Por: Doris Rosales

Desde que el juez Jorge Guzmán reabrió el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños en 2016, los obstáculos no han faltado. Y los ataques personales, tampoco. Esta es, sin embargo, la primera vez que se logra apartarlo del caso. Un decreto inconstitucional ha hecho que, pese a su compromiso con la búsqueda de la verdad, sea cesado de su cargo. Este relato da cuenta del último día que Guzmán se presentó al tribunal, antes de que se consumara lo que él mismo llamaría días después: “Una masacre al Órgano Judicial”.

En El Salvador, los niños están desprotegidos: más de 100 mil alertas de amenazas o vulneraciones a los derechos de la niñez y la adolescencia recibieron las juntas de protección entre 2012 y 2020. Los que en algún momento son rescatados de padrastros que abusan o parientes que torturan, con frecuencia, regresan a esas circunstancias porque el Estado es incapaz de garantizar protección y un entorno libre de violencia. De 10 mil niños bajo custodia institucional en 2010, la cifra se redujo a 3 mil en 2020. Se ha devuelto a cientos de niños a hogares de abuso. Esta es la historia de Alejandra, Nicolás, Claudia, José, Alejandro, y de un sistema que los abandonó.

Claudia tuvo que salir de El Salvador porque su vida estaba en riesgo. Aquí, corría peligro por ser mujer y por ser lesbiana. Eso le valdría, dice, estar muerta dos veces. Por eso, ahora se refugia en un país que, aunque le garantiza derechos humanos, no deja de parecerle ajeno. Es libre, pero se siente sola. Y, ante eso, anhela que en El Salvador las personas de la población LGBT+ no tengan que renunciar a algo, a todo, para poder vivir sin miedo.

En el Órgano Judicial, a medida que la Constitución de la República exige más requisitos para cumplir con el nombramiento, el número de mujeres que acceden al cargo se reduce. En el caso de la Sala de lo Constitucional, la mayoría de mujeres ha sido electa para la suplencia.

La que hasta ahora ha sido la pensión mínima de los docentes, $207, no alcanza para cubrir la canasta básica, que en 2020, alcanzó los $209. Muchos, aunque ya están en edad de retiro, siguen trabajando. Esta es una de las razones por las que un docente recién graduado tiene que esperar más de 15 años por la asignación de una plaza. Este mes, entra en vigencia el aumento de $97 a la pensión mínima. Eso, sin embargo, no es suficiente para motivar el retiro, pues los docentes están a la espera de una reforma al sistema de pensiones. Además, los expertos afirman que ese aumento no es sostenible.

David y sus compañeros de trabajo pagan, al mes, $400 de renta a la pandilla de la zona. Lo hacen porque es la única manera de trabajar con la garantía de que ahí no van a ser asesinados. Con la llegada de la pandemia y las clases a distancia, los docentes han tenido un respiro. Durante estos meses, no han pagado las “cuotas”. Pero, al volver, no saben si la pandilla va a pedir el dinero acumulado en este tiempo, que serían unos $4,000. Ante el “inminente retorno” a las clases presenciales, en su protocolo, el MIDEDUCYT no contempla cómo abordar las extorsiones.

En 2020, en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, se destinaron más de $3 millones para la profesionalización docente. La intención: formar docentes de calidad para elevar la valoración social de la profesión. Y, aunque sí se imparten capacitaciones, charlas y talleres, estos parecen estar alejados de las realidades que se viven en el aula y, ahora, en la distancia.

A meses de llegar al segundo año en el poder, el gobierno de turno parece haber olvidado una de las metas educativas establecidas en el Plan Cuscatlán: La dignificación del magisterio. Y, de forma más concreta, la “revisión y equidad salarial”. El aumento que se aprobó para este año, en caso de crisis fiscal, puede ser retirado, dicen los expertos. Esta es la primera de cuatro publicaciones en las que, desde voces expertas y testimonios, se busca mostrar que la crisis de los docentes es, también, la crisis de la que no sale la educación pública.

Laura Arévalo es directora de Continúa, una fundación que busca facilitar el acceso a la salud mental a las personas que no cuentan con recursos para pagar un tratamiento. Con la pandemia, el centro de atención psicológica se cerró, pero Laura no ha parado de buscar formas para llegar a la gente en las comunidades. Porque, para ella, este contexto ha vuelto más urgente el acceso a este tipo de servicios.

Kara García, directora de Proyecto Red, apoya a niños, niñas y adolescentes que viven en extrema pobreza y que han sido víctimas de abuso. Trabaja con familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y, para ella, la llegada de la Covid-19 endureció las dificultades a las que ya enfrentaban estas personas. Por eso, tomó la decisión de trasladar a las comunidades todas las actividades de la ONG.