adolescente de 16 años que fue perseguido por la Guardia Nacional, porque, según los uniformados, él era un catequista que se aliaba con las bases de la guerrilla.

Era 23 de marzo de 1980 cuando la Guardia Nacional llegó a realizar un operativo a San Pedro Agua Caliente, del departamento de San Vicente, para buscar a los catequistas «subversivos», entre los que figuraban su sobrino, y también su hermano y su esposo.

Madre Sofía, como es conocida por sus amigos y familia, coge una página en blanco, pide un lapicero y comienza a trazar un mapa para explicar cómo los guardias entraron a la comunidad. En su dibujo, indica los lugares por donde ingresaron 300 uniformados. «Cien a cada lado», dice. Y señala como referencia los municipios de Tepetitán y Verapaz.

Según Sofía, este operativo fue hecho para capturar a sus familiares y asesinarlos. Aunque, a las 5:30 de la madrugada, cuando llegó la guardia nacional, Andrés ya había huido. La última vez que lo vio fue una noche antes, cuando él le cantaba a su madre una canción que dice: «Madre, déjame luchar».

«Madre, déjame luchar», «madre, déjame luchar», canta Sofía, tratando de dar notas entonadas y así escucharse lo más parecido a su sobrino. Andrés, al ser perseguido, quería unirse a la guerrilla. Era afín al pensamiento de izquierda, pero su madre no se lo permitía.

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Desde que sus familiares desaparecieron, Sofía se ha dedicado a buscarlos. Ya han pasado 40 años. Hoy,ella es parte del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos Marianella García Villas (CODEFAM) e integra la Mesa Contra la Impunidad, un colectivo formado por diversas organizaciones de derechos humanos. Su participación en ambos lugares le ha permitido estar al tanto de las propuestas del Estado para la búsqueda de desaparecidos de la guerra.

«La presión ante las constantes peticiones de las madres y familiares, para la creación de una Comisión de búsqueda de desaparecidos, durante el conflicto, tuvo efecto. Luego de diversas reuniones con el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, se creó, en 2017 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABUSQUEDA)», asegura.

Sin embargo, Sofía asegura que la CONABUSQUEDA, desde que inició sus labores, en septiembre de 2018, cuenta con poco presupuesto para su operatividad. A esto le suma que sus funciones dependen de un decreto ejecutivo y no legislativo, el cual puede ser anulado por un gobierno de turno.

Desde su creación mediante el decreto ejecutivo –que quiere decir que depende del presidente de la república–, en agosto de 2017, el rol de la CONABUSQUEDA es localizar a 10,000 adultos desaparecidos durante el conflicto.

Estos números, según la institución, son con base a las 5,000 denuncias que están dentro del informe de la Comisión de la Verdad «De la locura a la esperanza: doce años de guerra en El Salvador» y los registros de las organizaciones de derechos humanos como COMADRES, CODEFAM, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

A pesar de ello, la institución está consciente de que los números pueden crecer debido a nuevos reportes de desaparecidos. Casos, que en su momento, las personas no se atrevieron a denunciar.

Benjamín Cuéllar, integrante del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), dice que para entender sobre la cifra negra de los casos por desapariciones forzadas durante el conflicto, deben tenerse en cuenta tres factores. El primero es que el Estado no ha registrado los casos previos a la guerra, y la institucionalidad solo se basa en las fechas oficiales de 1980 a 1992 para contar a una víctima.

«El Socorro Jurídico Cristiano, fundado en 1975 por el sacerdote jesuita Segundo Montes, registró ese mismo año el primer caso por desaparición forzada, que correspondía a 1966. En aquellas fechas, ya existían desaparecidos en El Salvador», asegura Cuéllar.

Como segundo elemento agrega que,dentro de los registros, no se toman en cuenta las desapariciones ejecutadas por los grupos guerrilleros. Y el tercer factor, según Cuéllar, es que las personas, en aquel momento, no sabían a dónde denunciar.

«Quienes querían denunciar provenían de zonas rurales. Eran personas pobres que vivían fuera de San Salvador. Las oficinas para reportar los casos, se ubicaban en la capital. Otros de los obstáculos, era que estas personas, no contaban con recursos para su movilización. Además, se debe agregar el temor que tenían los familiares de las víctimas a la hora de denunciar», detalla el integrante del LIASCI.

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La CONABÚSQUEDA funcionó en 2018 con un presupuesto de $110,000. De esta cantidad, la institución utilizó $102,680 solo para gastos administrativos, pago de salarios y adquisiciones de bienes y servicios. Lo restante, $7,320, fue destinado para uso operativo.

Salvador Menéndez Leal, comisionado de CONABUSQUEDA, dice que para este 2019 la institución cuenta con $330,000 para el desarrollo de las funciones. Sin embargo, considera que esta cantidad sigue siendo poca para la magnitud del problema. Asegura que el 90 % de este monto, se destina para el pago de salarios y sobre todo para cancelar los servicios básicos , alquiler de la oficina. Lo restante es para las investigaciones.

«Somos tres comisionados dentro de la CONABUSQUEDA. Nosotros tres realizamos un trabajo honorario, no cobramos ni un centavo. En total son siete personas que trabajan para la institución y no reciben grandes salarios. Para la investigación de los casos nos toca salir en bus. Hace un mes nos entregaron el primer pick up para movilizarnos por todo el país. Pero uno no da abasto. Así que la mayoría seguimos andando en bus», detalla Salvador Menéndez Leal.

El comisionado agrega que para la asignación del presupuesto el Estado debe considerar que en la búsqueda de personas adultas desaparecidas se está ante un escenario de la localización de sus restos. No se trata de reencuentros. Esto requiere la creación de un banco de datos de ADN.

«Ya estamos haciendo las primeras exhumaciones y creemos que es importante no caer dentro de una revictimización. Por esta razón, es necesario contar con un banco de perfiles genéticos de personas adultas desaparecidas y establecer coincidencias con quienes los buscan. Esto implica más presupuesto. Aunque se hable de convenios con el Instituto de Medicina Legal (IML), hemos comprobado que ellos están más interesados en la búsqueda de desaparecidos actuales», aclara el comisionado.

La Asociación Pro-Búsqueda, que se dedica a localizar a niños y niñas,desde hace 25 años, cuenta con el mismo presupuesto que CONABUSQUEDA. Y según su director, Eduardo García, con esta cantidad han podido resolver, desde 1994 hasta 2019, 445 casos, de los 1,443 que registran.

De acuerdo con García, los que aún faltan por resolver, están entrampados, porque la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), se niega a compartir información que puede ayudar a la localización de las víctimas.

Para el director de Pro-Búsqueda, si la CONABUSQUEDA tuviera un mejor monto, podría progresar en su operatividad. También cree necesario que la institución ejecute convenios con la Fiscalía General de la República (FGR) y el IML que son vitales para las investigaciones.

«La CONABUSQUEDA está censando, recibiendo denuncias de adultos desaparecidos, recibiendo información de dónde han quedado los cuerpos de las víctimas, identificando fosas comunes en cementerios de personas no reconocidas y en otros sitios donde la población les indica que hay un cuerpo. Por estas características es importante el convenio con la IML porque a través de la toma de ADN podrán conocer quiénes son las víctimas», afirma García.

A los dos meses del operativo, la familia de Andrés no sabía nada de él, pero el 14 de mayo de 1980 Sofía escuchó por la radio sobre la «supuesta» muerte de su sobrino, y aclara que menciona «supuesta» porque hasta la fecha no ha encontrado el cuerpo.

«Escuché por la Radio KL que en el departamento de La Paz, en el municipio de Jerusalén, estaban dos cuerpos tirados y, según lo que narraba el locutor, eran dos jóvenes. Uno vestía una chumpa del Colegio Cristóbal Colón y portaba zapatos color café. Ahí supe yo que ese joven era mi sobrino», cuenta Sofía.

Esa particularidad de la chumpa era crucial para reconocer a Andrés. Ese abrigo fue un regalo de uno de sus primos que vivía en San Salvador y estudiaba en el Colegio Cristóbal Colón (CCC). En su comunidad y en los alrededores de San Vicente nadie más tenía esta indumentaria. Además, Sofía recuerda que la última vez que lo vio portaba zapatos café.

De ese suceso ya han pasado 39 años y Sofía pone énfasis en el tiempo. Está inconforme con las pocas acciones del Estado, en manos de diferentes gobiernos, durante todo ese período para la búsqueda de desaparecidos del conflicto.

«Poco, poco ha hecho el Estado. Para sobrevivir al conflicto a mí me tocó organizarme, lo hice en 1985, a través del Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos Monseñor Óscar Arnulfo Romero (COMADRES), desde ese entonces yo ando buscando a mis desaparecidos. Me especialicé en derechos humanos y fundé junto a otras compañeras –luego de los Acuerdos de Paz– el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec. imagínese todo lo que yo logré en todo este tiempo y el Estado no ha podido hacer nada».

Sofía se levanta, toma el lapicero con el que trazó el mapa y muerde el capuchón para disipar la ansiedad. Quiere evitar hablar de su activismo para no robarle el protagonismo a sus desaparecidos. Pero le parece necesario conversarlo, ya que desde su rol activo en las organizaciones sociales ha podido darse cuenta de la falta voluntad del Estado en la reparación hacia las víctimas del conflicto.

Al trabajar mediante un decreto ejecutivo, la CONABUSQUEDA, corre el riesgo de desaparecer si así lo considerara el nuevo gobierno. Es por esta razón, que Sofía cree necesaria la aprobación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas.

Benjamín Cuéllar, del LIASCI, coincide en que la aprobación de esta ley es importante para garantizar la justicia de parte del Estado hacia las víctimas.

«Con esta ley se podrá establecer una justicia transicional que se basa en la verdad, justicia, garantía de no repetición y reparación económica y moral de las víctimas. Sin ella, se repetirá el ciclo. Ahora se disparan los número por desaparición actual y la gente migra en caravanas, la gente está viviendo un infierno. No se puede apelar a la amnistía y es que hasta el significado de esta es ‘amnesia’ y al imponer este olvido solo se logra repetir los hechos en diferentes contextos», expresa.

Un poco cansada, Sofía vuelve a su asiento apoyada de su bastón. Ha perdido fuerza en la pierna izquierda, sufre de esta lesión desde 1990, luego de ser capturada y torturada, explica, por los policías de Hacienda por ser parte de COMADRES. «Los policías me pedían nombres de personas organizadas y yo no me sabía ninguno, por eso me torturaban. Al quinto día de estar detenida me colgaron de un puente, boca abajo, después de ese incidente quedé con el problema», comenta apurada y sugiere volver a las historias de sus familiares desaparecidos, porque la lluvia se acerca.

Ilustración de Moris Aldana

Ese mismo mayo de 1980, la familia se enteró de la desaparición de Juan Francisco Hernández. Cuando Sofía recuerda a su hermano, no puede evitar describirlo como un hombre apuesto, galante, que a pesar de sus 42 años seguía acaparando la mirada de las mujeres.

Juan se salvó de ser capturado en el operativo de su comunidad en San Pedro Agua Caliente y al estar fichado por la Guardia Nacional él huyó al departamento de San Salvador. Pero luego de dos meses regresó a San Vicente para recoger la cosecha de frijoles y maíz que dejó en su antiguo hogar.

Rumbo a su destino, Sofía describe cómo Juan fue interceptado por la guardia nacional. Según los testimonios, a su hermano la guardia lo bajó de un autobús en el desvío de Calle Vieja, en el departamento de Zacatecoluca. Ese lugar es el último paradero que tiene su familia. Él está desaparecido desde mayo de 1980.

Un año y un mes después se sumó a la angustia de Sofía la captura de su esposo, Juan Bosco Marroquín, por parte de la policía de Hacienda, el 3 de julio de 1981.

Debido al peligro que corría su esposo en San Vicente, sus cinco hijos y ella, se mudaron junto a Juan a San Salvador. Él trabajaba como repartidor de productos y se movilizaba por toda la capital. En una de esas entregas fue detenido por los policías de Hacienda. Esto es lo único que sabe su familia. No pueden precisar un lugar, porque lo desconocen, solo registran la fecha de su desaparición.

Cuando de Juan no se supo más, su esposa lo buscó en hospitales, morgues y en la Cruz Roja Salvadoreña. A los días Sofía junto a su hijo mayor, de 13 años, llegaron a la morgue del cementerio de La Bermeja, donde localizaron y reconocieron el cuerpo de Juan.

Con el consuelo de al menos tener el cuerpo, la familia lo enterró en ese mismo cementerio. Sin embargo, Sofía, tras los Acuerdos de Paz, se enteró de que Juan ya no estaba en la tumba. Sin los restos, ella denuncia la desaparición desde la captura en 1981.

Antes de continuar con la historia de su hija, la mujer de 73 años resalta la ironía de los hechos. «Dos se llamaban Juan, dos desaparecieron en el mes de mayo del 80, todos desaparecieron a manos de los uniformados», y un «¡qué suerte la nuestra!» se escucha a toda voz.

De su hija, Sofía puede decir que hasta los 15 años que convivió con ella, Guadalupe Hernández fue una buena mujer. A esa edad y a raíz de la muerte de su padre, la joven se unió a la guerrilla en 1985. «Sacó lo bella de su padre, ojalá tuviera su foto para que pudiera verla», dice con gran nostalgia.

Lo poco que sabe Sofía del paradero de Guadalupe es que ella desapareció en Soyapango en diciembre de 1989, tras la ofensiva «Hasta el tope».

«Lo único que me queda de ella es mi nieta, a quien crié hasta su adolescencia», cuenta con un poco de consuelo Sofía. Ella se hizo cargo de Gladys Marroquín desde los siete meses de nacida.

Justo al terminar esta parte, Sofía se percata de que tocan la puerta de la sala de conferencias y otra mujer se le acerca para decirle que dentro de las instalaciones de la organización solo quedará «ella, la periodista y el vigilante». «Sí, ya es tarde, pero quiero terminar acá, al menos la lluvia nos ha dado tiempo», le contesta.

