Las mujeres que sacan adelante a sus familias y al cantón

Fotografías de Julio Umaña

A Reina Valdales la Tormenta Amanda le destruyó la mitad de su cosecha de maíz. Lo cuenta como si fuera algo habitual. Porque, en efecto, no es la primera vez que le pasa. En el Cantón San José El Naranjo, donde ella vive, ya están acostumbrados a ver cómo las tormentas acaban con sus medios de vida. Esta situación, sin embargo, no deja de representarles una tragedia.

Después de la tormenta Amanda solo le quedó maíz para el consumo familiar. Cuando las tormentas o las sequías no le destrozan la siembra, logra sacar 40 sacos de maíz. 20 para vender y 20 para su hogar. Eso le tiene que alcanzar para todo el año. Cuando el tiempo es bueno y puede recoger toda la cosecha, con lo que vende le alcanza para comprar, de vez en cuando, un poquito de pollo, carne, crema y queso para acompañar las tortillas y los frijoles. Vende, cuando se puede, a $30 el saco de maíz. Con los 20, hace $600. Es decir, $50 para vivir cada mes. Pero, como suele pasar, el saco se lo compran a $18, le dan $360 por los 20. Así, le quedan $30 mensuales. Pero, este año, no va a tener ni eso.

Hay una parte de la economía que no puede verse distante de la sostenibilidad de la vida, señala la economista Tatiana Marroquín. Es el caso de las producciones que se tienen en los espacios rurales, que son para consumo propio y para la sobrevivencia. Entonces, explica, una pérdida de esa magnitud en las cosechas afecta gravemente la vida de las familias, porque lo ocupan para alimentarse.

“Cuando vemos que ellos tienen producciones no solo para autoconsumo, sino para el consumo de las familias en las ciudades, nos damos de cuenta que también se ve impactada la economía a nivel agregado. Es decir, que si se afecta la economía de lo rural, se afecta la economía en todo su conjunto. Por eso es tan importante entender que la economía y la sostenibilidad de la vida están íntimamente ligadas”, dice Marroquín.

“Esta pérdida me va a afectar bastante. Uno a veces en el hogar necesita de un par de zapatos o de un pantalón, con eso se limita, porque ya no tiene para comprarlo. En la salud también afecta, porque si a mí se me enferma un niño, vendo un poquito de maíz de lo que he sacado de la cosecha y ya hago unos centavos para ir con el doctor. Porque aquí clínica hay, pero a uno no le dan nada. Es como que no hubiera”, explica Reina.

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PERDER LO POCO QUE SE TIENE

Para Reina, de 50 años, estos han sido días de pérdidas. Ella, que no tuvo hijos biológicos, crio a dos sobrinos desde que eran unos bebés. Y, hace dos meses, José, el mayor de ellos, enfermó. Comenzó a sentir náuseas e hipo muy fuerte. De inmediato, Reina lo llevó al médico para que lo revisara. El doctor le dijo que, aunque el niño no tenía fiebre ni gripe, parecía tener algunos síntomas de neumonía, porque la flema se le había acumulado en los pulmones. Le puso terapia respiratoria, le dio un antibiótico para aflojar la flema y les dijo que volvieran al día siguiente para evaluar su estado de salud. Así lo hicieron. El diagnóstico fue el mismo. Ese día, al regresar de la consulta, lo vio triste, ya no quiso comer ni tomar suero. Lo único que tomó fue un poquito de agua, y, dice Reina, se le murió en los brazos. Tenía 12 años.

“Aunque el año ya era difícil, con mis dos hijos aquí en la casa yo me sentía bien. Siempre he sido una persona así, bien fuerte, que no me gusta que me vean que me levanto triste. Por eso, aunque tenga algún problema siempre me rio con la gente. Pero, después de lo de mi niño, sí me he sentido mal. Incluso, he estado yendo a la clínica y me han dado un medicamento para la presión y unas pastillas para el corazón, porque, a veces, siento que me hace bien feo”, cuenta.

Monitoreo. Reina es la encargada de monitorear a diario la cantidad de agua que ha caído en la zona. Con eso, las mujeres toman decisiones sobre los momentos más oportunos para sembrar.

Reina tiene la mirada profunda y dulce. Su cabello es negro y corto, con colochos que dan vueltas sobre sí mismos. Sobre ella recaen todas las responsabilidades del hogar. Desde hace siete años, cuida a su madre, a quien varias complicaciones de salud le impiden caminar. Pasa de la cama a la silla de ruedas. Por eso, Reina, además de tener que llevar el alimento a su casa, debe también comprar todo lo que su mamá necesita para uso personal y de salud.

San José El Naranjo está ubicado en Ahuachapán, departamento que, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019, es el segundo con mayor porcentaje de hogares en condición de pobreza del país. El documento también señala que Ahuachapán ocupa la misma posición en los departamentos que presentan los ingresos más bajos. Y, además, se agrega que el promedio mensual de ingresos en el área rural es casi $300 menor que en el área urbana.

La cuarentena por la pandemia de la Covid-19 llegó a agravar la situación de Reina, pues durante los meses que se mantuvo el cierre económico, ella no pudo salir a hacer su “ventecita” de ropa con la que se ayudaba para los gastos del hogar. Además, cuenta que, de alrededor de 700 familias del cantón, solo 20 recibieron el bono de $300 dólares que el gobierno prometió para las familias más necesitadas del país. Ella, que este año se vio en una situación sumamente precaria, no salió “beneficiada”. Tampoco han recibido apoyo cuando los inviernos o las sequías destruyen sus cosechas.

“El gobierno está bastante aislado de nosotros, porque como se ve, ellos solo se centran donde la gente pasa, ve y les dice “qué bonito tiene el presidente”, pero en las comunidades estamos con muchas necesidades y con nada de ayuda. Nosotros aquí estamos abandonados por parte del gobierno. Estamos abandonados por el Estado”, comenta.

