Volver a El Salvador aún no es una posibilidad

Ilustración de Moris Aldana

Ernesto viajó el 28 de febrero a San José, la capital de Costa Rica, porque de su trabajo lo mandaron a capacitar a personal de cocina para una cadena de bares. Él es jefe de cocina en un bar de San Salvador e iba por un mes y medio a enseñar nuevas recetas. Luego, le alargaron su estadía.

La empresa le daba viáticos y también le pagaba un hotel, pero con la declaratoria del COVID-19 como pandemia y su avance por Centroamérica, el local costarricense donde estaba Ernesto paró operaciones. Así que, de un día para otro, le dijeron que volviera a su país, pero El Salvador ya había prohibido el ingreso de vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y la entrada terrestre en sus fronteras.

A pesar de que la empresa le buscó alojamiento en la casa de un compañero, Ernesto dejó de recibir viáticos y hoy ya no sabe cómo volver el 25 de abril, cuando tenía programado su vuelo. Su compañero está por mudarse y, al menos, le ha dicho que puede seguir alojándolo en la casa de su mamá.

Cuando supo que tenía que mantenerse por su cuenta en el extranjero, Ernesto, desesperado, gastó los $30 que le quedaban de viáticos para comprar provisiones -que no le alcanzaron para mucho por lo cara que es la vida en Costa Rica- y ya se acabó sus ahorros para sobrevivir. «Tenía un poco ahorrado, ya no tengo nada de eso. Ya me toca quizá prestar en El Salvador, tal vez mi esposa puede rebuscarse», dice en una llamada.

Si no recibe ayuda de su empresa para comprar un boleto de regreso, tiene que buscar de dónde sacar el dinero. No pide volver en avión, está dispuesto a viajar 23 horas en bus con tal de estar de nuevo en el país. Acá no tiene garantizado su sueldo. Parte del equipo de la empresa que lo envió como capacitador, está sin trabajar por la emergencia y algunos compañeros le contaron que no recibieron su última quincena.

Sin pensarlo y en cuestión de horas, una pandemia hizo que Ernesto se quedara sin país. Ha pasado lo mismo con miles de salvadoreños que están varados por el mundo, después de que el 17 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunciara el cierre, sin avisar con tiempo, el Aeropuerto Internacional para los vuelos comerciales. Seis días antes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una pandemia, ya había comenzado a restringir el paso por las fronteras.

Desde entonces, los salvadoreños que no pudieron volver han tenido que pedir alojamiento donde amigos o conocidos, gastar sus ahorros o prestar dinero. Los gastos de algunos de los que viajaron por trabajo están siendo asumidos por sus empresas o instituciones. Otros ya ni siquiera tienen trabajo y no pueden costearse alquileres.

Los hipertensos y diabéticos no tienen forma rápida de comprar medicinas en el extranjero y no pueden darse el lujo de dejar de tomarlas, como para esperar que les sean enviadas desde la Cancillería de la República. Hay padres pensando en sus hijos, hijos pensando en sus padres o abuelos que viven solos la emergencia en El Salvador.

Ninguno de los que salió imaginó que la ropa que traían para unos días, se convertiría en la ropa que repetirán por semanas. Que la cargarían sucia hasta encontrar un lugar donde lavarla o donde les prestaran mudadas, porque si no era el caso, había que comprar más. Se alejaron del clima tropical y se han enfrentado a cambios de estaciones climáticas, que también exigen cambios de ropa y medicamentos para las alergias.

Ilustración de Moris Aldana

A comienzos de marzo, nadie advertía una pandemia en los aeropuertos de América. Tampoco las aerolíneas advertían sobre los riesgos de viajar. Lo que sí se advertía era a mucha gente con mascarillas intentando estar lejos de otras mientras esperaban vuelos, y afiches del COVID-19 en los pasillos de los aeropuertos.

Para los salvadoreños que viajaron, el virus aún estaba lejano, pero se iba expandiendo. No pensaron que el contagio sería veloz en América y que al terminar un tour, un taller o la visita donde un familiar, deberían asumir las consecuencias de la pandemia en países ajenos, en los que no existen. En un países donde los hospitales ya están abarrotados por enfermos de COVID-19 o donde contagiarse implica mucho dinero para gente que está con lo justo o simplemente ya no tiene cómo sobrevivir.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 27 de marzo que 3,450 salvadoreños habían solicitado ser repatriados. Este ministerio ha publicado en sus redes sociales un formulario en el que pide los datos de los varados y las principales necesidades que tienen, pero la información solo sirve para hacer un censo.

Hay embajadas que, a partir del formulario, comenzaron a contactar a los salvadoreños y los metieron a grupos de Whatsapp, como la de El Salvador en Argentina. A los 16 salvadoreños en el grupo nos han ofrecido alojamiento en su sede y, si es necesario, colaboración para medicinas o alimentos.

Argentina está en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo y la ha prorrogado hasta el 13 de abril. Las calles de su capital, Buenos Aires, están vacías y la policía las patrulla a toda hora. Si no hay forma de justificar por qué uno anda en la calle, lo llevan detenido. Solo están abiertas las tiendas, las ventas de comida, farmacias y supermercados.

Los salvadoreños varados en este país, estamos en cuarentena, y al llegar allá estamos conscientes que tenemos que cumplir la cuarentena obligatoria en albergues y someternos a la prueba del COVID-19. Son casi dos meses los que estaremos lejos de nuestras casas, uno en retornar, si el aeropuerto abre cuando termine la emergencia. Otro en pasar en un albergue, si el gobierno no reduce los días de aislamiento.

La de Argentina no es la única embajada que se ha acercado a los varados. La semana pasada, la Embajada de El Salvador en México tuvo una reunión con el grupo de más de 70 salvadoreños que no pudo salir de ese país.

Los salvadoreños plantearon dos formas de volver: por medio de un vuelo humanitario desde México a El Salvador o hasta Guatemala. Si llegan a Guatemala, pidieron que sea el gobierno salvadoreño que los traslade por tierra y ellos se someterán a la cuarentena obligatoria.

«No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste», lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

Él es uno de los cuatro salvadoreños que fueron delegados para reunirse con el embajador y exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien se comprometió en hacer llegar las peticiones a El Salvador. No hubo resultados, pero sí lograron recibir los kits de limpieza y comida que, hasta el pasado martes, no les eran ofrecidos.

Lo que más les preocupa a los varados en México es que los hoteles pequeños y baratos están cerrando por la pandemia y que, al igual que Nicaragua, el gobierno mexicano no ha tomado las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 y los contagios pueden expandirse. El viernes había 1,500 contagiados.

Lo único que todos tenemos claro al cierre de esta edición es que no hay vuelos humanitarios desde El Salvador. El aeropuerto sigue cerrado para vuelos comerciales, lo que no ha impedido que países como España y Estados Unidos ya mandaran a repatriar a sus ciudadanos.

