Condadillo es el segundo caserío de Conchagua que está dentro de los límites del diseño del Aeropuerto Internacional Del Pacífico. Más de 30 parcelas con viviendas serán afectadas si el proyecto se construye tal y como ha sido presentado por CEPA. En cada lote, hay de dos a tres hogares y unas 10 personas. Nadie sabe, aún, el lugar de reubicación.
Las 30 familias del caserío Flor de Mangle, Conchagua, no tienen agua potable ni tuberías. La calle no está pavimentada y los accesos a salud y educación son muy limitados. En 20 años, esta zona no había recibido atención hasta ahora, cuando vehículos de instituciones gubernamentales transitan aquí con frecuencia. Este es el lugar elegido para construir el Aeropuerto del Pacífico. La comunidad, entonces, debe ser removida.
El nuevo aeropuerto que CEPA proyecta en La Unión estará ubicado sobre una masa de agua subterránea. La zona, atravesada por cuatro ríos, es propensa a inundaciones, advierte el Ministerio del Medio Ambiente. En octubre del año pasado, esta cartera también señaló los riesgos y la amenaza que el proyecto supone al Estero El Tamarindo, Área Natural Protegida. pese a que hay una alternativa de ubicación, El proyecto continúa tal cual.
En sus páginas, el plan Control Territorial hacía una importante apuesta contra la impunidad y la corrupción. En ese marco, también prometía trabajos coordinados entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la FGR y la PNC. Una promesa que el gobierno decidió truncar cuando las sospechas de corrupción comenzaron a rodear a sus propios funcionarios.
De las familias que habitan el área metropolitana de San Salvador, solo el 1.5% puede costearse una vivienda en altura, una opción de solución a la falta de espacio. Los precios de contado de los apartamentos en esta, la zona más densamente poblada del país, están arriba de los $100,000. Este tipo de oferta no está acorde a la demanda de vivienda de interés social. El desbalance obliga a un buen número de familias a instalar viviendas informales en zonas de alto riesgo.
Inés Flamenco fue una de las beneficiadas con una de las casas en Residencial Marsella. La regresó: no podía costearse la vida en la residencia ni trabajar.
Hasta ahora, el Gobierno no ha implementado ninguna de sus promesas del Plan Control Territorial para combatir la violencia de género. Por momentos, su inoperatividad alcanza el absurdo: un Ejecutivo que se apoya en hombres que se ensañan contra mujeres de forma misógina propuso en papel —y no ha hecho— una campaña contra el machismo y un programa contra el ciberacoso.
Un consultor extranjero se radicó en El Salvador para armar el Plan Control Territorial, pagado por Casa Presidencial. Un año después, terminó por crear una oenegé dedicada a la “prevención de violencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos en América Latina”. Él confirma la fundación, pero asegura que no tiene nexos con el Gobierno.
La política pública de seguridad del Gobierno de Bukele es un documento elaborado por dos asesores extranjeros que retoma apuestas de gobiernos anteriores y que desentona con las acciones represivas y la militarización de la seguridad de los últimos dos años y medio. Presentado hace un año a organismos internacionales, mandos policiales y sociedad civil, expertos advierten que en el PCT no está detrás de la caída drástica de los homicidios.
La principal política pública de seguridad ha existido mayoritariamente en las redes de comunicación oficial del gobierno. Dos copias del Plan Control Territorial indican que el gobierno no ha cumplido sus propios proyectos y, peor aún, los ha dinamitado a través de operativos policiales más represivos, invisibilización de víctimas y complicidad con conductas misóginas desde el Estado.