Una ciudad para Danielly

Fotografía de EFE

Danielly Rodrigues, Dani, como la conocen sus amigos, es un caso inusual dentro de la favela: ha estudiado dibujo, ha aprendido español y puede trabajar en su casa. Preparaba su boda cuando el coronavirus truncó sus planes. «Voy, pero no sé cuándo», dice.

Comparte un piso de dos habitaciones con su madre y su hermano. Es una tercera planta y cuando falla la bomba se queda sin agua durante dos semanas. La suya es una de los mejores zonas de la favela. «Hay lugares pobres y más pobres aún. Dentro de Maré también hay diferencias».

Dani no ha salido nunca del estado de Río de Janeiro, aunque no pierde la esperanza. También aspira a dejar Maré para instalarse más cerca del centro y poder «disfrutar de la cultura».

El centro, la cultura, el agua… Mientras la mitad del mundo debate sobre la ciudad poscovid, la ciudad de los espacios verdes y los barrios autosuficientes, la otra mitad imagina cómo abrirse una puerta al futuro.

«Mi ciudad ideal sería sin desigualdad», dice Dani. «En mis sueños, una ciudad buena para nosotros es donde tenga las mismas oportunidades que una persona que no vive aquí».

¿Espacios verdes?, ¿bulevares? «Para nosotros no es la prioridad. La prioridad es tener una vida, salir de aquí, o estar aquí y poder moverme por los sitios sin ningún tipo de preocupación, de ver qué voy a comer, qué voy a beber, si llego a casa viva o no».

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CÓMO VIVIREMOS JUNTOS

Antes de que el mundo contuviera la respiración por el covid-19, la Bienal de Arquitectura de Venecia preparaba su edición 2020 con el lema «¿Cómo viviremos juntos?». Nadie podía imaginar entonces la dimensión que cobraría esa pregunta. Tres meses han bastado para cambiar el planeta. Superado el pánico inicial, se multiplican los debates sobre la ciudades del futuro.

La historia está plagada de cambios urgidos por la supervivencia. La peste mudó las ciudades romanas, Central Park nació en respuesta a la falta de higiene en Manhattan, los bulevares oxigenaron las grandes capitales y redujeron la mortalidad. La lista es inacabable.

«Tenemos que repensar la vida en nuestras ciudades. Se necesita valentía y también equilibrio», advierte el arquitecto italiano Stefano Boeri, impulsor de los bosques verticales.

La reflexión no se puede dilatar. El 55 % de la población mundial vive en zonas urbanas. En 2050 la cifra alcanzará hasta el 70 %, más de 6.5 millones de personas. El riesgo de contagio de enfermedades se multiplicará exponencialmente.

La urbanización, pronostica la ONU, crecerá más rápido en los países más pobres. «Sería un gran error volver a la normalidad que ha permitido esta pandemia. Una normalidad en la que continuamos castigando a la naturaleza, creando situaciones de desequilibrio», continúa Boeri.

Sobre el papel, el dibujo está claro: ciudades verdes, sostenibles, saludables y enfocadas a corregir las profundas asimetrías que condenan a la población de menos recursos. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Poco tienen que ver las soluciones pensadas para Nueva York, Londres o Pekín con los sueños de Danielly.

Enfermedades. Las infecciones son la gran amenaza. Y el esquema de megahospitales ya no funciona. La tendencia es crear centros con menos camas, con luz, espacios abiertos y corredores.

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INTEGRACIÓN

Maré, donde ella vive, es el mayor complejo de asentamientos informales de Río de Janeiro. Se estima que alberga a unas 115,000 personas. Es uno de los más grandes del mundo, pero no es el mayor. Dharavi en Bombai, India y O Kibera en Narirobi, Kenia, rondan las 800, 000. El hacinamiento y la falta de higiene y servicios mínimos son su denominador común.

Son una «bomba de relojería»,describe Naciones Unidas en un reciente informe.»Hay más de 1, 000 millones de personas viviendo en estas condiciones. En 2030, serán 2, 000 millones y para 2050 se estima que la mitad de la población vivirá en estos asentamientos.

Es preocupante y ahora mismo no está en la agenda», denuncia Elvis García, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard. «Son desequilibrios aberrantes», sentencia.

¿Cómo lavarse las manos para combatir los virus cuando no hay agua?, se pregunta este profesor español experimentado en la lucha contra el ébola en Liberia.

Al menos 2,000 millones de personas se abastecen de aguas contaminadas. La OMS estima que, en apenas cinco años, casi la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. África es el continente más castigado. El 40 % de la población subsahariana carece de agua potable y el uso doméstico por persona y día no alcanza los mínimos calculados por Naciones Unidas.

Buena parte de las últimas pandemias se han originado precisamente en estas zonas. Pero, «¿quién va poner dinero en el África subsahariana para combatir estos brotes?», reflexiona García.

Para transformar esta realidad hay que ser pragmáticos, sostiene. La experiencia del ébola ha dejado una mejora de las condiciones higiénicas en algunas zonas, pero poco más, admite. «Bastante tienen con adaptarse al día a día como para hacer ciudades basadas en conceptos utópicos».

La salida, explica Alain Grimard, responsable de ONU-Habitat para Latinoamérica, es la integración.

El primer paso es reconocer los derechos de la población en estos asentamientos, defiende. El proceso requiere de voluntad política y financiación, la llave de todo.

El crecimiento económico, social y ambiental es el pilar del desarrollo sostenible. «Si las autoridades quieren solucionar el desarrollo sostenible de la ciudad, tienen que empezar a invertir en los barrios informales», concluye Grimard.

La urbanización, pronostica la ONU, crecerá más rápido en los países más pobres. «Sería un gran error volver a la normalidad que ha permitido esta pandemia. Una normalidad en la que continuamos castigando a la naturaleza, creando situaciones de desequilibrio”, dice Stefano Boeri, arquitecto italiano.

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LA CIUDAD IDEAL

En la ciudad ideal, los vecinos resuelven sus necesidades con desplazamientos de 15 o 20 minutos. A pie, en bicicleta, en vehículos eléctricos de uso compartido o en un transporte público sostenible.

Así es la «ciudad en 15 minutos», inspirada en las «ciudades vivas» de la activista Jane Jacobs y recuperada ahora por París, o el diseño de «superbloques» que ensaya Barcelona, con calles peatonales y más espacios públicos verdes.

También el modelo «8-80», ideado para facilitar la vida de los ciudadanos de entre 8 y 80 años. O las «Fab City» y sus barrios autosuficientes organizados para paliar los desequilibrios sociales. Aunque se presentan como innovaciones en el paisaje poscovid, la mayoría se inspira en viejos modelos utópicos, desde los falansterios a la Brasilia soñada por Oscar Niemeyer.

Son, en palabras de Boeri, «ciudades caleidoscopio». Y son «verdes». El ahorro energético y el cuidado del medioambiente son impostergables. 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado y siete millones mueren cada año por la contaminación.

Más del 90 % de las víctimas, alerta la OMS, corresponden a Asia y África, seguidas por el Mediterráneo europeo y Latinoamérica.

Las áreas urbanas generan alrededor del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y son, a la vez, especialmente vulnerables al impacto del cambio climático. Frenar este fenómeno es un desafío colosal que engloba el uso de energías renovables y la creación de nuevas infraestructuras de movilidad.

«No por hacer autopistas más grandes o circunvalaciones consigues tener menos coches, al contrario, tienes más», sostiene Juan Espadas, alcalde de Sevilla, España, y presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima. Su gran apuesta es el transporte público.

Pero descongestionar los centros urbanos obliga también a repensar la actividad, los horarios y a apostar por el teletrabajo. Una «revolución de la movilidad», dice Boeri, para su «ciudad verde».

La salud es una prioridad. «Un problema en la salud puede hundir completamente la economía. Si nuestros políticos no lo perciben ahora, no han percibido nada», afirma Miguel Guimaraes, presidente de la Orden de Médicos de Portugal. «Una población más saludable es una población más productiva».

Las infecciones son la gran amenaza. «Serán nuestros principales enemigos», adelanta Guimaraes. Y el esquema de megahospitales ya no funciona. La tendencia, describe el especialista luso, son centros con menos camas, con luz, espacios abiertos y corredores. Todo eso y «una red de cuidados intensivos más robusta».

El envejecimiento de la población, más acusado en Europa, obliga además a mirar hacia la «economía de los cuidados». Cuestiones que van mucho más allá de peatonalizar calles o abrir parques urbanos. Son cambios tan profundos que no se plasmarán en las ciudades hasta pasados muchos años, opina Óscar Chamat, responsable de Investigación de Metrópolis, una red que engloba 130 ciudades de todo el mundo. No estamos ante una revolución, sino ante una evolución.

La transformación no puede obviar el equilibrio demográfico. Hay que impulsar en paralelo las pequeñas y medianas ciudades, subraya Grimard. El crecimiento urbano, proyecta Naciones Unidas, vendrá precisamente de núcleos con menos de un millón de habitantes.

¿Y el medio rural? «Tiene una oportunidad increíble», considera Elvis García. «Siempre que los Gobiernos puedan dotarlo de infraestructuras suficientes», empezando por internet, matiza.

«La urbanización tiene aspectos más positivos que negativos. También en una crisis como esta, como los accesos a los servicios de salud, educación, agua. Es mucho más fácil obtenerlos en las ciudades que en los pueblos pequeños», puntualiza Grimard.

La clave, alumbra Stefano Boeri, está en buscar «una alianza entre los pequeños pueblos y las grandes ciudades». Disfrutar de la naturaleza sin perder las oportunidades que brinda la ciudad.

Su miedo, admite, es que se repliquen las «anticiudades», selvas de cemento y centros comerciales que proliferan en todo el mundo.

«Si no queremos regresar a la anticiudad debemos volver a habitar estos pequeños pueblos en los que está la cultura, la historia, la arquitectura, el arte», defiende Boeri. «No se trata de nostalgia, de romanticismo».

 

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CIUDADES INTELIGENTES

Perros-robots vigilan a los peatones en parques de Singapur, drones fumigan las calles, aplicaciones delatan en los móviles el contacto con enfermos. El covid-19 ha anticipado el futuro. ¿Es ese el rumbo de las nuevas ciudades inteligentes?.

Songdo, en Corea del Sur, se vende como el «modelo sustentable del futuro». Totalmente automatizada, tiene un 40 % de espacios verdes, recicla casi la mitad del agua que consume y prohíbe la circulación de los coches de combustión.

En Europa, capitales como Amsterdam experimentan zonas sostenibles. Es el caso de Schoonschip, con una red de paneles fotovoltaicos y un parque de coches eléctricos compartidos para el vecindario.

En la visión de Óscar Chamat, la ciudad inteligente «utiliza la tecnología más adecuada para responder a los problemas de las personas».

La conectividad es la llave de estos modelos y está al alcance de más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, todavía 3,600 millones de personas carecen de internet. La brecha digital es determinante cuando se aborda el desarrollo: el 82 % de los europeos tiene acceso a internet frente al 28 % de los africanos.

Y en el imperio de la tecnología, ¿dónde queda la privacidad?. El control de los movimientos de la población y los datos personalizados sobre contagios durante la pandemia han reabierto la controversia.

Las aplicaciones con información sobre el virus son, señala García, una herramienta fundamental contra su expansión. «Y no utilizarlas es un lujo que no nos podemos permitir», añade.

Chamat alerta desde Metrópolis sobre las tentaciones populistas de los gobiernos, pero repara en una contradicción: «Estamos dispuestos a ceder nuestros datos a plataformas y redes sociales, pero nos da mucho miedo cederlos al Estado, es una paradoja».

Repensar la ciudad. El 55 % de la población mundial vive en zonas urbanas. En 2050, la cifra alcanzará hasta el 70 % , es decir, más de 6.5 millones de personas. El riesgo de contagio de enfermedades se multiplicará exponencialmente.

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LA MEMORIA DE MARÍA

María Augusta Rei mira la vida desde la ventana de su casa de Alfama. A sus 89 años es mucho lo que ha visto. Nació y creció en este barrio del corazón de Lisboa. Pero el Alfama de hoy poco tiene que ver con el de María.

«Todo eran pescaderías», recuerda. Y panaderías, carnicerías y hasta una barbería. Apenas había restaurantes en ese tiempo, ni tampoco turismo, pero sí mucha gente. «Esto era como una plaza», relata. Era un barrio de calles angostas donde los vecinos hablaban de ventana a ventana.

Pero todo cambió con la llegada masiva de turistas. Los comercios locales fueron desapareciendo para dejar paso a los restaurantes y a las tiendas de souvenirs. Los precios se dispararon y los vecinos se vieron forzados a marcharse a la periferia.

Como en Lisboa, la especulación inmobiliaria, la explosión del turismo y la gentrificación han cambiado el rostro de muchas ciudades europeas y han expulsado a los trabajadores.

En los últimos 20 años se ha agravado la desigualdad dentro de las naciones y se han acentuado las diferencias en la esperanza de vida entre distintas zonas en una misma ciudad. A Grimard le preocupa la «privatización» del espacio público.

Los modelos de barrios cerrados y los centros comerciales han usurpado el papel de los parques públicos. «Hay que cambiar esta dinámica de segregación. Más que nunca hay que poner los espacios públicos como espacios de integración», defiende.

La tienda de ropa para la que trabajaba María, en la Baixa, muy cerca de Alfama, cerró también. Su patrona enfermó y terminó en una residencia de ancianos. «A veces paso por allí y lo veo todo cerrado. Tengo tanta pena», confiesa. En la Baixa, «había muchas tiendas de ropa; cerraron todas y ahora son tiendas de chinos».

«Me gustaría que volvieran las personas que salieron de aquí, como yo, nacida aquí, criada aquí; que volvieran. No como ahora, que son todo turistas. Las personas que había en el barrio desaparecieron. Me gustaría que fuera como antiguamente». Maria ya vivió su ciudad ideal.

Ahora, ¿cual será de entre todos el mejor modelo?. La respuesta puede estar en las palabras que Italo Calvino pone en boca de Marco Polo en sus «Ciudades invisibles»: «No tiene sentido dividir las ciudades en felices e infelices, sino en otras dos categorías: las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o bien logran borrar la ciudad o son borrados por ella».


Con la coloración de Laura Serrano-Conde (Roma) y Carlos García y Cynthia de Benito (Lisboa).

Cámara del Libro hondureña pide reabrir en un país «alérgico» a la lectura

Crisis. La ausencia de políticas, el bajo poder adquisitivo y el escaso hábito de la lectura son factores adversos para la situación que enfrentan las librerías y editoriales ante el covid-19.

Quienes se dedican a editar y publicar libros hacen un gran esfuerzo, pero no son correspondidos por una sociedad que, además, lee muy poco. Es como alérgica a eso, de ahí el gran superávit de ignorancia que tiene el país centroamericano, donde la lectura en muchos casos no es un placer, incluso entre universitarios.

Hay universitarios que leen más por la exigencia de un maestro, entre los que no faltan los que obligan a sus alumnos a que lean, pero textos que escribieron ellos, algunas veces ya desfasados.

Desde que entró en vigor el toque de queda por el coronavirus, el 12 de marzo, diversos sectores han clamado, algunos a gritos y otros con protestas en carreteras y bulevares, para que se les permita vender o comprar alimentos o cualquier otra cosa, pero nadie ha protestado porque a las librerías no se les ha permitido abrir.

Son muchos los que a diario hacen grandes filas para comprar una hamburguesa, pero muchos más los que no alimentan su intelecto, lo que en parte también se está reflejando entre gente que, sabiendo que el coronavirus es mortal, circula sin ninguna protección, pese a los llamados para que al menos lleven puesta una mascarilla.

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PETICIÓN DE LA CÁMARA HONDUREÑA

Para aliviar la difícil situación que enfrentan las librerías y editoriales, representadas en la Cámara Hondureña del Libro (CHL), le han pedido al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, autorización para funcionar de manera parcial y supervisada, mientras esté vigente la emergencia sanitaria.

«La cadena del libro está conformada por micro, pequeñas y medianas empresas que, al igual que los demás sectores de la economía nacional, estamos sufriendo las consecuencias negativas del cierre temporal de nuestras actividades; entre otras, el inminente riesgo de perder los puestos de trabajo que genera este sector», subraya una carta enviada por la CHL a Pacheco.

La CHL considera que «es necesario que niños, niñas, jóvenes, docentes y padres de familia dispongan de libros y otros recursos didácticos para desarrollar de manera integral y creativa el proceso educativo en casa», añade la carta.

Subraya que, como se sabe, la educación virtual es complementaria y no está al alcance de todos los educandos, por lo que los libros y demás materiales didácticos son imprescindibles para lograr el aprendizaje.

La CHL considera que el funcionamiento de librerías y editoriales colaborará de manera significativa a evitar que se pierda el año escolar por las razones expuestas a Pacheco, lo que traería graves consecuencias para la educación nacional y la sociedad en general.

«La disponibilidad de recursos didácticos y lectura recreativa contribuiría de forma notable a reducir los niveles de ansiedad e incertidumbre de niños, niñas y jóvenes -y también de las personas adultas-, que produce el obligado confinamiento y aislamiento social que está viviendo la población», resalta la misiva a Pacheco.

La Cámara Hondureña del Libro considera además que es necesario que el Gobierno reconozca la importancia del sector del libro, «sobre todo en estas circunstancias adversas, como aliado clave para el avance de la educación y la cultura nacional».

En principio,»los libreros», como se le conoce a la CHL, piden que se les permita funcionar mediante entregas a domicilio y ventas de oficina estrictamente supervisadas.

La CHL también se ha comprometido a velar por el cumplimiento de las regulaciones de bioseguridad para garantizar la salud de colaboradores, clientes y proveedores.

La Cámara Hondureña del Libro considera además que es necesario que el Gobierno reconozca la importancia del sector del libro, «sobre todo en estas circunstancias adversas, como aliado clave para el avance de la educación y la cultura nacional».

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AUSENCIA DE POLÍTICAS CLARAS

El presidente de la CHL, José Modesto Canales, dijo que el mundo del libro no es nada fácil en Honduras, ni en cualquier país del área centroamericana o latinoamericana.