Entre los decretos que la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del paso miércoles estaba uno transitorio para permitir el regreso de los salvadoreños por vía terrestre, aérea o marítima, de acuerdo con la capacidad en los albergues y protocolos de atención y protección elaborados por el Ministerio de Salud.

El decreto establece que El Salvador facilitará el retorno de los varados, sin importar su condición migratoria, pero los diputados señalaron que son ellos quienes deben pagarse el regreso.

Bukele ya dijo el jueves que los decretos aprobados en la plenaria no tienen su sanción. «ACLARACIÓN: NINGUNA de las reformas o decretos aprobados ayer por la @AsambleaSV cuentan con mi sanción y por lo tanto NO TIENEN VIGENCIA. Cualquiera que, basado en información tendenciosa, intente violar la ley ‘amparándose´ en un decreto no vigente, será sancionado», publicó en Twitter.

El viernes, la canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, canceló una reunión ya acordada con los diputados para discutir el tema. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter se limitó a mencionar al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y decirle que no tenía sentido reunirse, porque la Asamblea Legislativa había aprobado el decreto sobre los varados sin la opinión técnica de Cancillería y que esta seguirá coordinando con el Centro de Operaciones para la Asistencia Consultar Remota -el centro en el que les atienden- . Ahí, dijo Tinoco, los diputados «pueden llegar».

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, dijo esta semana que el Aeropuerto Internacional recibirá vuelos comerciales con pasajeros hasta el 19 de abril, fecha en ya estaría levantada la cuarentena obligatoria. Sin embargo, Anliker dijo que deberá esperarse la evolución del COVID-19 y qué decisiones tome el gobierno.

Ante la falta de respuesta, los varados comenzaron a buscar soluciones para volver, a través del grupo de Whatsapp que se llama «Salvadoreños en el exilio» y que suma más de 230 miembros. En el grupo se difundió la iniciativa de presentar un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para poder retornar, y mientras hay un fallo, ya coordinan gestiones de retorno.

La madrugada del jueves, el abogado José Ascencio Marinero presentó el amparo en nombre de casi 200 varados. Pidió que el gobierno gestione vuelos o formas alternas de retorno, por medio de sus consulados. Aunque solicitó vuelos humanitarios, aclaró que los salvadoreños están dispuestos a pagar su vuelo.

Expuso también que los varados se someterán a la cuarentena obligatoria y, de ser necesario y si el gobierno lo autoriza, pueden comprar las pruebas del COVID-19. Una opción para hacerlo es en un laboratorio de Miami, Estados Unidos, donde la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), cuesta aproximadamente $35.

“No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste”, lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

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Romeo Esquivel está a cinco horas de El Salvador, esperando a que abran las fronteras para regresar desde Guatemala. Pero espera que, al volver, los 30 días de cuarentena obligatorias impuestos por el gobierno en los albergues, se reduzcan.

Hace años, Romeo tuvo un accidente y perdió el bazo, un órgano que tiene entre sus funciones combatir infecciones en el cuerpo. Él sabe que el COVID-19 no es una bacteria, pero sí provoca neumonía, y a esto le tiene miedo. «No puedo correr el riesgo de pasar 30 días esperando a infectarme», dice en una videollamada, en la que explica a detalle lo que una infección pulmonar podría provocarle, ya conoce de casos que se han agravado y que las personas han muerto por infecciones. Tener una salud vulnerable lo ha llevado a investigar sobre la pandemia y cómo otros países la están tratando.

Romero alquila un pequeño apartamento en Guatemala. No sabe hasta cuándo podrá costeárselo, porque es el único que trabaja en su familia y el dinero significa un sacrificio que todos en su casa hacen por su salud. Donde se aloja nada más sale, con mascarilla y guantes, a proveerse de comida.

El 10 de marzo, un día antes de que El Salvador obligara a quienes volvieran del extranjero a ir a albergues a cumplir la cuarentena, Romeo viajó por trabajo y ya no pudo volver. Un grupo de amigos lo hizo, pero fue llevado al albergue de Jiquilisco, en Usulután, uno de los primeros habilitado por el gobierno, desde donde se hicieron varios reportes sobre condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Una persona contagiada de COVID-19 puede pasar hasta 14 días sin presentar síntomas, de acuerdo con OMS. Así es como Romeo cuestiona por qué la gente que ya dio negativa en la prueba sigue en los albergues y no es enviada a su casa.

Cuba es un país que acumula más de 3,000 pruebas de COVID-19, pero Bukele aceptó públicamente en una conferencia de prensa que el gobierno salvadoreño solo tiene capacidad de hacer 100 pruebas diarias y, hasta la fecha, hay casi 4,000 personas en cuarentena, en los albergues habilitados. En el sitio que el gobierno ha creado para publicar información sobre el COVID-19, las autoridades sanitarias tampoco indican cuál es la cantidad actual de pruebas que realizan por día.

«Es importante tomar pruebas», insiste Romeo. Lo hace con la esperanza de que alguien entienda su problema de salud.

 

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MANUEL CARRAZA ES EL PRESIDENTE de la revista Derecho y Negocios. Está varado en Ecuador, pero desde allá fue el enlace para coordinar con abogados salvadoreños la propuesta del amparo en la Sala de lo Constitucional.

Ecuador es el país que encabeza el número de muertos por coronavirus en Latinoamérica. Hasta el pasado jueves habían fallecido 93 personas por la pandemia y otras 2,798 estaban contagiadas. Uno de los lugares más afectados es Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, de la que en los últimos días comenzaron a hacerse virales imágenes de cadáveres abandonados en las calles. No se sabe cuántas de estas personas fueron víctimas del coronavirus.

Manuel explica a la revista Séptimo Sentido que están coordinando bases de datos para que los salvadoreños varados informen cuáles son las tres opciones de aeropuertos cercanos que tienen y quiénes tienen dinero para pagarse el vuelo de regreso. De no tenerlo, el gobierno es el que debe tomar una decisión por ellos, dice, aunque hay una agencia de viajes que podría aceptar vuelos con millas, vuelos que sean pagados con 12 cuotas a tasa cero o posiblemente pueda financiar vuelos.

Entre el grupo que gestiona el regreso, según Manuel, hay personas que tienen la posibilidad de hacer gestiones con aerolíneas y por esto urge saber la cantidad de varados y dónde están. Así se determinan los tipos de aviones que pueden utilizarse para el traslado.

La necesidad de volver que tienen los varados también llevó al partido Nuestro Tiempo a proponer un plan que ya presentaron a la canciller Tinoco y que implica que exista una reducción en salarios de funcionarios que ganan arriba de $3,000.

El plan consiste en que el Ministerio de Relaciones Exteriores identifique a los más de 3,000 salvadoreños varados y clasifique su riesgo de acuerdo con una escala determinada por el país de procedencia, para así garantizar una repatriación y las pruebas del COVID-19.

