El cuarto de madera donde Sonia se dializa

Fotografías de Glenda Girón y Francisco Corado

El cuarto está compuesto por cuatro hojas de madera que no llegan al techo. Adentro, hay una silla de plástico verde, un bidón con agua color rosado sobre una mesa y, en el suelo, un guacal de plástico color rojo. Para el suero no hay pedestal. Esa función la suple un clavo en la pared. En la puerta, con plumón color verde, en letras con trazo torcido e infantil, alguien escribió: cuarto de tratamiento. Como si fuera necesario, una flecha, igual de panda que las letras, señala la entrada.

Este metro cuadrado es el lugar en el que Sonia Ruth Alpirez, de 50 años de edad, se encierra para hacerse una desintoxicación por diálisis peritoneal. Sus riñones ya no funcionan. No puede orinar. Por medio de un catéter que se le alcanza a ver arriba del ombligo, ella conecta dos mangueras, una para ingresar el suero que cuelga del clavo y la otra para sacarlo y echarlo en el guacal que está en el suelo. Repite este procedimiento de tres a cuatro veces al día.

Sonia vive en una aldea de Tiquisate, en Escuintla. Este es uno de los departamentos de Guatemala que, desde hace más de 10 años, se mantiene en la lista de los que más casos reporta de Enfermedad Renal Crónica.

El avance de esta enfermedad en Escuintla ha sido notorio. En 2008, se registraban 114 casos y la tasa de mortalidad era del 17 %. Mientras que, para 2017, se tenían ya 233 casos detectados y la tasa de mortalidad ya había escalado al 29 %. Estos son los datos del Departamento de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Escuintla es un departamento ubicado en la costa de Guatemala hacia el océano Pacífico. Es parte de un cordón de poblaciones afectadas por un tipo de Enfermedad Renal Crónica que no tiene como base a otros padecimientos previos, como la diabetes y la hipertensión. Por esta razón, los expertos han acordado llamarla Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales (ERCnt). Escuintla aparece, a la vez, en informes de productividad agrícola. En este departamento está el 61 % del área de cultivo de caña de azúcar.

Esta modalidad de ERC se ha apropiado de las comunidades agrícolas. No es solo Escuintla, ni se limita a Guatemala. En México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se reporta, desde hace casi dos décadas, un alto e inusual número de casos. Los afectados son gente como Sonia, que ha trabajado en la agricultura o que vive entre plantaciones.

La ERC que más se ve en estas comunidades no es fulminante. Quiere decir que se puede detectar en las primeras etapas. Al hacerlo, los pacientes tienen la oportunidad de ponerse en tratamiento y hacer más lento el avance del daño. La mayoría de casos, sin embargo, se detectan en los estadios más avanzados, cuando ya los riñones no son capaces de filtrar y las personas sufren un colapso. Después de eso, quedan atadas a una terapia sustitutiva de la función renal, como la diálisis peritoneal que se hace Sonia. Esto no es una cura, es, apenas, lo que los mantiene vivos.

Sonia

Sonia cuenta el inicio de su drama en muy pocas palabras: «Me empecé a hinchar, la respiración me costaba. Me llevaron al hospital y me hicieron exámenes. Ahí fue que el doctor me dijo que estaba enferma de insuficiencia renal. Me trataron y ya de una vez me pusieron el catéter». Antes de esto, tuvo varios episodios de infecciones urinarias, pero nunca encontró la oportunidad de somerterse a un estudio más enfocado en detectar daño renal.Desde el 4 de agosto de 2012, Sonia debe aislarse en ese cubículo que le construyó su esposo para hacer su proceso de desintoxicación. A la par, sigue una dieta estricta, no puede realizar actividades físicas y, lo más importante, debe limitar su ingesta de agua, un reto grande si se considera que, en Tiquisate, la temperatura puede llegar a superar los 38 Centrígrados. Sonia lleva en esta dinámica ocho años.

Sonia vive en el cantón Los Barrilitos II. Y, aquí, tiene más vecinos a los que se les ha diagnosticado ERC y también sabe de conocidos que han muerto por lo mismo. Cada año, en Guatemala se identifican alrededor de 5,000 casos nuevos. Los departamentos en donde más se halla a personas con ERC son Guatemala (capital), Santa Rosa, Petén y, claro, Escuintla, al que pertenece Tiquisate, el municipio en donde está este cantón verde de población agrícola con nombre en diminutivo: Barrilitos.

La ERC de causas no tradicionales ha sido motivo de numerosos estudios. No se ha podido, sin embargo, identificar una causa concreta. Hay, más bien, una serie de factores que son calificados como riesgo, entre ellos: las prácticas agrícolas que involucran un trabajo intenso, el estrés térmico agravado por un evidente cambio climático, la exposición a agroquímicos, el consumo indiscriminado de antiinflamatorios y la falta de acceso a agua potable.

A esto se le agrega la dificultad para encontrar servicios de salud, baja escolaridad, mala nutrición y bajo peso al nacer para completar lo que el doctor Vicente Sánchez Polo describe como «la tormenta perfecta». «Todas las personas, por el solo hecho de vivir ahí, tienen aumentada la vulnerabilidad renal, porque ahí es que confluyen todos los factores de riesgo», explica Sánchez, quien es jefe del servicio de Nefrología y trasplante renal del Instituto Guatemalteco del Seguro Social y miembro del consejo directivo del Centro para el Estudio de la Nefropatía Centroamericana en América Central y México (CENCAM).

Vivienda. El índice de déficit cualitativo de vivienda en Guatemala es de 61 %. Seis de cada 10 casas están en malas condiciones. En las comunidades agrícolas, como las de Tiquisate, Escuintla, el problema es grave.

El Barrilito II es así. Es verde, agrícola, pobre, caliente. Es una serie de casas de lámina y plásticos mal puestas sobre veredas retorcidas que se convierten en ríos de lodo cuando llueve mucho. Es en este cantón en donde Sonia ya solo vive para conectarse a mangueras cuatro veces al día en un cuartito de madera. «Todo cuesta más con esta enfermedad. Pero lo más difícil de aguantar es el dolor de huesos, el dolor que da la espalda, así como que tuviera los pulmones llenos de agua, así se siente», cuenta Sonia desde las afueras de la casa.

Entre las familias de esta zona no es raro que la ERC sea diagnóstico o causa de muerte. Lo que sí es raro es la prevención. «Los pacientes con estadios tempranos de ERC, generalmente no son diagnosticados ni tratados oportunamente y, con frecuencia, presentan múltiples factores de riesgo concurrentes que incrementan el riesgo para pérdida de la función renal, el desarrollo de complicaciones y la muerte cardiovascular precoz», explica la doctora Berta SamColop en el documento Prevalencia y mortalidad de Enfermedad Renal Crónica en Guatemala (2008-2018), que fue hecho público en marzo de este año.

Sonia no vive sola. Tiene esposo y once hijos. Para ellos, y para el resto de vecinos que viven en esta «tormenta perfecta», el riesgo es alto y la prevención insuficiente.

El Barrilito II es así. Es verde, agrícola, pobre, caliente. Es una serie de casas de lámina y plásticos mal puestas sobre veredas retorcidas que se convierten en ríos de lodo cuando llueve mucho. Es en este cantón en donde Sonia ya solo vive para conectarse a mangueras cuatro veces al día en un cuartito de madera.

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LA CASA EN DONDE SONIA vive con su familia tiene techo de lámina, paredes pintadas y piso de cemento. Pero vivir con esto tan básico no es la norma en este municipio de Tiquisate. La mayoría de habitantes tiene mucho menos. En las comunidades agrícolas como esta, hay viviendas construidas con tablas y plásticos y con piso de tierra por donde escarban las gallinas, como en la que vive Francisco Santay, de 58 años, otro paciente con ERC que, como Sonia, vive en Tiquisate.

A Francisco el terreno en donde tiene su casa le costó 30,000 quetzales, que equivalen a $3,900. A él y a su familia compuesta por su esposa y cinco hijos, les ha tomado, con mucho esfuerzo, 11 años terminar de pagar esta cantidad de dinero.

Fortalecer la estructura de la vivienda era el proyecto más ambicioso que tenían cuando Francisco cayó enfermo. Entonces, quedó pendiente la colocación de drenaje. No tienen. Y, dado que las condiciones de su vivienda son tan débiles y por debajo de lo que se considera digno, Francisco no es candidato a la diálisis domiciliar. Debe viajar al hospital de la cabecera departamental, Escuintla, de dos a tres veces por semana para someterse a una desintoxicación asistida por máquina que se llama hemodiálisis. Estos traslados vinieron a complicar más la economía familiar. La familia perdió su capacidad para cancelar los servicios y, ahora, se ha quedado sin electricidad. Francisco, esposa e hijos tienen una deuda de más de 1,800 quetzales ($235) que, aquí, es una cantidad imposible de juntar.

En Guatemala, el déficit cualitativo de vivienda corresponde a un 61%. Este dato se traduce en que, de cada 10 casas, seis tienen algún aspecto, o varios, en malas condiciones. Según el estudio «Diagnóstico de la vivienda en Centroamérica», publicado hace cuatro años, entre las principales carencias está que: un 29 % de las viviendas tiene piso de tierra y un 22 % tiene paredes con materiales inadecuados, como la de Francisco. «La falta de agua potable afecta un 9 %, mientras que la falta de servicio sanitario de fácil acceso en la vivienda representa un muy elevado 44 % de las viviendas, pues carecen de este servicio en su totalidad o solo cuentan con letrina», agrega el documento.

Estas carencias se vuelven un peligro mayor en el caso de las familias en las que hay personas con enfermedades crónicas y progresivas, como la ERC. Familias como las de Sonia y Francisco. «Este es el verdadero problema de tener sistemas de salud tan deplorables y tan débiles, cada quien hace lo que puede», reniega el nefrólogo Sánchez Polo, del IGSS. Y agrega: «Sabemos que la diálisis no cura nada, solo sirve para expulsar toxinas y la pobre gente se tiene que hacer de tres a cuatro recambios al día, ¿qué va a pasar con un pobre campesino que se hace este proceso en una casa de piso de tierra y con moscas? Va a tener una infección».

El más afectado. El sector de los trabajadores agrícolas está a la cabeza en prevalencia de la enfermedad renal crónica. Es uno de los más visibles porque, por lo general, cuenta con cobertura de seguro social.

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LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICAno tradicional de Tiquisate, en Escuintla, Guatemala, es la misma que tiene a agricultores y sus familias cautivas en Jiquilisco, Usulután, en El Salvador. Y es la misma que causa angustia en Bagaces, Guanacaste, en Costa Rica. También afecta a cientos de personas en Chichigalpa, Chinandega, Nicaragua. Y la gente de Marcovia, en Choluteca, Honduras, no se escapa. Este, como dice el doctor Sánchez Polo, no es un problema solamente médico, es, también, poblacional.

«Un chico de estas zonas ya nace pobre, con dificultad de acceso a la salud, con bajo peso; cuando empieza a trabajar a temprana edad, sus reservas renales ya van disminuidas», expone el doctor Sánchez Polo, y suma que la normalidad en estas comunidad incluye el consumo de agua de mala calidad, uso o exposición a agroquímicos, abuso de medicamentos antiinflamatorios, bebidas azucaradas, exceso de calor y esfuerzo físico extremo a la hora del trabajo. «Esto hace que esta sea una enfermedad más de carácter epidemiológico, poblacional y no solo relaciona a una causa, son múltiples causas», agrega.

En América Latina, los países que tienen las tasas más altas de mortalidad por ERC son Nicaragua y El Salvador. Solo en este último, las muertes llegan a 2,500 anuales. Las poblaciones más afectadas de cada uno de estos países son las de la costa del Pacífico, al respecto, un documento respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica: «Esta zona geográfica contiene la mayor porción de área cultivable, y la agricultura, en especial el cultivo de la caña de azúcar que se ha intensificado en los últimos decenios, lo cual se ha traducido en aumento de la superficie cultivada, mayor rendimiento por hectárea y mayor productividad de las cosechas», de esta manera se describe el reporte titulado «Epidemia de Enfermedad Renal Crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica», publicado en 2017.

Escuintla, departamento al que pertenece Tiquisate, tiene 165 mil hectáreas dedicadas solo al cultivo de caña de azúcar. «La mayor parte de los ingenios nacionales y la producción de caña se ubican en el departamento de Escuintla, debido a su ubicación geográfica estratégica hacia el principal puerto del país (Puerto Quetzal)», dice un informe del Departamento de Análisis Macroprudencial y Estándares de Supervisión del Sector Azucarero.

Sonia no siempre ha vivido aquí, en los Barrilitos II. Antes residió en otra comunidad de Tiquisate llamada San Juan de la Noria.

Cuando se ve desde un mapa satelital, San Juan de la Noria parece una punta afilada con bordes muy rectos. Lo que la corta de esa manera son los cultivos. La rodean cientos y cientos de hectáreas verdes. La actividad económica principal de este municipio es la agricultura. Y los cultivos predominantes de este territorio son la caña de azúcar, el banano y palma africana. Estas cosechas representan el 84 % del la producción del municipio.

Acceso a salud. Francisco Santay, de 58 años, es un paciente renal. Debe viajar al hospital de Escuintla, desde Tiquisate, para recibir hemodiálisis. Su casa no reúne las condiciones para optar por un tratamiento domiciliar.

Fue este carácter tan agrícola de la zona lo que hizo que el doctor Sánchez Polo y su equipo dirigieran hacia Escuintla, donde está Tiquisate, un estudio sobre la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica. En una muestra que incluyó a 700 personas de todas las edades, los investigadores hicieron un tamizaje. «Nos centramos en una comunidad que está ubicada a 200 metros sobre el nivel del mar, está en un área de riesgo, porque la rodean varios ingenios azucareros», explica Sánchez Polo.

Los resultados que arrojó ese estudio solo pueden ser preocupantes. «Encontramos que la mitad de los niños ya tiene un daño renal», asegura el investigador y nefrólogo. Agrega que se trata de niños que están en las escuelas, por lo que, si trataban, no lo hacen en jornadas completas. Sánchez Polo explica que, aunque haya intentos por relacionar la ERC solo a los trabajadores agrícolas y con ello reducirla a un riesgo laboral, en realidad, no lo es. Las investigaciones como esta, que incluyen a poblaciones más allá de los ingenios refuerzan la idea de las causas múltiples. «Encontramos que de las mujeres que dijeron ser amas de casa, un 30% ya tiene daño renal», añade.

Sonia, de hecho, solo trabajó en la agricultura por un corto tiempo, cuando era niña y le ayudaba a su padre. Entre 2008 y 2018, en Guatemala se registraron 35,877 personas con ERC, según datos de la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC). En ese mismo período, se documentaron 19,491 muertes relacionadas con esta enfermedad. La tasa de mortalidad de la ERC en Guatemala es del 54 %.

El riesgo para el investigador y nefrólogo Sánchez Polo no es solo el trabajo: «El hecho de que tú vivas ahí ya te hace una persona en riesgo de daño renal. Se requiere detección temprana y protección. Pero, en el mismo contexto de la pobreza, a esta gente no la chequean, no la cuidan y no la revisan». A los niños de este estudio, asegura el médico, se les dará seguimiento integral para evitar mayores consecuencias. Y afirma que en esta clase de estudios y en la elaboración de políticas para el abordaje de esta enfermedad se ha integrado una dinámica junto con otros sectores, como el académico, el gubernamental, el de los trabajadores y, también, el azucarero. «No es conveniente que nos pongamos a pelear, cuando ellos también pueden aportar; todos podemos aportar», explica.

Para Sonia y su familia la casa de El Barrilito II es, sin duda, una mejoría. «Una bendición», dice ella, que les llegó por medio de la iglesia evangélica a la que pertenecen. Cuando se le pregunta si se mudaría de aquí, la respuesta es no. Y, al respecto tiene solo una petición que hace casi como un susurro: «Yo, aquí, solo mejoraría el cuartito, para hacerme mejor el tratamiento».


Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation.

Las vidas que quedan fuera del sistema

Fotografía de Archivo

El cuerpo de Valeria pasó una semana en Medicina Legal. Sus padres no la asentaron en la alcaldía de San Salvador y, sin un documento que respaldara su existencia, su madre no podía retirar su cuerpo de la morgue.

Los funcionarios le propusieron una alternativa. Tenía que presentar un documento de no emisión de nacimiento. Para esto debía, primero, tener las huellas plantares de su hija.

Valeria nació en el antiguo Hospital de Maternidad. Junto con Camila Portillo, activista de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans), la madre de Valeria fue al nuevo Hospital de Maternidad para reclamar el documento, pero el trámite quedó frustrado porque, los servicios administrativos de los hospitales estaban paralizados por la pandemia del covid-19.

Medicina Legal había dado un plazo 15 días para retirar el cuerpo de Valeria. Así que, por medio de Aspidh Arcoíris Trans, se hicieron coordinaciones con el Registro Nacional de las Personas Naturales para que este extendiera, lo más pronto posible, una declaración jurada que comprobara, a los forenses, que la señora que reclamaba el cuerpo de Valeria era su madre.

Una vez el documento fue remitido a la Fiscalía General de la República, la institución dio el aval a Medicina Legal para que entregaran a Valeria. Si este proceso no se hubiera agilizado, su cuerpo hoy estuviera en una fosa común.

Valeria pasó enferma con diarrea y calentura. Murió, a los 24, deshidratada. Su madre gastó el poco dinero que gana del comercio informal para reponerla con sopas y jugos. Antes de que el gobierno declarara la emergencia por el covid-19 y la cuarentena obligatoria, la señora había intentado curarla, la llevó al Hospital San Rafael, en Santa Tecla, pero no quisieron atenderla y tampoco le dieron explicación.

En plena pandemia, Valeria empeoró, pero fue en vano que su madre buscara ayuda en un Fosalud y en la Unidad de Salud del barrio San Jacinto. Tampoco sirvió que le pidiera prestado el teléfono a un vecino para llamar al Hospital San Rafael y suplicar, otra vez, atención para su hija. La respuesta siempre fue la misma: solo atendían emergencias por el nuevo coronavirus.

El 28 de abril por la mañana, la madre de Valeria salió a la calle y paró a un carro patrulla. Hizo que un policía entrara a su casa y pidió, de favor, que le ayudara a llevar a su hija hasta un hospital. El policía llamó a un número y al otro lado hubo una respuesta: que si Valeria estaba muy grave, que mejor muriera naturalmente, ya que estaban enfocados en la pandemia.

Valeria era amiga de Camila. La quería tanto, que hasta le decía mamá. Camila no sabe si aquella respuesta que recibió el agente fue de otros policías o del personal de un hospital. Tampoco sabe si la falta de atención fue por la identidad y expresión de género de Valeria.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

«Hay frustración. Te quedás con esa sensación de impotencia, con ese nudo en la garganta, porque sos parte de la población y también has vivido situaciones similares», sostiene Camila.

En 2016 fueron lanzados los Lineamientos Técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI, vigentes a la fecha y que establecen la atención que el sistema de salud debe brindar a pacientes de la diversidad sexual, especialmente a las mujeres y las mujeres trans.

El documento fue un trabajo entre la extinta Secretaría de Inclusión Social (SIS), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las organizaciones de la sociedad civil. Y, al igual que otras acciones a favor de la población LGBTI, su cumplimiento era verificado por la SIS.

La SIS fue una instancia nacida en el gobierno del expresidente Mauricio Funes y dependía de la Presidencia. A ella estaba adscrita la Dirección de Diversidad Sexual, que tenía entre sus funciones erradicar la violencia y la discriminación contra la población LGBTI en las instituciones públicas.

En el segundo día de su gobierno, Nayib Bukele eliminó la SIS y delegó la Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura, un ministerio que dejó de ser una secretaría en 2018. Con sus nuevas asignaciones, lo único que hizo esta cartera de Estado fue un cambio de nombre. Desde agosto del año pasado, comenzó a llamarse Unidad de Género y Diversidad.

Suecy Callejas, la ministra de Cultura, fue entrevistada por un noticiero antes de ser juramentada como funcionaria. En la entrevista del 8 de mayo de 2019, habló de reformas presupuestarias para el ministerio que preside y de gestionar fondos con cooperantes y empresas, ya que, dijo, solo el 8 % del dinero era destinado a las direcciones que dependen del ramo cultura. El resto se va en pago de salarios.

Pese a la responsabilidad que le conlleva trabajar en la implementación de políticas públicas a favor de la población LGBTI, p ara el año 2020, sin embargo, no hubo mucha variación en el presupuesto ministerial. Solo aumentó $1,283 respecto al año 2019, cuando contó con $20,266,40. Después del Ministerio de Medio Ambiente, Cultura es la cartera de Estado con menos presupuesto.

A un año del nuevo gobierno, la PDDH y las organizaciones LGBTI no conocen las propuestas de políticas públicas que serán implementadas en este quinquenio con respecto a la diversidad sexual.

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LA MADRUGADA DEL 22 DE MARZO, horas después de que Bukele ordenara la cuarentena obligatoria por el covid-19, dos mujeres trans fueron detenidas en San Salvador, acusadas de violar la medida gubernamental.