Este año, para evitar atravesar temporadas de escasez económica y alimentaria, como les pasa con frecuencia, comenzaron un proyecto de huertos caseros. En marzo, recibieron las semillas y comenzaron a sembrar chiles, tomates, pepinos, berenjenas, pipianes y lechugas. Así que, cuando la pandemia se encontraba en la etapa más crítica, ellas ya estaban viendo los primeros frutos de su trabajo.

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EL CAMBIO CLIMÁTICO NO PERDONA AL CANTÓN

San José El Naranjo es un cantón caliente y húmedo. Aquí, abundan las casas de adobe, bajareque y algunas láminas. Cuando ha llovido, las grietas de las calles se llenan de lodo y caminar sin tropezar se vuelve difícil por la condición en la que se encuentran algunas sendas. Para llegar a las casas de algunos de sus pobladores, hay que pasar por un puente que atraviesa un río. Es decir, caminar es la única opción. Entre las calles deshechas y las casas a medio hacer, la vulnerabilidad del lugar es un hecho indiscutible. Y, al cantón, el cambio climático lo azota sin piedad.

“El Salvador es un país altamente expuesto a los efectos del cambio climático”, explica Enrique Merlos, coordinador de Desarrollo territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). “Según las investigaciones que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 88.7% del territorio se considera como una zona de riesgo, pues es propenso a inundaciones, deslizamientos y sequías. En ese 88.7% vive el 95.4% de la población. Es decir que, básicamente, casi todos los salvadoreños están expuestos a algún tipo de vulnerabilidad”, dice el experto.

En ese sentido, los inviernos suelen ser crueles para El Salvador. Elsa Ramos, investigadora y docente de la Universidad Tecnológica (UTEC), explica que durante los últimos años se ha observado que en un día puede caer la misma cantidad de agua que antes caía en una semana, en quince días o, incluso, en un mes. Y, lo que va del 2020 no ha sido la excepción: “con las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal recibimos en ocho días la cantidad de agua que habríamos tenido que recibir prácticamente entre cuatro y seis meses. Eso fue devastador para las cosechas”, explica Ramos.

“Para nosotros este ha sido un año desastroso, porque la tormenta Amanda fue corta, pero tuvo un impacto de destrucción como de un mes. Eso no pasa todos los años, porque no siempre vienen las tormentas con huracanes. La mayoría de personas del lugar tuvo pérdidas. Algunas se quedaron casi sin nada”, cuenta Reina, mientras camina con gran destreza entre el barro que cubre algunas calles empinadas.

Agua. Las mujeres recogen agua durante la época lluviosa para poder regar sus huertos cuando vengan los días de sequía.

Durante este año, y en el contexto de la pandemia, el tema ambiental ha quedado, dice Ramos, “ni siquiera en un segundo plano. Si no tomamos medidas en este momento, la crisis climática por la que ya estamos atravesando se va a convertir en un desastre. No en un desastre natural, sino en uno social. Porque las personas necesitan tener un medioambiente sano para tener una calidad de vida digna y humana”.

Ante esta situación, indica Gregorio Ramírez, técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en El Salvador es necesaria una política de adaptación. “Con el gobierno anterior se tuvo una. Sin embargo, con este no se le ha dado seguimiento. Es importante una política que permita crear las estrategias para que el país pueda generar resiliencia, ya sea a través de proyectos concretos, como la educación ambiental para la adaptación, o a través del mejoramiento de algunos sistemas de producción”. También, dice, es necesario contar con una Ley de Cambio Climático que dé lineamientos e institucionalice el tema.

“La CEPAL dice que la recuperación de los países centroamericanos, teniendo en cuenta los impactos del Covid-19 y también el cambio climático, va a tardar en promedio de 6 a 10 años. Estamos hablando de aproximadamente una década para que nosotros podamos como país comenzar a adquirir el desarrollo que teníamos en el 2019”, agrega Ramos.

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ORGANIZACIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIA

Las mujeres del cantón San José El Naranjo han buscado formas de paliar las crisis que las golpean: el cambio climático y el hambre. Se han reunido, desde 2008, para hacer jornadas de limpieza y reforestación en sus comunidades. Decidieron, para ganar espacios que siempre se les habían negado, crear la Asociación de Mujeres Jujutlecas. Son 31 mujeres de 6 comunidades las que se han formado en temas de género y medio ambiente para, según cuentan, “proteger su territorio”.

Este año, para evitar atravesar temporadas de escasez económica y alimentaria, como les pasa con frecuencia, comenzaron un proyecto de huertos caseros. En marzo, recibieron las semillas y comenzaron a sembrar chiles, tomates, pepinos, berenjenas, pipianes y lechugas. Así que, cuando la pandemia se encontraba en la etapa más crítica, ellas ya estaban viendo los primeros frutos de su trabajo.

Reina, que es la presidenta de la asociación, dirige la caminata para visitar los huertos de las seis mujeres que la acompañan. Ella va al frente, con pasos firmes y largos. Y, de vez en cuando, vuelve la mirada para asegurarse que ninguna se ha quedado. Todas la siguen con naturalidad, y cuando se trata de explicar algo sobre las siembras, le ceden la palabra. Lleva tenis, jeans azules y una camiseta verde. Espera y extiende la mano cuando se cerciora de que alguien tiene problemas para subir por alguna vereda. Sonríe y dice: “hasta uno que ya está acostumbrado a andar aquí se cae a veces”.