Además, el partido propone que a los salvadoreños que regresen se les asignen albergues especiales, según su las condiciones de riesgos que establezcan los epidemiólogos. Y que, después de 14 días, los que den negativo en las pruebas puedan realizar una cuarentena domiciliar.

Esto último no solo lo pide Romeo, lo piden cientos de varados: condiciones salubres al volver.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

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CLAUDIA NO DEJA DE PENSAR EN SU ABUELA, de 98 años, a la que cuida en El Salvador. Vulnerable por su edad, la abuela ha quedado sola con Jagger, el perro de la casa. Hay vecinos que están pendientes de ella, pero Claudia sabe muy bien que no es lo mismo a que, en medio de una pandemia, su nieta esté ahí para todo lo que necesite.

Fernando y Claudia ahorraron para ir de vacaciones con su hija de un año a Houston. Estarían una semana, pero un accidente de tránsito alargó su estadía y la emergencia por el COVID-19 los dejó afuera de El Salvador sin ningún plan para volver y sin el dinero necesario para seguir sobreviviendo. Ya casi acaban sus ahorros, han tenido que prestar ropa y se han quedado sin trabajo.

El 12 de febrero, un día después de que llegaran a Estados Unidos, un pick up impactó el sedán del motorista de Uber en el que viajaban. Fueron llevados de emergencia a un centro asistencial, porque Fernando tuvo lesiones musculares y su hija pasó en shock nervioso durante tres días. No comía y pasaba llorando por las noches.

Para entonces, alquilaban un hotel, pero solo pudieron seguir haciéndolo una semana, mientras Fernando asistía a las terapias que Uber le pagó. Contactaron al consulado de El Salvador en Houston y este les gestionó la estadía en la casa de una familia salvadoreña, una familia que les ayudó mucho y no les cobró ningún tiempo de comida. Pero, por después, decidieron alojarse en casa de una tía política de Claudia, donde todavía están.

Lesionado y sin computadora, Fernando ya no pudo seguir asesorando a clientes con los que trabajaba y perdió su empleo. Claudia tampoco pudo volver al país para continuar con las consultorías de ingeniería que tenía a su cargo, ni continuar buscando trabajo. Ahora ya no solo les preocupa volver, sino saber si, con la crisis económica que deje el COVID-19, van a encontrar empleo.

El día en que el gobierno cerró el Aeropuerto Internacional, Fernando salió con Claudia a hacerse una resonancia magnética en la que le diagnosticaron inflamación en una vértebra y en el cuello. Con este resultado, Fernando ya podía regresar a El Salvador, porque le dijeron que las terapias podía continuarlas acá.

Ilustración de Moris Aldana

Llegaron a la casa de la tía de Claudia y cuando quisieron comprar boletos para volver, la aerolínea les dijo que Bukele había ordenado el cierre del Aeropuerto Internacional ese día. «Lloramos con mi esposa. Lo primero que dijimos fue ‘nos vamos a gastar el dinero de los boletos. ¿De qué vamos a comer?’», cuenta en una videollamada. Y se preguntaron por qué antes de cerrar el aeropuerto, el gobierno no avisó.

Fernando es amante de los perros. En 2016, introdujo a El Salvador el canicross, que consiste en correr junto a un perro que está, con un arnés, atado a la cintura del humano. Extraña a Jagger, que, en los primeros días de su ausencia, dejó de comer de depresión. «Es como mi hijo», dice.

La familia está dispuesta a volver, pero les preocupa que, con una bebé de un año, no tengan las condiciones mínimas de salud para estar en un albergue. Lo más importante para ellos es contar con agua, comida y que haya forma de esterilizar pachas.

Eneyda Ramos pide el mismo trato desde República Dominicana, donde quedó varada. La emergencia por el COVID-19 y la obligación de ir a un centro de cuarentena al volver del extranjero le agarró desprevenida a ella y también a una compañera de trabajo.

El 5 de marzo viajaron al municipio El Cercado, al sur de República Dominicana. Fueron delegadas a conocer sobre las iniciativas de un proyecto comunitario y pretendían volver el 14 de marzo, pero en su organización les aconsejaron que se quedaran esperando afuera, por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en los albergues.

Lograron cambiar el vuelo para el 2 de abril, a la espera de que terminara la emergencia por el coronavirus, pero tampoco pudieron volver, porque el aeropuerto cerró. La organización les dio viáticos para el viaje, pero al verse imposibilitadas de regresar, tuvieron que pedir más dinero.

En República Dominicana han tenido la suerte de haber sido acogidas en una casa, por gente que trabaja en la organización que fueron a visitar. Están en la capital y no pagan su estadía. A veces les regalaran comida, pero, para evitar que la familia gaste en ellas, prefieren comprar sus provisiones y cocinar. Les han prestado ropa y ellas tienen que lavar seguido las pocas mudadas que llevaron.

Eneyda cree que el dinero con el que cuentan les alcanza hasta mediados de abril, cuando volverán a recurrir a la organización. Pero no saben si, con la pandemia, la organización tendrá las condiciones económicas para seguirles ayudando. Entonces, van a tomar dinero de su salario o a pedir apoyo a sus familias.

La Embajada de El Salvador en República Dominicana les ha dicho a ellas, y a los 20 salvadoreños que están en un grupo de Whatsapp, lo que ya han dicho otras: que pueden apoyarles con medicamentos y hospedaje, pero que los vuelos humanitarios no están disponibles.

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CADA DÍA SE SUMAN MÁS al grupo de «Salvadoreños en el exilio» y los varados están creando otros grupos, según el país donde estén. En el grupo se insiste en hacer presión al gobierno salvadoreño en redes sociales para el retorno.

En Twitter, se ha creado la etiqueta #VaradoSV y algunos varados han modificado sus nombres de usuarios en esta red social, para identificarse como lo que son por hoy: varados. Gente que está sin país en medio de una pandemia.

Luciana Villavicencio, una emprendedora salvadoreña que está en Estados Unidos, insiste en visibilizar las historias de la gente que salió del país y ya no puede regresar. Ella se ha encargado de publicar videos en sus redes sociales, en los que cuenta los testimonios de algunos salvadoreños. Es la madre de una niña de 9 años y la encargada del tratamiento de insuficiencia renal de su madre en El Salvador.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

Luciana dice que no están varados por ser ricos. Hay casos de salvadoreños que, como ella, salieron por trabajo.

A los varados les queda esperar que el gobierno decida abrir el aeropuerto. Ya descartan los viajes humanitarios y hay quienes están dispuestos a pagar el regreso. Pero el dinero para sobrevivir en el extranjero se acaba y en unos países el COVID-19 avanza más rápido que en otros. Las aerolíneas y los aeropuertos siguen cerrados, y lo que menos quieren es seguir a la deriva. Necesitan su país.