Ellas fueron trasladadas al centro de contención del Instituto Nacional de los Deportes, donde también estaban detenidos siete hombres gais. En ese lugar, había un policía que le dijo al grupo que la pandemia era producto de su estilo de vida.

A través de una organización, las víctimas denunciaron el caso a PDDH, quien pidió un informe al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Hasta ahí, la PDDH supo que seguía vigente una de las políticas creadas en el anterior gobierno a favor de la diversidad sexual. Arriaza Chicas respondió que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública continúa aplicando la Política Institucional para la Atención a la Población LGBTI, una iniciativa de SIS, que desde 2018 está a cargo de la actual Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada.

«La pandemia ha visibilizado la desprotección de la que es víctima la población LGBTI, especialmente los grupos más vulnerables, como las personas adultas mayores y las trabajadoras sexuales», sostiene Jessica Torres, referente de la Procuraduría Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

Torres señala que durante la pandemia han observado que la Unidad de Género y Diversidad, del Ministerio de Cultura, a cargo de Keny Rodríguez, no ha tenido un rol protagónico en las acciones que le corresponden.

Sin instituciones que impulsen políticas públicas para sectores vulnerables como la población LGBTI, son las organizaciones las que, dentro de sus limitantes, asumen parte de las funciones del Estado.

De toda la población LGBTI, la personas trans son las más discriminadas por su identidad y expresión de género. En un país como El Salvador, donde aún no es aprobada una Ley de Identidad de Género, ellas no pueden acceder a un nombre que las identifique, a un empleo formal ni a servicios básicos como salud y educación.

Por esto es que, en el caso de la mayoría de mujeres trans, su única forma de ingreso es el trabajo sexual. Otras viven del comercio informal.

Con la cuarentena obligatoria, que comenzó el 22 de marzo y se prolonga hasta el 6 de junio, las mujeres trans han dejado de recibir ingresos. No todas han sido beneficiadas con el bono de los $300 que dio el gobierno a los afectados por la pandemia del covid-19.

Aspidh Arcoíris Trans se ha encargado de entregar canastas básicas a mujeres trans y hombres gais. Cada día, en su página de Facebook, la asociación sube fotografías de las entregas que realizan en diferentes municipios.

El dinero para las canastas proviene de sus donantes, a quienes también les han pedido redireccionar fondos que inicialmente estaban destinados para eventos que se aplazaron por la pandemia, cuenta la directora de la asociación, Mónica Linares.

Desde Aspidh Arcoíris Trans gestionaron la entrega del bono de $300 para 50 personas, entre mujeres trans y hombres gais. No todos pudieron acceder a este beneficio, pero una gran parte de la población LGBTI lo necesitaba.

La PDDH se ha enterado por las organizaciones de la sociedad civil que esta unidad elabora un censo de mujeres trans para darles un subsidio, pero desconoce si el censo ya fue terminado y si el dinero les fue entregado a las mujeres.

Un censo de este tipo requiere un trabajo minucioso, sobre todo porque El Salvador no cuenta a toda su población desde 2007, y, en aquel momento, no se desagregó a la población LGBTI. Los datos referentes a la diversidad sexual son manejados por las organizaciones de la sociedad civil, pues se carece de registros oficiales, incluso sobre hechos graves, como los crímenes de odio.

El 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado para hacer énfasis en la desprotección en la que se encuentra la población LGBTI, y que aumenta, en el marco de la pandemia del covid-19.

«El covid-19 y las medidas adoptadas para contenerlo intensifican las desigualdades y la discriminación. La existencia de leyes de criminalización, por ejemplo, hace que las personas LGBTI sean vulnerables a los abusos de la policía y a los arrestos en detenciones arbitrarias en el contexto de las restricciones de movimiento y toque de queda», indicó la CIDH.

Esta es una realidad de la que no escapa para personas como Valeria. Su exclusión de las políticas públicas ha llevado a que tampoco exista un protocolo estatal de atención durante la pandemia. Quizá si hubiese uno, ella no habría muerto.

La Alcaldía de Ahuachapán designó horarios de salidas para las mujeres y hombres trans de este municipio, y pidió a la PNC y a la Fuerza Armada a respetarlos. Es la única iniciativa que, a nivel nacional y en plena cuarentena, ha sido pensada para este sector.

Además del caso de discriminación en el Instituto Nacional de los Deportes, la PDDH recibió la denuncia de tres hombres trans que cumplían cuarentena en otro centro de contención, en Chalatenango. Estaban en cuarentena en un lugar insalubre y donde también eran discriminados por su identidad y expresión de género.

La PDDH, que en estos días de cuarentena obligatoria tiene la orden de la Sala de lo Constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos, remitió estos hechos al Ministerio de Cultura, pero no hubo mayor respuesta de la Unidad de Género y Diversidad.

«Con llevar esto al Ministerio de Cultura se pierde su enfoque natural, que es eminentemente, de protección a las personas, lo estamos viendo desde un enfoque más cultural», insiste Torres.

Revista Séptimo Sentido solicitó una entrevista con Callejas o Rodríguez para conocer los avances en la Dirección de Género y Diversidad, pero la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Cultura se limitó a decir que están únicamente enfocado en la pandemia.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

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EN MAYO DE 2010, el gobierno del expresidente Mauricio Funes aprobó el Decreto Ejecutivo 56, enfocado en prevenir la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual en las instituciones públicas que dependían del Ejecutivo.

Linares recuerda que hubo una propuesta de decreto que las organizaciones elaboraron que entregaron a Funes. Esta establecía sanciones para la discriminación de la población LGBTI, pero el decreto que el expresidente lanzó las omitió. El documento sigue vigente, lo que sucede es que ya no está la SIS, la encargada de aplicarlo.

El decreto significó una puerta para visibilizar la discriminación contra los miembros de la diversidad sexual, pero aún no existe en El Salvador una ley que sancione la discriminación. Apenas, en 2015, el Código Penal fue reformado, pero para agravar las amenazas y los homicidios cuando estuvieran motivados por el odio.

La reforma se ha quedado en papel, porque de los más de 600 asesinatos que las organizaciones registran desde 1993 a la fecha, solo el de Camila Díaz, una mujer trans asesinada en 2019, ha sido judicializado con este agravante.

El Decreto Ejecutivo 56 fue difundido por la Dirección de Diversidad Sexual en las diferentes instituciones públicas. Durante los gobiernos del FMLN, esta dirección se encargó de capacitar a personal de diferentes ministerios y tuvo una participación en ferias de empleo para la población LGBTI. También creó un índice sobre la inclusión social dentro de las carteras de Estado.

Camila insiste en que hay documentos que no todos los empleados de las instituciones públicas conocen y por esto no saben cómo atender a los miembros de la diversidad sexual desde un enfoque de derechos humanos, sobre todo a las personas trans. Si pasa con el Decreto Ejecutivo 56, que ya tiene una década de vigencia, duda que no pase con otras acciones inclusivas.

La Dirección de Diversidad Sexual llegó, incluso, a contar con una línea telefónica 132, un call center creado en 2017 y que atendía las denuncias del personal de la diversidad sexual que trabajaba en el sector público y había sufrido algún tipo de discriminación.

Ahora este número el gobierno lo ocupa para atender llamadas de personas que padezcan de alguna enfermedad y necesiten movilizarse, aun así, hay personas que no saben de la extensión o que, como la mamá de Valeria, no cuentan ni con un teléfono para pedir ayuda en una emergencia.

En el call center, un equipo daba asesorías y buscaba acompañamiento para las víctimas, ya sea a través de instituciones estatales o a través de las organizaciones. Una función mínima, pero que marcó precedentes desde el Ejecutivo.

«Al desaparecer la Secretaría de Inclusión Social, es como decir: ‘esto no es relevante para este gobierno’, y políticamente pasa a ser una población con una minusvalía desde la respuesta del Estado», señala Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA).

Institución. La Secretaría de Inclusión Social funcionó como una dependencia de Presidencia durante los gobiernos del FMLN.

Sylvia Hidalgo, procuradora Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, señala que, en noviembre del año pasado, el procurador Apolonio Tobar pidió un informe a Bukele y a Callejas para saber qué pasaría con las políticas públicas ya implementadas en gobiernos anteriores y el seguimiento al Decreto Ejecutivo 56. Lo que recibieron fue una respuesta ambigua, no de ellos, sino del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

De acuerdo con Jessica Torres, el gobierno se limitó a justificar que había desaparecido la Dirección de Diversidad Sexual, porque estaba dentro de las facultades del Consejo de Ministros. Y que, basados en la Constitución, habían reestructurado el funcionamiento de las SIS y las otras cuatro secretarias que Bukele desapareció, para que existiera una relación con el Plan Cuscatlán.

El Plan Cuscatlán apenas contempla entre sus iniciativas, y sin una estrategia concreta, eliminar la violencia y discriminación contra personas vulnerables, como la población LGBTI. En ningún apartado menciona la supresión de la SIS.

En su informe preliminar de la visita in loco, entre el 2 y el 4 de diciembre del año pasado, la CIDH lamentó la falta institucionalidad y partida presupuestaria para proteger los derechos de la población LGBTI y la falta de otras iniciativas a su favor. Según la comisión, aunque hay un lineamiento de atención en salud, no hay una política de atención especializada.

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EL MINISTERIO DE CULTURA publicó su Plan Operativo Quinquenal en el Portal de Transparencia, en febrero de este año. El documento se describe como un «insumo de política pública creada para dar cumplimento e incidir en la generación de una cultura pacífica, respetuosa de la diversidad e inclusiva de grupos históricamente excluidos».

Una de las propuestas del plan es fortalecer la Unidad de Género y Diversidad que, a la fecha, según la PDDH, solo cuenta con dos colaboradores para hacer todo el trabajo que le competían a la extinta Dirección de Diversidad Sexual.

Para la formulación de este plan -del que no se especifica un presupuesto- no hubo consulta con las organizaciones de la sociedad civil, aclara Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador. Con él coincide Linares. La PDDH ni siquiera sabía, hasta esta semana, de la existencia del plan. No fue un lanzamiento público.

«Un diagnóstico de lo más básico de las políticas ya existentes era importante incluirlo, porque se ha creado en el aire, de qué ha pasado. ¿Se van a retomar, se van a trabajar? Casi pareciera que este está partiendo de cero», opina Zapata.

Tras conocer que las nuevas funciones del Ministerio de Cultura para este quinquenio, en agosto, la Asociación Amate insistió conocer, por medio de la Oficina de Información y Respuesta del ministerio, cuáles serían las implementaciones de políticas públicas a favor de la población LGBTI y cuál sería el presupuesto asignado para la Unidad de Género y Diversidad.

La asociación nunca recibió el plan. Según consta en diferentes solicitudes de información publicadas en el Portal de Transparencia, la justificación fue que el plan estaba en elaboración. Al inicio, cuenta Zapata, les enviaron el presupuesto generalizado para el ramo cultura, pero después, la Oficina de Información y Respuestas les remitió apartado, en el que aparece que la Unidad de Género y Diversidad funcionará con $8,000 este año.

Una de las propuestas del Plan Operativo Quinquenal es el trabajo en el territorio con extensiones del Ministerio de Cultura, como las Casas de la Cultura y Convivencia. Para esto ha sido asignados $900,815 en el 2020, tan solo $820 más que el presupuesto de 2019.

Es una propuesta que les permitiría tener contacto con las alcaldías y así contabilizar a la población LGBTI que hay en los municipios y sus zonas rurales, dice la activista Linares. Algo de lo que, de acuerdo con Zapata, careció la Dirección de Diversidad Sexual, porque limitó su trabajo a San Salvador.

«Realmente nos estamos preparando para una situación más complicada en cuanto a cómo nosotros ejercemos los derechos», dice Zapata. Sin información oficial es difícil para las organizaciones y para toda la población LGBTI saber qué pasará con el trabajo realizado durante una década. Mientras, habrá más necesidades en una población invisible para el Estado.

«Los salvadoreños no tenemos salud mental»

Fotografía de Nelson Rivera

Exteriorizar las emociones, según Rina Bolaños de Zometa, nunca ha sido algo frecuente en la sociedad salvadoreña. Ella habla desde su cargo como vicedecana de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, y señala que, para muchos, el que alguien acuda a terapia psicológica es cosa de «dementes». Culturalmente, acá, se ha normalizado el tratamiento de las enfermedades físicas, pero no el de los trastornos mentales.

El confinamiento, explica, agrava las enfermedades mentales ante la falta de atención y continuidad en los tratamientos de los pacientes tras los cierres de los centros de atención. También habla de cómo la desinformación y el discurso de terror propician las conductas punitivas y las compras de pánico en la población. Y agrega que, tras la pandemia, el país verá un incremento en los casos de depresión, fobias trastornos de la alimentación y los estados de ánimo. Todo producto de la inestabilidad política y social que llega hasta lo más íntimo de los hogares.

Esta es la primera vez, en 54, en que el vicedecanato de esta facultad es ocupado por una mujer en la sede de Santa Ana. Bolaños de Zometa cuenta con estudios superiores en psicología y se especializa en la atención en crisis, familia niñez y en la profesionalización de la docencia superior. Desde esa experiencia explica que en esta crisis de salud por covid-19, a los salvadoreños se les hace difícil de encontrar sentido a las repentinas palpitaciones, la arritmia o la sensación de agitación o cansancio, algo propio de los ataques de pánico. La falta de atención a la salud mental ha ocasionado que los ciudadanos no puedan poner nombre y apellido a sus problemas emocionales.

¿Cuál es el estado de salud mental de los salvadoreños?

Los salvadoreños no tenemos salud mental. Nosotros hemos perdido el sabor de vivir la vida. Primero, vivimos una guerra; luego, la posguerra fue dura para la sociedad y los actores involucrados en ella: los militares y la guerrilla. Al no sanar las heridas, al no poner la mirada en los problemas de salud mental como producto de ese conflicto, vemos los resultados en una ola de violencia social.

Por ejemplo, si vamos por la calle y alguien camina detrás por una cuadra o dos, eso ya nos pone nerviosos. Y esto se debe a los niveles de violencia en que vivimos. En otro contexto, en otra sociedad, la gente ni cuenta se da. Pero acá, hemos llegado a niveles de violencia catastróficos. Nuestra salud mental está bastante dañada. Ahora, con este ejemplo, cualquiera diría: «Él o ella está enfermo, porque piensa que cualquier persona puede estar siguiéndolo». Y sí, la mayoría hemos desarrollado esta paranoia por la realidad en que vivimos.

Tampoco debemos olvidarnos de otro factor: la pobreza. Acá los niveles de pobreza son grandes y los salvadoreños viven el día a día. ¿En qué tiempo pueden ellos aprender a tocar un instrumento? ¿Escribir un poema? ¿Estudiar pintura? ¿Hacer una escultura? La gente anda la conciencia diaria en poder resolver las necesidades básicas para su sobrevivencia. Nuestra vida se va en la satisfacción de esas necesidades; dejamos de lado otras situaciones que nos ayudan a desarrollarnos de una mejor manera.

¿Quiénes la hacen de psicológicos en El Salvador? Acá lo hacen los curas, el pastor, el vértice de alcohólicos anónimos, pero no un trabajador de la salud mental.

¿Cuáles son los problemas emocionales que enfrentan los salvadoreños?

Si uno no tiene satisfechas, siquiera, las necesidades básicas, lo más seguro es que uno enfrente estados de ánimo de tristeza, incertidumbre, preocupación, cuadros de depresión y ansiedad. Una familia que viva en esta situación puede enfrentar todos estos problemas. Veamos a la señora que vende en el mercado. Ella depende de la venta de su producto diario para generar ingresos. Y si no vende, ella y su familia no comen. Obviamente, eso le va a generar mucha angustia, tristeza o depresión. Lo preocupante es que la mayor parte de salvadoreños viven en esta condición. Con un sueldo mínimo, muchas familias deben de pagar agua, luz, casa, teléfono; todo se va en el pago de esas necesidades, no hay chance para la recreación, porque no alcanza para eso.

¿Cómo agrava la pandemia los problemas de salud mental que ya existen en la población?

El encierro no ayuda a los cuadros de depresión, angustia, ansiedad o dependencia a sustancias como el alcohol. El confinamiento genera en los pacientes un sentimiento de incertidumbre, de desesperanza. El virus ha venido a incrementar esta sensación de poca certeza. Y es que, bajo cualquier circunstancia, el ser humano necesita saber el porqué, dónde y cómo. Pero, con el covid-19, las cosas cambian diariamente. Sin duda, en estos tiempos de pandemia, las afectaciones psicológicas empeoran. En este contexto, es importante garantizar la atención psicosocial para que las personas puedan lidiar con estas emociones.

Desde que comenzó la cuarentena domiciliar, el 10 de marzo, se ordenó el cierre de espacios que brindan atención psicosocial dentro de las Unidades de Salud Comunitarias y el Hospital Nacional Psiquiátrico. ¿Es coherente esta medida con la necesidad de priorizar en la atención psicosocial en tiempos de crisis?

No. Se tenía que seguir dando acompañamiento a los pacientes. Un tratamiento psicológico discontinuado produce la misma reacción que una dosis de medicamentos «cortados», es decir, si a usted le dan antibióticos por 10 días, pero solo toma las pastillas en dos ocasiones, eso no le hará efecto. Los cierres de estos centros de salud son contraproducentes para los avances de cada paciente. Esta medida nunca tuvo que ser una opción, mucho menos, si no hay garantía en la continuidad de la atención psiquiátrica o psicológica.

¿Qué tipo de repercusiones emocionales pueden enfrentar los pacientes ante los cierres de estos centros de atención?

Nosotros, como psicólogos, solo brindamos psicoterapias, pero hay gente que necesita de su psicoterapia y fármacos para sobrellevar su problema de salud mental. Ahora la gente no tiene ni una ni la otra. Esto los lleva a cuadros de mucha más ansiedad; mientras tanto, su trastorno o su psicopatología va empeorando. En el caso de las personas con depresión, las conductas como el aislamiento, el no levantarse de la cama, no hablar y el llanto pueden ser más evidentes en estos tiempos de crisis. Lo preocupante es que los niveles de depresión pueden ir avanzando; y hablar de un nivel cuatro de depresión es hablar, ya, de ideas suicidas.

Solo en el mes de abril se reportaron nueve suicidios.

El encierro puede fomentar este tipo de situaciones. Debemos entender que el ser humano es un ser eminentemente social y que necesitamos del contacto con nuestros similares. Ahora, con la cuarentena domiciliar, la gente se siente mucho más aislada, sola. De momento, las personas se están «reconociendo». La depresión tiene ciertos niveles y, en la última instancia, se llega a los pensamientos suicidas. La falta de atención a la salud mental y el estigma social impiden que la gente exteriorice sobre sus emociones, aunque esté sufriendo.

Las personas que tienen ‘bien puesta’ una depresión pueden reír, platicar, trabajar y estudiar. Es necesario fomentar la comunicación para que puedan exteriorizar esos otros sentimientos que los aquejan. Y no solo eso, también deben dárseles las herramientas para que puedan manejar esta situación. El problema, como ya lo dije, es cultural. Y veamos: ¿quiénes la hacen de psicológicos en El Salvador? Acá lo hacen los curas, el pastor, el vértice de alcohólicos anónimos, pero no un trabajador de la salud mental.

¿Qué es lo que facilita que las iglesias adopten ese papel?

Ciertamente, la consejería espiritual no es una cuestión de corte psicológico, pero, con esta orientación, las personas encuentran un alivio para todo aquello que le acongoja. Tampoco debemos de olvidar que nuestro pueblo es eminentemente religioso. Nuestro medio, nuestra profesión, no es una cuestión que esté de moda o que se tome con la seriedad debida. Culturalmente, no nos han enseñado que la salud mental debe de cuidarse al igual que la salud física.

En El Salvador, el gasto público para la salud mental es 2.2% y, en su totalidad, se destina al Hospital Nacional Psiquiátrico. Mientras tanto, organismos como la Organización Mundial de la Salud sugieren una inversión mínima de un 5% para la atención a los problemas de salud mental.

Culturalmente a la psicología no se le ha dado el puesto que debe tener: como una ciencia. Acá, uno no puede decir que tiene una cita con su psicólogo, porque la gente ya comenta: «Uy, la señora está loca». O: «Si ya necesita de un psicólogo, es porque está loca». Culturalmente, nuestra sociedad no está preparada para esto. El problema es que las personas en el poder, los gobiernos de turno, nunca han hecho algo por nuestra salud mental. Nunca ha existido un presupuesto. Ni siquiera hemos visto que en el rubro de salud se invierta exactamente por su nombre: salud mental. Es importante trabajar en la educación, en quitar ese estigma social de que una consulta psicológica es sinónimo de demencia. Todos necesitamos de un acompañamiento para hablar de nuestras emociones. Y hoy, con la emergencia por covid-19, estamos viendo las consecuencias de no apostarle a la salud mental.

¿Cuáles son estas consecuencias?

La pandemia y el encierro han ocasionado que las personas se enfrenten, quizá por primera vez, con sus padecimientos psicológicos. En estos momentos, a los salvadoreños les está costando entender qué es lo que les pasa. Ahora vemos a muchas personas con sintomatologías como la sensación de peligro, fatalidad inminente, taquicardia, palpitaciones, sudoraciones o la sensación de agitación o cansancio, algo muy propio de los ataques de pánico, sin embargo, la gente no logra identificarlos. Y esto es a causa de la falta de atención a la salud mental.

