La esperanza puesta en un tanque de oxígeno

Fotografía de La Prensa Gráfica – Archivo

En San Salvador, en la 25 avenida norte, la gente, adentro de sus carros, forma largas filas para esperar por uno, dos o más tanques de oxígeno medicinal. Serán unos 30 o 50 autos, la cantidad varía entre las primeras horas de la mañana y el mediodía, a las afueras de una empresa de equipos e insumos médicos. Ahí, como primero en la fila, está Reynaldo, un hombre calvo con una barba de candado, una calzoneta comando y una camisa negra que hace alusión a una banda de thrash metal.

Para ser el primero, Reynaldo, ha tenido que madrugar. Espera desde la cinco de la mañana para poder ser atendido a las 8:00 am. Aguarda en su carro y lo acompaña, en el asiento del pasajero, un tanque vacío de 370 pc, el cilindro de mayor cantidad, para cargar oxígeno medicinal. Su madre, una mujer de 66 años, tiene problemas para respirar. Su saturación de oxígeno, según Reynaldo, alcanza el 82% cuando esta debe rondar, al menos, entre el 95% y 100%. Ella siente, dice, algo así como un fuerte y constante «apretujón» en su pecho. Y eso la mantiene cansada y sin habla.

«Lo primero que le dio fue la fiebre de 38 grados, la tos; luego, vino el cansancio que fue de a poco. Aunque llegó un momento en que se quedó sin aire y me la tuve que traer de emergencia», cuenta Reynaldo.

La emergencia -la madrugada del 25 de Junio- obligó a Reynaldo a viajar con su madre hasta el Hospital Nacional Zacamil, en el municipio de Mejicanos, pero no fue atendida. Eran dos o tres médicos para un océano de pacientes que no alcanzaban a llegar hasta la sala de emergencia y esperaban en el parqueo del lugar. El espacio había colapsado ante el incremento de los casos por coronavirus que, según las cifras oficiales, ya alcanzan los 8,566. Y, la semana pasada, superó los 13 mil.

En una entrevista radial, Francisco Alabí, ministro de salud, aseguró que el sistema y la red de atención para el tratamiento del covid-19 «está al 100%». Esto a pesar de mantener por tres meses una declaratoria de emergencia que desembocó en una cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo y restricciones de movilidad que limitaban la circulación de los ciudadanos a fechas específicas, de acuerdo al número de identidad, hasta el 16 de junio.

Alabí también enfatizó en lo necesario que es conocer tratamiento y evolución de un paciente que llega con una dificultad respiratoria y necesidad de oxígeno al sistema de salud: «Los hospitales tienen el oxígeno necesario en relación a la capacidad que tienen las áreas hospitalarias, pero no para cada salvadoreño que se contagie», expresó Alabí en su momento.

En El Salvador, los pacientes con covid-19 son atendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e Intermedios. Una capacidad instalada de UCIS que a nivel nacional, de acuerdo al gobierno, ronda las 105 camas. Una cantidad que se distribuye en: 21 unidades en el Hospital Nacional Rosales, 20 en Hospital de Niños Benjamín Bloom, 15 en Hospital Militar Central, 15 en Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Saldaña, seis en Hospital Nacional Zacamil y cuatro en el Hospital Nacional San Rafael.

Sin embargo, el Ministerio de Salud detalla que la cantidad de pacientes en estado crítico es de más de 500 personas, mientras que otras 1,000 se encuentran graves. Lo que supone un total 1,500 salvadoreños para 105 camas. Es decir, el sistema de salud tiene, de momento, una capacidad para atender menos del 10 % de estos casos.

Larga espera. La gente espera por horas para poder comprar tanques de oxígeno en la capital.

Cuando su madre no fue atendida, Reynaldo decidió instalar su propia UCI en su hogar. Preparó un cuarto para aislar a su madre con dos tanques de oxígeno de 370 pc, una cánula nasal, agua destilada, un vaso humidificador, una cama y un médico disponible por teléfono. También canceló un depósito por los cilindros por $452 y compró un regulador de aire por $250. Y paga, diariamente, por la carga de oxígeno -en cada tanque- $26.39. Un gasto que se suma a la cuenta de sus tarjetas de crédito.

“Los cilindros de oxígeno no se alquilan, como se informaba recientemente, y básicamente el procedimiento es dejar un depósito en garantía (varía el monto de acuerdo a cada presentación), ya que los cilindros son propiedad de INFRASAL y no se venden, el único que en algún momento puede comprarse es el cilindro de 23 PC (que es fácil de mover para viajes), en el caso que se tenga existencias. Por lo anterior, el depósito único (no es mensual) por cilindro será devuelto íntegramente con IVA si es antes de los tres meses, y sin IVA después de los tres meses (se paga a Hacienda)”, explica René Montiel, gerente de mercadeo y comunicaciones de Grupo Infrasal.

«En los hospitales a uno solo le avisan para ir a recoger el cuerpo. Así que me han dado todas las instrucciones para el tratamiento del covid-19 desde casa», dice Reynaldo mientras enciende su automóvil e ingresa a las instalaciones, tras cuatro horas de espera, para recargar un tanque. Un procedimiento que luego de dos semanas se ha materializado en una suma de $1,800.

La tasa de casos por coronavirus apunta un ascenso. Esto ha coincidido con el aumento de la demanda de tanques medicinales de oxígeno que rondan los precios de $6.05 por la carga del cilindro de 23 pc y un depósito de $84.75; $19.21 por un tanque de 220 pc y $226 de depósito; mientras que el de 110 pc equivale a un recargo de $11.24 y $158.26 por depósito.

“El tiempo y la creciente demanda han causado colas en la sala de venta de la Colonia Médica (ahora ya tenemos separado el servicio para particulares (esquina frente al Guadalupano), con eso hemos agilizado sustancialmente el servicio, que se suma a la aplicación de un estricto protocolo de desinfección de los cilindros para resguardar la salud de nuestros colaboradores, y la de nuestros clientes”, agrega el gerente Montiel, en nombre de Infrasal.

 

En fila de peatones está Sonia. Una mujer de 60 años que espera sentada bajo un árbol de Laurel, el único, que da un poco de sombra entre una jungla de pavimento a la que solo le adornan clínicas, farmacias y oficinas administrativas. Escondida detrás de su doble mascarilla de tela negra narra que, hace solo una semana, adquirió un tanque de oxígeno que le ayudaría asistir a su esposo luego de que el seguro privado dejó costear el tratamiento por covid-19.

En esta mañana, Sonia comenta que su esposo empezó con unas fiebres, «tosecitas» y un cansancio al andar: «En el hospital me le dijeron que era covid-19, pero no sé. No sé si le hicieron pruebas. El doctor solo me pidió un tanque de 220 pc para empezarlo a tratar en la casa, porque el tratamiento ahí era muy caro».

Con las indicaciones del médico, Sonia pudo reunir lo del depósito y la carga de oxígeno, pero no tenía para más. Así que ha vuelto por el depósito tras no utilizar el cilindro, cree que este día, podrán transferir a su esposo hacia un centro de atención del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

«No me lo pueden dar con ese cansancio. Me dijeron que este tanque le iba a durar 24 horas. No lo podía pagar. Me dijeron que me lo van a mandar para allá», susurra Sonia mientras se levanta y llega su turno para entrar.

“En los hospitales a uno solo le avisan para ir a recoger el cuerpo. Así que me han dado todas las instrucciones para el tratamiento del covid-19 desde casa”, dice Reynaldo mientras enciende su automóvil e ingresa a las instalaciones, tras cuatro horas de espera, para recargar un tanque. Un procedimiento que luego de dos semanas se ha materializado en una suma de $1,800.

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Debido al colapso del sistema de salud para la atención de pacientes bajo sospecha de covid-19, algunos enfermos han tenido que esperar, al menos, dos o cuatro días para ser atendidos en Unidades de Salud de la red pública o centro médicos del ISSS. De acuerdo a Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, hay pacientes con oxígeno en espacios que no son hospitalarios mientras aguardan un cupo para ser trasladados.

«Hemos sido informados de que todo el sistema está saturado. No solo son los hospitales, también son las unidades médicas del seguro social y las unidades de salud», asegura el Presidente del Colegio Médico. Entonces, ¿Con qué cuenta el gobierno para combatir la pandemia?

En cadena nacional, hace poco más de un mes, el presidente Nayib Bukele, inauguró el Hospital El Salvador. Un espacio que, de acuerdo con el mandatario, contará, de manera gradual, con 1,000 camas UCIS y otras 1,000 de cuidados intermedios. Aunque, de momento, en su primera fase, solo dispone de 400 unidades: 105 para cuidados intensivos y 295 de uso intermedio. Un número de camas que aliviaría la saturación del sistema. A pesar de ello, solo se ha recibido un «número limitado» de enfermos de covid-19 previamente referidos por los hospitales nacionales.

La idea es absorber a los pacientes que están graves en la primera etapa, aseguró Manuel Bello, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Salvador: «Estas 400 camas equipadas se usarán de forma gradual. No es conveniente recibir la misma cantidad de pacientes cuando se comienza un proyecto de este nivel. Tampoco cuando el personal se va adaptando a las instalaciones», explicó Bello en una entrevista televisiva.

La operatividad del Hospital El Salvador también se ha limitado al uso de las 105 camas UCIS. Esta construcción que fue agenciada por Nayib Bukele como el hospital «más grande de Latinoamérica» para atender pacientes por covid-19, tampoco da uso completo a los 14 kilómetros instalados de una red de oxígeno y aires médicos para el funcionamiento de, al menos, 1,000 unidades de cuidados intensivos. Algo que se traduce en dos tanques que ocupan 30,000 galones de oxígeno medicinal.

Antonio ha venido en caravana junto a una ambulancia de la municipalidad de Nejapa. Su peregrinación inició desde Soyapango y ha terminado en la colonia médica de San Salvador. El joven asegura que ante las filas interminables por oxígeno -en la capital- decidieron probar suerte en otra sucursal, pero el personal del establecimiento que se encuentra sobre el bulevar del Ejército le informó sobre el desabastecimiento de cilindros de 23 pc.

En busca de alivio. La demanda de tanques de oxígeno creció ante la falta de cupos en los centros asistenciales del país, que están saturados de personas con síntomas de covid-19.

Durante los últimos cinco días, su abuelo ha presentado síntomas de covid-19. «Le falta el aire por una fuerte tos», insiste Antonio. Frente a las imágenes del colapso del sistema, donde mujeres y ancianos esperan en colchonetas en los estacionamientos de los hospitales nacionales, la familia ha decidido aislar a su abuelo y atenderlo con terapias respiratorias en su hogar. Pero les ha sido imposible costear un depósito de $84.75 por el cilindro de 23 pc. Tuvieron que acudir a la clínica comunal para que les prestaran un cilindro -de esa cantidad- sin ningún costo.

Ahora su preocupación ronda en el pago de la carga diaria de oxígeno medicinal: $6.05. Y es que luego de tres meses de cuarentena domiciliar, la familia no ha podido retomar la venta de pupusas en la localidad. Ha sido uno que otro ahorro lo que los ha ayudado a subsistir. Pero se está acabando.

«Tendremos que racionar las terapias», dice Antonio. Luego repite: ¿Qué pasará cuando no haya manera de cargar el cilindro? «Solo Dios con uno».

Con la escalada de casos por coronavirus, el Ministerio de Salud ha dispuesto que la segunda fase de actividades económicas sea pospuesta. Nada más. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa ha propuesto una cuarentena focalizada en los municipios que más reporten contagios. Que -de aprobarse- iniciaría en San Salvador, Santa Tecla y San Miguel. Ante esto, el gobierno ha reiterado que «vetará» la iniciativa del parlamento debido a que el país necesita una nueva «cuarentena total».

Néstor ha llegado «a ciegas» hasta la fila de tanques oxígeno en San Salvador. No tiene una receta médica y tampoco sabe lo que necesita para asistir a su padre con terapias respiratorias. Solo puede describir como al hombre de 55 años se le cierra garganta y se le corta el habla. En esta búsqueda por asistir su propia emergencia por covid-19, Néstor es informado por los ejecutivos de ventas que, con receta, puede conseguir tanques de oxígeno, válvulas, cánulas, agua destilada y humidificadores, pero no de reguladores, que cuestan $250. Esta vez no es por el precio, es por el desabastecimiento ante la demanda de las últimas semanas. Sin ello, le aseguran, es imposible dar una terapia.

«Debemos de resolver por nuestra cuenta. Son nuestros familiares, al final, no importa lo económico», concluye Néstor mientras busca otra opción en redes sociales para asistir a su padre.

«Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi»

Fotografía LPG / Archivo

Nadie le tomó la temperatura ni le entregó gel alcohol para que se limpiara. Menos encontró una bandeja desinfectante para los zapatos. A diferencia de lo que sucede en un supermercado, en una sucursal bancaria o en casi cualquier oficina, ingresar al área de emergencias del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador, no supuso mayor protocolo el día en que ella llegó con su padre enfermo.

Ella conocía el estado de salud de su padre. Delicado, sí. Desde marzo, él se quejaba de un dolor en el pecho por el que ya le habían sacado placas de tórax sin que en estas apareciera algo que llamara la atención. El dolor siguió y se mezcló con la cuarentena, la medida impuesta para contener el contagio de covid-19. En el encierro, el estado emocional de este hombre de tercera edad decayó. Y el físico también se fue complicando más de lo previsto, porque, aunque la intención que la institución comunicó desde el inicio fue la de garantizar las consultas a pacientes crónicos y los exámenes a quienes tuvieran procesos impostergables, en la práctica no se cumplió.

El padre, de 84 años y quien el año pasado se sometió a una cirugía cardiovascular, perdió citas con cardiólogo, con cirujana vascular y con un urólogo. También perdió exámenes que ya estaban pautados y que pudieron ayudar a afinar el diagnóstico y el tratamiento para evitar complicaciones. Por la suspensión de las atenciones programadas, «se prevé una reducción gradual y sistemática en el volumen de atenciones brindadas», anuncia el ISSS en su informe de coyuntura del mes de junio. Todas las prestaciones de servicios marcan una variación negativa. Las consultas externas se redujeron en un 19 %, las odontológicas en un 32 % y las intervenciones quirúrgicas en un 11 %, por ejemplo.

El ISSS brinda cobertura en salud al 27 % de la población salvadoreña, que es la que cuenta con un empleo, es beneficiada por lazos de afinidad o consanguinidad, o está pensionada. Este es un servicio médico prepagado por el que se descuenta cada mes tanto al patrón como al trabajador. En plena pandemia, cuando la cuarentena mantuvo en suspenso la mayoría de actividades productivas durante 3 meses –y algunas siguen cerradas-, los números de la institución han comenzaron a bajar. Si se comparan los reportes solo del sector empleador privado de enero y de abril, la cantidad de patronos cayó en un 13 % y la de trabajadores en un 8 %. En cuatro meses, han dejado de cotizar 61,572 personas en el sector privado.

Autofinanciado. En conferencia de prensa, el Sindicato de Médicos del ISSS denunció que el personal ha tenido que comprar su propio equipo de protección durante la emergencia por covid-19.

«La reducción de las actividades productivas está afectando la capacidad de pago de los empleadores y, por tanto, es lógico esperar, en los próximos meses, una caída en la presentación de planillas al ISSS y, sobre todo, en el pago efectivo de las cotizaciones con la consecuente pérdida de ingresos para el Instituto; situación que se puede ver potenciada por la pérdida de empleos en el sector privado, producto de la contracción económica nacional e internacional», se lee en el Informe de Coyuntura que el ISSS tiene actualizado hasta junio.

El ISSS representa el 40% del gasto público en salud. En pandemia, el ISSS recibe un doble impacto. Por un lado, está obligado a responder con más recursos humanos, de infraestructura, y de servicios de emergencia ante una demanda desbordada. Por el otro, las medidas para evitar el cotagio de covid-19 mantienen suspendidas o mermadas las actividades comerciales y la industria y, con esto, cada mes percibe menos recursos. El agujero financiero que se está formando solo se ensancha.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ), ubicado en la capital, donde a la que llamaremos acá Teresa llegó en busca de atención para su padre.

Teresa llegó a la emergencia con un fajo de exámenes bajo el brazo. Ya llevaba cinco días de rebotar por los consultorios privados de cardiólogo y nefrólogo. Y ya había dejado una buena cantidad de dinero en todas esas pruebas que indicaban que su padre tenía un cuadro de anemia, una alteración en la capacidad filtradora de los riñones y sangre oculta en heces. El viernes 25 de junio, lo llevó al consultorio privado de la cirujana vascular y, ante los resultados, la especialista fue categórica: necesitaba ser ingresado en un hospital y necesitaba, con urgencia, una transfusión sanguínea.

En El Salvador, el gasto nacional en salud representa un 7 % del Producto Interno Bruto. Es decir, alcanza los $1,937 millones de dólares al año. De esta cantidad, un 67 % es gasto público y un 33 % es gasto privado. Dentro del gasto privado, aparece la participación de las empresas comerciales de seguros médicos y también el Gasto de Bolsillo de los Hogares en Salud (GBHS). Este último es el que las personas hacen de forma directa «cuando pagan por atenciones en salud (honorarios médicos y servicios de hospitalización; compra de medicamentos, pago por servicios de apoyo diagnóstico y de laboratorio y otro gasto directo relacionado con servicios de salud)», de acuerdo con el Informe de Memoria de Labores del Ministerio de Salud del año pasado.

«Esta variable (GBHS) es de suma importancia –dice el documento-, porque revela cuánto del financiamiento en salud es soportado por los hogares en un período determinado y en la que su importancia relativa está directamente asociada al grado de equidad y protección financiera en salud de la población». Esta es la cuenta en la que se incluye todo el gasto que Teresa hizo en exámenes y en consultorios privados en un intento por evitar ir hasta uno de los colapsados hospitales. Esta es la cuenta que la pandemia ya está haciendo subir ante la incapacidad del sistema de salud público de absorber la demanda. El informe de 2019 sitúa en $523 millones este gasto que sale de los bolsillos de un privilegiado grupo que tienen cómo hacer frente.

La sugerencia que la especialista vascular le hizo a Teresa fue la de buscar un centro asistencial que contara con máquinas de diálisis, un proceso que sirve para hacer la labor de limpieza cuando los riñones presentan daño. Además, recomendó otra placa de tórax, ya que, escuchaba ruido en los pulmones y podía ser otra complicación del cuadro que ya llevaba. «Nosotros evaluamos seguir en lo privado, pero, realmente, escapaba de nuestra capacidad económica, era un gasto bárbaro», cuenta Teresa.

Sin recursos. Los tiempos de espera por una camilla se han alargado. Una usuaria esperó 12 horas para que hubiera cupo para ingresar a su padre.

No sin antes evaluar el riesgo, Teresa y su familia decidieron seguir la instrucción e ir al hospital Médico Quirúrgico. «Yo me llevé a mi papi protegido con todo lo que teníamos. A ellos (padre y madre) nosotros siempre los cuidamos, no salían, y para entrar a la casa de ellos nos desinfectábamos. Ir a los hospital fue una decisión que tomamos porque ya no había más opción, necesitaba ayuda que solo ahí le podían dar», cuenta Teresa.

Teresa y su padre llegaron al MQ a las 2:30 de la tarde del viernes 26 de junio. Ahí, le recibieron los papeles, revisaron los exámenes, y el personal médico evaluó la carta con las instrucciones enviadas por la cirujana vascular que remitía al paciente. Pero había muy poco por hacer. Ante la falta de cupo en el centro asistencial, la única opción era esperar.