Vivir y morir entre cultivos La Enfermedad Renal Crónica en Chichigalpa

imagen de casa de agricultores
Fotografía de Glenda Girón

Una empresa, productora azúcar y sus derivados, les daba vivienda y también servicios básicos a colonias enteras de gente. Eran colonos, miles de colonos que convivían con el humo de la quema de la caña para corta, lo mismo que con el rocío de agroquímicos que tiraban las avionetas. Así era hace poco más de 20 años, cuando los braceros, los paileros, los fumigadores y sus familias vivían adentro del ingenio San Antonio, hacia la costa del Pacífico de Nicaragua. Ahí, había mercaditos los fines de semana, había jornadas de limpieza de las casas y también médicas. Ahí, la gente celebraba cumpleaños y bodas. Ahí, la gente tenía casa, trabajo y familia. Eran comunidad, la comunidad que vivía y mantenía vivo al ingenio San Antonio, de la Nicaragua Sugar Estates, en Chichigalpa, Chinandega.

A Chichigalpa, este municipio caliente de calles angostas, la cambiaron por completo tres acontecimientos. La erupción del volcán Casitas, en octubre de 1998, que dejó cientos de muertos y desplazados, fue el primero. En noviembre de ese año, el huracán Mitch llegó a inundar y arrastrar entre lodo lo poco que quedaba en pie. La tercera fue de carácter poblacional, un movimiento sin precedentes hasta ese momento: el ingenio San Antonio sacó de los terrenos del ingenio a todos los colonos, a los miles. Era 1999.

«Pongámoslo así, Chichigalpa, originalmente, tenía 100 manzanas. La cantidad de terreno que el ingenio compró para la gente que sacó fue, primero 60 manzanas. Pero llegaron a comprar 100. Entonces, Chichigalpa, prácticamente, se duplicó cuando fue fundada La Candelaria», así lo dice Víctor Sevilla, quien fue alcalde de este municipio durante tres períodos. Esos lotes que el ingenio compró, además, explica el exalcalde, fueron divididos. Por cada lote, se colocaron dos familias. «Las letrinas quedaron pegaditas, y, con las lluvias, eso rebalsaba», y el exalcalde junta las manos para ilustrar las distancias y las extiende lo más que puede para ilustrar los rebalses.

El impacto no fue solo de densidad demográfica. La gente en esos nuevos asentamientos comenzó a enfermar. El diagnóstico común: Enfermedad Renal Crónica (ERC). La gente recién mudada desde el ingenio San Antonio hasta La Candelaria, y otros asentamientos menores dispersos, empezó a ver que su función renal se deterioró rápidamente. De aquel inicio de la década de los 2000, la gente recuerda que venían de enterrar a uno, cuando ya había que llevar al cementerio a otra persona más.

El exalcalde Sevilla no quiere que se le hagan fotos, tampoco se baja de su carro para realizar esta entrevista en algún punto de la carretera, afuera de la ciudad. Pero expone con seguridad una cosa: «A la gente la sacaron del ingenio, porque se iba a empezar a morir y así fue».

«Nuestras casas, nuestras comarcas, nuestras ciudades como Chichigalpa, El Viejo, Posoltega, Quezalguaque, y el mismo León, todas están en medio de la caña. El entorno natural de esas poblaciones es la caña de azúcar», explica el exalcalde Sevilla.

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NICARAGUA ES UN PAÍS QUE EL 2018 SE PARTIÓ.
Las protestas en contra de las decisiones del gobierno en cuanto a seguridad social llenaron las calles. Hubo violencia y represión. De ese acontecimiento, queda el miedo y la polarización política llevada al extremo. Desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial en 2007, el gobierno oscureció toda su gestión. Y, tras la reciente jornada de protestas, la actividad gubernamental se hizo todavía más opaca. En este contexto, las instituciones gubernamentales no acostumbran a dar datos. Ocurre con las estadísticas de violencia y también con las de los hospitales. Los datos, si los hay, no son información pública.

Un estudio fechado en el 2003 incluye, para ilustrar la cantidad de diagnósticos, un mapa en el que cada punto es una persona muerta. Los puntos están concentrados en los departamentos de León, Chinandega y Managua, en el costado que este país le da al océano pacífico. La misma franja en la que también se concentran los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Ese estudio fue realizado por el Ministerio de Salud nicaragüense y es de los pocos documentos oficiales que se encuentran disponibles al respecto. En aquel momento, la alerta saltó porque de los 200 fallecidos por esta causa que hubo en 1990, se pasó a 500 en el 2000. «En 2004-2006 llegaron a ser más, pero no sabemos qué tantos», explica una fuente médica que prefiere el anonimato.

Los primeros afectados por la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Nicaragua fueron hombres, trabajadores agrícolas, con escaso acceso a agua potable. Un perfil descrito ya en varios de los estudios científicos realizados que buscan definir por qué, en esta región, la ERC no es solo consecuencia de enfermedades como la diabetes o la hipertensión (que es el comportamiento tradicional de la enfermedad), sino que afecta a gente más joven y sin padecimientos previos. Pero, sobre todo, por qué si la ERC no es una enfermedad transmisible, tiene un nicho específico en las comunidades agrícolas.

Sin distancia. Pedro está parado en la vereda que divide su casa de los cultivos. En Chichigalpa, es imposible segregar las zonas residenciales.

A Juan de Dios Guzmán, esta calurosa mañana de febrero de 2020, no le alcanzan las manos, ni la memoria, para hacer una lista de a cuánta gente de la Candelaria ha visto morir por esta enfermedad. Prefiere resumir: «Aquí todos estamos con la creatinina«, así se le conoce a la ERC. Está reunido con otros vecinos en el patio de su casa, una superficie de tierra y algunas piedras en donde, a base de plásticos y palos torcidos, ha hecho una especie de terraza muy precaria. Juan está sin camisa, el calor, el viento y el polvo casi no dejan ni hablar. En los brazos se le ven las marcas de la hemodiálisis. Son unas venas abultadas como pelotas.

Juan fue pailero. Juan está enfermo desde 2002. Juan asegura que enfermó por trabajar en el ingenio y por vivir en esta zona. Juan tiene hijos. Los hijos de Juan son paileros. Dos de los hijos de Juan tienen Enfermedad Renal Crónica. «Es que aquí no tenemos para dónde agarrar, si no es ahí, no hay trabajo», cuenta mientras encoge los hombros. Este ciclo es el mismo en la mayoría de casas de La Candelaria. Las mujeres de la casa no es que no estén enfermas. No se sabe, porque nunca se han hecho una prueba. No cuentan con seguro médico.

Comunidad. La Candelaria es el asentamiento creado para las personas que fueron trasladas desde los terrenos del Ingenio San Antonio. Aquí, Juan de Dios toma el bus que lo lleva a recibir tratamiento por Enfermedad Renal Crónica en León.