Ahora, en estos tiempos de pandemia las afectaciones psicológicas -ya existentes en la población- como la depresión, estados de ánimo de tristeza, incertidumbre, ansiedad, violencia doméstica, depresión o la dependencia a sustancias como el alcohol, también empeoran.

Con el encierro, la gente está experimentando ansiedad y angustia. Es necesario ir bajando todas esas emociones para que las personas puedan sobrellevar los días que faltan de cuarentena. La gente debe comprender que no se trata del fin del mundo. Es cierto, la situación es seria, la gente muere, pero, si cada quien toma las medidas y las personas acatan las recomendaciones, veremos que esto va a pasar.

¿Qué corresponde hacer a las instituciones de salud pública, cuando, al mismo tiempo, están haciendo frente a algo tan inédito como una pandemia?

Así como hay un protocolo de atención médica para el coronavirus, también debe existir un protocolo de atención psicológica para toda la población. Con el encierro, la gente está experimentando ansiedad y angustia. Es necesario ir bajando todas esas emociones para que las personas puedan sobrellevar los días que faltan de cuarentena. La gente debe comprender que no se trata del fin del mundo. Es cierto, la situación es seria, la gente muere, pero, si cada quien toma las medidas y las personas acatan las recomendaciones, veremos que esto va a pasar. Es necesario aprender a lidiar con las emociones para no caer en un círculo de miedo o de terror.

La UES por medio del vicedecanato de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente ha dispuesto de una línea de apoyo para la atención psicológica en tiempos de crisis por el covid-19, es el 2484-0881. En estos momentos, ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que aquejan a los salvadoreños?

Nosotros hemos detectado que la gente llama para platicar, para ser escuchada. A veces, esto es lo único que la gente necesita y ayuda mucho. También hemos notado que la mayoría presenta sentimientos de miedo y ansiedad. Pero, sobre todo, en cada uno de ellos está presente la angustia. Esto debido a la cantidad de información o desinformación sobre los casos nacionales e internacionales por covid-19. La situación empeora cuando vemos -en los medios o en la cadena nacional del Presidente- noticias sobre cómo la gente se desploma en las calles, de cómo asciende el número de muertos o de cómo los salvadoreños son expuestos por no cumplir con la cuarentena domiciliar.

¿Cómo se combaten los sentimientos dañinos si, al mismo tiempo, se necesita estar informado acerca de esos números de la pandemia?

Aquí, sobre la base del terror se quiere crear una conciencia en la población. En cada cadena nacional, los salvadoreños escuchan que -de no acatar las medidas- las personas irán a prisión o que se les «doblará» la muñeca o que se los llevarán a centros de contención donde estarán vulnerables a los contagios. Se construye un mensaje con base a lo punitivo. Para una persona con problemas de depresión estas noticias son contraproducentes. Esto abona más a su condición de desesperanza. No le estamos ayudando en nada. A falta de medidas prácticas que le ayuden a hacer planes de protección, lo mejor es no mirar las cadenas nacionales o la televisión, porque el resultado va a ser peor.

También hemos visto que desde que inició la cuarentena domiciliar, las personas acuden de forma masiva a realizar compras de emergencia. ¿A qué se debe esta reacción?

Obviamente es por la misma expectativa con la que se ha manejado esta cuarenta. Cuando nosotros oímos que hablará el Presidente decimos: ¡ay, habrá más encierro!. Y también nos preguntamos: ¿cuál es la noticia que nos van a dar hoy?; ¿cuánto habrá ascendido el número de contagiados?; ¿cuánto subió el número de muertos?. No esperamos nada positivo. Y es esa expectativa, la que lleva a la población a realizar las compras de pánico. Se hacen compras con base al miedo de no saber qué pueden deparar las nuevas medidas.

Si esto sucede con las personas que están en su casa, ¿cuán diferente puede ser la situación de quienes están guardando cuarentena en los centros de contención?

Uno en su casa tiene ciertas comodidades. En un centro de contención todo aquello desaparece. Ahí hay horarios de comida, la gente va de la cama a la entrada del cuarto y no hay privacidad. A esto hay que agregarle la falta de información sobre los resultados a sus pruebas por covid-19. Algunas personas han permanecido 45 días sin ser saber si son positivos o negativos. Ahí, ya no se habla solo de depresión, en estos lugares, ya persiste un estado de agresividad.

¿Qué conduce a las personas a este estado de agresividad?

Imagínese, algunas de las personas que están en estos centros de contención llevan viviendo por 45 días en espacios reducidos. Solo tienen un cuarto y una cama o se encuentran en un lugar común donde no tienen privacidad de nada. Todos ellos han sido despojados de sus comodidades de la noche a la mañana. Y a eso, súmele que la gente debe lidiar con la posibilidad de que puede estar contagiada por coronavirus. En este contexto, lo principal es cuidar la salud mental a través del consentimiento informado. Es necesario explicar e informar cómo avanza cada etapa de su proceso durante el confinamiento. Todos necesitan saber cuándo le harán la prueba, en qué consiste la prueba y cuándo le darán una respuesta. Es importante que cada día las personas duerman con la sensación de «certidumbre» y no de impotencia.

Ahora vemos a muchas personas con sintomatologías como la sensación de peligro, fatalidad inminente, taquicardia, palpitaciones, sudoraciones o la sensación de agitación o cansancio, algo muy propio de los ataques de pánico, sin embargo, la gente no logra identificarlos.

Todas estas medidas para la población, las tiene que poner en práctica el personal médico. ¿Cómo deben cuidarse los encargados de cuidarnos a todos?

Ellos también se ven expuestos a situaciones traumáticas. Y no solo ellos, en esta misma posición se encuentran los agentes policiales y soldados. Yo no estoy de acuerdo con la agresividad, pero lo que hoy estamos viendo es un desborde de las emociones. Hay que tener en cuenta que ellos también permanecen en turnos de 24 horas. Tampoco ven a su familia por estar garantizando el cumplimiento de la cuarentena y, ante la emergencia, se han visto obligados a cumplir con horas extras. Ellos también son seres humanos, se cansan y permanecen con un estrés constante. Ante este escenario, es importante garantizar las tareas de autocuidado del personal de salud, policías y militares. Tampoco debemos olvidar que la gente también se está cansando del confinamiento.

¿Qué situaciones pueden generarse ante este cansancio?

Estamos viendo un incremento de los feminicidios y del maltrato infantil. La cuarentena solo está evidenciando el mal manejo de las emociones en los hogares. Nosotros con la línea de ayuda estamos trabajando de la mano con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) para identificar los abusos y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes.

Cuando acabe e confinamiento, ¿a qué se le debe poner atención desde el punto de vista de la salud mental?

Nosotros vamos a ver mucha depresión, veremos a gente con ansiedad, con fobias y cambios en sus estados de ánimo. Muchas personas quedarán con el miedo de salir de sus hogares, otras no saldrán para no contagiarse. También veremos a hombres y mujeres con problemas alimenticios, como la bulimia o la anorexia. En estos momentos, muchas personas no comen de la preocupación y otras se dan atracones de comida ante sus ataques de ansiedad.

A nivel de políticas públicas, El Salvador solo cuenta, de momento, con una Ley de Salud Mental para responder a esta u otra crisis de salud. ¿Será suficiente para lo que viene?

No. Acá se carece de políticas públicas específicas para la atención de los diferentes problemas de salud mental como los trastornos de ansiedad, personalidad, depresión y estados de ánimo. Es necesario, al menos, un protocolo público para la de atención de los problemas psiquiátricos y psicológicos durante y después de la crisis por covid-19.

¿En qué se debe trabajar para contrarrestar los problemas de salud mental?

Se le debe de apostar a la educación. El gobierno debe de otorgar un presupuesto mayor a este rubro. El Salvador tiene el menor porcentaje -en todo Centroamérica- del producto interno bruto (PIB) para la educación, solo eso dice mucho. También se debe romper con el paradigma de que la asistencia psicológica solo es para la gente demente.

Un pie en el desempleo y el otro en el hambre

Fotografía de archivo

Las flores se marchitan en nueve días.

Tardan un día en ser trasladadas desde Guatemala a El Salvador. Otros cuatro, pasan con el vendedor. Y los cuatro restantes son del cliente. Hasta que mueren de mano en mano.

Rodolfo Garay tiene 21 años de contemplar el ciclo de las flores que vende en un local del mercado San Miguelito, en San Salvador. En este negocio, hay fechas pico, como el día de los Difuntos, el día de los enamorados y, claro, el día de las Madres. Cada 10 de mayo, Rodolfo suele vender cerca de 70 ramos, mismos que comienza a preparar con antelación, entre prisas y nerviosismo. El San Miguelito es el mercado de las flores.

Rodolfo, sin embargo, no está en su local y lo que tiene en la mano son flores artificiales.

Los efectos sufridos en la economía mundial por el covid-19 pueden compararse con la crisis económica de 1929. En un ámbito más local, durante las dos últimas décadas, la economía salvadoreña había crecido un 2 %, pero está amenazada. El país será el más afectado de Centroamérica, sostiene Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericana de Estudios Fiscales (ICEFI) para El Salvador y Honduras.

El panorama que plantean los economistas es oscuro. Pero del plan de rescate económico del gobierno salvadoreño aún no se conoce detalles o forma de ejecución. Hasta el lunes 4 de mayo, comerciantes de flores y dueños de pastelerías todavía creían que el 10 de mayo podía ser una fecha para levantarse económicamente. Rodolfo, como muchos otros, buscó ese lunes emprender su propio salvataje y, en una cochera prestada, a una cuadra del mercado San Miguelito, comenzó a vender flores artificiales. En ese momento, la esperanza le daba para creer que las cosas mejorarían.

Con la plata ganada de las flores artificiales, pensaba comprar flores naturales para hacer, quizá no 70, quizá muchos menos, pero haría ramos y los vendería para agasajar a madres de familia. Al teléfono, tenía a un proveedor esperando confirmación del pedido. «Si recibo la flor, la tengo que pagar. Y si no la vendo, la pierdo», pensaba. Al final, no compró, decidió esperar los anuncios que el presidente de la República, Nayib Bukele, haría en cadena de medios el martes 5 de mayo por la noche.

Solo domicilio. En el decreto 22, la modalidad “para llevar” en comercios de comida quedó prohibida. Muchos negocios pequeños no han podido sumarse al formato domiciliar.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas. Con esto en mente, Rodolfo prefirió ser cauto.

El ICEFI estima que en 2020, 126,000 salvadoreños del sector formal e informal quedarán desempleados, solo al tomar en cuenta un mes de paro de labores. Una proyección más alta que del Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), que habla de 95,000 a 110,000 desempleados. Es el doble del desempleo sufrido por el país con la crisis financiera mundial de 2009 y de la que tardó cuatro años en reponerse.

La cadena presidencial de ese martes 5 de mayo sirvió para anunciar más restricciones. Así, quedaron fuera, de tajo, formas comerciales como la modalidad para llevar de los restaurantes, el transporte público, las panaderías que no fuera artesanales, las pastelerías, el transporte de bebidas alcohólicas y carbonatadas y, entre otros, las floristerías. A Rodolfo le vino una mezcla de alivio y angustia. Ya no podría tener su negocio abierto ni con flores artificiales ni con naturales. Eso sí, tampoco tenía una deuda extra porque no hizo el pedido.

Las nuevas restricciones están contenidas en el decreto ejecutivo 22, que paraliza aún más las actividades económicas y que tendrá vigencia hasta el 21 de mayo. «No estamos pensando en la economía, estamos pensando en la salud específicamente. Y estos 15 días son súper necesarios pasar guardados», dijo el secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, en una conferencia de prensa.

Rodolfo ha hecho caso. Hoy, no tiene clientes. No tiene flores. No tiene trabajo. No tiene ingresos.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas.

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La cuarentena para evitar contagios no aplica solo para El Salvador. El covid-19 tiene al mundo detenido. Y este carácter internacional desencadena problemas económicos complejos. Para el economista Castaneda, el alto desempleo previsto se debe a que El Salvador depende del comercio exterior y de las remesas. De acuerdo con las proyecciones del ICEFI, si los ingresos que llegan desde afuera caen en un 20 %, esto se traducirá en la desaparición de otros 71,000 empleos en el año.

Las remesas representan casi la quinta parte de la producción nacional. Y a esto hay que sumarle a los que ya desde antes de la pandemia, no tenían un ingreso fijo.

Pedro Calderón, para muestra, vivía de hacer malabares en un semáforo de San Salvador y estatuas en los pueblos de la Ruta de las Flores. Su madre vendía billetes de lotería. Hoy es imposible que trabajen de lo suyo.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada en 2018, estableció que 354,119 salvadoreños vivían en pobreza y otros 66,755 en pobreza extrema. Los días, para ellos, pintan peor.

En la desesperación por sobrevivir, Pedro y su mamá pensaron que si el alcohol gel era caro en las farmacias, ellos podían hacer uno casero y venderlo mucho más barato. Él buscó tutoriales en Youtube para prepararlo. Al saber el proceso, compró alcohol 90, glicerina y agua oxigenada.

En horas, tenía armada la receta y su mamá salió a vender el producto en pequeños frascos. La solución fue buena, mientras duró. Porque los materiales se acabaron y, cuando quisieron reabastecerse, los precios de los insumos ya habían aumentado de manera escandalosa. El negocio, así, ya no tuvo cuenta.

Antes de la pandemia, para un sector de los salvadoreños ya era imposible cubrir el precio de la canasta básica: $199 para la zona urbana y $145 para la zona rural, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019. Pedro y su familia han estado desde siempre en ese límite.

Cuando ya no se pudo se en la fábrica casera de gel alcohol, Pedro compró dos cajas de guantes a un amigo y, juntos, buscaron a un proveedor de mascarillas para revender los productos.

«Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros», decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

Pedro tiene una motocicleta y la ocupaba para llevar encomiendas. Anunciaba en sus redes sociales que podía hacer viajes por los que cobraba entre $1 y $3. Su mamá, una señora que padece del corazón, salía, en bus, a las 6 de la mañana a vender mascarillas, porque los guantes se agotaron. Se rebuscaban, pues.

Esta familia sabe que, desde el decreto 22, todo aquello dejó de ser una forma viable para percibir dinero. La principal preocupación es que deben dos meses de alquiler la su casa. Están encerrados y la señora no tiene forma de salir a vender, ya que tampoco hay buses. «Ahorita lo que va a tocar es aguantar estos 15 días o hasta donde podamos», dice Pedro.

Personas que dependían de una ganancia al día, como la mamá de Pedro, serán las más afectadas en esta pandemia. La EHPM dice que 118,069 salvadoreños que trabajan en el área urbana viven de ingresos diarios. El 42.49 % vive del trabajo informal, casi la mitad. «El impacto para ella va a ser en el día a día. Si una empresa cierra o disminuye sus operaciones, disminuye lo que demanda a sus proveedores, estos proveedores van a tener que hacer lo mismo con la empresa: empezar a disminuir personal o disminuir operaciones», señala la economista Iris Palma.

El Banco Central de Reserva estima que, con el covid-19, la economía salvadoreña caerá -0.4 %, pero el Fondo Monetario Internacional estima que la caída será del -5.4 %. Estos datos, de acuerdo con el análisis realizado por la UFG, representan aumento de la pobreza. Entre 100,000 y 110,000 hogares van a empobrecer.

«Ante un escenario en el cual la política pública no dé respuesta, lo que vamos a ver son aumentos sustanciales de la pobreza, pero también del hambre», sostiene Castaneda.

Ese martes en que Rodolfo se debatía entre si comprar o no las flores y mientras Pedro pensaba en cómo sacarle el máximo a su motocicleta para hacer mandados, El Salvador entero amaneció con más deuda.

En la madrugada, 56 diputados del bloque de derecha le aprobaron al gobierno un préstamo de $1 mil millones, que se suma a otro aprobado en marzo por $2 mil millones. Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo para la utilización del dinero está la reactivación económica del país, pero públicamente no se ha anunciado cómo funcionarán las iniciativas.

El ICEFI indica que, antes del covid-19, los niveles de deuda del país eran del 72 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero plantea que, con la aprobación de los dos últimos préstamos, la deuda será del 90 %. Y aunque existan deudas aprobadas, no necesariamente el dinero podrá obtenerse en el mercado internacional.

La agencia de riesgo Fitch Ratings advirtió el mes pasado que El Salvador había bajado la calificación crediticia a negativa. Esto se traduce en que carece de confianza para pagar la deuda a los inversionistas.

En la cadena nacional del pasado martes por la noche, Bukele no explicó nada sobre los últimos préstamos ni sobre la ejecución de las medidas económica. Se limitó a coaccionar a las personas para que no salieran de sus casas y condicionó la reactivación económica de diferentes rubros al comportamiento de la curva del covid-19 en estos 15 días.

El encierro es lo que le ha tocado a Rodolfo y a la familia de Pedro. Y ninguno fue beneficiado con el bono de $300 que el gobierno entregó a manera de compensación a familias de comerciantes informales o desempleados afectados por la cuarentena y, para lo que se dijo, había un fondo de $450 millones. El beneficio debía alcanzar a un millón y medio de familias.

Rescate. Los salones de belleza siguen cerrados. Algunos ya habían puesto en marcha una estrategia de venta de certificados para hoy, 10 de mayo, pero esto también se frustró.

«Seguramente se van a ver nuevas expresiones de migración. Mucha gente, al no ver oportunidades en el país, va a decir arriesgarse, pero también se ponen en riesgos indicadores como la gobernabilidad democrática o el mismo tema de inseguridad», apunta Castaneda.

El préstamo aprobado el martes tiene entre sus iniciativas el destino de $100 mil millones para la creación de un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, pero si Rodolfo o la familia de Pedro quieren solicitar la ayuda estatal, deben tener un crédito, en categoría de riesgo A o B, en el sistema financiero nacional o cooperativo.

«Mucha de esta gente recurre, por ejemplo, a usureros. Ahí es donde la política pública, en su formulación, es muy probable que no responda a su práctica. Estas son como las letras pequeñas que pueden modificarse para que sea una política pública eficaz, es decir, que llegue a quien tiene que llegar», menciona Nayda Acevedo, especialista en políticas públicas, quien tuvo acceso al documento de medidas económicas días antes de que la Asamblea Legislativa las aprobara.

El sector informal, agrega Acevedo, es variado en rubros. En él trabajan personas que nunca han accedido a créditos. Sin embargo, la especialista ve esta iniciativa como una oportunidad para que el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) comience mecanismos de diálogo, coordinación y organización para ayudarle, principalmente, a las mujeres. De esa forma no se gestiona la pobreza, sino que se fortalece la capacidad económica de los salvadoreños.

«Es el famoso enfoque de derechos en una política pública: no les des el pescado, enséñales a pescar», insiste Acevedo.

“Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros”, decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

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Andrea Córdova cerró su salón de belleza el miércoles 18 de marzo. Desde temprano, junto a una de sus empleadas, estuvo esperando a dos clientas. Una quería un alisado de cabello y la otra un pedicure con esmaltado permanente. Ninguna llegó. Ninguna le avisó que no llegaría. Tampoco hubo más clientes que la buscaran por redes sociales.

«Al final, ese día, nosotras estuvimos esperando hasta como las cuatro y media para ver si salía alguna clienta y no, para nada, ya era en vano el esfuerzo de movernos. Más era la exposición, el gasto. Ya no me escribían ni por cerca para decirme: ‘mire, quiero cortarme el pelo’, cuenta.

Las ventas ya venían malas. Así que antes de cerrar el negocio, Andrea acordó con sus tres empleadas que no irían juntas al salón, porque ya no había demanda. Bastaría con que se turnaran para que solo una la acompañara. El plan se acabó ese 18 de marzo.

Por no tener ingresos, Andrea dejó de alquilar la casa en la que vivía y se mudó con su mamá. Es madre soltera de una niña y no podía sostener los gastos. Debe el alquiler del local que usaba como salón y los dueños le están cobrando el arriendo.

Andrea intentó, como Rodolfo y como Pedro, impulsar su propio plan de rescate. Así, ideó vender servicios a futuro. Creó certificados de belleza como regalo para las mamás, que podrían canjear para «cuando todo volviera a la normalidad». A inicios de la semana, todavía abrazaba la esperanza de venderlos y, el domingo, enviarlos a domicilio, a manera de regalo sorpresa. El decreto 22 desbarató, también, este plan.

La Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2017, a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), establece que de las 317,795 unidades económicas tomadas en cuenta, el 60.76 % se cataloga microempresas, negocios, al igual que el de Andrea, compuestos por entre 1 y 10 personas.

Solo tras solicitarlo dos veces, Andrea fue beneficiada con el bono de $300 que dio el gobierno, pero no todos en su rubro corrieron con esa suerte. Representantes de los salones de belleza se reunieron con Rolando Castro, el ministro de Trabajo, y le pidieron que les ayudara con el bono, pero Castro les dijo que ya no había dinero. Lo que sea que quede del fondo de $450 millones ya no está disponible para gente como los colegas de Andrea.