Teresa acomodó a su padre en una silla de ruedas que le proporcionaron. Desde donde estaba, podía ver a la gente a la que el personal médico acomodaba bajo toldos, a la espera, como ellos, pero con signos de enfermedad respiratoria. Desde ese lugar, pudo ver que el vigilante de la emergencia recibía a la gente de las ambulancias, a los enfermos, a los familiares de los que no podía valerse solos y a todos los atendía apenas protegido con una mascarilla.

Ella misma entró y salió varias veces de Emergencias para preguntar si había cupo, si alguien podía evaluar a su padre, si podían darle algo mejor que una silla de ruedas a un hombre enfermo de más de 80 años. En todas esas veces, nunca le pidieron higienizarse. No había cómo ni con qué. Adentro, relata Teresa, la gente usaba –usa– las mascarillas que puede, unos van con tela. «Y ahí a nadie le andan ofreciendo otra mascarilla o algún otro recurso para protegerse o proteger a los demás», agrega.

Desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde, el padre de Teresa estuvo en una silla de metal que tenía el respaldo roto. Si se acostó un rato, fue porque el hermano de Teresa llegó con el carro y, en el parqueo, pudieron colocarlo ahí para que descansara. Alrededor de ellos, había gente con mucho menos recursos, igual de vulnerable, emocionalmente golpeada y en una espera incierta.

En el Plan Anual de Trabajo 2020, una de las metas del ISSS era atender las emergencias en 15 minutos. Y también mejorar la satisfacción de los usuarios para llevarla más allá de una calificación de 7.5. Para cuando el documento fue redactado y publicado, la pandemia de covid-19 era solo un murmullo lejano. Teresa y su padre pasaron 12 horas esperando que hubiera una cama libre. En ese transcurso y ante la insistencia de ella, un médico le ofreció dejarlo en un carro (camilla), en el pasillo, pero le advirtió que era «área covid» y que estaría expuesto. Teresa no aceptó.

Para ese momento, Teresa había detectado una serie de riesgos de contagio en la forma en la que se maneja el flujo de pacientes en este hospital. Y de todas esas grietas, una le llamó mucho la atención. «Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi«. Señala que el hecho de que diagnóstico con el que entró su padre no era covid-19, no reducía la posibilidad de contagio en un ambiente en el que no se miraba rigor ni separación de áreas.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ).

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El 14 de julio, el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISS) hizo una conferencia en la que exigió mejores condiciones laborales para el personal médico de primera línea y, sobre todo, señaló la falta de equipo de protección. Un vocero leyó una serie de reclamos urgentes, entre los que citó la erogación de fondos y salida de insumos que se necesitan para compra de equipo de protección, medicamentos y para más contratación de personal para primera línea. Denunció, además los «errores en la planificación, tanto en la determinación de espacios geográficos adecuados, como de algoritmos de atención para los pacientes sospechosos o confirmados de la enfermedad afectando el derecho a la salud de todos los usuarios y el derecho laboral de los trabajadores».

El 14 de julio es el día del médico. El vocero, con una mascarilla blanca y acuerpado por otros colegas, leyó en el mismo tono que los «trámites engorrosos para la adquisición y distribución de los equipos de protección personal ha obligado a que sea el trabajador el que asuma el costo económico para obtenerlos». El vigilante y el médico a quienes Teresa vio mal protegidos en medio de un ambiente desordenado muy probablemente usaban mascarillas compradas por ellos mismos. Lo mismo quienes estaban en la mesa, al frente de la conferencia.

Después de varias horas, ya entrada la madrugada, el padre de Teresa fue ingresado. «Yo fui con él, desinfecté la cama, lo arrope y lo dejé acostado. Vi que una enfermera lo atendió y le colocó un catéter y le pasó suero. Lo dejé ingresado, acostadito«, explica ella. «Al día siguiente, nos llamaron para decirnos que había fallecido». No pasó ingresado ni 24 horas.

Y, entonces, empezó otro proceso que no se esperaban ni Teresa ni su familia. El hospital registró como causa de la muerte el covid-19. No hubo prueba. A Teresa se limitaron a mostrarle una placa de tórax como muestra de que había indicios de neumonía. «Mi papá tenía anemia y lo que necesitaba era una transfusión, estaba hinchado,pero me di cuenta de que ahí nunca tuvieron la mínima intención de hacerle esa transfusión de sanguínea que urgía y menos de facilitarle diálisis», indica.

Teresa hizo reclamos, pero la causa de muerte no cambió. Para la institución, el hombre de 84 años que ingresó un viernes por la tarde en busca de una transfusión de sangre y una diálisis murió el sábado a medio día por covid-19. Su cadáver, pese a esta clasificación, se mantuvo por más de cinco horas en la misma cama hospitalaria en la que Teresa lo había arropado horas antes. «Yo pasé, entré hasta ahí y lo vi, estaba solo cubierto con una sábana; y, ahí, había otros pacientes a la par», cuenta sin esconder la emoción que le provoca el recuerdo.

Ingresos. El desempleo en el sector privado significa que el ISSS recibe menos dinero. Entre enero y abril, más de 61 mil personas dejaron de cotizar.

La tasa de mortalidad del ISSS ha aumentado. El primer semestre del año pasado, la general fue de 3.3 por cada 100 mil egresos. Mientras que en este año, en el mismo periodo, fue de 3.8. Cuando se ve solo a nivel metropolitano, que abarca el hospital MQ, pasó de 4.2, en 2019, a 4.6 por cada 100 mil egresos en 2020.

A Teresa no le entregaron el cadáver de su padre ese sábado. Tampoco el domingo, ni el lunes, ni el martes. Fue hasta el miércoles que el personal del Ministerio de Salud y de la funeraria coincidieron para ejecutar el proceso bajo «protocolo covid«. En medio, Teresa conoció a otras familias con una historia plagada de carencias, como la de ella y su padre.

Que la causa de muerte haya sido covid-19 no ha implicado que se busque nexos epidemiológicos entre la familia. Teresa señala que no descarta abrir un proceso legal por la forma en la que se trató el caso de su padre: «El responsable de que todo en el hospital se haya contaminado es el Estado, el responsable de que no haya protocolos y de que el personal no tenga cómo protegerse es el Estado; esto no es por mi papi, que fue un hombre maravilloso y que ya descansa, es por todas las demás familias que no merecen que les pase los mismo que a nosotros».

En medio de la pandemia, Sara busca a Miguel

Ilustraciones de Moris Aldana y Carlos Aguirre

Miguel salió rumbo a Montelimar en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz, a eso de la una de la tarde luego de una llamada con un cliente que le solicitó gas propano. Su trabajo consistía en entregar productos a domicilio en la misma localidad. Ir y venir con pedidos a los barrios El Carmen, El Calvario y Cuyultitán era una tarea que, en los últimos siete meses, desarrollaba sin problemas en su motocicleta. A pesar de que debía de cruzar territorios entre una pandilla y otra, rivales, para llegar a las comunidades.

Aquella tarde del 9 de abril, Miguel recogió en el despacho de productos, ubicado en el casco urbano de Olocuilta, dos cilindros de gas de 25 libras y se dirigió hacia Montelimar. Al llegar, Miguel se detuvo en un control vehícular para limpiar las llantas de su motocicleta y ser rociado con una mezcla de alcohol y cloro en un ritual de desinfección que adoptó la comunidad para escapar del coronavirus durante la cuarentena domiciliar que inició el 21 de marzo. Ahí fue visto por última vez.

Quien cuenta esta historia es Sara, la madre de Miguel, una mujer de 40 años a la que el paso de los días, 88 para ser exactos, le ha robado la tranquilidad ante la ausencia de Miguel. Sentada en una hamaca en el pasillo del pupilaje donde vivía su hijo, un pequeño cuarto donde el joven de 21 años acuñaba una cama, unos cajones que ajustaba como ropero y una cocina de mesa, Sara suplica saber: ¿Qué pasó? ¿A dónde está?

En El Salvador, dar respuestas a las súplicas de familias que, como Sara, piden una explicación de cara a la desaparición de un hijo, una hija, un hermano, un sobrino es un terreno complejo. No existe una ley que ayude en la búsqueda ni ampare a los familiares de las víctimas ante su ausencia. Tampoco hay un sistema donde se pueda establecer un reporte -sin necesidad de iniciar una acción legal- para investigar sobre el paradero de las víctimas. Esto hace que muchas familias no se atrevan a denunciar y que las cifras oficiales no den cuenta de estos casos.

De momento, solo hay un documento interinstitucional que da luces a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y otras entidades para activar el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU). Lineamientos que suponen actividades inmediatas y coordinadas para la localización de las víctimas tras el reporte de su desaparición. También se cuenta con una reforma al Código Penal que incluye como delito la «desaparición de personas» con penas de cárcel que rondan los 15 a 25 años.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. «Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar», dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: «¿Quién podría querer dañar a «Miguelito«, si todos lo conocían?».

Que Miguel y su familia fueran reconocidos en los alrededores del municipio, según Sara, era la única garantía que el joven tenía para repartir pedidos en las comunidades de Olocuilta, ya que por años ella, su esposo y Miguel se ocuparon de ser zapateros en el mercado local. Miguel creció en medio de los vendedores, el comercio, las cocineras y los jóvenes de la zona. Fue un anhelo de superación y la caída del negocio lo que lo llevó a buscar otras opciones de empleo.

Sara se mece entre el llanto y la impotencia de no poder hacer mucho para encontrar a su hijo. La cuarentena domiciliar obligatoria y las restricciones de movilidad que limitaban la circulación de los ciudadanos a fechas específicas de acuerdo al número de identidad, ante la emergencia por el covid-19, la privaron de buscar.

Las medidas vigentes -hasta el 16 de junio- con el decreto ejecutivo 29, también suspendieron la marcha del transporte colectivo y sugería que el incumplimiento del confinamiento podía ser motivo para el traslado a un centro de contención. Sara tuvo pocas opciones para indagar. Así que se apoyó en una denuncia formal para encontrar a su hijo.

Esta denuncia, en paralelo a la desaparición, también supone otra pena: que el caso de su hijo no fuera relevante durante la emergencia por covid-19. «Fue hasta el 10 de abril que pudimos levantar la denuncia formal de mi hijo», explica Sara. Y es que, la misma tarde en que Miguel ya no apareció, oficiales de la PNC de Olocuilta le pidieron «esperar la noche» para ver si el joven regresaba a su hogar. En ese momento, relata Sara, los policías de turno hicieron hincapié en que solo estaban atendiendo «situaciones que eran prioridad frente a la pandemia».

Un día después, el 10 abril, tras levantar la denuncia, el PAU se activó y la PNC dio aviso a la Unidad de Vida de la FGR en el departamento de La Paz. Luego con las restricciones de movilidad por la crisis de salud, la Fiscalía quedó en llamar a Sara para realizar una entrevista y levantar el expediente. Pero fue hasta el 12 mayo, un mes después de los hechos, que la entidad solicitó su presencia en la cabecera departamental: Zacatecoluca. Esto a pesar de que el mismo PAU dicta que la primera línea de investigación para dar con el paradero es la recolección de información.

Para dar prioridad a estas denuncias, la Fiscalía General de la República creó -a inicios de julio de 2019- la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas. La urgencia era dar respuesta a un promedio de nueve casos por día. De enero a mayo de 2020, Guadalupe Echeverría, directora de la dependencia fiscal, sostiene que esta media, de momento, se mantiene con cuatro reportes diarios. Una baja que se refleja en el consolidado de los casos durante los últimos cinco meses: 750 personas. Un 51.12 % menos comparado a las cifras de mediados de 2019.

Este consolidado también es el más bajo comparado a los datos de los últimos tres años. Para 2017, según las cifras oficiales de la FGR, las denuncias -en los primeros seis meses- alcanzaron los 1,378 casos; mientras que en 2018 fue de 1,499 y 1,467 para 2019.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. “Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar”, dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: “¿Quién podría querer dañar a “Miguelito”, si todos lo conocían?”.

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«Nosotros somos el ente que supervisa a nivel nacional todas las acciones urgentes; generamos unas directrices técnicas para la investigación y para el abordaje. Vemos los casos más relevantes. Hay un constante monitoreo con todas las unidades fiscales y policiales para la aplicación de las acciones a nivel territorial», explica Echeverría.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, para 2020, entre enero y febrero, la tendencia de las denuncias mensuales era de 187 y 198 casos. Luego, en marzo, y abril la media rondó en 160 y 112. Pero fue en mayo cuando los reportes alcanzaron las 93 personas. ¿Qué ha provocado esta baja parcial de las denuncias?.

El confinamiento domiciliario ha tenido que ver con estos índices «tras la limitación ambulatoria restringida de las personas», asegura Guadalupe Echeverría. Es decir, los familiares no han tenido manera de movilizarse o saber cómo proceder. A pesar de ello, Echeverría, no duda en decir que las 19 oficinas fiscales, a nivel nacional, han trabajado al 100% y nadie ha dejado de operar: «Toda la necesidad que se ha requerido, se ha cumplido», enfatiza.

En una pausa, Sara da un pequeño recorrido por los objetos que aún conserva de Miguel. Muestra una camisa blanca con rayas rojas y en esta se lee un: Promo 2015- 9 «A». Ahí, entre un suéter negro y una gorra que aún cuelgan de la pared del cuarto, ella recuerda que su hijo nunca fue bueno para estudiar. Abandonó el bachillerato, pero había prometido retomar las clases para el próximo año.

«Hasta el momento, no hay buenas noticias. Yo he insistido, los he hostigado por teléfono para enterarme de cualquier novedad o, simplemente, saber cómo va todo. No dejan de repetirme, cada vez que llamo, que la Fiscal asignada no llega a trabajar por la pandemia», mantiene Sara.

Si la emergencia de salud por covid-19 incidió en una falta de operatividad para el procesamiento de las denuncias dentro de la PNC o FGR, de momento, no es algo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pueda precisar, ya que la entidad no ha recibido ningún reporte con estas características.

Sin embargo, la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos puntualiza que -en el área central- las autoridades están más conscientes de las acciones a tomar ante la desaparición de una persona y la aplicación del PAU.

«A nivel departamental -y en sus municipios- aún falta la difusión y capacitación de los trabajadores de justicia y agentes policías en cuanto al PAU. Todavía no tienen mucha conciencia de que hay que aplicarlo de inmediato sin tener que esperar horas», concluye Campos.

Por hoy es una carta de permanencia -en la oficina fiscal de Zacatecoluca- lo que certifica a Sara y a su familia sobre la ausencia de Miguel. Un documento que fue solicitado por los mismos, primero, para justificar su salida el 12 mayo y, segundo, para tener algo por escrito que diga que su hijo ya no está.

Ilustraciones de Moris Aldana / Carlos Aguirre

«Hasta el momento no nos han querido dar copia de la denuncia, ya que nos dijeron que eso lo manejan solo ellos», dice Sara. Después murmura parte de la carta: La Fiscalía de la República de Zacatecoluca, hace constar que desde las 8:30 am hasta las 15:00 pm se ha atendido a esta convocatoria.

A pesar de la disminución de las denuncias en el transcurso de la cuarentena, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas asegura que la efectividad en la localización de una persona -viva o muerta- es del 54.79%. Algo que se traduce en los últimos tres meses en: 200 personas localizadas y 165 sin encontrar.

Estar del otro lado -dentro del 45.21% de familias que no saben qué pasó- ha llevado a Sara a la desesperación. Come poco, casi no duerme y permanece en un estado de depresión: «Me duele que en todo este tiempo solo haya podido ir a buscar a mi hijo en dos ocasiones».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos, ha reiterado -tras conocer repetitivas quejas de víctimas sobre el actuar de las autoridades como la FGR y PNC en cuanto a las demoras de su proceso y omisión de sus denuncias- en su informe preliminar de 2019 que: Las investigaciones por los casos de personas desaparecidas son una obligación indelegable del Estado.

«La impunidad no solamente deja sin verdad y sin justicia a las víctimas, sus familiares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto, sino que también propicia la repetición de los hechos», perfila la CIDH en su informe.

De momento, no hay una normativa que responda a la realidad que viven los familiares de las víctimas. Una de las primeras acciones importantes que debe adoptar el país, según Lissette Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es que el órgano legislativo ratifique los tratados internacionales sobre este tema. Así una ley especial podrá responder a los mecanismos de búsqueda, reconocimientos de derechos y la definición de los bienes de personas desaparecidas.

Con el fin de la cuarentena domiciliar, a Sara le preocupa regresar a las labores el próximo 7 de julio. Con su trabajo como cocinera a tiempo completo -en San Salvador- le será imposible viajar hasta las oficinas de la Fiscalía en Zacatecoluca para dar cuenta o saber qué sucedió con Miguel.

«Han quedado en llamarme y avisarme cuando la fiscal asignada retome sus labores en la sede. Esperaré tres días, sino volveré a intentar», asegura Sara. Hasta la fecha, Sara, sigue sin recibir noticias.

Las casas a la orilla del río

Fotografías de Érica Chávez

Juan Antonio Martínez solía trabajar como mesero. Recibía un sueldo y propinas por servir platos de mariscos o baldes con cervezas en un restaurante. Así, pudo comprar una cocina, un camarote y un par de camas. Cada mañana, durante los últimos seis años, se levantó de una de esas camas y estuvo a menos de un metro de la borda. Entre uno y otro, apenas una lámina.

Tras ese muro, pasa el río Chilama que, a unos cuantos metros más adelante, se hace mar. Desde donde está parado Juan Antonio se alcanza a ver bien cómo ese mar recibe al río. «Hasta allá fueron a parar mis cosas», cuenta. Juan Antonio, a sus 53 años, ya no tiene camas, ropa, trastos y tampoco tiene rancho. En las primeras horas del domingo 31 de mayo, el río creció tanto, que se llevó todo. Ahora, cuando ya han pasado cuatro días desde que la lluvia cesó, se sienta sobre un pedazo de silla plástica y desde ahí mira el espacio lleno de lodo y pertrechos donde antes estaba su casa. Ahí, asomando entre escombros y lodo, está un colchón celeste, húmedo, revolcado. Cree que es donde dormía.

Juan es una de esas personas de las que habló la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante una cadena nacional del jueves 4 de junio en la que el gobierno dio cuenta de la emergencia provocada, en un primer momento, por la tormenta Amanda. «La causa es por vivir en la orilla del río. La misma necesidad ha hecho que la gente se asiente en lugares de riesgo. No ha habido una institución que les detenga, ni que les dé soluciones a viviendas dignas», dijo ella ante el gabinete de gobierno.

Y sí, Juan llegó aquí sin alternativa. Ya no podía seguir pagando alquiler. Además, ¿en qué casa caben siete adultos y tres niños que se pueda pagar con sueldos de meseros, pescadores o comerciantes en pequeño? En El Salvador, un 42.6 por ciento de hogares presenta hacinamiento.

Para la familia de Juan, significó una gran oportunidad venir a levantar con palos y láminas un rancho aquí, a la comunidad que lleva un nombre bien plano que suena a riesgo: Río Mar. Está habitada por 105 familias que, en el municipio de La Libertad, viven entre la ribera del Chilama y playa Punta Roca, que suele llenarse de surfistas. Entre el turismo en modo Instagram y la pobreza multidimensional hay solo unos cuantos metros.

