Las grietas del milagro chileno

Fotografía de Connectas

Los vagones del metro están calcinados. También los tres cajeros automáticos de la estación donde se detuvieron. Los rieles de la línea férrea subterránea destruidos. Todo ahí abajo está completamente cubierto de cenizas. El olor a humo y fierro quemado es penetrante y a ratos cuesta respirar sin toser.

Afuera de la estación, un grupo de jóvenes militares armados impide que ingresen los transeúntes. Dentro se encuentran familias y vecinos del sector de Lo Prado, en la zona poniente de Santiago, la capital chilena. Son unas cincuenta personas que, con palas y sacos, limpian lo que quedó de la estación San Pablo, la última de la línea 1 que cruza la ciudad conectando oriente y poniente.

Rosa Pinto llega temprano con su suegra y sus nietos. Quieren acelerar el proceso de reconstrucción de la estación que fue quemada el sábado 19 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales que estallaron de forma masiva en el país con mejores índices de desarrollo humano de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Junto a ellos, con guantes gruesos, un delantal azul y el pelo recogido, Gladys Zúñiga, una mujer de 53 años nacida y criada en la comuna, barre indignada el hollín de la estación. Cada cierto rato interrumpe sus quehaceres, mira fijo a la cámara y despotrica, con las manos alzadas, en contra de las razones que la han mantenido por años inconforme y que hoy, en un escenario calcinado, la tienen furiosa. A 12 kilómetros de ahí, Patricia Aravena escucha un helicóptero sobrevolar su casa y recuerda el miedo que sintió de niña cuando los militares también recorrían las calles de su barrio.

Sus relatos dan claves para comprender la rabia que ha estallado en Chile, como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

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LAS PROTESTAS EN EL PAÍS SUDAMERICANO estallaron luego de que el presidente Sebastián Piñera -aconsejado por un consejo técnico de expertos- anunciara un alza en el pasaje del metro de 40 centavos de dólar, quedando el precio en 1,17 dólares. Chile ya estaba en el noveno lugar en la lista de 56 países de la OCDE, con el sistema de transporte público más caro.

En rechazo a la medida, los escolares compartieron información y memes en redes sociales, y se organizaron para llamar a una evasión masiva del pago del pasaje. Cientos, algunos usando el uniforme de sus liceos, comenzaron a saltar los torniquetes del tren subterráneo.

Según una minuta reservada del Ministerio del Interior, elaborada con información entregada por Carabineros de Chile, el jueves 17 de octubre una turba de 400 personas rompió los torniquetes de la estación de metro San Joaquín. Al día siguiente, siete estaciones de metro fueron incendiadas. En una, el fuego lo alimentó un televisor plasma, lanzado con furia a los rieles.

Ese viernes el metro cerró progresivamente las 136 estaciones que conectan sus 7 líneas de trenes subterráneos, por las cuales se transportan a diario más de 2,6 millones de personas.

Patricia Aravena es técnica en Enfermería y trabaja en un centro médico en Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Por los desmanes, estuvo detenida 45 minutos en un tren del Metro sin poder acceder a la estación. Cuando pudo salir a la calle, no sabía bien dónde estaba ni cómo llegar a su casa.

Eran las 5 de la tarde y hordas de santiaguinos colapsaban las calles.

«Me empecé a angustiar, cuando a una la sacan de su ruta habitual se desconcierta, no sabía qué hacer», cuenta Patricia, quien vive en Recoleta, al norte de la capital.

Las micros iban repletas y había un desconcierto generalizado en medio del caos. Sin la posibilidad de tomar buses, taxis o servicio de Uber, la gente empezó a caminar. Hubo quienes tardaron ocho horas en llegar a su casa, atravesando a pie una ciudad de 7 millones de habitantes.

Un taxista que manejaba con su mujer y su bebé, vio a Patricia parada en la avenida y le ofreció acercarla a su casa. Cuando llegó, su barrio no se veía igual que por la mañana. El supermercado y la farmacia serían saqueados y la estación de metro Zapadores, a dos cuadras de su casa, incendiada.

Esa noche, el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que produce y distribuye energía eléctrica y gas, también fue incendiado. Testigos llamaron a las radios contando que escucharon una explosión y luego el fuego subió por las escaleras del inmueble de 19 pisos, ubicado en pleno centro de Santiago.

Mientras miles de personas intentaban llegar a sus casas en medio de las manifestaciones, el Presidente Piñera fue a comer a una pizzería en un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto. Alguien que comía ahí también lo fotografió, subió la imagen a redes sociales y así Patricia y Gladys lo vieron en sus teléfonos móviles.

La indignación se hizo sentir en las calles y de regreso al palacio de Gobierno, el Presidente Piñera decretó estado de Emergencia Constitucional –que implica reducción de libertades de tránsito y reunión-, dejando al General Iturrieta a cargo de mantener el orden público. Él determinó que Santiago tendría toque de queda; el primero desde el retorno a la democracia dictado por protestas sociales y no por una catástrofe natural.

Gladys lo vio por televisión. A una estación del metro San Pablo, en Pudahuel, un supermercado Líder, propiedad de la empresa transnacional Wallmart, era saqueado e incendiado. Corriendo por los pasillos -incluso cuando comenzaron las llamas- adultos, adolescentes y algunos niños y niñas, sacaban mercadería, lavadoras, refrigeradores, televisores plasmas y otros bienes de consumo.

Ya van una semana de protestas en Chile, y en sus 16 regiones se concentra gente cada día en la calle haciendo sonar cacerolas para reclamar cambios a un sistema económico que tiene al país tercero en el índice de desigualdad de ingresos de la OCDE de este año. Las bajas pensiones, el alto costo de salud y educación, y los bajos salarios respecto al costo de la vida, son las principales grietas de un modelo que parece haber agotado la paciencia de los chilenos.

Diez regiones están con toque de queda nocturno. En Santiago, veinte estaciones de Metro fueron incendiadas, 24 buses calcinados y en el país cientos de supermercados y farmacias saqueadas.

A Patricia le da tristeza decirlo, pero cree que son los mismos vecinos los que asaltaron los negocios de su barrio. «Como que quisieron empoderarse de algo», dice, y «se empoderaron de lo primero que tuvieron a mano». Es que «fue de la rabia de ese minuto, no lo pensaron más allá y actuaron no más», intenta explicar.

En algunos sectores, vecinos y vecinas usando chaquetas amarillas se organizaron en la noche para impedir que se vandalizaran sus barrios. Eso no ocurrió donde vive Patricia. «La convivencia se perdió un poco porque estamos divididos por lo malo que se hizo. Porque nuestros mismos vecinos se tomaron estas cosas; y ver todo lo perjudicado que quedamos, lo solos que quedamos en este minuto», lamenta.

Francotiradores posicionados en el techo de la Escuela Militar buscaban intimidar, apuntando sus armas a manifestantes que llegaron por primera vez a protestar a ese sector acomodado de la capital, revelando la transversalidad del descontento ciudadano entre sectores de distintos ingresos como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

Hasta ese jueves, el Colegio Médico contabilizaba 3,500 personas heridas en manifestaciones y 45 de ellas habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. 18 personas habían muerto, tres de ellas por impacto de bala de funcionarios militares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 245 personas habían sido heridas por armas de fuego. El Ministerio del Interior registraba más de 5,300 personas detenidas y 626 funcionarios policiales y militares lesionados. 297 menores de edad habían sido arrestados y el INDH había presentado 59 acciones judiciales; 45 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 9 por violencia sexual y 5 por homicidios de personas que habrían muerto por causa de agentes del Estado. 20 personas estaban hospitalizadas con riesgo vital.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

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«UNA MIERDA LA SALUD AQUÍ EN CHILE, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza», dice Gladys con rabia. «La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera. ¿Por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos? Despertó Chile, Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón», reclama. Su descontento, es el reflejo de muchos que en su vida cotidiana no han sentido que viven en uno de los países más prósperos de Latinoamérica.

La rabia de Gladys tiene sus orígenes en la inequidad producida por un sistema económico implementado bajo la dictadura de Pinochet en los años 80. El llamado «milagro» de su sistema económico, comenzó cuando un grupo de economistas chilenos que había estudiado en la «Chicago School of Economics» con Milton Friedman, el llamado padre del neoliberalismo, asesoró al dictador Pinochet en la creación e implementación de políticas que permitieron instaurar una economía de libre mercado, privatizar la salud, la educación, el agua, la jubilación y los recursos naturales.

Juan Andrés Fontaine fue uno de los llamados «Chicago Boys», hoy ministro de Economía. Días antes de que las protestas paralizaran la ciudad, y haciendo frente al descontento ciudadano por el alza del pasaje, dijo a la prensa que, para evitar pagar más, la gente podía madrugar y tomar el tren a las 7 de la mañana.

«Un señor dijo que había que levantarse a las 4 de la mañana, para que el metro fuera más barato, qué idiota; oye, han matado a niños por un cigarro, han matado a jovencitas; ¿se tienen que levantar tan temprano para que la tarifa del metro y la micro les salga más barata? Por favor, no estamos, no sé po, en Las Condes, estamos en pueblo de nadie», reclama Gladys.

El modelo económico que Chile instauró, generó un desarrollo que ha sido admirado en América Latina por lograr uno de los crecimientos más rápidos de la región; aunque ello no derivó en mayor igualdad.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

«Vamos a tener que ceder nuestros privilegios y compartir con los demás», dijo nerviosa Cecilia Morel, la Primera Dama chilena, en un mensaje privado de voz que envió luego de que estallaran las protestas sociales masivas. Estas le produjeron un desconcierto tan grande que las comparó con una «invasión alienígena».

Patricia también estaba acongojada, aunque su preocupación no era por perder privilegios.

«A mí me asusta porque se ve el comienzo, pero no se ve el fin que esto vaya a tener. Balazos múltiples, el helicóptero que está arriba de mi casa permanentemente, los milicos que pasan a cada rato; nos quedamos sin supermercados, sin farmacia, sin locomoción, sin metro. En este minuto nos sentimos aislados, como en una isla, y sentimos que la propia gente nos está traicionando por decirlo de alguna manera», cuenta.

En las calles. Los cuerpos de seguridad han ocupado también las calles de las principales ciudades de Chile.

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SENTADA EN EL PATIO DE SU CASA, en Lo Prado, Gladys recuerda los años de niña en los que cerca de su calle, las aceras eran chacras donde cosechaba papas, lechugas y tomates. No eran épocas de abundancia, pero nunca faltó el carretón de verduras y el puesto de la feria para vender hortalizas nunca estuvo vacío. Gladys es vendedora informal, una categoría que en la estadísticas oficiales la ubica como empresaria independiente. Su economía depende de las empanadas y pasteles de choclos que es capaz de vender al día en la feria de su barrio. Aquella que se instala muy cerca del metro chamuscado.

Gladys dice que pensó que al volver la democracia en los años 90 su vida iba a ser mucho mejor. «Pero fue peor», lamenta. «Empezaron las alzas, vamos subiendo las cosas», alega.

En un país en que un parlamentario gana mensualmente hasta 13.000 dólares – 31 veces el sueldo mínimo-, cuando Gladys vende 30 empanadas, anda feliz. Pero el entusiasmo dura poco. El ingreso se diluye rápido detrás de facturas de agua, gas y electricidad, que sólo este año ha tenido un alza en la tarifa de un 19 %.

El sueldo mínimo en Chile es de 423 dólares y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 562 dólares al mes. Es un monto alto para la región, pero el costo de la vida es más caro y el dinero «no alcanza», dice Gladys. El arroz, las papas, el pan, el aceite y los huevos, son más caros en Chile que en cualquier otro país de Latinoamérica, al igual que el alquiler, afirma un artículo de este mes publicado por la BBC Mundo.

«Si en la feria la gente pudiera pagar con tarjeta, acá se comprarían hasta la última papa», dice.

En Chile, las tarjetas de crédito de bancos y casas comerciales son la forma en que las personas pueden acceder a una vida que no siempre pueden financiar. «La gente ya no tiene dinero en los bolsillos, andan todos con las tarjetas», asegura Gladys. Ella tiene la tarjeta de la casa comercial «Corona» y gracias a eso su hijo pudo comprar en cuotas su teléfono móvil.

El año pasado, las deudas de las familias chilenas llegaron a su máximo histórico y el FMI catalogó, en 2017, al país como aquel con los hogares más endeudados de América Latina.

Estudiar ha sido, por décadas, una de las deudas más pesadas.

En pie. Postales de la semana de protestas que remecen al país sudamericano que durante décadas fue elogiado por su modelo económico.

Gladys vive con su hija y sus dos nietas. Le gustaría algún día verlas estudiar en la universidad, dice. Doctora, ingeniera. Pero el sueño es ambicioso. Quizás, si alcanza, sea para una de las niñas y piensa en cómo podría su hija elegir cuál. «No se puede», dice.

En 2015, Chile era el cuarto país con los aranceles universitarios más caros del mundo, según datos de la consultora inglesa Expert Market. Las familias gastaban en promedio 73% de su sueldo en financiar una carrera universitaria, dicen las cifras del estudio citado internacionalmente.

Aún la universidad debe pagarse, incluso en un establecimiento público, ya que este debe autofinanciarse. La educación superior había sido gratuita en el país hasta 1981, cuando Pinochet flexibilizó los requisitos para crear universidades privadas, estas se multiplicaron y fijaron sus propios aranceles.

Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 las que pusieron en la agenda el acceso a una educación pública gratuita y de calidad como un derecho y no un bien de consumo. Hoy, con la «gratuidad» aprobada, sólo pueden estudiar gratis quienes pertenezcan a familias del 60 % de menores ingresos de la población y hayan ingresado a las instituciones que están adscritas a ese beneficio.

El país tiene también uno de los sistemas de educación escolar más segregados del mundo. 9 de los 10 colegios con mejores puntajes en la prueba de selección universitaria del año 2018 son particular pagados. Sólo uno es municipal y gratuito. Para estudiar en alguno de esos nueve establecimientos durante un año, una familia deberá desembolsar más de 3,400 dólares si quiere inscribir a un hijo en el más barato, y más de 17,600 dólares para incorporarlo al más caro.

Las nietas de Gladys, asegura, jamás podrían asistir a uno de estos establecimientos pagados.

Las condiciones en muchos de los establecimientos públicos no son óptimas. En 2013, cuando Chile crecía al 4.1 % y el presidente Piñera ejercía su primer gobierno, más de mil establecimientos no tenían agua potable de forma constante, y más de 70 tenían sólo letrinas y no baños. Cinco años después, en julio de 2018, los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados insistían en acceder a recursos para mantener y arreglar su infraestructura.

El entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo: «Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?… La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga».

Para Gladys, quien antes de ser feriante trabajó en la construcción, limpió departamentos y sacó escombros, los dichos de Varela reflejan la enorme desconexión de la clase política con la ciudadanía.

En las masivas protestas que continúan a lo largo del país no se ven pancartas ni banderas de partidos políticos. A Gladys tampoco le interesa nada de eso. En sus cinco décadas dice haber visto todos los colores, todos los discursos, todas las promesas desfilar delante de ella. Nunca el resultado fue lo que esperaba. Ni en los 23 años de gobierno de la centroizquierda, ni en los 6 años de la derecha.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. “Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, dijo. Esto le costó el puesto.

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GLADYS ES DIABÉTICA y sus controles médicos los hace a través del sistema de seguro de salud público, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa. A veces, imagina que sería bueno vincularse a una Isapre, Institución de Salud Previsional del sistema privado, y así, tal vez, podría acceder de manera más barata a una clínica, también privada, y acortar los tiempos de espera. Si se rompiera una cadera, podría operarse inmediatamente y no pasar por los 469 días de espera promedio que toma una cirugía traumatológica, según datos del Ministerio de Salud. El 42 % de los pacientes de Fonasa que van a ser operados de alguna patología, espera al menos un año para ser tratado. En el sistema público no hay suficientes camas, ni médicos.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. «Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social», dijo. Esto le costó el puesto.

Pero Gladys sabe que tener Isapre tampoco es la mejor opción. Sabe que también aquellos que pagan por el sistema privado han salido a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Por el alza de precios en los planes de salud, por la baja cobertura, por las preexistencias, por el acceso restringido a centros de salud.

Estallido social. La noche en la que estallaron las manifestaciones, el presidente Piñera cenó en un restaurante.

Como sea, en cualquiera de los dos casos, privado o público, si Gladys compra medicamentos de marca en una farmacia, deberá pagar por ellos más de lo que gastaría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú o en México.

Le angustia pensar en su vejez, ajustada de maneras que no logra imaginar, a una pensión que, en promedio, alcanza los 266 dólares mensuales para las mujeres.

El sistema previsional chileno fue creado en 1980 por José Piñera, hermano del Presidente, y es uno de capitalización individual obligatoria. Esto significa que una persona que percibe una remuneración debe depositar cada mes el 10 % de ella en una cuenta personal que maneja una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Estas AFP son privadas y cobran un porcentaje por gestionar la cuenta, independientemente de la rentabilidad o pérdida que tengan.

El sistema ha sido altamente beneficioso para los grupos económicos chilenos. Un estudio de la Fundación Sol concluyó que el 58 % de los dineros de los futuros pensionados, más de 124,336 millones de dólares, es invertido en empresas de los grupos Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari.

Gladys lo sabe bien y tiene una opinión al respecto: «La AFP (administradoras de pensiones) le está robando a todo el mundo nuestro dinero, y ellos se la trabajan para el bolsillo de ellos, todos esos ladrones ricos, que mandan el país de Chile»

La pensión que reciba cada persona al jubilar dependerá del monto que alcanzó a reunir en su cuenta, de la cantidad de años en que cotizó y de la buena o mala inversión que hizo la AFP con el dinero que el trabajador aportó. Los hombres, por ejemplo, reciben 445 dólares mensuales en promedio.

«Por eso los viejos están enfermos. Se enferman de estrés», dice Gladys.

Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios con 17.7 casos por cada 100 mil habitantes, según un estudio realizado por Ana Paula Vieira, académica de Gerontología de la U. Católica y presidenta de la Fundación Míranos. Solo entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en el país.

Recuerdos. Gladys Zúñiga con su hijo cuando terminó la educación primaria.

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ES MARTES EN LA NOCHE, han sido cinco días de intensas protestas. Luego de pedir perdón por la «falta de visión» de los problemas del país, el Presidente Piñera anuncia las reformas con las que busca responder al estallido social y mitigar la tensión: un aumento del 20 % a la pensión básica solidaria, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas para poner «un techo al gasto de salud de las familias», un ingreso mínimo garantizado de 480 dólares para los trabajadores de jornada completa, un 5 % más de impuestos para las rentas superiores a 11,000 dólares, bajar la dieta parlamentaria, entre otros.

Si el Presidente Piñera hubiese anunciado esos cambios antes del 18 de octubre, quizás hubiese sorprendido a los chilenos; pero ahora, en realidad, Patricia no sabe cómo determinar si eso es un buen punto de inicio. Le molesta que se hable de cambios que esperan en el Congreso hace cinco años, como la rebaja del sueldo parlamentario, que cuando fue propuesta por diputados de un nuevo frente político, estos recibieron burlas de diputados y senadores.

«Hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia, que están decididos a todo, a dar la pelea, versus los viejos que estamos esperando que pase no sé qué», dice Patricia. Aunque está asustada, cree que se necesita tener una nueva Constitución, hacer asambleas libres y consultas ciudadanas reales. «Que hubiera gente que realmente nos represente en los partidos, en el Senado, pero yo veo que en este minuto nadie nos representa… ni por la educación, ni por la salud, ni por los viejos. Nos sentimos como a la deriva», lamenta.


Esta colaboración sobre el panorama chileno fue realizada por Paulette Desormeaux y Michelle Carrere para CONNECTAS.

Angélica no migra, huye

Ilustración de Moris Aldana

Angélica recibió la llamada de un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) que le advirtió que ella y su familia estaban en peligro. Alguien los estaba buscando para asesinarlos. Ella, sus dos hijos y su madre huyeron de su hogar con lo que tenían puesto y nada más.

Aquella tarde, Angélica apenas venía de enterrar a sus dos hijas que fueron asesinadas por los mismos que ahora los estaban amenazando. Aún sin poder asimilar la pérdida, la familia escapó sin tener un lugar a donde ir. Era mediados de 2017.

Dos años después, en una mañana de finales junio, Angélica se prepara para migrar. Junto a ella partirán sus dos hijos y su madre. Son alrededor de las 9:30 de la mañana. Hace unas pocas horas, abandonaron una casa de resguardo para la protección de víctimas y testigos de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).

Ella empaca, en prisas, lo poco que le queda y se despide de sus hermanas y sobrinas que, cree, nunca volverá a ver. Huye de la delincuencia y de un Estado que no la pudo proteger.

Entre marzo de 2018 y abril de 2019, 634 personas se desplazaron de manera forzada a causa de la violencia de acuerdo con las instituciones estatales. Sin embargo, lo que domina este fenómeno es el subregistro. La gente se va en silencio.

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Esta mañana es la primera vez, en un año y medio, que Angélica sale con un poco de libertad. Camina apurada y mira para todos lados desconfiada. Se ha bajado de un vehículo en el que, como mínimo, le ha dado unas cinco vueltas a la cuadra. Los pandilleros, los que mataron a sus hijas y luego amenazaron al resto de su familia, aún la buscan.

Antes de partir, Angélica ha decidido conversar sobre lo que la ha obliga a migrar. Solo tiene una hora para hablar. Dentro de poco, su vuelo despegará.

En una oficina que se ha acomodado como un salón de entrevistas, Angélica cuenta que, a mediados de 2017, perdió a sus hijas.

Angélica aún lo cuenta incrédula, sin poder comprender el porqué. Explica que la tarde en que desaparecieron, ellas salieron de estudiar y se reunieron con una amiga que les regalaría un par de pantalones y camisas. Luego de eso, no supo más.

Fabiola, una niña de ocho años y Marcela, de 20, estuvieron desaparecidas. Pero antes de que Angélica pudiera hacer una denuncia para iniciar la búsqueda, ella se enteró por la noticias que una niña y una joven con las características de sus hijas, habían sido localizadas por la PNC en un predio baldío.

Angélica entró en negación. No quiso creer que la noticia estuviera relacionada con la desaparición de sus hijas. Así que marcó y marcó el número de celular de su hija mayor.

La hermana de Angélica, al ver las noticias, se movilizó al lugar para saber si aquella dos personas eran, en verdad, sus sobrinas. Unas cuantas horas después, regresó con la confirmación de que las de las noticias sí eran Fabiola y Marcela.

«Todavía se me revuelven las tripas de solo recordar. No podía creer que fueran ellas. Esa misma noche, salí para el Instituto de Medicina Legal. Ahí me tocó reconocer a mis hijas», dice Angélica.

Así que, cuando el investigador llamó y los alertó de que los pandilleros «venían por ellos», Angélica no dudó en tomar lo que estuviera al alcance y marcharse junto con hijos y madre.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Cuando la familia huyó, dejaron casa, ropa, mascotas, trabajo; como la mayoría de víctimas de desplazamiento forzado. Sin hogar y con miedo, Angélica acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por ayuda.

Ante la petición, la FGR solo le dio la garantía de custodiar su hogar con agentes de seguridad, mientras ellos iniciaban las investigaciones por el asesinato de sus dos hijas. Ante el riesgo de que la vigilancia les diera más problemas. Angélica se negó a aceptar esta opción. Buscó ayuda de organizaciones sociales y solo interpuso la denuncia por los asesinatos.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar con la mayor discreción posible.

El Informe Preliminar de Registros sobre desplazamiento forzado de la PDDH, de 2017, detalla que «es muy común que la denuncia ocurra solo hasta después de haber agotado los recursos personales, familiares y las redes de relaciones sociales de las víctimas».

Angélica también agotó sus recursos. Junto a sus dos hijos y su madre se mantuvieron nómadas entre cuartos de hotel que costearon organizaciones sociales. Luego, durante siete meses, permanecieron en un albergue temporal hasta que decidieron que era tiempo de que el Estado respondiera por su calidad de desplazados.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Esta mañana, Angélica ha venido a la entrevista acompañada de uno de sus hijos, un joven de 24 años que desea platicar sobre los abusos que recibieron de parte del Estado cuando fueron «protegidos» en el programa de víctimas y testigos de la UTE.

Angélica y Mario recuerdan que, meses atrás, sin medidas cautelares, la UTE solo ofreció proteger a quien realizó la denuncia, ningún otro miembro de la familia podía ingresar al programa. La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT), no incluye a las víctimas en general, solo considera a las personas que son parte de un proceso judicial.

Al conocer las medidas de la CIDH, sin embargo, la UTE tuvo que hacer una excepción.

Cuando la familia ingresó al programa, en noviembre de 2017, Mario tenía 22 años, estaba recién graduado de bachillerato e iniciaba su vida laboral.

Su otro hermano tenía apenas seis años. Estaba a meses de iniciar su preparatoria y su abuela, una mujer de 74 años, se dedicaba a cuidar de sus nietos pequeños mientras Angélica trabajaba.

Mario asegura que antes de aceptar ser protegidos por la UTE, «ellos se la pintaron bonito», le aseguraron que contaban con todo lo necesario para protegerlos, pero no fue así.

En el resguardo, su hermano cumplió los ochos años y nunca recibió un refuerzo escolar. No tuvo la oportunidad de cursar ningún grado académico. A pesar de que la LEPVT, en su artículo 13 literal I, dice que se debe facilitar a víctimas y testigos la permanencia en el sistema educativo.

En cambio, Mario solicitó ser parte de talleres de formación técnica vocacional para contar con otras acreditaciones, pero no fue posible. La UTE no respondió a sus solicitudes. Esto a pesar de que la UTE y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) tienen un acuerdo, desde 2018, para que las personas dentro del régimen de protección a víctimas y testigos sean parte de procesos de capacitación profesional.

«Ahí, en la UTE, no están cumpliendo con protección. A uno, de víctima, solo le dan seguridad», asegura Angélica.

Hace énfasis en lo insalubre de la comida que recibían. «Si no estaba crudo, lo servían descompuesto». En los almuerzos, cuenta, era común el pollo;, pero, en toda su estancia, no recuerda ni una sola vez que la comida se sirviera en buen estado.

Además, en la semana, a la familia se entregaba un garrafón de agua, uno que debían racionar porque debían compartir la mitad con otras personas del hogar.

La atención médica tampoco era la adecuada. La familia debía esperar horas para trasladarse a un centro asistencial u hospital. No importaba la emergencia. En una ocasión, la madre de Angélica tuvo que esperar desde la 1:30 pm hasta 5:00 pm para que la llevaran a un hospital. Ese día, la gravedad fue tal, que la señora quedó ingresada.

La familia también solicitó en varias ocasiones, atención psicológica, pero no la recibieron. La psicóloga que los visitaba unas cuanta veces al mes, respondió a su petición y les dijo que ella solo estaba designada para realizar talleres generales y no para dar terapias o consultas a las víctimas o testigos.

Ante las condiciones, Mario denunció en tres ocasiones, a través de escritos, la situación que vivía el resguardo.

«Me quedé con esas notas que mandamos. Cada denuncia llevaba unas 2 o 3 páginas detallando los abusos», recalca Mario.

Lo que terminó por agravar su situación fue que, dentro del espacio, no solo habían víctimas de desplazamiento forzado. La familia convivió con testigos criteriados que podían, todavía, tener vínculo con la pandilla que los perseguía.

Un testigo criteriado, es una persona que confiesa su participación en un delito y aporta pruebas testimoniales o documentales que ayudan a establecer responsabilidades de otros implicados, a cambio de una reducción de pena o el beneficio de libertad.

«La UTE lo que hace es revolver a la gente. Ahí, un corre peligro. Al principio, estuvimos en una casa sola; pero, luego, fueron llegando más. Metieron a un señor que era un criteriado. Lo supimos porque él mismo contaba las cosas», reitera Mario.

Julio Magaña, Coordinador Nacional de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que trabaja con las víctimas de desplazamiento forzada, asegura que el sistema está creado para proteger testigos y no víctimas. «Esto es un gran vacío en la ley. No pueden estar mezclados víctimas y testigos en un mismo resguardo».

LAS MEDIDAS CAUTELARES

Antes de acudir a la CIDH, la familia también agotó los recursos legales y presentó una demanda de amparo, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde señalaron una serie de omisiones atribuidas a instituciones del Estado para su protección y garantía de justicia.

El amparo fue admitido hasta que la CIDH dictó medidas cautelares, en noviembre de 2017. Tres meses después de que se presentó el recurso.

La CIDH, luego de conocer el caso de Angélica, en octubre de 2017, concluyó que ella y su familia enfrentaban una situación de urgencia y gravedad frente al asesinato de sus dos hijas, las amenazas de la pandilla, la falta de un espacio seguro y medidas efectivas de protección por parte del Estado.

«Los integrantes de la familia se encuentran una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. El grupo familiar habría abandonado su residencia habitual, y buscando protección en diversos albergues para evitar un atentado en contra de sus vidas. Se solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar», detalla el comunicado de la CIDH sobre las medidas.

Sin un decreto legislativo, el Estado respondió a la medidas y acopló la LEPVT y el programa de Protección a Víctimas y Testigos, que está a cargo de la UTE, para proteger a Angélica y su familia.

A pesar de ello, en el informe de seguimiento que presentó el Estado salvadoreño a la CIDH, a solo un mes de aplicar las medidas cautelares, el gobierno solicitó a la Comisión levantar las medidas al asegurar que la «institucionalidad se encontraba operativa y que el Estado se mantenía supervisando a las instituciones responsables para cumplir las disposiciones».

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares aún siguen activas de parte de la CIDH.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

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De historia en historia, aquella mañana, Angélica y Mario llegaron a la misma conclusión: los pandilleros siempre los busca y el Estado siempre les falla.

En ese año y medio, el gobierno nunca les dio una opción para su reubicación, tampoco les propuso otra sola solución, aparte del encierro, y no les dio garantía de justicia por el asesinato de sus familiares.

«Hasta esta fecha, junio de 2019, no hay justicia. Mis hijos no han podido estudiar y yo no he podido trabajar. Queremos retomar nuestras vidas por duro que sea, pero ya no puede ser acá. Aquí no tenemos ninguna garantía», concluyó Angélica.

En El Salvador, por el momento, el único mecanismo de protección al que pueden recurrir las víctimas de desplazamiento forzado es la LEPVT. No hay otro respaldo. El Estado sigue sin crear una política pública, a favor de los desplazados.

Recientemente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha retomado el estudio de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado, luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera la sentencia 411- 2017 y ordenara al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas.

La discusión sobre la ley, sin embargo, es lenta. Los diputados llevan cuatro lunes, desde el mes de agosto, reescribiendo apartados de los primeros cinco artículos. Los parlamentarios aún deben revisar y aprobar 64 artículos.

En una de esas sesiones de la Comisión, los diputados discutían y concluían que para tener una propuesta de ley especial ‘pasaría un tiempo’ y no podían tomárselo a la ligera. Aunque ya ha pasado un año desde que la Sala emitió la sentencia.

Entre los diputados que conforman la Comisión están: Mario Tenorio, de Gana; Alejandrina Castro, Bonner Belloso y Ricardo Velásquez Parker, de Arena; Jorge Uriel Mazariego, del PDC; Eileen Romero y José Antonio Almendáriz, del PCN y Cristina Cornejo, del FMLN.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

«Es preocupante no tener una legislación especial que brinde los lineamientos y garantías para los desplazados internos. La vulneración que sufren las víctimas del fenómeno es más grande ya que no hay restitución de derechos fundamentales», expresa Fernández.

Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la Violencia (MCDF), a 100 días del gobierno de Nayib Bukele, ha solicitado que el Presidente se pronuncie a favor de una ley para las víctimas del fenómeno y que tipifique el delito de desplazamiento forzado, de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

De aquella mañana, ya han pasado dos meses. Angélica partió ese mismo día de El Salvador. Se marchó sin la esperanza de volver y migró porque el Estado no le supo responder.

La moribunda economía venezolana se toma un respiro

Venezuela. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Errol Irausquin ha encontrado un rentable nicho de negocio con su boyante restaurante Fat Panda, en la capital de Venezuela, pese al colapso económico que ha hecho que millones de personas abandonen su maltrecho país. Aprovechando el éxito que tenía vendiendo comida desde una camioneta, Irausquin llevó su menú de influencia asiática a un nuevo restaurante, donde ofrece emparedados picantes que gotean por los brazos de los clientes en un rincón acomodado de Caracas.

Pronto abrirá un segundo local, un atisbo de prosperidad en la pesadilla económica venezolana. “Parte de la población que decidió quedarse en el país”, comentó Irausquin. “Esa población necesita actividades. Esa población necesita salir, necesita socializar. Necesita estar al aire libre”.

El empresario no es un caso aislado. En aparente desafío a las apocalípticas predicciones de Washington sobre la inminente implosión económica, varios restaurantes y tiendas de moda llenas de productos de importación, desde Fruit Loops a iPhones, han brotado en Caracas en los últimos meses. Lo que impulsa ese resurgir es la decisión que tomó el pasado mayo el presidente, Nicolás Maduro, que pasó bastante desapercibida en su momento de suavizar los estrictos controles de la divisa introducidos 16 años antes. Eso permitió a los bancos comprar y vender dólares a cualquier cambio para facilitar que los empresarios operen en una moneda aceptada a escala internacional.

Al mismo tiempo, las autoridades socialistas están mirando a otro lado conforme el dólar sustituye a la moneda local, el bolívar, como una forma aceptada de pago incluso para pagar una porción de pizza. Algunos incluso señalan que ante el creciente aislamiento del país, los empresarios con buenos contactos, algunos de ellos sujetos a sanciones, están repatriando ganancias ilícitas obtenidas con contratos del Gobierno y por la venta ilegal de oro y drogas para financiar la construcción de nuevos edificios de oficinas y negocios.

El resultado es una dosis de adrenalina poco habitual para una economía que agonizaba. Por primera vez en años, la inflación que sigue entre las más altas del mundo ha perdido velocidad, los supermercados están surtidos y el instinto capitalista se está poniendo en marcha. Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

Sin embargo, para la menguante élite venezolana es un alivio tras años de pasear entre estantes vacíos en las tiendas y ver que sus restaurantes favoritos habían cerrado. En un sábado reciente había un ambiente de fiesta en una feria callejera, donde camionetas restaurante ofrecían comida junto a un pequeño parque, mientras el cielo se despejaba tras un chaparrón tropical. La música en vivo y las luces atrajeron a una multitud, dando la impresión de que la vida había vuelto a la normalidad. La división entre los pudientes y los pobres se torna más dramática conforme avanza la crisis, señaló Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanalisis, con sede en Caracas.

La principal línea divisoria es el acceso a dólares estadounidenses. Mientras que un adinerado quinto de la población disfruta de sus ahorros en bancos extranjeros y salarios de compañías extranjeras, cada vez más venezolanos dependen de los $4,000 millones en remesas enviadas por los 4 millones de compatriotas que han dejado el país en los últimos años.

El regreso de unas pocas comodidades tras años de escasez subraya la eficacia limitada de las sanciones para derrocar a Maduro, señaló León. Las protestas lideradas por Juan Guaidó, reconocido como mandatario legítimo del país por Estados Unidos y más de 50 países, se han ido diluyendo en la capital, aunque mantienen una alta participación en el interior, donde la situación económica es tan desesperante como siempre. “Vas a tener un país destruido y una burbuja que logra sobrevivir sin que el problema real termine por ser resuelto”, dijo León.