Sofía se disculpa por la distracción y retoma la plática: «Durante el conflicto nos tocaba buscar entre los cuerpos de personas que eran asesinadas y estaban a la vista de los ciudadanos. En la actualidad nos toca indagar nuevamente solos; aunque hoy contamos con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. Como lo dije antes, poco se ha hecho desde el Estado y poco ha podido hacer CONABUSQUEDA con su presupuesto».

Para la localización de personas, CONABUSQUEDA lanzó en mayo de 2019 el «Plan nacional de búsqueda para personas adultas desaparecidas durante el conflicto». Este funciona con base en un registro de casos mediante información proporcionada por fuentes públicas y privadas, recolección de testimonios y documentos que detallen ubicación de la víctima.

Eduardo García, de Pro-Búsqueda, explica que la organización utiliza los mismos métodos para la recolección de información e investigación. Sin embargo, dice que para no caer en un error de identificación, recurren a la prueba de ADN y base de datos del Banco de Perfiles Genéticos de su organización. Y así corroborar el parentesco del desaparecido con quien lo busca.

«Es necesario que CONABUSQUEDA al menos cuente con un especialista en genética, esto implica más presupuesto y un vínculo con el IML. A ello se le debe agregar la aprobación de la ley de reparación integral para las víctimas en la Asamblea Legislativa, pues en su artículo 37 contempla la creación de un banco de perfiles genético. Y de parte de la FGR se debe hacer una investigación de las denuncias», concluye, sin dudar de sus sugerencias.

Para García, el rol de la FGR es importante cuando se carece de información y no hay coincidencias con los perfiles de ADN. En estos casos, la única forma de resolver el paradero de la víctima es a través de los datos que únicamente tiene la FAES y que, hasta el momento, se ha negado a concederlos. Por esta razón, el método con el que pueden verse obligados a compartir los documentos es mediante la sanción penal de la institución.

Luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 2016, la FGR recibió la orden dentro de la misma sentencia de iniciar las investigaciones de los casos registrados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

En 2018, en la última audiencia de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia, la sala cuestionó a la FGR sobre sus avances. La institución respondió que aún se encuentra en la investigación de 160 casos. Hasta la fecha, la fiscalía no cuenta con una denuncia resuelta.

Sofía toma una pausa, desea encender las luces de los pasillos para no tropezar al salir y dirigirse a casa. Pero se percata de que ha comenzado a llover y que ya son más de la 6. «Tendremos más tiempo para conversar», dice sonriente.

Ilustración de Moris Aldana

Antes de retomar la charla, suena su celular, es su sobrina, quien le pregunta a qué horas llegará. Sofía le asegura que estará en su hogar cuando termine la lluvia.

Mientras tanto, la lluvia, que antes era solo de cuantas gotas, se intensifica, igual que Sofía. Cuando esta mujer habla de la reciente y fallida aprobación de la ley de amnistía de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, no la ocupa nada más que la indignación. No concibe cómo, entre los diputados que conformaban la comisión especial para la creación de una legislación de «reconciliación», esté el general Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA.

«Imagínese a uno de los victimarios dictando una ley para la ‘reconciliación’, es absurdo. Un día fuimos con otras madres adonde estaba reunida la comisión especial y decidimos llevarles una rosa como símbolo de nuestro desaparecido. Yo le entregué mi flor al general Vargas y le cuestioné: ‘¿Si luego de 40 años de buscar a su hijo usted no lo encuentra, realmente sería capaz de crear una ley así de injusta?’, solo así pude dejarlo callado’», cuenta Sofía.

Por su activismo y experiencia en derechos humanos, ella considera elemental la aprobación de la ley de reparación integral para las víctimas, que ha sido presentada por los familiares de estas. Y luego de esto acentúa con voz entrecortada: «La guerra es dura».

A pesar de sus 73 años y dolencias físicas, Sofía agrega que todavía tiene fuerzas para luchar: «Lo que menos me falta es voluntad».

«Nosotros, como víctimas, hemos solicitado una audiencia con el presidente Nayib Bukele. Ya vimos que le dio respuesta a las víctimas de El Mozote. Queremos decirle que no solo de ese lugar hay afectados por el conflicto. Debe darle respuesta a todos», concluye Sofía.

En junio, a los pocos días de asumir su mandato y ante la coyuntura de una posible ley que no estaba a favor de las víctimas, Bukele convocó a los sobrevivientes de la masacre de El Mozote para escuchar sus peticiones. En la reunión el presidente se comprometió a «solventar y hacer las reparaciones necesarias a las víctimas del Mozote, de la mejor manera y lo más rápido posible».

Sofía asegura que desde el grupo gestor de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas y la CONABUSQUEDA, se le ha solicitado a Bukele una reunión para abordar la continuidad de la comisión en este nuevo gobierno y la asignación de un fondo suficiente para las funciones de la institución.

«Hemos hecho la petición por el medio que más está ocupando el presidente, donde genera polémica y le ordena a todo el mundo, por ese Twitter. Ya le mandamos un mensaje, pero aunque pasa muy activo en esa red, no nos ha contestado», enfatiza Sofía, un poco incrédula de que el mandatario aún no haya leído el mensaje.

De manera inesperada, Sofía suelta: «Es tarde, he pasado mucho tiempo hablando, siempre me emociono. Es tiempo de terminar la entrevista… pero no lo olvide, ante todo, yo sigo buscando a mis familiares».

José huye de un país sin refugios

Fotografía de Frederick Meza

A José solo lo acompañan unas cuantas mudas de ropa, una solicitud rechazada de asilo, documentos de identidad y un rimero de medicinas para sus dolores cervicales. No tiene nada más. Todo lo que posee está guardado bajo el colchón de su cama, en una habitación que comparte con cinco personas más dentro de un albergue que le ha dado acogida, luego de pasar meses en calles y parques.

La odisea de José comenzó a finales de 2017, cuando decidió que no pagaría la extorsión que le exigió la pandilla. «Los muchachos» enviaron una nota en la que le ordenaban remesar $75 quincenales para que siguiera con su local.

Al no cumplir, fue perseguido. Lo vigilaban fuera de su casa y pasaban frente a su negocio. El acoso fue insoportable para José, así que decidió cerrar su establecimiento. Creyó que todo terminaría, pero a los pocos días, le llegó una nota a la casa en la que le decían que tenía 24 horas para abandonar la comunidad.

Esa misma tarde, José dejó todo lo que tenía. Solo se pudo llevar una mochila en la que metió sus documentos, unas cuantas camisas, pantalones. Decidió que transbordar hasta llegar a Estados Unidos era su salida para que los pandilleros no lo asesinaran.

Las personas que se desplazan de manera forzada abandonan sus hogares luego de un hecho de violencia como el asesinato de un familiar, exigencia de pago de extorsión, amenazas, reclutamiento forzoso, lesiones, usurpaciones de la propiedad.

Entre estas causas, las víctimas señalan como sus victimarios –en su gran mayoría– a las pandillas y grupos criminales. Aunque fuerzas militares y agentes estatales también están identificados como los causantes del fenómeno. Así lo detalla el Informe Preliminar de los Registros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre Desplazamiento Forzado en 2017.

Cuando huyó, José no interpuso ninguna demanda pensó que acudir a instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) o la Fiscalía General de la República (FGR) le traería más problemas con la pandilla.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno en El Salvador prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar lo más desapercibidas posibles, ya que interponer una denuncia podría significar ser detectadas y ser de nuevo víctimas de la violencia.

Las personas que se desplazan de manera forzada abandonan sus hogares luego de un hecho de violencia, como el asesinato de un familiar, la exigencia de pago de extorsión, las amenazas, el reclutamiento forzoso, las lesiones o las usurpaciones de la propiedad. Entre estas causas, las víctimas señalan como sus victimarios –en su gran mayoría– a las pandillas y grupos criminales. Aunque fuerzas militares y agentes estatales también están identificados como los causantes del fenómeno.

Es por esta razón que las cifras reales sobre cuántas son las víctimas de desplazamiento forzado son incalculables. Lo que hay son datos parciales, cantidades que se sacan en base con las denuncias de casos en instancias como la PDDH, organizaciones de la sociedad civil como Cristosal que se dedica a atender a desplazados internos y la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).

José migró, transbordó hasta llegar a Calexico, California, una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, pero al querer cruzar por las vallas que dividen ambos países fue detenido por agentes de Migración.

Al ser capturado, él explicó a los policías migratorios lo que lo obligó a emprender el viaje; les dijo que huía de las pandillas y que de regresar lo asesinarían. Pero sin pruebas que comprobaran su historia, Migración lo regresó a casa.

José fue deportado y volvió a El Salvador el 14 de febrero de 2018. Sin dinero, se arriesgó a volver a su hogar. Sin embargo, los pandilleros supieron que estaba nuevamente en la comunidad y dos muchachos, en menos de 24 horas de su regreso, tocaron a su puerta y le pedían que saliera.

Para salvar su vida, José saltó a un muro de la casa vecina y escapó por veredas hasta llegar un río en el que se refugió con la complicidad de la noche. No durmió, solo esperó a que pasaran unas horas para salir y buscar un lugar para protegerse.

Sin opciones, pensó nuevamente en migrar. Esta vez, se entregaría y llevaría las pruebas a Migración de Estados Unidos para que no lo deportaran. Pediría un asilo.

Luego de dormir por unos días en un albergue municipal para personas indigentes, José se presentó a la PNC para levantar su denuncia y contar con papeles para su segundo intento de escapar de la pandilla.

Desplazados por violencia. Una mujer dentro del hogar de acogimiento cuenta cómo fue apuñalada por pandilleros antes de huir de su hogar.

Cuando llegó a la policía, José no pensó en que la PNC podía ayudarlo. Acudió a ellos porque era la institución donde la gente va comúnmente a levantar una denuncia. Y nunca escuchó de una entidad que diera atención para gente que huía de las pandillas.

En sus últimos cinco años al frente del Gobierno, el FMLN se negó a reconocer el desplazamiento forzado interno. Sin embargo, tras la sentencia 411-2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas. Esto luego de amparar a un núcleo familiar de 33 personas que sufrieron abusos a sus derechos humanos de parte de agentes estatales y pandilleros.

A pesar de ello, el gobierno saliente no reconoció de manera oficial el fenómeno, lo único que presentó fue la articulación de Estándares Mínimos para la protección de la víctima de desplazamiento forzado interno, en abril de 2019, dos meses antes de su salida. Esto como insumo para la creación de una ley especial en la Asamblea Legislativa.

Sin un Estado que reconociera de manera oficial el fenómeno y sin conocer de una institución que pudiera ayudarle, José dejó el país en abril de 2018. Tal como estaba en sus planes, se entregó al llegar a Calexico, California, e inició su proceso de asilo en Estados Unidos.

Mientras el país estudiaba su petición, él entró a un centro de detención para migrantes en Calexico. En su estancia, un viejo problema se hizo presente, tras un accidente de tránsito en 2012, José padecía de dolores cervicales, dos discos de su espina dorsal estaban desviados y como su prioridad en los últimos meses fue escapar, él descuidó su tratamiento.

Las condiciones en las que él migró, de andar de camión en camión, de caminar y dormir en cualquier lugar agravó su problema. Pasó cuatro meses en silla de ruedas y fue operado en Calexico donde se recuperó y recobró la movilidad.

Once meses pasaron para que José obtuviera una respuesta y tras acudir a los tribunales, el fiscal del caso le dijo que su solicitud de asilo había sido rechazada. Fue deportado. Así que regresó al país sin un hogar para estar y con el temor de que lo encontrara la pandilla. Su vuelo aterrizó el 6 de marzo de 2019.

Al regresar, José no tenía idea de las instituciones estatales a las que le podía solicitar ayuda. Así que se mantuvo nómada por San Salvador. Vivía, dormía y comía en las calles. Pero en una de esas tardes, en las que cumplía con esa rutina, recordó que en el vuelo de regreso otros migrantes hablaron de una organización de la sociedad civil que ayudaban a personas que no tenían hogar por causa de la violencia.

Según la PDDH, es muy común que las personas que son desplazadas por violencia recurran a las organizaciones sociales o interpongan una denuncia cuando ya han agotado todos los recursos personales, familiares o sus redes de relaciones.

Además, la institución concluye en su último informe sobre desplazamiento forzado interno, que son las familias más pobres las que sufren una mayor afectación de sus derechos humanos al carecer de recursos para proveerse a sí mismas una continuidad de sus proyectos de vida en zonas «más seguras». Esto de acuerdo con los casos registrados por la PDDH.

***

Han pasado casi tres años y José continúa huyendo de la pandilla que causó su desplazamiento, es junio de 2019 y ahora él se encuentra en un albergue temporal en El Salvador, un espacio en el que fue acogido por una organización de la sociedad civil, tras deambular por la calles durante dos meses.

Hoy, en una tarde donde la estación lluviosa apremia, José luce cansado, un poco más avejentado para su edad. Está sentado en su cama en la parte baja de un camarote que comparte con otra persona que también ha sido víctima de desplazamiento forzado interno.

Él revisa sus medicamentos y se asegura sobre qué pastilla tomar. Mientras tanto cuenta su historia, la relata con voz baja, como si aún lo persiguieran y mira para todas partes como señal de estar siempre alerta.

En este albergue se encuentran otras 16 personas que están viviendo la situación de José, no tienen un lugar para dormir y no poseen ningún recurso luego de ser desplazadas de manera forzada por las pandillas.

El Estado, por el momento, no cuenta con un albergue temporal de acogida para víctimas de desplazamiento forzado interno. Han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han tenido que asumir este reto debido a la demanda de casos que han recibido.