«Estamos preocupados por muchos aspectos, uno de ellos es que no hay políticas públicas claras de parte de los gobiernos, de los anteriores y el actual, en el afán de integrar la educación y la cultura nacional», agregó.

Esa problemática, según Canales, hace que todo el sector de los libros se vea afectado y que haya bastante incertidumbre. Los libreros le piden al Gobierno y a la sociedad hondureña que no olviden que hay un sector muy importante en el país que es la industria del libro, la que abarca editoriales, librerías, también a profesionales en cada una de esas áreas como ilustradores y diseñadores gráficos, e imprentas.

Canales expresó que entre los factores adversos figura el escaso hábito de lectura entre los hondureños y el bajo poder adquisitivo de la mayoría, en un país donde más del 60 % de sus 9.3 millones de habitantes son pobres.

Otro factor son los maestros, quienes en el nivel primario «deben hacer una mejor labor, en el sentido de inculcar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes, porque es la única forma de concientizarlos de una realidad distinta a la que nosotros vivimos actualmente», dijo Canales.

Libros. La cadena del libro de Honduras, conformada por micro, pequeñas y medianas empresas, también está sufriendo las consecuencias ante el cierre temporal por el covid-19.

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LA LECTURA NO ES NINGUNA PRIORIDAD

Daniela Herrera, ejecutiva del Grupo Liser, que aglutina a varias librerías del país, indicó que están enfocados en la literatura en general, en parte con textos para instituciones y útiles escolares, pero que el momento actual, por la covid-19, «es difícil» porque no han podido integrarse al sector educativo.

La causa por la que en Honduras se lee muy poco, en opinión de Herrera, es porque esa actividad quizá figure entre «las últimas prioridades de los hondureños».

«Ese es el problema, los hondureños no han colaborado desde los primeros años de la escuela para darle prioridad a los libros. De ahí viene ese bajo número de lectores a nivel nacional», subrayó.

El hábito de leer se inculca primero en la casa y después en la escuela, pero en Honduras las prioridades son otras, por lo que se tiene «descuidada» la lectura, además de que «la economía del país tampoco ayuda para esta situación», acotó Herrera.

El confinamiento forzado por el coronavirus debería de ser una buena ocasión para que más niños y adultos hondureños lean en familia, pero pareciera que muchos padres no saben que un libro cerrado viene siendo como un amigo que siempre espera, y que nadie se muere por leer demasiado, pero sí por ignorancia.

Un falso coronavirus y el porqué del periodismo en África

Fotografía de EFE

Te levantas empapada en sudor y te temes lo peor. Te das una ducha rápida como queriéndote quitar la fiebre, pero sabes que no se irá. Horas después un amigo te deja un termómetro: 39.5 grados. De momento no toses ni te cuesta respirar, pero todo apunta a que podría ser coronavirus y decides aislarte en casa, no tocar a nadie, no poner a otros en riesgo.

Por entonces, la covid-19 no es más que una nebulosa que sobrevuela el continente africano, con la mayoría de sus 54 países con escasos contagios, salvo excepciones como Sudáfrica (210), Burkina Faso (150) y Marruecos (87). Pero el miedo empapa el ambiente y los Gobiernos deciden actuar rápido. No pueden permitirse el mismo derrumbe que ha sobrecogido a Europa.

El 25 de marzo, Kenia suspende la entrada y salida de todos sus vuelos internacionales. Veinticuatro horas después, Sudáfrica inicia un rígido confinamiento que impide que millones de «los nadies», usando la terminología de Galeano, puedan fácilmente llevarse algo a la boca. Ghana, Etiopía y Nigeria se atrincheran, pero ninguna se atreve todavía a encerrar a sus ciudadanos. Como en muchas otras partes del mundo, aquí la sombra del hambre es mucho más alargada que la del coronavirus.

Según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se espera que la pandemia casi duplique el número de personas hambrientas en el mundo para finales de año, sumando a los 135 millones de personas que actualmente sufren hambre aguda en 55 países -afectados por la violencia, catástrofes medioambientales y crisis económicas- otros 130 millones de bocas. Ciento treinta millones.

EL FRÍO SE INCRUSTA

La alta fiebre persiste y el cuerpo tiembla de frío. Te castañean los dientes y sientes un poco de miedo. Decides acercarte a un hospital privado, uno de los mejores de Nairobi, y descubres que muchos médicos ya no pasan consulta. «El doctor se encuentra de cuarentena al menos durante dos semanas», te informa su secretaria.

Finalmente, en Urgencias, unas enfermeras te hacen una analítica y una prueba de la malaria. Todo está bien y regresas a casa durante otro par de días. Pero la fiebre sigue, el miedo aumenta y el frío se incrusta.

26 de marzo. Vuelves al hospital, insistes en que recientemente has viajado a la India y a Somalia, ambos con escala en Etiopía, y esta vez deciden hacerte el test del coronavirus una vez desinfecten una de las pocas salas disponibles para ello. Pagas $130 y dejas que una sanitaria, vestida con el traje aislante y guantes, te extraiga un poco de mucosa.

$130 es el equivalente al salario mínimo mensual en las principales urbes kenianas, donde el 83.6 % de la fuerza laboral está compuesta por trabajadores informales sin protección legal ni subsidio, según la Oficina Nacional de Estadística. Cientos de miles de ellos -mecánicos, empleadas domésticas, vendedores ambulantes- hoy ya han perdido la que era su única vía de ingresos.

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VIOLENCIA POLICIAL

Sudores, cansancio y delirios durante otro par de días. Llamas constantemente al hospital, pero nadie sabe nada sobre el resultado de tu prueba. Finalmente alguien te informa, de manera extraoficial, de que el test ha dado negativo. Crees que deberías alegrarte, pero no estás segura.

Es de noche y hay toque de queda en Nairobi, premisa para que el cuerpo de Policía -con frecuencia asociado a un uso excesivo de la fuerza- actúe con violencia. A fecha de 22 de abril, al menos seis kenianos han perdido la vida por palizas y disparos de las fuerzas de seguridad, según Human Rights Watch, entre ellos un adolescente de 13 años.

A la mañana siguiente un tercer médico se empeña en hacerte las mismas pruebas: otra analítica, otro test de malaria. Todo muestra valores normales y nadie sabe qué te pasa. El miedo crece, y más en un mundo enrocado. No hay vuelos a España, no hay vuelos a ningún sitio: te sientes atrapada.

Lo intentas por cuarta vez con uno de los pocos doctores dispuestos a atenderte. Van a ingresarte.

30 de marzo. Más que en un hospital te sientes en un hotel. Te bloquean de la tarjeta de débito $1,500 para cubrir posibles gastos médicos; aún no lo sabes, pero necesitarás más del doble.

El cuarto es amplio, limpio y todo para ti. Te llegan a la mente flashes desde España: el bullicio de los hospitales de campaña, los cuartos atestados con médicos exhaustos, las miles de familias rotas. Tu habitación es silencio y vacío.

Te colocan una vía intravenosa, te hacen pruebas de rayos X, una ecografía, análisis y más análisis de sangre. Descartada la hepatitis A, la B, el dengue, la tuberculosis. Todo apunta a una infección de hígado cuyas bacterias ya campan a sus anchas por tu flujo sanguíneo. Oyes por primera vez en tu vida la palabra «septicemia». En Google le acompaña la etiqueta «posiblemente mortal».

De golpe, la conciencia de la muerte se hace palpable. La fragilidad del organismo humano. Te advierten de que van a cambiar de antibiótico, porque el que te administran no está haciendo efecto. Ya son más de dos semanas a casi 40 grados de fiebre. Temes que el diagnóstico quizá no sea el correcto y que ya sea demasiado tarde.

Con la covid-19 o sin ella, te encuentras sola. Lejos de los tuyos. Forzando alguna que otra sonrisa en esporádicas videollamadas. Quizá, como sugiere la escritora argentina Mariana Enríquez, la muerte masiva y solitaria no sea la excepción, sino la regla.

Quieres justificarles tus decisiones, el haber vivido como periodista en Israel-Palestina y después en Kenia; lejos de ellos, en una ausencia que se convertía en carga. Quieres explicarles que no puedes ni sabes hacer otra cosa. Que siempre serás una privilegiada por poder informar sobre países tan mal entendidos como Etiopía o Somalia, donde un día tu riqueza se mide en cientos de cabezas de reses y, a los pocos meses, las sequías te han dejado sin nada.

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LA VIDA QUE FUE VIDA

Después de cuatro noches ingresada, te dan el alta para continúes el tratamiento con otro antibiótico más fuerte en casa. Regresas al sofá, a las tiritonas y a la fiebre. Por la noche vomitas y lloras. Te preguntas si saldrás de esta y, sobre todo, cómo podrá perdonarte tu familia en caso de no hacerlo.

Comienzas a escribirles mentalmente una carta. Quieres decirles que fuiste feliz y que les amas. Que no quieres lágrimas cuando ya no estés con ellos. Que en una vibrante Ghana y, al otro lado del Atlántico, en México, aprendiste que la muerte no es muerte -tristeza, llanto, despedida- si la vida fue vida.

Quieres justificarles tus decisiones, el haber vivido como periodista en Israel-Palestina y después en Kenia; lejos de ellos, en una ausencia que se convertía en carga. Quieres explicarles que no puedes ni sabes hacer otra cosa. Que siempre serás una privilegiada por poder informar sobre países tan mal entendidos como Etiopía o Somalia, donde un día tu riqueza se mide en cientos de cabezas de reses y, a los pocos meses, las sequías te han dejado sin nada.

Naciones como Mozambique, Congo o Burkina Faso donde la covid-19 es todavía algo secundario; una amenaza más en un avispero de viejas epidemias –ébola, sarampión, malaria-, una juventud desencantada, violencia yihadista en el Sahel y milicias armadas.

Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), solo en 2019 hubo ocho millones de nuevos desplazados en África subsahariana, una región que acoge en torno al 25 % del total de desplazados en el mundo (50.8 millones). Personas que no podrán confinarse en sus casas con un televisor y conexión wifi.

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CINCO CAMAS PARA UN MILLóN

«Si tú puedes, yo puedo», le dices a tu propio cuerpo.

5 de abril. La fiebre no sube de los 38 grados. El antibiótico, poco a poco, le gana terreno a la infección. Por primera vez en días, lees los periódicos y la pandemia te golpea en la cara. Por el momento, África apenas registra 9,200 casos, pero tanto la OMS como las organizaciones humanitarias sobre el terreno se preparan para una escalada. Un mes después, a fecha de 6 de mayo, el número total de contagios sobrepasa los 50,000.

Sin embargo, siguen faltando mascarillas, personal cualificado, respiradores. En conjunto, los hospitales públicos de 41 países africanos no llegan a 2,000 de estos aparatos, según datos de la OMS del 17 de abril, que advirtió que las UCI de 43 naciones no superan en total las 5,000 camas, esto es, unas cinco camas por millón de personas frente a las 4,000 por millón de Europa.

Tu mente, sin poder evitarlo, salta a España. Te acuerdas de tus padres encerrados en casa y de tus amigas enfermeras, mileuristas obligadas a llevar capa. Te carcomen los muertos y esa incertidumbre que todo lo empaña. Qué sucederá dentro de poco en frica?

Las proyecciones varían. El Gobierno keniano alerta que «en el peor de los casos» fallecerán 30,000 personas por coronavirus en este país. La ONU dice que en «el mejor de los casos» morirán al menos 300,000 personas en todo el continente, el cual podría convertirse en el nuevo epicentro de esta pandemia con hasta diez millones de contagios en seis meses. Por el momento, los fallecidos, oficialmente, no llegan a los 2,000.

«Si tú puedes, yo puedo», te recuerdas. Que los vecinos se lo digan los unos a los otros desde sus balcones, que los padres se lo digan a sus hijos y los nietos se lo repitan a sus abuelos. Que las médicas se lo exclamen a sus pacientes y los pacientes, a quienes más quieran. Sean quienes sean, sean de donde sean. Estamos juntos en esto.

Las dos pandemias que se cruzan en Jiquilisco

Fotografías de Maynor Lovo

En los países que forman parte del mundo desarrollado, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) está relacionada con padecimientos previos, como la diabetes o la hipertensión. Quiere decir que el deterioro de la función depuradora de los riñones llega como consecuencia del fallo previo de otros procesos. En esos países, es un padecimiento que representa un problema de salud serio desde el punto de vista de la investigación y del diagnóstico. Implica, para los pacientes y para los sistemas de salud, un tratamiento que es complejo y caro. Para esos países, evitar esta situación pasa por promover, principalmente, el control de excesos, como el sedentarismo o las dietas altas en grasas y azúcar.

Julio Pérez vive en El Salvador. Y la que hay en su casa -de piso de tierra, palos y plásticos-, es la misma enfermedad renal en cuanto a consecuencias, pero exhibe un origen que no tiene nada que ver con la abundancia. La enfermedad renal de los países en vías de desarrollo prevalece en las comunidades agrícolas, entre la población más pobre.

Julio tiene 41 años y ya no recuerda a qué edad comenzó a trabajar. No es una efeméride a la que se le ponga atención en esta zona rural de Jiquilisco, en la costa del departamento Usulután, en la zona oriental salvadoreña. Aquí, en el muy rural cantón Roquinte, casi toda actividad económica es agricultura o pesca y no hay edad para empezar.

«Trabajé de acarrear ladrillos, en el manglar sacando curiles (cangrejos), en la albañilería y en la milpa y bastante en caña de azúcar», cuenta. La lista de lo que Julio ha cultivado es variada, y lo mismo aplica para la cantidad y clase de químicos que le ha tocado aplicar o a los que se ha visto expuesto.

La enfermedad que desde hace dos décadas avanza en el municipio de Jiquilisco es la misma que viene desolando comunidades agrícolas en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se le conoce como enfermedad renal crónica de causas no tradicionales y está, igual que los macrocultivos, enraizada hasta lo más profundo en las comunidades de la costa del océano Pacífico de esta región. Esta otra clase de deterioro de la función renal es muy distinta a la que se reporta en Estados Unidos o en el Reino Unido. Esta, la nuestra, encuentra sus causas en la contaminación ambiental, el limitado acceso a agua potable, las condiciones de trabajo inadecuadas, el contacto con agroquímicos y, más a la base de todo: la pobreza.

Paciente. Julio Pérez tiene 41 años de edad y, hace 14, fue diagnosticado con Enfermedad Renal Crónica. Es parte de los afectados por este mal en Jiquilisco, Usulután.

Para Carlos Orantes, uno de los nefrólogos que más se ha dedicado a realizar investigaciones internacionales sobre esta enfermedad, la calificación que merece la ERC de causas no tradicionales, a juzgar por su componente geográfico, está clara desde hace años. Este profesional, que en 2009 comenzó a dirigir estudios en la zona del Bajo Lempa, a la que pertenece Jiquilisco, señala que este no es un fenómeno «individual», es fenómeno «poblacional» y, por estar presente en más de cinco países manteniendo unas características similares, se debe reconocer como una pandemia. «Pero estamos acostumbrados a relacionar el fenómeno de las pandemias solo con las enfermedades transmisibles», explica. Las transmisibles son las que se pasan de un ser humano a otro por medio de vectores, como lo que sucede con el covid-19.

En términos de distribución de servicios médicos, Jiquilisco pertenece a una microred en la que se coordinan establecimientos como unidades de salud y hospitales. Aquí es en donde trabaja el médico nefrólogo Denis Calero: «En cinco años que llevo aquí, esta ha sido siempre la microred con mayor prevalencia de ERC en el país; y es así tanto por el número que manejamos de casos ya diagnosticados, como por los nuevos que van apareciendo», explica desde su cargo como director de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada «Monseñor Oscar Arnulfo Romero».

Jiquilisco, con la ERC, ya libra una batalla de décadas contra una enfermedad que cuenta entre sus factores de riesgo a otro de los grandes problemas de los habitantes de este municipio costero: la pobreza, que está presente en el 44.5 de los hogares, según informe de la Procuraduría de Derechos Humanos. Estos son hogares como el que Julio comparte con su esposa, su madre y otros familiares. Viven en una casa de adobe que apenas se mantiene en pie y está al lado de una quebrada por la que pasan aguas turbias. Santos es la madre de Julio y cuenta que pudo comprar este terreno con base en préstamos que pagó, poco a poco, con el dinero que le dejaba la venta de tortillas.

A esta realidad ya precaria es que, ahora, hay que sumar la amenaza de contagio de covid-19. Acá no solamente se trata de virus y tejidos. Se trata de vulnerabilidad física y social. La ERC coloca a quienes la sufren en los primeros lugares de riesgo de complicaciones por el covid-19. Y la pobreza coloca a las personas en desventaja con respecto a la disponibilidad de alimentos, de recursos para viajar a recoger medicina y hasta de acceso a servicios básicos, como agua potable, en su lugar de residencia.

«Para nosotros está complicado. En el hospital nos dan el material, pero esa vez que lo fuimos a traer, estaba lleno», explica Julio desde un corredor donde cuelga una hamaca. Recuerda que no había ni dónde sentarse y lo que los salvó fue que su madre, Santos, cargo con un par de asientos de plástico. «Ahí estuvimos prestándolos a otra gente de más edad, así toca», recuerda Julio mientras está de pie apoyado en sus muletas.

En las palabras de Julio como usuario de la red de asistencia médica se confirma la principal instrucción que se ha girado desde el Ministerio de Salud: que a los pacientes con ERC se les brinden los insumos para seguirse realizando la diálisis peritoneal continua ambulatoria en sus casas. Julio debe, cada cuatro horas, caminar hacia el único cuarto con piso de ladrillo y paredes repelladas que tiene la casa. Este espacio fue contruido por la familia, con mucho sacrificio, y se reserva de forma exclusiva para que él se haga su tratamiento.

El doctor Calero, en la unidad de salud que le corresponde, ha buscado acortarles el camino a los pacientes y ha seguido haciendo recorridos para llevar atención. Desde ahí, reconoce: «Estamos tomando medidas muy enérgicas contra el coronavirus, pero quizá nos estamos descuidando de estos pacientes que sufren esta otra enfermedad que lleva aquí mucho tiempo y que, además, es una de las primeras causas de muerte a escala nacional», explica.