La inmensa mayoría de los venezolanos vive en una profunda pobreza sin ayuda del exterior. En torno al 80 % depende de comida subvencionada por el Gobierno y gana un salario mínimo en bolívares equivalente a $3.50 mensuales, que mengua cada día bajo una inflación que alcanzó el millón por ciento el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

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Todo esto en un país que estuvo entre los más prósperos de América Latina, productor de riqueza gracias a las reservas de crudo más grandes del mundo. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona. Pese al sombrío panorama, hay empresarios que aprovechan la oportunidad de cubrir la demanda de consumidores acomodados. Una de las tiendas de importación más exclusivas de Caracas ofrece servicio de aparcacoches. Dentro, asistentes personales cargan las canastas de los clientes desde el momento que entran hasta que están listos para pagar.

Pueden elegir entre una amplia variedad de artículos, como cerveza con sabor a sandía y sal baja en sodio, todo con precios en dólares. Otras tiendas venden cigarrillos electrónicos, limpiador facial de Neutrogena y cápsulas de Caffe Verona de Keurig Starbucks, la clase de objetos que llevan mucho tiempo desaparecidos en Venezuela. No todo son costosos artículos de lujo; también se ofrecen productos básicos, antes abundantes, de los que Venezuela ya no produce suficiente –como harina y aceite de cocinar– de modo que incluso familias con bajos ingresos pueden en ocasiones ahorrar para comprar unas pocas cosas.

Entre los que aprovechan el repunte económico está Daisy Romero. Harta de ver un descenso en las ventas de su tienda de modo, convirtió hace poco su pequeño local en una tienda de alimentación que ofrece paquetes de bienes importados que envía su hijo en Estados Unidos. El negocio va bien, señaló, indicando que los clientes entran entusiasmados en su tienda. “¡Wow! Pero qué tantos cereales hay aquí. Tenía años que no los veía”, dijo, repitiendo una reacción habitual entre los clientes.

“¿Qué cuesta? Dame uno, dame el otro”. El médico Jorge Hoegl entró en una nueva tienda de importación, donde había golosinas como helado Haagen-Dazs, que fue habitual en las tiendas venezolanas antes de que la crisis empeorara en los últimos cinco años. Aunque estas tiendas venden algunos medicamentos sin receta, la mayoría de la gente con enfermedades crónicas como la diabetes sigue teniendo problemas para conseguir los fármacos. Hoegl no cree que estos nuevos negocios sean la respuesta a los problemas de Venezuela.

“De pronto ves los bodegones y podrías pensar que todo podría cambiar o mejorar la economía”, dijo. “Sin embargo, yo creo que este tipo de cosas no van a mejorar una situación. Es un problema progresivo crónico que probablemente lleve más tiempo normalizar acá”.

Economía. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona.

Feminicidios: los crímenes que oculta el socialismo

Ilustraciones de CONNECTAS

La primera asesinada del año se llamaba Leydi Laura García Lugo y tenía 21 años. Pero es probable que no haya sido la primera. Tal vez por la conmoción que causó el hallazgo de su cadáver a un costado de la autopista nacional que conduce desde Santa Clara a Ranchuelo, y la inusitada confirmación del Ministerio del Interior, la suya sea la única cara visible del 2019, de varias mujeres que han muerto. Otras tantas fueron sepultadas por el silencio de la prensa oficial, que durante décadas ha tratado de fortalecer el postulado de que en Cuba no hay violencia de género y menos feminicidio. “Un efecto de la Revolución”, en palabras de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín. Hija de Raúl, sobrina de Fidel, quien habló para esta investigación realizada por Jorge Enrique Rodríguez para el Diario de Cuba y difundido por la plataforma periodística CONNECTAS.

Leydi Laura había hablado por teléfono con su madre la mañana del sábado 30 de marzo. Acababa de terminar la guardia en el Hospital ginecobstétrico Mariana Grajales del municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, como parte del servicio rotativo que debía cumplir en su cuarto año de Medicina. Le había anunciado que llegaría antes del medio día. Se encontraba sola, en la carretera, haciendo “botella” o como se conoce popularmente en la isla a la acción de pedir un aventón al primer vehículo que aparezca. Nunca llegó. Esa misma tarde, la familia denunció la desaparición y empezó una búsqueda desesperada por redes sociales que terminó trágicamente tres días después.

Eran las 11:00 del martes cuando el cuerpo de la joven fue hallado en medio de un cañaveral. Llevaba pantalones azules, de los que usan los médicos, calzado deportivo de igual color y una blusa manga corta blanca. “Tenía hematomas en la cara y abdomen”, según recoge el medio alternativo Tremenda Nota, así como “claras señales de violencia extrema”. Tanto que las autoridades no permitieron que su familia la vea y fue sepultada esa misma tarde en el cementerio local de Ranchuelo. Aunque se declaró que murió por estrangulamiento, nunca se esclareció si fue abusada sexualmente, y, como prácticamente todos los crímenes contra mujeres en Cuba, a falta de información los vecinos comenzaron a especular sobre las causas. Venganza familiar o feminicidio, se ubicaron como las principales motivaciones.

Ilustración de Connectas

El feminicidio es un término identificado por la ONU como el asesinato de una mujer por razón de su género que “ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado”. Un término del que se habla en voz baja en la isla y no es reconocido por la legislación cubana ni autoridades policiales ni tribunales, explica la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal CUBALEX. “La negativa a reconocer el feminicidio, en parte es ideológica, para llamarlo de alguna forma. El proceso revolucionario supuestamente tuvo en cuenta la progresividad de los derechos de la mujer y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reafirmó esa idea”, sostiene.

“La violencia de género, según el Estado cubano en sus informes presentados al Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un problema intrafamiliar, sabes… ‘entre marido y mujer, nadie se debe meter’, así la mate a palo, a puñalada o a machetazo”, indica Laritza Diversent. “La relación social entre el hombre y la mujer es de sentido de pertenencia y subordinación, una mujer puede ser atacada por su pareja por simples rumores de infidelidad o porque no quiere regresar a la relación”, añade la jurista y recalca: “La violencia intrafamiliar no es parte del derecho a la intimidad”.

Mientras que en la mayoría de países de la región las legislaciones avanzan en la protección de la mujer con acciones como la tipificación del feminicidio, en Cuba la tendencia es contraria, afirma esta investigación del Diario de Cuba y difundida por CONNECTAS. Poco cuenta la considerable presencia de mujeres a nivel estatal y político, que según cifras oficiales representan el 46 por ciento de la fuerza laboral del sector público-civil y el 65 por ciento de profesionales y técnicos del país. Mientras que en las últimas elecciones del Poder Popular se eligió a un 40 por ciento de delegadas y a un 30 por ciento de presidentas de asambleas municipales.

“El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia”, dicta el último inciso del artículo 45 de la nueva Constitución cubana, aprobada en referéndum el 26 de febrero pasado. Un precepto constitucional que ha levantado expectativas en la isla, en el debate sobre la violencia machista y el feminicidio que es un fenómeno tangible aunque no se lo llame por su nombre. Pero para la abogada Diversent, aquello es letra muerta si no trae como mínimo cambios al Código Penal y al Código de la Familia.

Tirado como si fuese un desecho, también fue encontrado el cuerpo de Yulismeidys Loyola Fernández cerca de Camino Jorobao, al oeste de la localidad de Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Tenía 16 años, era hija única y estaba por empezar el último año de bachillerato. La hallaron con los pantalones abajo y la blusa desgarrada. Transcurría la penúltima semana de agosto de 2018. La adolescente fue apuñalada salvajemente. Tenía una estocada en la pierna, dos en la espalda que le atravesaron los pulmones y estaba degollada. El culpable, según reveló la policía y reprodujeron los medios estatales, era uno de los jóvenes con los que había departido esa noche. El móvil, un intento de violación. Aunque familiares dudan de la versión oficial y piensan que el abuso sexual sí se perpetró.

En este caso también hubo alarma y desinformación entre los lugareños, hasta que las autoridades se pronunciaron al noveno día. Un hecho insólito en cuanto a asesinatos de mujeres en Cuba, que han sido sucedidos por un silencio ensordecedor durante los últimos años. Todos, a excepción de tres casos: el crimen de Leydi Laura, el de Yulismeidys y el de Leydi Maura Pacheco de 18 años, quien fue secuestrada, violada y asesinada a finales de septiembre de 2017 en la localidad de Junco Viejo, provincia de Cienfuegos.

Pero otros crímenes atroces como los de Daylin Navarro Causse, de 36 años, y su madre Tomasa, de 64, perpetrados también en Cienfuegos, en el municipio cabecera a mediados de mayo de 2017, no merecieron ninguna declaración oficial ni cobertura de los medios del Estado.

Ocultamiento de feminicidios, una política de Estado

Luis Mario, como se identifica este instructor de policía, asegura que acumula más de quince años de experiencia en procesos de investigación penal. Desde su apacible domicilio familiar de Ciego de Ávila dice sentirse más cómodo para hablar de un tema catalogado como confidencial. Confiesa que es la primera vez que accede a conversar con la prensa independiente. Acto seguido, advierte que esto podría costarle el cargo y acarrearle represalias.

Según el relato del policía, las investigaciones de crímenes de mujeres en Cuba nunca tienen un enfoque de género ni se realizan de forma cabal. “No existe un empeño real más allá de identificar al autor y establecer la existencia del delito y los elementos básicos que lleva un expediente penal”, sostiene y reconoce que existe una política de Estado que tiene a ocultar un fenómeno que ni al Ministerio del Interior ni al partido le interesa confrontar.

Esto lleva a que los procesos judiciales se sigan por homicidio, que según el Código Penal cubano contempla penas que van desde los siete a los quince años de privación de libertad. En lugar de que se sigan por asesinato, que se castiga con penas desde los quince a treinta años y amerita la incidencia de agravantes como la premeditación, el aumento del sufrimiento de la víctima, su imposibilidad de defenderse y su relación familiar o conyugal con el perpetrador. Agravantes que suelen ser comunes en los crímenes contra mujeres en la isla.

“Es válido señalar también que existe cierta impunidad que las leyes del país ofrecen a los hombres agresores de mujeres”, reflexiona Luis Mario. “Las condenas de cárcel no corresponden muchas veces con la naturaleza del delito, ya sea maltrato físico, mutilación o muerte. Por ejemplo, no existe ningún castigo contra los agresores que violan las órdenes de restricción o las actas de advertencia. En muchos casos de muertes de mujeres, su homicida incumplió las medidas impuestas por los Tribunales o cumple sentencias leves por lesiones o maltratos”, reconoce el instructor de policía.


*Este reportaje es realizado por Jorge Enrique Rodríguez para el Diario de Cuba y difundido gracias a un acuerdo de republicación de contenidos con CONNECTAS.

El arte de restaurar tejidos comunales

Clown. Jónathan Marroquín tiene como personaje a Filo; un nombre inspirado en la terminación del nombre de su mejor amigo, Quiófilo. Desde 2016 es facilitador de talleres de teatro en Quezaltepeque y cuenta con un grupo, Malak-tes Teatro.

El clown que nació en una fiesta navideña

La primera vez que Jónathan Marroquín se vistió de payaso fue cuando tenía 23 años. Lo hizo para una fiesta navideña en una comunidad de Quezaltepeque, porque su mejor amigo, Quiof, se lo había pedido. Era el 25 de diciembre de 2008.

Jónathan ya sabía que quería hacer teatro, pero no había encontrado el momento para hacerlo ni sabía cómo. Su infancia y juventud las había dedicado a vender pan, ropa y reparar celulares, buscando alguna forma de generar ingresos para su casa.

Dos tíos de Quiof lo maquillaron. Le pintaron los labios y se los delinearon. Le dibujaron las chapetas en las mejillas, una lengua en la cara y le hicieron cejas coquetas. Era la primera vez que dejaba de ser él para pasar a ser un personaje.

Su amigo lo había convencido de que lo acompañara, que le siguiera el juego, que se divirtieran. El show consistió en hacer varias dinámicas, en la mayoría Jónathan le llevaba la contraria a Quiof, y eso despertaba la risa de los 200 niños que asistieron.

Diez años después, Filo es el personaje clown encarnado en Jónathan, que merodea las calles principales de Quezaltepeque esta mañana de abril. Lleva una maleta roja y negra, cuadriculada, que contrasta con su camisa. La maleta tiene plasmada la palabra «Malak-tes».Filo es un payaso elegante: viste con medias rayadas, un chaleco, un pantalón y un sombrero gastado. Lo distingue su nariz y sus chapetas en las mejillas. Su nombre proviene de la terminación de Quiófilo, la forma en que Jónathan llamaba a su amigo.

De Quiof, Filo tiene mucho, dice, el dinamismo y la aventura. Y la camisa que él lleva puesta.

“Sin él creo que no hubiera conocido el payaso o tal vez lo hubiera conocido después, pero quizá no con esa esencia del lado humano que hoy reconozco en el personaje”, se sincera.

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EL MAREO

A través de dos amigos, Jónathan llegó en 2010 al elenco de teatro de la Universidad Evangélica. Fue su primer acercamiento a la formación teatral. En cinco años con ese grupo, escribieron y montaron una obra que habla de la desesperanza de buscar a un desaparecido. Se llamaba «Después del mareo», y fue dirigida por el actor y profesor de teatro Mauricio González Nieto.

La obra fue un proceso de sanación. Quiof desapareció el 30 de julio de 2014. Jónathan lo buscó por todos lados, en el casco urbano de Quezaltepeque, en las quebradas, en zonas donde nadie se atreve a llegar así por así. Bajo el sol y la lluvia. Difundió la noticia por redes sociales, pero nunca lo encontró. Años después, confiesa que hay algo en él que le dice que estuvo a punto de hallarlo.

Cuando cuenta esto, Filo desvía la mirada, como pensando en la imagen de la lluvia cayendo una noche de agosto, cuando por primera vez salió a buscar a ese amigo que vino de Guatemala a vivir con su familia materna, cuando sus papás, una pareja de circenses, murieron. Ese amigo con el que compartió sueños y hasta una casa.

«Sin él creo que no hubiera conocido el payaso o tal vez lo hubiera conocido después, pero quizá no con esa esencia del lado humano que hoy reconozco en el personaje», se sincera.

MALAK-TES

Un año antes del montaje universitario, Jónathan intervino con un grupo de amigos varios espacios públicos en Quezaltepeque, el lugar de donde es originario. Se vistieron de clown y se apropiaron de la ciudad. El grupo se llamaba Malak-tes Clown, pero desapareció rápido. Sus integrantes se dedicaron a otras cosas, Jónathan fue terco y la propuesta volvió a surgir en 2016.

Tras abandonar el teatro universitario, comenzó a trabajar en un proyecto municipal que consiste en llevar teatro a centros escolares públicos y privados de Quezaltepeque. De esas clases nació un grupo independiente que se llama Malak-tes Teatro, conformada por 26 jóvenes que hacen clown y que constantemente realizan actividades artísticas en la ciudad.

El año pasado, parte de ese grupo, escribió y montó con Mauricio González Nieto la obra «En el cuello», que trata sobre las dificultades para superarse en El Salvador. Una temática que se acoplaba a la situación que vivían varios de los integrantes de la obra, que estaban por finalizar su bachillerato y no contaban con los recursos para seguir estudiando.

Tres de los jóvenes del elenco hoy estudian el Diplomado de Teatro en el Centro Nacional de Artes (CENAR); y uno, una carrera técnica. Todos viajan hasta San Salvador de lunes a viernes y sus gastos son patrocinados por personas que se han sumado a la iniciativa.

Uno de esos estudiantes, junto con Jónathan, también será parte del rodaje de una producción que realizará el cineasta Alfonso Quijada.

Desde el 27 de abril, Malak-tes Teatro también contará con su propio local, una casa ubicada en los alrededores del mercado de Quezaltepeque, que pretende llevar más arte a los hijos de vendedores.

Filo. Jónathan Marroquín es Filo, un clown que nació después de que en 2008 su mejor amigo lo invitara a que se vistiera de payaso para una fiesta de niños, en una comunidad de Quezaltepeque.

Malabares en Las Palmas

Lidy Serpas nació y creció en Las Palmas, una comunidad ubicada en la colonia San Benito, en San Salvador. Su vida artística había transcurrido afuera de este lugar: era parte de un colectivo de mujeres malabaristas y hacía malabares enfrente de la Universidad de El Salvador, donde inició estudios de Sociología.

Esto cambió un domingo de 2013, cuando una amiga la invitó a que asistiera a una reunión del colectivo VacilArte, una iniciativa que recién nacía y que es liderada por 11 jóvenes de la comunidad. Ahí conoció a vecinos, que como ella, estaban interesados en el arte y en enseñar a las personas de la comunidad lo que sabían hacer.

Lidy desconocía que dentro de Las Palmas había gente organizada con el fin de desarrollar proyectos, por eso decidió quedarse con ellos.

Las Palmas, pese a estar alrededor de espacios y actividades culturales, no contaba para entonces con intervenciones artísticas. Con el paso de los años, esta realidad ha cambiado. La Casa de la Cultura y la plaza Bambú, la plaza pública de la comunidad, se han vuelto puntos de reunión donde VacilArte organiza batucadas y diferentes talleres, que van desde malabares hasta serigrafía y reúne a niños, jóvenes y adultos, cuenta Lidy.

Artista. Lidy Serpas es una artista que nació y creció en la comunidad Las Palmas, en la colonia San Benito, en San Salvador. Desde 2013 pertenece al colectivo VacilArte.

Con la comunidad se han apropiado de los espacios que le pertenecen. Antes no era así, cuando el colectivo quería ensayar salían a hacerlo frente al CIFCO o en el patio de La Casa Tomada, ambos en la colonia San Benito. Una vez hablaron con la junta directiva de la comunidad y comenzó la toma de los espacios.

“No es lo mismo decir a ‘mí me gusta el arte’, viviendo en Las Palmas, que decir a ‘mí me gusta el arte viviendo aquí mismo’, al otro lado de Las Palmas”, dice Lidy, sentada en una banca de La Casa Tomada; una calle la divide de la comunidad de donde ella es originaria. A un lado tiene tres clavas con las que practica malabares.