Los huertos suelen estar ubicados en alguna esquina de los patios de las mujeres. A veces, es lo único verde que se puede ver entre los espacios llenos de tierra y barro. Están cercados con una malla ciclón que se detiene en cuatro troncos o ramas gruesas clavadas en el suelo. Cada mujer, cuando le llega el turno de mostrar su huerto, se acerca a las plantas y, como en este momento no todas tienen verduras, las señalan para explicar de qué es cada una. A pesar del tiempo, se siguen sorprendiendo con el tamaño de las berenjenas y de los pipianes, que más parecen ayotes. Cortan, aprovechando el momento, algunos tomates que ya están en su punto, y, agarrándolos con las dos manos, los muestran con orgullo. Eso les ha dado de comer durante la pandemia. Y, aunque han perdido sus cosechas y, sus familiares, los empleos, las sopas de verduras no faltaron durante estos meses.

La primera cosecha les llegó en buen momento. Ahora, muchas ya esperan con emoción la segunda y, otras, hasta la tercera. Hablan de sus huertos con ternura. Como quien se refiere a algo a lo que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Una de ellas dice que lo trabaja junto a sus dos hijas. Ahí, cuenta, les enseña a cuidar el medioambiente y a ser responsables con la tierra.

Reina habla con seguridad y sonríe con los ojos mientras conversa. Toca, de vez en cuando, la cartera de manta que lleva en el hombro, como para asegurarse de que sigue ahí, que no la ha perdido. Cuenta, con la voz cargada de emoción, que los huertos han sido un éxito. Ella, a pesar de los riesgos de la pandemia, se ha encargado durante estos meses de visitar a las 31 mujeres que forman parte del proyecto. Asegura que, en estos tiempos de crisis, esas verduras han sido un gran alivio para su economía. Quien la ve y la escucha hablar no podría imaginarse la difícil situación que tuvo que atravesar hace apenas unas semanas.

“Hubo un día que yo les dije a las compañeras que iba a dejar todo botado. Pero ellas me animaron a seguir adelante. Por eso, he reflexionado y pienso que todo este esfuerzo tiene que valer la pena. Y seguí. Ocho días tenía de habérseme muerto el niño y yo ya andaba visitando los huertos. Cualquiera de los que me veían podía decir que yo no sentía nada. Pero no era eso, lo que pasa es que desde que acepté el compromiso con la comunidad, tengo una responsabilidad con la gente”, comenta.

Estos proyectos son importantes, dice Ramírez, porque buscan que “en las comunidades se creen capacidades e iniciativas que demuestren que, de manera sustentable, ecológica, equitativa y programática, se pueden implementar acciones que contribuyan a generar condiciones para la adaptación al cambio climático”.

Juntas. Las mujeres de la comunidad elaboran con elementos naturales los fungicidas y pesticidas que utilizan en sus huertos. Lo hacen de manera conjunta.

El objetivo de los huertos familiares, dice Reina, es siempre tener garantizado el alimento. “Durante la pandemia, las mujeres hemos comido, y lo que no nos alcanzamos a comer, lo regalamos a quienes no tienen huerto. También vendemos una parte de la cosecha. Ya con eso podemos llevar ingresos. Por ejemplo, yo saqué bastante pepino. No me lo alcancé a comer todo, entonces regalé una parte y la otra la vendí. Si logré vender $5, con eso ya tenía para comprar sal y azúcar”, cuenta.

Reina es enfática en la necesidad que tienen las mujeres de apropiarse de los espacios. Busca, entre otras cosas, que sus compañeras del cantón logren autonomía. En ese sentido, Marroquín menciona que “el empoderamiento económico es elemental para que las mujeres se puedan sentir independientes, no solo en organizarse, hablar y decir lo que piensan, sino también en que tengan la capacidad económica de estar en situaciones de libertad”.

Para esto, dice Ana Castillo, coordinadora de Soleterre, ONG que trabaja con OSC comunitarias con enfoque de Derechos Humanos, es importante que las mujeres ocupen espacios de liderazgo dentro de las comunidades, pues históricamente se ha buscado excluirlas. “Se suele pensar que las mujeres no tienen capacidades ni propuestas, cuando es al contrario. Está demostrado que ellas tienen grandes capacidades en términos organizativos, y que pueden abonar mucho a acciones de desarrollo como tal”, explica.

También agrega que, en las zonas rurales, como en gran parte de la sociedad salvadoreña, la mayoría de familias están a cargo de las mujeres. “Entonces, ellas llevan la responsabilidad de sus hijos e hijas y, por tanto, el tema de la comunidad les compete. Ahí, ellas son protagonistas”, comenta.

Reina y las mujeres de la organización trabajan sus huertos con repelentes y abonos orgánicos. Eso es parte de la lucha por mejorar las condiciones medioambientales en su cantón. Sueñan poder enseñar a otras mujeres a cosechar en huertos caseros, y que el siguiente año sean más las que se sumen a la iniciativa.

“Este proyecto nos ha ayudado psicológica y económicamente. Cuando estábamos en la cuarentena, nos dedicábamos a cuidarlos. No andábamos pensando en que nos íbamos a enfermar. Por eso, vamos a tratar la manera de trabajarlos mejor. Estamos pensando en que, cuando ya estemos bien superadas, y que ya saquemos bien adelante los huertos, vamos a abrir un mercadito para las mujeres. Esa es mi visión”, concluye Reina, y vuelve a sonreír con la mirada.

Migrante en medio de una pandemia

Fotografía de Julio Umaña

Andrea, de 13 años, fue víctima de una amenaza de violación y de acoso reiterado. El agresor vive en el mismo cantón que ella, es su familiar, y aprovechaba cada encuentro con la menor para dejarle claras sus intenciones. Por eso, Mirian, madre de la niña, decidió que lo mejor era migrar. Lo hicieron en medio de lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe como la «crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial». Es decir, la pandemia por covid-19.

A Mirian se le nota en la voz la fortaleza del carácter. Y también en algunos de los gestos de su rostro. Habla con la seguridad y la convicción que la llevaron a tomar la decisión de irse cuando vio que la integridad de su hija corría peligro. Emprendieron el viaje para evitar que Andrea formara parte de las 4 mujeres que, en el primer semestre de 2020, buscaron consulta médica cada día a causa de la violencia sexual. Así lo registra el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa: «8 de cada 10 atendidas fueron niñas y adolescentes menores de 18 años».