Para lo que se circunscribe estrictamente a la unidad renal de la que está a cargo en Jiquilisco, el doctor Calero confirma que, en lo que va de la cuarentena obligatoria, tres personas han fallecido por complicaciones o avance de la ERC. Tres víctimas del cruce de pandemias.

La enfermedad que desde hace dos décadas avanza en el municipio de Jiquilisco es la misma que viene desolando comunidades agrícolas en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se le conoce como enfermedad renal crónica de causas no tradicionales y está, igual que los macrocultivos, enraizada hasta lo más profundo en la costa del océano Pacífico de esta región.

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EN EL SALVADOR, DESDE HACE 20 AÑOS, el avance de la ERC de causas no tradicionales ha sido imparable. Solo entre enero y diciembre de 2019, por ejemplo, se diagnosticaron 5,133 pacientes con ERC, de acuerdo con el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Salud. Todos fueron hallados en estadio 5, esta es la etapa avanzada, es cuando las personas se encuentran a un paso de depender de un tratamiento de terapia sustitutiva.

De estos casos descubiertos el año pasado, solo un 10% tuvo acceso a terapias sutitutivas, reconoce el mismo informe. Solo 544 de esas más de cinco mil pudieron tener acceso a diálisis o a hemodiálisis. Y estos números son parciales, ya que en esta medición no se incluyó al Hospital Nacional Rosales, uno de los hospitales con mayor capacidad para diagnosticar y atender enfermos renales.

Las hipótesis que se han planteado sobre las causas de la ERC apuntan a que es multicausal e incluye entre sus factores cuestiones que son de carácter social. «La enfermedad es provocada por la exposición ocupacional a agroquímicos, utilizados indiscriminadamente y sin protección durante la actividad agrícola y por la exposición ambiental a contaminantes presentes en el suelo, agua, aire y alimentos», se lee en la Encuesta Nacional de Enfermedad No transmisibles de 2015. Y continúa: «Tales exposiciones resultan potenciadas por una actividad laboral intensa, desarrollada bajo altas temperaturas e inadecuada hidratación y asociada a determinantes sociales, principalmente la pobreza».

Fotografía de Maynor Lovo

Julio tiene hoy sobre la mesa un frasco de gel alcohol y lleva puesta una mascarilla. Santos, la madre de Julio, explica que hace 14 años, cuando él presentó los primeros síntomas, lo primero que pensaron fue que se traba de locura. Las fiebres lo hacían delirar y su comportamiento se vio seriamente afectado.

Para ese entonces, 2004, la discusión científica y gubernamental sobre la ERC en las comunidades agrícolas apenas empezaba. Los agricultores y sus familias se deterioraban y morían en cuestión de semanas, a lo mucho, meses. Los tratamientos de diálisis y hemodiálisis, que sustituyen la función renal, apenas y se conocían en la comunidad. A Julio le dio miedo someterse. «Se convenció porque cabal en ese tiempo murieron como cuatro de los vecinos, uno tras otro», recuerda Santos. Así fue como Julio accedió. Desde hace 12 años está en diálisis peritoneal ambulatoria, quiere decir que cada cuatro horas, se recluye en su cuarto estéril y, ahí, se conecta a dos mangueras: por una entra líquido y, por la otra, sale.

Julio no solo ha visto morir compañeros de trabajo. También ha visto morir a sus vecinos a causa del mismo mal le afecta a él. Así como cuando le dieron el diagnóstico fueron cuatro los muertos; a lo largo de su tratamiento han caído más. Han sido tantos, que ya ni recuerda.

La tasa de mortalidad prematura de la Enfermedad Renal Crónica en El Salvador creció 3.3 puntos en solo un año. Para 2019, alcanzó un 56.3. En este país, esta enfermedad lleva a la muerte a más personas que el cáncer cérvicouterino o la hipertensión.

Julio, como otros de sus vecinos que también están enfermos, no tiene ningún otro padecimiento, solo ERC. Según la Encuesta de Enfermedades No transmisibles, del total de casos de ERC detectados en El Salvador, en un 30 % de casos están ausentes la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, o la albuminuria. El factor de riesgo por el que 30 de cada 100 personas enferma de ERC tiene que ver más con el lugar en que vive, las condiciones, el clima y la clase de trabajo que realiza.

Falta de calidad. Un 25 % del parque habitacional salvadoreño tiene techo, paredes o pisos deficientes, de acuerdo con un estudio que, en otras instituciones, firma Habitat for Humanity.

Jiquilisco, por otro lado, aparece ya como uno de los municipios en donde se han reportado casos de covid-19 que se han calificado como locales. El virus, que se caracteriza por ser altamente contagioso, ya circula en la comunidad.

Debido al riesgo de covid-19, a los pacientes de ERC se les ha animado, con especial énfasis, a quedarse en su casa. Las consultas en las unidades intermedias están suspendidas, para evitar las aglomeraciones. Y se ha buscado que el enfermo no salga, no se mueva de su casa. Se les ha girado instrucción para que sea un familiar quien recoja los insumos en nombre de ellos. Pero esta medida de contener a los pacientes en sus viviendas es, también, una condena cuando se considera la calidad de los inmuebles que puede pagar la mayoría de personas que sufre ERC en zonas como las de Jiquilisco.

En El Salvador, un 75% del parque habitacional tiene alguna deficiencia en su calidad. Y, entre las más endebles, hay un 3.5% que no cumplen ni los requisitos mínimos establecidos como aceptables para una vivienda, de acuerdo con el informe Estado de la Vivienda en Centroamérica, respaldado por Habitat for Humanity, entre otras instituciones.

La ERC no es un fenómeno “individual”, es fenómeno “poblacional” y, por estar presente en más de cinco países manteniendo unas características similares, se debe reconocer como una pandemia. “Pero estamos acostumbrados a relacionar el fenómeno de las pandemias solo con las enfermedades transmisibles”, explica el nefrólogo e investigador, Carlos Orantes.

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Santos, la madre de Julio, de hecho, reconoce que compró el terreno en donde de habitan incluso con la advertencia de que había sido ya vendido a otra persona antes que a ella. Así, esta es parte de ese 24 % de familias que habitan en casas cuya propiedad no es segura. Y, si se toman en cuenta los materiales de construcción, un 25 % del parque habitacional salvadoreño tiene techo, paredes o pisos deficientes. Sobre el que está de pie Julio es de tierra.

El covid-19 y la ERC tienen en común una recomendación: el lavado de manos. Como en muchas otras enfermedades, la higiene personal funciona como barrera. En el covid-19 para evitar contagios. Y en la ERC para evitar infecciones. Aquí, sin embargo, hay que tomar en cuenta, también, que 27 de cada 100 hogares reportan problemas con el suministro de agua.

En Jiquilisco, el doctor Calero indica que en la Unidad de Salud Renal que tiene a cargo atiende a una cantidad de pacientes que oscila entre los 600 y los 800. Ellos se encuentran en etapas diferentes de la enfermedad. Pero, hay algunos, los que más preocupan, que son los que están en estadio 5 y ya dependen de terapia, ya sea con diálisis en sus casas o con hemodiálisis en un centro hospitalario. A ellos no se les puede dejar de ver. «Entre los pacientes sí hay temor de ir a un hospital o a una unidad de salud, por todo esto de la cuarentena. En el paciente renal, esto es grave; si no lo vemos en sus controles, se puede complicar, puede llegar a ponerse muy urémico o puede llegar a sufrir un edema pulmonar». El médico, en un día, organizó visitas domiciliares a ocho pacientes distribuidos entre cantones a los que no es fácil llegar. Lo hizo como iniciativa propia que, consideró viable por la cantidad de pacientes que tiene en este estado de gravedad.

Disyuntiva. Los macrocultivos requieren una cantidad de cuidados y recursos. Los agroquímicos elevan la producción, pero deterioran la salud de trabajadores y vecinos de la zona.

Desde lo más alto en autoridad del Ministerio de Salud no se ha girado ninguna guía especial para los pacientes con ERC ni para los que sufren de cualquier otra enfermedad crónica no transmisible, salvo, la general, la de quedarse en casa para reducir la posibilidad de contagio.

En un artículo que publicó en este periódico hace un par de semanas, el doctor Carlos Orantes, nefrólogo e investigador, ya hacía un punto de honor sobre el riesgo que corre esta población: «Los pacientes en diálisis son particularmente vulnerables a este coronavirus, sobre todo en quienes no reciben una dosis de diálisis adecuada», explicaba. La razón, continuaba, es «que repercute en un estado inmunológico disminuido que incrementa el riesgo de presentar la forma más grave de la covid-19″.

Julio sabe que debe quedarse en casa. Pero la medida, en las circunstancias en las que él y su familia deben cumplirla, escapa a cualquier cliché de redes sociales. Aquí no hay libros, ni servicios de series y películas y tampoco hay entregas de comida a domicilio. Santos, la madre de Julio, dejó de hacer tortillas y ahora quien tiene el negocio es su nuera. De lo que sacan de ahí, se mantienen todos. Sacar la venta cada día es, sin embargo, en sí mismo un riesgo. En el momento en que, como ha sucedido con otros municipios, las restricciones de circulación se intensifiquen, ya no habrá clientes. Ya no habrá ingresos. Quedarán solo ellos, en su casa de abobe y láminas intentando sobrevivir a dos pandemias.


Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation.

Sobrevivir a la pandemia y al agresor

Ilustración
Ilustración de Moris Aldana

Elena aprovechó la única oportunidad que tuvo para salir de su casa y denunciar la violencia que sufría de parte de su pareja. En otras circunstancias, esto quizá tampoco hubiera sido fácil por las represalias que él podría haber tomado, pero esta vez se sumaba otro miedo: que los policías o militares la detuvieran por salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria y el estado de excepción.

Así que, el 30 de marzo, el día que miles de salvadoreños acudieron a las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios para saber si cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de los $300 del gobierno, Elena se contactó con su familia y pudo llegar a un juzgado para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar y solicitar medidas de protección.

El Salvador vivió del 14 de marzo al 13 de abril un estado de excepción ante la emergencia del covid-19. El Ejecutivo buscó prolongarlo sin encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, porque uno de los puntos que lo diputados discutieron fueron los abusos atribuidos a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en las calles.

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena obligatoria para todo el país y luego la extendió por 15 días más. Esta cuarentena ordena que, a excepción de funcionarios públicos, periodistas y trabajadores de ciertos rubros, solo un miembro de la familia tiene permitido salir de casa para realizar compras. Pero no siempre es la misma persona la que puede hacerlo.

Elena –que no necesariamente se llama Elena- dijo en el juzgado que, con el encierro, estaba prácticamente privada de libertad y que la violencia que ya sufría por parte de su pareja había aumentado. Tras el trámite, logró irse con su familia y salir de aquel lugar que se le había vuelto más hostil.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

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LA NECESIDAD OBLIGÓ a Silvia Yesenia Menjívar a no quedarse en casa. El pasado 31 de marzo salió de la casa de un familiar, donde trabajaba cuidando niños, y regresaba a la suya.

Fue la última vez que la vieron con vida en Carasque, en Nueva Trinidad, Chalatenango, el cantón en el que ella vivía. Al día siguiente, su cadáver apareció en un predio de esta zona rural.

Menjívar tenía 25 años, y aunque nunca denunció el acoso sexual constante que sufría de Francisco Alberto, la titular de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina de Ortega, dice que hay pruebas para acusarlo de su feminicidio agravado.

Alberto fue capturado tres días después del crimen y ya fue enviado a prisión preventiva.

En el periodo de emergencia por el covid-19, el caso de Menjívar es el único tipificado como feminicidio, pero han sido asesinadas otras tres mujeres. Los asesinatos se investigan bajo el protocolo de este delito, apunta De Ortega.

Ilustración de Moris Aldana

De acuerdo con los datos consolidados por la FGR, desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, las sedes fiscales recibieron un total de 198 denuncias. Dos son por intentos de feminicidio y las restantes por cuatro de los 11 delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV). El 88 % de los casos es por expresiones de violencia.

La FGR también reporta 75 denuncias por violencia intrafamiliar, un delito regulado en el Código Penal y que se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres que tienen que estar obligadamente con su agresor, porque buscar un refugio como el que buscó Elena, en esta pandemia, no es posible para todas.

En situaciones de riesgo y desastres, la LEIV obliga al Ministerio de Gobernación, del que depende el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a tomar medidas de atención y prevención de violencia hacia las mujeres por su condición de vulnerabilidad.

El sistema tiene una comisión nacional encabezada por el ministro de Gobernación, en este caso, Mario Durán, y la componen directores de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). Además de comisiones departamentales, municipales y comunitarias, para operar a nivel nacional, y que involucran a gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios.

A casi un mes de la cuarentena, y a casi un año de un nuevo gobierno que se presentó como paritario, en El Salvador sigue sin existir un plan o una política pública para atender a las víctimas de violencia de género en la emergencia del covid-19. La ausencia de esta atención especializada y obligatoria para el Estado tampoco ha llevado a que la entidad rectora de la LEIV, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la demande, al menos públicamente.

Lo que sí ha hecho ISDEMU es lo mismo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil: una campaña en redes sociales para que las mujeres denuncien si sufren violencia, por medio de números telefónicos o por chat de Whatsapp. Y ofrece asesorarlas y darles acompañamiento psicológico o legal.

«El Ejecutivo, a través del ISDEMU, debe prever estas situaciones, debe crear mecanismos eficaces para que la mujer víctima de violencia denuncie. El 911 probablemente no le sea eficaz, porque la policía probablemente llegue o no llegue», asegura una jueza Especializada de Instrucción de la Mujer que prefirió no identificarse.

La jueza insiste en que debe existir mayor comunicación entre las instituciones estatales e informar sobre las casas de acogida para las mujeres que sufren violencia, un programa coordinado y supervisado por el ISDEMU. No deja de lado que el Órgano Judicial también debe innovar para que, si un juzgado ya ha terminado su jornada laboral, pero una mujer necesita medidas de protección, estas puedan ser otorgadas de forma inmediata.

El decreto de emergencia nacional, que los diputados aprobaron el 14 de marzo y extendieron por 15 días más el pasado jueves, suspende algunas labores en las sedes judiciales, pero permite que los juzgados den a las mujeres medidas de protección por casos de violencia. Ellas pueden llegar a pedirlas a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana; y en los juzgados de paz de cualquier municipio.

El principal problema de los juzgados especializados es que están saturados de trabajo. Mientras que, aún en días normales, hay juzgados de paz se niegan a otorgarles las medidas de protección a las víctimas.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

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EL 8 DE ABRIL, EL ALCALDE DE SAN MARCOS, Fidel Fuentes, publicó una foto con María Antonia Sánchez, en su cuenta personal de Facebook. Sánchez sonreía al lado del alcalde.

Ella era una lideresa del cantón Casa de Piedra, de ese municipio, y la foto donde aparecía era para denunciar su asesinato, ocurrido cerca de su casa. A ella se le pudo llamar por su nombre, quienes la quisieron pudieron contar su historia con ella.

Pero, horas antes de la publicación del alcalde, apareció el cuerpo de otra mujer. Ella, a diferencia de María Antonia, no fue identificada por falta de documentos. El cadáver fue encontrado en el kilómetro 3 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. La víctima, dijo la PNC, tenía señales de estrangulamiento.

El 7 de abril fue encontrado el cadáver de otra mujer en un barranco, sobre la carretera a Talnique, en La Libertad. La víctima tampoco portaba documentos y no fue identificada.

El último informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, con datos de enero a junio de 2019 y elaborado por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contras las Mujeres, dice que durante ese periodo hubo 21 casos de violencia física y 17 casos de violencia sexual por día y sumaron 3,138 en el semestre. En un 49.1 % fueron cometidos en domicilios particulares y 67 % de las víctimas fue menor de edad.

«En emergencias suele elevarse la violencia, precisamente por este control que tienen los agresores sobre las víctimas. Porque a mayores periodos de convivencia, mayores prácticas de abuso. Esta es como un medición matemática que han dado los periodos vacacionales y los fines de semana», sostiene la abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

ORMUSA tiene un observatorio de violencia y un Centro de Atención Legal que ha activado en esta emergencia para recibir denuncias. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril, recibió 149 denuncias por hechos como violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, sexual y laboral. En un mes normal, señala Juárez, la organización reporta 30 denuncias, lo que significa que durante el encierro hay un incremento de más del 70 % en menos de un mes.

La organización ha monitoreado el trabajo de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer y los juzgados de paz. Los primeros, dice Juárez, han recibido denuncias, e incluso, la jueza del tribunal ubicado en San Salvador y que puede conocer casos de siete departamentos del país, ha activado un número para Whatsapp y notifica documentos por correo electrónico. Sin embargo, hay juzgados de paz que se han resistido a tomar denuncias.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

La FGR informó el 7 de abril que las denuncias por violencia de género habían bajado en la institución. Juárez enumera tres razones por la que esto pasa: por el miedo que tienen las mujeres a ser detenidas por la PNC si salen de sus casas; las mujeres piensan que aunque logren denunciar, la denuncia no va a ser relevante en medio de la emergencia; además de pensar que las instituciones donde pueden denunciar están cerradas.

Durante la cuarentena obligatoria, Argentina lanzó el 1 de abril una campaña contra la violencia de género. Se llama «Barbijo Rojo» y consiste en una línea de emergencia que las farmacias activan cuando una mujer llega y pide una mascarilla roja, lo que se traduce en una ayuda para interponer una denuncia.

Ilustración de mano con símbolo de la mujer
Ilustración de Moris Aldana

En El Salvador hay instituciones con servicios irregulares para atender las denuncias, como la Procuraduría General de la República y la FGR. No ha sido el caso de las sedes de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER), de la PNC, según Juárez. Lo que ha permitido que sea la PNC la que se desplace a la casa de la víctima para tomar una denuncia o para movilizarla a que la haga.

Juárez destaca la falta de un plan de seguridad para las mujeres que salen a las calles, cuando culturalmente ellas son las delegadas a salir por comida o trabajar. Y ahora, dice, se enfrentan a territorios solitarios en los que, a veces, tienen que caminar largos tramos, lo que las vuelve vulnerables. Como ocurrió con Silvia Yesenia Menjívar.