Aunque los datos sobre el desplazamiento forzado no son cuantificables, debido a que las víctimas no denuncian sus casos y prefieren el anonimato para no ser encontradas por sus victimarios, los números de casos registrados por la Dirección de Atención de a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), entre marzo de 2018 y abril de 2019, son de 164 denuncias que se traducen en 634 víctimas que recurren a la institución en búsqueda de alojamiento temporal.

Albergue temporal. Cuatro niños se encuentran dentro del hogar temporal tras ser víctimas de la violencia generalizada.

Y según Cristosal, de enero a diciembre de 2018, la organización registró la atención de 564 personas en calidad de desplazados. En total, luego de la suma de ambas cifras, se pueden contabilizar entre 2018 e inicios de 2019 a 1,198 personas que solicitan asistencia.

A pesar de los números y las solicitudes, el Gobierno no cuenta, hasta el momento, con un refugio para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno.

Fátima Ortiz, directora de la DAV, asegura que la institución está por abrir el primer albergue para desplazados que tendrá la capacidad de atender a 35 víctimas bajo un tiempo de acogida de tres meses. Esto mientras las personas reciben una alternativa para el retorno a sus hogares, el asentamiento a una tercera comunidad o el apoyo de una red familiar.

Sin embargo, la directora de la DAV, admite que el espacio será una limitante de este primer albergue, ya que reconoce (por la atención de las casos) que las víctimas que llegan a la institución solicitando un acogimiento temporal sobrepasa la capacidad del lugar. «De los casos atendidos entre marzo 2018 y abril 2019, la mayoría de las víctimas solicitó un alojamiento temporal».

A su vez, considera que un albergue temporal debe ser la última opción que consideren los desplazados. «El albergue puede ser una de las opciones de alojamiento temporal para la víctima y debe ser la última, porque no hay que olvidar que es un confinamiento con bastantes medidas de seguridad y lo ideal es que las víctimas busquen redes de apoyos o regresen a sus sitios», concluye Ortiz.

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Junto con José duermen otras cinco personas, una familia conformada por dos pequeños y tres adultos; en otro de los cuartos del hogar de acogimiento se alberga el resto de sus miembros que son otras tres personas adultas.

Francisco, forma parte de esta familia y es uno de los recién llegados al albergue, al hablar lo primero que cuenta es cómo cada vez que mira por la azotea de este lugar que le ha brindado acogimiento temporal, siente una especie de libertad, misma que se desvanece cuando ve a personas o carros pasar.

Aunque considera que está en un espacio seguro, él no deja de tener miedo. Las amenazas de la pandilla de asesinar a toda su familia por no pagar la extorsión acabaron con su tranquilidad.

Y es ese mismo temor, el que hace que Francisco guarde con mucho recelo su historia. Aunque asegura que de no ser por este lugar quizá estaría durmiendo en las calles, porque la pandilla lo dejó sin nada a él y su familia. Abandonó su casa, mascotas, establecimiento y ahorros.

Mientras tiende su ropa luego de una mañana lluviosa, se pregunta si el Estado hará algo por las personas que se encuentran en esta situación.

El padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en El Salvador, sostiene que pensar en la creación de albergues es una solución temporal de emergencia para las víctimas de desplazamiento forzado interno, pero que el Estado debe concebir soluciones duraderas como: la articulación de esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil que conocen la problemática, la recuperación del tejido social en las comunidades para asegurar zonas seguras dentro del país y la creación de una política de reasentamiento como resultado de la búsqueda de espacios seguros junto con las municipalidades, las cuales conocen el territorio y la situación de sus comunidades.

Verzeletti agrega que al hablar de la creación de albergues, el Gobierno debe considerar la construcción de un «hogar de acogimiento» por departamento y pensar en más, en las zonas donde se registran mayor número de desplazados, esto mientras planea medidas duraderas.

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Como Francisco, José se cuestiona sobre el papel del Estado en garantizar sus derechos humanos y la de sus compañeros de habitación que están en su misma situación. «De los tres años que llevo huyendo nunca he escuchado medidas de parte del Gobierno».

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su última encuesta de opinión sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno por violencia, en 2018, apuntó que alrededor de 235,000 personas cambiaron de residencia para protegerse a sí mismas o a otro miembro de su familia debido a una amenaza o a un hecho de violencia.

Para llegar a determinar esta cifra, el IUDOP realizó 1,806 entrevistas que se enfocaron en conocer las opiniones de la población frente al fenómeno del desplazamiento forzado interno por la violencia. Estas fueron hechas en 52 municipios de mayor cantidad de habitantes de los 14 departamentos de el país.

A pesar de estas cifras, Oliver Dorighel, jefe adjunto de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), enfatiza que los números sobre cuántas víctimas de desplazamiento forzado hay en el país son incalculables, y la razón es porque no existe un registro sistematizado de parte del Estado.

Según Dorighel, de los casos recibidos por el CICR en 2018, que en total fueron 45 casos y 250 personas atendidas, la creación de albergues debe instaurarse debido a la urgencia de protección para las víctimas. Y enfatiza que esta debe ser una opción temporal mientras se articula la atención integral de parte del Estado

«El esfuerzo debe venir desde la coordinación central, desde la atención integral de parte de todas las instituciones a las víctimas, la articulación territorial con municipalidades para identificar zonas seguras y la implementación de una ley especial para víctimas de desplazamiento forzado interno», asegura Dorighel.

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Mientras tanto, José piensa en sus opciones, cada vez que puede revisa sus papeles, los lee para asegurarse de que no obvio nada en la solicitud de su asilo, que fue rechazada.

«Yo aquí vine luego de vivir en las calles y dormir en parques. Ahorita, yo quiero ver cómo va todo acá, ellos han prometido ayudarme para que tenga un nuevo hogar. Pero si yo veo que hay peligro o veo que las cosas no cambian, voy a tener que volver a migrar», cuenta José.

Por su parte, la DAV no prevé a corto plazo la creación de más albergues temporales de emergencia o nuevas medidas para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno. La directora de la institución dice «estar a la espera» de las indicaciones que brinde el nuevo gobierno para tomar más acciones en favor de los desplazados.

Entre los papeles que revuelve José, encuentra dos notas que le envió la pandilla, una donde le exigían la extorsión y la otra en la que se lee –24 horas sino ya verás la foto–. Aliviado, susurra que si no fuese por este hogar temporal, quizá ya hubiese sido encontrado por los pandilleros.

La DAV estima que para agosto de 2019, el albergue sea inaugurado para recibir de forma inmediata a los desplazados. Solo están a la espera de las órdenes del nuevo gobierno para la asignación del personal y el pago de los honorarios.

En cuanto al proceso de admisión, la directora de la DAV dice que la recepción dependerá de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas. Tratarán de priorizar a la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Aparte de sus dolores físicos, José también reciente el cansancio emocional sobre lo que ha vivido. Por momentos, sufre crisis nerviosas que se desatan en la parálisis del brazo derecho.

Según la DAV, para la atención de los albergados contarán con un protocolo que priorizará programas psicosociales y socioeducativos. Igualmente las víctimas tendrán asistencia psicológica permanente mientras estén bajo las medidas de protección y contarán con asesoría jurídica y apoyo judicial para las salidas del albergue.

Además, las víctimas podrán permanecer en las instalaciones por un tiempo estimado de tres meses. Y si en ese lapso no se ha podido garantizar el retorno o reintegración de la víctima, estas deberán de presentar una solicitud de renovación para su permanencia.

Debido a sus dolencias físicas, José está en constantes tratamientos fuera del albergue. Necesita de chequeos médicos, transporte, medicina. Y de no ser porque el hogar de acogimiento también cubre estos gastos, no tuviera posibilidad de contrarrestar su estado de salud.

En cuanto al presupuesto para la atención de las víctimas dentro del albergue, la directora de la DAV, dice que la institución a destinado $150,000 de los $850,00 de su fondo anual. Y este monto solo cubre el pago de servicios básicos e inmuebles. Aún no cuentan con el costo total para poder echar a andar el albergue.

El padre Mauro Verzeletti de la Casa del Migrante en El Salvador, opina desde su experiencia en la administración de un «hogar de acogimiento», que el Estado debe al menos destinar $250,000 para el pago de los servicios básicos, ropa, camas, frazadas, atención psicológica y jurídica. Y para pensar en la construcción de un resguardo temporal se debe designar al menos unos $350,000 más. Es decir, la inversión total rondaría en $600,000 por albergue.

“El esfuerzo debe venir desde la coordinación central, desde la atención integral de parte de todas las instituciones a la víctimas, la articulación territorial con municipalidades para identificar zonas seguras y la implementación de una ley especial para víctimas de desplazamiento forzado interno”, asegura Oliver Dorighel, jefe adjunto de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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«¿Quién pone manos en esto?», se pregunta Juan luego de ser desplazado más de siete veces producto de la violencia generalizada.

Él junto con su esposa y dos hijos huyeron por primera vez hace cuatro años, a mediados de 2015, en consecuencia del asesinato de un familiar, quien según Juan conocía un secreto de la pandilla que dominaba en su comunidad.

En represalia y creyendo que su familia también conocía ese secreto, la pandilla los amenazó con asesinarlos. Desesperados y con tal de proteger a sus hijos, Juan y su esposa se fueron de su hogar con lo único que pudieron cargar en sus manos.

A donde iban, siempre los encontraba la pandilla. Juan recibía llamadas de «los muchachos» que le aseguraban que ya sabían su ubicación e irían por toda su familia.

Sin una red de apoyo familiar y sin ningún ingreso económico, a Juan le tocaba pedir prestado para poder pagar cuartos cada vez que se movilizaban. Pero cuando el dinero se terminó, decidió que debían pedir ayuda a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

«La institución no nos ayudó mucho, la PDDH solo nos entregaba semanalmente un kit de granos básicos y ya. Yo les decía que necesitaba un lugar. Llegamos al punto de dormir hasta en un potrero», cuenta Juan.

Pero en una de esas semanas en las que Juan recogía la ayuda, conoció a personas de una organización de la sociedad civil que lo llevaron a él y a su familia a un albergue temporal.

Por el momento, el único mecanismo de protección con el que cuenta el Estado, es la Ley de Protección a Víctimas y Testigos (LEPVT). Pero este programa solo prevé la protección de las personas cuando forman parte de una proceso judicial. Es decir, cuando ellos denuncian y su caso llega a los tribunales.

La protección que brinda la LEPTV es de acuerdo al grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima tras denunciar a sus victimarios (pandilleros, agentes estatales y civiles). Dentro del programa se otorgan medidas de cambio de domicilio, albergue temporal, garantizar movilidad a diligencias judiciales y asignar nombre en clave.

En el caso de las personas que necesitan un resguardo, quien posee este privilegio es únicamente la víctima que ha puesto la demanda y no incluye a su grupo familiar, aunque también se encuentren bajo amenaza.

Por esta razón, la LEPTV tiene un alcance limitado para las víctimas de desplazamiento forzado interno, ya que sin demanda las autoridades de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) no pueden brindarles atención. Y como en los casos de José, Juan y Francisco, las víctimas no inician un proceso judicial por miedo a represalias de sus victimarios.

Según Cristosal, cuando las personas están en condición de desplazamiento interno se requiere la intervención intensiva e integral tanto para la protección de su vida, integridad física y seguridad como para la ayuda humanitaria: vivienda, educación, alimentación, entre otros. «No se trata de casos en que la protección se limita a garantizar la seguridad, como un elemento para sostener los procesos judiciales. Se trata de rehacer un proyecto de vida que ha sido truncado».

Juan a diferencia de Francisco y José, pudo ser reasentado junto con su familia en una zona segura después de recibir ayuda de parte de la organización que le dio acogida y que hoy también resguarda a sus otros dos compañeros. Y luego de su experiencia, él pone sus esperanzas en el nuevo gobierno para que se encargue de esta problemática que afecta a su familia.

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Han pasado 41 días desde que José está albergado en lo que él llama su «nuevo hogar». Y continúa a la espera de que la organización de la sociedad civil que lleva su caso, le cumpla con la promesa de tener un espacio seguro para poder vivir.

«En este lugar me han devuelto la esperanza, las ganas de quedarme en mi país, aunque si pasa mucho tiempo, a pesar de mi edad, me tocará migrar por tercera vez. Espero que con el nuevo gobierno se puedan hacer realmente cambios y que alguien apunte hacia donde estamos nosotros los desplazados», comenta José, mientras mira por su ventana cómo cae lo que resta del día.

Abandonados. Dieciséis personas se encuentran resguardadas en un hogar provisional que atiende a desplazados por violencia, ante un Estado que no protege sus derechos.

Una utopía llamada reinserción

Fotografía de Franklin Zelaya

Hamilton fue condenado en 2007, cuando tenía 18 años. Comenzó a pagar su condena en lo que él recuerda que sus compañeros denominaban «un infierno llamado Mariona», cuando en las cárceles del país no existían programas de reinserción, ni había indicios de intentar garantizar lo que por derecho les corresponde a los privados de libertad.

Ahora, más de 10 años después, continúa su condena en el penal de Apanteos, donde el Estado da los primeros pasos de lo que sería, en algún momento, la garantía integral del derecho a la reinserción. De acuerdo con lo que establece la Ley Penitenciaria en el artículo 27, inciso 3 de la Constitución de la República, es obligación del Estado «organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los internos, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos».

Por esto, la socióloga Nidia Umaña considera que «la cárcel se puede convertir en una nueva vulneración de derechos para los privados de libertad», por las condiciones en las que se encuentran las cárceles.

«Cuando se tiene una institución en crisis permanente es difícil implementar programas, porque si vive una crisis interna, la institución como tal padece un desgaste de gestión. La dinámica adentro era desordenada, sin control. Hubo masacres», expone Luis Rodríguez, quien trabajó en las bases de la ejecución del Yo Cambio y es el actual comisionado de Proyectos de la Presidencia de la República.