«Es una tragedia», describe uno de los médicos citados por investigadores de la Universidad de Boston en un informe independiente publicado en 2011. Uno de los médicos estima que el número de casos se incrementa en un 10-15% cada año, y un farmacéutico sugiere que los casos aumentan de forma exponencial: «Hace como cinco años que han empezado a caer como moscas, casi a diario aparece una persona muerta, o grave con esa enfermedad». Este documento recoge las impresiones de médicos y farmacéuticos que están en la primera línea de batalla de los diagnósticos y de los tratamientos.

En 2019, un grupo de 17 científicos de diferentes países publicó otro estudio en el que analizaron, durante un año, los casos de 34 pacientes de El Salvador, Sri Lanka, India y Francia. Los profesionales encontraron en común unas «lesiones lisosómicas de células de túbulos proximales asociadas con diversos grados de atrofia epitelial y desprendimiento de fragmentos celulares presentes en el 81.3% de las muestras de biopsia renal de pacientes».

Carlos Orantes, nefrólogo salvadoreño y uno de los 17 investigadores de este estudio señala: «La persona que padece este tipo particular de ERC tiene como elemento de desarrollo tres características: pobreza, contaminación ambiental y condiciones laborales insalubres». Este documento relaciona la exposición a agroquímicos con la propensión a el deterioro renal. «Es muy importante la procedencia geográfica o residencial en esto; dónde vives, a qué te dedicas, dónde creciste, cómo te desarrollaste son las determinantes sociales de esta enfermedad», agrega desde la sede del Ministerio de Salud en San Salvador, capital de El Salvador.

Zona productiva. El municipio de Chichigalpa, en Chinandega, en la costa del Pacífico de Nicaragua, es una zona de alta producción agrícola.

En el documento, publicado en revistas científicas, se profundiza más en el perfil de los pacientes: «Son hombres jóvenes, principalmente trabajadores agrícolas, con determinantes socioeconómicas y ocupacionales comunes que incluyen un clima tropical cálido, pobreza y exposición a sustancias potencialmente tóxicas, principalmente agroquímicos a través de la ingestión de alimentos contaminados, por beber agua de pozos contaminados poco profundos, inhalación y contacto directo con la piel. Se ha hallado entre personas menos expuestas, incluidos trabajadores no agrícolas, mujeres y niños que viven en el mismo ambiente».

La ERC de causas no tradicionales está sembrada en las comunidades agrícolas, y, al margen de que lo que la provoca aún no esté determinado, el componente geográfico es inocultable.

Juan está enfermo desde 2002. Juan asegura que enfermó por trabajar en el ingenio y por vivir en esta zona. Juan tiene hijos. Los hijos de Juan son paileros. Dos de los hijos de Juan tienen Enfermedad Renal Crónica. «Es que, aquí, no tenemos para dónde agarrar, si no es ahí, no hay trabajo», cuenta mientras encoge los hombros. Este ciclo es el mismo en la mayoría de casas de La Candelaria.

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La Candelaria es una nube de polvo color café claro. En medio, están las casas precarias en donde es imposible que haya limpieza. La fina tierra se cuela por todos lados. Y el calor intenso obliga a salir, a descamisarse, a crear sombras con plásticos para poder estar.

Así está Juan de Dios, cuando recibe la visita de Jorge Romero. La ERC, como el polvo, se mete en toda conversación.

—Los sacaron por compromiso, para no tener problemas, pero sabían que toda esa gente venía pegada con creatinina-, cuenta Romero, que tiene 65 años, trabajó 14 zafras en el ingenio, también vive aquí cerca y también tiene daño en los riñones, pero aún no necesita la terapia de sustitución, esa en la que una máquina hace la función que los riñones pierden.

—Nosotros tenemos 20 años sin respuesta por la mentada creatinina-, apunta Juan de Dios.

Entre vecinos. Pedro es una de las personas que vive en La Isla y que comparte espacio con macrocultivos, en este caso, caña de azúcar.

La Candelaria es el punto de partida de buses, llenos a tope de gente, que salen hacia el hospital de León todos los días. La gente va por turnos, porque cada uno debe, al menos dos veces por semana, someterse al único tratamiento que funcionó entre la gente de Nicaragua: la Hemodiálisis. La otra alternativa, la diálisis peritonial no se hizo masiva, ya que es domiciliar y requiere de condiciones de vivienda e higiene básicas que, en este asentamiento, no se cumplen.

En La Candelaria hay electricidad, pero no hay alcantarillados. Tal y como lo describió el exalcalde Sevilla, las letrinas están pegadas unas con otras. Y así, también, está la gente que vive con ERC.

Juan de Dios es uno de los usuarios de estos buses que son un servicio que presta la alcaldía de Chichigalpa. Son tantos, que Juan pertenece al tercer grupo y, todavía después, hay uno más. Cada día, cuatro buses con entre 60 y 80 personas salen de La Candelaria rumbo a León, esa ciudad blanca y turística, pero ellos poco ven, van directo al hospital.

No son solo ellos. Aquí, en Chichigalpa, también hay gente que recibe el tratamiento en Chinandega o en Managua, la capital. Son varios ejércitos de gente con los riñones marchitos. «Y esos son los enfermos, pero vivos. De los paileros viejos ya no queda casi nadie», cuenta Jorge mirando al suelo. Juan de Dios asiente.

Nicaragua ha sido siempre agrícola. Cuando no era la caña de azúcar, era el algodón. Y, específicamente, estas tierras costeras del Pacífico han estado siempre sembradas, siempre en cosecha, siempre ocupadas. Solo la industria azucarera celebró ya su centésimo aniversario. La gente trabaja aquí y, para vivir, le ha ido peleando espacio a los cultivos.

«Nuestras casas, nuestras comarcas, nuestras ciudades como Chichigalpa, El Viejo, Posoltega, Quezalguaque, y el mismo León, todas están en medio de la caña. El entorno natural de esas poblaciones es la caña de azúcar», explica el exalcalde Sevilla. En lugares como estos, en especial en Chichigalpa, separar las zonas residenciales de las agroindustriales es, prácticamente, imposible. «Las casas están en medio de la caña», dice Sevilla. No exagera.

La Candelaria es el asentamiento de donde más salen enfermos a recibir tratamiento. Hay otra población de donde han salido los muertos. Recibió atención mediática por ello. Se llama La Isla, pero en los periódicos de varias partes del mundo, desde hace unos cinco años, se le conoce como La Isla de las Viudas. Así sucede en los países de esta región, la atención llega con la muerte, no con las injusticias sociales sostenidas, como el acceso a vivienda sin riesgo.

Pedro Amador lleva sucia la venda que cubre el catéter. Se le sale de la camiseta cuando extiende los brazos, como ahora que intenta hacer un listado de sus vecinos de La Isla que han muerto: «No termino ahorita. Solo aquí, al otro lado, se fueron tres casi al mismo tiempo». Con otros de sus familiares presentes en esta casa, arma una lista en menos de dos minutos: «Tino Calderón, Pedro Calderón, Felipe Calderón, ellos eran hermanos; Julio Altamirano, el otro Julio, Salomón, Chepe Luis, Tomás Calderón, Aurelio, Virgilio…». Ellos son solo los que han muerto en los últimos años.