Por esto, la abogada cita el caso de Panamá, que también ha ordenado una cuarentena obligatoria, pero ha asignado días para que los hombres o las mujeres salgan a las calles. «Es una situación extrema, pero, la verdad, es que en situaciones extremas, aplican medidas de esta naturaleza, sabiendo las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres tienen», señala.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, del 21 de marzo hasta el pasado lunes, 149 casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza cometidos por la PNC y la FAES.

Las falta de planes y protocolos de atención para las mujeres en la emergencia por el covid-19 y las denuncias por los hechos de violencia contra las mujeres han sido constantes en las redes sociales por parte del movimiento feminista y defensoras de derechos humanos. El 9 de abril, a las 6 de la noche, hubo una convocatoria para escribir mensajes en Twitter por medio de la etiqueta #ElFeminicidioNoEstáEnCuarentena.

El pasado 22 de marzo también la activista Morena Herrera preguntó, en Twitter, al presidente Bukele sobre los datos de homicidios y feminicidios, luego que él publicara un mapa mundial que mostraba la propagación del covid-19 e indicara que ya había iniciado la Tercera Guerra Mundial.

«¿No hay? «¿No se cuentan?», cuestionó Herrera sobre los crímenes. Bukele retomó su tuit y dijo que marzo llevaba las cifras más bajas de homicidios en la historia del país. «Si no he tuiteado sobre eso, es porque enfrentamos una amenaza mucho más grande en estos momentos. Una amenaza que muchos no han logrado comprender», le contestó.

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EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS de la cuarentena obligatoria, ORMUSA intentó referir dos casos de violencia al ISDEMU, pero no pudo, porque las llamadas a la línea de atención no salieron. La organización se enteró, no por el instituto, sino por otra persona, de que, para entonces, la línea había tenido fallas técnicas, recuerda Silvia Juárez.

Los servicios de ISDEMU son los que menos ocupa ORMUSA, cuenta, ya que el instituto se limita a asesorías. La organización se respalda más de las UNIMUJERES, ya que estas acompañan a las víctimas en trámites de denuncias y, si es posible, hasta al Instituto de Medicina Legal.

Juárez agrega que otra de las preocupaciones en esta cuarentena obligatoria son las menores víctimas de incesto que están viviendo en el mismo lugar con su agresor.

En ORMUSA envían boletines con información dosificada sobre el comportamiento de la violencia de género a las lideresas que están organizadas en los territorios y que saben qué mujeres están vulnerables a la violencia en estos lugares. Lo hacen a través de Whatsapp para que ellas repliquen con otras los mensajes, tomando en cuenta las implicaciones que traería para las mujeres que viven junto a un agresor si estos se enteran que ellas atienden llamadas o ven videos con esta información.

Mariana Moisa es antropóloga y trabaja en la Colectiva Feminista y en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones que han habilitado un teléfono para atender denuncias y brindarles a las víctimas atención psicológica y jurídica.

Hasta el 8 de abril, tras dos semanas de haber habilitado el teléfono, ya contaban 15 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica, cuando, por lo regular, en un solo mes, atienden un aproximado de 30 casos. Moisa señala que han recibido avisos de mujeres que dicen que en la FGR no están tomando denuncias, con la excusa de que están en una emergencia. «Lo que vemos es violencia estructural. Es más evidente en este momento y es más evidente frente a la nula política con enfoque de derechos humanos, quitale enfoque de género. De derechos humanos, lo más básico», indica la antropóloga.

Revista Séptimo Sentido solicitó estadísticas sobre el número de denuncias recibidas en la emergencia por el covid-19 en el ISDEMU, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta de la encargada de Comunicaciones. Tampoco hubo respuesta del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, a la solicitud de entrevistar al ministro de Gobernación, Mario Durán; y a la presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU, María Soledad Briones.

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UNA JOVEN ESCRIBIÓ DESESPERADA a la página de la Colectiva Amorales para denunciar la divulgación de fotos íntimas suyas en una página de internet. A ella le habían robado el teléfono y sabía quién había subido las fotos. La colectiva le dio asesoría jurídica, pero cuando la víctima llegó a uno de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ahí le dijeron que solo estaban recibiendo denuncias por casos más graves, dice la abogada Lissania Zelaya.

«¿Cómo calificás un caso grave? La violencia contra las mujeres nunca ha sido un caso grave. Hasta que ya te ven muerta es un caso grave», cuestiona la abogada.

Zelaya también se refiere al caso de una joven que se enteró, en esta emergencia, que su pareja, quien vive en su misma colonia y con quien tiene una hija, difundió fotos suyas en una página web, porque estaba enojado con ella. La víctima, expone Zelaya, quiso denunciarlo, pero al llamar a UNIMUJER y al ISDEMU, no obtuvo respuesta.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

«En pandemia pueden aumentarse estos casos por el confinamiento. Muy probable es que se capten fotografías y luego existan rupturas (entre las parejas)», aclara la jueza que habló con esta revista, para quien la FGR necesita peritos idóneos para resolver los delitos cibernéticos contras las mujeres y así encontrar los nexos entre quienes conforman estas redes.

A las denuncias por delitos cibernéticos que la Colectiva Amorales ha recibido, el 13 de abril se sumó una por el allanamiento ilegal de morada que sufrió una joven por un grupo de siete policías y militares, la noche del 13 de abril.

Ese día el gobierno publicó el Decreto Ejecutivo 19, que avala que personal del Ministerio de Salud, no de seguridad, entre a las casas para que evalúen las medidas sanitarias por el covid-19. El decreto ya ha sido rechazado por algunos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y por la PDDH, pero el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que sustituye al régimen de excepción.

Zelaya señala que, en una sociedad diversa como la salvadoreña, hay condiciones de vulnerabilidad para las mujeres de todas las edades, pero que para atender necesidades específicas de toda una población existe un gabinete de gobierno que también puede estar en comunicación con el ISDEMU y así crear los mecanismos de atención. Sin embargo, es algo que por hoy no existe.

Todavía faltan dos semanas para que termine la cuarentena obligatoria. Con el encierro habrá más mujeres intentando sobrevivir a la pandemia y al agresor que tienen a su lado. Y no todas tendrán la oportunidad para denunciarlo como lo hizo Elena.

Volver a El Salvador aún no es una posibilidad

Ilustración de Moris Aldana

Ernesto viajó el 28 de febrero a San José, la capital de Costa Rica, porque de su trabajo lo mandaron a capacitar a personal de cocina para una cadena de bares. Él es jefe de cocina en un bar de San Salvador e iba por un mes y medio a enseñar nuevas recetas. Luego, le alargaron su estadía.

La empresa le daba viáticos y también le pagaba un hotel, pero con la declaratoria del COVID-19 como pandemia y su avance por Centroamérica, el local costarricense donde estaba Ernesto paró operaciones. Así que, de un día para otro, le dijeron que volviera a su país, pero El Salvador ya había prohibido el ingreso de vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y la entrada terrestre en sus fronteras.

A pesar de que la empresa le buscó alojamiento en la casa de un compañero, Ernesto dejó de recibir viáticos y hoy ya no sabe cómo volver el 25 de abril, cuando tenía programado su vuelo. Su compañero está por mudarse y, al menos, le ha dicho que puede seguir alojándolo en la casa de su mamá.

Cuando supo que tenía que mantenerse por su cuenta en el extranjero, Ernesto, desesperado, gastó los $30 que le quedaban de viáticos para comprar provisiones -que no le alcanzaron para mucho por lo cara que es la vida en Costa Rica- y ya se acabó sus ahorros para sobrevivir. «Tenía un poco ahorrado, ya no tengo nada de eso. Ya me toca quizá prestar en El Salvador, tal vez mi esposa puede rebuscarse», dice en una llamada.

Si no recibe ayuda de su empresa para comprar un boleto de regreso, tiene que buscar de dónde sacar el dinero. No pide volver en avión, está dispuesto a viajar 23 horas en bus con tal de estar de nuevo en el país. Acá no tiene garantizado su sueldo. Parte del equipo de la empresa que lo envió como capacitador, está sin trabajar por la emergencia y algunos compañeros le contaron que no recibieron su última quincena.

Sin pensarlo y en cuestión de horas, una pandemia hizo que Ernesto se quedara sin país. Ha pasado lo mismo con miles de salvadoreños que están varados por el mundo, después de que el 17 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunciara el cierre, sin avisar con tiempo, el Aeropuerto Internacional para los vuelos comerciales. Seis días antes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una pandemia, ya había comenzado a restringir el paso por las fronteras.

Desde entonces, los salvadoreños que no pudieron volver han tenido que pedir alojamiento donde amigos o conocidos, gastar sus ahorros o prestar dinero. Los gastos de algunos de los que viajaron por trabajo están siendo asumidos por sus empresas o instituciones. Otros ya ni siquiera tienen trabajo y no pueden costearse alquileres.

Los hipertensos y diabéticos no tienen forma rápida de comprar medicinas en el extranjero y no pueden darse el lujo de dejar de tomarlas, como para esperar que les sean enviadas desde la Cancillería de la República. Hay padres pensando en sus hijos, hijos pensando en sus padres o abuelos que viven solos la emergencia en El Salvador.

Ninguno de los que salió imaginó que la ropa que traían para unos días, se convertiría en la ropa que repetirán por semanas. Que la cargarían sucia hasta encontrar un lugar donde lavarla o donde les prestaran mudadas, porque si no era el caso, había que comprar más. Se alejaron del clima tropical y se han enfrentado a cambios de estaciones climáticas, que también exigen cambios de ropa y medicamentos para las alergias.

Ilustración de Moris Aldana

A comienzos de marzo, nadie advertía una pandemia en los aeropuertos de América. Tampoco las aerolíneas advertían sobre los riesgos de viajar. Lo que sí se advertía era a mucha gente con mascarillas intentando estar lejos de otras mientras esperaban vuelos, y afiches del COVID-19 en los pasillos de los aeropuertos.

Para los salvadoreños que viajaron, el virus aún estaba lejano, pero se iba expandiendo. No pensaron que el contagio sería veloz en América y que al terminar un tour, un taller o la visita donde un familiar, deberían asumir las consecuencias de la pandemia en países ajenos, en los que no existen. En un países donde los hospitales ya están abarrotados por enfermos de COVID-19 o donde contagiarse implica mucho dinero para gente que está con lo justo o simplemente ya no tiene cómo sobrevivir.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 27 de marzo que 3,450 salvadoreños habían solicitado ser repatriados. Este ministerio ha publicado en sus redes sociales un formulario en el que pide los datos de los varados y las principales necesidades que tienen, pero la información solo sirve para hacer un censo.

Hay embajadas que, a partir del formulario, comenzaron a contactar a los salvadoreños y los metieron a grupos de Whatsapp, como la de El Salvador en Argentina. A los 16 salvadoreños en el grupo nos han ofrecido alojamiento en su sede y, si es necesario, colaboración para medicinas o alimentos.

Argentina está en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo y la ha prorrogado hasta el 13 de abril. Las calles de su capital, Buenos Aires, están vacías y la policía las patrulla a toda hora. Si no hay forma de justificar por qué uno anda en la calle, lo llevan detenido. Solo están abiertas las tiendas, las ventas de comida, farmacias y supermercados.

Los salvadoreños varados en este país, estamos en cuarentena, y al llegar allá estamos conscientes que tenemos que cumplir la cuarentena obligatoria en albergues y someternos a la prueba del COVID-19. Son casi dos meses los que estaremos lejos de nuestras casas, uno en retornar, si el aeropuerto abre cuando termine la emergencia. Otro en pasar en un albergue, si el gobierno no reduce los días de aislamiento.

La de Argentina no es la única embajada que se ha acercado a los varados. La semana pasada, la Embajada de El Salvador en México tuvo una reunión con el grupo de más de 70 salvadoreños que no pudo salir de ese país.

Los salvadoreños plantearon dos formas de volver: por medio de un vuelo humanitario desde México a El Salvador o hasta Guatemala. Si llegan a Guatemala, pidieron que sea el gobierno salvadoreño que los traslade por tierra y ellos se someterán a la cuarentena obligatoria.

«No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste», lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

Él es uno de los cuatro salvadoreños que fueron delegados para reunirse con el embajador y exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien se comprometió en hacer llegar las peticiones a El Salvador. No hubo resultados, pero sí lograron recibir los kits de limpieza y comida que, hasta el pasado martes, no les eran ofrecidos.

Lo que más les preocupa a los varados en México es que los hoteles pequeños y baratos están cerrando por la pandemia y que, al igual que Nicaragua, el gobierno mexicano no ha tomado las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 y los contagios pueden expandirse. El viernes había 1,500 contagiados.

Lo único que todos tenemos claro al cierre de esta edición es que no hay vuelos humanitarios desde El Salvador. El aeropuerto sigue cerrado para vuelos comerciales, lo que no ha impedido que países como España y Estados Unidos ya mandaran a repatriar a sus ciudadanos.

Entre los decretos que la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del paso miércoles estaba uno transitorio para permitir el regreso de los salvadoreños por vía terrestre, aérea o marítima, de acuerdo con la capacidad en los albergues y protocolos de atención y protección elaborados por el Ministerio de Salud.

El decreto establece que El Salvador facilitará el retorno de los varados, sin importar su condición migratoria, pero los diputados señalaron que son ellos quienes deben pagarse el regreso.

Bukele ya dijo el jueves que los decretos aprobados en la plenaria no tienen su sanción. «ACLARACIÓN: NINGUNA de las reformas o decretos aprobados ayer por la @AsambleaSV cuentan con mi sanción y por lo tanto NO TIENEN VIGENCIA. Cualquiera que, basado en información tendenciosa, intente violar la ley ‘amparándose´ en un decreto no vigente, será sancionado», publicó en Twitter.

El viernes, la canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, canceló una reunión ya acordada con los diputados para discutir el tema. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter se limitó a mencionar al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y decirle que no tenía sentido reunirse, porque la Asamblea Legislativa había aprobado el decreto sobre los varados sin la opinión técnica de Cancillería y que esta seguirá coordinando con el Centro de Operaciones para la Asistencia Consultar Remota -el centro en el que les atienden- . Ahí, dijo Tinoco, los diputados «pueden llegar».

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, dijo esta semana que el Aeropuerto Internacional recibirá vuelos comerciales con pasajeros hasta el 19 de abril, fecha en ya estaría levantada la cuarentena obligatoria. Sin embargo, Anliker dijo que deberá esperarse la evolución del COVID-19 y qué decisiones tome el gobierno.

Ante la falta de respuesta, los varados comenzaron a buscar soluciones para volver, a través del grupo de Whatsapp que se llama «Salvadoreños en el exilio» y que suma más de 230 miembros. En el grupo se difundió la iniciativa de presentar un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para poder retornar, y mientras hay un fallo, ya coordinan gestiones de retorno.

La madrugada del jueves, el abogado José Ascencio Marinero presentó el amparo en nombre de casi 200 varados. Pidió que el gobierno gestione vuelos o formas alternas de retorno, por medio de sus consulados. Aunque solicitó vuelos humanitarios, aclaró que los salvadoreños están dispuestos a pagar su vuelo.

Expuso también que los varados se someterán a la cuarentena obligatoria y, de ser necesario y si el gobierno lo autoriza, pueden comprar las pruebas del COVID-19. Una opción para hacerlo es en un laboratorio de Miami, Estados Unidos, donde la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), cuesta aproximadamente $35.

“No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste”, lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

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Romeo Esquivel está a cinco horas de El Salvador, esperando a que abran las fronteras para regresar desde Guatemala. Pero espera que, al volver, los 30 días de cuarentena obligatorias impuestos por el gobierno en los albergues, se reduzcan.

Hace años, Romeo tuvo un accidente y perdió el bazo, un órgano que tiene entre sus funciones combatir infecciones en el cuerpo. Él sabe que el COVID-19 no es una bacteria, pero sí provoca neumonía, y a esto le tiene miedo. «No puedo correr el riesgo de pasar 30 días esperando a infectarme», dice en una videollamada, en la que explica a detalle lo que una infección pulmonar podría provocarle, ya conoce de casos que se han agravado y que las personas han muerto por infecciones. Tener una salud vulnerable lo ha llevado a investigar sobre la pandemia y cómo otros países la están tratando.

Romero alquila un pequeño apartamento en Guatemala. No sabe hasta cuándo podrá costeárselo, porque es el único que trabaja en su familia y el dinero significa un sacrificio que todos en su casa hacen por su salud. Donde se aloja nada más sale, con mascarilla y guantes, a proveerse de comida.

El 10 de marzo, un día antes de que El Salvador obligara a quienes volvieran del extranjero a ir a albergues a cumplir la cuarentena, Romeo viajó por trabajo y ya no pudo volver. Un grupo de amigos lo hizo, pero fue llevado al albergue de Jiquilisco, en Usulután, uno de los primeros habilitado por el gobierno, desde donde se hicieron varios reportes sobre condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Una persona contagiada de COVID-19 puede pasar hasta 14 días sin presentar síntomas, de acuerdo con OMS. Así es como Romeo cuestiona por qué la gente que ya dio negativa en la prueba sigue en los albergues y no es enviada a su casa.

Cuba es un país que acumula más de 3,000 pruebas de COVID-19, pero Bukele aceptó públicamente en una conferencia de prensa que el gobierno salvadoreño solo tiene capacidad de hacer 100 pruebas diarias y, hasta la fecha, hay casi 4,000 personas en cuarentena, en los albergues habilitados. En el sitio que el gobierno ha creado para publicar información sobre el COVID-19, las autoridades sanitarias tampoco indican cuál es la cantidad actual de pruebas que realizan por día.

«Es importante tomar pruebas», insiste Romeo. Lo hace con la esperanza de que alguien entienda su problema de salud.

 

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MANUEL CARRAZA ES EL PRESIDENTE de la revista Derecho y Negocios. Está varado en Ecuador, pero desde allá fue el enlace para coordinar con abogados salvadoreños la propuesta del amparo en la Sala de lo Constitucional.

Ecuador es el país que encabeza el número de muertos por coronavirus en Latinoamérica. Hasta el pasado jueves habían fallecido 93 personas por la pandemia y otras 2,798 estaban contagiadas. Uno de los lugares más afectados es Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, de la que en los últimos días comenzaron a hacerse virales imágenes de cadáveres abandonados en las calles. No se sabe cuántas de estas personas fueron víctimas del coronavirus.