A partir de la institucionalización del modelo penitenciario en 2014, después de cuatro años de haber comenzado como una práctica en el penal de Apanteos, una parte de los privados de libertad comenzó a ser incluida, a participar en talleres educativos, culturales, artísticos y de servicio social. Sin embargo, en los centros penales en los que se implementa, el programa no ha logrado la participación de una parte de la población carcelaria que pertenece a pandillas.

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EN EL SECTOR 9 DEL CENTRO PENITENCIARIO de Apanteos, entre caminos estrechos y paredes ocupadas por murales que han pintado los privados de libertad, llega el día de visita. Cerca de las 10 de la mañana, la orquesta Yo Cambio Band, integrada por 20 reos condenados por delitos comunes, toca al ritmo del género tropical.

Entre la multitud algunos reos bailan y cantan, otros con su atuendo de payasos divierten a los niños que llegan a la visita, en medio de una tarima cultural están otros queriendo parecerse a algunos personajes de la televisión. Por un momento parece que aquel lugar es todo, menos un centro penal.

Las paredes están pintadas de amarillo y negro, los colores emblema del Yo Cambio. Los internos están uniformados con camisetas blancas. Todo parece en orden. Para llegar hasta el sector 9, se debe pasar por una galería creada por los privados de libertad, en donde están expuestas las pinturas que realizan dentro del taller de arte y cultura.

Lugar de ensayos. Se les ha permitido a los integrantes de la orquesta hacer sus ensayos por las mañanas en un pequeño cuarto. Por la tarde, algunos estudian.

Al menos el 90 % de los integrantes de la orquesta no tenía conocimiento sobre música o instrumentos, lo aprendió en la cárcel. Hamilton reconoce que su sueño era ser cantante de un grupo, pero no tuvo la oportunidad hasta que llegó a la cárcel. «Acá fue donde comencé a aprender verdaderamente sobre música, no tenía modulación de mi voz, ni cómo llegar a una nota musical tan alta», cuenta el vocalista principal.

Por ello, la socióloga Umaña expresa que «habría que evaluar si se están reinsertando o, contradictoriamente, la cárcel se ha vuelto una opción para insertarse realmente, para que les reconozcamos como sujetos de derecho, porque nadie puede ser privado de la libertad o de sus derechos si no los ha gozado o reconocido antes».

A tres años de haber ingresado al centro penal, cuando le faltan siete años para cumplir su condena, Fernando Aguilera toca la conga en la orquesta, recuerda que, a pesar de que sabía tocar instrumentos como la batería, el piano y la güira, nunca fue parte de una agrupación de música hasta que llegó al centro penitenciario. Estudió hasta noveno grado. Actualmente, cursa primer año de bachillerato a distancia dentro de la cárcel. «Es una experiencia en la que se supera y aprovecha el tiempo el que quiere», comenta Aguilera.

Para los pandilleros el proceso de integrar el Yo Cambio se vuelve difícil por el cambio social que han experimentado con estos grupos. «Su arraigo social lo encontraron en la pandilla, por tanto, alcanzan un sentido de lealtad y pertenencia, pero como la pandilla migró a una práctica criminal hasta convertirse en crimen organizado. Ese vínculo les limita poder participar de manera masiva en estos programas», acota quien hasta el 31 de mayo asumió como director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima.

El involucramiento de los privados de libertad en las actividades de rehabilitación pretende ser un puente para llevarlos a los procesos de reinserción social. Según Lima, cerca de 24,500 personas que se denominan procesadas y condenadas por delitos comunes, es decir, que no pertenecen a pandillas, participan en un 100 % en el Yo Cambio. Hamilton y sus compañeros de orquesta forman parte de esta población. Rodríguez considera que «se les abre la puerta de forma diferente».

«Si un día le hicimos sufrir por nuestra mala conducta, le pedimos mil perdones. Hoy con nuestra música queremos hacerle reír y gozar», repite constantemente Hamilton en una de sus presentaciones en el museo del ferrocarril. Según la última encuesta sobre medidas extraordinarias del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), se reveló que el 57.6 % de los salvadoreños encuestados considera que, con las condiciones adecuadas, cualquier persona puede recuperarse.

Las pandillas, sin embargo, siguen siendo la parte de la población carcelaria que no está incluida en su totalidad en el Yo Cambio. En el centro de seguridad de Ciudad Barrios hay una población de 3,470 personas de las cuales 2,420 no participan en el programa. Este es un centro en donde están cumpliendo condena personas que pertenecen o han pertenecido a una pandilla.

“Cuando se tiene una institución en crisis permanente es difícil implementar programas, porque si vive una crisis interna, la institución como tal padece un desgaste de gestión. La dinámica adentro era desordenada, sin control. Hubo masacres”.

La Yo Cambio Band hace sus presentaciones fuera y dentro del centro penal. Desde la creación de la agrupación musical han llevado la orquesta alrededor de 100 lugares distintos del país. Siempre están acompañados por al menos tres custodios.

«Cuando salimos del centro penal seguridad nos acompaña. Llegamos a un lugar y la gente no sabe quiénes somos, entonces cuando se bajan los custodios, piensan que andamos hasta seguridad privada», expresa Hamilton, con un gesto de risa.

Cuando la orquesta hace su presentación, las personas bailan, cantan, toman fotografías, incluso algunos lloran cuando Hamilton menciona que son de un centro penal. «La aceptación que tenemos de parte de la sociedad es muy buena, aunque hay ocasiones en las que dirán que nos quemen a los presos; pero cuando salimos y hacemos este tipo de actividades, les demostramos que, por medio de la música, realmente podemos cambiar», dice Hamilton.

Dentro de la agrupación musical existe «un abanico diverso de delitos», expresa el director del centro penal de Apanteos, Geovany Cartagena. Entre estos delitos están homicidios, extorsión, delitos relativos a la administración pública, lavado de dinero, entre otros. Las penas oscilan entre los siete y 21 años.

«El reo que sabe enseña a los reos que no saben. Acá había personas que no sabían nada de música. Ahora cuando ya salgan hasta instructores de una banda de guerra pueden ser», repite Guillermo Girón, director de la Yo Cambio Band, uno de los pioneros de orquestas como Sangre Morena y Sangre Latina, reconocidas en el país por su trayectoria artística.

Girón cuenta que sus compañeros, que ahora son vocalistas, tenían el talento, pero no lo habían desarrollado, porque «allá afuera no se les habían dado las condiciones ni el espacio», expresa.

Con los instrumentos.

Hamilton y la mayoría de sus compañeros comentan no haber formado parte de una agrupación musical, ni podían tocar un instrumento o cantar. Fue hasta que llegaron a la cárcel que les dieron la oportunidad de hacerlo. «Cuando uno ve el perfil de la población carcelaria, se da cuenta de esta criminalización de estos sectores, que son poblaciones que ya tenían vulnerados sus derechos», acota Umaña. Por eso Cartagena expresa que «lo que no pudieron lograr allá afuera, por alguna razón, en el centro penitenciario lo logran».

«Nunca pensé que por cuestiones de la vida iba a venir aquí, y que acá, en Apanteos, me darían un espacio y la oportunidad de desempeñarme en la música», expresa Girón al recordar su trayectoria.

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PESE A LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS que conlleva desarrollar estos programas, el modelo penitenciario Yo Cambio no cuenta con una línea presupuestaria. Hasta el gobierno de Sánchez Cerén, lo que ha recibido ha sido como parte de una contribución especial. Por ello, Rodríguez expresa que «la voluntad política puede mover montañas o puede llevarnos a 10 años atrás».

«No hemos presentado nosotros una línea presupuestaria, eso es lo que estamos solicitando al Ministerio de Hacienda que va a entrar en el presupuesto de 2019-2020. Hemos recibido montos de la contribución especial. En cada trimestre hemos recibido cerca de $2 millones para compra de insumos, como instrumentos para las orquestas», afirma Lima.

Al inicio de la orquesta, Hamilton, vocalista de la Yo Cambio Band, recuerda que comenzaron con cubetas de pintura e instrumentos que sus familias les donaban, botes de sardina con piedritas adentro, que simulaban una maraca. No había micrófono ni sonido. Aclara que «fue un proceso difícil en muchas áreas, porque no es fácil estar haciendo música en un penal». Rodríguez recuerda que el Yo Cambio inicio sin fondos.

Los instrumentos. La Yo Cambio Band inició con instrumentos artesanales. Actualmente, entre trompetas, baterías y congas, cada uno de los integrantes tiene su propio instrumento.

«El proyecto nace con dificultades, porque en un principio en el penal nadie creía en algo así. Incluso ni las autoridades, ni la misma administración», cuenta Inmer Rivas, quien paga una condena de 14 años. En la precariedad del proceso para consolidarse como una agrupación musical, Girón recuerda que le dijo a Hamilton «un día vamos a grabar un disco». Actualmente, se encuentran a un par de meses de lanzar sus primeros dos videoclips con arreglos originales de la orquesta.

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A DIFERENCIA DE OTROS TALLERES del programa Yo Cambio, la orquesta no recibe una compensación económica. Distintas municipalidades solicitan a la dirección general la prestación de la orquesta. Sin embargo, la Yo Cambio Band y el resto de las agrupaciones musicales de los distintos centros penales hacen sus presentaciones de forma gratuita. El convenio es que quien lo solicita les da transporte y alimentación, aunque no es obligatorio.

A pesar de que no reciben una remuneración, los músicos han llegado a distintas festividades nacionales. Se han preparado con un repertorio de 60 canciones. Tocan un poco más de 3 horas en cada presentación. «Sin repetir ninguna canción», añade Girón.

En Perú, existe un modelo que se llama Cárceles Productivas y funciona con la participación de las empresas privadas, de lo que se produce el 40 % del dinero es para la familia del privado de libertad, el 30 % para la responsabilidad civil y el otro 30 % para el interno, es como un salario. Aunque en el país no sería un salario, porque no cumple el monto del salario mínimo, pero sí una compensación económica.

Sin embargo, el pertenecer al modelo penitenciario Yo Cambio no reduce condenas, tampoco ofrece privilegios a los reos. Según Lima, existe la posibilidad de que alguien pueda decir «estoy condenado, para pasarla bien voy a ingresar al Yo Cambio y de ahí cuando salga voy a ser el mismo». Otro puede decir que «solo quiero estar en el programa para no estar desocupado», aunque el cambio de conducta no sea total.

“Habría que evaluar si se están reinsertando o, contradictoriamente, la cárcel se ha vuelto una opción para insertarse realmente, para que les reconozcamos como sujetos de derecho, porque nadie puede ser privado de la libertad o de sus derechos si no los ha gozado o reconocido antes”.

La Ley Penitenciaria en su artículo 105 establece que el trabajo penitenciario lo debe de realizar la persona en el marco del aprendizaje de un oficio, de un arte o de una técnica. Se admite la reducción de pena a aquel privado de libertad que participa con trabajos relacionados con la comunidad. Lima asegura que se hace más fácil evaluar a un privado de libertad porque estuvo participando en los diferentes programas que existen. Eso hace que se le tome en cuenta para que se vaya a un régimen de menor peligrosidad o de media pena.

Al trabajar en temas comunitarios, de interés social e institucional, el reo se vuelve acreedor a que se le evalué su trabajo y se le redima con la reducción de pena. En este caso, la reducción de pena es por cada día que trabaja le cuenta como dos días el cumplimiento de su condena. Si a una persona le faltan seis años y trabaja tres años, prácticamente se le reduce a la mitad, pero esa es una figura legal que existe, no es por pertenecer a un modelo penitenciario. Aunque no todos los delitos puedan optar a eso.

A Rivas le faltan nueve años para cumplir su condena por un delito común, es decir, un tipo de delito que puede ser realizado por cualquier persona y no se le exige ninguna condición natural o jurídica al sujeto; actualmente lleva cinco años dentro de la cárcel, y considera que por su participación activa y buena conducta en un periodo de dos años estaría recobrando su libertad.

El juez aprecia mucho la conducta, la relación con otros internos y el aprendizaje de un oficio al momento que dicta una libertad condicional o una libertad condicional anticipada. Aunque, Lima explica que cuando alguien cumple la media pena, pero no ha participado en los programas, entonces el juez no tiene elementos para evaluar y les sugiere que lo sometan al programa primero y después lo manden a evaluación.

Animación. Con un sonido que se escucha en todos los rincones de Apanteos, la Yo Cambio Band anima con su música los días de visita.

Al preguntarles a los privados de libertad que están condenados por delitos comunes, responden que su familia es la motivación para ser parte de un programa de rehabilitación dentro del centro penal. Muchos de ellos han dejado a sus padres, esposa e hijos. Por eso deciden involucrarse con la esperanza de que cuando salgan puedan ofrecerles mejores condiciones de vida.

«A nosotros, para cambiar, nos mueven varios motivos, tenemos una familia. A veces, la sociedad nos puede estigmatizar y se le olvida que también nosotros tenemos familia. Tenemos personas que esperan por nosotros», expresa Rivas.

Aguilera comenta que en un futuro lo que está aprendiendo le va a abrir puertas tanto en su vida personal como profesional para que a la hora de recobrar su libertad ofrezca algo mejor a su familia.

Al cierre de la mañana del día de visita, los integrantes de la Yo Cambio Band se disponen a guardar los instrumentos en un cuarto que ha dispuesto el centro penal para que realicen sus ensayos. Es bastante pequeño, pero es suficiente para quienes hasta hace cinco años se les había negado el derecho a una vida digna y a procesos de reinserción social dentro de la cárcel. Aun cuando la Ley Penitenciaria lo estipuló desde hace de 20 años.

Ante las diferentes perspectivas de los programas que se desarrollan en los centros penitenciarios, Umaña considera que «en lugar de construir cárceles cada vez más grandes y más tecnificadas deberíamos construir escuelas para evitar el aumento de la población carcelaria». Por eso Rodríguez expresa que el reto de este gobierno es entrar en un proceso nacional de rehabilitación o recuperación de tejidos sociales que históricamente se han perdido, y que «el espíritu del Yo Cambio es el que debería tener cualquier política pública».