La Isla es una comunidad añadida a un cañal. La casa de Pedro está frente a una extensión enorme de caña recién sembrada. Los divide, tan solo, una vereda de tierra. La caña tiene sus propias rutinas. Se siembra, se abona, se le aplica un agroquímico que sirve para madurar. Aquí no hay muros ni ningún tipo de frontera. El madurante llega a los árboles de mango, coco y aguacate de la casa de Pedro y, cuando eso pasa, pudre la fruta. Después, llega la quema, necesaria para vencer la textura resistente de la caña para, luego, poder cortarla. En esta etapa, Pedro, su familia, la vecindad, el municipio, toda la costa, respiran humo.

Pedro Amador dejó de trabajar en el ingenio San Antonio en el año 2001, cuando en la misma empresa se le diagnosticó el daño renal. Desde el 23 de mayo de 2019, su cuadro se complicó y comenzó a formar parte de las decenas de hombres que, en La Isla, viven con un catéter en el cuello que les sirve para conectarlos a una máquina que cumple con la función que sus riñones ya no pueden ejecutar.

Hoy, cuando nos vio a dos mujeres llegar, Pedro se alegró. Pensó que éramos representantes de la asociación a la que solicitó un préstamo para comprar las láminas y arreglar su casa. Y no, solo somos dos periodistas a las que él les cuenta cómo es vivir y morir entre cultivos.

Acceso a agua. La esposa de Pedro recoge agua del pozo. Las familias de La Isla se abastecen por este medio. No tienen acceso a controles sobre la calidad del líquido que utilizan.

Pedro quiere mostrar la parte del techo de su casa que está dañada. Hace cuentas, son 22 hojas de lámina las que necesita para sustituir todo y que le quede una hoja para dejar un alero. Las láminas -que por el momento están sostenidas en cuatro paredes y cubren el sueño de él, su esposa, hijo, hija y nieto- están corrídas, rotas. No sirven. Pero, de poder quitarlas, Pedro no las botaría. Planea usarlas para cubrir la cocina, que está afuera. Porque, adentro, solo caben camas, refrigeradora, una mesa, un biombo y un par de muebles para colocar la ropa.

Pedro necesita, también, algunos ladrillos de cemento. Hace cuentas, suma, multiplica y, al final, divide la cantidad de dinero que quiere pedir prestada entre todos los meses en los que podría pagar. No ajusta. Cuando habla de remodelar su casa, el rostro de le cubre de ilusión y frustración. «No le digo cuánto vale cada lámina, porque no la he cotizado. Me da miedo ir a preguntar, no tengo valor de ir», cuenta una mañana de febrero, cuando lleva puesta una camiseta blanca con un corazón rojo.

Aunque quiere creer que le pueden prestar los 20,000 córdobas que le hacen falta para que en la siguiente lluvia no se le moje todo, o para que el madurante que se riega sobre la caña no se le impregne en cada una de sus pertenencias, reconoce que vive de una pensión de 4,600 córdobas. Pedro habla con mucho pudor de estas cifras. Al hacer el cambio a dólar, se trata de $585 de un préstamo que quiere pagar con una pensión de $134 mensuales.

Él calcula que podría pagar una cuota de 1,600 al mes. Son unos $46. Y esto significaría apretarse a tope el cinturón y mantener a su familia con $88 al mes. A la gente con enfermedad renal se le alarga la vida con el tratamiento. Pero no se le resuelven todas las otras necesidades básicas, como un techo seguro.

Pedro quiere mostrar la parte del techo de su casa que está dañada. Hace cuentas, son 22 hojas de lámina las que necesita para sustituir todo y que le quede una hoja para dejar un alero. Las láminas -que por el momento están sostenidas en cuatro paredes y cubre el sueño de él, su esposa, hijo, hija y nieto- están corrídas, rotas. No sirven.

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En la Isla, mientras Pedro ha estado hablando, su esposa se la ha pasado preparando un perol de sopa. La va a vender. Ya cortó la verdura y puso a hervir la carne. Pero lo que más ha hecho es sacar agua del pozo. Esta es la forma de abastecimiento que hay aquí en la mayoría de casas. Este es un pozo apenas cubierto y no se le hacen pruebas para encontrar químicos dañinos al ser humano. Alguna vez hubo un intento por introducir el servicio de agua potable por cañería, pero la institución que dirigía el proyecto ni siquiera pudo ofrecer un servicio sin interrupciones largas. La gente, como Pedro, prefirió seguir con su pozo.

En La Candelaria, cuando Juan de Dios y Jorge hablan, la esposa de Juan lava la ropa. Acá sí hay servicio de agua por tubería. Pero tampoco se le hacen controles de forma sistemática. Y, si se hacen, los resultados de esos controles, no se hacen públicos. La gente no sabe con qué lava, cn qué se baña, con qué cocina o qué bebe.

La cara de esta enfermedad son los hombres agricultores. Pero es un rostro hecho con base en datos incompletos. Un médico nefrólogo que trabaja de cerca con ellos desde hace décadas explica: «Llegan más pacientes hombres, porque entre los asegurados hay más hombres. Esa estadística da un valor ficticio, no uno real».

Contar con tratamiento. El sistema sanitario de Nicaragua ha fortalecido la red de tratamiento por la Enfermedad Renal Crónica.

Con el estallido de la crisis por Enfermedad Renal Crónica a inicios de los 2000, también se promovieron cambios en la seguridad social. «En ese tiempo la gente murió en sus casas; era horrible verlos con las bocas secas, entre fiebres altas, decían que se quemaban y que tenían como arena en la garganta. Fallecían frente a sus seres queridos, en el mismo cuarto y en el mismo catre donde dormían», recuerda el exalcalde Sevilla.

Entonces, la ley exigía 750 semanas de trabajo para poder tener derecho a pensión por vejez reducida. La ley se reformó en 2013 y luego en 2015. Ahora exige 250 semanas para poder tener una pensión de 1,910 córdobas ($55) a personas que no alcanzan los 60 años de edad que exige el retiro. Con esto, la cobertura de seguro médico se extendió y más trabajadores pudieron alargar sus vidas gracias a los tratamientos. Pero no se frenó la aparición de casos.

El ingenio San Antonio mantiene estrictas medidas de seguridad, de acuerdo con quienes han laborado ahí. Entre ellas, están los prediagnósticos, la prohibición de trabajar en la empresa si se tiene daño renal, descansos programados, y la indicación de solo beber agua de la que hay adentro de las instalaciones, los empleados no pueden llevar líquido de afuera. A los representantes del ingenio San Antonio se les solicitó entrevista, pero no fue programada, hasta el cierre de esta nota.