Para Lidy, los habitantes de las comunidades creen que no tienen derecho a la cultura y al arte, porque internalizan lo que se habla alrededor de ella. Es testigo de lo que cuesta de apropiarse de los espacios artísticos. Por eso desde VacilArte han organizado otras actividades que consisten en realizar visitas guiadas con niños y jóvenes a los museos de la colonia San Benito, el Museo de Arte y el Museo Nacional de Antropología, donde han conocido sobre historia y arte.

La malabarista también se convirtió en el enlace entre La Casa Tomada y Las Palmas para un proyecto financiado por la Unión Europea, que tenía entre sus ejes llevar arte a la comunidad. Se llamó “Cultura para todos y todas”.

ROMPER LA BURBUJA
Lidy se considera una mujer privilegiada. Tiene 30 años, dos hijos y es la última de cinco hermanos. Su papá es un motorista y su mamá tiene una tienda en su casa, antes cocinaba en casas ajenas.

Sus padres tuvieron las posibilidades de pagarle el estudio en colegios privados, nunca le faltó nada. Cuando estaba en sexto grado inició estudios en el centro escolar de la comunidad, lo hizo porque ya no tenían con quién viajar al colegio y sus padres no confiaban que anduviera en bus. Sin embargo, ese momento fue para ella como romper la burbuja en la que había vivido y comenzó a conocer de cerca la realidad de Las Palmas.

“No es lo mismo decir a ‘mí me gusta el arte’, viviendo en Las Palmas, que decir a ‘mí me gusta el arte viviendo aquí mismo’, al otro lado de Las Palmas”, dice Lidy, sentada en una banca de La Casa Tomada.

Era una niña inquieta. Le interesaba el arte, pero no había nadie que la llevara al Centro Nacional de Artes (CENAR), uno de los pocos espacios formativos que conocía. Tenía un vecino que estudiaba pintura en esa institución y ella curioseaba sus trabajos. Se armó de paciencia para llegar a un proceso artístico formativo, se apaciguó cantando, bailando y dibujando.

En 2009 comenzó haciendo malabares. Recuerda que fue una idea de tres, un amigo, su pareja y ella. Se bautizaron como Los Malakalle. El amigo dejó de hacer malabares y solo quedó con su pareja. Con él hacían presentaciones frente a la UES. No era de todos los días, tampoco por varias horas. A veces era una hora antes de que entrara a clases.

“Tenés el público más difícil, porque es alguien que no te espera y que no te quiere ver. Entonces te lo tenés que ganar ensayando un buen número, haciendo buen show y mostrarle a la gente”, cuenta. Una de las formas que utilizaron para llamar la atención de ese público era hacer pases con los malabares, porque el espectáculo visual es lo que le gusta a la gente, dice.

Comenzó a estudiar Sociología en la UES, y junto con otras ocho mujeres malabaristas crearon el colectivo La Buruca Colectiva. Por la demanda de tiempo que le implicaban sus actividades artísticas, abandonó la carrera, pero quiere estudiar Antropología. Actualmente Lidy es la encargada del proyecto “Espacios”, ejecutado por la Alcaldía de San Salvador, que consiste intervenir diferentes comunidades con el arte.

Clavas. Las clavas es el tipo de malabar que Lidy, Malakalle, prefiere hacer. Dice que el público más difícil es el que está en los semáforos.

Pájaros en movimiento

Talleristas. Los talleristas en el polígono de la residencial Altavista son jóvenes originarios de la zona que buscan cambiar su realidad. La idea es crear una red nacional de teatro comunitario.

El susurro que, al moverse con el viento, provocan todos los árboles del Polideportivo de Altavista, en Tonacatepeque, apenas deja que la voz de Misael Arias sea audible. Camina en la acera, a un costado de una cancha de fútbol, sube unas gradas y llega a una cancha de básquetbol. En ese lugar lo espera su amigo de infancia, y de una de las entradas de la cancha aparecen dos jóvenes, cargan cuadros de pinturas; y uno de ellos lleva una bocina pequeña que conecta a “bluetooth” para cantar hip hop.

Misael se para a unos metros de una mesa donde han colocado las pinturas, la mayoría consisten en colaje que han hecho niños de la comunidad. A un costado hay una ceiba joven y atrás, un mural con grafitis. “Para mí siempre ha sido la educación uno de los factores más importantes de esta sociedad. Y uno de los factores de por qué esta sociedad está tan mal es porque ha sido muy maleducada”, dice.

En el lugar donde está cuenta que antes impartía talleres de formación política y nuevas masculinidades para jóvenes de Altavista. Por ahora, junto al grupo de amigos que lo espera sentado en otras de las mesas del polideportivo, atienden a un grupo de niños y jóvenes que provienen del Centro Escolar Altavista, la institución se observa al otro lado de la cancha de fútbol. Dan talleres de hip hop, danza, pintura y expresión corporal.

En el centro escolar, Misael llegó a impartir clases de artes marciales, un deporte que ha estudiado. Esto lo llevó a crear hace un mes un comité ecológico para apostarle a la educación ambiental. También le sirvió para convencer a las autoridades del centro escolar de que permitieran que por las tardes, a las 5:30, los niños asistieran a los talleres los días lunes, miércoles y jueves.

Misael cuenta que los talleres comenzaron el año pasado, en las vacaciones de fin de año para los estudiantes. Los talleres duraron dos meses y medio, y comenzaron con expresión corporal para que los niños decidieran si querían seguir aprendiendo cómo usar su cuerpo para crear arte, hacer hip hop o bailar, clases que hasta hoy imparten.

A estas iniciativas primero se le sumó Alexis Hernández, el joven que ya lo esperaba en la cancha de básquetbol cuando Misael recorría el polideportivo. Alexis es su compañero en la Compañía de Teatro del Instituto Nacional de la Juventud, y los dos forman parte del equipo de producción de “Cámara Negra”, el proyecto de la actriz Dinora Alfaro que ganó el Premio Ovación 2018 y que consiste en un canal de YouTube para hablar de teatro.

“Para mí siempre ha sido la educación uno de los factores más importantes de esta sociedad. Y uno de los factores de por qué esta sociedad está tan mal es porque ha sido muy maleducada”, dice Misael.

“Me gusta pintar, dibujar, pero yo nunca me especialicé en eso. Sí tenía ciertos conocimientos, he recibido ciertos talles acerca de tipo de dibujos y quise aprovecharlo dentro de la comunidad”, confiesa Alexis; y explica que entre las técnicas usadas por los niños para pintar está el colaje. Entre los trabajos que los jóvenes han llevado para mostrar, hay un colaje que tiene palabras de titulares de noticias pegados sobre imágenes de Michael Jackson, Shakira y la madre Teresa de Calcula. “Migrantes”, “Tijuana”, “Muere”, se lee.

OKUPA
Basados en el movimiento okupa, que consiste en intervenir lugares abandonados para ocuparlos, entre otras cosas, como espacios culturales, Misael y Alexis se apropiaron el año pasado de una casa que tenía ocho años de estar abandonada y que está aledaña al sitio donde a mediados de julio de 2016 ocurrió una masacre que dejó seis víctimas. La casa queda cerca de la escuela y se desplazaban hasta ahí con los niños para impartir los talleres.
Sin embargo, Misael cuenta que un joven intentó hacer partidario el proyecto. A esto se sumó que consideraron la zona peligrosa y desistieron de seguir utilizando ese lugar, por eso se movieron al polideportivo.

“Nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando lo poco que nosotros sabemos e impartirle al prójimo. Lo que queremos es que la convivencia sea mutua y que vayamos creciendo poco a poco”, sostiene Gustavo Paniagua, el joven entró a la cancha de básquetbol con la grabadora. Él es estudiante de bachillerato y es el encargado de dar las clases de hip hop.

Artes marciales. El trabajo comunitario en Altavista lleva dos años. Inició cuando uno de los talleristas llegó al Centro Escolar Altavista a impartir clases de artes marciales.

Mientras que Marcos Guardado, el encargado de las clases de danza, dice que no tiene preferencia por un tipo de género musical en específico. Además de impartir talleres, Marcos se encarga de enseñar la coreografía para los 15 años que se celebran en la residencial Altavista, para este mes tenía cuatro encargos. Y toca el melófono en la banda del Centro Escolar Altavista.

“La misión es eso, alejar a los jóvenes a través de la danza, de violencia, de pandillas, cosas que no te van a llevar a nada bueno y el tiempo que ocupás para eso lo podés ocupar para danzar y expresarte”, dice alegre.
El grupo se llama Ulin Tutut, que en náhuat significa “pájaros en movimiento”. Misael espera que de este esfuerzo nazca una red nacional de teatro comunitario.


Pintar a la sombra del Chinchontepec

San Vicente. Miriam Muñoz y Julio De la O son parte de los creadores de la Fundación Casa de los Sueños, que busca llevar el arte a niños y jóvenes en la ciudad de San Vicente.

La idea nació de tres amigos que tenían gustos artísticos en común y que pretendían llevar talleres a los niños de San Vicente. Fue así que Miriam Muñoz, Mónica Valladares y Julio César De la O comenzaron a preguntar en la gobernación de esa ciudad cuáles eran los pasos para constituir una fundación. Y nació la Fundación Casa de los Sueños, que desde 2014 imparte talleres de lectura crítica, grabado, pintura y dibujo.

De momento se han enfocado en atender a 20 niños que viven en el barrio Concepción, un barrio donde 90 % de las familias son agricultoras y suben a cosechar al volcán Chinchontepec, dice Miriam. Ella es de es de ese barrio y cuenta que las familias suben al volcán a las 4 de la mañana para bajar antes de que anochezca.

En el barrio Concepción está la calle que lleva al volcán y el Centro Escolar Concepción de María. Desde esta escuela se observa el Chinchontepec. Es aquí donde todos los sábados, desde el año pasado, Miriam y Julio atienden a un grupo de 20 niños. Julio da talleres de lectura crítica y Miriam se encarga del taller de dibujo y pintura. Al proyecto le llaman “Coloreando nuestras almas”.

No es casualidad que los niños reflejen en sus creaciones a grafito la realidad en la que viven. Desde una computadora, en su taller de pintura, Miriam muestra las fotografías de dibujos donde se observa a un sol en medio de las dos elevaciones del volcán vicentino.

Material de trabajo

“No es solo irles a enseñar la técnica, sino darles algunos elementos para su desarrollo integral, y por eso es que a partir de este año incluimos el taller de lectura comprensiva”, cuenta Julio. Él es contador de profesión, pero durante un tiempo perteneció a un círculo literario que se desarrolla en la Casa de la Cultura de San Vicente y eso ha hecho que también tenga vocación para las letras.

Entre la semana trabaja en el área de Pagaduría en la Departamental de Educación de San Vicente y también da clases de contaduría en una universidad privada. Los sábados los dedica al taller. Para conocer sobre metodología y preparar las sesiones del taller, Julio asistió a un taller de educación popular y también retoma herramientas didácticas de UNICEF.

El objetivo es que también los niños conozcan de memoria histórica, señala Julio. Es por eso que otro de los ejercicios que hicieron es conocer sobre “el árbol de los lamentos” o “el árbol de los cerdos”, un árbol que está en el centro de San Vicente, contiguo a la iglesia El Santuario, y donde, según la historia, se comercializaban esclavos, aunque con el pasar del tiempo, dice Julio, se ha intentado decir que se comercializaban cerdos.

“No es solo irles a enseñar la técnica, sino darles algunos elementos para su desarrollo integral, y por eso es que a partir de este año incluimos el taller de lectura comprensiva”, cuenta Julio.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
“Algo que hablamos hace días es que en esa escuela, por la zona donde está, los niños son muy cohibidos”, cuenta Miriam. Sin embargo, también destaca que a medida han impartido el taller los niños comienzan a interactuar entre ellos, incluso, llevan comida para compartirla.

Es por ello que la fundación también piensa en un futuro contar con psicólogos, para que a través de los dibujos que los niños realicen puedan ir más allá e interpretar su comportamiento.

Mónica trabaja como pintora. Desde el año pasado alquila un local en San Vicente para dar clase privadas de pintura y trabajar en sus propias creaciones. Comenzó pintando por su cuenta y asistió a talleres en esa ciudad. Luego se inscribió por un año al Diplomado de Dibujo y Pintura en el Centro Nacional de Artes (CENAR), que duró dos años, y hoy estudia en un taller de grabado en esa institución.

El proyecto, dice, comenzó con talleres por cuatro meses de pintura, danza, artesanía y teatro en el Centro Escolar Victoriano Rodríguez, en el centro de San Vicente. Continuaron en el parque Antonio José Cañas, en coordinación con la Unidad de Turismo. Después pasaron a la escuela del barrio Concepción, cuyo taller estaba programado para un año, pero se extendió porque recibieron la donación de materiales de Bill Gentry, un estadounidense que pertenece a un proyecto artístico llamado Color of Cambodia.

El material les alcanza para un año más, y según Julio, Gentry también les ha propuesto que los trabajos más destacados de los niños sean subidos a una galería en línea, puedan venderse y de esa forma el niño y la fundación reciban ingresos.

La apuesta del proyecto es que se vuelva sostenible y que cuenten con un local, señala Julio, porque pretenden también involucrar más a los padres de familia. Hasta ahora, lo que hacen son reuniones con ellos para que conozcan el trabajo que realizan los niños y también confíen en lo que ellos les enseñan. Además, están recibiendo apoyo de otras personas de la ciudad, por ejemplo, se les ha acercado un grupo de trabajadores sociales recién graduados, quienes ya dieron un primer taller de violencia y cultura de paz.

Creaciones. Las creaciones que los niños que asisten al taller han realizado exponen elementos de su cotidianidad. La fundación busca que haya una atención psicológica.

De repente, Perla

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Era época de zafra y por eso ardía el cañaveral. Desde aquí hasta las montañas se veía el fuego. De día flotaba la ceniza y se pegaba al pelo, al bigote, a las pestañas. Todos andábamos ennegrecidos. Al quinto día llovió. No llueve en diciembre, pero esa vez llovió tres días sin parar. Se empantanó la caña entre el lodo y la ceniza. Nadie trabajaba ya, nadie cortaba la caña. Eran días extraños. Fue entonces que nació Perla, la vaca que quería ser perro.

En mi primer dibujo de Perla la vaquita aparece de perfil. Atrás suyo todo está embarrado de ceniza; la sonrisa de Perla brilla blanca y nítida en la oscuridad. ¿Qué te parece?, le pregunté a mi hijo luego de hacerle los últimos retoques. Vio el dibujo y volteó a verme con esa cara que me recuerda a su madre: No se encariñe, dijo, es una vaca, papá. Con eso se fue a cortar la caña junto a los otros trabajadores, y yo me quedé delineando la cola con el carboncillo.

A Perla no la quiso su madre. Desde el primer día le negó la teta. Se acercaba Perla muy mansa y la madre la desalojaba con un movimiento de cadera. ¡Tas!, y la Perlita que salía despedida. Empezó a adelgazar. Yo me fijé desde el principio, la llevé con otras vacas que andaban con crías, vacas que tampoco la aceptaron. Fui a consultar con el patrón. Necesita un biberón, le dije, uno de esos biberones grandotes para darle leche tibia. Don Henrik me miró ladeado y con algo de sospecha, pero me confiaba ese patrón. A los dos días la estaba alimentando ya, dándole de mamar con un enorme biberón que chupaba a borbotones.

Rodrigo Fuentes – escritor guatemalteco

La tratamos de regresar con su resto, pero a Perla no se le daba el ganado, y al ganado no se le daba Perla. Tuvo compasión Don Henrik. Tráigamela al jardín de la hacienda, dijo, ahí la vamos criando, agregó, y fue ahí que Perla conoció a Derrepente, el perro mestizo que de repente había aparecido en la finca unos años atrás. Se hicieron cuates al instante. Pura química. Nada romántico, solo amigos. Cómo jugaban, cómo se revolcaban en ese jardín Perla y Derrepente.

Aprendió a pararse en dos patas después de tanto ver a Derrepente hacerlo. Calcado, si me pregunta a mí. Porque hasta el mismo bailecito hacía para quedarse parada, moviendo un piecito para delante y otro para atrás, uno para delante y otro para atrás. Raro ver eso, la ternera en dos patas y haciendo su equilibrio. Se la pasaban juntos todo el día, se reían juntos también. No me pregunte cómo, pero cuando me iba acercando al jardín los veía de lejos y juro que se mataban de la risa esos dos condenados.

Nuestra finca era de melón, pero todo alrededor eran extensiones de caña que pertenecían al ingenio. En esas tierras laboraba mi hijo junto a otros jornaleros. Trabajaban duro macheteando el día entero, animados con pastillas que repartía el capataz. Anfetaminas, eso les daba. Ya a la vuelta de la jornada venían con las pupilas enormes. En el dibujo Hijo, otra vez aparecen esos ojos, esas pupilas alocadas, aunque mi hijo no quedó contento con el retrato. Qué feo está, papá, mala le salió la gracia. Sostenía el papel a distancia, pellizcándole una orilla. Le dije que la culpa no era del dibujo: la culpa es mía y de tu madre, no culpés al arte. Soltó el dibujo, dejó que cayera al suelo y salió de mi ranchito sin decir palabra. Tanta pastilla le ha quitado el buen humor.

Los trabajadores del ingenio acostumbraban pasar frente a nuestra finca al final de la jornada, cuando iban de vuelta a sus champas. Así se fueron encariñando con la Perla, que se aparecía en el jardín para saludarlos. Hinchados de trabajo y de pastillas caminaban, y Perla que les movía la colita, les sonreía, se paraba en dos patas para despedirlos. Que baile, le pedían, que baile, gritaban los menos cansados, y Perla los premiaba con un pasito para delante y otro para atrás, uno para delante y otro para atrás.