Integrantes. Cuando la orquesta inició tenía 10 integrantes. Actualmente son 17 tocando instrumentos y tres en staff, quienes se encargan del sonido.

«Se está creando una literatura que afuera se considera de calidad»

Allan Barrera, escritor salvadoreño

Allan Barrera es un escritor salvadoreño que desde el año pasado vive en la Ciudad de México. Tiene 34 años y el 13 de mayo recibió, en Costa Rica, el VII Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve por su cuento «2 de noviembre». Se convirtió en el segundo salvadoreño que, de forma consecutiva, gana este galardón para escritores jóvenes.

En esta entrevista, el también ganador de dos premios florales en poesía, habla de sus procesos creativos y cómo –para él– es El Salvador en el que le tocó crecer. Este país que, con su cotidianidad, convirtió la infancia y la memoria en sus fuentes de creación.

Para mí, el proyecto político de transformación social excede a la izquierda partidaria y articula a todos los sectores de izquierda del país.

Pero no deja de lado referirse a su paso por la Secretaría de Cultura del FMLN, el partido de izquierda que ayer salió del Gobierno después de una derrota histórica en las elecciones presidenciales de febrero, que solo superó a las elecciones presidenciales de 1994, el año en que por primera vez compitió como partido político.

Allan estuvo en esa secretaría entre 2012 y 2018. Fue parte del equipo que elaboró la Ley de Cultura, aprobada en agosto de 2016. Para él, una de las muchas deudas que deja el FMLN es, precisamente, la apuesta por la cultura. Reconoce que al expresidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua por acusaciones de corrupción, no le importó la cultura. Mientras que en la administración de Salvador Sánchez Cerén, dice, la cultura no fue vista como un eje estratégico y faltó presupuesto y voluntad política para una gestión de largo alcance.

El cuento con el que ganaste es como un diálogo con vos mismo, ¿desde cuánto estabas esperando hablarte así?

Casi nunca pienso que voy a hacer tal cosa. Las cosas van floreciendo a su ritmo, de manera natural. Nunca me imaginé que iba a estar escribiendo relato corto, cuento. El cuento tiene cierto dato autobiográfico, pero también está ficcionalizado con muchas cosas.

Escribir es una experiencia sanatoria. Es un ejercicio que me ha curado. Jacinta Escudos decía que ella nunca podía escribir desde la felicidad y yo, de alguna manera, también soy un poco así, que no puedo escribir desde otro lugar. Siempre escribo desde el dolor. Y sí, suena cliché, pero en vez de pagar un psiquiatra, mejor me siento a escribir. Siempre me ha costado expresar mis cosas con la gente, pero en la escritura se me da más fácil y lo siento como un ejercicio terapéutico.

¿Ya tenías una idea de lo que querías hacer con «2 de noviembre»? ¿Cómo fue el proceso de creación?

Ese cuento a mí me surgió de un tirón. Iba caminando y se me ocurrió que podía escribir un cuento sobre un hijo que tiene remordimiento sobre su madre fallecida y sobre la visita a un cementerio, porque yo, en algunas ocasiones, visité el cementerio de La Bermeja y veía cómo enterraban ahí a los muertos. Es la visita a la tumba de la madre fallecida. Y claro, me salió el cuento en bruto y luego lo pasé puliendo unas tres semanas.

El hecho que El Salvador haya sido ganador dos veces nos dice que hay historias muy interesantes y muy importantes en nuestro país para comunicarlas, para contarlas a los demás países centroamericanos, y que son realidades que exceden lo local. Son realidades que ocupan a toda Centroamérica ahora. También devela que se está creando una literatura que afuera se considera de calidad e historias muy importantes.

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Hay una atmósfera construida por la muerte. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la muerte?

Fue la muerte de mi madre. Y de alguna manera viví un duelo un poco similar a ese. Creo que también, en algún modo, a veces, me da miedo mostrarme frágil, aunque soy frágil.

¿Cómo fue la relación de madre e hijo? ¿Y cómo esta relación ha marcado tu literatura?

La relación con mi madre en los últimos años fue complicada. Entre ella y yo había un muro muy grande que fue la drogadicción de mi hermano, su adicción al crack. Esta terminó destruyendo nuestra familia, y también, por supuesto, la vida de él y la de mi madre. Antes de eso tuvimos una buena relación. Le estoy profundamente agradecido. Ser madre soltera en las circunstancias que le tocaron no fue fácil, y ella asumió toda esa carga sola. Me parece admirable. En cuanto a cómo esta relación mía con ella ha marcado mi literatura, pues la ha marcado mucho. En ese cuento con el que acabo de ganar me inspiré en ella. Y en algunos de mis poemas también está presente.

¿Cómo dimensionás tu infancia a tus 34 años?

En términos creativos, veo mi infancia como una fuente inagotable de materiales literarios. Recurro mucho a ella para escribir. A veces soy muy nostálgico y la idealizo demasiado, y otras veces me duele un poco. Yo crecí solo con mi madre en San Jacinto, en la colonia Santa Marta. Una colonia de clase trabajadora. Tengo muy buenos recuerdos de ese lugar con los amigos con los que crecí, también fui testigo de cómo fue evolucionando la violencia social en esos espacios después de la firma de los Acuerdos de Paz. Pasábamos mucho tiempo en la calle. Recuerdo que la mayoría de padres no tenían muchas proyecciones sobre sus hijos, la meta más alta era graduarse del bachillerato, encontrar un trabajo, tener hijos y ya. Yo me metí a la universidad porque mi hermano, que se había hecho hippie, me convenció de que lo hiciera. Él abandonó la carrera al segundo año, yo me quedé, y de repente estaba escribiendo sobre todo eso.

Ahora que lo veo con el distanciamiento de mi edad, pienso que la infancia es un fantasma que está presente a la hora que escribo.

Según el jurado del Premio Carátula, tu cuento es una metáfora de El Salvador y sus habitantes. ¿Cómo resumís un país, desde tu historia, en 13 páginas?

No había pensando en esa interpretación. Cuando lo escribí, no pensé en una metáfora que resumiera en 13-14 páginas, como dicen ellos, el contexto de no sé qué, ¿de violencia? Pero si mucha gente que está viviendo esto se puede mirar en ese cuento, lo que describo ahí, eso ya es una ganancia y algo que me llena de mucha satisfacción, que la gente pueda mirarse ahí a sí misma, que puedan sentirlo y conmoverse. También que hay un montón de familias que están viviendo eso.

Es el segundo año consecutivo que un salvadoreño gana el Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve, ¿qué nos dice eso del terreno que está ganando el cuento joven en El Salvador y en Centroamérica?

El hecho que El Salvador haya sido ganador dos veces nos dice que hay historias muy interesantes y muy importantes en nuestro país para comunicarlas, para contarlas a los demás países centroamericanos, y que son realidades que exceden lo local. Son realidades que ocupan a toda Centroamérica ahora. También devela que se está creando una literatura que afuera se considera de calidad e historias muy importantes.

¿Cómo te encontraste en el cuento? Antes solo escribías poesía.

Creo que el cuento me ha permitido expresar otras cosas y explorar otras cosas de mí que en la poesía no se me presentaban de la misma manera. Me parece que es un género más versátil en el que uno se puede extender más y en el que uno puede decir más cosas con un lenguaje más referencial.

Aparte, ha sido una experiencia de estar aprendiendo, porque para mí es un género nuevo, y me gusta ver que cada día depuro un poco más, que de alguna manera me vuelvo más limpio y que siento que estoy creciendo un poco en ese género. Cuando veo lo que comencé a escribir de narrativa a lo que estoy escribiendo ahora, veo que hay cierto crecimiento y eso me gusta.

¿Cómo hacés para llevar el proceso de la poesía que es totalmente diferente al proceso de escritura de cuento? ¿Te ves conviviendo con ambos géneros?

Quisiera seguir cultivando los dos géneros. Los dos géneros me gustan. Ahorita me he dedicado más a la narrativa, pero yo quiero seguir escribiendo poesía. Yo no quiero que el narrador termine comiéndose o matando al posible poeta que hay.

¿Por qué?, ¿te da miedo?

A mí me gusta mucho la poesía. Me gusta leer mucha poesía y lo que pasa es que es un género, como te decía, que no lo puedo cultivar… o sea, a veces, puedo pasar 4 horas en un verso. En cambio, en narrativa, yo creo que en 4 horas he redactado unas cuatro páginas. Aunque no estén tan buenas, pero sentís que te has ejercitado. Para escribir poesía siento que tengo que estar como más cerca de mis emociones. Es un género que va imponiendo su propio ritmo en uno.

No son géneros que se excluyen entre sí. Son complementarios. A mí lo que me gustaría sería mezclar. Utilizar ciertos recursos poéticos para mis cuentos. Me gustaría poetizar más mis cuentos.

Pandillas, migración, homicidios, problemas que mencionás en tu cuento, ¿cuáles de estos te golpearon directamente en El Salvador?

Todos. Donde crecí la invitación a volverse pandillero siempre estuvo presente, o te hacías metalero o marero o evangélico. Esas me acuerdo que eran las tres opciones. Un amigo muy querido de infancia, por ejemplo, se hizo pandillero y me tocó ver su transformación de cerca. Finalmente terminó desaparecido. Si se trata de migración, la mitad de mi familia paterna migró en los ochenta a Estados Unidos; y si se trata de homicidios, yo vi varios muertos. Una vez –con una novia que tenía en ese entonces–, era primera vez que la llevaba a mi casa, nos bajamos del bus en la parada de mi colonia y acababan de matar a tiros a un pandillero de otra zona. Todas esas cosas uno las termina normalizando. No me gusta hablar mal del país, pero al final eso es lo que viví y son los resultados de la pobreza y la violencia estructural. Es una violencia que tiene responsabilidades históricas, no es anónima.

Recibiendo premio.

¿Por cuáles de esas tres opciones de vida que mencionás optantes para sobrevivir en tu colonia?

Desde que nací hasta la adolescencia fui adventista, no porque yo quisiera, sino porque mi mamá pertenecía a esa secta. Luego, cuando tenía 16 años, afortunadamente el rock me sacó de ahí y me volví metalero; y más adelante ateo, cuando entré a la UES. Pienso que ese tránsito evitó que yo cayera en esas tentaciones de violencia pandilleril. Recuerdo, por ejemplo, el bachillerato, cuando estudié en un instituto del centro, ubicado a una cuadra del parque Libertad, estaba muy de moda esa rivalidad estúpida de estudiantes de secundaria entre técnicos y nacionales. A la mayoría de compañeros les seducía todo eso. A mí me interesaba muy poco. Yo pertenecía a un grupito de compañeros en el que todos éramos metaleros. En ese tiempo estaba muy de moda los pantalones tumbados, pata de elefante, y nosotros llegábamos con pantalones apretados y botas. Eso hizo que no nos metiéramos en nada, y mejor, porque en esos años el centro era bien complicado.

¿Por qué te fuiste de El Salvador?

Por razones más personales. No me fui huyendo de la violencia ni de la pobreza ni nada de eso.

«Gobierno de mierda» decís en «2 de noviembre», tras hablar de 12 muertos por día. ¿Qué pensás del FMLN como proyecto político? ¿Qué fue de «su lucha por el pueblo» en estos 10 años de gobierno? Estos días está promoviendo, junto con ARENA y desde la Asamblea Legislativa, una ley para no castigar los crímenes de la guerra.

Sí, digo «Gobierno de mierda» para canalizar la rabia e impotencia del personaje de mi cuento.

Antes de responderte a esta pregunta quiero decir que yo trabajé seis años en la Secretaría de Cultura del FMLN, pero antes de eso ya era militante. Siempre he creído que la única manera de cambiar el estado de cosas es organizándose. El FMLN, si bien en estos 10 años, no realizó cambios sociales, económicos y culturales que alteraran la estructura económica ni revirtió el neoliberalismo, sí realizó importantes logros en materia de inversión social e inclusión que beneficiaron a aquellos sectores históricamente marginados por los gobiernos de la derecha. Solo para mencionar algunos: la gratuidad de la UES, el programa de alfabetización, los paquetes escolares, la reforma de salud, el aumento al salario mínimo, la pensión básica universal y toda la infraestructura que deja el MOP.

Estas cosas jamás se hubieran dado con los gobiernos de ARENA. Por su puesto, se va con muchas deudas del Ejecutivo, una de ellas es cultura. Ahora, yo, más que proyecto político, lo veo como un instrumento político. Para mí, el proyecto político de transformación social excede a la izquierda partidaria y articula a todos los sectores de izquierda del país. Por lo que veo desde lejos, el partido ahorita está en una crisis de horizonte político. Hay gente que tiene intereses más corporativos dentro del partido, que lo quieren derechizar, y otra gente que lo quiere hacer regresar a sus valores de izquierda. Yo me ubico más en el segundo grupo. Dependerá mucho de las elecciones internas y de si se está reflexionado sobre un horizonte político alternativo de izquierda. La reflexión clave será, como ya antes había mencionado Julia Évelyn (Martínez), si continuarán asumiendo una posición de resistencia contra el capitalismo o si creen que pueden humanizarlo y acomodarse a él.

Habrá que ver si el nuevo gobierno entrante logra desburocratizar esa institución, cuyo 90% de su presupuesto se va en pagar burocracia y un 10 % en la creatividad de los artistas que son su razón de ser. Y también si logra hacer cumplir aquellos mandatos de la ley de cultura que benefician a los artistas y los trabajadores de la cultura.

En cuanto a la ley que decís que están promoviendo, no sé cuáles serán las justificaciones, pero desde donde lo veo, me parece un error. Ahí lo más importante son las víctimas. Hay mucha gente que todavía tiene heridas abiertas, familiares desaparecidos y masacrados por el ejército, quienes todavía esperan que haya justicia y reparación, y que se sepa la verdad. Pienso que antes que aprobar una ley de esa naturaleza hay que escucharlos a ellos y a los demás organismos de derechos humanos.