Manuel explica a la revista Séptimo Sentido que están coordinando bases de datos para que los salvadoreños varados informen cuáles son las tres opciones de aeropuertos cercanos que tienen y quiénes tienen dinero para pagarse el vuelo de regreso. De no tenerlo, el gobierno es el que debe tomar una decisión por ellos, dice, aunque hay una agencia de viajes que podría aceptar vuelos con millas, vuelos que sean pagados con 12 cuotas a tasa cero o posiblemente pueda financiar vuelos.

Entre el grupo que gestiona el regreso, según Manuel, hay personas que tienen la posibilidad de hacer gestiones con aerolíneas y por esto urge saber la cantidad de varados y dónde están. Así se determinan los tipos de aviones que pueden utilizarse para el traslado.

La necesidad de volver que tienen los varados también llevó al partido Nuestro Tiempo a proponer un plan que ya presentaron a la canciller Tinoco y que implica que exista una reducción en salarios de funcionarios que ganan arriba de $3,000.

El plan consiste en que el Ministerio de Relaciones Exteriores identifique a los más de 3,000 salvadoreños varados y clasifique su riesgo de acuerdo con una escala determinada por el país de procedencia, para así garantizar una repatriación y las pruebas del COVID-19.

Además, el partido propone que a los salvadoreños que regresen se les asignen albergues especiales, según su las condiciones de riesgos que establezcan los epidemiólogos. Y que, después de 14 días, los que den negativo en las pruebas puedan realizar una cuarentena domiciliar.

Esto último no solo lo pide Romeo, lo piden cientos de varados: condiciones salubres al volver.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

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CLAUDIA NO DEJA DE PENSAR EN SU ABUELA, de 98 años, a la que cuida en El Salvador. Vulnerable por su edad, la abuela ha quedado sola con Jagger, el perro de la casa. Hay vecinos que están pendientes de ella, pero Claudia sabe muy bien que no es lo mismo a que, en medio de una pandemia, su nieta esté ahí para todo lo que necesite.

Fernando y Claudia ahorraron para ir de vacaciones con su hija de un año a Houston. Estarían una semana, pero un accidente de tránsito alargó su estadía y la emergencia por el COVID-19 los dejó afuera de El Salvador sin ningún plan para volver y sin el dinero necesario para seguir sobreviviendo. Ya casi acaban sus ahorros, han tenido que prestar ropa y se han quedado sin trabajo.

El 12 de febrero, un día después de que llegaran a Estados Unidos, un pick up impactó el sedán del motorista de Uber en el que viajaban. Fueron llevados de emergencia a un centro asistencial, porque Fernando tuvo lesiones musculares y su hija pasó en shock nervioso durante tres días. No comía y pasaba llorando por las noches.

Para entonces, alquilaban un hotel, pero solo pudieron seguir haciéndolo una semana, mientras Fernando asistía a las terapias que Uber le pagó. Contactaron al consulado de El Salvador en Houston y este les gestionó la estadía en la casa de una familia salvadoreña, una familia que les ayudó mucho y no les cobró ningún tiempo de comida. Pero, por después, decidieron alojarse en casa de una tía política de Claudia, donde todavía están.

Lesionado y sin computadora, Fernando ya no pudo seguir asesorando a clientes con los que trabajaba y perdió su empleo. Claudia tampoco pudo volver al país para continuar con las consultorías de ingeniería que tenía a su cargo, ni continuar buscando trabajo. Ahora ya no solo les preocupa volver, sino saber si, con la crisis económica que deje el COVID-19, van a encontrar empleo.

El día en que el gobierno cerró el Aeropuerto Internacional, Fernando salió con Claudia a hacerse una resonancia magnética en la que le diagnosticaron inflamación en una vértebra y en el cuello. Con este resultado, Fernando ya podía regresar a El Salvador, porque le dijeron que las terapias podía continuarlas acá.

Ilustración de Moris Aldana

Llegaron a la casa de la tía de Claudia y cuando quisieron comprar boletos para volver, la aerolínea les dijo que Bukele había ordenado el cierre del Aeropuerto Internacional ese día. «Lloramos con mi esposa. Lo primero que dijimos fue ‘nos vamos a gastar el dinero de los boletos. ¿De qué vamos a comer?’», cuenta en una videollamada. Y se preguntaron por qué antes de cerrar el aeropuerto, el gobierno no avisó.

Fernando es amante de los perros. En 2016, introdujo a El Salvador el canicross, que consiste en correr junto a un perro que está, con un arnés, atado a la cintura del humano. Extraña a Jagger, que, en los primeros días de su ausencia, dejó de comer de depresión. «Es como mi hijo», dice.

La familia está dispuesta a volver, pero les preocupa que, con una bebé de un año, no tengan las condiciones mínimas de salud para estar en un albergue. Lo más importante para ellos es contar con agua, comida y que haya forma de esterilizar pachas.

Eneyda Ramos pide el mismo trato desde República Dominicana, donde quedó varada. La emergencia por el COVID-19 y la obligación de ir a un centro de cuarentena al volver del extranjero le agarró desprevenida a ella y también a una compañera de trabajo.

El 5 de marzo viajaron al municipio El Cercado, al sur de República Dominicana. Fueron delegadas a conocer sobre las iniciativas de un proyecto comunitario y pretendían volver el 14 de marzo, pero en su organización les aconsejaron que se quedaran esperando afuera, por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en los albergues.

Lograron cambiar el vuelo para el 2 de abril, a la espera de que terminara la emergencia por el coronavirus, pero tampoco pudieron volver, porque el aeropuerto cerró. La organización les dio viáticos para el viaje, pero al verse imposibilitadas de regresar, tuvieron que pedir más dinero.

En República Dominicana han tenido la suerte de haber sido acogidas en una casa, por gente que trabaja en la organización que fueron a visitar. Están en la capital y no pagan su estadía. A veces les regalaran comida, pero, para evitar que la familia gaste en ellas, prefieren comprar sus provisiones y cocinar. Les han prestado ropa y ellas tienen que lavar seguido las pocas mudadas que llevaron.

Eneyda cree que el dinero con el que cuentan les alcanza hasta mediados de abril, cuando volverán a recurrir a la organización. Pero no saben si, con la pandemia, la organización tendrá las condiciones económicas para seguirles ayudando. Entonces, van a tomar dinero de su salario o a pedir apoyo a sus familias.

La Embajada de El Salvador en República Dominicana les ha dicho a ellas, y a los 20 salvadoreños que están en un grupo de Whatsapp, lo que ya han dicho otras: que pueden apoyarles con medicamentos y hospedaje, pero que los vuelos humanitarios no están disponibles.

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CADA DÍA SE SUMAN MÁS al grupo de «Salvadoreños en el exilio» y los varados están creando otros grupos, según el país donde estén. En el grupo se insiste en hacer presión al gobierno salvadoreño en redes sociales para el retorno.

En Twitter, se ha creado la etiqueta #VaradoSV y algunos varados han modificado sus nombres de usuarios en esta red social, para identificarse como lo que son por hoy: varados. Gente que está sin país en medio de una pandemia.

Luciana Villavicencio, una emprendedora salvadoreña que está en Estados Unidos, insiste en visibilizar las historias de la gente que salió del país y ya no puede regresar. Ella se ha encargado de publicar videos en sus redes sociales, en los que cuenta los testimonios de algunos salvadoreños. Es la madre de una niña de 9 años y la encargada del tratamiento de insuficiencia renal de su madre en El Salvador.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

Luciana dice que no están varados por ser ricos. Hay casos de salvadoreños que, como ella, salieron por trabajo.

A los varados les queda esperar que el gobierno decida abrir el aeropuerto. Ya descartan los viajes humanitarios y hay quienes están dispuestos a pagar el regreso. Pero el dinero para sobrevivir en el extranjero se acaba y en unos países el COVID-19 avanza más rápido que en otros. Las aerolíneas y los aeropuertos siguen cerrados, y lo que menos quieren es seguir a la deriva. Necesitan su país.

Vivir y morir entre cultivos La Enfermedad Renal Crónica en Chichigalpa

imagen de casa de agricultores
Fotografía de Glenda Girón

Una empresa, productora azúcar y sus derivados, les daba vivienda y también servicios básicos a colonias enteras de gente. Eran colonos, miles de colonos que convivían con el humo de la quema de la caña para corta, lo mismo que con el rocío de agroquímicos que tiraban las avionetas. Así era hace poco más de 20 años, cuando los braceros, los paileros, los fumigadores y sus familias vivían adentro del ingenio San Antonio, hacia la costa del Pacífico de Nicaragua. Ahí, había mercaditos los fines de semana, había jornadas de limpieza de las casas y también médicas. Ahí, la gente celebraba cumpleaños y bodas. Ahí, la gente tenía casa, trabajo y familia. Eran comunidad, la comunidad que vivía y mantenía vivo al ingenio San Antonio, de la Nicaragua Sugar Estates, en Chichigalpa, Chinandega.

A Chichigalpa, este municipio caliente de calles angostas, la cambiaron por completo tres acontecimientos. La erupción del volcán Casitas, en octubre de 1998, que dejó cientos de muertos y desplazados, fue el primero. En noviembre de ese año, el huracán Mitch llegó a inundar y arrastrar entre lodo lo poco que quedaba en pie. La tercera fue de carácter poblacional, un movimiento sin precedentes hasta ese momento: el ingenio San Antonio sacó de los terrenos del ingenio a todos los colonos, a los miles. Era 1999.

«Pongámoslo así, Chichigalpa, originalmente, tenía 100 manzanas. La cantidad de terreno que el ingenio compró para la gente que sacó fue, primero 60 manzanas. Pero llegaron a comprar 100. Entonces, Chichigalpa, prácticamente, se duplicó cuando fue fundada La Candelaria», así lo dice Víctor Sevilla, quien fue alcalde de este municipio durante tres períodos. Esos lotes que el ingenio compró, además, explica el exalcalde, fueron divididos. Por cada lote, se colocaron dos familias. «Las letrinas quedaron pegaditas, y, con las lluvias, eso rebalsaba», y el exalcalde junta las manos para ilustrar las distancias y las extiende lo más que puede para ilustrar los rebalses.

El impacto no fue solo de densidad demográfica. La gente en esos nuevos asentamientos comenzó a enfermar. El diagnóstico común: Enfermedad Renal Crónica (ERC). La gente recién mudada desde el ingenio San Antonio hasta La Candelaria, y otros asentamientos menores dispersos, empezó a ver que su función renal se deterioró rápidamente. De aquel inicio de la década de los 2000, la gente recuerda que venían de enterrar a uno, cuando ya había que llevar al cementerio a otra persona más.

El exalcalde Sevilla no quiere que se le hagan fotos, tampoco se baja de su carro para realizar esta entrevista en algún punto de la carretera, afuera de la ciudad. Pero expone con seguridad una cosa: «A la gente la sacaron del ingenio, porque se iba a empezar a morir y así fue».

«Nuestras casas, nuestras comarcas, nuestras ciudades como Chichigalpa, El Viejo, Posoltega, Quezalguaque, y el mismo León, todas están en medio de la caña. El entorno natural de esas poblaciones es la caña de azúcar», explica el exalcalde Sevilla.

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NICARAGUA ES UN PAÍS QUE EL 2018 SE PARTIÓ.
Las protestas en contra de las decisiones del gobierno en cuanto a seguridad social llenaron las calles. Hubo violencia y represión. De ese acontecimiento, queda el miedo y la polarización política llevada al extremo. Desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial en 2007, el gobierno oscureció toda su gestión. Y, tras la reciente jornada de protestas, la actividad gubernamental se hizo todavía más opaca. En este contexto, las instituciones gubernamentales no acostumbran a dar datos. Ocurre con las estadísticas de violencia y también con las de los hospitales. Los datos, si los hay, no son información pública.

Un estudio fechado en el 2003 incluye, para ilustrar la cantidad de diagnósticos, un mapa en el que cada punto es una persona muerta. Los puntos están concentrados en los departamentos de León, Chinandega y Managua, en el costado que este país le da al océano pacífico. La misma franja en la que también se concentran los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Ese estudio fue realizado por el Ministerio de Salud nicaragüense y es de los pocos documentos oficiales que se encuentran disponibles al respecto. En aquel momento, la alerta saltó porque de los 200 fallecidos por esta causa que hubo en 1990, se pasó a 500 en el 2000. «En 2004-2006 llegaron a ser más, pero no sabemos qué tantos», explica una fuente médica que prefiere el anonimato.

Los primeros afectados por la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Nicaragua fueron hombres, trabajadores agrícolas, con escaso acceso a agua potable. Un perfil descrito ya en varios de los estudios científicos realizados que buscan definir por qué, en esta región, la ERC no es solo consecuencia de enfermedades como la diabetes o la hipertensión (que es el comportamiento tradicional de la enfermedad), sino que afecta a gente más joven y sin padecimientos previos. Pero, sobre todo, por qué si la ERC no es una enfermedad transmisible, tiene un nicho específico en las comunidades agrícolas.

Sin distancia. Pedro está parado en la vereda que divide su casa de los cultivos. En Chichigalpa, es imposible segregar las zonas residenciales.

A Juan de Dios Guzmán, esta calurosa mañana de febrero de 2020, no le alcanzan las manos, ni la memoria, para hacer una lista de a cuánta gente de la Candelaria ha visto morir por esta enfermedad. Prefiere resumir: «Aquí todos estamos con la creatinina«, así se le conoce a la ERC. Está reunido con otros vecinos en el patio de su casa, una superficie de tierra y algunas piedras en donde, a base de plásticos y palos torcidos, ha hecho una especie de terraza muy precaria. Juan está sin camisa, el calor, el viento y el polvo casi no dejan ni hablar. En los brazos se le ven las marcas de la hemodiálisis. Son unas venas abultadas como pelotas.

Juan fue pailero. Juan está enfermo desde 2002. Juan asegura que enfermó por trabajar en el ingenio y por vivir en esta zona. Juan tiene hijos. Los hijos de Juan son paileros. Dos de los hijos de Juan tienen Enfermedad Renal Crónica. «Es que aquí no tenemos para dónde agarrar, si no es ahí, no hay trabajo», cuenta mientras encoge los hombros. Este ciclo es el mismo en la mayoría de casas de La Candelaria. Las mujeres de la casa no es que no estén enfermas. No se sabe, porque nunca se han hecho una prueba. No cuentan con seguro médico.

Comunidad. La Candelaria es el asentamiento creado para las personas que fueron trasladas desde los terrenos del Ingenio San Antonio. Aquí, Juan de Dios toma el bus que lo lleva a recibir tratamiento por Enfermedad Renal Crónica en León.

«Es una tragedia», describe uno de los médicos citados por investigadores de la Universidad de Boston en un informe independiente publicado en 2011. Uno de los médicos estima que el número de casos se incrementa en un 10-15% cada año, y un farmacéutico sugiere que los casos aumentan de forma exponencial: «Hace como cinco años que han empezado a caer como moscas, casi a diario aparece una persona muerta, o grave con esa enfermedad». Este documento recoge las impresiones de médicos y farmacéuticos que están en la primera línea de batalla de los diagnósticos y de los tratamientos.

En 2019, un grupo de 17 científicos de diferentes países publicó otro estudio en el que analizaron, durante un año, los casos de 34 pacientes de El Salvador, Sri Lanka, India y Francia. Los profesionales encontraron en común unas «lesiones lisosómicas de células de túbulos proximales asociadas con diversos grados de atrofia epitelial y desprendimiento de fragmentos celulares presentes en el 81.3% de las muestras de biopsia renal de pacientes».

Carlos Orantes, nefrólogo salvadoreño y uno de los 17 investigadores de este estudio señala: «La persona que padece este tipo particular de ERC tiene como elemento de desarrollo tres características: pobreza, contaminación ambiental y condiciones laborales insalubres». Este documento relaciona la exposición a agroquímicos con la propensión a el deterioro renal. «Es muy importante la procedencia geográfica o residencial en esto; dónde vives, a qué te dedicas, dónde creciste, cómo te desarrollaste son las determinantes sociales de esta enfermedad», agrega desde la sede del Ministerio de Salud en San Salvador, capital de El Salvador.

Zona productiva. El municipio de Chichigalpa, en Chinandega, en la costa del Pacífico de Nicaragua, es una zona de alta producción agrícola.

En el documento, publicado en revistas científicas, se profundiza más en el perfil de los pacientes: «Son hombres jóvenes, principalmente trabajadores agrícolas, con determinantes socioeconómicas y ocupacionales comunes que incluyen un clima tropical cálido, pobreza y exposición a sustancias potencialmente tóxicas, principalmente agroquímicos a través de la ingestión de alimentos contaminados, por beber agua de pozos contaminados poco profundos, inhalación y contacto directo con la piel. Se ha hallado entre personas menos expuestas, incluidos trabajadores no agrícolas, mujeres y niños que viven en el mismo ambiente».

La ERC de causas no tradicionales está sembrada en las comunidades agrícolas, y, al margen de que lo que la provoca aún no esté determinado, el componente geográfico es inocultable.

Juan está enfermo desde 2002. Juan asegura que enfermó por trabajar en el ingenio y por vivir en esta zona. Juan tiene hijos. Los hijos de Juan son paileros. Dos de los hijos de Juan tienen Enfermedad Renal Crónica. «Es que, aquí, no tenemos para dónde agarrar, si no es ahí, no hay trabajo», cuenta mientras encoge los hombros. Este ciclo es el mismo en la mayoría de casas de La Candelaria.

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La Candelaria es una nube de polvo color café claro. En medio, están las casas precarias en donde es imposible que haya limpieza. La fina tierra se cuela por todos lados. Y el calor intenso obliga a salir, a descamisarse, a crear sombras con plásticos para poder estar.

Así está Juan de Dios, cuando recibe la visita de Jorge Romero. La ERC, como el polvo, se mete en toda conversación.

—Los sacaron por compromiso, para no tener problemas, pero sabían que toda esa gente venía pegada con creatinina-, cuenta Romero, que tiene 65 años, trabajó 14 zafras en el ingenio, también vive aquí cerca y también tiene daño en los riñones, pero aún no necesita la terapia de sustitución, esa en la que una máquina hace la función que los riñones pierden.

—Nosotros tenemos 20 años sin respuesta por la mentada creatinina-, apunta Juan de Dios.

