Educar sin recursos y sin acompañamiento
En 2020, en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, se destinaron más de $3 millones para la profesionalización docente. La intención: formar docentes de calidad para elevar la valoración social de la profesión. Y, aunque sí se imparten capacitaciones, charlas y talleres, estos parecen estar alejados de las realidades que se viven en el aula y, ahora, en la distancia.
Julián tiene que adaptar las guías que el Ministerio de Educación (MINEDUCYT) prepara para los estudiantes. Sus alumnos son del área rural, de un cantón en el que, de vez en cuando, les paga un poco de señal para poder mandar las tareas por WhatsApp. De un cantón en el que nada queda cerca. “Está en un hoyo”, dice. Por eso, él transcribe las guías para adaptar los materiales que ellos no tienen y no pueden comprar. Las guías, dice Julián, están hechas para estudiantes del área urbana.
“Es bien difícil que consigan la lana, las acuarelas o pinturas acrílicas, por ejemplo. Cuando les piden cáñamo, yo les pongo que lo hagan con pita de hamaca, porque eso sí lo tienen a la mano. Y la lana les digo que la sustituyan por hilo de bordar, porque la mayoría de las señoras de aquí bordan, entonces es algo accesible”, cuenta desde una silla de pita plástica, en medio de un terreno que, desde afuera, apenas puede distinguirse entre las matas de huerta y unas varas de bambú.
En el diseño de las guías, el MINEDUCYT no ha pensado en lo rural. En aquellos docentes y estudiantes que no tienen una librería cerca o recursos para comprar los materiales que ahí se les piden. No los ha tomado en cuenta, aunque paga, al mes, más de $26 mil a siete asesores, y más de $498 mil a los asesores pedagógicos. Que, en teoría, deberían hacer las recomendaciones necesarias para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. El trabajo de los asesores lo hace Julián, que solo recibe de salario $755. 07 mensuales.
Los padres de familia llamaban a Julián para preguntarle cómo hacían para conseguir repollo morado, como lo indicaba la guía del MINEDUCYT. No podían comprarlo o no había dónde comprarlo. Eso, Julián lo comentó en una capacitación del Ministerio. “Les dije que era un error estar dando esas guías cuando la realidad de nuestros estudiantes es diferente”. Pero ellos se molestaron, dice, y no tomaron en cuenta su comentario.
El MINEDUCYT no los escucha
Óscar Picardo, investigador y especialista en política educativa, dice que uno de los principales obstáculos que surgen en la coyuntura pre-Covi-19 y Covid-19 es la falta de un sistema de actualización docente que responda a las necesidades concretas de cada maestro. “Generalmente, las capacitaciones son masivas y bastante verticales. Es decir, el MINEDUCYT decide en qué se va a capacitar”, comenta.
Esto, explica Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO, puede deberse a que la mayoría de gobiernos han mostrado desinterés en el diálogo con los docentes. Y el actual no es la excepción: “En esta gestión tenemos una ministra que es bastante lejana a los docentes”. Rodríguez agrega que “desde que tomó posesión, solo una vez nos hemos reunido con ella, y ha sido para escucharla, no para que ella escuche”.
En las decisiones del MINEDUCYT, se sigue viendo al maestro como un operador, como una pieza del engranaje que solo debe recibir órdenes, dice Ricardo Hernández, investigador y docente. “Como pasó con lo de las guías, y como va a seguir pasando. No hay un diálogo ni consultas con los maestros para conocer qué les sería útil en sus contextos”, comenta.
No escuchar, dice Carolina Bodewig, investigadora en educación de Contextos, lleva al MINEDUCYT e, incluso, a las ONG a gastar grandes cantidades de dinero en formación docente sin tomar en cuenta las vivencias del maestro en el aula. “Si uno les pregunta a los docentes cuál es su valoración crítica de la mayoría de estos espacios, dicen que no hay una vinculación directa con la práctica”, añade.
Las capacitaciones no suelen darse en el aula, sino en auditorios o universidades. Y eso es, dice Bodewig, como querer enseñarles a hacer una mezcla de químicos fuera de un laboratorio de química. Poniéndolos a leer y diciéndoles: “Mire, así lo tiene que hacer. Así aplíquelo”. Pero solo se lo están mostrando en un libro o en una diapositiva. Porque, explica, “se pierde de vista que hay una enorme brecha entre el proceso de lo que uno aprende y lo que debe o va a aplicar en la práctica”.
En la escuela de Julián solo hay tres maestros. Él atiende tres secciones integradas: cuarto, quinto y sexto. Eso es un reto, porque debe enseñar contenidos diferentes a estudiantes que se encuentran en niveles diferentes, pero en una sola aula y al mismo tiempo. Ya ha asistido a capacitaciones sobre secciones integradas, pero nunca ha sentido que le ayuden. Por eso, dice, después de seis años de prueba y error, ha encontrado estrategias que, aunque no resuelven todos los inconvenientes, le ayudan a enseñar mejor.