¿Ves posible que luego de la apatía de la juventud a la política pueda surgir una nueva izquierda con representatividad política? ¿Quiénes tendrían que liderarla?

Antes que dar por clausurada la representación política del Frente, habrá que ver su reconfiguración después de sus internas. Si esta nueva reconfiguración ya no logra la representación política de las mayorías, supongo que el espacio es propicio para crear otros instrumentos partidarios de izquierda, pero mientras tanto yo preferiría esperar.

Pero en estas internas del FMLN no se le apuesta a la juventud, sino a rostros gastados de la política, como Arístides Valencia y Óscar Ortiz. El primero señalado en investigaciones periodísticas de negociar con pandillas; y el segundo, de tener supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Creés que aún así puede haber una reconfiguración de un partido que obtuvo uno de los peores resultados históricos en las elecciones presidenciales?, ¿o cómo podría levantarse?

Tengo entendido que ellos no son los únicos dos candidatos, pero aún así, preferiría esperar a ver qué rumbo tomará el partido después de las elecciones.

Si, como mencionás, acá la violencia es estructural y tiene causas históricas. ¿Qué opinás de que el partido del que vos fuiste militante aprobó en 2016 una serie de medidas extraordinarias para continuar con la represión de la violencia, que ya venía desde los gobiernos de derecha, y que no haya aceptado las ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no sentar un diálogo y tener el respeto a los derechos humanos como una posible solución a la violencia?

La violencia responde a causas estructurales y tiene responsabilidades históricas. La violencia es un problema que afecta solo a los pobres. Si afectara a los ricos, el problema ya se hubiera resuelto. Yo nunca he conocido a un hijo de rico que se haya hecho marero. Ahora, en cuanto a las medidas extraordinarias, nunca he estado de acuerdo. La política represiva del gobierno del FMLN siempre me pareció un error. Obviamente la situación de violencia y criminalidad en el país es alarmante, pero así como se han empleado estas medidas extraordinarias, se van un montón de jóvenes en la colada que nada que ver. Haber sacado a los militares a la calle y otorgarles el poder para arremeter contra los ciudadanos fue una medida que no solucionó para nada el problema. Supone más bien un retroceso, pues la PNC se fundó después de la guerra, para que la Fuerza Armada dejara de reprimir a la gente. En todo caso, mejor se hubiera ampliado el cuerpo de la PNC.

Los artistas esperaban mucho de los dos gobiernos de izquierda. Sin embargo, en ambos no hubo acciones concretas para respaldarlos. Siguen sin existir espacios para una formación sistemática, que es una de las demandas históricas. En la marcha del 1.º de mayo, por ejemplo, un grupo de artistas señaló que el Ministerio de Cultura les había mentido con la creación del Instituto Superior en Artes y con becas que les ofrecieron para seguirse formando. ¿Qué le pasó al FMLN en estos 10 años? ¿Por qué abandonó a los artistas?

Las expectativas era muy altas y los resultados quizá muy bajos. Lo más importante que deja el FMLN es la Ley de Cultura, que se aprobó durante el último periodo de Salvador Sánchez Cerén. De esta ley se desprende la creación del Instituto Superior en Artes y también de ahí surgió la idea de elevar de rango a la Secretaría de Cultura a ministerio. El problema es que no se le destinó recursos a esta ley, ni tampoco se cumple lo que ahí se estableció, en parte porque no tiene un reglamento claro. A Mauricio Funes no le importó la cultura, y en el periodo de Salvador Sánchez Cerén, quienes tomaban las decisiones en el Ejecutivo, tampoco la vieron como un eje estratégico. Hizo falta destinar más recursos, pero también tener mayor voluntad política en querer desarrollar una gestión estatal de la cultura de largo alcance. Aparte se nombraron personas para que dirigieran la SECULTURA, a quienes, además de presupuesto, les hizo falta creatividad. Habrá que ver si el nuevo gobierno entrante logra desburocratizar esa institución, cuyo 90 % de su presupuesto se va en pagar burocracia y un 10 % en la creatividad de los artistas que son su razón de ser. Y también si logra hacer cumplir aquellos mandatos de la ley de cultura que benefician a los artistas y los trabajadores de la cultura.

Allan Armando Barrera Galdámez

Hasta los huesos

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

El terremoto del 13 de enero de 2001 les dañó la casa. Ya para entonces, seguir en el trabajo en el que estaba en el área de seguridad le implicaba riesgos. Un segundo terremoto, ocurrido exactamente un mes después, terminó de botar paredes y también dudas. La única alternativa era partir a Estados Unidos para ayudar a su padre enfermo y a sus hermanos menores a reconstruir la casa y a levantar, ahora sí, una posibilidad más certera de mejorarse la vida, porque, hasta ese momento, no había ninguna. Se llamaba Juan Carlos López. Tenía 24 años. Se fue.

“¿Cuánto puede cambiar una persona en 18 años?”, se pregunta Luis López en el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), una organización de la sociedad civil que es todo lo que su nombre dice y de la que ha llegado a ser director. “Aquí no dejamos de buscar a nadie, no importa si han pasado 18 años, como en el caso de mi hermano, Juan Carlos”.

La migración irregular era en 2001 -es en 2019- un tema que se mide más en las remesas que recibe El Salvador una vez el migrante está en su destino. De las etapas previas, El Salvador no da cuentas claras. Hay cálculos inexactos, subregistro y desinformación. Una nebulosa que se tragó al padre de Juan Carlos y de Luis y a una prima cuando intentaron poner una denuncia por una desaparición que no fue aquí, que fue en un allá que ni el padre, ni la prima, y quizá tampoco el policía que los recibió en ese 2001 conocían bien. Desde un desasosiego al que el tiempo le vació el drama, Luis lanza otra pregunta: “Si el desaparecido en territorio nacional no existe, menos existe el que se ha perdido afuera, donde nadie conoce, ¿qué podían hacer en la delegación de la PNC con un caso de una persona que se desapareció huyendo?”

***

ANTE LA SOSPECHA DE UN DELITO, el primer impulso en una sociedad institucionalizada es buscar a la policía. Cuando se trata de migrantes, sin embargo, la policía no hace nada: no puede recibir una denuncia por un delito que en el país no existe. La legislación salvadoreña solo contempla la desaparición si la ejecuta un miembro de un cuerpo de seguridad. El otro delito relacionado es el de privación de libertad, pero, aunque una persona tenga sospechas de que su familiar fue privado de libertad mientras migraba, no le abrirán ninguna investigación, si el hecho sucedió fuera de las fronteras. Así, es inútil, por ejemplo, intentar colocar una alerta de migrante desaparecido en una delegación de la PNC o en una sede de la Fiscalía General de la República.

El tiempo que ha pasado entre 2001 y 2019 no ha sido suficiente como para que en las delegaciones de la Policía Nacional Civil se cuente con un protocolo para guiar a las personas hacia alguna de las tres instituciones salvadoreñas que sí reciben alertas de migrantes desaparecidos. El papá de Luis y la prima rebotaron por varios lugares hasta que llegaron a las oficinas de la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), donde pudieron informarle al Estado que su Juan Carlos se fue con rumbo a Estados Unidos, pero nunca llegó.

Esa denuncia en INTERPOL tampoco desató una búsqueda intensa ni sirvió para calmar las angustias del padre de Luis y de Juan Carlos. Les dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) les tenía que hacer llegar un mandato para que ellos empezaran a investigar. Los familiares fueron a la PGR y consiguieron colocar el caso.

La sospecha en ese momento era que Juan Carlos había sufrido un naufragio, y con él también estaban desaparecidos otros 18 migrantes. La respuesta de la INTERPOL fue exponer a esta familia a un conjunto de fotografías de cadáveres rescatados en ríos. Eran cuerpos muy lastimados, en los que no pudieron reconocer a Juan Carlos.

“La primera reacción es pensar en INTERPOL como la oficina regional de la policía. Sin embargo, la institución que realmente está llamada a tener competencia nacional para centralizar los casos es la cancillería. De modo que si la gente llega a un centro policial a reportar una desaparición de migrante, la remisión institucional se debería hacer a la división de derechos humanos de este ministerio”, explica Lissete Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la institución que ha colaborado con otras para hacer estudios sobre la migración, los desplazamientos forzados y las desapariciones, entre otros.

Para el padre de Luis y de Juan Carlos la búsqueda fue demasiado. Murió un año después de la partida del joven. Una serie de infartos sufridos en diferentes momentos terminó de debilitarle el corazón. Eso y la angustia. “Lo que hicieron con mi familia forma parte de lo que ahora como institución intentamos cambiar: es el trato que se le da al familiar”, explica Luis en 2019, cuando su búsqueda sigue tan activa como la de otras 300 personas más de quienes CONFAMIDE lleva los casos. Los uniforma la ausencia.

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EL AÑO PASADO, a El Salvador ingresaron $5,468.7 millones por remesas familiares. Esto representó un aumento del 8.4 % con respecto a lo recibido en 2017, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva. Las personas que migran, en este punto, cuentan.

Cuando se trata, sin embargo, de intentar obtener un número de denuncias o alertas por migrantes desaparecidos no hay una institución que se atribuya la responsabilidad. Lo explica, desde un punto de vista humanitario, Luis: “A nosotros nos tocó vivir la parte de la migración que no importó, porque no generó ingresos. La que no importó, porque no generó mano de obra; y la que no importó porque, al final, eran personas que no contaban físicamente para el Estado. Todo eso nos generó algo más que dolor, a nosotros todo eso se nos convirtió en coraje”.

Después de constantes exigencias de los afectados que se organizaron, se establecieron tres instancias para alertar sobre la desaparición de alguien mientras intentaba llegar a otro país sin documentos: una oficina de atención al migrante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, las delegaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en todos los departamentos y la sede de COFAMIDE.

Cada una de las instituciones lleva su propio registro y sus propios números. Pero las tres coinciden en dos puntos. Uno es que el subregistro es tan grande que cualquier cálculo se quedará siempre pequeño. Y dos: el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, que está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El banco ha sido una respuesta casi providencial al reclamo de los familiares para organizar búsquedas, ganar reconocimiento y apurar justicia. Antes de 2010, no había en El Salvador nada parecido a lo que este EAAF instaló. Y era tanta la sed, que la primera toma de muestras de ADN fue masiva. En una semana, el equipo argentino tuvo que realizar más de 100 tomas. Solo en 2010 quedaron registrados 188 perfiles genéticos de los 906 con los que contaba el banco hasta abril de este año.

Cuando una familia decide abrir un proceso de búsqueda de un migrante desaparecido se acerca a cancillería, a la PDDH o a COFAMIDE. Ahí aporta tantos datos como pueda tanto de la identidad como de la ruta que llevaba el migrante. Tras este paso, sigue la espera.

No todas las alertas terminan en una toma de muestra de ADN. La primera búsqueda se hace en vida. La institución que más facultades tiene para recorrer este primer tramo del camino es cancillería, porque debe activar a sus consulados para que estén pendientes de las novedades en hospitales, estaciones migratorias y centros de detención, entre otros. Su carácter de gubernamental le da credenciales para solicitar a las autoridades de otros países que se movilicen. Así, al menos, en teoría.

En la práctica, no hay nada que sistematice las comunicaciones entre cancillería y el familiar que demanda la búsqueda. Una llamada de una madre o padre angustiado se puede perder en la maraña de extensiones telefónicas de un ministerio. “Es que tampoco el rol de cancillería es ir en la búsqueda, porque el otro país no lo permite. Jugamos contra los tiempos y entiendo que es difícil, pero si el familiar no sabe ni dónde está la persona, se dificulta más, necesitamos pistas”, reclama Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de este ministerio.

Si la alerta se coloca en delegaciones de la PDDH, la familia puede contar con apoyo psicosocial para contener los daños de una pérdida de este tipo, pero para hacer la búsqueda en vida, el caso siempre tendrá que llegar a cancillería. Y lo mismo pasa si se coloca en COFAMIDE.

La ventaja de COFAMIDE con respecto a las otras dos instituciones es la empatía. Cada uno de los miembros del comité tiene o ha tenido a un familiar migrante desaparecido. Además, cuando recibe una alerta, activa su red internacional de organizaciones hermanas para que ellas hagan parte de la búsqueda. Pero en caso de necesitar que se haga una coordinación con instituciones gubernamentales de otro país, como hospitales y centros de detención, de nuevo, la de las credenciales es cancillería.

“Es importante que la gente sepa que en COFAMIDE encontrará un abrazo y la calidez, pero la acción de búsqueda inmediata no está ahí. En tema de desapariciones el tiempo es fundamental. Lo que recomendamos es ir a ambos sitios, porque les van a dar cosas diferentes”, de acuerdo con Campos, del CICR.

“¿Qué hacen las demás instituciones por los migrantes en El Salvador?”, pregunta Rosa desde cancillería. La respuesta que da es una extensión de las manos en las que cae la responsabilidad con respeto, por ejemplo, a la promoción de mecanismos de denuncia: “No es cierto, más sí tenemos una ley, que esto sea un mandato exclusivo de la cancillería o de la Dirección General de Migración y Extranjería. Ambas instituciones hacemos nuestro rol de acuerdo a nuestras competencias. Pero ¿y los demás? ¿Quién dice que no pueden ejercer?”

Algunas familias nunca abandonan la idea de un encuentro en vida. Pero hay un momento en que, a escala institucional, se activa la búsqueda de un fallecido. Y entonces hay que tomar un perfil genético, una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN), que es el encargado de contener las instrucciones genéticas de todo ser vivo.