Entre Pedro y Juan hay una característica en común. Hablan a corto plazo. Cada vez que se figuran el futuro de esposa e hijos, lo hacen desde su propia ausencia. Juan solo quiere que sus hijos, ya enfermos, reciban una mejor asistencia sanitaria que él. Y Pedro quiere apurarse a heredar una casa con el techo en mejores condiciones, sin hoyos, pues. Es lo que queda.

Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation.

Jóvenes con DACA se movilizan, pese a que no pueden votar

Tony Valdovinos dirigiéndose a su audiencia
Sobre el escenario. Tony Valdovinos, activista, dirige su mensaje al público antes de que inicie el musical Americano.

T​​​​​​​ony Valdovinos no sabía que estaba en el país ilegalmente hasta que quiso incorporarse a la infantería de marina a los 18 años y se enteró de que había nacido en México.

Valdovinos, quien tiene hoy 29 años, hizo a un lado su malestar y se dedicó a militar en la política, golpeando puertas en barrios hispanos y registrando gente para que vote, por más que él no lo pueda hacer. También se acogió al programa instituido por el gobierno de Barack Obama que ofrecía protección a los jóvenes como él, amparándolos de la deportación y permitiéndoles trabajar. Hoy dirige una firma que apoya a candidatos a cargos públicos de Arizona.

«Este es el mejor país del mundo», dijo Valdovinos. «Siento la responsabilidad de servirle a esta nación».

Los jóvenes que se acogieron al programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, según sus siglas en inglés) desempeñan papeles prominentes en las campañas presidenciales de Bernie Sanders y Tom Steyer, así como en iniciativas que buscan movilizar a la gente en comunidades de inmigrantes, usando el idioma y una cultura común para generar confianza.

Jeanne Batalova, analista del Instituto de Políticas Migratorias de Washington, dijo que la participación en la política ayuda sentirse mejor a los jóvenes con DACA que enfrentan un futuro incierto.

«Hacen lo que pueden para hacer valer su voluntad, para dar forma a sus vidas y sus destinos», comentó Batalova.

Las campañas entran en calor en momentos en que la Corte Suprema se prepara para decidir el futuro del programa, que acoge a 652.880 personas y al que Donald Trump quiere poner fin. Igual que muchos de estos jóvenes, Valdovinos se considera estadounidense y quiere que todos sus pares se involucren en una elección que pueden definir su futuro más que ninguna otra.

Persona dando declaraciones
Sede. Los beneficiarios del DACA rara vez conservan un lazo fuerte con su país de origen. Están más afincados en EUA, en donde buscan continuar.

«El estado actual de DACA es muy precario», manifestó el representante demócrata de Arizona Rubén Gallego. «Hay que tener cuidado con esta administración y esta Corte Suprema, que son capaces de disponer deportaciones masivas de seres humanos que no conocen otro país que no sea Estados Unidos».

Gallego apoya desde hace tiempo a los jóvenes que se acogieron al DACA e incluso invitó a una, la maestra de segundo grado Vanessa Méndez, para que estuviese en la lectura del informe de Trump sobre el Estado de la Unión. Hace poco asistió a una función de «Americano!», un musical inspirado en la vida de Valdovinos.

«No debemos ceder al miedo», afirmó Valdovinos en alusión al fallo de la Corte Suprema. «Tenemos que pelear por el derecho a vivir nuestras vidas».

José Antonio Vargas, periodista y activista a favor de los inmigrantes de Berkeley, California, que causó revuelo al revelar que había sido traído ilegalmente de las Filipinas en un artículo del New York Times Magazine en el 2011, dijo que se identifica con los jóvenes con DACA a pesar de que él ya no tenía edad para acogerse a ese programa. Vargas tiene hoy 39 años y descubrió que estaba en el país ilegalmente a los 16, cuando quiso sacar una licencia de conducir.

Agregó que todos los inmigrantes como Valdovinos deben sentirse estadounidenses.

«Es parte de la maduración de esta generación, la sofisticación de cómo contamos nuestras historias», dijo Vargas. «Mucha gente con DACA figura entre los estadounidenses más comprometidos cívicamente que uno pueda encontrar».

Una de ellas es Belén Sisa, argentina de 25 años, subsecretaria de prensa de Sanders en Washington.

Los opositores al DACA dicen que el programa premia a familias que violaron las leyes. El representante republicano Paul Gosar pidió sin éxito la deportación de los jóvenes con DACA que fueron invitados por legisladores al discurso de Trump sobre el Estado de la Unión en el 2018.

Hay antecedentes de militancia política de personas que no votan en Estados Unidos, incluidos el de las mujeres que pelearon por el derecho a votar a principios del siglo 20 y el de los afroamericanos que derribaron muchas de las barreras que los postergaban.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema indicó que es probable que elimine las protecciones del DACA para junio. Los miembros liberales de la Corte han dicho que el gobierno no justificó plenamente su decisión de suspender el DACA.

Si la Corte elimina esas protecciones, el Congreso tendría que intervenir para dar mayor sustento legal al programa. Sin embargo, las dificultades del Congreso para aprobar una reforma integral a las leyes de inmigración fueron lo que impulsó a Obama a crear el DACA en el 2012. El programa cobija a los jóvenes que estudian, terminaron la secundaria o sirvieron en las fuerzas armadas, dejando en suspenso por dos años sus deportaciones si no cometen delitos graves. Esa protección era renovable.

Trump dijo en un tuit de noviembre que si DACA era eliminado, se buscaría la forma de permitir que estos jóvenes permanezcan en el país, aunque agregó que algunos de los beneficiarios son «delincuentes bravos, reincidentes».

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Matthew Albence confirmó el mes pasado que esa agencia estaba reabriendo casos archivados de personas que pidieron acogerse al DACA «y poniéndolos en la lista de cosas pendientes para que puedan ser procesados por los tribunales de inmigración».

«Si la Corte Suprema determina que esta gente no tiene derecho a estar aquí, tendremos que hacer cumplir las órdenes de deportación que habían sido emitidas por un juez o someter a los individuos a un proceso legal para que un juez decida qué se hace» con ellos, dijo Albence.

Edder Díaz-Martínez, de 29 años, oriundo de la Ciudad de México que se acogió al DACA, es director de comunicaciones del Partido Demócrata en el condado de Maricopa, en Phoenix. Dijo que el programa es un remiendo temporal y que estos jóvenes necesitan una solución permanente.

Karen Martínez, directora de la página digital de Steyer en Nevada, está renovando su DACA a un costo de 500 dólares, sin saber si el programa seguirá vigente a fin de año. Hoy tiene 30 años y vino de Hidalgo, México, cuando tenía 10.

Tres personas sonriendo abrazándose
Arraigo. De origen mexicano, Valdovinos migró siendo un niño a Estados Unidos. Su vida está ahí, su arraigo, por esta razón participa activamente en la política.

Sostuvo que incluso si el programa es eliminado, «seguiré sintiéndome estadounidense».