Ni modo, Perla empezó a crecer. Se hizo grande en cosa de un año. Igual iba a la terraza del jardín a descansar, se echaba con las patas desparramadas, la trompa plana sobre el ladrillo, los ojos turnios del puro placer. Cómo le gustaba que le hicieran cariño detrás de la oreja, mugía quedito la Perla con esas atenciones. A la par de ella se tiraba Derrepente, iguales los dos. Seguían de cuates, pero cuando se revolcaban se veía que el perro andaba con más cuidado, amagaba ante el cuerpo de Perla. Ya poco se paraba en dos patas la vaca, muy grande estaba, pero aun así daba unos brinquitos de lo más agraciados.

El libro. “Trucha panza arriba” se puede obtener a un precio de $10. Los pedidos se coordinan por medio de la página de Facebook de la editorial Los Sin Pisto, al enviar un correo a [email protected] y también por WhatsApp al 7682-4079.

El mismo año en que Perla dejó de crecer llegaron las primeras máquinas cortadoras al ingenio. El trabajo de cien hombres lo hacían en mitad del tiempo. Cómo podaban esas desgraciadas, cómo destazaban la caña con sus aspas de acero. De un día para otro empezaron a echar a los trabajadores, pero el sindicato se plantó, y a finales de ese año se armó el relajo. Eligieron la época de zafra para dejar el machete y juntos se lanzaron a la huelga, juntos marcharon entre la caña.

Pasaron frente al jardín de la hacienda esa vez, los niños y los hombres bien alborotados, mi hijo entre la marcha y gritando con el resto. Fue ahí que Perla se lució. De un brinquito saltó el arriate para ir a meterse entre el gentío, mugiendo de lo más amigable y dejándose sobar por todo el mundo. Movía la colita, agachaba la cabeza y luego la levantaba con mugidos de pura alegría.

Quedó claro lo que ya todos presentíamos: Perla estaba con los trabajadores.

Los meses que siguieron estuvieron jodidos. La gente empezó a incendiar las máquinas cortadoras. La primera la agarraron en enero, una noche en que prendió fuego todo un bodegón del ingenio. Desde aquí se veían las llamas, se escuchaban las sirenas como si la misma caña se estuviera lamentando a gritos. Don Henrik estaba quedándose en la hacienda esa vez y salió a la terraza a ver qué pasaba. Ahí nos mantuvimos los dos muy quietos, parados en el resguardo de nuestra propia finca. Usted se me queda aquí, dijo, ni se le ocurra ir a meterse allá. No estaba yo tan viejo todavía, pero los bochinches eran cosa de otros tiempos. Ya mucho había dado yo al sindicato en la ciudad. Ahora le tocaba a mi hijo dar la lucha. Las llamas iluminaron la noche: entre la oscuridad noté la mirada brillante de Perla, sus ojos encandilados por el fuego.

Lo que vino luego era cosa de tiempo nomás. Los dueños del ingenio se trajeron a gente de oriente para patrullar el cañaveral. Malas personas eran esas. Yo con oriente no tengo riña, pero esos hombres llevaban la muerte en la jeta. Al poco tiempo empezaron a caer los sindicalistas. A dos de los principales los balearon, ahí mismo en sus ranchitos les fueron a meter plomo. A un tercero le mataron al hijo, un patojo que ya andaba metido en el asunto también. Y así parecía que el relajo tocaba fondo, porque esos golpes los dieron en cosa de unos cuantos días nada más.

Poco se mira en mis dibujos de esa época, como si el mismo carboncillo se hubiera encabronado con la hoja en blanco. Solo a Perla la tengo bien delineada o, más bien, la sonrisa y la energía de Perla, porque llamaba la atención la inquietud de la vaca, un ir y venir más de perro que de res.

Cuando apareció la Antorcha Justiciera para hacerle frente a tanto agravio, la gente ya estaba hablando de dejar la huelga y regresar al trabajo. Hacía falta la comida. Pero el rumor de la Antorcha corrió como el fuego en plena zafra: son veinte mugrientos, empezaron a decir, tal vez más, pero a pura antorcha se están cobrando una vida de afrentas.

Fantasmas, esa sensación daban. Porque los condenados corrían y corrían entre la caña, aparecían con sus antorchas y en un dos por tres se esfumaban, dejando fuego y desorden nomás. Salían los matones por un lado de la finca y la Antorcha aparecía del otro: robaron fertilizante, atrancaron las máquinas del ingenio, le prendieron fuego a las cortadoras. Buena plata perdió el ingenio esa temporada, entre tanta quema y tanto robo.

Yo supe quiénes eran por Derrepente. Ese perro tenía un par de amigos entre los cortadores de caña; supongo que así terminó enrolado en la Antorcha Justiciera él también. Leal era ese Derrepente: leal con el despelote, porque la travesura la llevaba en el alma. Era de color canela, pero en las mañanas empecé a encontrármelo negro, enlodado de cola a trompa. Solo los dientes blancos, la pura sonrisa me lanzaba el muy chistoso. Derrepente, le gritaba yo, pero antes de alcanzarlo ya se había metido entre la maleza.

Escuché su correteo una noche de luna llena. Ya le conocía los pasos al Derrepente, porque tenía una pata cuta y corría como a trompicones. Cuando salí a ver iba llegando con dos de los mugrientos, él a la cabeza: el muy canalla los había traído de vuelta a la hacienda del patrón. Me tomó un segundo darme cuenta de que uno de ellos era mijo. Directo al cobertizo donde guardábamos la leña se fueron a esconder, frente a la terraza del jardín.

Ilustraciones de Moris Aldana

Al llegar los matones ya todo era silencio; lo cierto es que la cosa no estaba para hacer presencia. Emputados venían esos hombres, con ganas de cobrarles las costillas a los malandrines. Y el patrón por ninguna parte, nadie para hacerles frente.

Derrepente más jodido, pensé. Mijo más jodido. Caña más jodida, pensé también.

Cuando salí de mi covacha los matones ya estaban cortando el alambre de la cerca, listos para entrar sus caballos a la finca. ¿Qué quieren?, salí diciendo, esto es propiedad privada. El primer matón ni se dignó a responder. De un tajazo cortó el alambre y mientras iban entrando alcanzó a decir: Si los encontramos por aquí usted también se fue feo.

Algunos le dieron la vuelta a la hacienda, pero el jefe de ellos se bajó del caballo y ahí se quedó muy quieto. Tomándose su tiempo. Y entonces se le tensó el cuerpo como un alambre de púas. Volteé a ver a donde miraba y por ahí venía Perla, de algún lugar del jardín había aparecido. Fresca y rápido avanzaba la vaca, directa hacia el hombre.

Era bonita esa bestia, no digo que no, pero bajo la luna llena refulgía como santa en pascuas. Tan blanca que brillaba. Y coqueta, amigable, con personalidad. Así era ella. Se acercó tanto y con tanta confianza que el jefe pareció desubicarse, tomó un paso para atrás. Si sus hombres no hubieran estado ahí, estoy seguro que hasta el arma desenfunda.

Pero Perla era una vaca, y ante una vaca no hay que acobardarse.

A un metro paró. Se acercaron un par de matones y la observaron. Perla lanzó un mugido al cielo y empezó a darles la vuelta la muy confianzuda. Uno de los hombres dijo algo, palabras duras, pero el resto siguió quieto, tan curiosos como yo. Porque Perla los miraba como mira una persona. No como mira una persona cualquiera: como mira una mujer, una mujer que se sabe vista por un hombre. De esas mujeres que le agarran a uno la mirada y se la cachetean de vuelta. Así miraba Perla.

¿Y aquí qué?, empezó a decir uno de los tipos.

Ni tiempo le dio de seguir. Perla dejó de caminar y lo miró de frente. Perla frente a ellos, Perla frente al mundo. Tomó un par de pasitos hacia atrás y con el mismo empuje echó todo el cuerpo hacia arriba: fácil se vio el asunto, serena la Perla poniéndose de pie. Ya en dos patas pareció equilibrarse, como asentando el peso sobre los tacones. Y entonces dio dos pasitos hacia el frente y los hombres se hicieron para atrás, abriéndole cancha. Cayó blando, Perla, como una sábana.

Vaya circo, dijo uno de ellos. Lo admito: sentí un calor en las tripas, algo sabroso que me subió por el cuerpo. Orgullo, algo así será lo que sentí.

Es su jardín, dije acercándome. El jefe me volteó a ver, volteó a ver a Perla otra vez. ¿Su jardín? Es que es especial, le dije, no le gusta que se meta gente a su jardín. El jefe escupió al suelo y le señaló a los hombres los sembradíos de melón, la hacienda, el cobertizo. Me revisan bien, dijo, y usted se me queda aquí, viejo, sea de quien sea este jardín.

Esa gente de oriente era dura, curtida. Conocían de ganado: estoy seguro que en su vida habían visto a una vaca levantarse así. Peinaron la zona y salieron del otro lado de la finca; mientras tanto, me dediqué a arreglar el alambrado de la cerca. Eché un vistazo pero mi hijo y el otro mugriento no estaban por ninguna parte. Seguro que entre tanto alboroto habían logrado salir. Ya que iba regresando a mi covacha me encontré al Derrepente a la par de Perla. Bien juntitos, como hablando estaban, y pensé en ir a darle una buena patada al perro. Pero algo me detuvo; demasiado a gusto se veían los dos, tan cuates ellos, moviendo sus colitas en círculos, como sincronizados.

El rumor me llegó al par de días: que con la Antorcha iban siempre un perro y una vaca endemoniada. El perro liderando, la otra a la retaguardia. Que se reían esos dos animales, que la pasaban a lo grande, que conocían esas tierras mejor que nadie. Carcajeándose todo el tiempo la vaca y el perro: dando brincos alrededor de las máquinas en llamas mientras se carcajeaban. Eso decía la gente.

Pues ni modo: los matones regresaron a los cuantos días por la noche.

Borrachos estaban los hombres, a mí me amarraron de un solo. Dónde está la jefa, decían, dónde está la jefa, gritaban riéndose. Pero risas agrias eran, risas maleadas. Las manos a la espalda y la trompa al suelo; así me embarraron en el lodo a la par de la hacienda. Poco pude ver, pero vi lo suficiente. El mero jefe se metió al jardín y Perla se acercó muy mansa, moviendo la colita, adormilada todavía. El hombre le rascó detrás de la oreja, le sobó el lomo, y ahí mismo dio la orden: Me la cogen, dijo, pero bien cogida. Escuché que la vaca mugía mientras le amarraban las patas. Entre tres la detuvieron, y uno de los hombres agarró un leño, del mismo cobertizo en el jardín fue a sacarlo. Me dolieron hasta el alma esos mugidos, alaridos eran, cómo me dolieron. Ya que se iban pasó uno de los tipos a darme un patadón. No se preocupe, me dijo, igualita va a quedar su yegua, nomás que ya no tan brincona.

Si no se desangró fue por milagro. Yo no sé qué sintió Perla –vaya uno a saber qué se sentirá algo así, qué sentirá un animal en un momento así–. Pero algo le mataron. Porque era coqueta, Perla, era orgullosa, y lo que hicieron fue aplastarle esa elegancia de un leñazo.

La huelga terminó a las cuantas semanas. Algunas mejoras lograron los trabajadores, una subidita al sueldo y poco más. Dejaron de traer nuevas máquinas cortadoras, que igual solo servían para terrenos planos. A veces la tierra no se aplana por mucho que le pasen el rodillo.

Nuestra finca se vino abajo al poco tiempo. Se cayó el precio del melón y Don Henrik tuvo que venderlo todo. A mí me habló, me dio las gracias, me apretó la mano con fuerza. Así es la vida, dijo. Ve pues, pensé, y yo sin enterarme hasta ahora. Al día siguiente juntó a los campesinos para agradecerles, y ahí dio el discurso de despedida. Lo escuchamos en silencio, yo y el resto de la gente. ¿Y Perla? preguntó una voz al fondo del gentío. El patrón vio para abajo, como apenado: Lo que queda del ganado tiene que irse al rastro, dijo. Hay deudas que saldar. Al fondo, en el jardín a la par de la hacienda, Perla movía su colita.

Terminé viniéndome a mi pueblo, a dos leguas nada más de donde estaba la finca. Aquí me he dedicado a mis dibujos, viera el tiempo que les meto ahora. Estoy trabajando unos retratos de Perla, aunque no me convencen todavía. Tantos intentos y siempre la pobre Perla atrapada en el dibujo, inmóvil parece. Así no era ella. En eso coincidimos con mi hijo. Hasta a la pobre Perla malogró con sus dibujos, me dijo viendo los bosquejos.

Me cuentan que Derrepente se mantuvo por ahí, yendo y viniendo entre los cañaverales, haciendo sus travesuras. De vez en cuando se aparecía por la hacienda, convertida ya entonces en un bodegón, y se echaba en la terraza del jardín. Ahí mero, en el mismo lugar donde Perla se tiraba, se echaba él con las patas desparramadas y la trompa sobre el ladrillo. Buscando compañía, me imagino, la compañía que se busca en el recuerdo. Vaya uno a saber si la encontró.

Yo digo que sí.

Ilustraciones de Moris Aldana

Niñas de pandillas enemigas se juntan en una canción

Talento

Andrea tiene 24 años, es bachiller, toca el violín, forma parte de un grupo de coreografías y quiere estudiar Diseño Gráfico. Pero quienes la ven entrar a este salón solo pueden notar algo en ella: en la mano tiene tatuajes que la relacionan con la pandilla Barrio 18.

Ella es parte de una docena de adolescentes que a las 2 de la tarde entra cargando violines, violas y cellos a este evento en la colonia Escalón. Las adolescentes, vestidas con jeans y camiseta blanca, han sido invitadas a tocar unas canciones. Las han traído en microbuses desde el Centro de Inserción Social Femenino, donde guardan prisión. A diferencia de ellas, los maestros que se graduarán de un curso de “Educación y democracia” han venido vestidos de gala al Instituto Nacional de Formación Docente.

Al grupo de muchachas lo acompaña la directora del centro junto a una orientadora y personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ninguno muestra un arma visible, pero llevan, cruzada sobre el pecho, una pequeña bolsa, listos para cualquier eventualidad que perturbe la convivencia que se ha logrado entre las jóvenes.

Andrea es alta, tiene la piel y ojos claros. Cuando tenía 17 años llegó al centro por una condena de secuestro. No fue capturada sola, también su novio de la adolescencia fue enviado a prisión. Ella terminó hace dos años su educación media y se está formando en cuánto taller puede. A pesar de estar ocupada, los seis años y 10 meses que lleva presa no han pasado pronto. Este día ha salido, como el resto de sus compañeras, con el permiso de un juez a realizar una presentación de lo aprendido en sus clases de música.

El centro en el que ha pasado los últimos años se divide en dos sectores para mantener el orden y la paz entre muchachas con afinidad a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Las rencillas entre las dos pandillas principales de El Salvador provocan homicidios a diario. Para un buen sector de la población, las pandillas marcan fronteras sociales y geográficas que no deben ser cruzadas.

En febrero de este año, un joven fue estrangulado por pandilleros en Ciudad Delgado porque vivía en un sector donde operaba otra pandilla. Y en junio, un joven zapatero fue asesinado en Panchimalco por el mismo motivo. Ese caso es uno de los 10 homicidios diarios que se promediaron hace un mes. El mensaje es claro. Dentro de las pandillas –y sus comunidades– es prohibido relacionarse con miembros de otras estructuras.

Las jóvenes colocan sus instrumentos detrás del escenario y entran a un salón para almorzar. La escena no es fraternal, pero llama la atención. Las internas toman asiento alrededor de la misma mesa y se reparten entre ellas la comida que les han brindado. Luego, almuerzan juntas.

El grupo parece una orquesta de colegio; solo el dispositivo de seguridad que se ha armado en el edificio demuestra que no lo es. Divididos entre las gradas del local, el parqueo y la entrada hay custodios de Centros Penales con la cara tapada y armas largas sobre el pecho dispuestos a evitar que las intérpretes de hoy escapen.

 

***

¿QUIÉNES LLEGAN A ESTE CENTRO?
El proyecto de formación musical ha sido gestionado por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT). La asociación ha tenido que sortear varios retos para que las clases que se brindan tengan fruto. Por ejemplo, “el ISNA no quería que las jóvenes tuvieran los instrumentos en los cuartos”, sostiene el encargado del programa artístico, Julio Monge.

Los maestros de música llegan al centro solo una vez a la semana. Y, como las jóvenes están en sus celdas “desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, practicar con el instrumento solo media hora no daba mayores resultados, continúa explicando Monge. Por eso, hace más de un año surgió una petición: Solicitaron al ISNA que dejara que cada interna que pertenece a la orquesta tuviera su instrumento entre sus objetos personales. La institución no estaba segura de que eso fuera una buena idea. El riesgo era que algunas partes del instrumento pudieran ser utilizadas para otro fin menos loable que la música.

“El ISNA no quería porque decía que las cuerdas se podía utilizar para armas”, asegura Monge. El programa lleva ya tres años realizándose con distintas aprendices de música. Este grupo específico de la orquesta de cuerdas lleva un semestre practicando, y ya pueden tocar el instrumento dentro de sus dormitorios en sus tiempos libres. Pero cuando una cuerda se rompe, en lugar de botarla en un cesto de basura, es necesario que esta se reporte y se entregue a las autoridades.

Este martes en la colonia Escalón, más y más invitados continúan llegando al evento. Las internas se empiezan a preparar para el concierto que brindarán. La directora del centro, Graciela Bonilla, sostiene que las niñas que están a unos metros de ella “jamás en la vida imaginaron cambiar las armas que utilizaban por un violín, por un cello, por una viola”.

“Les metemos la idea de que el centro no está dividido por pandillas, porque realmente no tengo yo niñas que sean brincadas, como ellas mismas dicen, sino que son niñas que han tenido cierta afinidad, ya sea por sus amigos, por su pareja o por su familia”, sostiene la directora. Sin embargo, las clases de la escuela, de arte y servicios religiosos, sí se hacen por sectores divididos.

“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”.