Esas cifras muestran que las agresiones contra las mujeres en el país no han parado durante la pandemia. Por eso, aunque el grueso de la migración se ha refrenado (entre un 80 y 90%), según Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Guatemala y Honduras, hay un porcentaje de personas que sigue migrando, huyendo de ese mal que caracteriza a la región: la violencia.

Andrea y Miriam partieron una mañana de julio. Para el camino solo se llevaron una mochila pequeña con tres mudadas de ropa, mascarillas y alcohol gel. Porque, aunque Mirian asegura que la Covid-19 era la última de sus preocupaciones, no dejó de tomar las medidas de higiene recomendadas para evitar el contagio. Ese día, junto a ellas viajaron otras cinco mujeres que, empujadas por múltiples necesidades, también decidieron abandonar El Salvador.

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NO HAY CIERRE QUE DETENGA LA MIGRACIÓN

Karla Castillo, experta en migración forzada, dice que se tiene la idea errónea de que frenar la migración depende únicamente de cerrar fronteras. «Y eso fue lo que hizo la pandemia: cerrarlas. Entonces, todos piensan que la gente automáticamente va a dejar de migrar, pero mientas no se mejoren las condiciones que empujan a los salvadoreños a salir del país, la situación no va a cambiar», explica. Castillo, quien ha colaborado con Ángeles de la Frontera, agrega que: «Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir».

Durante todo el proceso de pandemia, se ha experimentado una migración a cuenta gotas, contrario a la que sucedió en los primeros meses del año, cuando los migrantes todavía salían en caravanas, explica el padre Mauro Verzeletti, director de La Casa del Migrante. Además, comenta que, en lo que va del año, La Casa ha acogido a 4,570 personas, frente a las 10 mil que se atendieron el año anterior. «La migración, a pesar de las restricciones, no paró, solo se comportó de una manera distinta», dice.

Mirian cuenta su historia mientras se mece en una hamaca. Ahí, entre el calor sofocante propio de la zona del país en la que vive, el polvo que cubre el patio y los cerdos y las gallinas que, de vez en cuando se atraviesan, narra que, para su sorpresa, el camino no fue tan complicado como le habían contado. El coyote, a quien pagó $19 mil por el viaje, las llevó desde El Salvador hasta la frontera de Guatemala con México. Ahí, las recibió otro coyote para ayudarlas a pasar en una lancha. Ya en tierras mexicanas, las llevaron a un hotel. Su estadía en ese lugar fue breve, pues, según ella, ahí corrían más riesgo de contraer el virus. Por eso, a la mañana siguiente, las trasladaron a un rancho en el que pasaron 17 días.

«Yo estoy admirada, porque no fue nada difícil. Nadie nos detuvo en el camino. Nosotros pasamos rodeando, pero eso no nos constó. A mí hasta me habían dicho que ahí uno terminaba violada, secuestrada o muerta, pero nosotras venimos alentadas», explica Mirian. Aunque, por lo general, esa no es la historia que una mujer migrante suele contar.

Rinna Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, dice que, en una serie de entrevistas realizadas durante estos meses, han identificado que algunas personas que fueron deportadas en marzo, para los meses de junio y agosto, ya estaban de nuevo en Estados Unidos. «Ellos dicen que en esta última migración no tuvieron tantos obstáculos en la ruta. Eso, en parte, se debe a que estábamos en lo peor del brote. Había muchas autoridades, que no contaban con medidas de bioseguridad, que tenían miedo de los migrantes«.

Montti agrega que la razón de esto fue que Honduras era uno de los países con mayor número de personas contagiadas. «Entonces, pensaban que todos eran hondureños. Los evitaban. Este hecho, hasta lo que nosotros hemos podido constatar, fue algo que promovió luego más migraciones, porque la gente consideraba que era más fácil subir. Y, en efecto, algunos lo lograron», explica.

Huir. El viaje se planeó con prisa. Huir del país, lo más pronto posible, fue la solución que Mirian encontró para proteger a su hija.

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TRATO INHUMANO PARA FRENAR Y CASTIGAR LA MIGRACIÓN

Mirian y su hija lograron a pasar a Estados Unidos, pero las autoridades detuvieron el tráiler en el que iban y las regresaron a México. Pasaron la frontera de nuevo, a los cuatro días del primer intento, y tampoco tuvieron éxito. Una de las migrantes que encontraron en el camino les comentó que era imposible que las dejaran quedarse, no importaba que fuera acompañada de una menor. Siempre iban a deportarlas. Esa fue una de las razones que la motivó a regresarse a El Salvador.

Castillo comenta que las medidas para detener la migración se han endurecido. Estados Unidos implementó una política de deportación inmediata, excusándose en que era con la intención de proteger a sus ciudadanos del virus. La medida aplica, incluso, para las personas que solicitan asilo.

Además, agrega, las condiciones en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención son inhumanas. Tienen acceso mínimo a implementos de higiene como jabón o alcohol gel. Y, cuando piden más, les dicen que los tienen que comprar. Pero, para los migrantes que van sin dinero, esa no es una opción.

«En las celdas tampoco hay posibilidad de distanciamiento. Y, en algunos centros de detención, los guardias les dicen que no van a tener acceso a médicos, a no ser que se trate de una situación de vida o muerte. Eso ha llevado a que este sea uno de los años con más mortalidad dentro de estos lugares», dice Castillo.

Mientras estaban en México, Mirian recibió una llamada en la que le informaron que su esposo estaba muy mal de salud. Llevaba ocho días con una fiebre que no cedía. Escuchar esa noticia apresuró su regreso al país. «Yo tenía otro viaje para hoy en noviembre, pero él (su pareja) me pidió que ya no me fuera, porque no vaya a ser que, si me voy de nuevo, lo encuentre muerto», dice.