“La recomendación es que trabaje con los tres grados al mismo tiempo. Pero lo que yo hago es dar clase medio bloque a quinto y medio bloque a sexto, mientras tengo a cuarto trabajando en tareas que le dejé el día anterior. Y así lo voy rotando. Desde que comencé a trabajar de esa manera, los estudiantes salen con menos deficiencias”, cuenta.
Con la pandemia, trabaja igual, solo que separa a los estudiantes por grupos de WhatsApp. Pero, agrega, la frustración es grande porque siente que, a pesar de sus esfuerzos, los alumnos no están aprendiendo.

Capacitar para lo virtual cuando no hay recursos
En el contexto de la pandemia, también parece que actuaron sin escuchar. Hernández dice que la capacitación de Classroom que el Instituto de Formación Docente (INFOD) brindó “estuvo muy buena”. Sin embargo, agrega que esa formación no funciona en las diversas realidades que se viven en el país. “Aquí, la conectividad, como sabemos, no es la mejor. Hay una brecha digital que está bastante marcada. Sobre todo, en el sector rural, con compañeros que son unidocentes, bidocentes o tridocentes”, agrega.
El Salvador es el segundo país de Centroamérica, después de Honduras, con menor penetración de internet en los hogares, indica el informe “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe: Un puente al desarrollo sostenible en tiempo de pandemia”. El documento señala que 45 de cada 100 tienen conexión a internet. Y, según la CEPAL, El Salvador es uno de los países en los que “más del 90% de los niños de los hogares más pobres viven en hogares no conectados”. Pese a ello, la apuesta del MINEDUCYT para este año es que los docentes tengan a Google Classroom como “plataforma oficial” de trabajo, según la ministra Carla de Varela.
Todos los alumnos de Julián intentaron conseguir un celular y, de vez en cuando, poner una recarga dice. Sus padres hicieron un gran esfuerzo porque, como cuenta, en el cantón la mayoría de personas viven en extrema pobreza. “Para Google Classroom los alumnos necesitan tener una computadora. Y, aunque la tuvieran, tampoco se podrían conectar, porque no tienen internet en sus casas”, explica. Por eso, su plan es seguir este año con clases por mensajes de WhatsApp.
“¿Cómo vamos a dar una clase virtual si el padre de familia pone una recarga de $3, y los estudiantes tienen que entrar a la plataforma de Google, ver vídeos y descargar documentos?”, se pregunta Hernández. “Esa recarga se va en un día o dos días. Entonces, para poder ver los contenidos de toda la semana tendrían que recargar, quizá, $20”.

Sin acompañamiento
Es necesario un diálogo directo de los docentes y el Ministerio, explica Hernández. Además, agrega, el acompañamiento en los procesos educativos es indispensable. Por eso, dice, “se deben asignar más asistentes técnicos pedagógicos”.
Hernández comenta que esa es una figura creada a finales de los 90 para dar asistencia técnica a las direcciones. El problema, dice, es que cada asistente técnico pedagógico tiene a su cargo entre 20 y 25 escuelas, y, a veces, más. “No hay una preocupación por el desarrollo de contenidos, por el desarrollo de actividades o de ferias”. O quizá sí lo hay, dice, pero es un trabajo agotador para una persona que tiene que visitar 20 escuelas.
Además, dice Bodewig, los asistentes técnicos pedagógicos vienen de una tradición en la que no se ven a sí mismos como un soporte para la escuela. Se ven como un supervisor. Los que ahora son asistentes técnicos pedagógicos, hasta antes de 1998-1999, se llamaban supervisores. Y llegaban a la escuela a fiscalizar la carrera docente, a ver en qué parte del plan de estudios iban, a ver si no estaban atrasados y a controlar cuántos días había faltado el docente. “Eso no tiene nada de pedagógico. Cambian el papel, la función, pero en la práctica no sucede”, añade.
Para el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta del MINEDUCYT ante la solicitud de una entrevista sobre este tema.
Durante la pandemia, ningún asistente técnico pedagógico se comunicó con Julián. En otros años, sí lo han visitado, pero dice que le ayudan más con gestiones administrativas que con procesos pedagógicos. “El detalle es que solo llevan los lineamientos que el MINEDUCYT da para todas las escuelas, que bien difícilmente tienen algún tipo de modificación. No es un apoyo personalizado ni llevan propuestas apegadas a la realidad”, explica. En 2019, el asistente técnico pedagógico solo lo visitó tres veces. Fue para explicarle “en qué tenía que invertir los fondos que el MINEDUCYT dio a la escuela. También me explicó los criterios para realizar las evaluaciones. Lo que él y los otros asesores llevaban era como una camisa de fuerza”, cuenta Julián.