También le pidieron canastas básicas, ayuda económica para los empleados y acceso a créditos con procesos simplificados. La reunión fue a finales de abril y nada de lo solicitado se ha cumplido aún.

El gremio está a la espera de qué podrá hacer con el plan económico aprobado al gobierno. Para optar a este beneficio, Andrea tramitó esta semana el registro de su salón como micro empresa.

La Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador hizo una encuesta, a inicios de abril, para tener un diagnóstico de la situación de 1,009 empresas. El 43.8 % de las empresas encuestadas eran micros.

De todas las empresas que participaron, el 94.70 % dijo que sus ventas habían disminuido por la cuarentena obligatoria. 37.9 % respondió que sus ventas habían caído totalmente y un 23 % aseguró que, si la cuarentena seguía desde esa fecha hasta cuatro semanas más, decidiría suspender operaciones o reducirlas.

Las empleadas de Andrea esperan encontrar su trabajo después de la cuarentena. Ella no sabe cómo van a estar las ventas cuando abra el salón. Quiere reponerse ofreciendo servicios de belleza a domicilio.

Negocios cerrados. La canasta básica cuesta $199 para la zona urbana y $145 para la zona rural, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019. Cubrir este gasto sin ingresos es complicado para los comerciantes.

«Todos los días hay despidos, obviamente, es normal en la empresa. Pero nunca, me atrevo a decir, hemos visto en los últimos 10-15 años, una amenaza tan grande para las empresas para cerrar operaciones. Y no va a ser por un tema de modelo de negocios, va a ser un tema de ‘no logré sobrevivir a la pandemia’. Y muchas empresas, lamentablemente, se van a ir por ese lado», advierte Palma.

La economista señala que las características de informalidad de las micros y pequeñas empresas las vuelve vulnerables a morir rápido, a diferencia de una mediana o gran empresa.

Una parte del paquete medidas económicas que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno es la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que establece la creación de un programa de subsidios para las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por el covid-19 y cuyos patrones estén registrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

En el ISSS cotizan 1,030,865 personas, según la última actualización de patronos y trabajadores, que es de diciembre de 2019.

Para el subsidio, administrado por Bandesal, serán destinados $140 millones y el banco podrá darle a las empresas hasta $500 por empleado.

Andrea y sus tres empleadas no cotizan en el ISSS, y para este beneficio del gobierno, las empresas deben tener registradas en el seguro a 100 empleados, o menos, en el plazo que abarca de diciembre del año pasado a febrero de este año. También deben haber reportado ingresos anuales menores o hasta por $7 millones, entre 2018 y marzo de 2020.

A Castaneda la parece que con esta propuesta CONAMYPE tuvo que haber jugado un rol protagónico para identificar a las empresas y no dejar de lado a las empresas del sector informal. «(Pudieron) establecer no solo líneas de crédito, sino fondos no reembolsables que pudieran haber sido en unas cuantías muy pequeñas, porque recordemos cómo funciona el sector informal en nuestro país, las cantidades que manejan son cantidades muy pequeñas», detalla Castaneda.

Aunque esto puede significar ayuda para algunas empresas, Palma sostiene que las medidas económicas llegaron tarde, porque la gente puede abrir sus negocios cuando se levante la cuarentena obligatoria, pero no hay garantías de que comiencen a operar. Tendrán que hacer la solicitud de crédito a Bandesal, si es el caso, y esperar a que les aprueben los fondos.

«Yo entiendo que la prioridad es la salud, pero, realmente, de hambre también la gente muere», precisa.

Lilibeth inició, en febrero, con una venta de comida sobre el bulevar Los Héroes. Para montarla invirtió sus ahorros y ya comenzaba a tener clientes. La pandemia la obligó a cerrarla y también a cerrar un puesto de comida que tenía afuera de la Universidad de El Salvador. Sin oficinas funcionando y sin estudiantes que le compraran, era imposible sostenerse, y lo será hasta que termine la cuarentena.

«Hay personas que necesitan ingresos o que su dinámica de consumo y de gastos depende de ingresos continuos, aunque bajos, pero continuos con el tiempo», explica Saira Barrera, economista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Barrera señala que desde un inicio de la cuarentena no fue claro el tiempo de su duración, pero que El Salvador pudo haber atendido la extensión a partir de la experiencia de otros países que atraviesan la pandemia. No haberlo pensado, dice la economista, puede reducir la efectividad de algunas medidas que el gobierno piensa implementar o la ampliación para que lleguen a sectores que, quizá, en otros momentos no habrían necesitado de ayuda. Hubo empresas que podrían parar operaciones 15 días o un mes. No más.

Lilibeth también es actriz y el de los artistas es otro de los sectores más afectados por la cuarentena. Con espacios artísticos cerrados y la prohibición de la aglomeración de personas, no devenga nada del arte.

Confinamiento. Sin transporte público, la movilidad se redujo de forma drástica. La EHPM de 2018 establece que 118,069 salvadoreños que trabajan en el área urbana viven de ingresos diarios. Con el confinamiento obligatorio, ellos son de los más vulnerables.

Ella está gastando los pocos ahorros que le quedan para sobrevivir y consume parte de los insumos que compró para sus negocios. Las deudas, sin embargo, no paran. Tiene que pagar recibos y adeuda el alquiler del local donde montó el comedor. La dueña de este local ha sido consciente y no le ha cobrado el alquiler en el tiempo que tiene sin trabajar. Pero esto no es una condonación, más adelante, tendrá que liquidar.

Barrera espera que la Asamblea Legislativa haya contado con un plan o un mapeo de los montos destinados a cada uno de los programas propuestos por el gobierno, para que así se justifique por qué el dinero va a estos rubros y no a otros. Porque con base a los datos de cotizantes del ISSS, dice, los sectores donde hay más empleadores son las maquilas, restaurantes, comercio, agencias de empleo y el sector de enseñanza.

Lilibeth no sabe qué hacer cuando la cuarentena termine. Hay gente que le aconseja que busque otras opciones de venta, como la entrega de comida a domicilio. Al valorarlo, esto significa más costos y un riesgo de inversión.

«Es preocupante, porque digo: ‘tengo que tomar decisiones en cuanto a qué se va a hacer’, porque no es que levanten la cuarentena y todo va a regresar a la normalidad», dice.

Y, por ahora, todo un ejército de comerciantes está en las mismas. Lilibeth, sus colaboradores y proveedores – así como también Rodolfo, Pedro y Andrea- están haciendo malabares con un pie en el desempleo y otro en el hambre.

A ciegas en la carrera por salvar el año escolar

Fotografías de Wendy Hernández

Emma intenta imaginar cómo luce el Canal de Panamá. A su mente no vienen buques, embarcaderos o un puerto de carga comercial que acorta, en distancia, la comunicación marítima de los barcos que vienen y van entre el océano Pacífico y Atlántico. No tiene ninguna referencia bibliográfica o visual. Lo único que sabe sobre el Canal de Panamá es que viene en una guía educativa -elaborada por docentes- que indica que los niños y niñas de quinto grado deben construir una maqueta de este, que es «uno de los lugares más importantes de Centroamérica».

Desde marzo, cuando inició la cuarentena domiciliar, Emma, la madre de Steven, un niño de 11 años que cursa educación media en el Centro Escolar «Los Deras» del departamento de Chalatenango, no ha encontrado manera alguna para que su hijo pueda resolver las tareas.

La escuela era el lugar donde Steven podía solucionar -con libros de texto- la mayor parte de las asignaciones académicas. Ahora, con el cierre de las aulas, su situación se ha agravado. Sin una computadora o un celular inteligente es imposible resolver las guías educativas. Sin información, los documentos sin respuesta se apilan en su mesa.

Los centros educativos públicos y privados están cerrados desde el 10 de marzo, en cumplimiento de las medidas para evitar el contagio de covid-19. Para sustituir las clases presenciales, el Ministerio de Educación (MINED) ideó, en los primeros días, un sistema de guías académicas y, así, no interrumpir los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Luego, se pusieron en marcha las clases virtuales para que el alumnado termine el año escolar en línea. Estas disposiciones, sobre todo la última, tomaron a muchas familias sin los recursos para trabajar. Solo un 21.2 % de los hogares salvadoreños cuenta con acceso a Internet, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2018.

El de Emma es uno de esos hogares que se ubica entre el 78.8 % que no cuenta con acceso a la red. Su casa, en el barrio San Antonio de Chalatenango se esconde tras el espejismo del casco urbano. Se ubica entre veredas a las que solo le adornan los árboles de mango y las casas de barro. Aquí, la mayoría de familias sobrevive de la cría casera de gallinas, del cultivo, de empleos de oficios varios o la venta informal.

La abrupta apuesta por la educación en línea hizo más profunda la brecha digital que hay en el sistema. Ante la urgencia, el Ministerio de Educación prevé entregar 700,000 computadoras a estudiantes. Pretende garantizar la educación a distancia por medio de clases virtuales. Aunque en la carrera por salvar el año escolar, la entidad se conduce sin una herramienta básica de diagnóstico: un censo actualizado de cuántos niños, niñas, adolescentes matriculados en el sistema público no cuentan con un ordenador.

«Una trata la manera de ayudar a los hijos con las tareas, pero con esta situación no se puede. Nos hemos quedado estancados, no tenemos información, ni los medios para conseguirla», dice Emma mientras recorre su casa, un pequeño cuarto donde se amontonan cuatro camas y una cocina. En la zozobra, no hay manera de pensar en comprar en ordenadores portátiles, dispositivos de alta gama o costear servicios de internet residencial. En el barrio San Antonio, la gente nada más se las arregla para subsistir y asegurar la comida.

La titular del Ministerio de Educación, Carla Hananía de Varela, ha intentado salir al paso de esta carencia: «Nos encontramos en una situación en donde tenemos que buscar los medios para continuar la educación. Los estamos buscando. Puede ser que nuestra data tenga algún error, mínimo, como tiene toda data, pero sí sabemos a dónde están los primeros a los que tenemos que llegar».

Organizaciones que se dedican a fiscalizar los temas educativos, sin embargo, apuntan a que tomar medidas sin constatar lo qué pasa en cada hogar es inapropiado. «No se ha hecho un diagnóstico basado en la realidad de los salvadoreños», asegura, por ejemplo, Mayra González, directora de Fundasil, una organización que trabaja en el acompañamiento de estudiantes y docentes en su formación pedagógica y educativa.

«Ahora nos lamentamos de que no existan sondeos, encuestas y censos de población que nos digan cuántas personas cuentan con un televisor, una computadora, radio, internet. Por el momento, las personas que tienen acceso a lo tecnológico creen que es posible que los demás puedan tenerlo», enfatiza González.

Esta promesa de equipar a los estudiantes con una computadora no es algo nuevo. Antes de su llegada a la presidencia, Salvador Sánchez Cerén presentó en su campaña como candidato: «Un niño, una niña, una computadora». Un programa que, durante sus cinco años de mandato, prometía dotar a los centros escolares de herramientas y formación tecnológica para que los alumnos y docentes conocieran sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). A pesar de ello, el proyecto se estrelló en los números.

Las computadoras llegaron, según auditoría del mismo gobierno, hasta el 97.4 % de los centros educativos públicos. Sin embargo, la cobertura no fue proporcional a la cantidad de computadoras ni a la población de estudiantes que ronda los 1.2 millones. Esto debido a que solo se llegó a entregar un 15 % de los 800,000 ordenadores prometidos. Sin una distribución equitativa, en un solo dispositivo recibían clases, al mismo tiempo, dos, tres e incluso cuatro estudiantes.

Sin una mirada a los fracasos del pasado y sin un plan estratégico, la medida del MINED es nada más una apuesta de intuición, dice Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia.

«Es necesario saber de dónde van a venir los recursos ya que en el presupuesto de 2020 -la entidad- no puntualizó los fondos para el rubro tecnológico», mantiene Picardo Joao.

Apostar o inyectar mucho más fondos para responder a las necesidades educativas frente a la emergencia, no es una posibilidad para el gobierno. Carla Hananía de Varela, ministra de Educación, ha dicho que la entidad sufrió un recorte del fondo de inversión para infraestructura. Un rubro que ronda los $29 millones.

«La emergencia de salud ha provocado que el Ministerio de Hacienda haga una serie de recortes a todos los ministerios. El nuestro sufrió un recortó en el presupuesto de inversión, donde teníamos prácticamente todo lo que íbamos a destinar para la infraestructura», explicó la Ministra en una entrevista televisiva.

El aumento de la brecha educativa tras la crisis salud, según Lucas Gortazar, especialista en políticas educativas del Banco Mundial, tendrá un impacto mucho más significativo en el alumnado del sector público. «No solo es cuestión de acceso a dispositivos, sino también de esa capacidad y recursos que puedan tener los progenitores», advierte Gortazar.

Los casos de Emma y María, madre de Diego, compañero de Steven en quinto grado, destacan que las guías educativas no están siendo efectivas para el aprendizaje de los estudiantes. En las clases impresas, cuenta María, es necesario ingresar a los enlaces complementarios para comprender sobre qué va el tema. «¿Qué es un texto dramático?» o «¿cuál es su estructura?» son preguntas que Diego, de momento, no puede responder. El material se vuelve complejo, mucho más, cuando no hay un maestro que pueda acompañarlo en el proceso.

«A mí me toca prestar un celular para poder resolver», sostiene María entre risas que intentan ocultar su vergüenza por no contar, siquiera, con un teléfono en su hogar. Como vendedora ambulante, María, logra reunir unos $5 por día. Pero con la crisis de salud, su ingreso, no llega ni a eso.

A las guías educativas les hace falta un manual adaptación de los programas. Cada material debe ir acompañado de un libro de texto para que los niños y niñas puedan resolver las tareas sin necesidad de acudir a la web, apunta Mayra González, directora de Fundasil.

«Se deben elaborar guías de acuerdo a la realidad de cada niño. A falta de un libro, se tiene que emplear alternativas de alcance como: controles de lectura, recortes de periódicos -que hagan alusión a la historia de El Salvador- o emplear ejercicios de geometría básica», explica.

De acuerdo con Fundasil, la complejidad de cada material puede traer como consecuencia: reprobar el año académico ya que el problema está en querer trasladar la escuela a la casa.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. “Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas”, recalca Glendy.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. “Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas”, recalca Glendy.

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$3.50 DE INTERNET

Glendy se prepara para recibir su primera clase en línea. Sentada y con celular en mano, espera que su teléfono se conecte a la plataforma, pero la conexión es inestable. Desde la emergencia, la joven tiene que pagar, al menos, dos paquetes de internet móvil de a $3.50 cada uno para poder cumplir con las materias de segundo año de bachillerato.

Esos 2 gigabytes de internet son insuficientes cuando Glendy no comprende ejercicios matemáticos y tiene que descargar material complementario. Trazar un plano cartesiano, sin la tutoría de un maestro, se le hace complicado. Así que debe invertir mucho más para poder visualizar tutoriales en plataformas multimedia. Estos gastos no estaban previstos.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. «Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas», recalca Glendy.

Esto es justo lo que pasa con Teresa, una docente del Centro Escolar «Los Deras» en Chalatenango, quien atiende aulas integradas de quinto y sexto grado. Con una matrícula de 55 estudiantes, ella debe impartir contenidos de materias como: Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas, Lenguaje, educación física, artística y Moral, Urbanidad y Física. «Cuando empezó toda la emergencia, tuve que elaborar guías por cada materia, con diferencia por grado y agregar a cada asignatura unos 14 contenidos. Terminé elaborando unas 22 páginas por cada materia», explica Teresa.

En el aula, la enseñanza se fusionaba con los contenidos de los libros de quinto y sexto grado. Esto hacía que la carga de educar fuera más liviana. Con las guías impresas, sin embargo, Teresa recibe el doble de consultas ya que cada material se ha adaptado de diferente forma para quinto y para sexto grado.

Conexión. Solo el 28% de los centros escolares públicos cuenta con servicios de Internet, así lo estima el sistema de datos del MINED.

«Recibo, al menos, unas seis consultas o llamadas por día, pero hay momentos en los que me debo desatender de los grupos en línea, para así, poder ir hasta donde están los alumnos que no tienen celular», detalla Teresa.

A esto se suma otra realidad, a Teresa le resulta complicado preparar contenidos y actividades solo con internet móvil. «La dotación de recursos a docentes -que no cuenten con los medios y fondos- es fundamental durante la pandemia; solo así se podrá asegurar la calidad de la enseñanza y rendimiento escolar», estima la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).

«No todos los docentes estamos formados. A mí todo lo virtual se me complica. Se espera que recibamos capacitaciones, pero uno apenas puede ingresar a las plataformas», comenta Teresa.

Al menos una cuarta parte de los docentes exhibe deficiencias en materia de alfabetización digital. No están familiarizados ni tienen los recursos, sostiene Óscar Joao Picardo. «Una de las urgencias es que el gobierno trabaje con los problemas de la capacitación digital de los maestros», asevera el especialista.

De momento, según las estimaciones del Ministerio de Educación, 10,000 docentes entre ellos, asesores técnicos pedagógicos y coordinadores de aulas informáticas están siendo capacitados en el uso de herramientas tecnológicas, como Google Classroom, para impartir contenidos.

«¿Qué pasará con los contenidos que no se lograron comprender o resolver? ¿Habrá repaso de todos los contenidos cuando regresemos a las clases presenciales?», cuestiona Glendy.

Prever una transición educativa debe ser también una prioridad, sostiene Margarita Franco, Asesora Global de Save the Children El Salvador. Para Franco, esta disposición tiene que vaticinar cómo se emplearán los contenidos lingüísticos, numéricos y funcionales tras la emergencia de salud.

«Es importante pensar no solo en los aspectos temáticos, sino trabajar en el tema del aprendizaje socio emocional dentro de lo curricular. Se debe asegurar cómo desarrollar capacidades de autocontrol o cómo trabajar en las habilidades interpersonales para que la niñez comprenda lo que está sucediendo», insiste Franco.

“Asistir a la escuela ya suponía un reto ante de la pandemia. Luego del cierre prolongado muchos niños y niñas, probablemente, no volverán a la escuela. Cerrar los centros educativos puede tener -en términos de equidad e inclusión- una gran repercusión”, sugiere la UNESCO.

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LA EDUCACIÓN DESPUÉS DEL COVID-19

El abandono escolar es una de las consecuencias más graves que dejará la pandemia, especialmente, en los países menos desarrollados. Así lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La falta de accesos de oportunidades laborales e ingresos monetarios llevará a muchas familias a priorizar sus necesidades en otros ámbitos y no en la educación.

«Asistir a la escuela ya suponía un reto ante de la pandemia. Luego del cierre prolongado muchos niños y niñas, probablemente, no volverán a la escuela. Cerrar los centros educativos puede tener -en términos de equidad e inclusión- una gran repercusión», sugiere la UNESCO.

Para Emma y María, este escenario es el que más se apega a su realidad. Con el confinamiento domiciliario ambas madres han tenido que hacer préstamos a vecinos o vender unas cuantas gallinas para poder subsistir a la crisis sanitaria.

«A nosotros nos cuesta, estamos angustiados. Antes, sin tanta urgencia, ya me tocaba decir que el niño no iría a la escuela, porque no me alcanzaba para la comida», relata Emma.

Sobre lo que sucederá con la educación después del covid-19, según la Ministra de Educación, estará determinado, en primer lugar, por cómo impacta la crisis al rendimiento académico y psicoemocional de los niños. Luego, se retomará la educación presencial y se evaluarán las lecciones aprendidas, sobre todo, en la calidad y la relevancia.

Documentar y monitorear las dificultades y buenas prácticas, debe ser un pilar dentro del sistema educativo. Save the Children enfatiza que, al superar la crisis de salud, el gobierno debe trabajar en este elemento, pues solo así se tendrán respuestas más acertadas de cara a otra emergencia.

Tanto Emma como María han fantaseado con la idea de que el gobierno, o alguna otra institución, las beneficie con una computadora gratuita. La idea resulta agridulce, solventa una necesidad, pero plantea otro reto. La siguiente pregunta que se hacen ambas es acerca de cómo afrontar el gasto extra en energía eléctrica. Para ellas, las computadoras deberían estar en el centro escolar «Los Deras«, en donde también haya quien enseñe a usarlas.

Hasta el momento en que empezó la cuarentena, en «Los Deras» solo había una computadora. Y los mismos alumnos que ahora tienen que hacer frente a las clases virtuales, apenas la tocaban.

Un vuelo sin regreso a El Salvador

Fotografía de Archivo

Javier compró un boleto con destino a Inglaterra. Este viaje lo «ideó» como si fuera parte de sus vacaciones anuales. Así que, por medio de una agencia de viajes, el joven se las arregló para agendar una visita a Londres. Su vuelo estaba programado para el 17 de noviembre de 2019 y su pase de regreso para dos semanas después. Con todos sus ahorros, Javier abordó y llegó a su destino, pero la verdad era que no eran vacaciones, jamás habrían podido ser eso, porque él ni tenía ese beneficio. Javier ya no regresó a El Salvador. Migró.