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Minima (FUNDASAL) desarrolló un estudio en 32 ciudades salvadoreñas y halló, en 2007, que ya había en ellas 3,000 asentamientos entre mesones, tugurios y lotificaciones irregulares. Caludia Blanco, directora ejecutiva de esta institución, señala que, ahora, ya son más y están habitados por más gente. «En estos asentamientos hay grandes carencias de hábitat y unas violaciones a los derechos humanos muy graves. No hay agua, no hay calles, la gente no tiene dónde ir al baño, no se tiene cómo dejar ir el agua», explica. La densidad de estos asentamientos aumenta cuando los hijos forman sus hogares y, por razones económicas o por limitaciones que impone la violencia social, no se pueden mudar. Así fue como Juan llegó a tener una familia de 10.

Esa noche del 4 de junio, durante la cadena, la ministra Sol habló de 1,200 casas dañadas y de 365 que ya se daban por pérdida total debido al desborde de los ríos, los deslaves, las inundaciones. Durante la tormenta, 27 personas murieron. A dos semanas de aquello, la directora de Fundasal, la arquitecta Blanco, asegura que, con base en información recibida de las directivas comunales, tienen datos de 8,500 familias cuyas viviendas registraron severos daños debido a la tormenta.

En Río Mar, da gracias a Dios Juan, no hubo víctimas. Acusa, sin embargo, un casi milagro. Porque nadie sabía, en estas casas de lámina en medio de río y de mar, que venía una tormenta que los tomaría de frente, por El Pacífico. «Un par de horas que nos hubieran dado y alcanzamos a sacar lo más importante, pero ni eso», dice Juan frente a un rimero de seis láminas que cuida como tesoro. Esto quedó de su casa. «A chatarrera las voy a llevar, a ver si me dan algo». Las láminas están torcidas y oxidadas. Pero Juan se aferra a ellas, porque, de todos modos, no tiene nada en el bolsillo.

Juan no cree que la suya sea una pérdida que esté en las estadísticas del gobierno. Porque ahí, se habla de casas, y el de él era un rancho. Uno que levantó sobre un terreno del que no tiene título de propiedad y en el que se quedó, en 2014, apenas amparado por un papel que le dio la alcaldía, mismo que ya no tiene.

La arquitecta Blanco cita un informe de Habitat para la Humanidad para asegurar que: «El 80 por ciento de la población tiene alguna violación del derecho humano a la vivienda, ya sea falta de agua, piso, techo, paredes, derecho de propiedad de la tierra, o riesgo alto de desastre por fenómeno natural».

En línea recta de donde está Juan, unos pasos más adelante, como rumbo a donde el río se hace mar, Guadalupe Castillo también busca rescatar lo que quedó. Ella tenía una tienda, también de lámina, y también a la ribera del río. Ahora lava unos envases de soda de vidrio y los pone a secar sobre la borda. Le pueden servir, dice. Así, de entre el lodo, también sacó sus zapatos, alguna ropa, botellas con limonada. Todo lo ha ido guardando en guacales y les ha colocado encima telas para resguardarlo. Aquí no se puede dar nada por perdido, ni aunque haya sido desenterrado.

Guadalupe habla frente a una montaña de lodo de metro de alto. Es lo que ha sacado de su casa-tienda. Y falta, adentro todavía hay partes anegadas. A ella, no se le cayeron las láminas laterales ni las de arriba. Es, cree, de las 1,200 casas dañadas que mencionaba el gobierno en la cadena. Pero perdió una inversión importante en productos. Con primor, muestra unos sobres de capuchino instantáneo que pudo rescatar, quedaron, cuenta, colgados de ganchos en la parte más alta. «Vienen para dar a 50 centavos, diez se les gana, apenas».

La vulnerabilidad es alta en un país en donde el 29 por ciento de hogares está en pobreza multidimensional, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019. Este método se basa en el uso de 20 indicadores que, a su vez, se dividen en cinco dimensiones, una de ellas es la condición de la vivienda. Acá, de cada 100 hogares, en 20 los materiales del suelo y las paredes son inadecuados. Son madera, paja, palma, cartón material de desecho o, como en el caso de Guadalupe y Juan: pura lámina metálica.

Consecuencias. De acuerdo con datos de FUNDASAL, los hogares de 8,500 familias resultaron dañados por las tormetas Amanda y Cristóbal.

Guadalupe está decepcionada. Se tardó por lo menos ocho meses en construir un baño de letrina domiciliar. De lo que iba sacando de la tienda, compraba una bolsa de cemento, un día. Y, al otro, juntaba para arena. A veces, le abonaba al albañil. Así, terminó de pagar unos $200 por la obra. «Pero esta vez, ya rebalsó todo. Está lleno de agua, menos mal no tenía mucho uso, no porque a saber cómo estuviera todo esto», lamenta.

Ella tiene 58 años de edad y 20 años de vivir en Río Mar. Esta es la tercera vez que pierde todo. Mientras muestra los zapatitos enlodados de su nieta de menos de un año, afirma que, esta vez, si pudiera, se iría. Pero, por el momento, no tiene para pagar el préstamo con el que trabaja, no tiene cocina, no tiene ni baño y hace intentos por recuperar un ropero de madera hinchada por la inundación.

A pesar de los antecedes de desbordamiento del Chilama y de vulnerabilidad de las viviendas en Río Mar, no hubo alerta temprana. La evacuación en la zona más cercana al río, donde viven Juan y Guadalupe, se hizo entre las 4 y las 5 de la mañana y fue acompañada por funcionarios de Protección Civil y de la junta directiva de la comunidad. Se hizo hasta ese momento, incluso cuando ya había llovido por más de 12 horas de forma constante.

Río Mar no fue la única en la zona en ser evacuada así, a las prisas, con gente huyendo solo con la ropa puesta. En la carretera El Litoral, más adelante en ruta al municipio Rosario de Mora, está la comunidad Jute Esperanza. Ahí, Emelia Salmerón pasa pegada al celular. Ella es enlace comunitario con Protección Civil, con la Alcaldía de La Libertad y con entidades sanitarias. «Yo le llamé a mi capitán en la noche y mandó una cuadrilla, pero, al llegar, ellos dijeron que no iban a evacuar todavía porque el río no se había desbordado», explica frente a la maquinaria pesada que, ya bajo un brillante sol, extrae toneladas de lodo de una de las casas afectadas.

El río y el capitán del que habla Emelia son El Jute y Miguel Ángel Jiménez, alcalde de La Libertad. La lideresa comunitaria cuenta, entre palabras atropelladas, que comenzó a sacar a la gente de sus casas a los gritos y a los golpes de puerta, porque al filo de las 3 de la madrugada de ese domingo 31 de mayo, El Jute ya estaba crecido y se estaba desbordando justo en donde pasa la carretera, ahí en donde el FOVIAL trabajaba en un puente.

La lluvia intensa a esa hora amenazaba por todos lados. El río ya estaba salido de cauce y se metía a las cas de la ribera y, desde las colinas, donde también hay casas, bajaban correntadas que arrastraban todo al paso. La comunidad es eso: una calle con casas de lámina a ambos lados unas dan al río y las otras están montadas en la colina. Y no, pese a las varias horas de lluvia, a esas 65 familias no se les evacuó con el primer aviso. El alcalde Jiménez explica que la información acerca de la intensidad del fenómeno no llegó a tiempo a las municipalidades que resultaron más golpeadas. Y que, aunque les hubieran dado una alerta temprana, «a la gente no le gusta salirse de sus casas».

«Gracias a Dios no lamentamos muertes; porque, a esa hora, solo Dios con nosotros», explica Emelia. Frente a ella, Jesús de Caridad Contreras asiente y, en el mismo tono, cuenta que ella también ayudó a sacar gente. Usó un megáfono para advertir que el río venía de abajo (zona del puente), para arriba (hacia la colina). Evacuar, aquí, tampoco es ir muy lejos. Los 40 adultos y 16 niños mal durmieron en el suelo de una iglesia evangélica que está en la misma calle por donde el río venía cortando paso.

La alcaldía de La Libertad es la que ha ayudado a las familias de la zona a conseguir servicios básicos como agua y electricidad. Y es, también, la encargada de arreglar la calle. El alcalde Jiménez no es ajeno a las condiciones de las comunidades, y señala que desde hace rato cuenta con un terreno de cinco manzanas, frente a la Unidad de Salud, en donde podría reubicar a las familias. «Ojalá que esta vez sí podamos ejecutar esto, porque, le digo, a la gente no le gusta moverse», indica quien está al frente de la alcaldía desde 2015.

El riesgo en Jute Esperanza está tan normalizado que, cada año, se construye una borda en la parte alta de la comunidad. Y, todos los años, acaba destruida. «Necesitamos una borda más grande y que se arregle el mal trabajo que están haciendo en el puente de la carretera», explica Zuleyma Contreras, presidenta de la directiva de la comunidad. La reubicación no es opción. La gente que más tiempo lleva viviendo aquí ya acumula tres desbordes convertidos en destrucción.

Las evacuaciones que se hacen con el agua hasta la cintura no son inofensivas. Lo sabe Azucena Leiva, de 27 años. Esa madrugada en la que Emelia y Jesús iban a sacando gente a los gritos, ella comenzó a sangrar. Con su hija de 4 años, logró salir de la casa y ponerse a salvo. Pero el sangrado no se detuvo. Para el medio día era fuerte. Y, de la Unidad de Salud, la refirieron a un hospital que no fue el San Rafael, el que le toca como referencia de su zona por estar ubicado, en Santa Tecla, a 26 kilómetros de distancia. La llevaron en ambulancia hasta el hospital San Bartolo, en Ilopango, a 46 kilómetros.

“Una reubicación debe tener una visión de respeto por la gente. Porque las familias no son sillas. No son muebles. No es que se agarran y se van a poner a otra parte”. La arquitecta defiende el derecho de las personas a mantener contacto con sus medios de vida. Un pescador, así, no puede ser reubicado lejos del mar.

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Azucena tenía 14 semanas de embarazo. No se había hecho ecografía, pero había decidido nombrar Milton si era niño y Daniela Salomé, si era niña. Nunca le dijeron a qué se debió su aborto espontáneo. Los médicos, cuenta, se limitaron a decirle que lo iban a investigar. Ella y su pareja pasan el dolor de la pérdida refugiados en la casa de unos familiares. Ella está segura de que fue el susto, el frío, el esfuerzo, la angustia por huir.

La noche del 31 de mayo, mientras Juan y Guadalupe dormían en el albergue del Instituto Nacional de La Libertad, mientras Emelia y Zuleyma coordinaban comida y abrigo para 65 familias en dos refugios y mientras Azucena intentaba gestionar la pérdida de su embarazo, el presidente de la República Nayib Bukele dio una conferencia de prensa. Lo hizo desde la comunidad Nuevo Israel, en San Salvador, un asentamiento levantado a las orillas de la quebrada La Lechuza.

Muchos en poco espacio. En un 42.6 por ciento de casas hay hacinamiento, quiere decir que más de tres personas comparten el mismo cuarto, según la EHPM del año pasado.

Las lluvias ahí ocasionaron luto y pérdida total en algunas casas y severos daños en otras. Bukele anunció que el plan para reducir la vulnerabilidad es reubicar a las familias y entregar viviendas de un costo de $10,000. Los ministerios encargados de llevar a cabo el proyecto son Obras Públicas y el recién creado Vivienda.

La ministra Sol anunció en rueda de prensa que ya se está realizando el censo de las familias afectadas con la pérdida de su vivienda y que ya se están evaluando algunos terrenos en donde se pueden construir las casas. También presentó una proyección de cómo pueden llegar a verse las primeras 60 viviendas. Esta información se encuentra publicada en la cuenta de Twitter de la institución. En la página web, sin embargo, no hay ninguna información acerca de presupuesto. Y en el portal de Transparencia, en donde las instituciones gubernamentales deberían colocar los documentos de interés público, Vivienda mantiene vacías las carpetas de Presupuesto, Plan Operativo Anual, Estadísticas y la de Contrataciones y adquisiciones. Lo único que este ministerio ha publicado ahí está en Remuneraciones, en donde consta que le paga a un especialista ambiental $1,200 al mes y a un especialista en desarrollo territorial, $1,385. Mientras que, quien ocupa la plaza de coordinador de redes sociales de esta institución aparece con un salario de $1,730.

Es justamente en la cuenta de Twitter del ministerio de Vivienda en donde aparece colgado un video en el que la ministra Sol asegura que muchos de los posibles beneficiarios han expresado agradecimiento al gobierno, mientras que otros han señalado que el terreno se encuentra muy lejos. «Estamos buscando las opciones», agrega la ministra.

Como institución, Fundasal acumula 52 años de experiencia. Sobre eso, la directora Blanco afirma: «Una reubicación debe tener una visión de respeto por la gente. Porque las familias no son sillas. No son muebles. No es que se agarran y se van a poner a otra parte». La arquitecta defiende el derecho de las personas a mantener contacto con sus medios de vida. Un pescador, así, no puede ser reubicado lejos del mar. «Las redes son muy importantes para todas las personas, son las que nos permiten estabilizar la vida y una reubicación debe contemplar no solo la seguridad física, sino que también los mecanismos que sostienen la existencia de las personas», señala.

En Jute Esperanza, los recorridos de Emelia no han terminado. Ahora con sol, las tareas son sacar con palas el lodo de las casas y lavar, en el mismo río que se desbordó, la ropa que se pudo rescatar. Hay humedad por todos lados. «Después de estos fenómenos, la gente queda con hongos en los pies», revela como un detalle de esa parte de la historia que, casi siempre, queda sin contar. «Así es aquí -dice-, toca levantarse aunque duelan los pies».

Sin margen. Un 29 por ciento de hogares vive en pobreza multidimensional, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019.

Con amor, desde cualquier parte del mundo Las cartas de los salvadoreños varados

Ilustración de Carlos Aguirre
Ilustración de Carlos Aguirre

Ana Carolina Vidales, varada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Viajó por trabajo.

A mis amores Toto, Titi y Yiya, solamente recordarles: Esto también pasará, y no me refiero al virus, ese vino para quedarse. Los inteligentes estamos aprendiendo a conocerlo, manejarlo y convivir con él. Me refiero a los intereses creados, que se aprovechan del virus sin importar el dolor que causan.

Para algo nos quiere Dios en este momento, lugar y circunstancia. Superémoslo con amor, valentía y agradecimiento por los aprendizajes que enriquecen nuestras vidas. No permitamos que nada ni nadie nos robe la paz. Cada día los amo más y estoy más orgullosa de mis tres obras de arte. Mamá.

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Cristina de Lowy, varada en La Vegas, Estados Unidos. Viajó a visitar a un familiar que sufrió un accidente.

Hola querida familia:

Este día, nuevamente, he despertado con la esperanza de que con suerte pueda haber otro vuelo y me avisen que voy en él. Sé que tengo que trasladarme a otra ciudad porque, si por el momento, solo a los vulnerables nos llevan, somos pocos en esta ciudad, así que tendré que irme donde me indique el cónsul, a quien le hemos estado preguntando tanto, que ya ni nos responde, creo que lo fastidiamos con tanta preguntadera.

Cuando salimos ese miércoles con Geo, nunca nos imaginamos la pesadilla que habríamos de vivir. Ella para el Sur, por su trabajo, yo para el Norte, como un gesto solidario.

No saben cuánto anhelo estar en casa. Después de haberme perdido el cumpleaños de Gaby, 8 años, mi niña. Llorando, la felicité, y me dolió aún más cuando me dijo: «Abuela, es que yo quiero que estés aquí, me haces mucha falta». Esas palabras me dolieron mucho.

Dejarlo a usted solo mi viejo… pero que, gracias a Dios, los dos muchachos decidieron irse con usted a nuestra casa, cuando la cuarentena comenzó, para hacerle compañía, sacrificando sus hogares, y al cuidado y compañía de Fernandita, mi niña de apenas 9 años.

Su alimentación siempre ha sido mi prioridad, porque sé que siempre ha disfrutado de mi cocina.

Mi cumpleaños en esta ciudad, el 13 de abril fue muy triste. Mi familia, aquí, me preparó un desayuno, queriendo hacer el día más llevadero. ¿Cómo poder disfrutarlo si siempre lo hemos pasado al lado de ustedes y el grupo de amigos? Recuerdo la celebración de mis 65 años, una gran celebración como presagiando que este sería tan triste.

Ni recordar quiero el Día de la Madre. Cada llamada era una nostalgia de los tiempos al lado de ustedes.

Hoy pido a Dios me conceda la gracia de estar al lado de ustedes para celebrar el Día del Padre, a ese hombre que se merece toda celebración.

¿Saben lo que haremos al llegar? Abrazarnos, darles los besos que les he mandado en cada llamada telefónica, y cuando termine la cuarentena, reunir a todos los nietos y amistades y agradecer a Dios por mi retorno. Celebraremos el cumple de Geo, Cami, Carlitos y Gaby y celebraremos la vida. Tomaremos también una tarde con el grupo de matrimonios amigos para ir al cementerio y llevar flores, cantarle y despedirnos de nuestra gran amiga, que partió al cielo recientemente sin que pudiéramos verla.

Habremos de requerir de mucho tiempo para hacer los pendientes que tenemos, pero, como siempre les he dicho, quiero al lado de ustedes vivir la vida.

Les amo hasta el infinito.

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Violeta Vergara, varada en Estados Unidos. Viajó por un contrato de trabajo de noviembre a marzo.

A mi esposo, a mis padres y demás familia, porque somos muy unidos: Los extraño demasiado, tanto como ustedes a mí. Es imposible recuperar tanto tiempo lejos, pero que al llegar vamos a pasar tiempo de calidad y a afrontar esta crisis mundial juntos.

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Yesennia Maylett López de Rodríguez, varada con su mamá, su abuela y su hija en Downey, en Los Ángeles, Estados Unidos.

A mis seres queridos en El Salvador:

Les diría lo mismo que me digo todos los días, que los designios de Dios no los entendemos, pero que él siempre busca lo mejor para nosotros. Y pronto estaremos juntos, solo recordando esto como un mal momento de nuestras vidas. 🙁

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Emy Mena, varada en México. Viajó por trabajo.

Nos abrazamos en el aeropuerto sin saber que el próximo encuentro tardaría tanto. Después de más de dos meses, hemos encontrado la manera de sentir que Tijuana y El Salvador están cerquita, desde las videollamadas diarias y en celebraciones de fechas especiales. Pero nada va a reemplazar el calor de sus besos y caricias. He preferido no ilusionarme con la fecha de cuándo estaremos juntas otra vez, pero sí que me he imaginado muchas veces cómo será ese abrazo que nos daremos cuando regrese, por fin, a El Salvador.

Como dice mi papá, las amo desde mi corazón a sus corazones.

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Tatiana Ventura, varada en México con su bebé de un año. Viajó por turismo.

Quiero que este mensaje llegue a las personas que han sido parte de mi vida, que de una u otra manera han aportado un poco para convertirme en la mujer valiente que soy: mi familia.

Yo sé que estamos en tiempos de crisis. El mundo es un caos, pero Dios ha sido fiel en este viaje, que era de una semana y, al final, se hizo de meses. Quiero que sepan que en el camino he conocido a personas buenas, entre ellos [email protected], que han sido de gran apoyo para mí y mi bebé.

Mamá, lamento mucho haberte dado esta preocupación, pero quiero que sepas que estamos bien y algún día vamos a poder regresar. Gracias a mis tías que, también, son como mis madres por estar pendientes de nosotras. Dios bendiga a El Salvador.