El Salvador, pese a ser país expulsor de migrantes, además de no contar con mecanismos centralizados y claros de denuncia de desapariciones, tampoco cuenta con banco genético. Este servicio está habilitado gracias a la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución que ya cumplió 35 años de existencia y que ha realizado proyectos en otros 30 países. Lo forman 70 profesionales y algunos de ellos viajan hasta El Salvador cada vez que se reúne cierta cantidad de familias en disposición de dar el paso hacia la búsqueda de sus familiares entre fallecidos.

Desde 2010, el EAAF ha viajado en 48 ocasiones para tomar muestras de perfiles genéticos de salvadoreños. Así ha logrado reunir 906 perfiles de familiares que buscan a 326 migrantes desaparecidos que pertenecen a 323 familias.

Esta es la cuenta más depurada que tiene El Salvador de los suyos que han desaparecido en un intento por alcanzar una mejor calidad de vida. Y es fruto del trabajo de un grupo de argentinos que realiza las tomas bajo estándares sanitarios estrictos, las codifica, las envía a laboratorios especializados en ADN y luego las confronta con bases de datos de restos no identificados en busca de una coincidencia genética.

La mayoría de las muestras, 844, han sido tomadas en El Salvador, en los municipios de San Salvador y San Miguel. Pero el EAAF también ha viajado a otros países en busca de este material de salvadoreños. Tomó tres en Italia, una en México y 58 en Estados Unidos.

El Salvador captó el año pasado remesas de 162 países, pero el 93 % -es decir, $5,098.7 millones-, llegó desde uno solo: Estados Unidos, el receptor por excelencia de salvadoreños, ese lugar al que Juan Carlos se dirigía.

En casi una década, el EEAF ha logrado hacer 48 identificaciones de restos de migrantes a los que sus familias buscaban. A cuatro los encontraron en México y la mayoría, de nuevo, se acumula en Estados Unidos con 44 restos migrantes identificados como salvadoreños gracias al trabajo de argentinos.

***

LUIS Y EL ENCUENTRO ANHELADO
Con los años, comenzamos a recibir noticias de mi hermano. Y todas esas pistas nos llevaban a Oaxaca. Varios conocidos nos manifestaron que ahí había una persona igualita a él, pero no estaba en buenas condiciones de la mente. La búsqueda era bien artesanal. Nosotros, como familia, les dábamos fotografías a otras personas que sabíamos iban a migrar a Estados Unidos, así como se fue mi hermano, bien irónico, ¿verdad? Pero así era. Les pedíamos que si lo miraban, nos hicieran el favor de avisarnos.

Con COFAMIDE comenzamos a participar en actividades y pude viajar a México. Andaba en Oaxaca, en Ixtepec, y mientras participaba en una marcha, se me acercaron unas personas solo para decirme que sí, que sí habían visto a alguien muy parecido a la foto que yo portaba, que era de mi hermano. Esta persona andaba de un lado a otro, deambulaba.

Ya en el año 2011, que volví a ir, pasó la misma situación. Y fue que decidimos iniciar el proceso de búsqueda con autoridades de allá, porque ya había mucha pista que se podía seguir. Pero fue hasta en 2013 que volvimos a ir, que ya pusimos la denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros dimos la información y cumplimos con todo lo que nos pidieron.

¿Y sabe qué? Perdieron la información de todo el proceso. No tienen nada.

Pero a nosotros, como familia, nos seguían dando pistas de que ahí estaba mi hermano. Por todo el trabajo que hacemos como COFAMIDE, logramos crear como alianzas. Y fue en 2014 que nos pusimos en contacto con una organización en Oaxaca que se llama Centro de Orientación al Migrante. Varias veces me reuní con la directora de ahí y, en una de esas, ella me mandó una foto de una persona que se presumía era salvadoreño y en la foto parecía que era mi hermano. Pero ¿cómo saberlo solo por la foto? ¿Cuánto puede cambiar una persona en 9, 10, 12 años?

Además, estaba en estado vegetal.

Para esa misma fecha, había en México una reunión del banco forense, donde íbamos a dar los resultados del trabajo que se venía haciendo y pedí que me dieran un par de días para moverme a Oaxaca. Fui para el hospital Valdivieso y ahí lo vi.

Imagínese, ¡sí se parecía a él!

Pero las condiciones de él ya eran muy cambiadas. Después de 13 años sin ver a alguien, sin saber nada, uno en lo que tiene que pensar es en que las personas cambian. Mi hermano se fue de aquí sin tatuajes. Esta persona tenía tatuajes, no de pandillas, pero tenía como una muerte, una calavera y cosas así. De vista, no pude estar seguro de que era él. Tuvimos, ya a esas alturas, que irnos por pedir la prueba de ADN.

En el ADN salió que no era él.

***

EL AVANCE QUE HA MOSTRADO CANCILLERÍA durante la última década en el tratamiento de los temas de migrantes desaparecidos no se pueden negar, de acuerdo con la abogada del CICR, Lisseth Campos. Y lista: toman denuncias, activan consulados, integran el banco forense. Sin embargo, la comunicación con los familiares y el trato hacia ellos siguen siendo materias a deber. Igual que la continuidad de todos estos avances. “La debilidad es el soporte jurídico que estos procedimientos tienen, ya que todos se han dado a través de guías y de lineamientos administrativos que corresponden a esta gestión y no hay garantías de que la siguiente los mantenga”.

El 17 de marzo de 2011, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Aunque los especialistas aseguran que la norma se enfoca más en migrantes que regresan por cualquier motivo a El Salvador; desde el artículo 27 al 29, la ley establece una serie de reivindicaciones. Se establece un Programa de Asistencia y Protección, un Proyecto de Consulta y Asistencia Legal, Educación y Servicios de Salud para la Persona Migrante y su Familia, y se crea un fondo especial para pagar los costos de retorno de heridos y repatriación de salvadoreños fallecidos en el exterior. Con ocho años de vigencia, nada de esto cuenta con financiamiento. Y, lo más probable, es que cumpla la década así, ya que no se ha incluido en el Presupuesto General de la Nación de 2020.

“Hay un tema de falta de recursos a la base que es uno de los factores que contribuyen a no hacer más acciones de búsqueda y a que se retrasen los procesos de repatriación de los restos localizados”, explica desde el CICR, la abogada Campos.

Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de cancillería, apunta hacia otro lado: “No hay que crearle falsas expectativas a la gente. El que suelten un cuerpo no depende de nosotros. Depende una instancia en la que incide hasta en qué circunstancias falleció la persona”. Rosa cifra el costo de una repatriación entre los $3,000 y los $5,000.

El 29 de abril de 2019, la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior hizo reformas a la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Una de las modificaciones que más implicaciones técnicas y financieras tiene es la del artículo 30: “El Instituto de Medicina Legal dispondrá de un banco de perfiles genéticos conformado con muestras de ADN de familiares de las personas desaparecidas, a efecto de facilitar la identificación de estas últimas”.

Entonces, la ley que establece la creación de programas sociales para los que desde 2011 no hay dinero asignado, ahora, en 2019, también incluye la creación de un banco para el que no se ha calculado costo económico ni técnico. Entre los diputados que firmaron esta reforma están: Reynaldo Cardoza, Numan Salgado y Marcela Villatoro.

Los diputados han dejado constancia escrita de que, para ejecutar este cambio, solicitaron opinión a varias instituciones, entre las que se cita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “El Estado nunca ha mostrado voluntad para instalar un mecanismo de este tipo y ahora quiere hacerlo con una reforma a la ligera. Nos pidieron opinión, sí, pero lo que dijimos fue que, aunque el equipo argentino no puede suplir para siempre la responsabilidad del Estado salvadoreño, es necesario abrir un espacio para que se dé una transición, con los profesionales argentinos a la cabeza, y no montando todo de la noche a la mañana”, asegura la procuradora adjunta, Beatriz Campos Cevallos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense nació en 1984 y desde el inicio marcó la diferencia al crear procesos para que la participación del familiar de un desaparecido no se limitara a recibir una notificación impresa de la coincidencia o no del material genético. El protocolo con el que trabajan incluye entrevistas para que los familiares aporten información, pero también capacitación en el proceso científico de identificación y cuentan, claro, con un componente de atención mental y emocional.

Para Campos Cevallos, mantener este protocolo es innegociable. “Estas personas merecen una atención digna, ellos nunca abren un duelo ni lo cierran, aunque ya estemos en proceso de identificación de restos, ellos siempre van a esperar ver a su familiar vivo, un mecanismo como este no se monta por decreto”, comenta.

***

BERTHILA Y LAS FLORES
Mi hijo, Carlos, se fue a Estados Unidos un 17 de marzo de 2011. Tenía 21 años. En el camino, constantemente me llamaba. El último día que él me habló, me dijo que había comprado un boleto para la frontera y que estaba en la terminal de Monterrey. Fue el domingo 27 de marzo. Él me habló como si fuera la última vez y yo también, como madre, tuve el presentimiento de que algo no estaba bien.

A los cinco días de que él ya no se comunicó, pusimos la denuncia en cancillería. Nos dijeron que iban a informar cómo iba la búsqueda de mi hijo. Pero pasó mayo, junio, julio y no daban ninguna respuesta. Yo les llamaba y no me daban información. Luego, ya dejaron de contestarme.

Decidimos volver a venir a cancillería, la sorpresa fue que cuando dijeron que iban a buscar la fecha en la que había sido enviado el caso a México, se dieron cuenta de que no había sido enviado. Ya habíamos perdido más de tres meses en los que lo podían haber buscado.

Me causó mucha tristeza y enojo, porque nosotros como salvadoreños acudimos a nuestras autoridades con la esperanza de que ayuden; no les vamos a pedir dinero, ni un favor.

Estando ahí en Las Cascadas me enseñaron unos folletos de COFAMIDE. No entendí cómo ellos siendo las autoridades más adecuadas, las que pueden buscar y tienen toda la capacidad, me mandaron a un comité de familiares. Igual, les llevé los datos.

El comité me ayudó, estando ahí conocí la Fundación para la Justicia (y el Estado de Derecho, FJEDD), ellos tomaron el caso de mi hijo. Como a los cinco o seis meses, vinieron los argentinos a tomar muestra de ADN, para mí eso fue bien duro, porque yo no podía pensar que mi hijo estuviera muerto. Yo estaba a cero, deprimida, y decía que por qué me tomaban muestra de ADN. Mi esposo me decía que era porque lo buscaban vivo también.

Un día me hablaron por teléfono. A mí cualquier llamada me ponía mal, me ponía a llorar. Oí que me habló un señor con acento argentino y le corte la llamada. Porque me agarró un solo temblor. Luego me volvió a llamar, me dijo: “Soy Rafa, soy del equipo argentino, usted tiene un hijo desaparecido”. Hablamos y luego contactamos con la procuraduría de acá de El Salvador. Nos fueron a recoger muestras de ADN. A todo esto, ya habían pasado seis meses aproximadamente de que él había desaparecido.

Un mes después de eso, localizaron unos restos que podían ser de mi hijo. Le dieron a México la orden que nos avisara a la familia que lo habían encontrado, pero por aquello siempre de que las autoridades que no toman importancia a su responsabilidad, el caso fue archivado. Con papeles presentados y con el cuerpo de mi hijo ubicado, el caso igual fue olvidado. Fue hasta el año y nueve meses después, que de una oficina de Asuntos Internacionales me avisaron, por medio de la fiscalía, que era urgente que me presentara.

Cuando llegué, preguntaron que si nosotros éramos fulano y mengano. Sí, dijimos. Y comenzaron a explicar que habían encontrado restos en una fosa clandestina en Tamaulipas, y que sí, que uno de ellos era mi hijo. Ahí comenzó la dura batalla.

Para parar todo mi sufrimiento, yo lo hubiera querido hallar vivo. Pero no se pudo. Entonces yo lo que quería era que me lo trajeran ya. Yo quería la repatriación inmediata de sus restos, pero no fue así.

Se hizo un laberinto, las autoridades mexicanas hicieron mal el trabajo desde un principio. Como le digo, ellos al mes, dos meses, ya lo tenían identificado con las muestras de ADN. Pero no lo reportaron a El Salvador, ni a cancillería, ni a nadie. México se quedó con esa información.

Y fue hasta los nueve meses después, cuando ya la Fundación para la Justicia estaba metiendo papeles para allá y para acá, y el Equipo Argentino también hacía lo suyo. Entonces fue que ya empezaron a sacar los casos.

En cancillería no sabían que el caso de mi hijo había sido localizado. Cuando fui a pedir información, el cuadro de mi hijo estaba al fondo y no me creían. “¿A usted quién le ha dicho que lo encontraron?”, me preguntaban bien pésimas. Yo solo veía que buscaban los cuadros y sacaban y sacaban casos. En eso, vi que se puso a buscar en la computadora y me dijo: “Sí es cierto, vamos a preparar para la repatriación”.

Comenzamos este proceso y yo dije, bueno, ya lo van a traer. Ya va a pasar, ya lo vamos a enterrar. Pero a los tres días me llamaron de cancillería, y se hizo aquello tan engorroso, porque querían que llegara a firmar, porque a mi hijo lo iban a cremar, que por motivos de salubridad. Una palabra que yo no me sabía. Decían que podía contaminar. Entonces, no fui. La fundación puso amparos que sirvieron para parar la cremación de mi hijo y de muchas más gentes.

En todo ese proceso, mi estado de salud decayó al extremo, al suicidio, a la depresión, al descuido total de mí, de alimentarme, de cuidar de mi esposo, de todo. Quería morirme, quería de alguna manera llamar la atención para que me ayudara alguien. El comité me estaba apoyando, pero no era suficiente. Mi hijo estaba muerto y luego lo iban a cremar, para mí era algo inhumano.

La fundación tenía el caso, pero me indignaba, me daba mucha cólera el saber que había autoridades y no me ayudaban. En cancillería me dijeron que el caso estaba estancado.