Al igual que Javier, otros 58 mil salvadoreños migraron de El Salvador a través de un vuelo en 2019. De acuerdo con las estimaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, el flujo migratorio, en el último año, aumentó por la vía aérea. Y es que el mayor déficit de entradas, respecto a las salidas -entre las fronteras terrestres y marítimas- se canalizó por esta ruta. Es decir que, de las 78,198 personas que abandonaron el país, un 74.8% lo hizo tras su trayecto por aire.

La migración salvadoreña se ha caracterizado por la movilidad de los viajeros a través de la vía terrestre. Siendo este el camino, durante los últimos 8 años, para quienes se movilizan hacia los Estados Unidos. A pesar de ello, en 2019, se registró la mayor disminución de salidas por tierra.

Con respecto a este descenso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DGME no dan detalles sobre las causas que pueden dar pie a estas cifras. Luego de dos semanas de solicitudes de entrevistas, no se obtuvo ninguna respuesta de parte de ambas instituciones.

A Javier la vida le cambió cuando tres pandilleros lo bajaron de un autobús hace cinco meses. En octubre de 2019, como todas las tardes, él se encargaba de repartir pedidos de un pequeño emprendimiento que montaba con su madre. Regresaba a su hogar cuando fue acorralado por los «muchachos».

Los pandilleros le exigieron su documento de identidad y le ordenaron bajar del transporte. Sin saber qué decir, Javier siguió las órdenes. Pero cuenta que: «Ya había pensado en esta posibilidad». Y es que, tras la desaparición de un amigo de infancia y el vivir en un territorio controlado por la pandilla, el hecho de ser apresado por los «muchachos», no era una situación alejada a su realidad. Así que corrió. Corrió y corrió hasta escapar.

Los motivos que tienen los salvadoreños para migrar vienen determinados por: la vulnerabilidad frente a la violencia y las carencias económicas que le impiden alcanzar una vida digna. Así lo determinó, la última encuesta sobre migración y remesas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el caso de Javier ambas razones pesan.

Acá, él interpuso una denuncia ante la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, pero hasta la fecha, poco ha avanzado su caso. Sin protección, con miedo a las represalias y sin poder regresar a su hogar, Javier optó por mantenerse nómada, pero le fue insostenible. A cada lugar que iba creía que la pandilla lo seguía.

Debía irse. La primera opción: los Estados Unidos. Pero los riesgos eran muchos, entre ellos, el ser arrestado, secuestrado o asesinado por grupos organizados. También debía emprender el camino por tierra y existía una alta probabilidad de que fuera deportado. Tras investigar, Inglaterra se convirtió en un destino favorable pues los solicitantes de asilo no son repatriados.

Infografía de La Prensa Gráfica

A pesar de que Estados Unidos resulte ser la primera opción para una gran parte de migrantes, el destino se ha vuelto aún mucho más complicado para quienes se desplazan de manera irregular. Y es que, según organizaciones de derechos humanos, desde la llegada de la administración Trump, en 2017, las políticas en contra de los migrantes se han vuelto mucho más agresivas.

Esta forma de movilidad, por la vía aérea, puede responder a ello. A la restricción y militarización de fronteras en países de tránsito como Guatemala y México, medidas que son parte de las directrices de la administración Trump para detener a los migrantes. Así lo considera Celia Medrano, directora de Cristosal, una organización de derechos humanos que se ocupa de temáticas como el desplazamiento forzado interno y la migración.

Sin ninguna duda, Medrano apunta que: «las detenciones masivas en los puntos fronterizos» son una de las causas para la disminución del flujo migratorio por la vía terrestre.

«Es evidente el incremento de las detenciones por parte de las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos. A esto hay que agregarle, el aumento del 40 % de las deportaciones y repatriaciones de los salvadoreños en el transcurso del 2019 y principios de 2020. Esto estaría marcando, desde el 2019, una situación de búsqueda de otras formas de migrar. El ‘encarecimiento’ del pago de coyotes para cruzar hacia Norteamérica también es otro elemento», explica Medrano.

El huir de pandilla fue para Javier una pesadilla. Una que se materializó en la búsqueda de recursos para poder comprar un boleto de mil dólares hacia Londres. Aunque aparentemente él disfrutaría de unas vacaciones, la realidad era otra. Tuvo que invertir parte de sus ahorros para hacerse de una maleta, su hermano llevó hasta el límite el crédito de su tarjeta para costear el viaje y su madre invirtió las ganancias que le daba su emprendimiento.

«Viaje solo con $80», dice Javier en una llamada. Al teléfono, el joven se toma un momento para repasar, nuevamente, las alternativas que tenía. A pesar de que Estados Unidos es una nación donde -según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores- se concentra el 93% de los migrantes salvadoreños, la opción de ir hacia Norteamérica era económicamente inalcanzable. Javier debía contar con un presupuesto de $8,000 para pagar un «coyote».

Costear un viaje -por vía terrestre o aérea- no es nada fácil para las personas que han sufrido «un hecho detonante» para su desplazamiento forzado. Según Cristosal, las dificultades económicas de muchas familias, las obliga a hipotecar sus bienes, vendar sus casas, ganados o pertenencias para recoger la cantidad necesaria.

“Es evidente el incremento de las detenciones por parte de las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos. A esto hay que agregarle, el aumento del 40 % de las deportaciones y repatriaciones de los salvadoreños en el transcurso del 2019 y principios de 2020. Esto estaría marcando, desde el 2019, una situación de búsqueda de otras formas de migrar. El ‘encarecimiento’ del pago de coyotes para cruzar hacia Norteamérica también es otro elemento”, explica Medrano.

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EL ESCAPE

Como Javier, Jonathan, un joven de 26 años, pagó un viaje y un tour por España. De acuerdo a su itinerario, su gira iniciaría por los lugares más famosos de la capital de Madrid y concluiría en Barcelona. Su vuelo estaba programado para el 5 de octubre de 2019 y su pase de regreso para el 15 de ese mismo mes, pero Cataluña, desde hace cinco meses, se ha convertido en su nuevo hogar.

Para Jonathan la ciudad de Barcelona representa un «escape», una salida a sus problemas económicos y a la violencia. Luego de empleos por temporadas y de la intimidación de los «muchachos» de la pandilla en su comunidad, no tuvo otro remedio que despedirse de su madre, padre y abuela y realizar un préstamo para llegar a su destino.

Por un momento, Jonathan creyó que Estados Unidos era un buen lugar para asentarse y comenzar. Allá, contaba con el apoyo de los amigos y familia para costear parte de los gastos. Pero el miedo de ser atrapado, deportado y el no poder solventar gastos médicos, casa y comida pesaron más. Así que puso su mirada en Europa.

Desde la llegada de la administración Trump existe un esfuerzo sin descanso y permanente para crear obstáculos contra las personas que no poseen autorización migratoria. Para Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones migrantes latinoamericanas y caribeñas en Estados Unidos, estas medidas van dirigidas a cumplir con las promesas electorales que hiciera Donald Trump como candidato a la presidencia.

«La administración Trump puso fin al Programa de Protección Migratoria (TPS), un plan donde el mayor número de beneficiados eran las personas de El Salvador. Además, han puesto mucho más «trabas» para obtener la residencia permanente ya que han aplicado con más rigurosidad leyes elaboradas desde 1996. La Corte Suprema también ha reafirmado el derecho que tiene este gobierno para poner más obstáculos a la solvencia económica de las familias inmigrantes que buscan establecerse en EUA», aclara Chacón.

Riesgos. En junio pasado, Valeria y Óscar Martínez murieron en el río Bravo. El aumento de los riesgos del camino han comenzado a persuadir a los migrantes de ver a EUA como destino.

Consciente de estas disposiciones, Jonathan cuenta que le va mucho mejor en Barcelona. En Cataluña, las autoridades de migración tramitan su petición de refugio, trabaja en una frutería -aún sin papeles- y, frente a la pandemia por el COVID-19 u otra emergencia, puede ser atendido en un centro de salud.

Con respecto a los efectos económicos tras las acciones de contención y el aislamiento domiciliario impuesto por los Estados frente a la pandemia, Alianza Américas considera que todo dependerá de cuánto duren las medidas. Si la crisis de salud se prolonga por tres o seis meses, los estragos -frente al paro- romperán la vida de millones centroamericanos, sobre todo, para los que laboran en hoteles, aeropuertos, restaurantes, bares y tiendas, ya que estos migrantes sobreviven con lo que ganan periódicamente.

«A la luz de la respuesta que ha tenido la batalla de contención del COVID-19, cualquier gobierno que esté en la Casa Blanca, a partir de los próximos años, tratará de incrementar las medidas de control médico como un criterio rector sobre quienes entran a EUA. Es probable que por la pandemia mundial, una de las consecuencias sea el endurecimiento de las políticas de inmigración», concluye el director ejecutivo de Alianza Américas.

Más que enfermar por coronavirus, a Jonathan le preocupan las repercusiones económicas que puede generar la pandemia. En los últimos días, ha pasado de trabajar 13 horas a 10. «Ahora hay menos paga. Aunque se trabaje de más, los empleadores siempre pagan igual. Se aprovechan de que no tenemos papeles».

Con los cierres internacionales y las cuarentenas «habrá un menor flujo de remesas, estimadas hoy en $325 billones para pases de desarrollo», estima el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de El Salvador, este escenario representa una gran amenaza debido a que el 20 % de los hogares subsisten con esta ayuda económica.

Ante la pandemia, la solicitud de refugio de Jonathan aún está en espera. La resolución sobre su caso se resolvería en un año, pero con la situación de emergencia puede que la respuesta llegue hasta principios de 2021.

Más que enfermar por coronavirus, a Jonathan le preocupan las repercusiones económicas que puede generar la pandemia. En los últimos días, ha pasado de trabajar 13 horas a 10. “Ahora hay menos paga. Aunque se trabaje de más, los empleadores siempre pagan igual. Se aprovechan de que no tenemos papeles”.

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LA INCERTIDUMBRE

Durante su estancia en Inglaterra, Javier ha permanecido en una casa de espera para migrantes que solicitan asilo. Ahí, recibe cada semana una ayuda social para comprar alimentos, medicinas y recibir asistencia médica. «Cuento con un lugar para estar, pero extraño mi país y a mi familia», repite el joven.

A Javier le invade la incertidumbre y el miedo de regresar. No sabe si su solicitud de asilo será aceptada, pero de ser rechazada no teme decir que: «Volverá a migrar». Esto a pesar de las restricciones en las fronteras como producto de la pandemia o por las nuevas políticas migratorias que pueda implementar la Unión Europea.

Lo preocupante -tras el COVID-19- vendrá cuando abran nuevamente las fronteras. El padre Mauro Verzeletti, director de las Casas del Migrante de El Salvador, Guatemala y Honduras, explica que el flujo de migrantes durante la pandemia ha disminuido por el cierre de fronteras, a pesar de ello, se mantiene la movilidad por puntos ciegos.

Se avecina una ‘avalancha’ de personas en busca de empleo hacia los Estados Unidos. Verzeletti cree que si no resuelve, desde el país de origen, las causas que llevan a los ciudadanos a migrar, la pandemia solo será un factor adicional para que las personas se movilicen.

«El problema de la pobreza extrema seguirá y las caravanas continuarán, pese a las restricciones de fronteras. El flujo de migrantes se intensificará. En este momento histórico, el gobierno de El Salvador debe tener la capacidad de cambiar el modelo económico donde los trabajadores formales, informales y desempleados puedan ser integrados a un nuevo sistema solidario y así no se vean forzadas a migrar», enfatiza Verzeletti.

Sin opciones en su país, a Javier solo lo acompañan las copias de sus denuncias por robo y unos diplomados que lo acreditan para elaborar productos alimenticios. Nada más. No cuenta con ningún familiar en Londres o en otra parte del mundo que no sea El Salvador.

De momento, ante el incremento del flujo migratorio hacia los países de la Unión Europea. La Comisión y el Parlamento han aprobado la tramitación de permisos -en 2021- para realizar viajes de turismo, negocios o escalas dentro del territorio. Los ciudadanos de 15 países de Latinoamérica, entre ellos, El Salvador, deberán hacerlo de manera obligatoria, sin ello, no podrán visitar destinos como: España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Grecia, Dinamarca o Suiza.

Regresar a El Salvador ya no es una alternativa. Para Javier y Jonathan, la idea de volver existe, solamente, si cambia la situación social y económica. De lo contrario, piensan permanecer en Inglaterra y España.

Epigrafe. A la larga, según expertos, la pandemia por covid-19 terminará modificando los criterios para seleccionar los beneficiarios de asilo.

«La cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos»

Fotografía de entrevistada
María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica.

María Rodríguez Tochetti es una especialista en temas penitenciarios que ha trabajado, desde hace 30 años, dentro del sistema carcelario en Uruguay y también ha impulsado, junto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las Reglas de Bangkok en América Latina. Para Tochetti, el camino para garantizar el trato digno de las reclusas es aún muy complicado ya que, por años, el tema ha sido invisibilizado por los gobiernos de la región.

La experta asegura que para abordar la realidad penitenciaria es necesario contar con un enfoque de género, un panorama que, por hoy, es muy difícil debido a que el 93% de los detenidos, en América Latina, son hombres. Esto genera que el sistema sea diseñado para la población masculina y no la femenina.

En El Salvador, las reclusas, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados. Para Tochetti esta es una característica de toda la región porque las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente y donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, ella considera que la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo surge su interés por trabajar con las privadas de libertad en la región?

Toda mi carrera y desarrollo profesional ha sido dentro del sistema penitenciario de Uruguay y en organismos internacionales que trabajan en materia carcelaria. Nunca tuve un trabajo que no fuera de esto, tengo un profundo orgullo de ser penitenciaria y me presento como tal, antes de hacerlo como abogada, pienso que es una bella profesión que no tiene una valoración social.

He tratado de darle mucho tiempo, mucha cabeza, corazón al tema de las mujeres privadas de libertad. Es una de las temáticas donde más he trabajado y escrito. Fue así como estuve vinculada con la redacción de las Reglas de Bangkok y su implementación en la región. Desde hace un año y medio llegué a El Salvador con dos objetivos: entender el otro lado de la cárcel y abordar la realidad penitenciaria con un enfoque sistémico. Uno que ve más allá y observa que los problemas de la prisión no se resuelven en ella.

Hablando de desafíos y de mirar desde una visión de 360 grados. ¿Cómo ha sido esa transición de trabajar desde lo estatal, en Uruguay, y llegar a El Salvador?

Trabajar en El Salvador fue para mí algo decisivo; profesionalmente me resultaba extremadamente interesante laborar acá. El fenómeno de las maras y pandillas es un hecho que caracteriza la realidad penitenciaria en el triángulo norte . Este es un desafío que no lo comparten otros gobiernos de la región. Uno puede tener muchos años de experiencia, pero entender -cuál es el rol que la cárcel cumple en la pandilla- es un reto enorme.

Las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: “por qué es diferente”. Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

¿En qué ámbitos ha focalizado el trabajo con las privadas de libertad?

El trabajar con mujeres privadas de libertad es un tema fundamental, porque se analiza: ¿cuál es el impacto de la detención en las mujeres y sus familias?. Debemos entender cuál es el impacto, a nivel social, ya que, muchas veces, son las mujeres las que sostienen a la familia y están al frente del cuido de sus hijos.

El daño que la prisión le causa a los hombres y a las mujeres es absolutamente diferente. El problema es que las mujeres privadas de libertad, en América Latina, representan un bajo porcentaje. Hablamos del 6 o 7%, en promedio, en relación al total de los hombres reclusos: 93%. Esto hace pensar que las detenidas son pocas y que no resultan un problema.

Con la invisibilización del problema, ¿a qué circunstancias se enfrentan las internas en la región?

Los sistemas penitenciarios concentran la atención en el 93% de la población reclusa, es decir, en los hombres. La cárcel olvida la necesidades de las mujeres. Esto lo vemos, por ejemplo, en los centros penales. Es difícil encontrar en nuestra región cárceles diseñadas para mujeres. Y alguien puede decir: ¿Pero es necesario una cárcel para mujeres?. Pues claro que sí, las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: «por qué es diferente». Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Fotografías de José Cardona

En 2019, el CICR difundió con las autoridades de seguridad y centros penales las Reglas de Bangkok. ¿De qué trata esta norma?

Este es el instrumento más importante que la ONU ha aprobado, desde 2010, y fue el primer documento que puso sobre la mesa, precisamente eso, la necesidad de mejorar las condiciones y el trato digno de las mujeres en las cárceles del mundo. Las reglas visibilizan el principio de la equidad: el darle -a cada uno- según lo que necesita. El principio básico de las reglas es «lograr la igualdad, real, o equidad». Hay que partir de las necesidades particulares de las mujeres para, luego, atender sus exigencias especiales.

Las mujeres, en su mayoría, cometen delitos menos violentos y son poco reincidentes, entonces, las reglas dicen: analicemos el perfil de las mujeres y el tipo de delito que cometen, estudiemos sus responsabilidades familiares, veamos sus historias de victimización ya que muchas han sido abusadas, coaccionadas o sufren una dependencia afectiva. Ante estas circunstacias, las reglas proponen buscar medidas alternativas para evitar la prisión.

De momento, el país está frente a un estado de emergencia por la pandemia mundial del coronavirus. ¿Está preparado el sistema carcelario para atender casos?

El mundo no está preparado para la pandemia y lo que estamos viendo de Europa nos demuestra que nadie está listo para un suceso de estas características y rapidez. Los sistemas penitenciarios son un espacio muy hostil y delicado para una enfermedad como el COVID-19. Estamos hablando de espacios hacinados en todos los países de Latinoamérica, estamos hablando de lugares donde no siempre tenemos el mejor sistema de salud, donde tenemos carencia, ahora imaginemos esto en la cárcel. Estamos conscientes de que la población privada de libertad son personas con especial situación de vulnerabilidad ante esta pandemia. Esto nos obliga a tomar medidas absolutamente focalizadas y especiales.

Fotografía de José Cardona

¿Se pueden idear medidas preventivas, efectivas, a pesar del hacinamiento carcelario que enfrentan las internas?

A nosotros nos parece que una medida para la reducción del hacinamiento es: el priorizar a las poblaciones vulnerables frente al coronavirus. Se debe atender a las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas y respiratorias. Ellas pueden ser consideradas para algún tipo de beneficio penitenciario, según el marco de la ley. Vemos que algunos países lo están considerando.

En Chile, por ejemplo, están pensado en el indulto humanitario para personas en fase terminal o las adultas mayores. Esto puede evitar el hacinamiento y reducir el daño del virus. De momento, es lo que podemos sugerir, pero esto no depende exclusivamente del sistema penitenciario también parte de los operadores de justicia.

Se ha dicho que los más vulnerables, frente a la pandemia del coronavirus, son los adultos mayores, pero dentro de las cárceles de mujeres no solo hay ancianas también hay menores de seis meses hasta los cinco años. ¿Cómo debe proceder el sistema penitenciario frente a estos casos?

El sistema penitenciario tomará todas las medidas necesarias para poner el interés superior del niño como algo central. Afortunadamente, los pequeños están en un lugar que reúne buenas condiciones. Hay que ver si algunas mujeres -por su perfil y avance de su condena- pueden acceder a cumplir la condena bajo un beneficio penitenciario y así cuidar a sus hijos.

¿Cómo suplir las necesidades de salud, una vez se confirme casos por coronavirus en el país, aún con la falta de medicamentos, disponibilidad de agua y permisos de salidas para las reclusas?

Nosotros estamos viendo, en términos generales, qué sugerencias podemos dar a los sistemas penitenciarios con base a la experiencia que tenemos. Hay temas que tendrán que ser resueltos en propia marcha, por eso, es importante el apoyo que podamos dar. Es un gran reto para el sistema penitenciario.

¿Cómo garantizar el derecho a la equidad, no discriminación y un trato digno de las internas, aún sin adoptar medidas como las Reglas de Bangkok?

Lo primero es que el personal conozca y entienda que las mujeres tienen necesidades particulares y diferentes. Se necesita comprensión y abordar la realidad con un enfoque de género.

Fotografía de José Cardona

¿El Salvador cuenta con esta sensibilización de género dentro del sistema carcelario?

Estamos trabajando en ello. La cárcel es un espejo amplificado de lo que pasa en la sociedad. No es un mundo aparte, los procesos van en paralelo.

El perfil de las mujeres que guardan prisión en elpaís, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados, esto genera un desconocimiento de sus derechos y falta de acceso a la justicia. ¿Qué hace el Estado para mejorar la condición de estas mujeres?

Esta es una característica de toda América Latina. Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo superar esa cultura punitiva de que toda acción necesita un castigo y no una medida alternativa?

El Salvador es el país que tiene la segunda tasa más alta de encarcelamiento en el mundo. La tasa promedio, a nivel mundial, es de 150 por cada 100.000 habitantes. El país tiene un índice de 600 personas. Es una nación que encierra, para evitarlo, debemos de sensibilizar a la gente para que entienda que esta no es la forma. La sociedad debe comprender que el derecho penal no solamente consagra la pena, sino que, también nos da medidas alternativas que son efectivas. La cárcel es una sanción que tiene que utilizarse como última instancia.

¿Cuáles son estas medidas alternativas?