Mirian y Andrea están de nuevo en El Salvador, aunque la amenaza que las hizo migrar sigue presente. Ambas tienen miedo de la situación, pero han decidido, al no tener más opción, confiar en las autoridades.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

“Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia”.

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INTENTAR SOBREVIVIR EN UN PAÍS DESCONOCIDO

Ana se fue de El Salvador junto a su hija y su nieta porque las estaban extorsionando. Tenían una pequeña venta de ropa y zapatos, con la que lograban vivir dignamente. Pero los pandilleros de la zona comenzaron a pedirles renta, más de la que podían pagar. Y, cuando ya no alcanzaron a cubrir la cuota que les exigían, las amenazaron de muerte. Por eso, en julio del año pasado, sin tener un plan claro, emprendieron un viaje para alejarse, tanto como les fuera posible, de este país.

La razón por la que Ana y su familia huyeron sigue latente. A pesar de que el gobierno afirma tener control sobre las pandillas, el Informe de Labores de la Fiscalía General de la República sigue catalogando la extorsión como uno de los delitos de mayor impacto social en El Salvador. Entre junio de 2019 y junio del 2020, la institución recibió 2,356 casos de extorsión. Sin embargo, hay historias como la de Ana que nunca llegan a oídos de las autoridades.

«Nosotras no tenemos a nadie en Estados Unidos, lo que queríamos era salir de El Salvador y después íbamos a ver cómo hacíamos. Llegamos a Tapachula y ahí me dieron un trabajito de costurera. Así ya lográbamos sacar para la comida y alquilar un lugar para vivir. Después, nos vinimos para Monterrey, porque lo que ganábamos en Tapachula ya no nos alcanzaba para todos los gastos. Pero, la pandemia nos vino a afectar bastante», cuenta Ana.

Con la llegada de la Covid-19, la situación de Ana y su familia cambió de manera drástica. Ella y su hija perdieron los empleos. Ahora, comen cuando se puede, pues pasan días enteros sin tener ingresos. Tampoco les alcanza para pagar el cuarto en el que viven, pero la dueña de la casa les ha tenido paciencia. Los trámites para conseguir los documentos que necesitan para trabajar se retrasaron mucho por el cierre de las oficinas administrativas. Ellas están a la espera de que la situación se normalice para seguir con el proceso.

«Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia», dice.

Los derechos de los migrantes siempre han sido violentados, pero la pandemia los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad, explica Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. «Esto se hace bajo el entendimiento de los gobiernos de que no son ciudadanos o ciudadanas de ese país, y como van en tránsito, no hay protección a ese nivel en las rutas migratorias», explica.

Además, dice Castillo, especialista en migración forzada, también ha aumentado la estigmatización hacia la población migrante. «Cuando va en el camino, la persona se encuentra en desarraigo porque no está en su comunidad, no está en su país. Está en un lugar donde, por la naturaleza de la pandemia, lo ven como el riesgo, el que va a venir a contagiar y, por lo tanto, al que se debe evitar. Al migrante se le cierra la puerta», explica.

Fronteras. Ahora que ya se comienzan a relajar las medidas en las fronteras, dice Verzeletti, el flujo migratorio va a incrementar.

Comenta también que el riesgo de contagio llevó a muchos albergues a no continuar recibiendo migrantes durante estos meses. Situación que los dejó en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad. Porque, si antes podían depender de un albergue para pasar una o varias noches en tránsito, durante la pandemia, les tocó dormir en la calle.

A esta situación se enfrentó el Albergue Belén, en Tapachula, México. Miguel Guerrero, psicólogo del lugar, comenta que se vieron obligados a cerrar desde el 18 de marzo, cuando la pandemia comenzó a golpear con más fuerza a la ciudad. Lo hicieron para proteger a los migrantes que, en ese momento, estaban viviendo en el lugar. El personal administrativo y de cuidados también tomó la decisión de dejar el albergue, pues eran quienes entraban y salían a diario y, por tanto, los potenciales portadores del virus.

«Nos incorporamos a trabajar el día 20 de julio, que fue cuando ya empezamos a implementar las medidas necesarias de higiene y seguridad. Mientras estuvimos trabajando desde casa, mis compañeros y yo pasamos la enfermedad del Covid. Fueron días difíciles, pero logramos superarla. El aislamiento nos ayudó a evitar contagios dentro del albergue. Aquí solo tuvimos a una persona con síntomas, de 380, pero no se confirmó. Todavía hay un poco de tensión y miedo, pero ya estamos recibiendo a los hermanos migrantes de nuevo», comenta Guerrero.

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MIGRANTES ABANDONADOS

«Nadie se ha acercado a apoyarnos», dice Ana cuando se le pregunta si han recibido algún tipo de ayuda durante esta crisis. Lo dice con tristeza y en la voz se le nota la poca esperanza que le queda. Habla suave y resignada.

«Lo que nosotros hemos constatado es que, si no es por la asistencia de albergues u organizaciones de sociedad civil, al menos a nivel estatal, podríamos decir que los migrantes están totalmente abandonados. Cancillería debió buscar protegerlos, pero todo indica que no lo hizo», dice Montti, de Cristosal.

En eso coincide Interiano, pues explica que desde Cancillería y el gobierno central, no existe una mirada de protección para los migrantes en medio de esta crisis. «Del ejecutivo en sí no hemos escuchado ninguna medida concreta a favor de los migrantes. Se ha hablado de acuerdos migratorios con Estados Unidos y México, pero no están encaminados a proteger a los migrantes, sino a fracasar, porque se realizan bajo la mesa, y van en torno a los temas de seguridad y militarización», concluye.

