El Plan Control Territorial prometía combatir la corrupción de la mano de la CICIES
En sus páginas, el plan Control Territorial hacía una importante apuesta contra la impunidad y la corrupción. En ese marco, también prometía trabajos coordinados entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la FGR y la PNC. Una promesa que el gobierno decidió truncar cuando las sospechas de corrupción comenzaron a rodear a sus propios funcionarios.
El Gobierno salvadoreño plasmó como una de sus apuestas en el Plan Control Territorial (PCT) lo que ahora ya es un imposible: que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) sería la luz que iluminaría la lucha anticorrupción en el país.
La apuesta fallida es parte de una estrategia más grande dentro del PCT que el gobierno nunca llegó a implementar y que describe a un Estado “plenamente comprometido con el combate frontal contra la corrupción e impunidad en el actuar de sus distintos órganos de seguridad, así como parte de cualquier funcionario”.
Esa estrategia comprendía, además, a la Subdirección de Investigaciones contra la Corrupción, creada el 18 de diciembre de 2019 al interior de la Policía Nacional Civil (PNC) a través del Decreto Presidencial 43, y que prometía dedicar policías a investigar “de manera exclusiva a delitos de corrupción”.
Como tercer ingrediente de esa estrategia figura en el PCT un Centro de Evaluación de Control y Confianza, con el que el Ejecutivo pretendía someter a constantes análisis a policías, militares, agentes de seguridad municipal, custodios y miembros de la inteligencia estatal con la intención de prevenir la corrupción en las agencias de seguridad del Estado. Sin embargo, nunca llegó a funcionar.
La política pública que el Gobierno presentó el 28 de enero de 2021 a un puñado de organizaciones de la sociedad civil describe a una CICIES con suficientes credenciales para “fortalecer” el trabajo de las instituciones salvadoreñas involucradas en la lucha anticorrupción.
“La CICÍES es una institución de derecho público con estructura internacional, independencia y autonomía funcional, con personalidad jurídica, especializada en materia de anticorrupción y comprometida a combatirla”, consigna el documento en una de las partes.
El Plan Control Territorial, además, destaca en el papel que la CICIES “cuenta con investigadores profesionales, expertos en inteligencia financiera nacional e internacional, en informática, auditoría, en derecho, entre otros, con la misión de apoyar a la subdirección especializada de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en las investigaciones contra la corrupción”.
Sin embargo, una fuente que participó en la gestación y en los enlaces del Gobierno con la CICIES asegura que “nunca” un funcionario del oficialismo comentó la intención del Ejecutivo salvadoreño, plasmada en el PCT, de convertir al organismo internacional en un apoyo clave en la lucha anticorrupción.
La apuesta del PCT de convertir a la CICIES en la brújula anticorrupción coincidía con las intenciones de Estados Unidos. De hecho, un día antes de aquella presentación del Plan, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos, el congresista Gregory Meeks, pidió a El Salvador aprobar una legislación para “fortalecer la independencia y el mandato” de la CICIES. “Será un paso crucial”, publicó la cuenta oficial de Twitter del comité el 27 de enero de 2021.
La moción del congresista la materializó dos meses después el entonces comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, cuando presentó un pliego de reformas legales para fortalecer el mandato de la Comisión ante el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; y la canciller Alexandra Hill. Según el informe de la Comisión, estas reformas buscaban “prevenir la corrupción, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas de funcionarios; así como nuevas tipologías para la persecución de delitos contra el patrimonio del Estado”.
“Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla”, indicó Ochaeta, durante la conferencia de prensa ofrecida el 7 de abril de 2021, después de pedir la reforma y tras una reunión con el entonces fiscal general de la república, Raúl Melara; y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien llegó al país para hablar sobre migración, lucha contra la corrupción y transparencia.
La solicitud de dotar de más dientes a la CICIES ocurrió meses después de que el organismo presentó ante la Fiscalía General de la República, en ese entonces en manos del exfiscal Raúl Melara, sendos avisos de posibles delitos cometidos por funcionarios del presidente Nayib Bukele. Los reparos estaban relacionados con sospechas de corrupción en las compras realizadas durante la emergencia nacional por covid-19. Fue por ello que la FGR realizó un allanamiento en el Ministerio de Salud en noviembre de 2020.
Todas esas intenciones, sin embargo, quedaron en nada. El 4 de junio de 2021, la Fiscalía a cargo del fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, puso fin, de forma unilateral, a su relación con la CICIES. El argumento fue que no mantendrían un acuerdo de colaboración con una institución que tenía como empleado a un acusado de negociar con pandilleros, después de que Luis Almagro anunciara que la Organización de Estados Americanos (OEA) había acordado sumar al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, como uno de sus asesores.
Ese mismo día, el presidente Bukele también anunció que había decidido terminar el convenio entre el Gobierno salvadoreño y la OEA sobre el mandato de la CICIES, sepultando así una de sus principales promesas de campaña.
Una decisión con la que el Gobierno de Bukele se desdijo de lo que tan solo cinco meses atrás estaba todavía plasmado en el PCT sobre el trabajo de la Comisión: “Contribuirá al fortalecimiento institucional del Estado en materia de investigaciones contra la corrupción de manera que las instituciones competentes en la materia puedan adquirir los conocimientos y las capacidades para adecuar su funcionamiento y combatir de manera efectiva la corrupción”.
El fiscal Rodolfo Delgado, incluso, fue más allá y luego de abandonar su relación con la CICIES abrió investigaciones contra el grupo de fiscales que investigaron a los funcionarios del Gobierno señalados de cometer supuestos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por covid-19.