El arresto domiciliario o los brazaletes son opción. Cuando una persona utiliza un brazalete, ella viene y va de forma controlada, sin que nada afecte su fuente de trabajo. Y si tiene otros problemas, se le puede buscar terapia o grupos de apoyo. También se puede apostar por los trabajos de utilidad pública como: cuidar a ancianos o niños para reparar el daño. No todas las mujeres cometen delitos graves.

Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas.

Fue hace un año, que el gobierno anunció tres centros de detención exclusivos para mujeres, antes, solo se contaba con cárcel de mujeres en Ilopango. ¿Es suficiente?

Como las mujeres son una población menor, generalmente, lo que se tiene es solo una cárcel exclusiva para mujeres. La sugerencia es que se diseñen cárceles de mujeres regionalizadas, espacios en otras provincias para atender a las reclusas. De momento, lo que se hace es que, en una cárcel de hombres, se genera un anexo, un lugarcito al lado para atender a las privadas de libertad. En el caso de El Salvador, como es un país muy pe queño, es muy complicado pensar en crear prisiones de mujeres -en todos los departamentos- es muy costoso. Este tema no es tan evidente o grave como en países como Honduras o Colombia donde solo hay tres prisiones y los familiares deben viajar por 10 horas para visitar a las internas.

¿Qué sucede con las mujeres que son detenidas mientras esperan juicio?

En América Latina hemos normalizado mandar presas a las personas que tiene presunción de inocencia. Tenemos países que van del 25% al 70% de presos preventivos. Ciudadanos en prisión que aún están siendo investigados y de los que no se tiene certeza sobre su culpabilidad. La prisión preventiva es una medida cautelar y se usa cuando realmente tengo sospechas de que la persona se va a fugar o que va a amenazar a un testigos y entorpecer la prueba. Si esos requisitos no se dan, los acusados tienen que esperar en libertad.

¿Qué medidas ha implementado El Salvador para adecuarse a las Reglas de Bangkok?

Por el momento, se debe trabajar para que cada empleado -del sector de justicia y penitenciario- conozca las reglas. Yo no le puede exigir a un sistema carcelario, o a un Estado, que cumpla si ellos no conocen el documento. Es importante seguir capacitando y llevar las normas a los diversos espacios.

De momento, ¿cuáles son la medidas con las que cuenta El Salvador para el trato de las reclusas?

Uno de los avances que hemos detectado es la visibilización, la aceptación de que trabajar con mujeres implica un enfoque diferencial. El que exista tres centros de detención, exclusivos para mujeres, es una medida muy positiva. También es importante destacar que los niños -que están con su madre en la prisión- se encuentran en la granja de Izalco, Sonsonate, un espacio más amigable y diferente al que tenían, hace unos años, en Ilopango.

¿Qué países de Latinoamérica han adoptado las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas?

Costa Rica.

Fotografía de José Cardona

¿Cuáles han sido los resultados luego de acatar las medidas?

Costa Rica ha tenido los mayores avances y ha hecho, inclusive, una modificación legal -en un artículo de su Ley de Drogas- donde establece la posibilidad de aminorar las penas para las mujeres tras ser expuestas a una situación de vulnerabilidad, extrema pobreza o coacción para cometer el hecho. Esta medida es un ejemplo de las primeras acciones con enfoque de género en la región.

¿En qué deben trabajar los Estados?

Yo pienso que se debe trabajar en la prevención. Se tiene que crear políticas públicas que eviten la delincuencia y criminalidad. También se deben crear normas que gestionen los sistemas penitenciarios con enfoque de género. A 10 años de la Reglas de Bangkok creemos que el tema está sobre la mesa, pero que todavía queda mucho por caminar en América Latina.

«El sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades»

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

En mayo, Miriam Geraldine Aldana cumple un año de haber sido elegida como titular de la Procuradora General de la República (PGR). Preside una de las instituciones a la que más acuden los salvadoreños que no tienen cómo pagarse un servicio privado y necesitan de acompañamiento o representación legal en procesos de diferente tipo, entre laborales y atención especializada a la mujer. Pero es una institución que no da abasto con todo el trabajo que tiene encima.

En un país con 7 millones de habitantes, según proyecciones basadas en el último censo poblacional de 2007, la institución que defiende a los pobres cuenta con un presupuesto de 34 millones y 16 procuradurías auxiliares distribuidas en los 14 departamentos. Hay áreas como la defensoría penal, en las cuales, admite Aldana, el número de expedientes sobrepasa por mucho a la capacidad del personal de la PGR. Para muestra: hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a nivel nacional.

Las tres administraciones anteriores de la PGR, bajo la tutela de Sonia Cortez de Madriz, fueron criticadas por diferentes sectores de la sociedad. En junio del año pasado, con meses en su cargo, Aldana rindió por primera vez cuenta a los diputados sobre la mora que encontró en la institución. En esta entrevista destaca que una de las líneas de trabajo incorporadas es la defensoría pública para aquellos acusados que están ausentes en un proceso judicial, algo que no existía y no garantizaba el acceso a la justicia. Además de apostarle a una defensoría especializada para las mujeres procesadas por el sistema por casos como las complicaciones obstétricas.

Sobre estos casos, en particular, Aldana dice que debe analizarse el entorno en el que las mujeres pasaron de ser víctimas de un contexto violento a victimarias. Sin embargo, defiende estar a favor de la vida y no apoya las cuatro causales del aborto presentadas a la Asamblea Legislativa en 2018.

¿Qué significó para usted, la primera y entonces única Jueza de Extinción de Dominio, asumir las riendas de una institución que tienen entre sus funciones, un poco aparte de las funciones que realizaba, brindar servicios de acompañamiento y representación legal a los salvadoreños?

En verdad no estaba alejada. El sistema de justicia es garantizar el acceso a la justicia, solo que lo estoy haciendo desde otro ámbito, porque garantizar el acceso a la justicia es generar igualdad de condiciones entre las partes. Siempre estuve relacionada con el tema de la justicia, no solamente como jueza de extinción, sino con toda la carrera judicial que yo ya había hecho por 17 años anteriores. Simplemente estoy dándole una mirada distinta y creo que esa experiencia que tuve dentro el Órgano Judicial es lo que me permite poder ver con muchísimas más claridad cómo llegar a convencer a un funcionario, cómo llegar a presentarle una teoría del caso y una teoría fáctica y jurídica, complementaria, creíble, que en verdad partiera de un principio de verdad real, que hiciera uso de libertad probatoria, que pudiera venir a hacer crítica a partir del control de la legalidad, que la obtención de la prueba que se podía facilitar en el Órgano Judicial se hiciera con estricto apego al respeto de los derechos fundamentales. Lo que le está pidiendo la Corte Interamericana (a la PGR), a partir de la sentencia de Agapito Ruano, es defensa pública efectiva, no es solo representación, es hacerlo de forma efectiva, y para que la representación sea efectiva, realmente lo que se necesita es tener claridad de cuáles son los hechos debatidos, cómo voy a cuestionar los hechos debatidos o a presentar mi propia versión sobre los hechos y buscar las herramientas probatorias que resulten venir a ser más idóneas.

Nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos y lo logramos.

¿Cómo encontró a la Procuraduría General de la República tras haber sido dirigida por tres periodos por Sonia Cortez de Madrid, una exfuncionaria cuestionada de sus labores por diferentes sectores? En la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, en junio del año pasado, usted habló de 9,000 expedientes que no estaban resueltos en las diferentes áreas de trabajo.

Es importante señalar que el sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades. La institución históricamente había manejado cifras que le disminuyen la capacidad operativa. En todo ese cúmulo histórico en el que todos los años la Procuraduría General de la República tenía que acudir al Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa, a permitir recibir refuerzos presupuestarios para poder terminar un año, trajo consigo en colocarle en esas condiciones un poco caóticas en la que se encontraba. La primera de ellas referida a los tiempos de respuesta, que es el punto sobre el que usted está en este momento consultado. Los tiempos de respuesta razonables son aquellos que, de acuerdo a los manuales o a la instructivos, debían de cumplirse para nosotros poder dar una respuesta a las pretensiones que se presentaban. En las áreas más crítica de la procuraduría, resultaba venir a ser la unidad de atención o defensa a los derechos del trabajador, que es la Unidad Laboral, y por el otro lado, también, en el espacio de atención de derechos reales y personales que brinda la institución, porque había demasiada carga por persona, por abogado, por abogada defensora que asignaba el tema. Estamos hablando de una cantidad determinada de 9,000 expedientes en mora.

¿Cuáles fueron las primeras medidas?

Durante este casi un año al frente de la procuraduría, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo. Segundo, clasificar cuáles eran las pretensiones y cuáles eran los tiempos más críticos con los que nos enfrentábamos y cuáles eran algunas situaciones que solamente meritaba el terminar de complementar información jurisdiccional o información administrativa y luego proceder a un archivo. Se adoptó un modelo de un acompañamiento itinerante por un equipo de profesionales del despacho principal y del despacho adjunto general para comenzar a hacer las visitas a las procuradurías auxiliares que presentaban más demora. Por ello, se atendió primero San Salvador, que dependía mucho del número de usuarios, usuarias que atendemos, eso es obvio. El segundo de ellos fue Santa Tecla y en un tercer momento nos encontramos, en este instante, atendiendo Zacatecoluca, porque era la tercera procuraduría auxiliar con más carga de trabajo en la defensa de los derechos del trabajador. Eso ha posibilitado disminuir un aproximado de casi 3,000 expedientes en esta labor de acompañamiento. Hicimos una reingeniería acompañado de los procuradores auxiliares en esas unidades, para también ir viendo cuál era la carga de trabajo de otras unidades, que podían venir, a lo mejor, a quitar un elemento para aprovechar sus competencias y reforzar esas unidades en las que estamos.

Eso fue lo primero, partir de un diagnóstico real de qué encontramos en la procuraduría, qué capacidad humana teníamos, cuáles eran las competencias de ese elemento humano que se encontraba ya dentro de la procuraduría y comenzar a hacer esos reacomodos. Entonces las primeras unidades que fueron atendidas fueron las unidades críticas. Todavía nos hace falta muchísimo más. Tal como lo hemos dicho en la Asamblea Legislativa, con ese incremento de los 4.2 millones de dólares que se nos terminó asignando adicionalmente para este año, vamos a hacer un plan de atención para la reducción de la mora por seis meses con el reacomodo de nuestro personal y con la contratación de auxiliaría jurídica o de auxiliarías administrativas que nos ayuden a disminuir esa cantidad tan elevada que aún hay de expedientes. Esa fue una de las áreas.

Fotografía de Franklin Zelaya

¿Qué sigue en la hoja de ruta?

La siguiente de las áreas donde hubo necesidad de comenzar a trabajar fuerte fue la de saldos acumulados, fondos de terceros. La procuraduría ha cumplido 81 años de existencia. En este tiempo, hasta el año 2010, todo el tema de asignación de cuotas alimenticias y del pago de ellas se hacía manuscrito, en libros, en registros, lo que traía consigo es que el obligado a pagar alimentos iba al banco, traía el abono, el comprobante del abono. Aquí se le recibía, después procedíamos a hacer la conciliación bancaria en papel, después de corroborada esa situación se procedía a hacerle el depósito y a notificar que el depósito estaba hecho, pero la falibilidad humana puede ser grande cuando lo llevamos en ese sistema. Eso trajo el acumulado de 2.3 millones de dólares de impago o de mora en la entrega de las cuotas alimenticias. Comenzamos a trabajar también con el equipo de fondos de terceros. Volvimos a trabajar en conjunto, las procuradurías adjuntas de Familia, procuraduría adjunta de Niñez, apoyando este tema de fondos de terceros. Y nos fijamos metas que creíamos alcanzables. Primero, que nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos para este año y lo logramos. Y en la cantidad de saldos acumulados a diciembre del año anterior, hemos logrado disminuir 400,000 dólares. Ahora solo tenemos un poco más de 1.8 millones.

¿Cuántas personas encontró usted en la Unidad Laboral cuando vino a la PGR? Ya mencionaba que ha habido un refuerzo de personal, ¿de cuánto ha sido?

En el área laboral, en general, tenemos dos categorías, una es de defensores o defensoras, que todos son abogados de la república, y otros que son auxiliares jurídicos, pero en general, la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador solamente tiene 56 defensores públicos a nivel nacional y solo el número de expedientes con los que contábamos entre los seis defensores públicos suman 14,807 expedientes. Solo ahí usted denota que hay una gran cantidad de trabajo asignado por cada uno de los defensores. De todos ellos, estos son expedientes activos, o sea, procesos o administrativos o jurisdiccionales que hay que asistirles, pero se brindaron adicionalmente a eso, 16,654 asesorías por este mismo equipo de defensores. Se brindaron 2,498 asistencias en la Oficina Especializada de Contencioso Administrativo y Amparo, que es un área de especialización de la Unidad de la Defensa de los Derechos del Trabajador, y con toda esa gestión que se ha realizado, se asisten a los 55 tribunales con competencia en el ámbito laboral. Había que repensarnos, porque hasta el año pasado no teníamos más que la cifra presupuestaria que ya traía consigo un déficit de 700 mil dólares solo para el pago de las obligaciones. No había posibilidades de contratación. Ahora con el refuerzo presupuestario, la elevación de su techo, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos permita poder venir a hacer una transferencia del rubro 54, que es de bienes y servicios, al rubro 51, que es remuneraciones, para hacer las mínimas contrataciones, pero hacerlas para que vayan a reforzar en algunas procuradurías auxiliares críticas con la contratación de nuevos defensores. La idea de manejar el tema de las auxiliarías jurídicas para que nos ayuden solo a disminución de moras jurídicas y administrativas, porque ahí es donde hemos visto que nos encontramos con esos embudos que no nos permiten darle celeridad a la tramitación.

Sobre esta asistencia pública efectiva, también uno de los servicios más demandados de la PGR es la representación legal en los procesos penales. Datos oficiales de la institución muestran que hasta 2018, la PGR tenía 285 defensores públicos a nivel nacional. ¿Esto ha cambiado? ¿Qué consecuencias tiene que haya poco personal en la violación sistemática de derechos humanos dentro del Órgano Judicial?

El número de defensores públicos ha disminuido. Yo encuentro un acumulado de 260 defensores a nivel nacional. La carga de trabajo sigue siendo alta. Se refleja hasta diciembre del año 2019, para estandarizar los datos que estamos aportando, de 25 mil expedientes manejados dentro de este pequeño grupo de defensores. Estos 25 mil expedientes solo estaban en Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y 60,333 expedientes en trámites ordinarios, en el proceso común y los procesos especiales, que regula el Código Procesal Penal. Con este pequeño grupo que toca asistir, de acuerdo a nuestros datos, en 723 sedes judiciales con competencia penal, todas las audiencias. Y note que las audiencias no solo son las tres grandes audiencias que regulan nuestro código, además de la inicial, las audiencias de reconocimiento de personas, anticipos probatorios, revisiones de medidas cautelares, las preliminares, la eventual realización de diligencias como inspecciones, reconstrucciones de los hechos, a todas esas hay que ir y con eso le agrego un dato adicional más: hasta ese momento, la procuraduría contaba con un resurtivo del despacho en el que se decía que la asistencia solo la brindábamos a los imputados presentes, a los imputados sometidos al juzgamiento; sin embargo, su servidora, justamente por tener la perspectiva del ámbito judicial, me permite tener una visión, además que poseo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, me permitió poder hacer una interpretación del artículo 11 inciso primero de la Constitución; el 2, inciso primero, del mismo cuerpo normativo; el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la sentencia de Agapito Ruano, y adopté una decisión en junio del año pasado, en el que di la directriz para que la asistencia no solamente se diera al imputado presente, sino también al imputado ausente. Y eso tiene una explicación sencilla: con mucha mayor razón, el control de la legalidad de las diligencias que realice el Estado, a través de fiscalía y la policía, tienen que ser controladas por un defensor, tiene que verificar si el levantamiento de la evidencia del escenario delictivo se hizo con la debida garantía de cadena de custodia, si la intimación, que implica en ocasiones publicaciones en periódicos de circulación nacional y en el diario oficial, se hizo cumpliendo con las exigencias propias del código. Es explicar de manera clara y comprensible los hechos que se le acusan, no solo las calificaciones jurídicas, verificar si un anticipo probatorio, si un reconocimiento de personas que se podía haber hecho, si en verdad en esa fila de personas se encontraban aquellas parecidas, como lo ordena el código; si tenían características similares, que hubiera un interrogatorio previo a la persona que estaba acudiendo venir a hacer el reconocimiento, para poder advertir si había un ánimo espurio, si había un ánimo mal intencionado, si había un interés preciso para poder perjudicar al imputado.

¿A qué se le paunta en este contexto?

Todo eso ha traído otra vez la necesidad de repensar un poco la labor de la defensoría e irle apuntando, para el año 2020, en la especialización, porque Manuela, que es otra recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuela y otros versus Estado de El Salvador, nos ha dicho algo adicional, nos ha dicho «mire, el personal de la procuraduría necesita especializarse». Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y que significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición ahora de victimaria. Ella necesariamente requiere que el defensor, la defensora, conozca el entorno, sepa cuál es la interpretación de las normas desde la perspectiva de protección de derechos humanos de la mujer y pueda venir a preparar esto, la defensa pública efectiva. La procuraduría tiene dos grandes áreas de atención a la mujer cuando está vinculada al ámbito penal, el área de la Unidad de la Atención Especializada a la Mujer (UAEM); y por supuesto, el ámbito de la defensoría pública.

En una audiencia, usted se podría encontrar con que UAEM estaba representando, estaba, más bien, acompañando a la señora en su condición de imputada, pero desde su posición como mujer, pero no tenía intervención judicial, ni siquiera era una asistente no letrado para que pudiera venir a ayudarle al abogado defensor que tenía en la articulación de la defensa pública efectiva. Era un contrasentido, porque teníamos dos elementos valiosos, formados, uno en el ámbito penal, uno en el ámbito de atención de la mujer, pero ninguno de los dos tenía la posibilidad de venir a preparar estrategias de defensa de forma conjunta. Para el año 2020, la nueva línea de trabajo es que justamente hablemos, no solamente de especialización. Hemos revisado una serie de diplomados, apoyados por el proyecto justicia y dignidad, en el que la especialización está orientada a la violencia obstétrica, la especialización de un equipo de defensores y defensoras. Pero ahora, además, a la hora de preparar la defensa pública efectiva, se sienta con UAEM, platica con UAEM, le ayuda a UAEM a poder venir a identificar qué factores económicos, sociales, culturales, religiosos, lo que sea, puede servirle para colocar en el contexto al juez y darse cuenta que han sido las condiciones del entorno las que propiciaron que ahora ella se convierta en una imputada; cuando, en verdad, resulta venir a ser la víctima de todo este sistema y de todo el entorno en el que lamentablemente ella ha tenido que verse relacionada, producto de la violencia, y no solamente en violencias obstétricas: hay delitos de homicidios, víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar, y ellas son las que terminan siendo acusadas de las lesiones, del intento de homicidio o de los homicidios de sus parejas.

Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición, ahora, de victimaria.

¿Qué esperan para este año?

Para el año 2020, estamos trabajando un nuevo sistema de información informática que nos permita, con el apoyo ahora de la cooperación chilena, y del PNUD, generar un sistema de alertas. Porque con esta cantidad de expedientes asignados a una sola persona, razonablemente, se le puede pasar un plazo, razonablemente se le olvida que tiene una audiencia, razonablemente se le olvida interponer un recurso. El PNUD, acompañado de la cooperación chilena, nos va a ayudar a generar sistemas de alertas tempranas, que en el equipo informático asignado pueda venir a decírsele «alerta, cinco días para interponer o preparar su recurso, porque en cinco días se le vence».

Esto es un apoyo, esto creo que es importante, el defensor o la defensora tiene que sentirse apoyado y el apoyo no solamente tiene que ver con remuneraciones, que es un tema que también ya le contaré qué estamos haciendo con ello, porque cuando se comparaba los salarios de defensores, frente a fiscales, es una diferencia sustancial enorme.

¿En qué porcentaje anda la diferencia?

No hemos tenido el aval mediante la modificación de la Ley de Salarios que hemos presentado al Ministerio de Hacienda, con salarios hasta de 895 dólares y agentes fiscales especializados pueden andar arriba de los 1,500. Entonces estaban ganando casi la mitad de lo que puede ganar un fiscal. Ya no digamos un fiscal de un área de un área especializada, estamos hablando de los fiscales de los delitos comunes. Eso también tenía que ver, no solamente cruzaba con carga de trabajo, sino con incentivos laborales, sabemos que no es el mismo, pero en ese tema hemos hecho también otro avances, me parece que sumamente importante, porque la procuraduría tiene una planta de 1,420 empleados, las remuneraciones en el ámbito de los abogados, no me meteré al ámbito de no abogado, era de 56 categorías salariales diferentes, que en el ámbito penal teníamos 22, en el ámbito laboral teníamos 14, en el ámbito de medicación teníamos 6 categorías, y los salarios iban entre 895 y 1,615, el que mejor ganaba en la institución. A pesar de los dos refuerzos presupuestarios solo para remuneraciones, que brindó la Asamblea Legislativa en los períodos anteriores, la distribución se hizo de manera igualitaria, no equitativa, porque la remuneración igualitaria es que tenemos 50 dólares, somos cuatro los que estamos aquí, entonces los distribuimos por parte iguales, pero si lo hago equitativamente, yo tengo que entrar a ver cuánto gana usted.