Entre vecinos. Pedro es una de las personas que vive en La Isla y que comparte espacio con macrocultivos, en este caso, caña de azúcar.

La Candelaria es el punto de partida de buses, llenos a tope de gente, que salen hacia el hospital de León todos los días. La gente va por turnos, porque cada uno debe, al menos dos veces por semana, someterse al único tratamiento que funcionó entre la gente de Nicaragua: la Hemodiálisis. La otra alternativa, la diálisis peritonial no se hizo masiva, ya que es domiciliar y requiere de condiciones de vivienda e higiene básicas que, en este asentamiento, no se cumplen.

En La Candelaria hay electricidad, pero no hay alcantarillados. Tal y como lo describió el exalcalde Sevilla, las letrinas están pegadas unas con otras. Y así, también, está la gente que vive con ERC.

Juan de Dios es uno de los usuarios de estos buses que son un servicio que presta la alcaldía de Chichigalpa. Son tantos, que Juan pertenece al tercer grupo y, todavía después, hay uno más. Cada día, cuatro buses con entre 60 y 80 personas salen de La Candelaria rumbo a León, esa ciudad blanca y turística, pero ellos poco ven, van directo al hospital.

No son solo ellos. Aquí, en Chichigalpa, también hay gente que recibe el tratamiento en Chinandega o en Managua, la capital. Son varios ejércitos de gente con los riñones marchitos. «Y esos son los enfermos, pero vivos. De los paileros viejos ya no queda casi nadie», cuenta Jorge mirando al suelo. Juan de Dios asiente.

Nicaragua ha sido siempre agrícola. Cuando no era la caña de azúcar, era el algodón. Y, específicamente, estas tierras costeras del Pacífico han estado siempre sembradas, siempre en cosecha, siempre ocupadas. Solo la industria azucarera celebró ya su centésimo aniversario. La gente trabaja aquí y, para vivir, le ha ido peleando espacio a los cultivos.

«Nuestras casas, nuestras comarcas, nuestras ciudades como Chichigalpa, El Viejo, Posoltega, Quezalguaque, y el mismo León, todas están en medio de la caña. El entorno natural de esas poblaciones es la caña de azúcar», explica el exalcalde Sevilla. En lugares como estos, en especial en Chichigalpa, separar las zonas residenciales de las agroindustriales es, prácticamente, imposible. «Las casas están en medio de la caña», dice Sevilla. No exagera.

La Candelaria es el asentamiento de donde más salen enfermos a recibir tratamiento. Hay otra población de donde han salido los muertos. Recibió atención mediática por ello. Se llama La Isla, pero en los periódicos de varias partes del mundo, desde hace unos cinco años, se le conoce como La Isla de las Viudas. Así sucede en los países de esta región, la atención llega con la muerte, no con las injusticias sociales sostenidas, como el acceso a vivienda sin riesgo.

Pedro Amador lleva sucia la venda que cubre el catéter. Se le sale de la camiseta cuando extiende los brazos, como ahora que intenta hacer un listado de sus vecinos de La Isla que han muerto: «No termino ahorita. Solo aquí, al otro lado, se fueron tres casi al mismo tiempo». Con otros de sus familiares presentes en esta casa, arma una lista en menos de dos minutos: «Tino Calderón, Pedro Calderón, Felipe Calderón, ellos eran hermanos; Julio Altamirano, el otro Julio, Salomón, Chepe Luis, Tomás Calderón, Aurelio, Virgilio…». Ellos son solo los que han muerto en los últimos años.

La Isla es una comunidad añadida a un cañal. La casa de Pedro está frente a una extensión enorme de caña recién sembrada. Los divide, tan solo, una vereda de tierra. La caña tiene sus propias rutinas. Se siembra, se abona, se le aplica un agroquímico que sirve para madurar. Aquí no hay muros ni ningún tipo de frontera. El madurante llega a los árboles de mango, coco y aguacate de la casa de Pedro y, cuando eso pasa, pudre la fruta. Después, llega la quema, necesaria para vencer la textura resistente de la caña para, luego, poder cortarla. En esta etapa, Pedro, su familia, la vecindad, el municipio, toda la costa, respiran humo.

Pedro Amador dejó de trabajar en el ingenio San Antonio en el año 2001, cuando en la misma empresa se le diagnosticó el daño renal. Desde el 23 de mayo de 2019, su cuadro se complicó y comenzó a formar parte de las decenas de hombres que, en La Isla, viven con un catéter en el cuello que les sirve para conectarlos a una máquina que cumple con la función que sus riñones ya no pueden ejecutar.

Hoy, cuando nos vio a dos mujeres llegar, Pedro se alegró. Pensó que éramos representantes de la asociación a la que solicitó un préstamo para comprar las láminas y arreglar su casa. Y no, solo somos dos periodistas a las que él les cuenta cómo es vivir y morir entre cultivos.

Acceso a agua. La esposa de Pedro recoge agua del pozo. Las familias de La Isla se abastecen por este medio. No tienen acceso a controles sobre la calidad del líquido que utilizan.

Pedro quiere mostrar la parte del techo de su casa que está dañada. Hace cuentas, son 22 hojas de lámina las que necesita para sustituir todo y que le quede una hoja para dejar un alero. Las láminas -que por el momento están sostenidas en cuatro paredes y cubren el sueño de él, su esposa, hijo, hija y nieto- están corrídas, rotas. No sirven. Pero, de poder quitarlas, Pedro no las botaría. Planea usarlas para cubrir la cocina, que está afuera. Porque, adentro, solo caben camas, refrigeradora, una mesa, un biombo y un par de muebles para colocar la ropa.

Pedro necesita, también, algunos ladrillos de cemento. Hace cuentas, suma, multiplica y, al final, divide la cantidad de dinero que quiere pedir prestada entre todos los meses en los que podría pagar. No ajusta. Cuando habla de remodelar su casa, el rostro de le cubre de ilusión y frustración. «No le digo cuánto vale cada lámina, porque no la he cotizado. Me da miedo ir a preguntar, no tengo valor de ir», cuenta una mañana de febrero, cuando lleva puesta una camiseta blanca con un corazón rojo.

Aunque quiere creer que le pueden prestar los 20,000 córdobas que le hacen falta para que en la siguiente lluvia no se le moje todo, o para que el madurante que se riega sobre la caña no se le impregne en cada una de sus pertenencias, reconoce que vive de una pensión de 4,600 córdobas. Pedro habla con mucho pudor de estas cifras. Al hacer el cambio a dólar, se trata de $585 de un préstamo que quiere pagar con una pensión de $134 mensuales.

Él calcula que podría pagar una cuota de 1,600 al mes. Son unos $46. Y esto significaría apretarse a tope el cinturón y mantener a su familia con $88 al mes. A la gente con enfermedad renal se le alarga la vida con el tratamiento. Pero no se le resuelven todas las otras necesidades básicas, como un techo seguro.

Pedro quiere mostrar la parte del techo de su casa que está dañada. Hace cuentas, son 22 hojas de lámina las que necesita para sustituir todo y que le quede una hoja para dejar un alero. Las láminas -que por el momento están sostenidas en cuatro paredes y cubre el sueño de él, su esposa, hijo, hija y nieto- están corrídas, rotas. No sirven.

***

En la Isla, mientras Pedro ha estado hablando, su esposa se la ha pasado preparando un perol de sopa. La va a vender. Ya cortó la verdura y puso a hervir la carne. Pero lo que más ha hecho es sacar agua del pozo. Esta es la forma de abastecimiento que hay aquí en la mayoría de casas. Este es un pozo apenas cubierto y no se le hacen pruebas para encontrar químicos dañinos al ser humano. Alguna vez hubo un intento por introducir el servicio de agua potable por cañería, pero la institución que dirigía el proyecto ni siquiera pudo ofrecer un servicio sin interrupciones largas. La gente, como Pedro, prefirió seguir con su pozo.

En La Candelaria, cuando Juan de Dios y Jorge hablan, la esposa de Juan lava la ropa. Acá sí hay servicio de agua por tubería. Pero tampoco se le hacen controles de forma sistemática. Y, si se hacen, los resultados de esos controles, no se hacen públicos. La gente no sabe con qué lava, cn qué se baña, con qué cocina o qué bebe.

La cara de esta enfermedad son los hombres agricultores. Pero es un rostro hecho con base en datos incompletos. Un médico nefrólogo que trabaja de cerca con ellos desde hace décadas explica: «Llegan más pacientes hombres, porque entre los asegurados hay más hombres. Esa estadística da un valor ficticio, no uno real».

Contar con tratamiento. El sistema sanitario de Nicaragua ha fortalecido la red de tratamiento por la Enfermedad Renal Crónica.

Con el estallido de la crisis por Enfermedad Renal Crónica a inicios de los 2000, también se promovieron cambios en la seguridad social. «En ese tiempo la gente murió en sus casas; era horrible verlos con las bocas secas, entre fiebres altas, decían que se quemaban y que tenían como arena en la garganta. Fallecían frente a sus seres queridos, en el mismo cuarto y en el mismo catre donde dormían», recuerda el exalcalde Sevilla.

Entonces, la ley exigía 750 semanas de trabajo para poder tener derecho a pensión por vejez reducida. La ley se reformó en 2013 y luego en 2015. Ahora exige 250 semanas para poder tener una pensión de 1,910 córdobas ($55) a personas que no alcanzan los 60 años de edad que exige el retiro. Con esto, la cobertura de seguro médico se extendió y más trabajadores pudieron alargar sus vidas gracias a los tratamientos. Pero no se frenó la aparición de casos.

El ingenio San Antonio mantiene estrictas medidas de seguridad, de acuerdo con quienes han laborado ahí. Entre ellas, están los prediagnósticos, la prohibición de trabajar en la empresa si se tiene daño renal, descansos programados, y la indicación de solo beber agua de la que hay adentro de las instalaciones, los empleados no pueden llevar líquido de afuera. A los representantes del ingenio San Antonio se les solicitó entrevista, pero no fue programada, hasta el cierre de esta nota.

Entre Pedro y Juan hay una característica en común. Hablan a corto plazo. Cada vez que se figuran el futuro de esposa e hijos, lo hacen desde su propia ausencia. Juan solo quiere que sus hijos, ya enfermos, reciban una mejor asistencia sanitaria que él. Y Pedro quiere apurarse a heredar una casa con el techo en mejores condiciones, sin hoyos, pues. Es lo que queda.

Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation.

Jóvenes con DACA se movilizan, pese a que no pueden votar

Tony Valdovinos dirigiéndose a su audiencia
Sobre el escenario. Tony Valdovinos, activista, dirige su mensaje al público antes de que inicie el musical Americano.

T​​​​​​​ony Valdovinos no sabía que estaba en el país ilegalmente hasta que quiso incorporarse a la infantería de marina a los 18 años y se enteró de que había nacido en México.

Valdovinos, quien tiene hoy 29 años, hizo a un lado su malestar y se dedicó a militar en la política, golpeando puertas en barrios hispanos y registrando gente para que vote, por más que él no lo pueda hacer. También se acogió al programa instituido por el gobierno de Barack Obama que ofrecía protección a los jóvenes como él, amparándolos de la deportación y permitiéndoles trabajar. Hoy dirige una firma que apoya a candidatos a cargos públicos de Arizona.

«Este es el mejor país del mundo», dijo Valdovinos. «Siento la responsabilidad de servirle a esta nación».

Los jóvenes que se acogieron al programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, según sus siglas en inglés) desempeñan papeles prominentes en las campañas presidenciales de Bernie Sanders y Tom Steyer, así como en iniciativas que buscan movilizar a la gente en comunidades de inmigrantes, usando el idioma y una cultura común para generar confianza.

Jeanne Batalova, analista del Instituto de Políticas Migratorias de Washington, dijo que la participación en la política ayuda sentirse mejor a los jóvenes con DACA que enfrentan un futuro incierto.

«Hacen lo que pueden para hacer valer su voluntad, para dar forma a sus vidas y sus destinos», comentó Batalova.

Las campañas entran en calor en momentos en que la Corte Suprema se prepara para decidir el futuro del programa, que acoge a 652.880 personas y al que Donald Trump quiere poner fin. Igual que muchos de estos jóvenes, Valdovinos se considera estadounidense y quiere que todos sus pares se involucren en una elección que pueden definir su futuro más que ninguna otra.

Persona dando declaraciones
Sede. Los beneficiarios del DACA rara vez conservan un lazo fuerte con su país de origen. Están más afincados en EUA, en donde buscan continuar.

«El estado actual de DACA es muy precario», manifestó el representante demócrata de Arizona Rubén Gallego. «Hay que tener cuidado con esta administración y esta Corte Suprema, que son capaces de disponer deportaciones masivas de seres humanos que no conocen otro país que no sea Estados Unidos».

Gallego apoya desde hace tiempo a los jóvenes que se acogieron al DACA e incluso invitó a una, la maestra de segundo grado Vanessa Méndez, para que estuviese en la lectura del informe de Trump sobre el Estado de la Unión. Hace poco asistió a una función de «Americano!», un musical inspirado en la vida de Valdovinos.

«No debemos ceder al miedo», afirmó Valdovinos en alusión al fallo de la Corte Suprema. «Tenemos que pelear por el derecho a vivir nuestras vidas».

José Antonio Vargas, periodista y activista a favor de los inmigrantes de Berkeley, California, que causó revuelo al revelar que había sido traído ilegalmente de las Filipinas en un artículo del New York Times Magazine en el 2011, dijo que se identifica con los jóvenes con DACA a pesar de que él ya no tenía edad para acogerse a ese programa. Vargas tiene hoy 39 años y descubrió que estaba en el país ilegalmente a los 16, cuando quiso sacar una licencia de conducir.

Agregó que todos los inmigrantes como Valdovinos deben sentirse estadounidenses.

«Es parte de la maduración de esta generación, la sofisticación de cómo contamos nuestras historias», dijo Vargas. «Mucha gente con DACA figura entre los estadounidenses más comprometidos cívicamente que uno pueda encontrar».

Una de ellas es Belén Sisa, argentina de 25 años, subsecretaria de prensa de Sanders en Washington.

Los opositores al DACA dicen que el programa premia a familias que violaron las leyes. El representante republicano Paul Gosar pidió sin éxito la deportación de los jóvenes con DACA que fueron invitados por legisladores al discurso de Trump sobre el Estado de la Unión en el 2018.

Hay antecedentes de militancia política de personas que no votan en Estados Unidos, incluidos el de las mujeres que pelearon por el derecho a votar a principios del siglo 20 y el de los afroamericanos que derribaron muchas de las barreras que los postergaban.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema indicó que es probable que elimine las protecciones del DACA para junio. Los miembros liberales de la Corte han dicho que el gobierno no justificó plenamente su decisión de suspender el DACA.

Si la Corte elimina esas protecciones, el Congreso tendría que intervenir para dar mayor sustento legal al programa. Sin embargo, las dificultades del Congreso para aprobar una reforma integral a las leyes de inmigración fueron lo que impulsó a Obama a crear el DACA en el 2012. El programa cobija a los jóvenes que estudian, terminaron la secundaria o sirvieron en las fuerzas armadas, dejando en suspenso por dos años sus deportaciones si no cometen delitos graves. Esa protección era renovable.

Trump dijo en un tuit de noviembre que si DACA era eliminado, se buscaría la forma de permitir que estos jóvenes permanezcan en el país, aunque agregó que algunos de los beneficiarios son «delincuentes bravos, reincidentes».

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Matthew Albence confirmó el mes pasado que esa agencia estaba reabriendo casos archivados de personas que pidieron acogerse al DACA «y poniéndolos en la lista de cosas pendientes para que puedan ser procesados por los tribunales de inmigración».

«Si la Corte Suprema determina que esta gente no tiene derecho a estar aquí, tendremos que hacer cumplir las órdenes de deportación que habían sido emitidas por un juez o someter a los individuos a un proceso legal para que un juez decida qué se hace» con ellos, dijo Albence.

Edder Díaz-Martínez, de 29 años, oriundo de la Ciudad de México que se acogió al DACA, es director de comunicaciones del Partido Demócrata en el condado de Maricopa, en Phoenix. Dijo que el programa es un remiendo temporal y que estos jóvenes necesitan una solución permanente.

Karen Martínez, directora de la página digital de Steyer en Nevada, está renovando su DACA a un costo de 500 dólares, sin saber si el programa seguirá vigente a fin de año. Hoy tiene 30 años y vino de Hidalgo, México, cuando tenía 10.

Tres personas sonriendo abrazándose
Arraigo. De origen mexicano, Valdovinos migró siendo un niño a Estados Unidos. Su vida está ahí, su arraigo, por esta razón participa activamente en la política.

Sostuvo que incluso si el programa es eliminado, «seguiré sintiéndome estadounidense».

Valdovinos dijo que trata de no pensar en lo que pueda pasar, señalando que vivió sin protecciones muchos años en Arizona, en la época en la que el sheriff Joe Arpaio realizaba redadas en busca de inmigrantes sin papeles en la zona de Phoenix y una legislación estatal permitió que la policía entregase al servicio de inmigración a los sospechosos de estar en el país ilegalmente.

Por esos días Valdovinos integró el Team Awsome, que incluía mayormente a personas con DACA, quienes golpeaban puertas en el distrito mayormente hispano de Maryvale para promover el voto a favor del chicano Daniel Hernández, aspirante a una banca en el concejo municipal de Phoenix en el 2011.

«La tarea política más dura es recorrer nuestras comunidades, hacer que se registren para votar, hacer que vayan a las urnas», manifestó. «Los formularios para votar por correo llegan junto con las cuentas y quedan por años en una pila de papeles».

Posteriormente Valdovinos creó la empresa La Machine Consulting Firm para ayudar a candidatos como Gallego, el concejal de Phoenix Carlos García y la alcaldesa Kate Gallego.

Una compañera de Team Awesome, Viridiana Hernández, que terminó regularizando su status al casarse con un estadounidense, dijo que la protección de DACA la ayudó a derrumbar barreras en los barrios.

«Podía hablar con la mujer de la casa en español y le decía, ‘mire, yo soy como usted, no tengo papeles’», relató Hernández. Acto seguido trataba de convencerla de la importancia de que todo familiar que es ciudadano se registre para votar.