Interiano también afirma que, si bien los gobiernos anteriores prestaron muy poca atención al tema de los migrantes en tránsito y a los salvadoreños que viven en otros países, sí se vieron algunos avances. Pero, con el gobierno actual, el desinterés ha sido muy marcado. Eso se puede ver, por ejemplo, en la opacidad y excesiva discrecionalidad en el manejo de la información referente a la migración durante la pandemia.

Para el cierre de este reportaje, no se obtuvo respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la solicitud de una entrevista sobre este tema.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

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SER MIGRANTE Y CONTAGIARSE DE COVID-19

Ana tiene 65 años, tuvo todos los síntomas que, según ha escuchado, corresponden a la Covid-19: fiebre, dolor de cuerpo, diarrea, vómito, escalofríos y mucha tos. Sintió, durante 15 días, que se moría. No buscó ayuda médica porque, explica ella «en Monterrey se rumora que si los migrantes, adultos mayores, van a pasar consulta por síntomas de Covid-19, les ponen una inyección para matarlos». Y, aunque reconoce que la información no le consta, lo que escuchó le bastó para llegar a la conclusión de que prefiere morir en la que por ahora es su casa y no en un hospital que está lejos de su país.

«Es un rumor. Se escucha en los buses y en la calle. Yo no sé si es cierto, pero mejor no fui», dice.

El padre Verzeletti cuenta que se han encontrado con testimonios de migrantes que, durante esta emergencia, han suplicado por atención médica y no se les ha brindado. Algo similar comenta Montti, de Critosal, en el caso de tres migrantes hondureños que pedían que los deportaran, porque, se presume, estaban enfermos de Covid-19, y se sentían tan mal, que lo único que querían era volver a su hogar.

«Si no es por la Pastoral de Movilidad Humana, que apoyó en ese momento, no se hace nada por esas personas. Cancillería no se activó absolutamente para nada. Estos son casos de Honduras, pero no me extrañaría que pase también en El Salvador», comenta Montti.

Como Ana, dice Montti, hay muchos migrantes que, por miedo a ser deportados, están viviendo la enfermedad en silencio y soledad. Además, hay otros que también la viven de manera totalmente clandestina, lo que aumenta la posibilidad de que puedan incrementarse las muertes y, por tanto, el número de desaparecidos.

Según el monitoreo de La Casa del Migrante y otras organizaciones de sociedad civil, en lo que va de la pandemia, se han registrado, al menos, 200 migrantes desaparecidos en la ruta migratoria en la región de C.A, frontera México y Estados Unidos.

Este ha sido un año difícil para Ana y su familia. A sus dificultades económicas y de salud se ha sumado la de la delincuencia, misma razón que las hizo abandonar El Salvador. Un pandillero, asegura Ana, recientemente, se acercó a su casa para amenazarlas de muerte. Ella no sabe el porqué del ultimátum. Lo único que sabe es que deben moverse de Monterrey antes de que ese hombre cumpla con su palabra.

«En este momento no tenemos dinero para irnos. Tampoco sabemos cómo hacer para pasar a Estados Unidos. Menos podemos volver a El Salvador. Solo nos queda confiar en que esto mejore para poder movernos de aquí, porque ahorita no podemos hacer nada más», dice Ana.

Fotografía de Julio Umaña

Reapertura económica: empresas endeudadas y clientes insatisfechos

Fotografía de archivo
Fotografía de archivo

Vera Mejía pagó por un servicio que no recibió. En enero, se inscribió en un nuevo gimnasio. El lugar le pareció atractivo porque le quedaba cerca de la casa. Al comenzar, pagó la membrecía anual y una promoción por tres meses. Llevaba mes y medio cuando se declaró el Estado de Emergencia Nacional y cerraron las instalaciones. Ella continúo haciendo ejercicio en su casa, con la certeza de que al reabrir la economía podría volver al gimnasio a completar el tiempo que le había quedado pendiente.

El 24 de agosto el gimnasio anunció que podían acercarse o hacer una llamada para comenzar el proceso de reingreso. Vera llamó para informarse sobre cómo iba a funcionar todo con la reapertura. Para su sorpresa, le comunicaron que tenía que pagar una nueva mensualidad, pues las que había cancelado ya no tenían vigencia. “Los meses se vencieron”, le informaron.

En casos como el de Vera, lo primero que se debe tener claro, dice Nelson Martínez, asesor jurídico del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), es que toda adquisición de bienes o contratación de servicios va acompañada de derechos. Entre ellos, ser protegidos de cobros por servicios no prestados. Ante estas situaciones, se debe hacer un reclamo que permita al consumidor recibir una compensación si los servicios son entregados en calidad o cantidad diferente a la ofrecida.

Martínez explica, además, que esta “situación excepcional” no solo ha afectado a los consumidores, también ha impactado a las empresas que prestan servicios, debido a la ausencia de una regulación que las proteja y apoye a los clientes. Por eso, dice, “lo importante es buscar una salida que beneficie a ambas partes”.

“Yo les pregunté: “¿cómo es que se me vencieron los meses si el gimnasio estaba cerrado, todo estaba cerrado?” Pagué por anticipado para que se me brindara el servicio, y no lo hicieron”, dice Vera.

El Informe de Coyuntura Económica mayo 2020 de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) muestra que en marzo de este año el índice de Confianza de los Consumidores se “deterioró rápidamente”, causando un retroceso en el incremento logrado desde el 2017. “Este es otro indicador que registró la mayor reducción mensual a lo largo de la serie histórica”, dice el análisis.

Vera hizo llamadas al gimnasio y no obtuvo respuesta. Luego, optó por hacer una denuncia en Twitter. El gimnasio la bloqueó de la red social. Después de un tiempo, la desbloquearon y le pidieron disculpas. La invitaron a acercarse a las instalaciones para llegar a un acuerdo, pero la solución que le brindaron fue pagar otra promoción de tres meses y, con eso, ellos le “regalarían” 15 días más.