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Mirian de Chávez y Carlos Chávez, esposos de 71 y 76 años. Varados en Valparaíso, Chile. Viajaron por la graduación su hijo.

Hola, hija, ¿cómo estás? Nosotros acá, siempre con la desesperación de poder volver. Me preocupa que, en la trayectoria hasta llegar a casa, no lo podamos lograr.

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Alejandro Polanco, varado en Panamá. Viajó por trabajo.

Extraño mucho a mi familia, perderme el primer cumpleaños de mi hijo, sus primeros pasos. ¡Ha dolido mucho! Mucha fuerza y paciencia a mi familia. Me estoy cuidando al máximo para verlos pronto.

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Manuel y Ana de Rivera, esposo varados en Florida, Estados Unidos. Viajaron por trabajo.

Sin lugar a dudas, esta es la situación más difícil que hemos atravesado como familia. Hijos, al no haber alerta de no viajar, ningún caso de virus en el país, no fuimos capaces de prevenir esta situación a la que los hemos expuesto.

Javi, a tus 14 años, estás siendo muy fuerte, saliendo adelante, bien, en el colegio. Estamos muy orgullosos de ti. Manu, empezando tus estudios en la U y apoyando en todo a tu hermano, ahora como un tercer padre. No podemos pedir más de ustedes.

Familia extendida, gracias por su apoyo y oraciones. No perdemos la fe y confiamos pronto estaremos de regreso. Dios los bendice y protege en todo momento.

***

Diego Ramírez, 21 años, varado en Nueva York. Viajó por la muerte de su abuela.

Extraño a diario a mi familia. Cada día que pasa es más difícil poder resistir a los pensamientos negativos y a la incertidumbre de no saber cuándo volveré, pero sé que Dios no da las pruebas en vano. Tengo fe en que pronto estaré allá con ustedes Lissette, Carlos, Elsa, Lesly y todos los demás. Los extraño.

***

Neidy Rodríguez, 30 años, varada en EUA. Viajó para conocer a su sobrino.

Me siento triste. No menosprecio la ayuda de familia que me han dado, pero esta ha sido una prueba dura. Estar lejos de la tierra uno no lo valora hasta que no puede regresar. Extraño mi cama, mi casa, a mis papás, mi trabajo, a mis amigos. Extraño el calor salvadoreño. Extraño un domingo en casa viendo televisión con mi mamá, debajo de una sábana.

Todos los días me levanto con la esperanza que me llamen para regresar y cada día me acuesto con ansiedad y tristeza. Mi trabajo me genera mucha ansiedad, porque no sé cómo me pondré al día con el trabajo que han continuado haciendo los demás. Si es que la situación no se complica más y ya no lo puedo recuperar, lo único que quiero a estas alturas es regresar. No me imaginé en ningún momento que salir de viaje se convertiría en una situación tan desafortunada.

***

Lupy Siu, varada en Plano, Texas, Estados Unidos. Viajó a visitar a su familia.

¡Las palabras que busco no existen, pues mi agradecimiento por todo el apoyo, cuidado, ánimo y amor que he recibido de parte de mis papás, Guille, Gaby, Fiore, mi amada Titi, Astrid, Salomé, Bea, Julio, Patty, en El Salvador, no tiene comparación! Mirna, José Luis, André, Charlie, Coco, gracias por estar conmigo en esta crisis. ¡Los amo! Hoy fue un día menos para estar con ustedes. Ya casi nos vemos. Han estado conmigo 88 días, mil gracias. Sin Dios no hubiera podido resistir hasta hoy, ha sido mi fortaleza.

***

Xenia Argueta, varada en Estados Unidos. Viajó por compromisos familiares a sus 12 semanas de embarazo.

Querida familia:

Los extraño mucho. Es difícil perderme de momentos tan importantes junto a ustedes. Cómo quisiera estar ahí en estos momentos que todos necesitamos apoyarnos. También es difícil sentirse vulnerable y hasta desamparado. Te preocupas por no enfermarte y no tener claro dónde te pueden atender, o si vas a tener que pagar mucho. O en el peor de los casos, no poder pagar y necesitar que te atiendan.

Muchos en mi situación ya están cansados y desesperados. Después de casi tres meses sin tener claro cómo es el proceso que siguen las autoridades, muchos buscaron sus propios medios para retornar por tierra, yo ya lo hubiera hecho, pero por mi embarazo y el temor de cualquier emergencia, prefiero seguir esperando, aunque eso signifique tener días con mucha angustia.

Espero que pronto podamos reunirnos, ver qué podemos hacer para apoyarnos en esta crisis, y sobretodo, poder preparar todo para el nacimiento del bebé, ya en casa.

Los amo mucho y los extraño más que nunca. Cuídense mucho. Espero vernos pronto.

***

Sandra Argueta de Ramírez y José Roberto Ramírez, esposos varados en Florida. Viajaron por trabajo.

Nos despedimos de nuestros hijos Ale (11) y Mateo (8) en casa. Eran normales los viajes por nuestros trabajos en aviación. Algo pasaba por la mente de nuestros hijos, quienes nos mencionaban una y otra vez que viajáramos juntos, que no querían alejarse de nosotros tanto tiempo; si hubiésemos sabido que pasarían tres meses sin poderlos ver, sin duda solicitaríamos permiso al colegio para justificar su ausencia.

Tantos cambios en este tiempo: para nosotros, estar lejos y quedarnos sin un salario y, para ellos, mudarse con sus abuelos, iniciar solos un proceso de estudio en línea, verse limitados a tantos aspectos tecnológicos que harían difícil su nuevo estilo de estudio; pero, sobre todo, estar alejados de ambos padres en una pandemia que afectaría su salud emocional.

Y llegó el cumpleaños 9 de nuestro hijo menor, el 4 de mayo, una celebración con sentimientos de felicidad y tristeza. Mis padres nos contaron que él hizo una reflexión: «No entiendo por qué mis papás no pueden estar con nosotros en esta pandemia, se supone que el COVID debe unir a las familias y nosotros estamos separados».

Cada vez que Ale preguntaba «¿cuándo regresarán?», manteníamos la esperanza y el positivismo, le decíamos que pronto sería y que no se preocupara, y pasó marzo, abril, mayo y llegamos a junio. Ahora cuando nos pregunta nuevamente, lo único que podemos contestar es: «Esperamos que no tome más tiempo». Si bien es cierto que la tecnología es de gran ayuda para mantener la comunicación, para nosotros se convirtió en la única opción y no en nuestra decisión. Es difícil sobrevivir con incertidumbre, preocupaciones, con mentiras y silencio de nuestro país.

El sueño se ha perdido, nos levantamos y acostamos viendo nuestros teléfonos, esperando un mensaje que alguien diga que podemos regresar, sin ningún indicio que pronto será, pero mantenemos la esperanza que pronto podremos abrazar a nuestros hijos y familiares. Como dice mi mamá: «No digas adiós, dinos hasta pronto». Esperamos que este pronto no tarde mucho en llegar.

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Ana Bea Lazo, varada en Ciudad de México. Viajó por vacaciones.

Mafer, Silvito y Benita:

Nos han violado el derecho a volver, pero todo pasa. Por ejemplo, el gobierno de turno.

ESTO TAMBIÉN PASARÁ.

LOS AMO, siempre suya.

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Carolina Monzón, varada en Houston, Texas, Estados Unidos. Viajó por salud.

Hasta Santa Ana. A mamá Aly:

pronto conocerás a tu nieta Lucía y podremos abrazarnos de nuevo. ¡Te amamos, mamá!

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Sthefanne Amaya, varada en Los Ángeles. Viajó hace tres meses con su madre de 50 años, una señora con hipertensión.

Querida Familia:

Sé que es difícil explicar el simple hecho de estar lejos de casa. Lejos de cada uno de ustedes, de mi hermano y sus locuras; de mi abuela y sus consejos; de mis primos y sus cariños; y el resto de cada uno, más cuando no existe ningún sentimiento que nos ayude a darnos resignación y motivación para afrontar la realidad.

En verdad, es un gran cambio en nuestras vidas y son nuevos desafíos. Sé que podemos llamarnos seguido, enviarnos mensajes para darnos motivación, para que todo esto sea más fácil y nos ayude. Pero la vida no es fácil y los días pasan demasiado de prisa, y no podemos vivir mirando al pasado.

Tomamos decisiones, que en su momento creímos acertadas, y tenemos que apostar por ellas, por lejos que nos lleven. Sin embargo, el estar en estos momentos lejos familia, de ustedes, no significa que nos hemos ido para siempre, tampoco que no nos volveremos a ver.

Los amamos y no dejamos de pensar en cada uno de ustedes, pero muy pronto sentiremos y disfrutaremos un gran abrazo de reencuentro.

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Karla Reneé (madre), Geovanni (padre) y Geovanni (hijo), varados en Los Ángeles. Viajaron a una visita familiar.

Querida familia. Nunca pensamos que salir de nuestra casa por unos cuantos días se extenderían a casi tres meses de angustia y desesperación. Han pasado los días y el vacío de estar lejos de ustedes se ha incrementado aún más.

Extrañamos todas las cenas en familia, a nuestros mejores amigos y las cosas más simples, como un beso o un abrazo. Nuestro hijo de tres años anhela estar con su hermanito Sebastián y extraña mucho a su papito (abuelo), a su abuela, a sus tías y tíos.

Ha sido un largo calvario, sin embargo, Dios ha sido bueno con nosotros y ha puesto ángeles en nuestro camino que nos han ayudado, tales como familiares, amigos y hasta personas que ni siquiera conocemos. Pero lo que más anhela nuestro corazón es poder regresar a casa con bien, regresar a nuestro amado El Salvador. Esperamos verlos muy pronto y poder abrazarlos de nuevo.

Geovanni, Karla Reneé y Geovanni René.

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Gracia Castaneda de Velásquez, varada en Miami. Viajó a visitar a su hermana y allá cumplió 35 años.

A mi esposo e hijo les quiero decir: Me duele perderme días especiales, como cumpleaños, Día de la Madre y del Padre. Me duele no poder ayudarte con tus clases virtuales en el colegio, así como también me duele no poder apoyarte en tu trabajo, el cual no has parado de realizar, ya que es esencial.

Me duele estar lejos de ustedes tanto tiempo, pero más me duele, no poderles decir cuándo voy a regresar.

Los extraño como no se imaginan y lo único que sé es que esta distancia solamente servirá para unirnos más. Los amo.

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Rebecca Muyshondt, varada en Estados Unidos. Viajó por vacaciones.

Puede resultar difícil estar lejos de nuestros seres queridos, más aún si se trata de estar separados por razones de fuerza mayor y que no podemos controlar. Ha sido un cambio drástico y retador. Con muchos sacrificios para mí, como para ustedes (mi familia). Sin embargo, hoy más que nunca agradezco las pequeñeces de la vida que uno toma por sentado.

Han sido tres meses de reflexión, de positivismo y de agradecimiento y respeto hacia la vida. Jamás olvidaré esta experiencia, creo que ningún ser humano lo hará. Es un año que marcará la vida de muchos para siempre. Solo puedo decirle a mi familia que los amo y espero abrazarlos pronto.

La Libertad sin turistas, sin compradores y sin comida

Fotografía de Julio Umaña

«En playa San Blas necesitamos comida», se lee en la tela blanca que colocó a la orilla de la carretera. Este es otro de los varios intentos que ha hecho Rosa por conseguir comida para sus tres hijos. Sentada en una silla de plástico cerca de las riberas de la bocana de la playa San Blas -donde ha construido su hogar con láminas, carpetas negras, manteles de plástico y pilares hechos con bases de ramas-, Rosa espera.

En este pasillo camino al mar, hace tres meses, sonaba la cumbia, los combos, el reguetón, la algarabía de los turistas que escapaban de la rutina. El sonido de la metrópolis desaparecía y en su lugar se alzaba cada vez más fuerte el de olas que reventaban a la orilla del litoral, era señal de que el visitante se adentraba al kilómetro 39 del departamento de La Libertad: La playa San Blas.

Ahora, la soledad y el silencio reinan entre los bares, restaurantes, ranchos y hoteles. Esta aparente calma, más que tranquilidad, le genera angustia a Rosa Campos, de 31 años, una vendedora ambulante de minutas. Luego de más de 70 días de confinamiento domiciliario a causa de la emergencia de salud por covid-19, Rosa se las arregla para que media libra de arroz ajuste, si se puede, para el desayuno y la cena de sus tres hijos de tres, ocho y 12 años.

La cuarentena domiciliar obligatoria, vigente desde el 21 de marzo, permite la circulación en casos de tratamiento o urgencia médica, abastecimiento de alimentos, medicamentos o la compra de artículos de primera necesidad. Salidas que, con el decreto 29, el último mandato emitido por el ejecutivo, son limitadas a fechas específicas, de acuerdo con el número de identidad de cada ciudadano. Una medida que se mantendrá vigente hasta el 15 de junio.

Para Rosa, que mantenía a su familia con la ganancia de $0.25 centavos por cada minuta de a dólar que vendía, el impacto ha sido devastador. Con nostalgia recuerda esos días en que todavía podía comprar «dos coras» de queso fresco y un dólar de huevos para la cena. Hoy, Rosa no junta ni $0.50 en la bolsa.

La Libertad ha sido uno de los departamentos más golpeados por la pandemia, hasta la fecha, según cifras oficiales, los contagios locales ascienden a 244. Es el segundo departamento con más casos confirmados por covid-19. Esto de un total de 1,515 casos activos. Esta localidad costera no solo está siendo impactada por el virus, también es presa de la escasez de alimentos y la crisis económica a causa del desempleo como efecto colateral de las medidas de emergencia. Aquí, 30,904 personas se ocupan de generar ingresos por cuenta propia, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Ministerio de Economía para 2019.

Con su carretón de minutas, Rosa está entre este grupo. Así también están las vendedoras de mariscos, cócteles, procesadores, maniobreros, pescadores artesanales, viajeros, artesanos, emprendedores locales y vendedores ambulantes. Gente que echa a andar una economía de subsistencia desde el Puerto de La Libertad hasta las playas del litoral. Trabajos que dependen de las actividades comerciales que aviva el turismo. Un sector que en tiempos de covid-19, no tiene permitido funcionar, a excepción de la pesca artesanal y venta de mariscos.

“Cuando no tenemos qué comer y salen otros compañeros al mar, entre nosotros, nos regalamos pescado”, susurra Dagoberto. En tres meses, Dagoberto, solo ha podido ir a pescar dos veces. Mientras aguarda por comida, enlista los motivos que le han impedido trabajar: la falta de turistas, el miedo al contagio, las restricciones de movilidad, el temor de ser detenido y trasladado a un centro de contención tras la imposición del cordón sanitario en La Libertad.

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Dos semanas han pasado de aquel aviso con bandera blanca, pero nadie ha respondido. Sin tanto preámbulo, en prisas, Rosa no duda en repetir: «Tengo tres meses de no ganar, siquiera, una ‘corita’. Y tengo tres hijos que me dicen cada mañana ‘mamá, comida; mamá, comida».

Como Rosa, Dagoberto Marroquín, un pescador artesanal de 56 años, depende de la actividad comercial que se genera dentro del Puerto de La Libertad para sobrevivir. A la orilla del muelle, cerca del embarcadero, Dagoberto, espera a que uno de sus colegas termine de rematar, entre los mismos pescadores y vendedores, la cola de camarón, boca colorada, camarón jumbo y las corvinas. Este malecón hoy está lleno de lanchas estacionadas, sin música de fondo y sin el bullicio de vendedores.

«Cuando no tenemos qué comer y salen otros compañeros al mar, entre nosotros, nos regalamos pescado», susurra Dagoberto. En tres meses, Dagoberto, solo ha podido ir a pescar dos veces. Mientras aguarda por comida, enlista los motivos que le han impedido trabajar: la falta de turistas, el miedo al contagio, las restricciones de movilidad, el temor de ser detenido y trasladado a un centro de contención tras la imposición del cordón sanitario en La Libertad.

«Esos dos días ni comimos. Nadie tenía permitido salir a comprar ni ir a pescar tras la orden del Presidente», recuerda Dagoberto. Fue el 18 de abril que el presidente Nayib Bukele ordenó el cerco sanitario en el Puerto de La Libertad. «Entiendan, ya no estamos en la fase I, ahora, estamos en la fase de contagios comunitarios», señaló el mandatario como reacción a la publicación de unas fotografías en las que se veía actividad comercial en las calles de este municipio.

Ana Ortiz, presidenta de la cooperativa La Sirena, una asociación de pescadores artesanales y vendedoras del Mercado del Mar del Puerto de La Libertad, cuenta, con un ejemplo, que el paro de labores debido al cerco sanitario fue «catastrófico»: 40 vendedoras perdieron sus productos debido a que ya no pudieron salir a colocar en hielo los pescados y mariscos. Todo se descompuso.

En cálculos hechos con base en testimonios de vendedoras, cada una de las comerciantes perdió entre $50 y $200. «Para muchas, ese dinero era su inversión para echar a andar nuevamente su negocio, ahora, algunas vendedoras no han regresado. No tienen cómo», dice la Presidenta de la cooperativa La Sirena.

Sobre las repercusiones económicas durante la pandemia y tras el cerco sanitario, aún no hay un consolidado oficial, pero de lo que sí está seguro Miguel Ángel Jiménez, alcalde del Puerto de La Libertad, es de que el 75% de los negocios -conformados por 300 locales- se ahogan en deudas tras el cierre repentino de sus operaciones.

Empleo. En La Libertad 30, 904 personas se ocupan de generar ingresos por cuenta propia, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019.

«El Puerto de La Libertad se mantiene vivo ‘comercialmente’ con las visitas de los turistas de los diferentes departamentos o del extranjero. Por el momento, no hemos recibido ningún plan del gobierno que hable de una reactivación económica. Esperamos que, al terminar la emergencia por el covid-19, podamos coordinar junto con el Ministerio de Turismo un mecanismo para esta reactivación, porque, hasta la fecha no hemos visto nada claro para el municipio», detalla Jiménez.

Con una bolsa negra en mano y con la donación de $2.00 de mojarras, Dagoberto asegura que puede sobrevivir a un par de tiempos en los que le falte comida, pero que no podrá con las deudas del arrendamiento de la casa y el cúmulo de recibos por el pago de la luz eléctrica y el agua que rondan los $330.

«Necesitamos que nos echen la mano. No pedimos caridad, pero sí hacemos un llamado para que tengamos accesos a créditos con bajos intereses para poder trabajar», repite Dagoberto y se despide.

En una entrevista radial, el 25 de mayo, Morena Valdez, ministra de Turismo, apuntó que las actividades comerciales que dependen del sector turismo serán las últimas en reactivarse. Y agrega que aún no hay fechas para que los negocios inicien labores. Los plazos se darán a conocer, una vez definido el plan de reactivación gradual de la economía. Valdez sugiere «esperar».

A 42 kilómetros del Puerto de La Libertad, «El Tunco» se nombra sin el «playa» Aquí, sobre la arena, sentado junto a Javier Rivas, presidente de la ADESCO de la comunidad, Gilles Ortmans, presidente del Comité de Desarrollo Turístico de Playa El Tunco (CDT), dice: «Se perderán unos 250 empleos tras la pandemia».