Valdovinos no pudo integrar la infantería de marina, pero dice que espera poder sacar la ciudadanía.

«Sería hermoso poder votar después de haber golpeado tantas puertas», expresó.

Los vecinos del Sur de Honduras tienen dañados los riñones

Fotografía de Glenda Girón

Read this article in English: Honduras: The neighbors of the South have damaged kidneys

Ángel Ortega levanta el brazo y apunta con el dedo. Allá, a 800 metros de esta su casa, empieza un campo que luce ahora desprovisto, pero que, pronto, estará lleno de melones hasta donde alcance la vista. Ángel baja rápido el brazo, no lo puede sostener así por mucho tiempo. Tiene las venas hinchadas como con pelotas y la piel marchita después de cuatro años de recibir tratamiento para su enfermedad. Siente dolor.

La cosecha de melón de 2018/2019 fue histórica para Honduras. El precio internacional de este fruto acuoso creció en un 45 %. Y el valor solo de lo exportado ascendió a 110,1 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. La gran productora de melones es la zona de los departamentos de Choluteca y Valle, el Sur, fronterizo con El Salvador y cercano al Océano Pacífico. Ángel apunta el lugar en el que está la melonera, a la derecha de su casa. Y, agrega que, si va al frente, un kilómetro, encuentra los campos de caña de azúcar. Esos 800 metros y ese kilómetro están llenos de casas.

Ángel llegó a trabajar a Monjarás, Choluteca, en 1977. En 1988, logró comprar un terreno para construir su casa. Llegó como a los 20 años, atraído por una oferta de residencia y trabajo. Se levantaba a las 3 de la mañana y se iba al campo. A las 8, ya había terminado una tarea y comenzaba otra. Así, hasta las 4 de la tarde, cuando dejaba de trabajar los terrenos de otros y se iba al propio, donde tenía maíz y frijol. Este horario imposible es el que podrían repetir casi todos los hombres de esta comunidad de Monjarás que se dedican a la agricultura.

Ahora, Mojarás tiene 7,500 casas, 16 escuelas, dos agencias bancarias, cerca de 20 tiendas de ropa y varios restaurantes. Ángel, por su parte, ya no produce. Pasa los días en la hamaca que ha colgado del corredor externo de esta casa de ladrillo crudo, con letrina externa que se parece a muchas otras de esta zona. Hace 4 años, a Ángel le dijeron que sufre enfermedad renal crónica. Un diagnóstico que, como la agricultura, el ladrillo crudo, o la letrina externa, es un factor común en muchas viviendas de esta región.

La enfermedad renal crónica, se puede decir ahora, tiene dos categorías. Una, la tradicional, es la que se presenta junto con otras enfermedades de base que son la diabetes y la hipertensión arterial. La otra, que es la que sufre Ángel, ha sido difícil de nombrar. Tiene como características que aparece sin enfermedades previas y a una edad más temprana. Y se presenta entre quienes tienen en común una serie de condiciones sociales específicas, entre ellas: trabajar en agricultura y residir en áreas en donde hay cultivos masivos.

Fotografía de señor en una hamaca
Diagnóstico. Ángel Ortega está, desde hace 4 años, en tratamiento por enfermedad renal crónica. En Monjarás, Choluteca, Honduras, el diagnóstico es común entre los vecinos.

Carlos Orantes es nefrólogo en El Salvador y ha sido pionero, desde 2009, en dirigir estudios que ayudan a delimitar las causas de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. Orantes es asesor del Grupo de Expertos en Sri Lanka para el enfoque de la ERC que afecta a las comunidades agrícolas; es autor en revistas científicas y, recientemente, ha publicado capítulos sobre el tema en el libro Medicina interna y nefrología clínica en la Universidad de Oxford. Orantes ha sido profesor visitante en la división de Nefrología del Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro Médico Harbor-UCLA y el Centro Médico Cedars Sinai. «Esto se puede ver como enfermedad o como epidemia», apura como aclaración inicial.

«Cuando usted la enfoca desde el punto de vista individual, el fenómeno se circunscribe a los signos, síntomas y dolencias de la persona; este enfoque es fundamentalmente médico y es necesario implementarlo». Orantes habla desde una sala de juntas en el Ministerio de Salud, en el centro de la capital salvadoreña. El conocimiento, sin embargo, lo ha adquirido en las comunidades que ha tenido que recorrer para realizar los estudios que ha publicado en revistas médicas. «Pero, cuando esta enfermedad se presenta no en una, dos ni en tres; sino en muchas personas en un límite geográfico, social, ambiental y con características específicas de condiciones laborales insalubres, entonces esto ya no es un problema individual, sino que un problema de las colectividades humanas».

La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales presenta números elevados desde México hasta Panamá, pasando por el corredor del Pacífico centroamericano. De acá que los especialistas se hayan puesto de acuerdo para llamarle nefropatía mesoamericana. «Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de epidemia. Y como afecta a más de dos países, esto ya se convierte en pandemia», explica con alarma Orantes, una de las voces más autorizadas del continente.

En Monjarás, Ángel y sus vecinos no lo ponen en palabras, pero llevan años de experimentar en carne propia esta pandemia que se ha afincado en las comunidades agrícolas del Pacífico, sin que, hasta el momento, haya podido ser detenida.

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Honduras está dividida en 18 departamentos en donde viven 9.2 millones de personas. Choluteca y Valle son los dos con más incidencia de enfermedad renal crónica. Entre 2016 y 2017, 2,839 personas egresaron de los hospitales públicos de Honduras por este diagnóstico. De ellas, el 30 % dijo ser de alguno de estos dos departamentos. Es decir, 3 de cada 10 personas atendidas.

Choluteca y Valle aparecen también como dos de los departamentos más productivos. Solo con el melón de esta zona sur hondureña, en 2016 se llenaron y se exportaron más de 16,000 contenedores. Para 2019, los cálculos son todo arriba: el melón crecerá en un 13 %, la okra en un 19 % y la sandía en un 50 %. Y de esto lo que en Banco Central de Honduras destaca es la ganancia y el empleo.

«Esta es la zona del país aporta una gran cantidad de riqueza, pero mire a su alrededor, ¿en qué se nota para nosotros?», pregunta Marcos, ante las calles de tierra de la comunidad. Marcos es un líder comunal que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato, porque en Choluteca hay más de cien defensores de los Derechos Humanos que han denunciado públicamente amenazas.

Marcos se equivoca. La productividad sí se nota en la comunidad, pero no como él quisiera. Estudios relacionan la presencia de cultivos masivos como un factor de riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. «Encontramos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los especialistas que lo firma.

En su casa, Ángel recuerda cómo solían ser sus días de trabajo: «Una vez, un tanque de Metil 800 que iba en un tractor se dio vuelta y todo me cayó a mí, me quedé ciego y por eso el tractorista me tuvo metido en el río como por media hora. Por más que ellas la lavaron, toda la ropa me quedó amarilla». Ángel habla frente a su familia. Porque, aunque el único que podría aparecer en las planillas de las productoras agrícolas sea él, en realidad, todos en esta casa de ladrillo crudo y letrina exterior han estado expuestos a los agroquímicos. A ellos, sin embargo, es a quienes menos contabiliza el sistema sanitario y social en general.

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

«Encontamos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes.

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Los cuatro productos más rentables del Sur -melón, sandía, okra y camarón- dejaron en 2018 divisas por 304.8 millones de dólares en Honduras. Lo que esta tierra produce viaja hasta los mercados de Alemania, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Francia, Japón, México, Reino Unido y Taiwán, entre otros. Lo queda acá después de producir tanto es, sin embargo, un paisaje vacío. Habitado, sí, pero por gente que convive con la muerte.

«Para donde mire hay una casa en donde hay alguien enfermo o alguien que ya se murió de eso», la frase no es una exageración. Marcos, el líder comunal en Marcovia, Choluteca, a unos pocos kilómetros de aquí y que ha venido a visitar a Ángel, hace recuento. Atrás de esta casa, murió hace poco un señor; al frente, a la izquierda, hay alguien más enfermo. Si se pregunta por el lado derecho, también.

Si Honduras tuviera un mapa con un punto rojo colocado en cada casa en donde hay alguien con daño en los riñones, esta comunidad de Monjarás sería toda roja. Pero Honduras no tiene este mapa, tampoco tiene estudios que profundicen en las causas de esta epidemia. Lo único que tiene es la cantidad de personas diagnosticadas. Entre junio de 2018 y junio de 2019, fueron atendidas en hospitales públicos 3,085 con enfermedad renal crónica en todo Honduras. De ellas, 806, dijeron ser de Valle y Choluteca. Estos dos departamentos, de 18 en total, acumulan el 26 % de casos.

Lo del melón ha sido meteórico, también. Para la cosecha de 2017/2018, las divisas generadas por la exportación fueron de 70 millones de dólares. Con base en esto, se calculó que la de 2018/2019 podía dejar hasta 90 millones de dólares. Pero la proyección se quedó corta, lo exportado superó los 110.

En su casa, Ángel hace otro tipo de cuentas. «Para que no nos saliera tan caro, nos habíamos juntado tres para pagar el taxi para ir a la diálisis en Choluteca«. Ángel hacía este viaje de 31 kilómetros con dos amigas, Rosa y Maura. Desde Monjarás, hasta Choluteca, en donde se encuentra el hospital de Diálisis de Honduras, la empresa a la que el gobierno ha subcontratado solo para brindar los tratamientos, el servicio de taxi cuesta 600 lempiras ($24). «Pero entre mi amiga la Rosita y la Maurita, solo nos tocaban 200 ($8) cada uno», cuenta Ángel antes de empezar a restar y multiplicar. «Ya hace un año, se murió la Rosita, y nos quedamos pagando 300 ($12) cada uno con la Maurita, para ir dos veces por semana».

La diálisis es un tratamiento que consiste, a grandes rasgos, en que una máquina hace el trabajo que los riñones ya no pueden hacer. Los pacientes deben estar conectados a esta máquina por entre cuatro y seis horas. Dependiendo del estado del riñón, un paciente puede necesitar viajar al hospital dos o tres veces por semana. Aunque hay personas que deben estar conectadas todos los días. «Me quedé pagando yo solo el viaje», dice Ángel. Maura falleció en agosto por complicaciones propias de la disminución de la actividad renal. Ángel, de verdad, va quedando solo.

http://guilles.website/dev/honduras-ecr/datavis.html

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La enfermedad renal crónica es un fenómeno tan focalizado en el corredor del Océano Pacífico de Centroamérica que, ya en 2013 fue la razón por la que los ministros de salud de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en El Salvador para declarar la investigación de este problema como una prioridad. En ese momento, las máximas autoridades sanitarias acordaron que dar tratamiento a los afectados y estudiar las causas de la enfermedad y los factores de riesgo serían una prioridad más allá de cada gobierno.

«Honduras no ha aportado nada a los estudios sobre esta enfermedad que sí tienen Nicaragua, Costa Rica y, a la vanguardia, El Salvador. Guatemala también tiene aportes, excepto nosotros. No porque no tengamos grandes volúmenes de pacientes, sino que por un problema de recursos, o de no tener ganas de ver que este es un serio problema», explica Gemmer Espinoza, desde su consultorio privado. Espinoza es nefrólogo. Es, de hecho, el único en Choluteca.

Espinoza también trabaja en Diálisis de Honduras, que es la empresa a la que el Estado ha contratado para dar los tratamientos de diálisis. Desde ahí ha podido, con base en la experiencia, trazar el perfil del paciente con enfermedad renal crónica. Es, por sobre todo, un agricultor. Pero también es, casi de manera indefectible, una persona que reside en las zonas vecinas de los cultivos masivos.

En Monjarás, las calles polvosas se llenan de gente al atardecer, cuando ha bajado un poco el calor. Hay jóvenes en las esquinas que comparten golosinas y hay niños que van en bicicleta. Si ha llovido, hay charcos de varios metros de largo, si el día ha sido seco, se levantan nubes de polvo. Por ratos, se llegan olores desde los campos de cultivos. El más molesto es el que llega de madrugada, con la fumigación que hacen los aviones.

Sin que se pueda basar en ningún estudio, porque no lo hay, Espinoza, el único nefrólogo de Choluteca, señala que un 80 % de casos llega en estadio 4 o 5, es decir, cuando ya los riñones han perdido casi toda capacidad de filtración y la terapia de diálisis es necesaria para prolongar la vida del paciente. A la empresa privada que brinda este servicio, el Estado hondureño le paga cerca de $100 por paciente, de acuerdo con fuentes que solicitaron anonimato. Los gastos indirectos, como el pasaje de bus o taxi colectivo, como el que pagaba Ángel con sus amigas, también enfermas, corren por cuenta de cada quien.

Vivir en esta zona hace que para Ángel y su familia aumente la posibilidad de sufrir enfermedad renal. Y, aunque las autoridades sanitarias de Honduras tienen información que lo confirma, esto no ha sido suficiente para acercar servicios, campañas educativas, diagnósticos tempranos o tratamientos. Salvo por los pacientes que se agolpan cada mañana en el hospital para recibir diálisis, esta enfermedad está invisibilizada.

Productividad. Monjarás es una comunidad rodeada de cultivos masivos, como el melón, la cañá de azúcar y la okra. Esta es una de las zonas más productivas de Honduras.

«En lo que coinciden El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras es en que la gente que enferma está relacionada de alguna manera con los macrocultivos. Porque veamos que la labor agrícola ha existido todo el tiempo. Para subsistencia se ha sembrado maíz-frijol, maíz-frijol. El factor que viene a ser distinto en este tiempo es el macrocultivo«, explica Espinoza. «Es difícil hacer una afirmación sin argumentos, como estamos en Honduras sin los estudios pertinentes, pero todo lo investigado afuera apunta al uso de pesticidas». Solo para tener una idea del uso masivo de agroquímicos, en Honduras se comercializan 129 marcas de Glifosato y 19 de Paraquat. Estos son dos de los químicos que los estudios científicos señalan como altamente tóxicos para el riñón.

Frente a la casa de Ángel han pasado varios hombres en bicicleta. Es el final de la tarde y, seguramente, vienen de realizar labores. Hace 4 años, Ángel también recorría estas calles en bicicleta, cuando, de repente, sintió un mareo que lo obligó a detenerse.

«Ahí ya venía con una gran calentura. Y se me empezaron a agarrar calambres en las piernas. Mandé al güirro (niño) a comprarme unas pastillas y un jugo», cuenta. Ángel no se curó con el jugo o las pastillas. Tuvo que ir al hospital, a varios, de hecho. Su diagnóstico, pese a vivir donde vive y haber trabajado en lo que trabajó, tardó en llegar. Porque el sistema tampoco está enfocado en canalizar de forma expedita estos casos. Se tardó por lo menos 4 meses en saber que tenía enfermedad renal y en recibir el tratamiento correcto: diálisis.

Esta falta de contundencia en cuáles son las causas de la aparición de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales ha retrasado también la ejecución de programas focalizados en las necesidades especiales de la población, como el diagnóstico temprano. Manuel Sierra, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Honduras, dirigió, en 2019, un estudio sobre la prevalencia de daño renal en los pacientes de los seis hospitales más grandes del país. «A los mayores de 18 años que se encontraban recibiendo atención en Medicina Interna les hicimos una pregunta de tamizaje: ‘¿le han diagnosticado enfermedad renal?’ Si respondía que sí, ya no podía participar».

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

Los investigadores encontraron a 774 pacientes que dijeron no tener ningún daño renal. Y, a la luz de los resultados de las pruebas, solo en el 20 % de los casos esto resultó ser cierto. «El 82% de los que aseguraban que no tenían nada, salió con algún nivel de daño: 8%, en estadio 1; 28 %; en estadio 2; 30 %, en estadio 3; 10 %, en estadio 4; y 6 %, en estadio 5», explica Sierra. Quiere decir que 8 de cada 10 de las personas que llegan a los hospitales por otros motivos, ya tienen sus riñones dañados y todavía no lo saben, todavía no se cuidan y todavía no reciben tratamiento adecuado. Y solo están a la espera de tener un colapso como el que, hace cuatro años, tumbó a Ángel de la bicicleta entre fiebre y calambres.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, 197 personas murieron en hospitales públicos por enfermedad renal crónica en Honduras. Aquel día en que Ángel tuvo que interrumpir su viaje en bicicleta, se dirigía al funeral de un amigo: El Chuta, un gran compañero de labranza y vecino. El Chuta murió por la misma enfermedad que tiene a Ángel tumbado hoy en la hamaca. Ángel lleva rato viendo morir amigos.

El estudio sobre prevalencia no diagnosticada de la enfermedad renal se está repitiendo, dice el doctor Sierra, pero ahora exclusivo para la zona de Choluteca. Mientras esto llega, en la comunidad de Ángel, la de las casas vecinas de macrocultivos y con agua de pozo, la enfermedad renal es un fantasma que se lleva a mucha gente y es, a la vez, un miedo. «Hasta ahora, ninguno de ellos (familia) padece esto, porque esta enfermedad es perra. Pero la veo a ella, mi esposa, que ya tiene calambres, y veo a aquel (hijo), también con lo mismo; aquí, no se sabe, es lo más triste, quizás solo esperan que todos nos muramos».

En manos privadas. El estado Hondureño ha subrrogado el tratameinto de enfermedad renal crónica a Diálisis de Honduras. Esta empresa recibe al menos $100 por cada sesión brindada a un paciente.

* Glenda Girón es becaria de la fundación Bertha de la generación 2019-2020

En esta casa no hay nadie

Ilustración de Moris Aldana

J​​​​​​​uan se levantó de un salto, prendió la linterna y caminó hacia el interior del edificio.

—Ahora vuelvo —dijo.

—¿A dónde va?

—Espéreme —respondió, desapareciendo en la oscuridad.

Unos momentos después escuché unos fuertes golpes desde el interior del edificio. Después, pasos. El foco vacilante de la lámpara.

El viejo cojo volvía.

—¡Ayuda! —gritó.

—¿Qué pasa?

—¡Sígame!

Caminé detrás de él intentando no caer. El viejo poseía un instinto de sobrevivencia muy desarrollado. Había algo animal en su actitud.

Llegamos hasta la boca del piso 7. Prendió la lámpara y me mostró un promontorio de cartones y piezas de madera.