Hemos presentado a Hacienda una propuesta de manera tal que lo hagamos dentro de mi trienio, que es mi obligación inicial. Para el año 2020 estamos generando 520 plazas en ajustes salariales, y de las 56 categorías salariales, estamos propiciando que se disminuyan a 3 categorías de manera inicial, solo con la planta de abogados y abogadas en condición de defensor o defensora pública.

Mencionaba el caso de Manuela, un caso icónico en El Salvador de las mujeres que siguen teniendo complicaciones obstétricas y luego son procesadas por el sistema de justicia. Como titular de la institución que se encarga de velar por las garantías de un proceso judicial, ¿cuál es su postura respecto a las cuatro causales del aborto que se han presentado en su momento a la Asamblea Legislativa?

Cualquier institución del Estado está obligada por mandato constitucional, derivadas del artículo 1 de la Constitución, a garantizar la vigencia de todos los derechos que ahí se contemplan, entre ellos, el derecho a la vida. El Estado tiene que venir a saber cómo atender, cómo garantizar el derecho a la vida, porque note que los problemas fundamentales que se presentan alrededor del tema es que la adolescente, la mujer, la persona que termina viniendo a generar sus estados de preñez en ella, por cualquier causa, no es atendida por el Estado. Ante la falta de atención, porque resultó venir a ser víctima de una violación, por ejemplo, de un miembro de una estructura pandilleril, el Estado la abandona, el Estado no la acompaña, el Estado no la informa, el Estado no vela por ella. El tomar una decisión de saber qué hacer con el producto, que, finalmente, resulta venir a ser un ser humano, forma parte de las responsabilidades del Estado. La procuraduría tomó la iniciativa de convocar, junto con otras organizaciones de Naciones Unidas y organismos cooperantes vinculados al tema, tanto de niñez como de mujer, de comenzar a revisar el sistema de atención, no solo de niñez, sino de atención a mujeres. Porque note la diferencia que podría ser si nosotros contamos con un sistema diferente: si a esta mujer o a esta adolescente víctima de una agresión de cualquier tipo, se le acompaña, se le explica qué es la paternidad, se le explica que finalmente también es un ser humano el que está dentro de su vientre, ella estaría en condiciones de tomar una decisión totalmente autónoma. ¿Qué quiere hacer con el bebé? ¿Entregarlo en adopción? ¿Dejárselo bajo la figura de tutoría? ¿Dejarlo bajo un cuidador? Porque el Sistema Nacional de Atención a la Niñez, y en particular, bajo el modelo de la LEPINA, también está diciendo Estado, usted debe de garantizar los derechos del nasciturus, usted tiene también que proteger los derechos del niño, la niña que está todavía por nacer.

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

Ya que menciona los derechos humanos y tomando en cuenta que en el país, por ejemplo, nunca ha habido una política de educación sexual, ¿considera entonces válido que una mujer que ha sido víctima de una violación cargue por nueve meses a una persona? Estamos hablando de secuelas psicológicas en la vida de esa mujer.

Por eso precisamente estoy hablando de la necesidad de integrarse por el Estado, porque quienes en algún momento determinado nos volvemos copartícipes de la generación o de la revictimización. Por eso, el enfoque tiene que ser victimológico y el enfoque victimológico significa, por una parte, que la persona que ha sufrido directamente la afectación, pueda ser atendida: asistencia, acompañamiento, asesoría, atención. O sea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho en innumerables decisiones, la 5-2001 fue una sentencia importantísima, porque dijo: «Mire, este es el marco de atención». Estado, ojo, todas las instituciones, pongan atención, porque en cuanto surge la condición de víctima, por la razón que sea, el Estado tiene que articularse para garantizar todo eso. Porque las secuelas de las afectaciones físicas o psicológicas se agravan todavía más cuando el sistema, organizado a través de las distintas instituciones del Estado, y la falta de cultura de la sociedad, lo que provoca es estigma, discriminación, aislamiento, entonces es donde aparece la necesidad, porque la víctima, el conjunto, el principio de Naciones Unidas para la protección de víctimas de delitos y abuso de poder también dice que hay víctimas indirectas. Por supuesto que hay una víctima indirecta en el producto que está dentro del vientre de la madre. También esta víctima necesita ser atendida por parte del Estado. No podemos venir so pena de que el otro fue el responsable de la vulneración a hacer pegar por alguien que también resulta ser víctima de la situación. Por eso, si queremos hacer la atención adecuada, debemos de hacerla desde un enfoque victimológico y desde una perspectiva de protección de derechos humanos. Y la Constitución es clara, es principio de humanidad, respecto a la vida, pero acompañada, para que en su momento puedan tomarse las decisiones que resulten se propias para ellas.

Si bien van a tener que dar acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzado, que hasta junio del año pasado usted decía que había 600 casos que estaban atendiendo en menores, la Asamblea Legislativa no destinó fondos para el funcionamiento de esta ley que ataca el problema. ¿De qué forma esto vendría a sobrecargar su trabajo, si también tomamos en cuenta que usted decía en junio del año pasado que no existe una plataforma especializada para atender este problema en la PGR?

El tema de desplazamiento forzado en la procuraduría estaba siendo atendido, porque era un tema de protección de derechos humanos. Así que independientemente que se contara o no se contara con una Ley de Desplazamiento Forzado, estamos hablando de víctimas de niñez, de víctimas mujeres, de víctimas hombres que también tienen derecho al acceso a la justicia. Con tres profesionales, básicamente, casi que por voluntariado, con un acompañamiento mínimos institucionales comenzaron a atender el fenómeno.

Las personas que han sido atendidas dentro del área del desplazamiento forzado hasta este último informe que se nos colocó era de 446 personas atendidas, de las cuales 230 son niños, niñas y adolescentes, y 216 fueron personas adultas. Estas 446 personas representaban 119 familias que tuvieron que pasar por este lamentable incidente que tener que propiciarse al desplazamiento forzado. Con esa misma cantidad, ese mismo apoyo dinerario, creamos una unidad de atención bajo la generación de una nueva estructura. La procuraduría va a contar, si nos lo habilita el Ministerio de Hacienda, con una sombrilla mucho más grande, crearemos una procuraduría especializada de género y de atención a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, porque ahora son migrantes, ¿mañana qué será? Ahí tenemos cabida para todo y ahí estará desplazamiento forzado.

¿Cuántas solicitudes de adopción han presentado como institución al Juzgado Especializado de la Niñez bajo la Ley Especial de Adopciones, aprobada en 2018?

Bajo la nueva ley solo se han presentado tres solicitudes, porque aunque la ley es muy célere, es una ley con un procedimiento muy expedito, muy sumarial, muchísimo más que la anterior ley, pero lo que tenemos es que hay que agotar y eso también habría que revisarlo. Por ejemplo, en los casos de niños y niñas abandonados, la ley nos obliga, en la línea que le he comentado: primero busque padres biológicos, luego familia ampliada, luego agotar tutorías u otras formas como el cuidador, hasta llegar a la adopción. ¿Entonces qué significa buscar a los padres biológicos? Hacer publicaciones para ver si aparece su padre, su madre biológica, buscar a la familia ampliada, dejar constancia que se hicieron visitas y que se ha logrado determinar que la familia ampliada no reúne esas condiciones en el caso de los niños y las niñas abandonadas, los cuales son representados de forma directa por el procurador o la procuradora, pero ahora pensemos en un niños o niña que está siendo maltratada por su padre, a ellos también hay que solicitarles la determinación de la situación jurídica, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hacer la pérdida de la autoridad parental, documentar que estaba siendo violentado, abusado, descuidado, las razones de maltrato cualesquiera de sus formas y que por tanto hay que romper con el vínculo con sus progenitores. Entonces hay que hacer la pérdida de la autoridad parental, ese es un trámite independiente. El proceso de adopción, como tal, es expedito, pero los proceso o procedimientos administrativos o judiciales para llegar hasta aquí, esos requieren un tiempo, por eso educación. Las personas tienen que educarse, las personas tienen que informarse, las personas tienen que comprender los procedimiento y los responsables de hacerlo que comprendan somos nosotros como instituciones del Estado.

Fachada del edificio de la Procuradoría General de la República

La discriminación laboral contra la mujer escapa al registro

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Cuando Elena fue contratada como investigadora en institución pública de derechos humanos creyó que había encontrado el empleo ideal. Podía poner en práctica sus conocimientos como abogada. Llegó con muchas ilusiones y expectativas, sobre todo, porque era la oportunidad para materializar su compromiso con la causa. Era septiembre de 2018.

Dos años después, como si estuviese en una corte, Elena lee en voz alta su carta de renuncia: «Esta decisión me ha llevado mucho tiempo de reflexión, porque ingrese al proyecto con mucha motivación, pero poco a poco esto fue apagándose por una serie de situaciones de acoso laboral», dice sentada en un restaurante de comida rápida en San Salvador.

Con el tiempo, si algo aprendió bien fue a dar alegatos, así que, en la mesa, recitando, Elena cuenta las razones que la obligaron a dejar su empleo. Con la renuncia y las denuncias como pruebas de los maltratos de su jefe, la joven se concentra en señalar una de las causas: su edad y su género.

Al ser una institución nueva, el equipo de investigación era conformado por mujeres jóvenes que continuaban formándose en técnicas relacionadas con el objetivo de la institución. Su jefe, con experticia en el temática, era quien debía de coordinar e instruir al grupo para crear un plan de trabajo, pero esto no sucedió.

A disgusto con su «poca experiencia», su jefe convertía cada reunión de trabajo en un campo de batalla donde Elena era bombardeada con gritos y reproches cómo: «¿Tiene usted las competencia para ejercer esta labor?».

Cansada de escuchar los mismos señalamientos y familiarizada con la palabra acoso laboral -actos de violencia psicológica en el lugar de trabajo-, Elena puso una demanda ante el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

«Nuestro jefe inmediato bloquea el trabajo, al no gestionar recursos técnicos y logísticos para el buen desempeño de nuestras labores; descalifica de manera verbal y públicamente el trabajo, en especial razón, por nuestra edad y condición de mujer», puntualiza la denuncia presentada por Elena, en 2019, al ISDEMU.

Su denuncia tuvo poco eco, nadie respondió ante sus señalamientos, ni los altos mandos de su entidad creyeron en que los incidentes podían darse en un lugar que tiene como base la defensa de los derechos humanos.

Como Elena, otras 685 mujeres se vieron afectadas, entre enero de 2018 a mayo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos del país, expresó en su informe preliminar: la prevalencia de la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH, en el año 2018, el país atendió 1,020 denuncias por violencia en el ámbito laboral. El 60% de estas demandas corresponden a casos de acoso laboral o sexual.

«Recuerdo el día en el que tuve hacer mi primer peritaje, debía anotar cada detalle y la forma en la que habían sido ubicado todo. Para no cometer ningún error pedí asesoría y así asegurarme de que todo lo que había descrito era lo correcto, mi jefe no dudó en preguntarme si realmente ‘yo tenía las capacidades para hacer el estudio técnico’», cuenta Elena.

En su momento, Elena se cuestionó si denunciar era lo correcto, sobre todo en un país donde tener un empleo parece más un privilegio que un derecho. Uno que en cifras se traduce, aproximadamente, a 1.8 millones de salvadoreños sin trabajo u ocupación. Y donde ser una persona asalariada es mucho más complejo para las mujeres.

En El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, la tasa de la Población Económicamente Inactiva (PEI) asciende al 38.7%. De este porcentaje, las más afectadas son las mujeres encabezar el 75.7% de la PEI en 2018.

La encuesta también demuestra la gran diferencia entre los motivos que obligan a hombres y mujeres a no tener -activamente- un empleo. Las salvadoreñas que no forman parte de la fuerza laboral se dedican a los quehaceres del hogar mientras que los hombres se ocupan de estudiar.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

Julia Aguilar, economista especializada en la temática del cuido y participación laboral y sindical de mujeres, enfatiza en que el sistema económico está basado en garantizar condiciones precarias para las mujeres.

«Las mujeres están ocupadas, principalmente, en actividades de comercio y servicio. En este rubro, cada empleada es vinculada con los quehaceres del hogar, con la limpieza, atención de las personas y la cocina. Es un área pagada, pero con tan poca valoración social. ‘¿por qué las mujeres no buscan otras opciones?’, dicen muchos. Pocos entienden que, a pesar de buscar, no hay otras opciones para ellas en el campo laboral», sostiene Aguilar.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

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Sin alternativas y en búsqueda de soluciones, Elena acudió a la institución, que por hoy, es la más buscada para gestionar el cumplimiento de los derechos laborales: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). De acuerdo con ORMUSA, la entidad es un referente debido a que los mecanismos administrativos del MTPS, no implican una acción legal en contra del empleador, lo que evita represalias, como el despido, para el trabajador.

En diciembre de 2019, un mes antes de su renuncia, Elena llegó hasta la oficinas del MTPS para dar aviso de los abusos de su jefe. Pero buscar un espacio para establecer una denuncia, de momento, también es un terreno complejo. La oficina que se ocupaba de atender los casos por acoso laboral, inequidad salarial y actos discriminatorios desapareció -desde septiembre- de la Dirección General de Inspección de la entidad.

De aquella tarde, Elena aún recuerda la desesperación con la que llegó hasta las oficinas del MTPS para que alguien hiciera algo por ella. Las cartas de recibido -por cada denuncia- y su testimonio eran su única garantía para comprobar que algo sucedió, pero eso no valió.

«Me dijeron que no podían atender mi caso porque el ministerio no podía atender a empleadas de una institución estatal y que en esos casos solo podía actuar la PDDH«, asegura Elena.

En una pausa, en un respiro para continuar con su historia y no perder ningún detalle, Elena toma nota y dice: pregunté si podía regresar al ministerio si las cosas empeoraban y me respondieron que no podían conocer mi caso bajo ninguna circunstancia.

Por este tipo de omisiones, Ormusa, cree que es necesario contar con una unidad capacitada como la que existió por 11 años en el Ministerio de Trabajo. Carmen Urquilla, del programa de justicia laboral y económica de la organización, indica que no hay argumento que valide «el suprimir» un espacio especializado para la prevención de actos discriminatorios. Y es que, la mayoría de empleados, no cuentan con una acreditación en el tema de género.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

La necesidad de un espacio, como la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, es mucho más evidente cuando la DYGESTIC señala que: son 1.8 millones de mujeres las que se mantienen activas dentro del campo laboral y que, de este aproximado, al menos, 30 de cada 100 se han visto afectadas por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La violencia laboral no es un tema nuevo, pero se hace poco para combatirlo. El Salvador tuvo la oportunidad, a mediados de 2019, de ratificar el Convenio 190 de la OIT -durante la Conferencia Mundial del Trabajo- en Suecia; un acuerdo que reafirma la tutela de los Estados frente a los problemas del acoso y la violencia en el ámbito laboral. A pesar de ello, el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, se abstuvo de votar.

La votación estuvo dividida ya que el Consejo Superior del Trabajo, conformado por el gobierno, la empresa privada y la representación sindical, no logró un acuerdo. El sector privado emitió su sufragio en contra del convenio y la parte sindical estuvo a favor.

En un informe de inicios de noviembre, Rolando Castro, ministro de trabajo, detalla a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, las razones que llevaron al gobierno a abstenerse del Convenio 190 de la OIT.

«No se hicieron las consultas tripartitas previas a la discusión del convenio. Ante las posiciones opuestas de la parte empleadora y la trabajadora, se consideró que la manera más inclusiva y adecuada de abordar la discusión es a través del Consejo Superior del Trabajo. En ese espacio se debe consensuar la visión de la parte empleadora y la de los trabajadores», sostiene Castro.

Entre las justificaciones, el Ministro de Trabajo aseguró que la abstención no implica que el convenio no pueda ratificarse. Pero hasta la fecha, El Salvador permanece como uno de los Estados que no han validado el Convenio 190 dentro del sistema de la OIT.

La Red Feminista frente a la violencia en contra la mujeres asegura que es preocupante el retroceso de los derechos humanos que enfrentan las mujeres, especialmente, porque existen recortes importantes en el presupuesto general de la nación para tutelar y erradicar la violencia en 2020.

Entre esos recortes está la reducción al presupuesto de los programas de salud en el primer nivel atención y protección social como: bono para educación. También se eliminó el plan de fortalecimiento para la salud de la mujer y se reasignaron al nuevo ministerio de desarrollo social, los proyectos y recursos de la extinta Secretaría de Inclusión Social.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

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LAS AFECTACIONES QUE SE INVISIBILIZAN

Previo a su renuncia, Elena fue diagnosticada con depresión debido a que el ambiente laboral se le hizo insostenible.

«La situación afectó directamente mi autoestima profesional, trascendió al ámbito personal y familiar, por lo que me vi obligada a recurrir a asistencia psicológica», sostiene Elena.

El boletín estadístico más reciente del Ministerio de Economía, sobre los impactos de la violencia en las mujeres en sus espacios de trabajo, expone que las mujeres sufren repercusiones físicas, psicológicos y en otros aspectos de la vida cotidiana debido a los abusos en el ámbito laboral.

En promedio, 436 mil mujeres han sido afectadas por la violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo a lo largo de su vida. De acuerdo con el documento, lo más frecuente -en las mujeres víctimas de una agresión- es la pérdida o el cambio de empleo, seguido de efectos emocionales como la depresión o miedo.

A pesar de la cantidad de mujeres que se enfrentan a la violencia laboral, Rhina Juárez del Centro de Atención Legal de ORMUSA, asegura que es preocupante la falta de denuncia, pero sobre todo el desconocimiento de las mujeres por identificar el problema.

«La gente tiende a tolerar la violencia, no es que les guste, pero la necesidad del empleo las obliga a hacerlo. En nuestro último estudio sobre la percepción de la violencia laboral contra las mujeres, notamos que pocas logran caer en cuenta de lo que sucede en términos conceptuales. De 1,092 mujeres encuestadas, solo 282 identificaron el acoso laboral y otras 204 precisaron en qué es discriminación de género», asegura Juárez.

Sin ayuda, la única solución para Elena fue renunciar a su trabajo. Decidió que otro empleo, con mucha menos paga, era la oportunidad para huir de los malos tratos que enfrentaba.

«El acoso laboral se normaliza tanto que hasta quienes dicen llamarse defensores de derechos humanos lo ejercen», concluye Elena.

Ilustración de Moris Aldana

El colapso de los juzgados de la mujer

Fotografía

La noche del 30 de junio de 2018, Jocelyn Abarca salió con un grupo de amigos. En plena reunión, comenzó a recibir varias llamadas y mensajes de Ronald Urbina, su pareja. Contestó algunos, pero al percibirlo enojado, prefirió ya no seguir contestándole. Él, entonces, insistente en controlarla, llamó a sus compañeros de trabajo, a su familia y a su jefe.

Por esto, ni por noche ni al día siguiente, Abarca regresó a su apartamento, en la colonia Altos del Cerro, en Soyapango, donde vivía con Urbina. Lo que se convirtió en el detonante para que Urbina no parara de discutir. Abarca les había contado a sus amigas que quería separarse de él y había llegado al punto de hacer maletas para marcharse, pero él se había opuesto.

Abarca tenía 26 años y era egresada de la carrera de psicología. Con un crédito había comprado un carro y el apartamento donde vivía. Urbina, un distribuidor de agua embotellada, no toleraba que su pareja se superara, dice la investigación fiscal. Se burlaba del grado académico de Abarca y le decía que su título no le iba a servir para nada. Era, además, quien le autorizaba si se pintaba o se cortaba el pelo.

Las discusiones de aquellos días no eran nuevas. Urbina violentaba a Abarca y ya la había intentado asfixiar. Y, entre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de julio, la violencia llegó al límite máximo. Según la FGR, la asesinó de 40 puñaladas en su apartamento y desmembró su cuerpo, del que luego se deshizo entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Usó el carro de Abarca.

Urbina fue capturado el 11 de julio. Cinco días después, fue llevado a la audiencia inicial al Juzgado 11° de Paz de San Salvador, donde las dos fiscales del caso expusieron al juez Omar Hernández que Abarca fue asesinada porque ya no quería seguir en una relación con Urbina, y que esta relación fue desigual, porque él siempre la como vio un objeto de su pertenencia. Abarca había intentado liberarse.

Entre lo que encontraron los fiscales cuando allanaron el apartamento de Abarca estaba el libro «Violencia intrafamiliar, un grito en el silencio», con el cual los fiscales llegaron a presumir que Abarca se documentaba sobre lo que vivía en su relación.

El juez Hernández, por tratarse de un feminicidio agravado, la escala más alta del ciclo de violencia género y contemplado entre los 11 delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV), remitió el caso de Abarca al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador. Pero a cuatro meses que se cumplan los dos años que legalmente Urbina puede estar detenido al ser acusado de un delito grave, todavía no llega la audiencia de instrucción ni hay fecha para realizarla, confirma la FGR.