Un golpe inevitable en una zona que se ha caracterizado por la prosperidad económica y el desarrollo local. «Necesitamos una fecha para organizarnos y colaborar en los protocolos de salubridad que está trabajando el MITUR«, dicta Javier Rivas, presidente de la ADESCO de Playa El Tunco.

Sin compradores. Los únicos que tienen permiso para trabajar dentro del Puerto de La Libertad son los pescadores artesanales y las vendedoras de marisco. Pero sin clientela, les toca rematar el producto.

Sin plazos, pero decididos a resistir, el CDT de Playa El Tunco ha trabajado una propuesta para la reiniciar las labores del sector y zonas aledañas. Entre las urgencias está la necesidad de elaborar iniciativas comunitarias de adaptación y protección para evitar los contagios de covid-19; permitir el ingreso, tras habilitar los viajes por vía terrestre y el aeropuerto, a turistas provenientes de países con contagios controlados; abrir las playas a las prácticas de deportes, como el surf, que no requieren contacto físico; impulsar programa de microcréditos a pequeños empresarios y limitar el ingreso de los visitantes a las playas.

Volver a esta «nueva normalidad» es mucho más apremiante cuando la Ministra de Turismo asegura que las pérdidas para este sector son de $960 millones. Sobre todo cuando el comercio, los restaurantes y los hoteles, concentran la mayor parte de población ocupada con el 30.7 %. Solo el departamento de La Libertad abarca 82,254 trabajadores en este rubro, según la EHPM de 2019.

El impacto socioeconómico por el covid-19 se acentuará en las personas más vulnerables, en aquellos que necesitan trabajar a diario para poder tener acceso a los alimentos, en los ciudadanos que, de momento, no pueden hacerlo ante las restricciones de movilidad y el aislamiento obligatorio. Así lo estima el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Estamos a tiempo de evitar que la pandemia por covid-19, se convierta en una pandemia de hambre», advierte Miguel Barreto, director regional del PMA para América Latina y el Caribe. De acuerdo con la entidad, la inseguridad alimentaria severa (InSA) -un indicador que apunta si los hogares poseen la cantidad de alimentos suficientes para el consumo o si las personas cuentan con limitaciones monetarias para la adquisición de granos básicos- aumentará en gran parte por la pandemia.

Es decir, los países de la región, entre ellos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana podrían doblar el número de ciudadanos en condición de pobreza y hambre. Según las proyecciones del PMA, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria en América Latina y El Caribe ascenderían a los 13.7 millones para 2020. Un alza -de alrededor del 73%- comparado a la cifra de 2019: 3.4 millones.

Entre estas proyecciones ya se embarcan Rosa y sus tres hijos, a quienes el hambre les sabe a «una sopita de arroz» o «arroz frito». Frente a la calle, entre el corredor y los pisos de tierra, Rosa instala su cocina hecha de parrillas de hierro. Intenta prender las brasas y coloca un comal para dorar media libra de arroz. Su dieta durante los últimos tres meses de confinamiento.

«No crea, para que me duren unas cuantas libras de arroz he tenido que dejar de comer y hacer dos tiempos por día», suelta Rosa. Con tres hijos, racionar los alimentos la ha llevado a precisar que solo con el desayuno y la cena debe bastar.

En esta misma tarde, mientras Rosa explica cómo hace malabares, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) llegan con 12,000 paquetes de alimentos al Centro el Centro Escolar «Alianza» en el Puerto de La Libertad. Esto como medida para «paliar» los efectos económicos durante la crisis de salud por coronavirus.

Seguridad alimentaria. Desde 2008, organizaciones ambientalistas presentaron una propuesta para la Ley de Soberanía Alimentaria. Luego de 12 años, el estudio sigue en pausa en la Asamblea Legislativa.

En la sede educativa, militares, residentes, policías y voluntarios cargan camionetas con bolsas que contienen cuatro libras de frijol, arroz, dos libras de azúcar, una botella de aceite, dos libras de harina de maíz, tres libras de leche, cuatro salsas de tomates y un paquete de espagueti. Esta es una dotación de alimentos que, según el gobierno, debe ser suficiente para alimentar a una familia de cuatro miembros durante 15 días.. Luego de este tiempo, según César Turcios, coordinador del despacho del MAG, se echará a andar un plan para cultivar hortalizas e insumos que utilizan los restaurantes en el Puerto de La Libertad en «tierras ociosas del municipio de Tamanique«.

«Se ha realizado un censo de acuerdo con los indicadores de pobreza proporcionados por Protección Civil y el Ministerio de Gobernación. Con base en ello, se dispuso de la cantidad de familias que serían beneficiadas con los paquetes de alimentos. Así se llegó a un total de 12,000», asegura Turcios. Sin embargo, el número de salvadoreños que se ven afectados por la condición de pobreza -solo en el departamento de La Libertad- alcanza los 83,796 residentes, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía para 2019.

En El Salvador, los parámetros para determinar el estado de la pobreza relativa y multidimensional están sujetos a la cantidad de ingresos y la falta de poder adquisitivo -de una familia- para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). A ello, se suma la privación de las capacidades para el desarrollo de una vida digna como: el acceso a la educación, condiciones de la vivienda, trabajo, salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y calidad del hábitat.

A Rosa esta pobreza le es conocida. La ganancia por la venta de minutas se va en un dólar diario de tortillas, algunos huevos, el queso, la leche y, si queda, papel higiénico. No hay manera de pensar que, al final de mes, ella pueda hacerse de $121.81 para costear completa la canasta básica ampliada en el área rural. Rosa tampoco puede pagar por la construcción de un baño de letrina o por la conexión de un sistema de agua potable.

«Aquí, sin pandemia, la situación ya era dura. Por ejemplo, para poder tomar agua o cocinar, nos toca ir a pedir, vamos con un cántaro a los ranchos privados», relata Rosa.

Frente a esta falta de acceso a los alimentos debido a la crisis económica, el paro de labores, confinamiento y restricciones de movilidad por el covid-19, Jennifer Guzmán de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una organización que lucha por la protección y conservación del medio ambiente, expresa que es urgente contar con una Ley de Soberanía Alimentaria para atender las próximas crisis.

«Desde el año 2008, el anteproyecto por una Ley de Soberanía Alimentaria se mantiene en pausa en la Asamblea Legislativa. Han pasado 12 años sin que se le preste atención al tema. En estos tiempos de crisis por covid-19 u otra emergencia, la ley ayudaría a que la alimentación se vea como un derecho y no como mercancía», apunta Guzmán.

Entregar paquetes de alimentos tampoco es suficiente, asegura Guzmán, sobre todo, porque la canasta no está compuesta por una dieta saludable y nutritiva. Para la experta, esta es solo una medida «paliativa». «¿Qué pasará cuando las familias se coman todo lo de sus canastas?, ¿cuál es plan para el manejo sustentable de esta crisis alimentaria?», cuestiona.

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Al teléfono, luego de una semana de aquella visita a San Blas, Rosa habla de las pérdidas que le dejó la tormenta tropical Amanda tras su paso, el 31 de mayo, por El Salvador. Su casa de láminas de 11 x 5 metros fue inundada por la creciente de la bocana. Los vientos se llevaron una que otra lámina y, sin techo, la lluvia cae sobre bolsas de plástico con las que ha tratado de cubrir la ropa y las camas.

«Al otro lado de la bocana han evacuado a las familias, pero a este lado, nadie ha venido. ¿Para dónde nos vamos?», dice Rosa resignada. Su desesperación por proteger a sus hijos también la ha llevado a escribirle a desconocidos, a gente que en redes sociales ofrece ayuda ante la emergencia por el covid-19 y las lluvias: «Me han dicho que vendrán. Ahorita, estamos comiendo gracias a que unos vecinos se movilizaron y exigieron canastas de alimentos a unas personas que llegaron a repartir al Puerto de La Libertad».

Su bandera blanca sigue ondeando a la orilla de la carretera, pero nadie ha respondido a su llamado de auxilio.

El cuarto de madera donde Sonia se dializa

Fotografías de Glenda Girón y Francisco Corado

El cuarto está compuesto por cuatro hojas de madera que no llegan al techo. Adentro, hay una silla de plástico verde, un bidón con agua color rosado sobre una mesa y, en el suelo, un guacal de plástico color rojo. Para el suero no hay pedestal. Esa función la suple un clavo en la pared. En la puerta, con plumón color verde, en letras con trazo torcido e infantil, alguien escribió: cuarto de tratamiento. Como si fuera necesario, una flecha, igual de panda que las letras, señala la entrada.

Este metro cuadrado es el lugar en el que Sonia Ruth Alpirez, de 50 años de edad, se encierra para hacerse una desintoxicación por diálisis peritoneal. Sus riñones ya no funcionan. No puede orinar. Por medio de un catéter que se le alcanza a ver arriba del ombligo, ella conecta dos mangueras, una para ingresar el suero que cuelga del clavo y la otra para sacarlo y echarlo en el guacal que está en el suelo. Repite este procedimiento de tres a cuatro veces al día.

Sonia vive en una aldea de Tiquisate, en Escuintla. Este es uno de los departamentos de Guatemala que, desde hace más de 10 años, se mantiene en la lista de los que más casos reporta de Enfermedad Renal Crónica.

El avance de esta enfermedad en Escuintla ha sido notorio. En 2008, se registraban 114 casos y la tasa de mortalidad era del 17 %. Mientras que, para 2017, se tenían ya 233 casos detectados y la tasa de mortalidad ya había escalado al 29 %. Estos son los datos del Departamento de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Escuintla es un departamento ubicado en la costa de Guatemala hacia el océano Pacífico. Es parte de un cordón de poblaciones afectadas por un tipo de Enfermedad Renal Crónica que no tiene como base a otros padecimientos previos, como la diabetes y la hipertensión. Por esta razón, los expertos han acordado llamarla Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales (ERCnt). Escuintla aparece, a la vez, en informes de productividad agrícola. En este departamento está el 61 % del área de cultivo de caña de azúcar.

Esta modalidad de ERC se ha apropiado de las comunidades agrícolas. No es solo Escuintla, ni se limita a Guatemala. En México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se reporta, desde hace casi dos décadas, un alto e inusual número de casos. Los afectados son gente como Sonia, que ha trabajado en la agricultura o que vive entre plantaciones.

La ERC que más se ve en estas comunidades no es fulminante. Quiere decir que se puede detectar en las primeras etapas. Al hacerlo, los pacientes tienen la oportunidad de ponerse en tratamiento y hacer más lento el avance del daño. La mayoría de casos, sin embargo, se detectan en los estadios más avanzados, cuando ya los riñones no son capaces de filtrar y las personas sufren un colapso. Después de eso, quedan atadas a una terapia sustitutiva de la función renal, como la diálisis peritoneal que se hace Sonia. Esto no es una cura, es, apenas, lo que los mantiene vivos.

Sonia

Sonia cuenta el inicio de su drama en muy pocas palabras: «Me empecé a hinchar, la respiración me costaba. Me llevaron al hospital y me hicieron exámenes. Ahí fue que el doctor me dijo que estaba enferma de insuficiencia renal. Me trataron y ya de una vez me pusieron el catéter». Antes de esto, tuvo varios episodios de infecciones urinarias, pero nunca encontró la oportunidad de somerterse a un estudio más enfocado en detectar daño renal.Desde el 4 de agosto de 2012, Sonia debe aislarse en ese cubículo que le construyó su esposo para hacer su proceso de desintoxicación. A la par, sigue una dieta estricta, no puede realizar actividades físicas y, lo más importante, debe limitar su ingesta de agua, un reto grande si se considera que, en Tiquisate, la temperatura puede llegar a superar los 38 Centrígrados. Sonia lleva en esta dinámica ocho años.

Sonia vive en el cantón Los Barrilitos II. Y, aquí, tiene más vecinos a los que se les ha diagnosticado ERC y también sabe de conocidos que han muerto por lo mismo. Cada año, en Guatemala se identifican alrededor de 5,000 casos nuevos. Los departamentos en donde más se halla a personas con ERC son Guatemala (capital), Santa Rosa, Petén y, claro, Escuintla, al que pertenece Tiquisate, el municipio en donde está este cantón verde de población agrícola con nombre en diminutivo: Barrilitos.

La ERC de causas no tradicionales ha sido motivo de numerosos estudios. No se ha podido, sin embargo, identificar una causa concreta. Hay, más bien, una serie de factores que son calificados como riesgo, entre ellos: las prácticas agrícolas que involucran un trabajo intenso, el estrés térmico agravado por un evidente cambio climático, la exposición a agroquímicos, el consumo indiscriminado de antiinflamatorios y la falta de acceso a agua potable.

A esto se le agrega la dificultad para encontrar servicios de salud, baja escolaridad, mala nutrición y bajo peso al nacer para completar lo que el doctor Vicente Sánchez Polo describe como «la tormenta perfecta». «Todas las personas, por el solo hecho de vivir ahí, tienen aumentada la vulnerabilidad renal, porque ahí es que confluyen todos los factores de riesgo», explica Sánchez, quien es jefe del servicio de Nefrología y trasplante renal del Instituto Guatemalteco del Seguro Social y miembro del consejo directivo del Centro para el Estudio de la Nefropatía Centroamericana en América Central y México (CENCAM).

Vivienda. El índice de déficit cualitativo de vivienda en Guatemala es de 61 %. Seis de cada 10 casas están en malas condiciones. En las comunidades agrícolas, como las de Tiquisate, Escuintla, el problema es grave.

El Barrilito II es así. Es verde, agrícola, pobre, caliente. Es una serie de casas de lámina y plásticos mal puestas sobre veredas retorcidas que se convierten en ríos de lodo cuando llueve mucho. Es en este cantón en donde Sonia ya solo vive para conectarse a mangueras cuatro veces al día en un cuartito de madera. «Todo cuesta más con esta enfermedad. Pero lo más difícil de aguantar es el dolor de huesos, el dolor que da la espalda, así como que tuviera los pulmones llenos de agua, así se siente», cuenta Sonia desde las afueras de la casa.

Entre las familias de esta zona no es raro que la ERC sea diagnóstico o causa de muerte. Lo que sí es raro es la prevención. «Los pacientes con estadios tempranos de ERC, generalmente no son diagnosticados ni tratados oportunamente y, con frecuencia, presentan múltiples factores de riesgo concurrentes que incrementan el riesgo para pérdida de la función renal, el desarrollo de complicaciones y la muerte cardiovascular precoz», explica la doctora Berta SamColop en el documento Prevalencia y mortalidad de Enfermedad Renal Crónica en Guatemala (2008-2018), que fue hecho público en marzo de este año.

Sonia no vive sola. Tiene esposo y once hijos. Para ellos, y para el resto de vecinos que viven en esta «tormenta perfecta», el riesgo es alto y la prevención insuficiente.

El Barrilito II es así. Es verde, agrícola, pobre, caliente. Es una serie de casas de lámina y plásticos mal puestas sobre veredas retorcidas que se convierten en ríos de lodo cuando llueve mucho. Es en este cantón en donde Sonia ya solo vive para conectarse a mangueras cuatro veces al día en un cuartito de madera.

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LA CASA EN DONDE SONIA vive con su familia tiene techo de lámina, paredes pintadas y piso de cemento. Pero vivir con esto tan básico no es la norma en este municipio de Tiquisate. La mayoría de habitantes tiene mucho menos. En las comunidades agrícolas como esta, hay viviendas construidas con tablas y plásticos y con piso de tierra por donde escarban las gallinas, como en la que vive Francisco Santay, de 58 años, otro paciente con ERC que, como Sonia, vive en Tiquisate.

A Francisco el terreno en donde tiene su casa le costó 30,000 quetzales, que equivalen a $3,900. A él y a su familia compuesta por su esposa y cinco hijos, les ha tomado, con mucho esfuerzo, 11 años terminar de pagar esta cantidad de dinero.

Fortalecer la estructura de la vivienda era el proyecto más ambicioso que tenían cuando Francisco cayó enfermo. Entonces, quedó pendiente la colocación de drenaje. No tienen. Y, dado que las condiciones de su vivienda son tan débiles y por debajo de lo que se considera digno, Francisco no es candidato a la diálisis domiciliar. Debe viajar al hospital de la cabecera departamental, Escuintla, de dos a tres veces por semana para someterse a una desintoxicación asistida por máquina que se llama hemodiálisis. Estos traslados vinieron a complicar más la economía familiar. La familia perdió su capacidad para cancelar los servicios y, ahora, se ha quedado sin electricidad. Francisco, esposa e hijos tienen una deuda de más de 1,800 quetzales ($235) que, aquí, es una cantidad imposible de juntar.

En Guatemala, el déficit cualitativo de vivienda corresponde a un 61%. Este dato se traduce en que, de cada 10 casas, seis tienen algún aspecto, o varios, en malas condiciones. Según el estudio «Diagnóstico de la vivienda en Centroamérica», publicado hace cuatro años, entre las principales carencias está que: un 29 % de las viviendas tiene piso de tierra y un 22 % tiene paredes con materiales inadecuados, como la de Francisco. «La falta de agua potable afecta un 9 %, mientras que la falta de servicio sanitario de fácil acceso en la vivienda representa un muy elevado 44 % de las viviendas, pues carecen de este servicio en su totalidad o solo cuentan con letrina», agrega el documento.

Estas carencias se vuelven un peligro mayor en el caso de las familias en las que hay personas con enfermedades crónicas y progresivas, como la ERC. Familias como las de Sonia y Francisco. «Este es el verdadero problema de tener sistemas de salud tan deplorables y tan débiles, cada quien hace lo que puede», reniega el nefrólogo Sánchez Polo, del IGSS. Y agrega: «Sabemos que la diálisis no cura nada, solo sirve para expulsar toxinas y la pobre gente se tiene que hacer de tres a cuatro recambios al día, ¿qué va a pasar con un pobre campesino que se hace este proceso en una casa de piso de tierra y con moscas? Va a tener una infección».

El más afectado. El sector de los trabajadores agrícolas está a la cabeza en prevalencia de la enfermedad renal crónica. Es uno de los más visibles porque, por lo general, cuenta con cobertura de seguro social.

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LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICAno tradicional de Tiquisate, en Escuintla, Guatemala, es la misma que tiene a agricultores y sus familias cautivas en Jiquilisco, Usulután, en El Salvador. Y es la misma que causa angustia en Bagaces, Guanacaste, en Costa Rica. También afecta a cientos de personas en Chichigalpa, Chinandega, Nicaragua. Y la gente de Marcovia, en Choluteca, Honduras, no se escapa. Este, como dice el doctor Sánchez Polo, no es un problema solamente médico, es, también, poblacional.

«Un chico de estas zonas ya nace pobre, con dificultad de acceso a la salud, con bajo peso; cuando empieza a trabajar a temprana edad, sus reservas renales ya van disminuidas», expone el doctor Sánchez Polo, y suma que la normalidad en estas comunidad incluye el consumo de agua de mala calidad, uso o exposición a agroquímicos, abuso de medicamentos antiinflamatorios, bebidas azucaradas, exceso de calor y esfuerzo físico extremo a la hora del trabajo. «Esto hace que esta sea una enfermedad más de carácter epidemiológico, poblacional y no solo relaciona a una causa, son múltiples causas», agrega.

En América Latina, los países que tienen las tasas más altas de mortalidad por ERC son Nicaragua y El Salvador. Solo en este último, las muertes llegan a 2,500 anuales. Las poblaciones más afectadas de cada uno de estos países son las de la costa del Pacífico, al respecto, un documento respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica: «Esta zona geográfica contiene la mayor porción de área cultivable, y la agricultura, en especial el cultivo de la caña de azúcar que se ha intensificado en los últimos decenios, lo cual se ha traducido en aumento de la superficie cultivada, mayor rendimiento por hectárea y mayor productividad de las cosechas», de esta manera se describe el reporte titulado «Epidemia de Enfermedad Renal Crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica», publicado en 2017.