Si una muchacha llega por un delito común –sin vinculación a pandillas– se investiga qué pandilla controla el territorio donde ella vivía, y así se le asigna sector, explica un empleado jurídico del centro.
El ISNA cuenta con cuatro centros para la inserción social de menores que han violado la ley. Estos fueron pensados como un lugar donde se le brinde orientación a los jóvenes para redireccionar sus vidas. Pero no siempre funcionan así. El año pasado se conoció de al menos tres homicidios que ocurrieron en el penal de menores de Tonacatepeque, exclusivo para adolescentes y hombres jóvenes. La participación masculina en delitos es mayor. Por ello, tres centros de inserción social están destinados para niños y jóvenes y solo uno para menores infractoras.

La mayoría de las privadas de libertad se encuentra en esa situación por el delito de extorsión o por encontrarse vinculada a estos grupos delictivos. Pero además de haber sido condenadas en un proceso penal, de acuerdo con Graciela Bonilla, la mayoría comparte el mismo perfil socioeconómico:
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”, asegura la directora.

La psicóloga del centro, Gabriela Blanco, sostiene que a través de su trabajo ha podido reconocer esos mismos patrones de vida. Además, “vienen aquí con baja escolaridad porque, aunque el Gobierno les dé para los uniformes, ellas son las que ayudan en sus casas. No son delincuentes, son señoritas a las que les hizo falta orientación”, sostiene la psicóloga.

Conforme la tarde avanza, la hora de interpretar las canciones se acerca. Al verlas, seguras como se muestran en público, es imposible sospechar que están nerviosas. Lucen concentradas. Algunas han encontrado en esto una nueva pasión. Al menos tres de ellas han expresado a sus maestros que sueñan con salir y convertirse en músicos profesionales para poder entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Con permiso de juez. Para salir del centro, las jóvenes solicitan un permiso a tribunales y, de acuerdo con su comportamiento como interna, se niega o aprueba el permiso de salida a presentaciones.

Sin embargo, para cuando ellas recuperan la libertad no hay programa gubernamental que se encargue de darle seguimiento a su aprendizaje. En las academias salvadoreñas las clases de violín personalizadas pueden costar hasta $50 cada una, según el prestigio del maestro. Y el reto no es solo conseguir el dinero para la clase, sino conseguir el instrumento. En las tiendas, un violín puede tener un costo desde $50 a $200.

Conociendo de primera mano las carencias de estas muchachas, TNT se ha propuesto darle seguimiento a las que se muestren interesadas en seguir estudiando música y una carrera profesional. Por ejemplo, se enorgullecen en decir que tienen becadas a tres jóvenes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La directora del centro de inserción confirma que son las organizaciones no estatales las que se están preocupando por la reinserción, una vez ellas quedan libres.

***

EL PUNTO MUSICAL
La graduación de maestros avanza. Se leen decenas y decenas de nombres y los aplausos van perdiendo fuerza conforme la lista de graduados continúa. Son las 2:30 de la tarde y el aire acondicionado del lugar parece no dar abasto para toda la gente que se ha reunido acá en esta tarde de julio. Entre el calor y formalidad, las jóvenes toman asiento y se preparan para tocar su instrumento.

Julio Monge, el encargado del proyecto, se encuentra viendo a la orquesta. Se le ve emocionado. “La valoración no es tanto qué tan bien tocan, aunque hay algunas que sí sueñan con ser intérpretes, pero no es ese el objetivo. Son muchachas que llevan meses acercándose al instrumento y son jóvenes de todas las afinidades pandilleriles que tocan una sola música. Hombro con hombro. Eso queremos extrapolarlo a la sociedad salvadoreña”, dice Monge. Luego reconoce, a pesar del orgullo, que lo que han logrado acá es muy pequeño comparado con los problemas de El Salvador.

Antes de que la orquesta de cuerdas empiece a tocar, los maestros, ataviados con sus sacos y vestidos de gala, miran a las internas con distancia y de reojo. Andrea, la muchacha alta y de ojos claros, se sienta al centro de la orquesta. Pone el violín sobre su hombro y levanta la quijada con solemnidad. Pronto, la música comienza a sonar. Lee la partitura y ni el calor sofocante la desconcentra.

Disciplina. La idea es que a través de una práctica artística, las adolescentes se enfoquen en perfeccionarla y aprendan valores como la disciplina, perseverancia y respeto a jerarquías.

Después de meses practicando, la orquesta interpreta en público la primera pieza de la tarde: una canción infantil llamada “Estrellita”. Esta es la primera canción que, generalmente, se aprende en violín con el método Suzuki. El creador de este método sostuvo que el talento musical no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla. En este contexto de reinserción social, una de las frases más famosas de Suzuki cobra un valor especial: “La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles”.

Luego, la orquesta interpreta el “Himno a la alegría”, la canción de la película “Titanic”, una pieza pop y, en quinto lugar, la canción “Imagine”, de John Lennon. Durante la intervención, una de las muchachas que tocan el violín se pone de pie y toca como solista. La orquesta la acompaña.
Ella es Patricia y tiene 20 años, es morena y muy delgada. No lleva maquillaje en la cara y es la única que no está vestida de blanco. Estuvo dos años y medio privada de libertad y condenada por extorsión. Actualmente ha vuelto a vivir con su familia. Dice que nunca fue pandillera, pero acepta que sí era cercana al grupo pandilleril dentro de su comunidad.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa. Cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”. Sigue practicando el violín en la oficina de TNT, en San Salvador, a pesar de ya haber salido del centro. Quiere ser música o psicóloga, por eso se encuentra estudiando segundo año de bachillerato y trabajando.

“Al final es una sensibilización mutua. A ellas estamos abriéndoles los ojos a la cultura, al arte. Y por otra parte también nosotros nos estamos quitando fantasmas de la cabeza”, dice Sonia Megías, una compositora española que acompaña este proyecto durante las temporadas que permanece en El Salvador.

La destreza musical de Patricia, comparada con la de sus compañeras de orquesta, es más avanzada. Y si minutos antes las personas dentro del público se mostraban distantes a la presencia de estas intérpretes, eso ya ha cambiado. Patricia termina de tocar y se escuchan gritos. “¡Bravo!” le dice un hombre en primera fila y su voz hace eco entre otros maestros que repiten lo mismo y se ponen de pie. El concierto aún no ha terminado, pero el aplauso que reciben es tan largo que da tiempo para que el resto de la orquesta se levante y también reciba la congratulación de un público que terminó de aceptarlas en el evento.

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LA VIDA EN EL CENTRO
A 13 kilómetros de este lugar, en el Centro de Inserción Social de Ilopango, está el resto de privadas de libertad bajo el cuidado del ISNA. Los lugares comunes del centro, como los salones de clase y talleres, lucen como cualquier otra escuela del interior del país. En uno de esos pequeños salones, con dos ventiladores y rejas en lugar de vidrios para las ventanas, está Fernanda y su bebé, que cumplirá un año dentro de una semana.

La joven ensaya una coreografía que presentará junto a sus otras 10 compañeras en septiembre. Ese espectáculo será la muestra final del curso de artes escénicas que imparte una vez a la semana TNT. Su hijo camina en una andadera entre las bailarinas de la última fila. La escena es, a veces, contradictoria: tierna y triste. Llegó al centro cuando era menor de edad y tenía el embarazo avanzado. Su bebé no ha conocido otra vida que no sea dentro de estas paredes.

La instructora de danza le permite salir del ensayo un rato para platicar en el patio. Debajo de un árbol y bajo la vigilancia del personal del centro, Fernanda apenas cuenta su historia. Dice que está condenada por extorsión, pero ella, a diferencia de otras compañeras del centro, asegura que no cometió el delito. Habla con timidez y frases cortas. No recibe visitas, su familia también está en prisión. Después de más de un año, no tiene idea de qué le espera para cuando recupere la libertad, “pero lo que sí sé es que voy a luchar. Y es que por mi hijo soy capaz de hacer hasta lo que no hice antes”, dice.

Después vuelve a la clase y ensaya una canción de rock and roll. Como parte de la coreografía, carga a una de sus compañeras. A los pocos segundos, la compañera se convierte en una especie de guitarra sobre la que Fernanda toca algunas cuerdas imaginarias. Las internas se ríen.

“Definitivamente ellas han tomado decisiones incorrectas”, dice Sheila Reyes, la instructora de danza dentro del centro. Llega una vez a la semana y divide su tarde y mañana entre los talleres del sector. A diferencia de la orquesta, en danza aún no han podido integrar a los dos grupos. La confianza y el contacto cuerpo a cuerpo son fundamentales para bailar y hacer cargadas.

Sheila es un huracán de energía. Llega al salón y hace el silencio entre la plática de las internas. Da indicaciones y le obedecen. La instructora afirma que la matrícula inicial a este taller fue de 35 personas, pero ese número se ha reducido. La idea es que, a través del baile, aprendan a seguir órdenes, a ser disciplinadas, a seguir un ritmo, a respetar el espacio y tiempo del otro.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa Patricia. Luego cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”.

Al inicio puede sonar descabellado que tantas cosas puedan aprenderse mientras memorizan coreografías, pero conforme el ensayo avanza, la instructora se pone seria y prueba su punto. Las jóvenes repiten canciones, llevan las cuentas y Sheila, como si se tratase de una inspección rigurosa, se acurruca, coloca los codos sobre sus propias rodillas y entrelaza las manos frente a su cara. Observa con detalle los pies de las internas. Así se da cuenta de quién duda sobre el siguiente paso que hay que dar y de quién va tarde en la cuenta. Sheila no es nada tímida al señalar qué están haciendo mal para que lo corrijan.

“Lo que uno trata de inculcarles es disciplina y perseverancia. Lo que se llevan es el respeto a una jerarquía”, indica Sheila. Después del mediodía inicia la clase con el sector 1 del centro. Aquí llevan más meses entrenando y tienen tanta energía como la instructora al bailar. Entre ellas está Andrea, la joven de 24 años que toca el violín.

Está en la primera fila de la coreografía. Baila las canciones sin equivocarse en ningún paso. Y, si en el concierto era la imagen de la elegancia y la solemnidad, aquí baila ritmos urbanos donde mueve la cadera sin parar.

“Lo que quisiera, pero quizá nunca va a pasar –dice Andrea durante un receso– es que la gente comprenda que andar en la calle tiene consecuencias y uno entiende hasta que ya está aquí. Y desde que uno cae, este es otro mundo”. Ella acepta que, de haber seguir por el camino que iba, no sería bachiller. Ahora quiere ser profesional. Pero se graduó hace dos años y, desde entonces, no ha podido continuar con su educación.

“A mí lo que me gusta, me encanta, me apasiona es la cosmetología y el Diseño Gráfico. Ya no puedo seguir estancada”, cuenta antes de regresar a la coreografía.

Por sectores. En el centro de inserción hay niñas y jóvenes con afinidad a diferentes pandillas, y la mayoría de las actividades se realizan por separado.

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LA SALIDA ES ESTRECHA
Mientras el concierto en el edificio de la colonia Escalón sigue, cuatro custodios de Centros Penales vigilan la entrada del parqueo. A las 3:30 de la tarde, la orquesta termina su intervención y el público aplaude de nuevo. Luego, guardan sus instrumentos y hacen una fila para salir. Van custodiadas por personal del centro y bajan unas gradas hasta descender a una pequeña puerta que conecta con el parqueo. Ahí hay dos microbuses esperándolas.

La fila que desciende por las escaleras es lenta. Al llegar hasta la puerta se puede ver por qué. Es la vuelta a la realidad. Si hace 5 minutos recibieron felicitaciones, gritos y aplausos, hoy sus manos reciben esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resuena en el cajón de cemento que es el parqueo. La salida de este día ha terminado oficialmente y suben en pareja a los microbuses. Adelante de los vehículos van dos custodios. Uno de ellos lleva el arma sobresaliendo por la ventana.

A unos 3 metros de distancia, Patricia, quien pasó más de dos años interna, observa el proceso: Uno tiene “la emoción de querer salir, pero que cuando llegás a la puerta del centro te pongan las esposas, es algo bien feo. Pero tratás de disimular”, dice con una sonrisa nerviosa.

Mientras este procedimiento ocurre, entra al edificio Carlos Canjura, el ministro de Educación. Su participación estaba prevista en la agenda del evento recién terminado, pero él dice que comunicó que no podría venir por una reunión en Casa Presidencial.

Ni él sabe quiénes son las jóvenes con esposas a unos metros; ni ellas, quién es el señor que ha llegado, en apariencia, tarde. Al ministro se le cuestiona sobre cuáles son las alternativas o programas de educación para las jóvenes privadas de libertad. Durante 2 minutos, él habla de las oportunidades que el ministerio tiene, como la educación a distancia, pero no menciona nada en específico para esta población.

Si, en efecto, las privadas de libertad deciden cambiar su vida con el estudio, no hay ningún proyecto ministerial específicamente diseñado para que ellas estudien, de acuerdo con el titular del MINED. Canjura asegura que se está pensando en la posibilidad de abrir aulas virtuales en los centros del ISNA para que haya más oportunidades de aprendizaje. Pero es solo eso, una idea. No hay nada ejecutado.

*Los nombres de las internas han sido cambiados a petición del ISNA.

Menores infractoras. Quienes se encuentran en el Centro de Inserción Social son menores de edad desde los 14 años. También hay jóvenes de hasta 24 años que ingresaron al centro cuando eran adolescentes.

La marcha de las ausentes

Intervención. Sobre la base del Monumento a la Constitución se colocaron mariposas negras en representación de las mujeres asesinadas.

Larissa tenía 11 años cuando un vecino le tocó los senos que empezaban a asomarse por su pecho. Ella usaba una camisa con un estampado y su vecino, un hombre mayor, se acercó a ella con la excusa de tocar la tela. El hombre terminó manoseándola. Larissa se congeló. No supo qué hacer, pero supo que algo estaba mal. Esa vez aprendió que no estaba segura en su colonia, a metros de su casa.

Más de una década después, una mujer escucha la historia que Larissa cuenta y relata algo que la hizo sentir vulnerable cerca de su casa. Un hombre de la zona intentó meterla a la fuerza a un carro. Por anécdotas así, desde niñas aprendieron a evitar ciertas calles, ciertos vecinos y a apresurar el paso cuando están en la vía pública.

Estas historias se escuchan en el patio de un café de San Salvador. Este lunes 5 de marzo hay 14 mujeres reunidas en un círculo. Hay jóvenes y adultas, empleadas, artistas y universitarias.
“¿Quién nos convoca? Pues nosotras nos autoconvocamos”, dice Montserrat, una activista por los derechos de las mujeres con amplia trayectoria. El grupo se creó cuando en un chat, algunas de ellas plantearon el deseo de realizar una protesta nocturna. Que la actividad sea de noche tiene un motivo. Quieren caminar en la oscuridad para reclamar su derecho a movilizarse y no sentir miedo de que alguien las toque o las intente subir en un carro.

En 2016, la organización Small Arms Survey posicionó a El Salvador como el país más feminicida de América Latina. Y solo en los primeros meses de 2018, una mujer ha sido asesinada cada 19 horas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

“En la conmemoración del 8 de marzo no deberíamos hablar de violencia, sino de las conquistas de los derechos de nosotras, de los avances en salud y educación”, explica Enayda Argueta, investigadora social del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG) de la organización Háblame de Respeto. “Lo que pasa es que en nuestro país hemos conquistado unos derechos pero nos siguen matando”, continúa.

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LAS ORGANIZADORAS de este evento llamaron a sus amigas y conocidas y regaron la voz. Las invitaron a vestirse de luto y llevar flores y velas para una concentración en el redondel del Monumento a la Constitución, mejor conocido como La Chulona.

A las 6:50 de la noche del 7 de marzo, ya hay 50 mujeres reunidas en la rotonda. Conforme pasan los minutos, algunas de las organizadoras entregan unas mariposas negras de papel a las asistentes. Las mariposas tienen una cinta adhesiva. Luego se le explica al grupo que en algún momento de la noche esas mariposas simbolizarán a una asesinada.

“A pesar de que sentimos rabia por las mujeres que no están, lo que prima en nosotras es la alegría”, dice Vanessa Pocasangre a las 7 de la noche, antes de iniciar la marcha. Elena Salamanca, historiadora y otra de las planificadoras del evento, habla de la importancia de visibilizar el duelo en el espacio público. Lo de hacer duelo no es exageración. Frente a ella, el colectivo de mujeres transgénero ASPIDH-Arcoíris ha colocado una manta llena de nombres y fotos de sus compañeras trans asesinadas.

Diez minutos después ya hay un centenar de mujeres reunidas en el redondel. Incluso hay niñas vestidas con el uniforme del colegio. De pronto, comienza una música suave y una bailarina vestida de blanco realiza una danza. Se tira al suelo e intenta levantarse con movimientos cortados. En el piso también yace inmóvil otra mujer de vestido azul. Algunas poses se asemejan a una escena de homicidio: la mujer quieta, boca abajo, en medio de la gente. La mayoría de mujeres víctimas de homicidios ocurridos entre enero y octubre del año pasado fueron encontradas en la calle, de acuerdo con información del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG).

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios, porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”.

Performance. La bailarina Paola Lorenzana interpreta una pieza denunciando la violencia contra las mujeres en una marcha nocturna del 7 de marzo.

En medio del público, una actriz vestida de blanco empieza a leer una lista de casi 200 nombres. Esta lista fue un tema de discusión hace dos días. Quienes planificaron la protesta nocturna aseguran que se acercaron al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a solicitar una lista con nombres de las asesinadas durante el año pasado. Ellas sostienen que la respuesta que encontraron es que ese instituto no lleva ese registro. Séptimo Sentido consultó al respecto al instituto y, hasta el cierre de la nota, no obtuvo respuesta.

El primer nombre que se lee en esta lista, creada a partir de la revisión de noticias de periódicos, es Katya Miranda. Ella tenía nueve años cuando fue violada y asesinada en un viaje familiar a la playa en 1999. El principal sospechoso, su abuelo, fue absuelto de los cargos. Su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad de los delitos contra las niñas. Cuando su nombre se escucha en esta concentración, hay silencio. Hasta que Montserrat grita: “¡Ausente!”.