Después de decir yo que ya lo íbamos a traer, vi cómo todo lo fueron retrasando. Yo lo quería aquí ya, pero todo el proceso de repatriación duró tres años y 10 meses. Él vino el 6 de febrero de 2015.

No creo que fuera por motivos de salubridad. A México le conviene y le ha convenido siempre cremar a la gente para borrar toda evidencia. Mi hijo vino en una caja grande, porque así lo pedí, porque mi hijo era alto. Me iba a impactar mucho que viniera en una cajita. Yo en México pude reconocer a mi hijo todavía, por sus pies, por sus dientes, por su rostro, por sus huesos.

A mí eso me hizo tener un poco de paz. Un poco, porque la partida de mi hijo se llevó una parte tan grande de mí. Le dimos sepultura, más que todo yo lo hice como una despedida. él tuvo muchas flores, le regalaron muchos ramos y aquello fue un jardín. Lo que yo deseaba para él. Después de la repatriación yo sentí menos peso. Ya puedo ir a verlo. Doy gracias a Dios, porque sé donde está.

ENTRE EL 1.º DE ENERO Y EL 24 DE MAYO, 272 personas han muerto en un intento por migrar en América, de acuerdo con el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De esas muertes, 110 se registraron en México. Pero pueden haber sido muchas más: “Desde 2014, más de 4,000 muertes se han registrado anualmente en rutas migratorias en todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de muertes registradas representa solo una estimación mínima, porque la mayoría de las muertes de migrantes en todo el mundo no se registran”, dice el informe.

Las constantes peticiones de información sobre migrantes no localizados a México obligó a instituciones de la sociedad civil, como COFAMIDE, a reclamar a este país herramientas más accesibles para colocar denuncias. Así nació en 2015 el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE).

Con esta herramienta, los familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya pueden colocar, en las respectivas embajadas, una denuncia por desaparición sin tener que viajar a México, siempre que el último contacto con la víctima haya sido en ese país. Es una forma más directa de pedir a las autoridades mexicanas que activen la búsqueda.

Desde 2016, el MAE ha recibido 40 casos y ha ubicado a tres personas a quienes, solo por nombre, se ha hallado por medio de una orden de deportación. Aún hace falta la confirmación de identidad. “Lo que hay que ver es que este es un mecanismo que nació impulsado por los mismos familiares, es una respuesta que la sociedad civil buscó. Ha sido un logro de los familiares”, explica Elena Beltrán, de la Fundación Justicia y Estado de Derecho (FJEDD), que es el organismo que ha asumido la representación de los demandantes ante el MAE.

Para Luis, de COFAMIDE, las herramientas como esta van a ser siempre bienvenidas. Sin embargo, el problema es otro. En cada viaje que han hecho a México como institución, ha sido usual encontrar salvadoreños retenidos en estaciones migratorias o detenidos en delegaciones que no se han podido comunicar con sus familiares, a veces, en meses. Y esos familiares tampoco han levantado ninguna alarma. “Es gente que prácticamente tiene a un desaparecido y no denuncia; no lo hacen por amenazas, porque tienen miedo, porque el coyote es el mismo vecino, por un montón de cuestiones en las que está el verdadero problema de la migración actual: la gente no se siente segura”.

No se queda ahí, después de más de 15 años de andar buscando migrantes no localizados, a Luis todavía le queda margen para el asombro. Hay familias que, pese a tener un miembro desaparecido en la ruta migrante, deciden seguir ese mismo camino. “La gente está desesperada. Aquí no vamos a dejar de buscar a nadie, hasta que encontremos aunque sea los huesitos, pero sabemos que la solución no es esa”.

378 fotos impresas

María Estela Valladares

Mi nombre es María Estela Valladares. Busco a mi hijo: William Ernesto Quinteros. Se fue el 22 de julio de 2006. Y llegó a Estados Unidos el 25 de agosto. Estuvo un año y cuatro meses en Estados Unidos, ahí en Maryland. Él estaba trabajando en un restaurante como el que pasaba con azafates, porque todavía no hablaba inglés.
Un día me llamó para decirme que iba a salir con la novia que él tenía. “Vamos a ir a patinar en hielo”, me contó. Y yo le dije que tuviera cuidado, que él no sabía hacer eso. Y me dijo que me quedara tranquila. Esa noche, la muchacha regresó sola en el carro. Él ya no volvió.

En ese mes, mi hijo me había mandado una caja con un gran montón de cosas. Y entre todo lo que mandó se le había venido una agenda.

Mire, yo le llamaba y le llamaba, y el teléfono nada. Cuando él ya no me contestó, me desesperé. Y yo no sabía qué hacer. Después me acordé de la agenda, y comencé a llamar a esos números. En una de tantas me respondió un muchacho y me dijo: “Señora, yo quería hablar con usted pero no hallaba cómo”. Le pregunté que por qué . Y me soltó: “William ha desaparecido. Es que lo hemos buscado y no ha llegado ni al trabajo, ni a su casa, ni al cuarto que él alquila”. Ahí sentí la muerte.

Primeramente, yo me fui a la policía, a la INTERPOL. Ahí hicieron de que estaban buscando, pero solo me dijeron que estaba raro el caso, porque no lo hallaron ni en cárceles, hospitales y todo eso. Después, fui a poner la demanda en cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fui a la embajada. Por todos lados anduve y no le ponen cuidado a uno.

Estaba bien mal yo. Cuando vi que nadie me lo buscaba, empecé a hacer cosas. Mi hijo, en lo que estuvo allá, me mandó 378 fotos, así, en papel. Y, mire, yo a cualquiera le daba esas fotos de él para que me ayudaran a buscarlo.
Entregué muchas fotos. A mí me agarró feo de entregar fotos por todos lados. Yo, como que era loca, venían amistades y les decía “llévenme esta foto para allá”, para buscar a mi hijo.

Ahora me dicen que lo hice mal, porque, a veces, hay gente que solo por maldad se mueve.
Él me mandaba esas fotos, porque yo le decía que así me gustaba tenerlas, que me gustaba verlo. Y mire, pues, ahora me que quedado solo con unas ciento y algo. Siempre ando algunas, para verlo. Como le digo, me agarró feo de andarlas regalando, pero fue porque yo quería sentir que alguien me ayudaba a buscarlo.

Él se fue porque aquí trabajaba en un restaurante y salía a las 2:30 de la mañana. Y en el día daba clases de pintura, porque él es pintor en arte. De ver él que se trabajaba tanto y no se hacía nada, se dejó dar garabato de que allá en horas ganaban bastante dinero. Pero de ganar dinero a perder la vida, imagínese. Bueno, no quiero pensar así. Sigo pidiéndole a Dios que no sea así. Primeramente Dios que nos reencontremos.

El mensaje que les quiero dejar es que quiero saber qué paso con mi hijo, porque es una zozobra para uno. Yo he pasado mal este mes de mayo, he pasado pensando en mi hijo, en que él siempre tenía un detalle muy bonito cada Día de la Madre. Él me daba sorpresas. Y hoy ya no lo tengo.

11 años y ocho meses para verla volver

Santos Paulino

Mi nombre es Santos Paulino. Y ya no busco, porque, lastimosamente, ya encontré fallecida a mi esposa. Ella viajó en 2006 para Estados Unidos. Cuando llegó a la frontera de Houston, Texas, con México, me habló. Me dijo que era la última vez que me llamaba, porque el destino de ella era New York y ya al salir de la frontera de México, ya no iba a tener comunicación conmigo, hasta que llegara a su destino.

Me dijo “en 10 días estamos allá”, porque así les había dicho el coyote. Pasaron los 10 días, después 15 días, se llegó al mes y nosotros no sabíamos nada. También iba un pariente de ella, y esa persona sí llegó. Él dijo que mi esposa se había quedado en el desierto.

En julio, fui a cancillería, puse la denuncia. La tomaron y todo. Me dijeron que inmediatamente me la iban a buscar en vida; en asilos, en albergues, en cárceles, en hospitales. Incluso en hospitales psiquiátricos. Pero nunca encontraron nada. En las instituciones de gobierno, como no son ellos los que tienen un familiar desaparecido, a ellos no les importa, a ellos les vale todo. Ellos dicen: “Sí, nosotros buscamos”. Pero por mí experiencia y la de otros familiares, no los buscan.

Así pasaron los años y nada. En 2009, fue el acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense y les hicieron pruebas de ADN a mis hijos. Nosotros nos sentimos agradecidos, porque yo lo que quería era llegar a la verdad. Para ya no estar con esa angustia y desesperación.

El 25 de diciembre de 2012, seis años después de haber hablado con ella la última vez, mi esposa fue encontrada en el desierto, ahí falleció. En el informe que me dieron los científicos antropólogos decía que ella falleció de un ataque al corazón. Quedó fulminada ahí, y, de ribete, se la comieron los animales feroces del desierto, solo quedaron los huesos.

Pero no crea que me notificaron en esa fecha. A ella me la recogieron en el condado de Houston, Texas. Y se la llevaron a una morgue en la que estaban otros 500 esqueletos de personas migrantes desaparecidas de toda Centroamérica y también de México. Ahí estaba mi esposa.

Ir verificando pieza por pieza el cuerpo fue bien difícil para el grupo científico. Yo fui notificado hasta el 8 de marzo de 2016 del hallazgo por medio de cancillería. Cuatro años después de localizada fallecida. Me dieron la información a mí y a mis hijos, pues ya ellos prácticamente estaban solteritos, hoy ya mi hija tiene 22 años y mi hijo tiene 18 años. Nos dijeron en cancillería: “Se la encontramos”.

Me preguntaron que cómo quería la repatriación. Me volvieron a decir que no venía el cuerpo completo, venían partes, huesitos, pues. Pedí velarla en mi casa, la quería tener en mi casa una noche más y después el entierro. “En tres meses se la repatriamos”, me dijeron.

Pero a las autoridades salvadoreñas no les importa nada. Juegan con los sentimientos de las personas. Se cumplieron los tres meses y nada. Yo estaba preparado, tenía hasta dinero que me habían prestado para el velorio y nada.

Ahí es donde nosotros los que tenemos un familiar desaparecido sabemos que a las autoridades no les importa. Pasó un año y cuatro meses y todavía no la traían. Ahí yo me cansé y les dije a mis hijos que eso así iba a quedar, que ya no iba a preguntar más, porque mi familia estaba sufriendo.

Cuando ya no esperaba nada, me la repatriaron. Vino el 15 de octubre de 2018. Pasamos a pura mentira por un año y ocho meses. En total, desde que ella se fue de la casa y que me la regresaron pasaron 11 años y ocho meses de dolor y sufrimiento por la desaparición.

Hemos pasado con mis hijos una situación económica difícil. Mi hija hace cinco años terminó el bachillerato. Ella quiere ir a la universidad. Pero yo no tengo la capacidad. No tengo lo necesario. No tengo un buen sueldo para darle estudio a mi hija. Si yo hasta noveno grado llegué. Mi hijo ya salió también de bachillerato.

A él sí lo tengo estudiando en la Universidad Nacional. Pero no es porque yo tenga dinero, sino que ahí voy viendo como darle el estudio. He buscado quien me apoye, al menos con el estudio de mis hijos. Pero, hasta el momento, no hemos recibido nada.

Mi hija tiene toditos los recuerdos de cuando mi esposa se fue y se despidió. Aunque ha recibido talleres psicológicos, todavía le marca. Cuando viene el Día de la Madre, cumpleaños de ella o para Navidad siempre se me pone mal.

Así quedamos nosotros, mal en todo. ¿Usted no sabe de algún lugar en donde puedan ayudar a mi hija a seguir sus estudios?

Palabra clave: caballo

Omar Jarquín

Mi nombre es Omar Jarquín. Yo busco a David Alexánder Jarquín Pineda, mi hijo. Se fue en mayo de 2014, a los 24 años. Hoy tendría 29 cumplidos. Era la segunda vez que se iba. Ya lo habían deportado de Estados Unidos.
Esa segunda vez, se nos ocurrió poner una clave para distinguir cuándo me estaba pidiendo dinero él o alguien más. Quedamos en que, en la plática, me iba a preguntar por el caballo.

Cuando estaba en un municipio que se llama algo así como Zapata, ahí en México, me habló y me dijo: “Papá necesito que me mandés unos $300”. Le dije que no tenía y le ofrecí $150. Me dijo “vaya, está bueno”. De ahí empezó el problema. Fui a dejar el dinero al banco en la mañana, ya en la tarde me estaba hablando el coyote: “Hola. ¿vos sos el papá del muchacho tal?” Y me decía que yo me había equivocado de nombre en el banco, que no podían sacar el dinero. A mi hijo el coyote salvadoreño con el que iba me lo dejó. Y para llevarlo hasta Reynosa, otras gentes le pedían otros $500. Le dije que se los iba a mandar.

Cuando ya estaba en Reynosa, fue que me llamó. Le pregunté que cómo estaban las cosas ahí, pero cuando le dije así, me acordé de preguntarle si ahí no había caballos. Me dijo “no papá, no te preocupés. Todo está tranquilo. Ya mañana me pasan para ir a otro lado y dentro de cinco días yo te hablo, cuando ya esté donde José”, que era el primo que lo iba a recibir en Estados Unidos.
Ya pasaron cinco años de eso.

Para que mi hijo viajara tuve que hipotecar una casa que se perdió, me deshice de una camioneta que se tenía. Presté dinero. El caso es que yo invertí de unos $8 a $10 mil y, al final, no es el dinero que se juega. Yo quisiera saber dónde está el muchacho.

Todo el que viene de Estados Unidos, viene contando grandezas, cuenta cosas bonitas. Pero no cuenta los problemas. El viajar de las personas es para buscar una mejoría. Es un sueño que se persigue, que en algún momento dado quiere apoyar a la familia.

Ahora, mi esperanza es la siguiente: mientras no me entreguen los restos de mi hijo, los huesos, yo lo voy a considerar vivo y lo voy a buscar vivo.