Escuintla, departamento al que pertenece Tiquisate, tiene 165 mil hectáreas dedicadas solo al cultivo de caña de azúcar. «La mayor parte de los ingenios nacionales y la producción de caña se ubican en el departamento de Escuintla, debido a su ubicación geográfica estratégica hacia el principal puerto del país (Puerto Quetzal)», dice un informe del Departamento de Análisis Macroprudencial y Estándares de Supervisión del Sector Azucarero.

Sonia no siempre ha vivido aquí, en los Barrilitos II. Antes residió en otra comunidad de Tiquisate llamada San Juan de la Noria.

Cuando se ve desde un mapa satelital, San Juan de la Noria parece una punta afilada con bordes muy rectos. Lo que la corta de esa manera son los cultivos. La rodean cientos y cientos de hectáreas verdes. La actividad económica principal de este municipio es la agricultura. Y los cultivos predominantes de este territorio son la caña de azúcar, el banano y palma africana. Estas cosechas representan el 84 % del la producción del municipio.

Acceso a salud. Francisco Santay, de 58 años, es un paciente renal. Debe viajar al hospital de Escuintla, desde Tiquisate, para recibir hemodiálisis. Su casa no reúne las condiciones para optar por un tratamiento domiciliar.

Fue este carácter tan agrícola de la zona lo que hizo que el doctor Sánchez Polo y su equipo dirigieran hacia Escuintla, donde está Tiquisate, un estudio sobre la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica. En una muestra que incluyó a 700 personas de todas las edades, los investigadores hicieron un tamizaje. «Nos centramos en una comunidad que está ubicada a 200 metros sobre el nivel del mar, está en un área de riesgo, porque la rodean varios ingenios azucareros», explica Sánchez Polo.

Los resultados que arrojó ese estudio solo pueden ser preocupantes. «Encontramos que la mitad de los niños ya tiene un daño renal», asegura el investigador y nefrólogo. Agrega que se trata de niños que están en las escuelas, por lo que, si trataban, no lo hacen en jornadas completas. Sánchez Polo explica que, aunque haya intentos por relacionar la ERC solo a los trabajadores agrícolas y con ello reducirla a un riesgo laboral, en realidad, no lo es. Las investigaciones como esta, que incluyen a poblaciones más allá de los ingenios refuerzan la idea de las causas múltiples. «Encontramos que de las mujeres que dijeron ser amas de casa, un 30% ya tiene daño renal», añade.

Sonia, de hecho, solo trabajó en la agricultura por un corto tiempo, cuando era niña y le ayudaba a su padre. Entre 2008 y 2018, en Guatemala se registraron 35,877 personas con ERC, según datos de la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC). En ese mismo período, se documentaron 19,491 muertes relacionadas con esta enfermedad. La tasa de mortalidad de la ERC en Guatemala es del 54 %.

El riesgo para el investigador y nefrólogo Sánchez Polo no es solo el trabajo: «El hecho de que tú vivas ahí ya te hace una persona en riesgo de daño renal. Se requiere detección temprana y protección. Pero, en el mismo contexto de la pobreza, a esta gente no la chequean, no la cuidan y no la revisan». A los niños de este estudio, asegura el médico, se les dará seguimiento integral para evitar mayores consecuencias. Y afirma que en esta clase de estudios y en la elaboración de políticas para el abordaje de esta enfermedad se ha integrado una dinámica junto con otros sectores, como el académico, el gubernamental, el de los trabajadores y, también, el azucarero. «No es conveniente que nos pongamos a pelear, cuando ellos también pueden aportar; todos podemos aportar», explica.

Para Sonia y su familia la casa de El Barrilito II es, sin duda, una mejoría. «Una bendición», dice ella, que les llegó por medio de la iglesia evangélica a la que pertenecen. Cuando se le pregunta si se mudaría de aquí, la respuesta es no. Y, al respecto tiene solo una petición que hace casi como un susurro: «Yo, aquí, solo mejoraría el cuartito, para hacerme mejor el tratamiento».


Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation.

Las vidas que quedan fuera del sistema

Fotografía de Archivo

El cuerpo de Valeria pasó una semana en Medicina Legal. Sus padres no la asentaron en la alcaldía de San Salvador y, sin un documento que respaldara su existencia, su madre no podía retirar su cuerpo de la morgue.

Los funcionarios le propusieron una alternativa. Tenía que presentar un documento de no emisión de nacimiento. Para esto debía, primero, tener las huellas plantares de su hija.

Valeria nació en el antiguo Hospital de Maternidad. Junto con Camila Portillo, activista de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans), la madre de Valeria fue al nuevo Hospital de Maternidad para reclamar el documento, pero el trámite quedó frustrado porque, los servicios administrativos de los hospitales estaban paralizados por la pandemia del covid-19.

Medicina Legal había dado un plazo 15 días para retirar el cuerpo de Valeria. Así que, por medio de Aspidh Arcoíris Trans, se hicieron coordinaciones con el Registro Nacional de las Personas Naturales para que este extendiera, lo más pronto posible, una declaración jurada que comprobara, a los forenses, que la señora que reclamaba el cuerpo de Valeria era su madre.

Una vez el documento fue remitido a la Fiscalía General de la República, la institución dio el aval a Medicina Legal para que entregaran a Valeria. Si este proceso no se hubiera agilizado, su cuerpo hoy estuviera en una fosa común.

Valeria pasó enferma con diarrea y calentura. Murió, a los 24, deshidratada. Su madre gastó el poco dinero que gana del comercio informal para reponerla con sopas y jugos. Antes de que el gobierno declarara la emergencia por el covid-19 y la cuarentena obligatoria, la señora había intentado curarla, la llevó al Hospital San Rafael, en Santa Tecla, pero no quisieron atenderla y tampoco le dieron explicación.

En plena pandemia, Valeria empeoró, pero fue en vano que su madre buscara ayuda en un Fosalud y en la Unidad de Salud del barrio San Jacinto. Tampoco sirvió que le pidiera prestado el teléfono a un vecino para llamar al Hospital San Rafael y suplicar, otra vez, atención para su hija. La respuesta siempre fue la misma: solo atendían emergencias por el nuevo coronavirus.

El 28 de abril por la mañana, la madre de Valeria salió a la calle y paró a un carro patrulla. Hizo que un policía entrara a su casa y pidió, de favor, que le ayudara a llevar a su hija hasta un hospital. El policía llamó a un número y al otro lado hubo una respuesta: que si Valeria estaba muy grave, que mejor muriera naturalmente, ya que estaban enfocados en la pandemia.

Valeria era amiga de Camila. La quería tanto, que hasta le decía mamá. Camila no sabe si aquella respuesta que recibió el agente fue de otros policías o del personal de un hospital. Tampoco sabe si la falta de atención fue por la identidad y expresión de género de Valeria.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

«Hay frustración. Te quedás con esa sensación de impotencia, con ese nudo en la garganta, porque sos parte de la población y también has vivido situaciones similares», sostiene Camila.

En 2016 fueron lanzados los Lineamientos Técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI, vigentes a la fecha y que establecen la atención que el sistema de salud debe brindar a pacientes de la diversidad sexual, especialmente a las mujeres y las mujeres trans.

El documento fue un trabajo entre la extinta Secretaría de Inclusión Social (SIS), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las organizaciones de la sociedad civil. Y, al igual que otras acciones a favor de la población LGBTI, su cumplimiento era verificado por la SIS.

La SIS fue una instancia nacida en el gobierno del expresidente Mauricio Funes y dependía de la Presidencia. A ella estaba adscrita la Dirección de Diversidad Sexual, que tenía entre sus funciones erradicar la violencia y la discriminación contra la población LGBTI en las instituciones públicas.

En el segundo día de su gobierno, Nayib Bukele eliminó la SIS y delegó la Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura, un ministerio que dejó de ser una secretaría en 2018. Con sus nuevas asignaciones, lo único que hizo esta cartera de Estado fue un cambio de nombre. Desde agosto del año pasado, comenzó a llamarse Unidad de Género y Diversidad.

Suecy Callejas, la ministra de Cultura, fue entrevistada por un noticiero antes de ser juramentada como funcionaria. En la entrevista del 8 de mayo de 2019, habló de reformas presupuestarias para el ministerio que preside y de gestionar fondos con cooperantes y empresas, ya que, dijo, solo el 8 % del dinero era destinado a las direcciones que dependen del ramo cultura. El resto se va en pago de salarios.

Pese a la responsabilidad que le conlleva trabajar en la implementación de políticas públicas a favor de la población LGBTI, p ara el año 2020, sin embargo, no hubo mucha variación en el presupuesto ministerial. Solo aumentó $1,283 respecto al año 2019, cuando contó con $20,266,40. Después del Ministerio de Medio Ambiente, Cultura es la cartera de Estado con menos presupuesto.

A un año del nuevo gobierno, la PDDH y las organizaciones LGBTI no conocen las propuestas de políticas públicas que serán implementadas en este quinquenio con respecto a la diversidad sexual.

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LA MADRUGADA DEL 22 DE MARZO, horas después de que Bukele ordenara la cuarentena obligatoria por el covid-19, dos mujeres trans fueron detenidas en San Salvador, acusadas de violar la medida gubernamental.

Ellas fueron trasladadas al centro de contención del Instituto Nacional de los Deportes, donde también estaban detenidos siete hombres gais. En ese lugar, había un policía que le dijo al grupo que la pandemia era producto de su estilo de vida.

A través de una organización, las víctimas denunciaron el caso a PDDH, quien pidió un informe al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Hasta ahí, la PDDH supo que seguía vigente una de las políticas creadas en el anterior gobierno a favor de la diversidad sexual. Arriaza Chicas respondió que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública continúa aplicando la Política Institucional para la Atención a la Población LGBTI, una iniciativa de SIS, que desde 2018 está a cargo de la actual Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada.

«La pandemia ha visibilizado la desprotección de la que es víctima la población LGBTI, especialmente los grupos más vulnerables, como las personas adultas mayores y las trabajadoras sexuales», sostiene Jessica Torres, referente de la Procuraduría Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

Torres señala que durante la pandemia han observado que la Unidad de Género y Diversidad, del Ministerio de Cultura, a cargo de Keny Rodríguez, no ha tenido un rol protagónico en las acciones que le corresponden.

Sin instituciones que impulsen políticas públicas para sectores vulnerables como la población LGBTI, son las organizaciones las que, dentro de sus limitantes, asumen parte de las funciones del Estado.

De toda la población LGBTI, la personas trans son las más discriminadas por su identidad y expresión de género. En un país como El Salvador, donde aún no es aprobada una Ley de Identidad de Género, ellas no pueden acceder a un nombre que las identifique, a un empleo formal ni a servicios básicos como salud y educación.

Por esto es que, en el caso de la mayoría de mujeres trans, su única forma de ingreso es el trabajo sexual. Otras viven del comercio informal.

Con la cuarentena obligatoria, que comenzó el 22 de marzo y se prolonga hasta el 6 de junio, las mujeres trans han dejado de recibir ingresos. No todas han sido beneficiadas con el bono de los $300 que dio el gobierno a los afectados por la pandemia del covid-19.

Aspidh Arcoíris Trans se ha encargado de entregar canastas básicas a mujeres trans y hombres gais. Cada día, en su página de Facebook, la asociación sube fotografías de las entregas que realizan en diferentes municipios.

El dinero para las canastas proviene de sus donantes, a quienes también les han pedido redireccionar fondos que inicialmente estaban destinados para eventos que se aplazaron por la pandemia, cuenta la directora de la asociación, Mónica Linares.

Desde Aspidh Arcoíris Trans gestionaron la entrega del bono de $300 para 50 personas, entre mujeres trans y hombres gais. No todos pudieron acceder a este beneficio, pero una gran parte de la población LGBTI lo necesitaba.

La PDDH se ha enterado por las organizaciones de la sociedad civil que esta unidad elabora un censo de mujeres trans para darles un subsidio, pero desconoce si el censo ya fue terminado y si el dinero les fue entregado a las mujeres.

Un censo de este tipo requiere un trabajo minucioso, sobre todo porque El Salvador no cuenta a toda su población desde 2007, y, en aquel momento, no se desagregó a la población LGBTI. Los datos referentes a la diversidad sexual son manejados por las organizaciones de la sociedad civil, pues se carece de registros oficiales, incluso sobre hechos graves, como los crímenes de odio.

El 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado para hacer énfasis en la desprotección en la que se encuentra la población LGBTI, y que aumenta, en el marco de la pandemia del covid-19.

«El covid-19 y las medidas adoptadas para contenerlo intensifican las desigualdades y la discriminación. La existencia de leyes de criminalización, por ejemplo, hace que las personas LGBTI sean vulnerables a los abusos de la policía y a los arrestos en detenciones arbitrarias en el contexto de las restricciones de movimiento y toque de queda», indicó la CIDH.

Esta es una realidad de la que no escapa para personas como Valeria. Su exclusión de las políticas públicas ha llevado a que tampoco exista un protocolo estatal de atención durante la pandemia. Quizá si hubiese uno, ella no habría muerto.

La Alcaldía de Ahuachapán designó horarios de salidas para las mujeres y hombres trans de este municipio, y pidió a la PNC y a la Fuerza Armada a respetarlos. Es la única iniciativa que, a nivel nacional y en plena cuarentena, ha sido pensada para este sector.

Además del caso de discriminación en el Instituto Nacional de los Deportes, la PDDH recibió la denuncia de tres hombres trans que cumplían cuarentena en otro centro de contención, en Chalatenango. Estaban en cuarentena en un lugar insalubre y donde también eran discriminados por su identidad y expresión de género.

La PDDH, que en estos días de cuarentena obligatoria tiene la orden de la Sala de lo Constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos, remitió estos hechos al Ministerio de Cultura, pero no hubo mayor respuesta de la Unidad de Género y Diversidad.

«Con llevar esto al Ministerio de Cultura se pierde su enfoque natural, que es eminentemente, de protección a las personas, lo estamos viendo desde un enfoque más cultural», insiste Torres.

Revista Séptimo Sentido solicitó una entrevista con Callejas o Rodríguez para conocer los avances en la Dirección de Género y Diversidad, pero la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Cultura se limitó a decir que están únicamente enfocado en la pandemia.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

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EN MAYO DE 2010, el gobierno del expresidente Mauricio Funes aprobó el Decreto Ejecutivo 56, enfocado en prevenir la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual en las instituciones públicas que dependían del Ejecutivo.

Linares recuerda que hubo una propuesta de decreto que las organizaciones elaboraron que entregaron a Funes. Esta establecía sanciones para la discriminación de la población LGBTI, pero el decreto que el expresidente lanzó las omitió. El documento sigue vigente, lo que sucede es que ya no está la SIS, la encargada de aplicarlo.

El decreto significó una puerta para visibilizar la discriminación contra los miembros de la diversidad sexual, pero aún no existe en El Salvador una ley que sancione la discriminación. Apenas, en 2015, el Código Penal fue reformado, pero para agravar las amenazas y los homicidios cuando estuvieran motivados por el odio.

La reforma se ha quedado en papel, porque de los más de 600 asesinatos que las organizaciones registran desde 1993 a la fecha, solo el de Camila Díaz, una mujer trans asesinada en 2019, ha sido judicializado con este agravante.

El Decreto Ejecutivo 56 fue difundido por la Dirección de Diversidad Sexual en las diferentes instituciones públicas. Durante los gobiernos del FMLN, esta dirección se encargó de capacitar a personal de diferentes ministerios y tuvo una participación en ferias de empleo para la población LGBTI. También creó un índice sobre la inclusión social dentro de las carteras de Estado.

Camila insiste en que hay documentos que no todos los empleados de las instituciones públicas conocen y por esto no saben cómo atender a los miembros de la diversidad sexual desde un enfoque de derechos humanos, sobre todo a las personas trans. Si pasa con el Decreto Ejecutivo 56, que ya tiene una década de vigencia, duda que no pase con otras acciones inclusivas.

La Dirección de Diversidad Sexual llegó, incluso, a contar con una línea telefónica 132, un call center creado en 2017 y que atendía las denuncias del personal de la diversidad sexual que trabajaba en el sector público y había sufrido algún tipo de discriminación.

Ahora este número el gobierno lo ocupa para atender llamadas de personas que padezcan de alguna enfermedad y necesiten movilizarse, aun así, hay personas que no saben de la extensión o que, como la mamá de Valeria, no cuentan ni con un teléfono para pedir ayuda en una emergencia.

En el call center, un equipo daba asesorías y buscaba acompañamiento para las víctimas, ya sea a través de instituciones estatales o a través de las organizaciones. Una función mínima, pero que marcó precedentes desde el Ejecutivo.

«Al desaparecer la Secretaría de Inclusión Social, es como decir: ‘esto no es relevante para este gobierno’, y políticamente pasa a ser una población con una minusvalía desde la respuesta del Estado», señala Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA).

Institución. La Secretaría de Inclusión Social funcionó como una dependencia de Presidencia durante los gobiernos del FMLN.

Sylvia Hidalgo, procuradora Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, señala que, en noviembre del año pasado, el procurador Apolonio Tobar pidió un informe a Bukele y a Callejas para saber qué pasaría con las políticas públicas ya implementadas en gobiernos anteriores y el seguimiento al Decreto Ejecutivo 56. Lo que recibieron fue una respuesta ambigua, no de ellos, sino del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

De acuerdo con Jessica Torres, el gobierno se limitó a justificar que había desaparecido la Dirección de Diversidad Sexual, porque estaba dentro de las facultades del Consejo de Ministros. Y que, basados en la Constitución, habían reestructurado el funcionamiento de las SIS y las otras cuatro secretarias que Bukele desapareció, para que existiera una relación con el Plan Cuscatlán.

El Plan Cuscatlán apenas contempla entre sus iniciativas, y sin una estrategia concreta, eliminar la violencia y discriminación contra personas vulnerables, como la población LGBTI. En ningún apartado menciona la supresión de la SIS.

En su informe preliminar de la visita in loco, entre el 2 y el 4 de diciembre del año pasado, la CIDH lamentó la falta institucionalidad y partida presupuestaria para proteger los derechos de la población LGBTI y la falta de otras iniciativas a su favor. Según la comisión, aunque hay un lineamiento de atención en salud, no hay una política de atención especializada.

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EL MINISTERIO DE CULTURA publicó su Plan Operativo Quinquenal en el Portal de Transparencia, en febrero de este año. El documento se describe como un «insumo de política pública creada para dar cumplimento e incidir en la generación de una cultura pacífica, respetuosa de la diversidad e inclusiva de grupos históricamente excluidos».

Una de las propuestas del plan es fortalecer la Unidad de Género y Diversidad que, a la fecha, según la PDDH, solo cuenta con dos colaboradores para hacer todo el trabajo que le competían a la extinta Dirección de Diversidad Sexual.

Para la formulación de este plan -del que no se especifica un presupuesto- no hubo consulta con las organizaciones de la sociedad civil, aclara Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador. Con él coincide Linares. La PDDH ni siquiera sabía, hasta esta semana, de la existencia del plan. No fue un lanzamiento público.