Así se marca la dinámica de la lectura. Por cada nombre de mujer asesinada, otras 100 responden “¡ausente!”, y la partida se hace palpable. Pasan los minutos, los nombres, las páginas y las lista de asesinadas no parece tener fin.

Sobrecogida por la cantidad de muertas, una joven de 22 años llora mientras sigue gritando por las ausentes. Rápido, se seca las lágrimas y sigue respondiendo a cada nombre. Por cada mujer mencionada, las manifestantes se acercan a la base del Monumento a la Constitución y pegan una mariposa negra sobre la pared. En cuestión de minutos la pared blanca es saturada por mariposas que conforman una gran mancha oscura.

Cuando la lista se termina, las manifestantes recogen del piso una manta que han pitando con tres palabras “Caminamos sin miedo”. Todas se forman detrás de ella y salen a la calle.

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Recorrido. Las mujeres que asistieron a la marcha “Caminamos sin miedo” realizaron un circuito cerrado de 3 kilómetros en el que se leyeron los nombres de decenas de mujeres asesinadas en los últimos años.

CADA 8 DE MARZO se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día sirve para conmemorar su lucha por salarios justos y condiciones de trabajo dignas. El año pasado, por primera vez, se realizó el Primer Paro Internacional de Mujeres. Este año se realizó por segunda vez una huelga internacional. Pero no todas pueden hacer huelga para exigir sus derechos.

Este miércoles 7 de marzo también marchan aquellas que no pueden hacerlo de día porque pueden ser amonestadas en sus trabajos. La marcha de ahora está enfocada en mujeres, aunque en El Salvador la gran mayoría de los asesinados son hombres.
En 2017 fueron asesinados 3,954 salvadoreños. Eso mantuvo a El Salvador como el país con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica. Las mujeres asesinadas fueron 469. La mayoría de ellas eran jóvenes.

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”, explica, a través del teléfono, Claudia Interiano, abogada experta en derechos humanos.

Para Interiano, es importante analizar los hechos de violencia desde sus causas: “Las situaciones de riesgo a las que se puede someter una mujer para que acaben con su vida son, por ejemplo, cuando se pone fin a una relación, un divorcio, al denunciar una situación de violencia y abuso sexual. Esas son las razones de riesgo por las que las matan. Y no son esas las razones por las que matan a los hombres”, comenta la experta.

Frecuencia. De acuerdo con las cifras oficiales, durante los dos primeros meses de 2018 una mujer fue asesinada cada 19 horas.

A las 7:40 de la noche, la concentración sale del redondel hacia la calle San Antonio Abad. De inmediato, aparece una patrulla policial. Un agente, tomado por sorpresa, les pregunta el motivo de la marcha. Cuando alguien le responde que es una manifestación contra la violencia, el agente comunica a través de su radio que se encargará de darle seguimiento a la actividad.

Por unos minutos, la manifestación toma la forma de una procesión religiosa y solemne. Algunas llevan velas y flores en sus manos. Con un megáfono, lámpara y listado van leyendo nombres de mujeres ya asesinadas y de manera serena, se sigue respondiendo que están ausentes. Después, la tranquilidad de la marcha se rompe y algunas comienzan a gritar en coro: “No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

En octubre del año pasado, Vilma Pérez fue asesinada así: en la cara de la gente. Vilma salió con sus dos hijos hacia la subdelegación de Apopa para denunciar por maltrato intrafamiliar a su compañero de vida, José Menjívar. Él la mató antes. Le disparó en la calle, frente a sus dos hijos, de cuatro y ocho años. Menjívar huyó del lugar sin que nadie lo detuviera. Sigue prófugo.

Conforme la marcha avanza, más personas se unen a la manifestación. Hacia el final del grupo camina Frida tomada de la mano con su madre. Frida tiene siete años, estudia primer grado y a veces dice que quiere ser veterinaria. Hoy conoció a otra niña de su edad en la marcha y le ha tendido la mano para caminar junto a ella.

Natalia, la madre de Frida, dice que ha traído a su hija a la manifestación para que aprenda a luchar por ella misma, para que sepa que siempre es mejor denunciar las ofensas que guardar silencio.
El grupo llega hasta el redondel El Torogoz e inicia el camino de vuelta hacia el Monumento a la Constitución. Al llegar, quienes cargan flores y velas las colocan al pie de la base de La Chulona. Pronto se forma un altar para las asesinadas.

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8M. Concentración de mujeres en la alameda Roosevelt en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la marcha gritaban “Ni una menos, vivas nos queremos”.

IRENE DÍAZ ha descansado poco esta mañana del 8 de marzo. Ella tiene 37 años, es editora audiovisual y tiene una hija de 11 años. En 2017 participó en un proceso de formación para defender y conocer sus derechos. Desde entonces, empezó a platicar con más mujeres y a tener claro que había que defender hasta la memoria de quienes ya no viven.

Así llegó a Ni Una Menos El Salvador, un movimiento de sociedad civil conformado por 14 mujeres que se reúnen los sábados en asambleas y empiezan a discutir temas como el derecho a la tierra, a un salario justo y la seguridad.

Ni Una Menos es un movimiento que surgió en 2015 en Argentina para exigir un alto a los feminicidios. El caso que removió la indignación colectiva fue el asesinato de Chiara Páez, una joven de 14 años golpeada hasta morir por su novio. Tras esa muerte, el movimiento logró concentrar a 300,000 personas. Entre ellas estaba Franchesca Mata, una abogada salvadoreña residente en Buenos Aires. Mata vino al país este año y empezó a convocar a mujeres a través de internet para formar la filial salvadoreña del movimiento.

Ellas no pertenecen a ninguna ONG ni tienen financiamiento de nadie. Tienen diversas profesiones y oficios y se reúnen para hablar sobre sus problemas y los de la sociedad. “Sabemos que somos nada dentro de las organizaciones”, comenta Franchesca Mata. Ella explica que lo que buscan es visibilizar la realidad a través de sus denuncias: “Ante la indignación, la acción. Estamos cansadas y salimos de la red social a conocernos”.

Irene Díaz participó en la marcha nocturna del 7 de marzo, y 12 horas después, en la mañana del Día Internacional de la Mujer, ya se encuentra en otra actividad. Ella y otras siete integrantes de Ni Una Menos El Salvador han llegado ante la Fiscalía General de la República en Santa Elena.

Pretenden colocar una pancarta en la fachada de la FGR. La manta tiene cruces pintadas y la leyenda: “469 mujeres asesinadas en 2017”. En la fachada de este edificio hay una especie de gruta en la que hay un ángel. Después de unos minutos, colocan la manta sobre la gruta.

De inmediato, aparece un policía. En su uniforme lleva el apellido Interiano, y a pesar de que en la acera solo hay mujeres, pregunta:

—Buenos días, ¿quién es el encargado de esto?

El policía les explica lo que deben hacer: “Me van a quitar de ahí la manta y la van a poner en esa pared, al lado de la escalera”. El policía hace referencia a un paredón que sirve de división entre los carriles de la calle frente a la sede fiscal.

La pancarta lleva menos de 5 minutos colocada sobre la gruta. Las integrantes de Ni Una Menos se muestran un poco reticentes. El policía les pide que la muevan, que en el lugar que él les indica, todo se verá “bonito”. Antes de quitar la tela que ellas han pintado, las mujeres le toman fotos. El policía les advierte que la Ley de Seguridad Pública establece que “es prohibido” tomarle fotos al edificio de la Fiscalía.

Hace dos años el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, montó una tarima con un equipo de sonido y movilizó a más de 1,000 personas para protestar contra el fiscal general. La concentración de entonces ocurrió en esta misma calle y frente a este mismo edificio público. En ese entonces, nadie fue desalojado.

Irene Díaz se muestra fastidiada por las indicaciones policiales. Ella dice que lo que buscan es hacer hincapié en que las autoridades estatales también tienen responsabilidad en las muertes de mujeres. El policía se apresura a responderle que sí, que él la comprende porque tiene estadísticas de “270 feminicidios”. Consultado sobre la fuente de su cifra, el policía responde que no está autorizado para dar estadísticas.
Las integrantes de Ni Una Menos obedecen al policía. Horas antes, en la calle San Antonio Abad, el grupo protestó por la desaparición de la agente policial Carla Ayala, quien este domingo cumple 73 días de desaparecida. Un policía la atacó con arma de fuego tras una fiesta navideña y huyó con su cadáver.

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UN PAR DE HORAS MÁS TARDE, EN LA ALAMEDA ROOSEVELT, EN EL PARQUE CUSCATLÁN, MILES DE MUJERES Y HOMBRES SE JUNTAN PARA INICIAR LA MARCHA OFICIAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EN ESTA PARTICIPAN ORGANIZACIONES FEMINISTAS, DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE, MUJERES TRANS, UNIVERSITARIOS, ETC.
Esta marcha es distinta a la de la noche anterior. Es multitudinaria. Hay colores, música, baile y se dirige hacia la plaza Salvador del Mundo.

La marcha no despierta mucha simpatía entre los conductores y las personas que ven su tránsito afectado. Desde un bus de la ruta 30-B, un hombre ve a las asistentes y dice que estas son “viejas gritonas y sin marido”. En una intersección de la alameda Roosevelt, cuatro hombres y una mujer en motocicleta no quieren esperar a que termine de avanzar el flujo de personas. Hacen sonar los motores de sus motocicletas e insinúan avanzar entre las organizaciones. Un grupo de mujeres se coloca, desafiante, frente a ellos. Entonces los motociclistas retroceden en su estrategia para salir del tráfico y piden que, al menos, les dejen espacio para dar la vuelta y regresar por la calle que venían.

La marcha termina al mediodía. La mayoría de personas empieza a buscar una sombra después de estar de pie y bajo el sol por al menos tres horas. Irene Díaz ha realizado dos marchas en menos de 15 horas, pero no se muestra cansada. Va cantando y portando un cartel que dice “Soy la mujer de mi vida”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”.

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Estado implicado. En la marcha del 8 de marzo, cientos de personas exigieron que el caso de la policía desaparecida Carla Ayala no quede en la impunidad.

ANA RUTH RAMOS SOBRESALE entre las personas que buscan un espacio de césped para sentarse y descansar en el Salvador del Mundo. Ella es una mujer de 22 años con un hijo de tres y una bebé en brazos. Marchó en el bloque del Foro Nacional de Salud. Ana Ruth lleva un manto de tela blanca en la cabeza para cubrir su cabello. Ella se congrega en una iglesia cristiana y profética. Su hija descansa sobre una manta en la grama y su hijo corretea alrededor de ella.

Ana Ruth dice que quería estudiar y mejorar su vida. Ahora sus sueños están puestos en sus hijos. Como ella es una mujer religiosa, cuenta que a veces la critican por asistir a estos movimientos de mujeres. “Ya me han dicho varias veces que a nosotros que somos cristianos no nos conviene andar aquí, pero yo les digo que no ando haciendo nada malo”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”, explica vía telefónica el Dr. Manuel Sánchez, economista y experto en temas de desarrollo humano.

En El Salvador las mujeres tienen menos acceso a educación y salarios justos. Y esta no es una percepción, está probado estadísticamente. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo de la población femenina es de 12.5 %, mientras que la de hombres es del 8.8%, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Además de tener menor escolaridad, las salvadoreñas ganan menos que sus contrapartes masculinas. Un ciudadano que ha estudiado más de 13 años tiene, en promedio, un salario que sobrepasa los $600, mientras que el pago que recibe una mujer con el mismo nivel de educación es de $516.33, según la DIGESTYC.

Ana Ruth no tuvo oportunidad de estudiar. Mientras se come unas pupusas, cuenta que su madre murió cuando ella era pequeña y quedó sola con su padre, quien la maltrató. Por eso, aunque era menor de edad, dejó la casa de su papá para trabajar como niñera en San Salvador.

Cuando cumplió los 18 años se acompañó con un muchacho y dejó de trabajar para empezar a criar hijos propios. Hoy dice que marcha para protestar contra el maltrato: “A nosotras siempre nos faltan al respeto. Hay hombres que se quieren aprovechar de una o los mismos padres la quieren golpear, violar. Yo ya pasé por eso y no quisiera que las demás mujeres pasen lo mismo, porque ya sufrí”.

Al lado izquierdo de Ana Ruth, a solo unos metros de donde su hija duerme, está colocada una tarima desde la cual se saluda a los últimos bloques de hombres y mujeres que llegan al final de la marcha. Por una mañana, una calle de San Salvador fue el escenario para que más de 1,000 mujeres pudieran caminar sin miedo.

Éticamente es más valioso ser periodista que escritor

Juan Villoro

El mexicano Juan Villoro aseguró que “éticamente es más valioso ser periodista que escritor” al evaluar sus dos profesiones, además de defender la importancia del oficio periodístico en “tiempos de creciente intolerancia” en el mundo.

“Un escritor puede ser tan caprichoso como le da la gana y tan mala persona como quiera, y al mismo tiempo escribir buenas novelas. El periodista no lo puede hacer porque ya estaría negando su compromiso con la verdad, con la objetividad, con los demás”, manifestó Villoro en una entrevista con dpa.

El mexicano presentó este domingo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su último libro, “El vértigo horizontal”, un “homenaje crítico” a la Ciudad de México, donde nació hace 62 años, que combina crónicas, reportajes y su particular mirada de la capital del país.

¿Se considera periodista?
No sé si estoy usurpando funciones. He hecho reportajes puros y duros; de hecho, en “El vértigo horizontal” hay algunos textos que considero más periodísticos, aquellos donde había realidades ajenas a mí que yo tuve que cubrir más como reportero.
También he hecho entrevistas con el afán de ser periodista, pero también tratando de mantener en ellas cierto impulso narrativo. Durante muchos años, cuando me preguntaban mi profesión, yo respondía periodista, porque me parecía pretencioso llamarme escritor. Me gusta más la humildad del periodismo, en la medida en que es un género en el que es importante que sean los demás los que tengan la razón y que sea la realidad la que te dicte los asuntos.

¿Diría que el periodismo es como nunca un pilar de la sociedad?
Vivimos en tiempos de una creciente intolerancia, no solo en México, sino en todo el mundo. Si vemos la relación de (Donald) Trump con la prensa, si vemos la importancia de las noticias falsas en redes sociales, si vemos los autoritarismos creciendo en Brasil, Hungría, Polonia, Italia… son momentos difíciles, pero precisamente la amenaza al periodismo refrenda su importancia, es una paradoja: si no quieren que se digan cosas, es por algo. Tenemos que decirlas encontrando la manera de hacerlo.

También es un momento importante para los movimientos feministas, ¿hay un ajuste de cuentas con el género femenino en el ámbito literario?
No diría que es un ajuste de cuentas, lo veo como un reconocimiento necesario de una realidad que tenemos, y es que hay extraordinarias escritoras, y no solo escritoras, sino mujeres que en todos los campos están destacando. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad patriarcal; entonces, es muy difícil que tengan la visibilidad que merecen, pero atañe a todos los campos, cada quien en su propio espacio tiene que luchar para que esto cambie.

Hay extraordinarias escritoras, y no solo escritoras, sino mujeres que en todos los campos están destacando. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad patriarcal; entonces, es muy difícil que tengan la visibilidad que merecen”.

Usted es miembro del Colegio Nacional de México, cuyo cuerpo académico se destaca por la falta de mujeres.
Tradicionalmente el Colegio Nacional no ha tenido muchas voces de mujeres. Nació a principios del siglo XX con 20 hombres. En los años 70 se duplicó y pasó a tener 40 hombres. Cuando yo ingresé, hace cuatro años había solo dos mujeres. Ahora tenemos cinco, lo cual haría pensar que si seguimos con la tendencia renovadora, en otros cuatro años habrá 12 y en cuatro años serán mayoría las mujeres. Ojalá así suceda, estamos tratando, pero es importante que se haga en todos los frentes.

El tema de su nuevo libro vuelve a insistir en una de sus obsesiones, la Ciudad de México. ¿Por qué elige volver siempre a ella?
Es un homenaje crítico, porque toda ciudad, especialmente la de México, te despierta emociones encontradas. Muchas veces he querido abandonarla, pero es como ciertas relaciones amorosas en donde piensas que no puedes seguir ya con esa persona y luego consideras que la extrañarías demasiado si te fueras. La Ciudad de México genera esta relación de amor/odio continua, y el libro es producto de eso, quizá predomina más el amor, porque finalmente me he quedado en la ciudad y es el único sitio que considero mío.

¿Le costó finalizar “El vértigo horizontal”?
Sí, uno de los grandes problemas de escribir sobre un tema tan amplio es caer en la dinámica de lo exhaustivo, tratar de ser enciclopédico. De alguna manera se volvió una expansión avasalladora que tenía que controlar de alguna forma. De broma decía que, más que un corrector de estilo, necesitaba un urbanista que lo estructurara.

¿Cómo escribió el poema que cierra el libro, que ya se había publicado unos días después del terremoto que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017 y que dejó saldo de 228 muertos en la capital?
Fue producto de la urgencia periodística, el terremoto ocurrió un martes y tenía que entregar mi columna un jueves. A dos días de distancia de la tragedia, no podía pensar en otra cosa, al mismo tiempo no tenía nada nuevo que decir. Se me ocurrió tratar de describir el gesto que me parecía más importante en aquellos días, el de levantar el puño para que los demás guardaran silencio y se pudiera escuchar si había gente con vida entre los escombros.

Este gesto solidario de darle prioridad al menos favorecido era lo que estaba determinando las jornadas, y yo sentía que había una poderosa fuerza simbólica en todo eso. Para volcar la emoción, podía acudir al género de la letanía, poniendo al lector como protagonista y hablándole de tú. Me quedaban dos horas para el cierre, así lo escribí, no sabía la extensión, porque no puedes calcular por líneas, lo ajustamos con los editores, y más que un género literario respondió a uno sismológico: es una réplica.