El equipo con el funciona este juzgado, de acuerdo con información oficial de la CSJ, está conformado por 11 personas: una jueza, un secretario, siete colaboradores judiciales y dos notificadores. Y de los seis Juzgados Especializados de la Mujer que hay en El Salvador, es el más cargado con procesos, porque atiende los siete departamentos de la zona central y paracentral.

En 2018, el tribunal recibió 1,067 casos y 817 más en 2019. El personal labora en una casa que ha sido adaptada para funcionar como un juzgado y como Cámara Especializada de la Mujer, donde las víctimas, los abogados y fiscales que esperan realizar trámites, se sientan en cuatro filas de silla, en una cochera, a la par de una reducida ludoteca.

En este lugar, es imposible que una víctima que lleva un proceso legal no se encuentre con el acusado.

Las flores favoritas de la agente Carla Mayarí Ayala eran los girasoles, estas que sobresalían de entre todas en su entierro, cuando un dispositivo de policías esperó sus restos en un cementerio privado de San Salvador, el 21 de septiembre de 2018.

Ayala había trabajado durante 20 años en la Policía Nacional Civil (PNC), la institución que la despedía sin que hasta entonces, el también colega, Juan Josué Castillo Arévalo, estuviera detenido. Y todavía no lo está.

La agente fue asesinada después de ser privada de libertad en una fiesta navideña del extinto Grupo de Reacción Policial, a finales de diciembre de 2017. El principal sospechoso del crimen es, para la FGR, Castillo Arévalo.

Tras meses de estar desaparecida, las osamentas de Ayala fueron encontradas en septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, en Usulután, el municipio en el que vivía Castillo Arévalo.

Violencia. Los cinco informes sobre hechos de violencia contra la mujer del SNDVM suman, desde 2015 hasta junio 2019, más de 93,000 denuncias por casos de violencia de género.

Durante el entierro, el exdirector de la PNC, Howard Cotto, cerró su discurso con una promesa para la madre de la víctima y familiares: llevar ante la justicia a los responsables del asesinato. Sin embargo, el caso fue judicializado en junio de 2018, y entre los detenidos nunca ha estado Castillo Arévalo.

En este proceso de feminicidio agravado son acusadas 13 personas, entre familiares de Castillo Arévalo y agentes señalados de haber sido cómplices del crimen. Tres de los acusados salieron de la cárcel el 18 de diciembre pasado, cuando el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador realizó una audiencia especial, porque estaba próximo a vencerse el plazo de su detención. Y aunque el juicio ya estaba programado para una semana antes, la juzgadora no lo instaló, porque tuvo que responder escritos presentados por abogados defensores que estaban inconformes con que sus clientes hayan sido enviados a sentencia.

«Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer.

La última Encuesta del Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), de 2018, a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, dice que en el país hay 3,516,910 mujeres, lo que representa el 52.9 % de la población.

Desde 2015 hasta junio de 2019, hay cinco informes sobre hechos de violencia contra las mujeres elaborados por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra Las Mujeres (SNDVM), que retoman cinco indicadores de las instituciones de seguridad y justicia, y del Ministerio de Trabajo: violencia feminicida, física, patrimonial, sexual y laboral.

Todos los informes suman más de 93 mil denuncias, precisa Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), y al menos el de 2019, fue construidos a partir de encuestas que contestaron mujeres mayores de 15 años, de las cuales, 6 de cada 100 dijeron haber denunciado los hechos de los que eran víctimas.

«Si pensáramos que, en realidad, la mayoría atendieran a las campañas famosas de ‘renuncia al silencio’, el sistema estaría colapsado», advierte Juárez.

Con base en el SNDVM, ORMUSA ha determinado que entre enero y junio de 2019, solo 26 % de estas denuncias alcanzaron condenas. En el mismo periodo de 2018, el año en el que Jocelyn Abarca fue asesinada y que fue judicializado el caso de Carla Ayala, la impunidad alcanzó el 77 % de los casos.

La organización ha establecido estos datos a través de la medición de sistema de cargas: cuántos casos ingresaron al sistema en ese tiempo y cuántos el sistema fue capaz de resolver en el mismo periodo.

***

Las autoridades encontraron el cuerpo de Abarca. Estaba desmembrado en seis partes, en una ribera del río Acelhuate, entre la 17 ° avenida sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador. Era el 6 de julio de 2018. Cuatro días después, su cabeza apareció en una quebrada de Antiguo Cuscatlán.

Hasta el 5 de julio, Urbina, la pareja de Abarca, se hizo pasar por ella para comunicarse con su familia a través de Whatsapp. Pero él ya la había matado, dijo en su momento la FGR. Al recibir mensajes poco usuales, la familia de Abarca denunció su desaparición y esta denuncia terminó con la captura de Urbina.

En el allanamiento de la casa de Abarca, la FGR también encontró rastros de sangre, que ya se sometieron a prueba científica, lo que ha fortalecido la hipótesis investigativa de que Urbina fue quien asesinó a la joven en su propio apartamento, sostiene la Coordinadora Nacional de la Mujer de la FGR, Gabriela Sagastume. Pasado más de un año y medio desde que comenzó la investigación, la FGR solo está a la espera que haya una fecha para la audiencia preliminar.

El único freno que existe en un juzgado para extender por un año más la detención de un acusado es cuando ya hay una sentencia y un tribunal superior, en este caso la Cámara Especializada de la Mujer, interviene, mientras los abogados o los fiscales están habilitados a presentar recursos y a esperar su respuesta. De lo contrario, si todavía no hay una sentencia, por ley, los jueces están obligados a liberarlo e imponerle medidas que garanticen que siempre siga siendo parte del proceso judicial. Esto incrementa el riesgo de fuga, dice la fuente judicial que está vinculada a tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer

Agrega que en el tiempo que la Cámara Especializada de la Mujer tiene de funcionar, desde el 3 de enero de 2018, ha atendido hasta el 25 de febrero de este año, menos de 10 casos con detenciones vencidas cuando aún no hay una condena. Esto representa menos del 0.3 % de casos por mes, pero advierte que se convierte en un indicador de que no se está llevando justicia en los plazos legales.

Para respaldar lo que dice, la fuente se refiere a que en la cámara hay denuncias de fiscales y abogados contra los juzgados de instrucción de Santa Ana y San Salvador por demorarse en dar resoluciones. La cámara ha intervenido y, en el 98 % de los casos, ha dado la razón de los atrasos. Ha pedido un informe de lo que sucede a los juzgados, pero de estos, solo ha recibido respuesta del tribunal de la capital, que también envía al mismo tiempo la resolución por cuya demora fue denunciado. No ha habido respuesta por parte de Santa Ana, un juzgado que el año pasado recibió un total de 309 casos.

La Oficina de Información y Respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de que entre enero de 2018 y julio 2019, hubo 83 denuncias en la cámara porque los jueces tardaron en entregar resoluciones. En julio de 2018 fue presentada más de la tercer parte de las denuncias.

Tres de estas denuncias las ha presentado la FGR por el caso de Abarca, asegura la fiscal Sagastume, ya que esta es la única alternativa legal para que el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer en San Salvador programe una fecha para la audiencia preliminar antes que se venza el plazo de la detención provisional de Urbina. Pero, dice, la jueza de este tribunal ha manifestado que no puede hacerlo, porque está saturada de trabajo.

«No es culpa de la jueza. ¿Cómo se le ocurre a la Corte hacer solo un juzgado de instrucción para que tenga competencia de siete departamentos del país, la mitad del país, y aparte de eso, de un tema que ellos tenían estadísticas del ingreso de violencia de la mujer y sabían que eran estadísticas elevadas?», cuestiona Sagastume.

La fiscal menciona que las juezas de instrucción, por la carga laboral, han llegado a remitir los expedientes desde sus juzgados hasta los de sentencia, a los 23 meses que un proceso ha iniciado. Es decir, la FGR y los defensores solo tienen mes para llegar a una sentencia, antes de que al acusado se le venza la detención provisional.

“Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar

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La jueza ha tenido que venir a trabajar los fines de semana para salir con todo el trabajo que tiene. Es una de las tres juezas Especializadas de Instrucción que hay a nivel nacional, pero prefiere no identificarse. Es la 1 de la tarde de un viernes y acaba de almorzar, pero antes tuvo que juzgar.

Todas las mañanas, esta jueza ha ideado una mecánica de trabajo: programa las audiencias intrafamiliares, de las que tiene más casos, entre las 8:00 de la mañana a 9:30, para luego quedarse con otras audiencias.

«Hemos hecho lo humanamente imposible para que no exista un desbordamiento de la jurisdicción aquí. El personal ha sido muy sensibilizado en la materia y pues ha dado hasta más de lo que puede dar un empleado», dice, pero acepta que su despacho tiene mora en los casos.

Los primeros dos Juzgados Especializados de la Mujer, de instrucción y sentencia, nacieron en San Salvador, en julio de 2017. Fue hasta enero de 2018 que comenzaron a funcionar dos más de instrucción y sentencia, en San Miguel y Santa Ana, autorizados para atender procesos de los cuatro departamentos de la zona oriental y los tres de la zona occidental, respectivamente.

Son los tres Juzgados Especializados de Instrucción, donde aún está el caso de Abarca, los que, de acuerdo con información oficial de la CSJ, tienen mayor carga laboral. Y es que ellos fueron creados para recibir diferentes tipos de procesos.

En su decreto de creación, la Asamblea Legislativa estableció que estos tres juzgados conocieran los 11 delitos especiales de la LEIV, que como el de Abarca y Ayala, fueron presentados por la FGR en un juzgado no especializado y luego fueron remitidos a los tribunales de la mujer.

Los juzgados también conocen cinco delitos específicos del Código Penal y casos en los que existe un delito del Código Penal mezclado con los 11 delitos de la LEIV. Por ejemplo, una mujer que haya sufrido de lesiones, pero que antes de ser lesionada también haya sido víctima de expresiones de violencia. De forma similar también funciona aquí la Ley de Delitos Informáticos.

A esto se suma que la posibilidad que tienen estos tribunales para procesar hechos de violencia intrafamiliar, decretar medidas de protección a las víctimas e imponer y dar seguimiento a medidas cautelares cuando exista discriminación a la mujer motivada por el género. Esta última función de los juzgados está basada en la Ley de Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, de la que todavía no hay un procedimiento como tal.

Saturación. El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador realiza hasta seis audiencias por día. En la pizarra está la programación del tribunal para una semana de febrero.

Es toda esta cantidad de procesos que están aptos para recibir lo que diferencia a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer con los de sentencia. Los últimos conocen los casos penales que le envían los Especializados de Instrucción de la Mujer. También pueden hacerlo los juzgados comunes de instrucción, solo cuando los jueces analizan que un caso que llega a sus tribunales, hasta entonces, no ha sido considerado violencia de género, pero sí lo es.

Aunque el decreto de creación de los Juzgados Especializados de la Mujer estableció que estos estaban facultados de conocer casos relacionados con la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar cuando la víctima fuera mujer y esto no implicara un delito, la jueza de instrucción dice que los juzgados de familia y de paz de la zona donde trabaja, que ya conocían de estos hechos, comenzaron a mandarles todos los casos a su tribunal con la idea de que fuera ella quien los resolviera.

No pasó solo en esa zona, Juárez conoce de casos de mujeres que fueron remitidas desde los juzgados de paz de la zona central y paracentral y desde los juzgados de familia, para el especializado de instrucción de San Salvador, con la excusa que en esta sede las atenderían mejor.

Esto hizo que la CSJ, el 20 de octubre de 2018, enviara una circular a los jueces de familia y de paz, en la que les indicó que después de un estudio había determinado que, gran parte de la saturación de los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, se debía al envío de las denuncias por violencia intrafamiliar, cuando ellos también eran responsables de no solo recibirlas, sino de tramitarlas hasta que el proceso terminara.

Más allá de las competencias de los juzgados, Juárez señala lo que esto significa para la realidad de una mujer que sufre violencia y necesitaba ayuda del juzgado más cercano. «¿Qué va a pasar? Ella va a ir a un juez de paz, le va a pedir auxilio, él le va a decir que no. Sencillamente va a regresar a la casa y va a favorecer la impunidad», dice, y asegura que ante la carga laboral, las juezas de instrucción priorizan los casos donde todavía no hay un hecho consumado y se enfocan en aquellos en donde hay un potencial riesgo feminicida, pero no debería ser así.

El informe de 2018 de la SNDVM señala que ese año, los juzgados emitieron 3,483 medidas de protección para que los victimarios no se acercaran a la casa, al lugar de trabajo o de estudio de las víctimas. Este acercamiento, que representa un 8 % del total de causas de la aprobación de las medidas, significa riesgo para un feminicidio, pero es la medida que menos otorgan los jueces, apunta Juárez.

La abogada, además, se refiere a la EHPM de 2017, que arrojó que el 94 % de las víctimas de violencia dijeron no confiar en el sistema, porque este fue incapaz de detectar la violencia por sí solo, cuando le corresponde de oficio, pero lo hace hasta cuando ya hay denuncias.

Desde ORMUSA se apuesta a tener centralizado un sistema de alerta temprana, para presentarlo a la PNC y así esta institución pueda identificar cuando un hombre esté incumpliendo medidas de protección a la víctima. «La apuesta de ORMUSA es que haya mujeres vivas, que no las asesinen», dice Juárez.

La jueza de instrucción que habló con la Revista Séptimo Sentido sostiene que la violencia de género no se está atacando, porque la realidad demuestra que la violencia intrafamiliar puede terminar con la muerte de una mujer. Pero ella apunta a la falta de preparación de los fiscales para representar a las víctimas. «La Fiscalía está en deuda con las víctimas de violencia de género. La Fiscalía no investiga, y sé que tienen una saturación de carga increíble, que las de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y la Mujer son unas unidades que tienen un sin fin de casos, pero si se judicializa uno se deben realizar todas las diligencias para que no se le mande un mal anuncio a la sociedad: pegarle a una mujer y aquí no pasó nada», aclara la juzgadora.

Cuenta que su tribunal ha estado inconforme, dos veces, con decisiones que han tomado fiscales, avaladas por sus superiores, que dejan en desventaja a las víctimas ante el sistema. Una de ellas está relacionada con la petición de sobreseimiento definitivo en un caso de lesiones, que por el vínculo entre la víctima y el victimario, debieron ser agravadas, pero no fue así.

En este caso, la FGR dijo que la víctima ya no deseaba continuar con el proceso, pero desde la institución que tiene el monopolio investigativo en el país, no se analizó el círculo de la violencia que ella sufría y que, por aquel momento, la víctima estaba en la etapa de luna de miel y había perdonado a su victimario, señala la juzgadora.

Uno de los problemas que ORMUSA ha identificado en los juzgados especializados, específicamente en los de San Salvador, es que su carga laboral no les permite que haya calidad en sus resoluciones, como la hubo cuando iniciaron a funcionar: fundamentadas bajo una perspectiva de género y desde el derecho antidiscriminatorio, y con la aplicación de estándares internacionales de protección a derechos humanos. Además, a criterio de Juárez, hay resoluciones de la Cámara Especializada de la Mujer que favorecen la impunidad, porque revierten decisiones de los tribunales aplicando las leyes comunes y no enfocadas en la violencia de género.

En esto coincide Sagastume. «Yo sí he visto resoluciones de la Cámara Especializada que me las podría haber hecho cualquier cámara penal. Sin perspectiva de género, sin ver la vulnerabilidad de la víctima», aduce.

Según Sagastume, en algunos casos no han podido hacer uso de cámaras Gesell, necesarias para que la víctima se sienta en un ambiente agradable para declarar y no esté viendo a su victimario. Lo hacen, dice, basados en el artículo 57 de la LEIV, que establece que la víctima puede dar su testimonio en condiciones especiales y de protección, con el objetivo de evitar el sufrimiento de las víctimas, quienes a veces pasan hasta dos años en los procesos judiciales por la carga de los juzgados.

Pero para la fiscal, el tribunal superior entiende que esto se trata de una prueba anticipada que la FGR pide y deja entrever que el ministerio público no va a tener disponible a la víctima durante el proceso. Les ha llegado a pedir como requisito que la solicitud del uso de la cámara Gesell esté amparado en el peritaje psicológico de las víctimas, cuando muchos de estos peritajes ni siquiera lo valoran como una opción para que la víctima declare.

El 18 de enero de 2018, la mamá de Carla Ayala llegó a Casa Presidencia para entregarle una carta al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en la que exigió esfuerzos para encontrar a su hija y que esto no fuera un caso más sin respuesta.

La PNC, en septiembre de ese año, dijo, todavía sin base científica, que los restos encontrados en el caserío Los Ríos eran de Ayala. Oficialmente la institución también señaló que había sido la misma madre de Ayala que había reconocido prendas de ella en la escena.

Estas declaraciones hicieron que, un sábado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) montara una conferencia de prensa, en la cual su director, José María Tojeira, calificó de show y poco responsable lo que la policía estaba haciendo. Arnau Baulenas, abogado de este instituto, insistió en que no era justo para la familia de Ayala que se estuvieran haciendo especulaciones.

El IDHUCA es el acusador particular en el caso de Ayala y ha pedido a la PNC que indemnice a la familia de la agente. Ya el 20 de noviembre del año pasado, Baulenas advertía que era alarmante que el caso de Ayala todavía no terminara.

Contra el reloj. La sobrecarga de los tribunales especializados conlleva a que los plazos de detención de los acusados se venzan y ellos queden en libertad, sujetos al proceso solo con medidas.

«El acompañamiento es determinante, porque no es solamente estar ahí al lado de la mujer, sino que la mujer siente como ese apoyo, porque se va a enfrentar con la persona en un medio en que muchas veces es intimidante: una mesa donde está un juez, está el denunciado que le ha propiciado violencia, que puede ser por años», dice Marta Bessy Chacón, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR es una de las instituciones estatales que dan acompañamiento psicológico y legal a las mujeres que son víctimas de violencia, además de prestarles el servicio de representación legal en los procesos. Hasta el momento cuenta con 50 personas, entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, que forman equipos especializados para brindar este servicio en las 15 de las 18 procuradurías auxiliares que hay a nivel nacional.

La PGR puede remitir a mujeres que sufren violencia a los tribunales especializados, cuenta la socióloga Beraliz Argueta.

Argueta, la única en su rama dentro del único equipo multidisciplinario que trabaja para estos juzgados, habla que no dan abasto con todas sus responsabilidades por la carga que hay en los tribunales. El grupo, que además, está conformado por cuatro psicólogos, un educador y tres trabajadores sociales, fue contratado por la CSJ con la idea que ayudaran a los juzgados, entre otras responsabilidades, haciendo diferentes tipos de informes que, no son pruebas en los procesos judiciales, pero que les ayuda a las juezas a analizar el contexto en el que vive una mujer que es víctima de violencia.

Parte de sus funciones también consiste en verificar la necesidad de medidas de protección que piden las mujeres a los juzgados y verificar que, una vez otorgadas, el hombre denunciado las cumpla. Pero esto requiere tiempo y recursos, y el equipo estaba atendiendo solo hasta el 17 de febrero la tercera parte de todos los casos que trabajaron en 2019. Son más de 60 casos que tienen que atender los psicólogos y trabajadores sociales, cinco casos por semana.

En papel ha quedado la existencia de más equipos multidisciplinarios que estableció el decreto de creación de los juzgados especializados. Ante esta carencia, la jueza de instrucción a la que entrevistó esta revista, se auxilia de trabajadores sociales de los juzgados de familia. Ellos, sin embargo, comenzaron trabajando peritajes sin ningún enfoque de género, dice.

Argueta señala que el gobierno de Nayib Bukele no ha dado prioridad a las mujeres víctimas de violencia. Para explicarlo mejor, se refiere al despido de la mayoría de los colaboradores de las Oficinas Locales de Atención a las Víctimas, que es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de donde ellos remitían a mujeres para que contaran con asesoría legal.

Juárez retoma el SNDVM de 2018, que revela que la inversión del todas las carteras de Estado para las mujeres es de menos del 1 % del Presupuesto General de la Nación, por lo que considera que esto se trata de un problema masivo y sistemático.

El Órgano Judicial es el órgano que más dinero dispone del presupuesto, alcanzando el 6 %. El monto para operar en el 2020 es de $302, 250,265. Más de la mitad de está destinado a la administración de justicia. De acuerdo con la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador contará con una jueza interina que recibirá los nuevos procesos, al tiempo que la actual jueza atienda los ya ingresados. Esto, asegura la Unidad de Comunicaciones de la institución, será a partir del 1 de abril.

La funcionaria también dice que se tiene previsto que, en agosto, haya dos juzgados más de instrucción en San Salvador, y dependiendo del flujo de procesos, se cree otro de sentencia.

«Creo que si se lograra capacitar a todos los jueces con enfoque de género, el fenómeno (la saturación) se erradicaría», señala la jueza de instrucción entrevistada, y habla esfuerzos desde la CSJ y el Consejo Nacional de la Judicatura para capacitar a los jueces.

El juicio sobre el caso de la agente Carla Ayala está programa para que inicie el 16 de marzo. En el caso de Jocelyn Abarca, todavía es incierto cuándo será la audiencia preliminar. Mientras, más mujeres que están siendo víctimas de violencia se avocan a un sistema saturado, que no está a la altura del problema.