—El escritorio del puto asesor jurídico… — dijo, riendo.

 

2

Yo no podía dejar de pensar en la posibilidad de que el Milenio se desplomara de un momento a otro. Años atrás NatGeo publicó un escalofriante documental sobre un edificio que se vino al suelo una hora después de ocurrido el terremoto de la Ciudad de México. Esas cosas pasan. En aquel momento, sin ninguna comunicación, imaginaba que la ciudad estaba en ruinas.

—¿Faltará mucho para el amanecer?

El viejo lanzó un gruñido, como si mi pregunta le importara poco. Le puso fuego a una pequeña pirámide de astillas y papeles, y sopló la llama con una cadencia bien aprendida.

En cosa de segundos el fuego lanzó resplandores contra las paredes. El lugar se llenó con la presencia de nuestras sombras. Se agigantaban y se achicaban, meneándose de un lado a otro, en una danza con ecos ancestrales. Aquel pasadizo de paredes ásperas y amenazantes se convirtió en una acogedora caverna. Hace medio millón de años una simple fogata debió tener significados inimaginables en la vida de nuestros abuelos homínidos. Ahora tenía una idea de lo que eso significaba.

Mi ropa comenzó a emanar un tibio vapor y me senté en el suelo sin poder apartar la mirada del destello reconfortante de las llamas. Juan se desnudó y arrimó al fuego cada pieza de ropa que se quitaba, como si fueran trozos de su propia piel.

—Esta cicatriz la tengo desde que era un bicho —dijo, con cierto orgullo, mostrando el corte de uno de sus costados.

Otra —añadió, señalando la zona de la ingle. Una abultada cicatriz de color púrpura sobresalía debajo de la rodilla. Era como un pequeño demonio marcado de cicatrices.

Se puso en cuclillas frente a las llamas y comenzó a contarme la historia de sus cicatrices.

 

3

A lo largo de su vida usó muchos nombres, pero el suyo, el verdadero, era Juan. Como su padre, que también se llamó Juan. Como su propio padre. Y como el padre de este, que recibió el nombre de su padre, un tal Juan Abrego. Su madre se llamaba María, igual que su abuela, y la madre de esta, que recibió ese nombre de su madre, que era el nombre de su propia madre, heredado de María López, la tatarabuela.

Todos los Abrego nacieron con la ayuda de una partera. Si la mujer preñada no conseguía parir la hacían que se confesara, y si con eso no podía dar a luz traían al marido para que se confesara. Cuando la criatura nacía, la partera le hacía una raya con tile en un pie, para que le ayudara a no perderse en los montes, y pasados doce días llevaban a la criatura donde un sacerdote para que le diera un nombre. Todos los así nacidos tienen el ombligo enterrado alrededor de un rancho. El rancho era un rancho a la orilla de un caserío y el caserío era un puñado de chozas echadas sobre una ladera del volcán. El nombre del volcán es Chinchontepec, y el del caserío, La Cayetana.

A medida que Juan contaba esa historia yo me imaginaba una larga trenza de Juanes y Marías emergiendo de la fogata y caminando de la mano hacia el horizonte mientras los astros giraban enloquecidos. Sonará estúpido, siento que estoy contando una versión tropical de Tierra de osos.

Al igual que la mayoría de los habitantes de ese lugar, sus padres, sus tíos y sus hermanos trabajaban desde mucho tiempo atrás para la poderosa familia Segura, propietaria de cultivos de café, caña de azúcar y algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista.

Todos los Juanes estaban acostumbrados a guardar silencio frente al mandador, el guardia, el cura, el alcalde y el juez. Las Marías también bajaban la vista cuando hablaba el juez, el alcalde, el cura, el guardia y el mandador.

Pero las cosas comenzaron a cambiar. Los Juanes y las Marías, los Humbertos y los Jesuses, las Marinas, los Abeles y las Lucrecias comenzaron su rebelión. La rebelión de las pequeñas cosas. Pidieron a los amos unos pocos centavos más por el jornal. Pidieron comida caliente. Dos cucharadas más de arroz. Una tortilla adicional. No lo consiguieron. Pidieron que les arrendaran tierras a buen precio para sus propios cultivos y para la crianza de sus animales, y protestaron porque

los pesticidas envenenaban el agua matando a los peces.

Algo les ha picado. Ya se les va a pasar, decían los patrones. Las cosas están bien y así deben seguir, decían.

Los Juanes y las Marías, los Humbertos y los Jesuses, las Marinas, los Abeles y las Lucrecias decidieron enviarles un mensaje a los patrones. Una noche cortaron a machetazos un campo de algodón a punto de brote, y los señores, enojados, llamaron a la Guardia. Dos parejas de agentes con los cascos calados hasta las cejas y los dedos puestos en el gatillo de sus fusiles entraron al caserío interrogando de forma amenazante a los pobladores. Todo lo que oyeron fue que nadie sabía nada. Los guardias se fueron advirtiéndoles que se anduvieran con cuidado.

Esa fue la noche del algodón.

Después vino la noche de la caña.

Un humo negro y olisco se elevó hasta el firmamento entre un resplandor de color naranja. Doce manzanas de caña ardieron esa noche. Cuando se hizo de día, una llovizna de ceniza cayó sobre los árboles, los techos, los caminos y la ropa tendida.

La madre de Juan barría el traspatio cuando escuchó el ruido de los motores. Llamó al bichito flaco y le dijo que fuera a esconderse, y que no saliera de allí hasta que ella fuera a buscarlo.

En las palanganas de cinco camiones venían los guardias dejando una hedentina a diesel y aceite quemado por donde quiera que pasaban. Se apearon de los vehículos y rodearon el caserío. Un grupo numeroso se apostó frente a la ermita con los fusiles terciados y un cabo ordenó a voces que todos salieran de sus casas. Para que no quedara duda de sus intenciones dispararon unas ráfagas al aire.

La gente salió con las manos alzadas. Los guardias acostaban a la gente, boca abajo, con la cara pegada al polvo y las manos sobre la cabeza.

«¡Ahora van a entregar las armas!», gritó el oficial.

Nadie respondió nada. A una orden, los guardias levantaron del pelo a unos hombres y, a la vista de todos, los golpearon con la culata de los fusiles hasta desfigurarlos.

Un joven se atrevió a protestar y lo mataron en el acto de un tiro en la cabeza. Su padre se indignó y también fue muerto.

Frente a la ermita se formaron charcos de sangre revueltos con la ceniza que seguía cayendo.

La bulla de que la Guardia estaba en el pueblo llegó hasta una finca de café, volcán arriba, donde se encontraba un grupo de cortadores. Ocho hombres bajaron al caserío para pedirles a los agentes que no maltrataran a la gente.

Los ocho fueron detenidos y llevados a un lugar donde les dieron muerte a cuchillo y dejaron sus cabezas en el camino.

Antes de retirarse, al atardecer, los guardias dispararon al aire. Juan escuchó la tronazón y sintió un quemón a un lado de la espalda. Era una bala perdida, que le entró en la carne rompiéndole una costilla.

—No tiene orificio de salida —me dijo, enseñándome

el calazo.

Los puntos de sutura le dejaron la piel como la espina dorsal de un pescado.

 

4

«Los proyectiles salían de la instalación del destacamento militar, en la represa, y caían en un macizo montañoso inclinado sobre el río. Cuando los soldados detectaban un movimiento extraño llamaban a una avioneta de observación para que les indicara las coordenadas y afinaran la puntería. Si las avionetas estaban ocupadas, simplemente disparaban contra lo que fuera.

«Los soldados percibieron un movimiento de personas entre los cerros. Temieron que se preparara un ataque contra la represa y lanzaron morteros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rondas o más. En realidad lo que se movía entre la espesura era una columna de ancianos, mujeres y niños que buscaban la manera de cruzar la frontera y refugiarse en las montañas de Honduras. Se extraviaron y fueron a parar a los cerros frente a la represa.»

Entre aquella muchedumbre venía la familia de Juan.

Al otro lado del río, sin enterarse de lo que estaba pasando, Juan se recuperaba en un improvisado puesto médico de un balazo que recibió cuando cargaba a una combatiente herida. En el intercambio de fuego, la muchacha recibió de lleno una ráfaga de tiros. A Juan le entró un balazo por la nalga y le salió por la ingle.

—Aquí —dijo.

Se bajó el calzoncillo y me mostró un desgarramiento rosáceo entre los pelos.

—Cuando me curé me enviaron al campamento de la radioemisora, donde los muchachos vivían como topos para no ser detectados.

 

5

Por fin, cerca de la medianoche me contó qué le pasó después de que dejamos el taller donde tenían al X.

—Salí de mi casa a la discoteca y cerca de la parada de buses miré la Chevrolet negra.

—Era gris —le interrumpí.

—No. Era negra.

—Quizá era otra —insistí.

—Tenía la misma placa. Yo la memoricé mientras usted estuvo adentro. Alguien permanecía frente al volante porque estaban prendidas las luces de los frenos. En ese momento salieron dos hombres con pistolas y las caras cubiertas. Venían por mí. Corrí en medio del gentío buscando la quebrada en dirección a La Tabacalera. Yo conocía bien esas calles. Cuando iba llegando al bordo de la quebrada me dejaron ir unos plomazos. Un tiro me pegó en un hueso, aquí, en la pierna, y caí al suelo. Como llevaba impulso, no me detuve. Me fui devanando entre piedras y breñales hasta que topé con una piedra grande en el fondo de la quebrada.

¡Calavera! ¡Calavera! ¡Sos hombre muerto! —gritó uno de ellos. Era Bartolo. Algunas piedras rodaron quebrada abajo. Venían por mí. Saqué la mecha, me aposté en la piedra y les solté unos pijazos. No se lo esperaban. Los tipos respondieron, pero no tuvieron huevos de bajar. Todo quedó en silencio. Solo se oían los perros. Me mantuve alerta, con los dientes apretados, empuñando la mecha. Estaba mareado. Sonaban las putas chicharras. ¡Qué animales para chillar! Los árboles se volvieron invisibles. Alguien venía caminando, despacio, entre la hojarasca. Yo estaba listo para jalarle no más apareciera. Apareció entre la penumbra un chucho seco y jiotoso, que al verme salió espantado. Me apliqué un torniquete con el cincho. Soplaba un viento caliente, que no era de agua. Faltaba para que empezaran las lluvias. No iba a quedarme a morir en aquel zanjón. Tomé un trago del agua chuca de la quebrada y caminé río arriba, por toda la orilla. Cojeando. Ayudándome con una rama seca. En algún lugar alguien cocía frijoles. Juan, tenés que volver a probar frijoles, me decía a mí mismo, para darme ánimos. Se escuchaban risas, llantos de niños y toses que provenían de las covachas. Me detuve cuando sentí un mal olor. Estaba a unos pasos del basurero. No muy lejos de allí quedaba la 28 de Diciembre, donde vivía Santiago, un viejo amigo, conocido como Teo, aunque su nombre verdadero era Gerardo. La 28 nació como un campamento de refugiados. Le pusieron ese nombre porque las primeras familias llegaron a ese predio el propio Día de los Santos Inocentes. Trepé por la vereda de los pepenadores hasta la explanada. Unos perros salieron al paso gruñendo. La puerta de la casucha se abrió y en ese momento me desvanecí.

Desperté. El sol estaba alto. Una mosca sobrevolaba mi nariz. Entró Santiago. Teo, le dije, contento de verlo otra vez. Habían pasado varios años. Me pidió que no hablara. Ya habría tiempo de platicar. Santiago estuvo entre los primeros que llegaron a la 28. Terminó la guerra y los refugiados volvieron a sus lugares. Santiago prefirió quedarse en la ciudad. Ya no quería ser campesino. Había aprendido un oficio. Su compañera se hizo enfermera y trabajaba en la clínica comunal. Sus hijos se hicieron muchachos grandes, con novias y amigos. Ninguno quería volver al pasado. Pero el pasado lo persigue a uno.

«Una de las primeras cosas que le pedí a Santiago fue que averiguara cómo estaban mi mujer y mi hijo. Mi niño estaba enfermo. Nació con un problema. Aquel mandó a un cipote a vender jocotes embolsados. Llegó a la casa, golpeó la puerta y nadie respondió. Volvió al día siguiente. Pomponeó la puerta. Nada. Una mujer le dijo ‘en esa casa no hay nadie’. Era merodeada por hombres en automóviles. Que se fuera de allí. Nunca volví a saber nada de mi mujer y de mi niño. Dejé las cosas como estaban. Ni loco se me hubiera ocurrido ir a la policía. La bulla del hombre vaciado estaba en las noticias. Era obvio que Bartolo estaba involucrado en esa muerte y que me buscaba para no dejar testigos. Pensé que usted era parte de ese plan. Juré que iba a matarlo si volvía a encontrármelo. Lloré amargamente la pérdida de mi familia, sin mencionarle a nadie una palabra. A Santiago le dije que el ataque que me hicieron era obra del enemigo. Escuadroneros. Santiago pensó igual. Todavía estaba fresco el recuerdo de los guerrilleros que aparecían muertos después de la paz. Grupos armados que actuaban al margen, se decía. Uno nunca lo sabe todo. Ni hace falta. Éramos personas acostumbradas a no preguntar más de lo debido.»

Santiago se enteró de que unos desconocidos llegaron a los alrededores preguntando por un herido, un tipo peligroso que era buscado por las autoridades. Era hora de marcharse. Necesitaba una nueva identidad y largarse a donde nadie lo conociera. Se dejó el bigote. Se decoloró el pelo hasta dejárselo blanco, como el de un viejo. El trámite para su nuevos papeles no fue complicado. Los sediciosos quemaron numerosas alcaldías. Al finalizar la guerra un arreglo transitorio estableció que una persona podía obtener un documento de identidad presentando a dos personas que legitimaran la veracidad de su origen. Santiago y su mujer acompañaron a Juan a la alcaldía de San Pedro Perulapán, donde los registros municipales fueron reducidos a ceniza, y en cosa de minutos consiguió un nuevo documento. Pasó a llamarse Noé Basilio Monge. Soltero. Agricultor. Se despide de sus amigos. Inventa una historia sobre su origen y sus calamidades. No es pecado engañar al diablo.

Mecapalero en Gotera.

Pescador en La Barra.

Pordiosero en Divisadero.

Cortador en Nuevo Edén.

Mesero en una pupusería de El Amatillo.

Con el paso de los años, Juan decide acercarse a las ciudades, donde es más fácil encontrar algo que hacer.

Ayudante de fontanero.

Motorista de un picap de mudanzas en San Miguel.

Alquila una pieza en La Curruncha, en la falda del volcán Chaparrastique. Vive rodeado por cuatro bandas de malhechores. Sale ileso de un fuego cruzado entre un grupo de exterminio y una clica de pandilleros.

 

6

Dos tipos vestidos de payasos suben al bus. Uno de ellos camina hasta la puerta de salida haciéndoles muecas a los pasajeros. El otro se queda a la entrada. El vehículo sigue su marcha.

—¿Les decimos, vos? —grita uno, con voz chillona.

—Mejor no. No van a querer —responde el otro, riéndose.

—Entonces, ¿les cantamos?

—Vos cantás muy feo.

La gente se ríe.

—Y ustedes, ¿de qué se ríen? ¿Me ven cara de payaso? —reclama. La gente se ríe a carcajadas.

Mirá, se están riendo. ¿Les decimos?

—Ya te dije. No van a querer.

—Les voy a preguntar.

El payaso se dirige a la gente.

—¿Quieren que se los digamos?

—Sí —responden unos niños.

—¿De veras quieren que se los digamos? — grita el otro, desde atrás.

—¡Sí!

—Vaya pues. Todos tienen que decir que sí.

—¡Sí! —responden los pasajeros.

—¡No se oye! A ver, ¿de veras, quieren que se los digamos?

—¡Sí! —grita la gente.

—Vaya. Se los vamos a decir —dice el payaso, sacando un enorme cuchillo.

—¡Este es un asalto! ¡Nadie se mueva! —grita el otro, pistola en mano.

Los payasos desvalijan a los pasajeros. Teléfonos. Cadenas. Monederos. Golpean a quien se les resiste. Uno de los payasos llega al lado de una muchacha.

—¿Nos llevamos a esta? —grita.

—Está bien buena. Démosle remolque —responde el otro.

El payaso le pone el cuchillo en la garganta y le soba una chiche. La joven se rompe a llorar. Un hombre que comparte asiento con Noé golpea al payaso. Se arma una pelea. El payaso de la pistola dispara a mansalva. Todos gritan. El motorista frena el bus. El payaso del puñal pierde el equilibrio y cae sobre la gente. Noé intenta cogerlo. En medio del forcejeo recibe un golpe en un ojo. Los payasos saltan a la calle y huyen despavoridos disparando al aire. En el interior del bus quedan personas heridas. El hombre que venía sentado al lado de Noé mana sangre por la garganta. A Noé le inyectan un sedante, le colocan una bolsa de

hielo en el ojo.

«¡Juan!», le susurra al oído una voz de mujer. Cree que está soñando. Abre los ojos y mira a una oficial de la policía. Ha llegado a tomarle declaración. «Me ha confundido. Mi nombre es Noé», responde. La mujer lo tranquiliza. «Te conozco.

Sos uno de los Abrego.» Escribe su número de teléfono en un papel y se lo introduce en un bolsillo.

—¿Quién era ella? —le pregunté.

Mélida. Su familia es de mi cantón. Me recomendó para este trabajo —dijo, señalando el pasillo oscuro.

 

7

—Y la Dante… ¿supo cómo pasaron las cosas? —me preguntó Noé.

—La Dante —repetí, saboreando el nombre—. Ninguno sabe bien cómo pasaron las cosas.

Noé se rió.

—Yo no tengo las manos manchadas con la sangre de ese muchacho —contestó.

—¡Matarlo no estaba en el plan!

—Y entonces ¿qué pasó?

—Les ordené que lo soltaran. No me obedecieron. El lunes el hombre apareció en todas las noticias…

Juan se puso de pie, con el foco en la mano.

—Intentaron matarme.

—Nunca volví a saber nada de Bartolo. Bueno, sí. No sé si se enteró…

—¡Ese maldito! —exclamó, y escupió en el piso.