Quizás por eso mismo pude decir cosas que no sabía que podían conectar con la gente, tuvo una acogida sorprendente para mí y ya no es mío, siento que todo el mundo se lo apropió y me pareció el punto final correcto para este libro que amenazaba con no tener nunca un punto final.

¿Volverá a escribir poesía?
No me considero poeta, no considero tener esa capacidad de síntesis, quizás necesitaré de otro predicamento tan grande como el terremoto para que salga otro poema, yo no sé siquiera si es un poema, no me he preguntado al respecto.


* Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) es escritor, periodista y profesor de Literatura. En 2004 fue galardonado con el Premio Herralde por su novela “El testigo”. También ha trabajado en el teatro, ha sido guionista de cine y ha escrito relatos de viaje.

Juan Villoro

Los hijos aún quieren huir

Sara

Sara habla con voz baja desde que el problema sucedió. A veces articula las palabras, pero de su garganta no sale ningún hilo de voz. Eso pasa cuando menciona el nombre de la pandilla que amenazó a su hijo y cuando acepta que sí, que aunque ya pasó un año, aún tiene miedo.

No se llama Sara, pero la condición para dar su testimonio fue que no se revele su nombre real ni su ubicación. El problema, como ella lo llama, fue un ultimátum a Carlos, su hijo menor. A raíz de eso, perdió su trabajo y la casa que se disponía a comprar. Ahora ha vuelto al pueblo del cual salió hace años buscando una mejor vida. Desde ahí intenta sobrevivir cosiendo, pero en la zona también hay pandilleros y su hijo ha tomado una decisión: el muchacho de 19 años migrará a un país que no conoce, donde una persona –a quien tampoco conoce personalmente– le ha ofrecido casa.

El caso de esta familia es uno de tantos que no han sido denunciados ante la Policía Nacional Civil (PNC) por temor a que se filtre información. Sara solo denunció su situación ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que, en los primeros seis meses de este año, recibió 85 denuncias de desplazamiento forzado. En esos casos, 263 personas huyeron de sus hogares.

Esa cifra, sin embargo, puede ser débil para representar la magnitud del problema. Por ejemplo, el Informe Global de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados calculó que 296,000 salvadoreños sufrieron desplazamiento debido a conflicto el año pasado.

Del fenómeno se tienen datos y cálculos, pero gubernamentalmente no se admite. La PDDH cita un estudio en el que se sostiene que el 4.9 % de los hogares salvadoreños cambiaron su lugar de residencia “como producto de la violencia e inseguridad pública” hace dos años. Beatriz Campos, la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de dicha institución, lo resume en pocas palabras: “Para el Gobierno, reconocer que hay desplazamiento por pandillas es como decir ‘bueno, no somos suficientes para controlar el territorio, ni siquiera eso’”.

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EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Carlos tenía 17 años, estudiaba bachillerato y tenía novia. Vivía en un municipio controlado por pandillas y, hasta entonces, no había tenido ningún problema con los pandilleros de su misma edad.

“Mi otro hijo me contó que Carlos tenía una novia. ‘Está bueno –dije yo–, está en la edad de tener novia’”, cuenta Sara, su madre. Hasta el año pasado, ella trabajaba en ventas de un negocio en San Salvador. Normalmente salía de su casa temprano y regresaba hasta pasadas las 7 de la noche. Con su trabajo, asegura, tenía ingresos de $500 mensuales.

Debido a la inseguridad de la zona, el alquiler de la casa era de $40, y la madre de familia había iniciado pláticas con la dueña para comprarla por $11,000. Sus dos hijos estudiaban bachillerato, ella descansaba los domingos y, a pesar de las pandillas en la colonia, la vida para los tres pintaba bien. “Tenía una vida bastante tranquila”, alcanza a decir antes de que se le corte la voz por el llanto.

Una noche de abril del año pasado, cuatro muchachos de la edad de sus hijos tocaron la puerta de su casa y exigieron entrar. Ella sabía que eran pandilleros. Entraron a la sala y no se fueron hasta media hora después.

Dijeron “que mi hijo andaba con la mujer de un marero… ella no se ve así, como que fuera de ellos, pero sí, quizá se relacionaba mucho con ellos. Se querían llevar a mi hijo. Yo me humillé. Negocié con ellos. Llegaron a una opción, gracias a Dios, de que teníamos que irnos o si no, lo iban a matar”, dice Sara.

A la mañana siguiente llovía, recuerda Sara. Se preparó como si fuera a trabajar, tomó su cartera y salió a las 5 de la mañana. A su lado venía Carlos, su hijo menor. Era su huida, pero no cargaba ninguna maleta. Querían aparentar normalidad. Sara subió a su hijo en un bus y le dio la instrucción de no bajarse hasta el final del recorrido. En el otro punto, la tía de Carlos lo esperó y lo acomodó en este pueblo en el que se reubicaron.

Sara llegó a su trabajo para decir que tenía que irse y volvió a su casa. Consiguió un camión y ahí metió unas camas, la ropa, la refrigeradora, la cocina, unos sillones, unos adornos y flores de plástico. Cuando ella abandonó la casa de San Salvador, cuenta, unos siete mareros de la Mara Salvatrucha estaban custodiando: “Ellos incluso hablaron con el motorista, que para dónde iba. Y él les dijo ‘va para unos pasajes más arriba’, pero era mentira. En la casa quedaron unas mesas, quedó una cama porque ya no cabía, ni modo”.

Sara se subió al camión y se propuso no volver a ese lugar. “Salimos por otra calle que siempre va a salir a la principal. Ellos están al tanto de todo lo que está pasando en la colonia. Yo sentía como que nos iban siguiendo”.

Cuando llegaron al pueblo, Sara sintió un poco de calma. Pero durante el primer mes, sus hijos decidieron encerrarse y no salir. La ilusión de encontrar la paz no ha sido duradera. Después de un año, Carlos busca huir de nuevo.

Iniciativa productiva. Sara ha sido apoyada por una organización para montar un negocio y poder tener un ingreso económico después del desplazamiento forzado.

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ORGANIZACIONES RESPONDEN ANTE UN ESTADO AUSENTE

“Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”, reconoce la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con cifras de la PDDH, desde enero hasta junio de 2018, la institución contabilizó 283 víctimas de desplazamiento forzado interno. Dentro de estas personas, el grupo que más fue desplazado fue el de mujeres adultas de 19 a 41 años. El departamento en el que más denuncias se recibieron fue San Salvador, con el 60 % del total de casos.

Sara contó su caso en la PDDH y ahí la refirieron a Cristosal. Esa organización cuenta con un programa piloto para apoyar negocios de víctimas de desplazamiento forzado. La idea es ayudar a que las personas desplazadas puedan desarrollar un sostén para integrarse a las comunidades de manera productiva.

Eloisa Lara, la coordinadora de este programa, explica que Cristosal apoya con capital semilla: “No tenemos un tiempo definido de apoyo. Medir soluciones duraderas no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana bajo todas las condiciones de violencia de El Salvador. Las soluciones duraderas son un proceso complejo y largo en el cual nosotros vamos acompañando a la familias por, al menos, un año”.

Sara recibió una máquina de coser y, como ya sabía usarla, le enseñó a su hijo mayor cómo hacer cojines para poder tener algún ingreso económico. Por ahora, el modelo de negocio no es suficiente para sostenerse. Por ejemplo, ahora tiene en su casa un encargo de 50 cojines celestes por los que tendrá $100 de ganancia. Ella y su hijo han trabajado un mes en ese encargo.

Sara y sus hijos huyeron de San Salvador hace un año, pero no han estado libres de la delincuencia. Además del desarraigo, el costo de la huida ha sido alto. “Voy a vender a los cantones y hace poco, en el bus, me robaron producto valorado como en $150”, cuenta. Y si el año pasado pagaba $40 de renta, el alquiler de la pequeña casa de un cuarto en la que ahora vive con sus hijos es de $110 al mes.

Cifras de la procuraduría indican que, de cada 100 personas que se encontraban trabajando al ser desplazadas, 42 se vieron obligadas a “dejar el empleo o la microempresa que tenían. Es decir, junto con la vivienda, abandonaron sus medios de vida y, como resultado, su condición económica empeoró”.

Además, el desplazamiento supuso que sus hijos dejaran de estudiar el bachillerato. El Observatorio 2017 del Ministerio de Educación reportó que, en al menos 683 centros escolares se registraron casos de estudiantes que dejaron de asistir a clases por la presencia de maras en la zona del centro de estudios.

Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”.

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CAMBIAR DE LUGAR NO ES SUFICIENTE

—¿Acá no hay problemas de pandillas? –se le pregunta a Sara en un día lluvioso.
—Fíjese que es lo mismo aquí. Carlos no salía, hasta hace poco. Pero pasó un mes en que solo en la casa pasaba, hasta que empezó a buscar trabajo porque hay que salir adelante. Tenemos presencia de pandilleros aquí cerca. Hace poco Carlos venía ya como a las 8 de la noche y ellos estaban fumando allá arriba. Lo pararon y le preguntaron que por qué no lo habían visto, y él les dijo que trabajaba en la alcaldía y le han dicho que lo van a investigar”.

Carlos dio esa respuesta porque logró ser aceptado como aprendiz en un taller de la alcaldía de ese pueblo. El muchacho no recibió amenaza, pero ese mensaje fue suficiente para que la familia se sienta vulnerable de nuevo.

“Ahí está que mi hijo me dice que se va a ir. Dice que ya no quiere estar acá. Tengo una amiga que tiene una hermana en el extranjero. Ella me lo va a recibir. Lo que más quisiera es que ellos estén bien. Poder sacarlos de acá y que ellos puedan tener libertad de decir ‘voy a ir aquí’, ‘voy a ir allá’, sin pensar que les puede pasar algo”, cuenta Sara con amargura.

“Las soluciones duraderas para personas desplazadas se alcanzan a través de su integración comunitaria”, asegura Mauricio Quijano, director de Desarrollo Comunitario de Cristosal.
Brindar “soluciones duraderas es responsabilidad del Estado. Tal responsabilidad se manifiesta a través de la presencia territorial de las instituciones estatales, proveyendo acceso a servicios. Restituir los derechos de las personas desplazadas en comunidades de acogida requiere de la promoción de ambientes favorables para el ejercicio de dichos derechos”. Un ambiente que aún no han encontrado ni Sara ni sus hijos.

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LA REUBICACIÓN QUE FALLÓ

En julio de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció que el problema del desplazamiento forzado interno existe ,y ordenó al Ejecutivo que hiciera lo mismo y tomara medidas de protección para las víctimas. Esta resolución de la sala se dio tras la solicitud de un amparo en el que 33 personas de un grupo familiar dijeron haber sido víctimas de un sinfín de tipos de violencia en El Salvador.

Un hombre, identificado con la clave Demandante 2, declaró ante la Corte que los miembros de su familia vivían en un área de Ciudad Delgado dominada por pandillas.
“En 2016, la cosa se puso caliente”, se escucha decir al hombre en un video. “Extorsionaron todos los negocios, mataron al que vendía tortillas en la comunidad. Mataron al hijo del señor que vendía gas y a su papá lo balacearon. A la señora del chalet de la tienda la balacearon. De ahí mataron a un sobrino de mi primo”.

Pérdida de trabajo. Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indica que el 42.5 % de los desplazados se vio obligado a dejar su empleo en el período de abril de 2016 a mayo de 2017.

Luego, la violencia lo tocó de manera directa. Dos de sus familiares pertenecen al ejército y una de sus hermanas fue violada junto con su hija de 12 años. Los pandilleros, de acuerdo con la declaración, amenazaron con matarlas si no entregaban a sus hermanos militares.

Con todo esto en la cabeza, el Demandante 2 decidió coordinar el traslado de su familia hacia Berlín, Usulután. “Un mes y medio después ya habíamos hecho el rancho de lámina”, se le escucha decir. Pero el lugar al que se desplazaron se convirtió en otra estación de su vía crucis.

En el video, el hombre explica que, llegado diciembre, la comunidad organizó una fiesta frente a la casa informal que recién había construido. “Estaban enfrente de nosotros las luces, la discomóvil, todo el show y la gente contenta. Todo bello. A las 10:30 fue el parón de luces y de sonido. Pum. Y el gran caos y la gritadera”.

El Demandante 2 asegura que policías llegaron y realizaron un operativo en busca de pandilleros. Luego, su madre salió a observar qué sucedía.

“Cuando mi mamá venía saliendo, se oyeron los disparos. Mi mamá gritó y yo le dije ‘no, tranquila, mamá, no me han baleado a mí’. ‘Hijo, me balearon’, me dijo. Yo la alumbre y cuando la vi, su pantaleta blanca estaba empapada de sangre. Mi hermano la agarró. Mi papá le daba boca a boca respiración. ‘¿Qué han hecho?’, le dije yo. En el baile pregunté quién disparó. ‘Los policías dispararon’, dijeron en la comunidad”.

Este caso que ilustró la violencia de El Salvador sirvió para que la Corte Suprema de Justicia se convirtiera hace solo cuatro meses en la segunda institución pública en reconocer este fenómeno.
“No se encuentra razón para dudar del declarante, pues no se ha aportado al proceso prueba que ponga en duda su credibilidad o la confiabilidad de la información que proporcionó”, razonó la Sala de lo Constitucional al respecto.

La sentencia indicó que “los integrantes de su grupo familiar han sido víctimas de desplazamiento forzado, en un primer momento, como consecuencia del acoso y de graves atentados que pandilleros del Barrio 18 efectuaron en su contra y, en un segundo momento, por un hecho de violencia no investigado ni esclarecido que involucró a agentes de la PNC y provocó el fallecimiento de la madre del demandante”.

Las personas identificadas como víctimas y demandantes en este amparo ya lograron irse de El Salvador. Su intento de reubicación dentro de su propio país terminó en un homicidio que aún no ha sido esclarecido.

La sala estableció que la Asamblea Legislativa había fallado al no actualizar normativa para la atención de estas víctimas, así como señaló fallas del sistema policial y fiscal. Además, ordenó que se tomen medidas para proteger urgentemente a las familias que huyen por la violencia.

En la práctica, las órdenes de la Corte son solo palabras sobre papel. La procuradora Beatriz Campos lo reconoce así: “Las ONG están supliendo, aunque no debería ser así. Y ahí nuestro principio se va un poco por la borda porque queremos que el Estado asuma, pero no tiene cómo, por más recomendaciones que se hagan y por más que la sentencia esté vigente”.

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UN PROBLEMA SIN ESTADÍSTICAS CLARAS

“Hay personas que dicen claramente que no quieren denunciar ante la PNC o la Fiscalía. Pero nosotros registramos el caso”, sostiene Campos. También otras organizaciones llevan sus propias estadísticas. De enero a septiembre, Cristosal ha registrado 115 casos de desplazamiento forzado. En promedio, 12 por mes. En el 68 % de los casos, las víctimas han decidido no interponer denuncia ante el Estado.

“Existen varios factores que no hacen posible en este momento un cálculo con alto nivel de precisión del número de desplazados. Dentro de ellos se destaca el carácter invisible del desplazamiento. La visibilidad podría significar ser detectados y ser de nuevo víctimas de la violencia”, se puede leer en un informe del año pasado de la Procuraduría.

Si no hay denuncia formal, ¿cómo se sabe que los casos son reales? Cuando esto se le cuestiona a la procuradora Beatriz Campos, ella responde que las personas que llegan a la procuraduría se presentan en situación límite y, en ocasiones, en crisis nerviosas. Ella recuerda que predominan los grupos familiares en los que hay jefa de hogar con hijos y nietos. “Cuando la gente viene, no creo que estén fingiendo ni estén haciendo ninguna especie de histrionismo. Vienen con sus cosas, vienen con su grupo familiar”.

De una muestra de 138 casos de desplazamientos estudiados por la procuraduría, las principales causas para desplazarse fueron las amenazas de muerte y el intento de homicidio. A pesar de que estas acciones constituyen delitos que pueden ser denunciados ante las autoridades, las personas entrevistadas por la institución revelaron los motivos principales por los que no denuncian: por miedo a represalias y por desconfianza en las instituciones.

La desconfianza no es gratuita. “La mayoría de estos casos son provocados por pandillas, pero hay cinco denuncias de este año en los cuales las causales de desplazamiento son provocadas por agentes policiales, o sea, es una violencia institucional”, señala Campos desde su oficina en una tercera planta de San Salvador.

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LA PARTIDA

A mediados de este octubre, miles de personas salieron juntas de Honduras con destino a Estados Unidos. Los medios han nombrado al grupo de personas que avanza a pie en la Caravana de Migrantes. Se calculan entre 3,000 y 7,000 personas las que se juntaron para realizar un éxodo masivo del país centroamericano. Una página de Facebook llamada El Salvador Emigra por un Futuro Mejor ha convocado a salvadoreños a salir en grupo hacia Estados Unidos este domingo por la mañana.

Irse lejos de El Salvador es también el deseo de algunas de las personas que han sido sacadas de sus casas. Cristosal analizó 226 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre 2016 y marzo de este año. La conclusión a la que llegaron tras el estudio es tajante: “El 89 % de las familias que entre sus miembros tienen a un niño, adolescente o joven tiene la intención de migrar”.

Entre las instituciones estatales, este no es ningún secreto. Las víctimas de este problema no cuentan con medidas de protección suficientes y algunas se ven obligadas a tomar decisiones radicales, como la migración irregular. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos afirmó el año pasado que “el Estado mantiene un rol (marginal y) omitido y pasivo en la problemática del desplazamiento interno, a pesar de que la atención a las víctimas es responsabilidad prioritariamente de los Estados en donde ocurre”.

“Vámonos, mamá, hagamos vida en otro lado”, cuenta Sara que sus hijos le han dicho. La pequeña familia ha planificado que Carlos sea el primero en partir solo.

Medio de subsistencia. Sara espera, con la venta de su producto, recuperarse económicamente después de que su hijo fue amenazado de muerte.