Relacionado
ARTICULOS RELACIONADOS
MISMA CATEGORIA
Preparación profesional no garantiza representación en Asamblea Legislativa
69, de los 84 diputados actuales, reportan una carrera universitaria. 30% de este total pertenece al ramo jurídico: hay abogados, notarios y licenciados en ciencias jurídicas. Expertos señalan que es un error considerar que los profesionales del derecho son los mejores legisladores y que se debe apostar por incluir ocupaciones diversas. 495 de los candidatos inscritos a diputados para las próximas elecciones reportan una carrera de formación profesional y 805 otra ocupación.
El Salvador: lejos de la paridad de género en política
En los últimos 20 años, la Asamblea Legislativa ha tenido 65 diputadas propietarias y 221 diputados propietarios. Poco más de la mitad de la población es mujer y no está representada de forma proporcional en los espacios políticos. La situación se vuelve aún más complicada en las municipalidades: en el mismo período, se registran solo 97 alcaldesas frente a 804 alcaldes, sin tomar en cuenta reelecciones. En ambos casos, a pesar de la cuota que, desde 2013, los partidos políticos deben cumplir, la paridad en los cargos más importantes avanza a paso lento. Y, al mismo ritmo, avanzan las leyes en favor de las mujeres.
Gobierno ignora hábitat de familias al reubicarlas en Ciudad Marsella
El Gobierno no ha tomado en cuenta los efectos que el cambio de hábitat tendría en las familias que fueron reubicadas en Ciudad Marsella, a pesar de que el Ministerio de Vivienda cuenta con una unidad dedicada al análisis de este fenómeno. José Constanza, uno de los reubicados, afirma que aún no puede dejar su hogar en Nejapa, porque no sabe qué hacer con sus animales de granja y sus cosechas.
Gobierno entregó $25 mil a familias para pagar casas en Ciudad Marsella
Familias beneficiarias afirman que fueron llevadas a la residencial sin información. Ahí, recibieron un cheque por $25,300 para comprar, sin opción, las casas a Global Developers. El Gobierno no ha brindado información sobre cómo se negoció la compra de viviendas en Ciudad Marsella para los afectados por las lluvias de 2020.
El mejor año para la constructora
El patrimonio de Global Developers creció de $1 millón a $28.8 millones entre 2019 y 2020.
MISMO AUTOR
Esperar 15 años por una plaza
La que hasta ahora ha sido la pensión mínima de los docentes, $207, no alcanza para cubrir la canasta básica, que en 2020, alcanzó los $209. Muchos, aunque ya están en edad de retiro, siguen trabajando. Esta es una de las razones por las que un docente recién graduado tiene que esperar más de 15 años por la asignación de una plaza. Este mes, entra en vigencia el aumento de $97 a la pensión mínima. Eso, sin embargo, no es suficiente para motivar el retiro, pues los docentes están a la espera de una reforma al sistema de pensiones. Además, los expertos afirman que ese aumento no es sostenible.
Enseñar y tener miedo
David y sus compañeros de trabajo pagan, al mes, $400 de renta a la pandilla de la zona. Lo hacen porque es la única manera de trabajar con la garantía de que ahí no van a ser asesinados. Con la llegada de la pandemia y las clases a distancia, los docentes han tenido un respiro. Durante estos meses, no han pagado las “cuotas”. Pero, al volver, no saben si la pandilla va a pedir el dinero acumulado en este tiempo, que serían unos $4,000. Ante el “inminente retorno” a las clases presenciales, en su protocolo, el MIDEDUCYT no contempla cómo abordar las extorsiones.
Un salario digno cuesta media vida
A meses de llegar al segundo año en el poder, el gobierno de turno parece haber olvidado una de las metas educativas establecidas en el Plan Cuscatlán: La dignificación del magisterio. Y, de forma más concreta, la “revisión y equidad salarial”. El aumento que se aprobó para este año, en caso de crisis fiscal, puede ser retirado, dicen los expertos. Esta es la primera de cuatro publicaciones en las que, desde voces expertas y testimonios, se busca mostrar que la crisis de los docentes es, también, la crisis de la que no sale la educación pública.
«Si no nos tomamos la salud mental en serio, en un par de años, vamos a ver repercusiones bien grandes en la salud pública»
Laura Arévalo es directora de Continúa, una fundación que busca facilitar el acceso a la salud mental a las personas que no cuentan con recursos para pagar un tratamiento. Con la pandemia, el centro de atención psicológica se cerró, pero Laura no ha parado de buscar formas para llegar a la gente en las comunidades. Porque, para ella, este contexto ha vuelto más urgente el acceso a este tipo de servicios.
“Me preocupa la indiferencia de las personas y, a veces, hasta del mismo sistema»
Kara García, directora de Proyecto Red, apoya a niños, niñas y adolescentes que viven en extrema pobreza y que han sido víctimas de abuso. Trabaja con familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y, para ella, la llegada de la Covid-19 endureció las dificultades a las que ya enfrentaban estas personas. Por eso, tomó la decisión de trasladar a las comunidades todas las actividades de la ONG.