«Un diagnóstico de lo más básico de las políticas ya existentes era importante incluirlo, porque se ha creado en el aire, de qué ha pasado. ¿Se van a retomar, se van a trabajar? Casi pareciera que este está partiendo de cero», opina Zapata.

Tras conocer que las nuevas funciones del Ministerio de Cultura para este quinquenio, en agosto, la Asociación Amate insistió conocer, por medio de la Oficina de Información y Respuesta del ministerio, cuáles serían las implementaciones de políticas públicas a favor de la población LGBTI y cuál sería el presupuesto asignado para la Unidad de Género y Diversidad.

La asociación nunca recibió el plan. Según consta en diferentes solicitudes de información publicadas en el Portal de Transparencia, la justificación fue que el plan estaba en elaboración. Al inicio, cuenta Zapata, les enviaron el presupuesto generalizado para el ramo cultura, pero después, la Oficina de Información y Respuestas les remitió apartado, en el que aparece que la Unidad de Género y Diversidad funcionará con $8,000 este año.

Una de las propuestas del Plan Operativo Quinquenal es el trabajo en el territorio con extensiones del Ministerio de Cultura, como las Casas de la Cultura y Convivencia. Para esto ha sido asignados $900,815 en el 2020, tan solo $820 más que el presupuesto de 2019.

Es una propuesta que les permitiría tener contacto con las alcaldías y así contabilizar a la población LGBTI que hay en los municipios y sus zonas rurales, dice la activista Linares. Algo de lo que, de acuerdo con Zapata, careció la Dirección de Diversidad Sexual, porque limitó su trabajo a San Salvador.

«Realmente nos estamos preparando para una situación más complicada en cuanto a cómo nosotros ejercemos los derechos», dice Zapata. Sin información oficial es difícil para las organizaciones y para toda la población LGBTI saber qué pasará con el trabajo realizado durante una década. Mientras, habrá más necesidades en una población invisible para el Estado.

«Los salvadoreños no tenemos salud mental»

Fotografía de Nelson Rivera

Exteriorizar las emociones, según Rina Bolaños de Zometa, nunca ha sido algo frecuente en la sociedad salvadoreña. Ella habla desde su cargo como vicedecana de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, y señala que, para muchos, el que alguien acuda a terapia psicológica es cosa de «dementes». Culturalmente, acá, se ha normalizado el tratamiento de las enfermedades físicas, pero no el de los trastornos mentales.

El confinamiento, explica, agrava las enfermedades mentales ante la falta de atención y continuidad en los tratamientos de los pacientes tras los cierres de los centros de atención. También habla de cómo la desinformación y el discurso de terror propician las conductas punitivas y las compras de pánico en la población. Y agrega que, tras la pandemia, el país verá un incremento en los casos de depresión, fobias trastornos de la alimentación y los estados de ánimo. Todo producto de la inestabilidad política y social que llega hasta lo más íntimo de los hogares.

Esta es la primera vez, en 54, en que el vicedecanato de esta facultad es ocupado por una mujer en la sede de Santa Ana. Bolaños de Zometa cuenta con estudios superiores en psicología y se especializa en la atención en crisis, familia niñez y en la profesionalización de la docencia superior. Desde esa experiencia explica que en esta crisis de salud por covid-19, a los salvadoreños se les hace difícil de encontrar sentido a las repentinas palpitaciones, la arritmia o la sensación de agitación o cansancio, algo propio de los ataques de pánico. La falta de atención a la salud mental ha ocasionado que los ciudadanos no puedan poner nombre y apellido a sus problemas emocionales.

¿Cuál es el estado de salud mental de los salvadoreños?

Los salvadoreños no tenemos salud mental. Nosotros hemos perdido el sabor de vivir la vida. Primero, vivimos una guerra; luego, la posguerra fue dura para la sociedad y los actores involucrados en ella: los militares y la guerrilla. Al no sanar las heridas, al no poner la mirada en los problemas de salud mental como producto de ese conflicto, vemos los resultados en una ola de violencia social.

Por ejemplo, si vamos por la calle y alguien camina detrás por una cuadra o dos, eso ya nos pone nerviosos. Y esto se debe a los niveles de violencia en que vivimos. En otro contexto, en otra sociedad, la gente ni cuenta se da. Pero acá, hemos llegado a niveles de violencia catastróficos. Nuestra salud mental está bastante dañada. Ahora, con este ejemplo, cualquiera diría: «Él o ella está enfermo, porque piensa que cualquier persona puede estar siguiéndolo». Y sí, la mayoría hemos desarrollado esta paranoia por la realidad en que vivimos.

Tampoco debemos olvidarnos de otro factor: la pobreza. Acá los niveles de pobreza son grandes y los salvadoreños viven el día a día. ¿En qué tiempo pueden ellos aprender a tocar un instrumento? ¿Escribir un poema? ¿Estudiar pintura? ¿Hacer una escultura? La gente anda la conciencia diaria en poder resolver las necesidades básicas para su sobrevivencia. Nuestra vida se va en la satisfacción de esas necesidades; dejamos de lado otras situaciones que nos ayudan a desarrollarnos de una mejor manera.

¿Quiénes la hacen de psicológicos en El Salvador? Acá lo hacen los curas, el pastor, el vértice de alcohólicos anónimos, pero no un trabajador de la salud mental.

¿Cuáles son los problemas emocionales que enfrentan los salvadoreños?

Si uno no tiene satisfechas, siquiera, las necesidades básicas, lo más seguro es que uno enfrente estados de ánimo de tristeza, incertidumbre, preocupación, cuadros de depresión y ansiedad. Una familia que viva en esta situación puede enfrentar todos estos problemas. Veamos a la señora que vende en el mercado. Ella depende de la venta de su producto diario para generar ingresos. Y si no vende, ella y su familia no comen. Obviamente, eso le va a generar mucha angustia, tristeza o depresión. Lo preocupante es que la mayor parte de salvadoreños viven en esta condición. Con un sueldo mínimo, muchas familias deben de pagar agua, luz, casa, teléfono; todo se va en el pago de esas necesidades, no hay chance para la recreación, porque no alcanza para eso.

¿Cómo agrava la pandemia los problemas de salud mental que ya existen en la población?

El encierro no ayuda a los cuadros de depresión, angustia, ansiedad o dependencia a sustancias como el alcohol. El confinamiento genera en los pacientes un sentimiento de incertidumbre, de desesperanza. El virus ha venido a incrementar esta sensación de poca certeza. Y es que, bajo cualquier circunstancia, el ser humano necesita saber el porqué, dónde y cómo. Pero, con el covid-19, las cosas cambian diariamente. Sin duda, en estos tiempos de pandemia, las afectaciones psicológicas empeoran. En este contexto, es importante garantizar la atención psicosocial para que las personas puedan lidiar con estas emociones.

Desde que comenzó la cuarentena domiciliar, el 10 de marzo, se ordenó el cierre de espacios que brindan atención psicosocial dentro de las Unidades de Salud Comunitarias y el Hospital Nacional Psiquiátrico. ¿Es coherente esta medida con la necesidad de priorizar en la atención psicosocial en tiempos de crisis?

No. Se tenía que seguir dando acompañamiento a los pacientes. Un tratamiento psicológico discontinuado produce la misma reacción que una dosis de medicamentos «cortados», es decir, si a usted le dan antibióticos por 10 días, pero solo toma las pastillas en dos ocasiones, eso no le hará efecto. Los cierres de estos centros de salud son contraproducentes para los avances de cada paciente. Esta medida nunca tuvo que ser una opción, mucho menos, si no hay garantía en la continuidad de la atención psiquiátrica o psicológica.

¿Qué tipo de repercusiones emocionales pueden enfrentar los pacientes ante los cierres de estos centros de atención?

Nosotros, como psicólogos, solo brindamos psicoterapias, pero hay gente que necesita de su psicoterapia y fármacos para sobrellevar su problema de salud mental. Ahora la gente no tiene ni una ni la otra. Esto los lleva a cuadros de mucha más ansiedad; mientras tanto, su trastorno o su psicopatología va empeorando. En el caso de las personas con depresión, las conductas como el aislamiento, el no levantarse de la cama, no hablar y el llanto pueden ser más evidentes en estos tiempos de crisis. Lo preocupante es que los niveles de depresión pueden ir avanzando; y hablar de un nivel cuatro de depresión es hablar, ya, de ideas suicidas.

Solo en el mes de abril se reportaron nueve suicidios.

El encierro puede fomentar este tipo de situaciones. Debemos entender que el ser humano es un ser eminentemente social y que necesitamos del contacto con nuestros similares. Ahora, con la cuarentena domiciliar, la gente se siente mucho más aislada, sola. De momento, las personas se están «reconociendo». La depresión tiene ciertos niveles y, en la última instancia, se llega a los pensamientos suicidas. La falta de atención a la salud mental y el estigma social impiden que la gente exteriorice sobre sus emociones, aunque esté sufriendo.

Las personas que tienen ‘bien puesta’ una depresión pueden reír, platicar, trabajar y estudiar. Es necesario fomentar la comunicación para que puedan exteriorizar esos otros sentimientos que los aquejan. Y no solo eso, también deben dárseles las herramientas para que puedan manejar esta situación. El problema, como ya lo dije, es cultural. Y veamos: ¿quiénes la hacen de psicológicos en El Salvador? Acá lo hacen los curas, el pastor, el vértice de alcohólicos anónimos, pero no un trabajador de la salud mental.

¿Qué es lo que facilita que las iglesias adopten ese papel?

Ciertamente, la consejería espiritual no es una cuestión de corte psicológico, pero, con esta orientación, las personas encuentran un alivio para todo aquello que le acongoja. Tampoco debemos de olvidar que nuestro pueblo es eminentemente religioso. Nuestro medio, nuestra profesión, no es una cuestión que esté de moda o que se tome con la seriedad debida. Culturalmente, no nos han enseñado que la salud mental debe de cuidarse al igual que la salud física.

En El Salvador, el gasto público para la salud mental es 2.2% y, en su totalidad, se destina al Hospital Nacional Psiquiátrico. Mientras tanto, organismos como la Organización Mundial de la Salud sugieren una inversión mínima de un 5% para la atención a los problemas de salud mental.

Culturalmente a la psicología no se le ha dado el puesto que debe tener: como una ciencia. Acá, uno no puede decir que tiene una cita con su psicólogo, porque la gente ya comenta: «Uy, la señora está loca». O: «Si ya necesita de un psicólogo, es porque está loca». Culturalmente, nuestra sociedad no está preparada para esto. El problema es que las personas en el poder, los gobiernos de turno, nunca han hecho algo por nuestra salud mental. Nunca ha existido un presupuesto. Ni siquiera hemos visto que en el rubro de salud se invierta exactamente por su nombre: salud mental. Es importante trabajar en la educación, en quitar ese estigma social de que una consulta psicológica es sinónimo de demencia. Todos necesitamos de un acompañamiento para hablar de nuestras emociones. Y hoy, con la emergencia por covid-19, estamos viendo las consecuencias de no apostarle a la salud mental.

¿Cuáles son estas consecuencias?

La pandemia y el encierro han ocasionado que las personas se enfrenten, quizá por primera vez, con sus padecimientos psicológicos. En estos momentos, a los salvadoreños les está costando entender qué es lo que les pasa. Ahora vemos a muchas personas con sintomatologías como la sensación de peligro, fatalidad inminente, taquicardia, palpitaciones, sudoraciones o la sensación de agitación o cansancio, algo muy propio de los ataques de pánico, sin embargo, la gente no logra identificarlos. Y esto es a causa de la falta de atención a la salud mental.

Ahora, en estos tiempos de pandemia las afectaciones psicológicas -ya existentes en la población- como la depresión, estados de ánimo de tristeza, incertidumbre, ansiedad, violencia doméstica, depresión o la dependencia a sustancias como el alcohol, también empeoran.

Con el encierro, la gente está experimentando ansiedad y angustia. Es necesario ir bajando todas esas emociones para que las personas puedan sobrellevar los días que faltan de cuarentena. La gente debe comprender que no se trata del fin del mundo. Es cierto, la situación es seria, la gente muere, pero, si cada quien toma las medidas y las personas acatan las recomendaciones, veremos que esto va a pasar.

¿Qué corresponde hacer a las instituciones de salud pública, cuando, al mismo tiempo, están haciendo frente a algo tan inédito como una pandemia?

Así como hay un protocolo de atención médica para el coronavirus, también debe existir un protocolo de atención psicológica para toda la población. Con el encierro, la gente está experimentando ansiedad y angustia. Es necesario ir bajando todas esas emociones para que las personas puedan sobrellevar los días que faltan de cuarentena. La gente debe comprender que no se trata del fin del mundo. Es cierto, la situación es seria, la gente muere, pero, si cada quien toma las medidas y las personas acatan las recomendaciones, veremos que esto va a pasar. Es necesario aprender a lidiar con las emociones para no caer en un círculo de miedo o de terror.

La UES por medio del vicedecanato de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente ha dispuesto de una línea de apoyo para la atención psicológica en tiempos de crisis por el covid-19, es el 2484-0881. En estos momentos, ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que aquejan a los salvadoreños?

Nosotros hemos detectado que la gente llama para platicar, para ser escuchada. A veces, esto es lo único que la gente necesita y ayuda mucho. También hemos notado que la mayoría presenta sentimientos de miedo y ansiedad. Pero, sobre todo, en cada uno de ellos está presente la angustia. Esto debido a la cantidad de información o desinformación sobre los casos nacionales e internacionales por covid-19. La situación empeora cuando vemos -en los medios o en la cadena nacional del Presidente- noticias sobre cómo la gente se desploma en las calles, de cómo asciende el número de muertos o de cómo los salvadoreños son expuestos por no cumplir con la cuarentena domiciliar.

¿Cómo se combaten los sentimientos dañinos si, al mismo tiempo, se necesita estar informado acerca de esos números de la pandemia?

Aquí, sobre la base del terror se quiere crear una conciencia en la población. En cada cadena nacional, los salvadoreños escuchan que -de no acatar las medidas- las personas irán a prisión o que se les «doblará» la muñeca o que se los llevarán a centros de contención donde estarán vulnerables a los contagios. Se construye un mensaje con base a lo punitivo. Para una persona con problemas de depresión estas noticias son contraproducentes. Esto abona más a su condición de desesperanza. No le estamos ayudando en nada. A falta de medidas prácticas que le ayuden a hacer planes de protección, lo mejor es no mirar las cadenas nacionales o la televisión, porque el resultado va a ser peor.

También hemos visto que desde que inició la cuarentena domiciliar, las personas acuden de forma masiva a realizar compras de emergencia. ¿A qué se debe esta reacción?

Obviamente es por la misma expectativa con la que se ha manejado esta cuarenta. Cuando nosotros oímos que hablará el Presidente decimos: ¡ay, habrá más encierro!. Y también nos preguntamos: ¿cuál es la noticia que nos van a dar hoy?; ¿cuánto habrá ascendido el número de contagiados?; ¿cuánto subió el número de muertos?. No esperamos nada positivo. Y es esa expectativa, la que lleva a la población a realizar las compras de pánico. Se hacen compras con base al miedo de no saber qué pueden deparar las nuevas medidas.

Si esto sucede con las personas que están en su casa, ¿cuán diferente puede ser la situación de quienes están guardando cuarentena en los centros de contención?

Uno en su casa tiene ciertas comodidades. En un centro de contención todo aquello desaparece. Ahí hay horarios de comida, la gente va de la cama a la entrada del cuarto y no hay privacidad. A esto hay que agregarle la falta de información sobre los resultados a sus pruebas por covid-19. Algunas personas han permanecido 45 días sin ser saber si son positivos o negativos. Ahí, ya no se habla solo de depresión, en estos lugares, ya persiste un estado de agresividad.

¿Qué conduce a las personas a este estado de agresividad?

Imagínese, algunas de las personas que están en estos centros de contención llevan viviendo por 45 días en espacios reducidos. Solo tienen un cuarto y una cama o se encuentran en un lugar común donde no tienen privacidad de nada. Todos ellos han sido despojados de sus comodidades de la noche a la mañana. Y a eso, súmele que la gente debe lidiar con la posibilidad de que puede estar contagiada por coronavirus. En este contexto, lo principal es cuidar la salud mental a través del consentimiento informado. Es necesario explicar e informar cómo avanza cada etapa de su proceso durante el confinamiento. Todos necesitan saber cuándo le harán la prueba, en qué consiste la prueba y cuándo le darán una respuesta. Es importante que cada día las personas duerman con la sensación de «certidumbre» y no de impotencia.

Ahora vemos a muchas personas con sintomatologías como la sensación de peligro, fatalidad inminente, taquicardia, palpitaciones, sudoraciones o la sensación de agitación o cansancio, algo muy propio de los ataques de pánico, sin embargo, la gente no logra identificarlos.

Todas estas medidas para la población, las tiene que poner en práctica el personal médico. ¿Cómo deben cuidarse los encargados de cuidarnos a todos?

Ellos también se ven expuestos a situaciones traumáticas. Y no solo ellos, en esta misma posición se encuentran los agentes policiales y soldados. Yo no estoy de acuerdo con la agresividad, pero lo que hoy estamos viendo es un desborde de las emociones. Hay que tener en cuenta que ellos también permanecen en turnos de 24 horas. Tampoco ven a su familia por estar garantizando el cumplimiento de la cuarentena y, ante la emergencia, se han visto obligados a cumplir con horas extras. Ellos también son seres humanos, se cansan y permanecen con un estrés constante. Ante este escenario, es importante garantizar las tareas de autocuidado del personal de salud, policías y militares. Tampoco debemos olvidar que la gente también se está cansando del confinamiento.

¿Qué situaciones pueden generarse ante este cansancio?

Estamos viendo un incremento de los feminicidios y del maltrato infantil. La cuarentena solo está evidenciando el mal manejo de las emociones en los hogares. Nosotros con la línea de ayuda estamos trabajando de la mano con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) para identificar los abusos y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes.

Cuando acabe e confinamiento, ¿a qué se le debe poner atención desde el punto de vista de la salud mental?

Nosotros vamos a ver mucha depresión, veremos a gente con ansiedad, con fobias y cambios en sus estados de ánimo. Muchas personas quedarán con el miedo de salir de sus hogares, otras no saldrán para no contagiarse. También veremos a hombres y mujeres con problemas alimenticios, como la bulimia o la anorexia. En estos momentos, muchas personas no comen de la preocupación y otras se dan atracones de comida ante sus ataques de ansiedad.

A nivel de políticas públicas, El Salvador solo cuenta, de momento, con una Ley de Salud Mental para responder a esta u otra crisis de salud. ¿Será suficiente para lo que viene?

No. Acá se carece de políticas públicas específicas para la atención de los diferentes problemas de salud mental como los trastornos de ansiedad, personalidad, depresión y estados de ánimo. Es necesario, al menos, un protocolo público para la de atención de los problemas psiquiátricos y psicológicos durante y después de la crisis por covid-19.

¿En qué se debe trabajar para contrarrestar los problemas de salud mental?

Se le debe de apostar a la educación. El gobierno debe de otorgar un presupuesto mayor a este rubro. El Salvador tiene el menor porcentaje -en todo Centroamérica- del producto interno bruto (PIB) para la educación, solo eso dice mucho. También se debe romper con el paradigma de que la asistencia psicológica solo es para la gente demente.

Un pie en el desempleo y el otro en el hambre

Fotografía de archivo

Las flores se marchitan en nueve días.