Ante esa situación, ella investigó si la Ley de Protección al Consumidor la defendía, y se dio cuenta de que sí. Por lo que puso una denuncia en línea en la Defensoría del Consumidor, de la que aún espera respuesta.

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SIN PODER DEVOLVER EL DINERO

Según el Informe de Análisis Económico publicado en septiembre por Fusades, el sector servicios fue el segundo más afectado durante la pandemia, después de la construcción, pues cayó en promedio -75.7 puntos. Sin embargo, en los últimos tres meses logró recuperarse un poco, llegando, en agosto, a -58.3 puntos.

Salvador Linares es dueño de un gimnasio desde hace cuatro años. Comenta que el negocio estaba teniendo un buen momento cuando comenzó la pandemia. El cierre ha sido duro para él. También lo ha sido para los dueños de los 30 gimnasios de la asociación a la que pertenece. Cuatro de ellos tuvieron que cerrar. Además, se ha dado cuenta de, al menos, otros cinco, que no pertenecen a la asociación, que también se vieron obligados a no continuar.

“Nuestro ámbito ha sido bastante afectado. En nuestro caso, muchas personas dependen totalmente de su negocio, y les ha tocado cerrar por eso mismo, pues no hay ingresos mientras no se pueda abrir. La maquinaria, el mantenimiento, el personal y el local cuestan bastante. Ha sido difícil pagar la renta. Nos ha costado incluso ahora que ya se puede abrir”, comenta.

Fotografía de archivo

Salvador no ha abierto su gimnasio. Dice que logró mantenerse los primeros dos meses del cierre, pero, luego de ese tiempo, le fue imposible. Por eso, comenzó a dar entrenamientos personalizados en casas. Él sabe que su salud corre peligro. También está consciente de que es arriesgado para los clientes. Pero, para él, esa es la única manera de sacar adelante su hogar.

La mayoría de clientes de Salvador ya habían pagado su mensualidad cuando se declaró cuarentena nacional. Ahora, no encuentra la forma de devolverles el dinero. No sabe qué va a hacer. Los clientes le han dicho que quieren reintegro, pero él no tiene la solvencia económica para hacerlo.

“Para mí es complicado porque pasamos muchos meses sin trabajar, y son varias personas las que han pagado. A todos nos ha afectado esto, creo que deberíamos agarrar parejo y no exigir que se regrese todo el dinero. Yo sé que es pérdida, pero todos hemos perdido. A mí sí se me dificulta hacer esa devolución”.

Martínez, del CDC, explica que las empresas no tienen la opción de no devolver lo que ya han recibido. Deben buscar la forma de responder a sus clientes, ya sea brindando el servicio en una fecha distinta, reintegrando de forma parcial, bajando el precio de cuotas posteriores si es una suscripción sujeta a plazo. “Los derechos de los consumidores son irrenunciables por lo que, para ambas partes, conviene solventar la situación por los Medios Alternos a la Solución de Conflictos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor”, comenta.

Ante la ausencia de una regulación especial que ayude resolver este tipo de conflictos, Samuel Salazar, director de Proinnova de Fusades, dice que es necesario que las partes busquen alternativas. “Lo primero que se debe hacer es conversar con el cliente. Si esto se hace así, el usuario va a entender perfectamente la situación en que se encuentran. Lo que hay que buscar es algún mecanismo de solución”, explica.

Sin embargo, para esto, dice, también es necesario que se brinde un plan a las empresas, pues se requiere de asesoría para, por ejemplo, enseñar a un gimnasio cómo puede virar su negocio a ofrecer servicios en línea o dar asistencia personalizada a las personas con las que ya adquirió el pasivo. Lo importante, en estos casos, es que el cliente sepa que la empresa sigue de su lado.
Salvador hizo un sondeo para saber si sus clientes estaban dispuestos a volver, pero la mayoría le respondió que, por la situación, tiene miedo. Por eso, considera que “no sale” abrir solo para las personas que ya le habían pagado y le piden devolución de dinero. “Con eso ni siquiera sacaríamos para lo de la renta, y algunos no pagamos poco. Y no es solo eso, también hay que pagar recibos y personal”.

Diego Tovar, mercadólogo y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dice que, desde el inicio de la pandemia, las empresas no han recibido información clara sobre medidas de apoyo a las que pueden tener acceso. Tampoco se les ha dado la orientación que se requiere en estos casos, especialmente, porque las empresas de servicios dependen casi totalmente del contacto directo con sus clientes.

“No hubo un acercamiento de las autoridades correspondientes para guiar a estos negocios para ver cómo se hacía un plan de cierre y de reactivación. Ahí sí se ha fallado porque no hay ningún apoyo directo. No dieron capacitaciones o indicaciones a la medida de cada rubro. A muchas empresas de servicios les tocó parar completamente y no se les dijo qué hacer en esa situación”, explica.

La mayoría de clientes de Salvador ya habían pagado su mensualidad cuando se declaró cuarentena nacional. Ahora, no encuentra la forma de devolverles el dinero. No sabe qué va a hacer. Los clientes le han dicho que quieren reintegro, pero él no tiene la solvencia económica para hacerlo.

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EMPRESAS ABANDONADAS

La esperanza de Salvador, y de otros miembros de la Asociación de Gimnasios, es recibir algún tipo de apoyo del gobierno. Le escribieron una carta al presidente de la república, Nayib Bukele, solicitando su ayuda, pero no obtuvieron respuesta. También ven complicado poder acceder a créditos u otro tipo de beneficios, porque no cumplen con los requisitos que se les solicitan.

“El gobierno ayudó a la Federación de Gimnasios, pero los independientes nunca tuvimos apoyo. Sí mencionaron que iban a ayudar a las pequeñas empresas, pero piden cosas demasiado exageradas, como declaraciones de IVA, renta o seguros. Ya se sabe que muchos gimnasios pequeños no tenemos todo eso”, cuenta Salvador.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador realizó, en mayo, una encuesta empresarial que reveló que el 91% de las empresas se vio afectado debido al cierre económico. En el sondeo se tuvo una participación mayoritaria de los sectores Servicios y Comercio, con el 86% de la muestra. Además, las micro, pequeñas y medianas empresas representan la mayoría de las unidades económicas participantes, con el 85% del total.