Tardan un día en ser trasladadas desde Guatemala a El Salvador. Otros cuatro, pasan con el vendedor. Y los cuatro restantes son del cliente. Hasta que mueren de mano en mano.

Rodolfo Garay tiene 21 años de contemplar el ciclo de las flores que vende en un local del mercado San Miguelito, en San Salvador. En este negocio, hay fechas pico, como el día de los Difuntos, el día de los enamorados y, claro, el día de las Madres. Cada 10 de mayo, Rodolfo suele vender cerca de 70 ramos, mismos que comienza a preparar con antelación, entre prisas y nerviosismo. El San Miguelito es el mercado de las flores.

Rodolfo, sin embargo, no está en su local y lo que tiene en la mano son flores artificiales.

Los efectos sufridos en la economía mundial por el covid-19 pueden compararse con la crisis económica de 1929. En un ámbito más local, durante las dos últimas décadas, la economía salvadoreña había crecido un 2 %, pero está amenazada. El país será el más afectado de Centroamérica, sostiene Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericana de Estudios Fiscales (ICEFI) para El Salvador y Honduras.

El panorama que plantean los economistas es oscuro. Pero del plan de rescate económico del gobierno salvadoreño aún no se conoce detalles o forma de ejecución. Hasta el lunes 4 de mayo, comerciantes de flores y dueños de pastelerías todavía creían que el 10 de mayo podía ser una fecha para levantarse económicamente. Rodolfo, como muchos otros, buscó ese lunes emprender su propio salvataje y, en una cochera prestada, a una cuadra del mercado San Miguelito, comenzó a vender flores artificiales. En ese momento, la esperanza le daba para creer que las cosas mejorarían.

Con la plata ganada de las flores artificiales, pensaba comprar flores naturales para hacer, quizá no 70, quizá muchos menos, pero haría ramos y los vendería para agasajar a madres de familia. Al teléfono, tenía a un proveedor esperando confirmación del pedido. «Si recibo la flor, la tengo que pagar. Y si no la vendo, la pierdo», pensaba. Al final, no compró, decidió esperar los anuncios que el presidente de la República, Nayib Bukele, haría en cadena de medios el martes 5 de mayo por la noche.

Solo domicilio. En el decreto 22, la modalidad “para llevar” en comercios de comida quedó prohibida. Muchos negocios pequeños no han podido sumarse al formato domiciliar.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas. Con esto en mente, Rodolfo prefirió ser cauto.

El ICEFI estima que en 2020, 126,000 salvadoreños del sector formal e informal quedarán desempleados, solo al tomar en cuenta un mes de paro de labores. Una proyección más alta que del Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), que habla de 95,000 a 110,000 desempleados. Es el doble del desempleo sufrido por el país con la crisis financiera mundial de 2009 y de la que tardó cuatro años en reponerse.

La cadena presidencial de ese martes 5 de mayo sirvió para anunciar más restricciones. Así, quedaron fuera, de tajo, formas comerciales como la modalidad para llevar de los restaurantes, el transporte público, las panaderías que no fuera artesanales, las pastelerías, el transporte de bebidas alcohólicas y carbonatadas y, entre otros, las floristerías. A Rodolfo le vino una mezcla de alivio y angustia. Ya no podría tener su negocio abierto ni con flores artificiales ni con naturales. Eso sí, tampoco tenía una deuda extra porque no hizo el pedido.

Las nuevas restricciones están contenidas en el decreto ejecutivo 22, que paraliza aún más las actividades económicas y que tendrá vigencia hasta el 21 de mayo. «No estamos pensando en la economía, estamos pensando en la salud específicamente. Y estos 15 días son súper necesarios pasar guardados», dijo el secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, en una conferencia de prensa.

Rodolfo ha hecho caso. Hoy, no tiene clientes. No tiene flores. No tiene trabajo. No tiene ingresos.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas.

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La cuarentena para evitar contagios no aplica solo para El Salvador. El covid-19 tiene al mundo detenido. Y este carácter internacional desencadena problemas económicos complejos. Para el economista Castaneda, el alto desempleo previsto se debe a que El Salvador depende del comercio exterior y de las remesas. De acuerdo con las proyecciones del ICEFI, si los ingresos que llegan desde afuera caen en un 20 %, esto se traducirá en la desaparición de otros 71,000 empleos en el año.

Las remesas representan casi la quinta parte de la producción nacional. Y a esto hay que sumarle a los que ya desde antes de la pandemia, no tenían un ingreso fijo.

Pedro Calderón, para muestra, vivía de hacer malabares en un semáforo de San Salvador y estatuas en los pueblos de la Ruta de las Flores. Su madre vendía billetes de lotería. Hoy es imposible que trabajen de lo suyo.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada en 2018, estableció que 354,119 salvadoreños vivían en pobreza y otros 66,755 en pobreza extrema. Los días, para ellos, pintan peor.

En la desesperación por sobrevivir, Pedro y su mamá pensaron que si el alcohol gel era caro en las farmacias, ellos podían hacer uno casero y venderlo mucho más barato. Él buscó tutoriales en Youtube para prepararlo. Al saber el proceso, compró alcohol 90, glicerina y agua oxigenada.

En horas, tenía armada la receta y su mamá salió a vender el producto en pequeños frascos. La solución fue buena, mientras duró. Porque los materiales se acabaron y, cuando quisieron reabastecerse, los precios de los insumos ya habían aumentado de manera escandalosa. El negocio, así, ya no tuvo cuenta.

Antes de la pandemia, para un sector de los salvadoreños ya era imposible cubrir el precio de la canasta básica: $199 para la zona urbana y $145 para la zona rural, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019. Pedro y su familia han estado desde siempre en ese límite.

Cuando ya no se pudo se en la fábrica casera de gel alcohol, Pedro compró dos cajas de guantes a un amigo y, juntos, buscaron a un proveedor de mascarillas para revender los productos.

«Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros», decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

Pedro tiene una motocicleta y la ocupaba para llevar encomiendas. Anunciaba en sus redes sociales que podía hacer viajes por los que cobraba entre $1 y $3. Su mamá, una señora que padece del corazón, salía, en bus, a las 6 de la mañana a vender mascarillas, porque los guantes se agotaron. Se rebuscaban, pues.

Esta familia sabe que, desde el decreto 22, todo aquello dejó de ser una forma viable para percibir dinero. La principal preocupación es que deben dos meses de alquiler la su casa. Están encerrados y la señora no tiene forma de salir a vender, ya que tampoco hay buses. «Ahorita lo que va a tocar es aguantar estos 15 días o hasta donde podamos», dice Pedro.

Personas que dependían de una ganancia al día, como la mamá de Pedro, serán las más afectadas en esta pandemia. La EHPM dice que 118,069 salvadoreños que trabajan en el área urbana viven de ingresos diarios. El 42.49 % vive del trabajo informal, casi la mitad. «El impacto para ella va a ser en el día a día. Si una empresa cierra o disminuye sus operaciones, disminuye lo que demanda a sus proveedores, estos proveedores van a tener que hacer lo mismo con la empresa: empezar a disminuir personal o disminuir operaciones», señala la economista Iris Palma.

El Banco Central de Reserva estima que, con el covid-19, la economía salvadoreña caerá -0.4 %, pero el Fondo Monetario Internacional estima que la caída será del -5.4 %. Estos datos, de acuerdo con el análisis realizado por la UFG, representan aumento de la pobreza. Entre 100,000 y 110,000 hogares van a empobrecer.

«Ante un escenario en el cual la política pública no dé respuesta, lo que vamos a ver son aumentos sustanciales de la pobreza, pero también del hambre», sostiene Castaneda.

Ese martes en que Rodolfo se debatía entre si comprar o no las flores y mientras Pedro pensaba en cómo sacarle el máximo a su motocicleta para hacer mandados, El Salvador entero amaneció con más deuda.

En la madrugada, 56 diputados del bloque de derecha le aprobaron al gobierno un préstamo de $1 mil millones, que se suma a otro aprobado en marzo por $2 mil millones. Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo para la utilización del dinero está la reactivación económica del país, pero públicamente no se ha anunciado cómo funcionarán las iniciativas.

El ICEFI indica que, antes del covid-19, los niveles de deuda del país eran del 72 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero plantea que, con la aprobación de los dos últimos préstamos, la deuda será del 90 %. Y aunque existan deudas aprobadas, no necesariamente el dinero podrá obtenerse en el mercado internacional.

La agencia de riesgo Fitch Ratings advirtió el mes pasado que El Salvador había bajado la calificación crediticia a negativa. Esto se traduce en que carece de confianza para pagar la deuda a los inversionistas.

En la cadena nacional del pasado martes por la noche, Bukele no explicó nada sobre los últimos préstamos ni sobre la ejecución de las medidas económica. Se limitó a coaccionar a las personas para que no salieran de sus casas y condicionó la reactivación económica de diferentes rubros al comportamiento de la curva del covid-19 en estos 15 días.

El encierro es lo que le ha tocado a Rodolfo y a la familia de Pedro. Y ninguno fue beneficiado con el bono de $300 que el gobierno entregó a manera de compensación a familias de comerciantes informales o desempleados afectados por la cuarentena y, para lo que se dijo, había un fondo de $450 millones. El beneficio debía alcanzar a un millón y medio de familias.

Rescate. Los salones de belleza siguen cerrados. Algunos ya habían puesto en marcha una estrategia de venta de certificados para hoy, 10 de mayo, pero esto también se frustró.

«Seguramente se van a ver nuevas expresiones de migración. Mucha gente, al no ver oportunidades en el país, va a decir arriesgarse, pero también se ponen en riesgos indicadores como la gobernabilidad democrática o el mismo tema de inseguridad», apunta Castaneda.

El préstamo aprobado el martes tiene entre sus iniciativas el destino de $100 mil millones para la creación de un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, pero si Rodolfo o la familia de Pedro quieren solicitar la ayuda estatal, deben tener un crédito, en categoría de riesgo A o B, en el sistema financiero nacional o cooperativo.

«Mucha de esta gente recurre, por ejemplo, a usureros. Ahí es donde la política pública, en su formulación, es muy probable que no responda a su práctica. Estas son como las letras pequeñas que pueden modificarse para que sea una política pública eficaz, es decir, que llegue a quien tiene que llegar», menciona Nayda Acevedo, especialista en políticas públicas, quien tuvo acceso al documento de medidas económicas días antes de que la Asamblea Legislativa las aprobara.

El sector informal, agrega Acevedo, es variado en rubros. En él trabajan personas que nunca han accedido a créditos. Sin embargo, la especialista ve esta iniciativa como una oportunidad para que el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) comience mecanismos de diálogo, coordinación y organización para ayudarle, principalmente, a las mujeres. De esa forma no se gestiona la pobreza, sino que se fortalece la capacidad económica de los salvadoreños.

«Es el famoso enfoque de derechos en una política pública: no les des el pescado, enséñales a pescar», insiste Acevedo.

“Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros”, decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

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Andrea Córdova cerró su salón de belleza el miércoles 18 de marzo. Desde temprano, junto a una de sus empleadas, estuvo esperando a dos clientas. Una quería un alisado de cabello y la otra un pedicure con esmaltado permanente. Ninguna llegó. Ninguna le avisó que no llegaría. Tampoco hubo más clientes que la buscaran por redes sociales.

«Al final, ese día, nosotras estuvimos esperando hasta como las cuatro y media para ver si salía alguna clienta y no, para nada, ya era en vano el esfuerzo de movernos. Más era la exposición, el gasto. Ya no me escribían ni por cerca para decirme: ‘mire, quiero cortarme el pelo’, cuenta.

Las ventas ya venían malas. Así que antes de cerrar el negocio, Andrea acordó con sus tres empleadas que no irían juntas al salón, porque ya no había demanda. Bastaría con que se turnaran para que solo una la acompañara. El plan se acabó ese 18 de marzo.

Por no tener ingresos, Andrea dejó de alquilar la casa en la que vivía y se mudó con su mamá. Es madre soltera de una niña y no podía sostener los gastos. Debe el alquiler del local que usaba como salón y los dueños le están cobrando el arriendo.

Andrea intentó, como Rodolfo y como Pedro, impulsar su propio plan de rescate. Así, ideó vender servicios a futuro. Creó certificados de belleza como regalo para las mamás, que podrían canjear para «cuando todo volviera a la normalidad». A inicios de la semana, todavía abrazaba la esperanza de venderlos y, el domingo, enviarlos a domicilio, a manera de regalo sorpresa. El decreto 22 desbarató, también, este plan.

La Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2017, a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), establece que de las 317,795 unidades económicas tomadas en cuenta, el 60.76 % se cataloga microempresas, negocios, al igual que el de Andrea, compuestos por entre 1 y 10 personas.

Solo tras solicitarlo dos veces, Andrea fue beneficiada con el bono de $300 que dio el gobierno, pero no todos en su rubro corrieron con esa suerte. Representantes de los salones de belleza se reunieron con Rolando Castro, el ministro de Trabajo, y le pidieron que les ayudara con el bono, pero Castro les dijo que ya no había dinero. Lo que sea que quede del fondo de $450 millones ya no está disponible para gente como los colegas de Andrea.

También le pidieron canastas básicas, ayuda económica para los empleados y acceso a créditos con procesos simplificados. La reunión fue a finales de abril y nada de lo solicitado se ha cumplido aún.

El gremio está a la espera de qué podrá hacer con el plan económico aprobado al gobierno. Para optar a este beneficio, Andrea tramitó esta semana el registro de su salón como micro empresa.

La Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador hizo una encuesta, a inicios de abril, para tener un diagnóstico de la situación de 1,009 empresas. El 43.8 % de las empresas encuestadas eran micros.

De todas las empresas que participaron, el 94.70 % dijo que sus ventas habían disminuido por la cuarentena obligatoria. 37.9 % respondió que sus ventas habían caído totalmente y un 23 % aseguró que, si la cuarentena seguía desde esa fecha hasta cuatro semanas más, decidiría suspender operaciones o reducirlas.

Las empleadas de Andrea esperan encontrar su trabajo después de la cuarentena. Ella no sabe cómo van a estar las ventas cuando abra el salón. Quiere reponerse ofreciendo servicios de belleza a domicilio.

Negocios cerrados. La canasta básica cuesta $199 para la zona urbana y $145 para la zona rural, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019. Cubrir este gasto sin ingresos es complicado para los comerciantes.

«Todos los días hay despidos, obviamente, es normal en la empresa. Pero nunca, me atrevo a decir, hemos visto en los últimos 10-15 años, una amenaza tan grande para las empresas para cerrar operaciones. Y no va a ser por un tema de modelo de negocios, va a ser un tema de ‘no logré sobrevivir a la pandemia’. Y muchas empresas, lamentablemente, se van a ir por ese lado», advierte Palma.

La economista señala que las características de informalidad de las micros y pequeñas empresas las vuelve vulnerables a morir rápido, a diferencia de una mediana o gran empresa.

Una parte del paquete medidas económicas que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno es la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que establece la creación de un programa de subsidios para las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por el covid-19 y cuyos patrones estén registrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

En el ISSS cotizan 1,030,865 personas, según la última actualización de patronos y trabajadores, que es de diciembre de 2019.

Para el subsidio, administrado por Bandesal, serán destinados $140 millones y el banco podrá darle a las empresas hasta $500 por empleado.

Andrea y sus tres empleadas no cotizan en el ISSS, y para este beneficio del gobierno, las empresas deben tener registradas en el seguro a 100 empleados, o menos, en el plazo que abarca de diciembre del año pasado a febrero de este año. También deben haber reportado ingresos anuales menores o hasta por $7 millones, entre 2018 y marzo de 2020.

A Castaneda la parece que con esta propuesta CONAMYPE tuvo que haber jugado un rol protagónico para identificar a las empresas y no dejar de lado a las empresas del sector informal. «(Pudieron) establecer no solo líneas de crédito, sino fondos no reembolsables que pudieran haber sido en unas cuantías muy pequeñas, porque recordemos cómo funciona el sector informal en nuestro país, las cantidades que manejan son cantidades muy pequeñas», detalla Castaneda.

Aunque esto puede significar ayuda para algunas empresas, Palma sostiene que las medidas económicas llegaron tarde, porque la gente puede abrir sus negocios cuando se levante la cuarentena obligatoria, pero no hay garantías de que comiencen a operar. Tendrán que hacer la solicitud de crédito a Bandesal, si es el caso, y esperar a que les aprueben los fondos.

«Yo entiendo que la prioridad es la salud, pero, realmente, de hambre también la gente muere», precisa.

Lilibeth inició, en febrero, con una venta de comida sobre el bulevar Los Héroes. Para montarla invirtió sus ahorros y ya comenzaba a tener clientes. La pandemia la obligó a cerrarla y también a cerrar un puesto de comida que tenía afuera de la Universidad de El Salvador. Sin oficinas funcionando y sin estudiantes que le compraran, era imposible sostenerse, y lo será hasta que termine la cuarentena.

«Hay personas que necesitan ingresos o que su dinámica de consumo y de gastos depende de ingresos continuos, aunque bajos, pero continuos con el tiempo», explica Saira Barrera, economista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Barrera señala que desde un inicio de la cuarentena no fue claro el tiempo de su duración, pero que El Salvador pudo haber atendido la extensión a partir de la experiencia de otros países que atraviesan la pandemia. No haberlo pensado, dice la economista, puede reducir la efectividad de algunas medidas que el gobierno piensa implementar o la ampliación para que lleguen a sectores que, quizá, en otros momentos no habrían necesitado de ayuda. Hubo empresas que podrían parar operaciones 15 días o un mes. No más.

Lilibeth también es actriz y el de los artistas es otro de los sectores más afectados por la cuarentena. Con espacios artísticos cerrados y la prohibición de la aglomeración de personas, no devenga nada del arte.

Confinamiento. Sin transporte público, la movilidad se redujo de forma drástica. La EHPM de 2018 establece que 118,069 salvadoreños que trabajan en el área urbana viven de ingresos diarios. Con el confinamiento obligatorio, ellos son de los más vulnerables.

Ella está gastando los pocos ahorros que le quedan para sobrevivir y consume parte de los insumos que compró para sus negocios. Las deudas, sin embargo, no paran. Tiene que pagar recibos y adeuda el alquiler del local donde montó el comedor. La dueña de este local ha sido consciente y no le ha cobrado el alquiler en el tiempo que tiene sin trabajar. Pero esto no es una condonación, más adelante, tendrá que liquidar.

Barrera espera que la Asamblea Legislativa haya contado con un plan o un mapeo de los montos destinados a cada uno de los programas propuestos por el gobierno, para que así se justifique por qué el dinero va a estos rubros y no a otros. Porque con base a los datos de cotizantes del ISSS, dice, los sectores donde hay más empleadores son las maquilas, restaurantes, comercio, agencias de empleo y el sector de enseñanza.

Lilibeth no sabe qué hacer cuando la cuarentena termine. Hay gente que le aconseja que busque otras opciones de venta, como la entrega de comida a domicilio. Al valorarlo, esto significa más costos y un riesgo de inversión.

«Es preocupante, porque digo: ‘tengo que tomar decisiones en cuanto a qué se va a hacer’, porque no es que levanten la cuarentena y todo va a regresar a la normalidad», dice.

Y, por ahora, todo un ejército de comerciantes está en las mismas. Lilibeth, sus colaboradores y proveedores – así como también Rodolfo, Pedro y Andrea- están haciendo malabares con un pie en el desempleo y otro en el hambre.