En el mismo sondeo se consultó a las empresas sobre las medidas que tomarían si el periodo de emergencia se extendía hasta mediados de junio, tal y como sucedió. Ante esa pregunta, el 33% de las empresas respondió que necesitaría solicitar un crédito.

En esta crisis, las micro y pequeñas empresas son las más vulnerables, explica Salazar. Quienes se encuentran en la informalidad son los que menos posibilidades tienen de acceder al mundo de la formalidad, en el que se encuentran los créditos. Incluso, para las micro y pequeñas empresas que están registradas también es algo difícil, explica, pues ni la banca nacional ni privada tienen recursos para apoyarlas a todas.

El 58.29% de las microempresas se vio «afectado completamente», muestra el Informe Situación de la empresa salvadoreña frente a la emergencia Covid-19, realizado por Departamento de Administración de Empresas de la UCA.

“El Estado no tiene los fondos necesarios para dar ayuda económica a las más de 300 mil micro y pequeñas empresas que hay en El Salvador, según la Encuesta 2018 de la MYPE. Los empresarios tienen que estar atentos a que den información clara, pero hoy por hoy no lo vemos a corto plazo. Entonces, lejos de estar esperando a que el Estado resuelva ese problema, las empresas deben comenzar a generar algunos mecanismos para intentar mantenerse a flote”, concluye.

Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para El Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), dice que los criterios que ha definido el gobierno para que apliquen las micro y pequeñas empresas solo son para las que se encuentran en la formalidad. “Yo puedo acceder a un crédito solo si tengo una clasificación en el sistema bancario. Esto es prácticamente imposible. La última Encuesta de la Micro y Pequeña Empresa mostró que más del 90% no lleva ni registro de contabilidad”, comenta.

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) no cuenta con fondos para brindar apoyo de alivio económico a las empresas que lo necesitan debido a la crisis generada por la pandemia. Esa es la respuesta que se brinda en la línea de atención telefónica que han habilitado. Ahí, invitan al usuario a llamar al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), explicando que a través de esa entidad se puede tener acceso a estos apoyos. Sin embargo, en Bandesal tampoco se encuentra una respuesta esperanzadora.

Gracia Chávez, encargada de prensa de la institución, explica que el apoyo que ellos están brindando, por el momento, es solo para sus clientes. Para acceder a los fondos que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó para la recuperación de las MIPYMES, “BANDESAL debe gestionar la aprobación y ratificación de garantía soberana ante la Asamblea Legislativa”, dice un comunicado de la institución, con fecha 31 de agosto de 2020. Según Chávez, ese es un proceso largo.

Carmen Aída Lazo, economista y decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), dice que las medidas de ayuda económica para las empresas debieron comenzar a implementarse en marzo, junto a las medidas para proteger la salud. “Estamos en septiembre y todavía no se tiene claro quiénes pueden aplicar, quiénes no. No hay claridad en los fondos que se han asignado ni a dónde pueden acudir las empresas para buscarlos”, comenta.
Además, agrega que no solo se ha fallado en el tema de la ayuda económica, sino también en otros apoyos que podrían haberse brindado. “Era necesario acercarse a estas empresas, que requieren contacto con sus clientes, y formarlas con protocolos de bioseguridad, por ejemplo”, dice.
También, comenta que se necesita reforzar otros sectores que no se vieron tan afectados, para que los miembros de las empresas que cerraron en el sector servicios puedan integrarse a ellos. “De lo contrario, el nivel de desempleo va a aumentar de tal manera que va a ser muy difícil recuperarse. Es algo que ya estamos viviendo”.
Por eso, explica Cabrera, es grave que el gobierno no esté priorizado el destino de recursos para apoyar a estos negocios, que son la columna vertebral de la economía y del empleo. Su cierre significará un duro impacto para el país, ya que “de los 2.8 millones de ocupados que hay, dos millones pertenecen al sector informal, y estos están relacionados con las micros y pequeñas empresas”, dice.

El Informe de Coyuntura Económica de Fusades indica que, por cada empleo formal existen 2.5 empleos informales. Eso quiere decir que, si por cada persona que pierde su empleo en la formalidad, 2.5 lo pierden en la informalidad, “aproximadamente, 161 mil trabajadores en el sector informal perderían su fuente de ingresos entre abril y marzo”. Además, el informe indicaba, en marzo, que, si los trabajadores no recibían ingresos o si su ingreso se veía reducido al menos por dos meses, la pobreza pasaría de un 30.9% a un 40.7%.
“No sé si va a ser posible que muchas de estas empresas que ya cerraron puedan reabrir con el apoyo. Tampoco sé si las que lo están esperando logren mantenerse hasta que llegue. La respuesta del gobierno ha sido insuficiente y muy limitada. El común denominador en esta problemática ha sido la alta polarización política, la falta de acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”, dice Cabrera.
Además, agrega, esto es peligroso para el país, pues, si el apoyo no llega a las empresas, el impacto que se ha estimado en la caída de crecimiento económico de este año (-7,2%), el crecimiento en el número de pobres (600 mil personas) y la reducción de la clase media (pasar del 22% al 15%), podría ser mucho peor.

Salvador, aunque sabe que su situación es complicada, espera no tener que cerrar. “Ahorita todo es pérdida, pero estoy confiando en Dios para que me ayude. Siempre he sido bien dependiente de él, y espero lograr salir adelante con el trabajo que ando haciendo en las casas”, cuenta.

Los expertos coinciden en que hay un problema de claridad en la información sobre las medidas de apoyo económico a las que pueden acceder empresas.