Valdovinos dijo que trata de no pensar en lo que pueda pasar, señalando que vivió sin protecciones muchos años en Arizona, en la época en la que el sheriff Joe Arpaio realizaba redadas en busca de inmigrantes sin papeles en la zona de Phoenix y una legislación estatal permitió que la policía entregase al servicio de inmigración a los sospechosos de estar en el país ilegalmente.

Por esos días Valdovinos integró el Team Awsome, que incluía mayormente a personas con DACA, quienes golpeaban puertas en el distrito mayormente hispano de Maryvale para promover el voto a favor del chicano Daniel Hernández, aspirante a una banca en el concejo municipal de Phoenix en el 2011.

«La tarea política más dura es recorrer nuestras comunidades, hacer que se registren para votar, hacer que vayan a las urnas», manifestó. «Los formularios para votar por correo llegan junto con las cuentas y quedan por años en una pila de papeles».

Posteriormente Valdovinos creó la empresa La Machine Consulting Firm para ayudar a candidatos como Gallego, el concejal de Phoenix Carlos García y la alcaldesa Kate Gallego.

Una compañera de Team Awesome, Viridiana Hernández, que terminó regularizando su status al casarse con un estadounidense, dijo que la protección de DACA la ayudó a derrumbar barreras en los barrios.

«Podía hablar con la mujer de la casa en español y le decía, ‘mire, yo soy como usted, no tengo papeles’», relató Hernández. Acto seguido trataba de convencerla de la importancia de que todo familiar que es ciudadano se registre para votar.

Valdovinos no pudo integrar la infantería de marina, pero dice que espera poder sacar la ciudadanía.

«Sería hermoso poder votar después de haber golpeado tantas puertas», expresó.

Los vecinos del Sur de Honduras tienen dañados los riñones

Fotografía de Glenda Girón

Read this article in English: Honduras: The neighbors of the South have damaged kidneys

Ángel Ortega levanta el brazo y apunta con el dedo. Allá, a 800 metros de esta su casa, empieza un campo que luce ahora desprovisto, pero que, pronto, estará lleno de melones hasta donde alcance la vista. Ángel baja rápido el brazo, no lo puede sostener así por mucho tiempo. Tiene las venas hinchadas como con pelotas y la piel marchita después de cuatro años de recibir tratamiento para su enfermedad. Siente dolor.

La cosecha de melón de 2018/2019 fue histórica para Honduras. El precio internacional de este fruto acuoso creció en un 45 %. Y el valor solo de lo exportado ascendió a 110,1 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. La gran productora de melones es la zona de los departamentos de Choluteca y Valle, el Sur, fronterizo con El Salvador y cercano al Océano Pacífico. Ángel apunta el lugar en el que está la melonera, a la derecha de su casa. Y, agrega que, si va al frente, un kilómetro, encuentra los campos de caña de azúcar. Esos 800 metros y ese kilómetro están llenos de casas.

Ángel llegó a trabajar a Monjarás, Choluteca, en 1977. En 1988, logró comprar un terreno para construir su casa. Llegó como a los 20 años, atraído por una oferta de residencia y trabajo. Se levantaba a las 3 de la mañana y se iba al campo. A las 8, ya había terminado una tarea y comenzaba otra. Así, hasta las 4 de la tarde, cuando dejaba de trabajar los terrenos de otros y se iba al propio, donde tenía maíz y frijol. Este horario imposible es el que podrían repetir casi todos los hombres de esta comunidad de Monjarás que se dedican a la agricultura.

Ahora, Mojarás tiene 7,500 casas, 16 escuelas, dos agencias bancarias, cerca de 20 tiendas de ropa y varios restaurantes. Ángel, por su parte, ya no produce. Pasa los días en la hamaca que ha colgado del corredor externo de esta casa de ladrillo crudo, con letrina externa que se parece a muchas otras de esta zona. Hace 4 años, a Ángel le dijeron que sufre enfermedad renal crónica. Un diagnóstico que, como la agricultura, el ladrillo crudo, o la letrina externa, es un factor común en muchas viviendas de esta región.

La enfermedad renal crónica, se puede decir ahora, tiene dos categorías. Una, la tradicional, es la que se presenta junto con otras enfermedades de base que son la diabetes y la hipertensión arterial. La otra, que es la que sufre Ángel, ha sido difícil de nombrar. Tiene como características que aparece sin enfermedades previas y a una edad más temprana. Y se presenta entre quienes tienen en común una serie de condiciones sociales específicas, entre ellas: trabajar en agricultura y residir en áreas en donde hay cultivos masivos.

Fotografía de señor en una hamaca
Diagnóstico. Ángel Ortega está, desde hace 4 años, en tratamiento por enfermedad renal crónica. En Monjarás, Choluteca, Honduras, el diagnóstico es común entre los vecinos.

Carlos Orantes es nefrólogo en El Salvador y ha sido pionero, desde 2009, en dirigir estudios que ayudan a delimitar las causas de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. Orantes es asesor del Grupo de Expertos en Sri Lanka para el enfoque de la ERC que afecta a las comunidades agrícolas; es autor en revistas científicas y, recientemente, ha publicado capítulos sobre el tema en el libro Medicina interna y nefrología clínica en la Universidad de Oxford. Orantes ha sido profesor visitante en la división de Nefrología del Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro Médico Harbor-UCLA y el Centro Médico Cedars Sinai. «Esto se puede ver como enfermedad o como epidemia», apura como aclaración inicial.

«Cuando usted la enfoca desde el punto de vista individual, el fenómeno se circunscribe a los signos, síntomas y dolencias de la persona; este enfoque es fundamentalmente médico y es necesario implementarlo». Orantes habla desde una sala de juntas en el Ministerio de Salud, en el centro de la capital salvadoreña. El conocimiento, sin embargo, lo ha adquirido en las comunidades que ha tenido que recorrer para realizar los estudios que ha publicado en revistas médicas. «Pero, cuando esta enfermedad se presenta no en una, dos ni en tres; sino en muchas personas en un límite geográfico, social, ambiental y con características específicas de condiciones laborales insalubres, entonces esto ya no es un problema individual, sino que un problema de las colectividades humanas».

La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales presenta números elevados desde México hasta Panamá, pasando por el corredor del Pacífico centroamericano. De acá que los especialistas se hayan puesto de acuerdo para llamarle nefropatía mesoamericana. «Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de epidemia. Y como afecta a más de dos países, esto ya se convierte en pandemia», explica con alarma Orantes, una de las voces más autorizadas del continente.

En Monjarás, Ángel y sus vecinos no lo ponen en palabras, pero llevan años de experimentar en carne propia esta pandemia que se ha afincado en las comunidades agrícolas del Pacífico, sin que, hasta el momento, haya podido ser detenida.

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Honduras está dividida en 18 departamentos en donde viven 9.2 millones de personas. Choluteca y Valle son los dos con más incidencia de enfermedad renal crónica. Entre 2016 y 2017, 2,839 personas egresaron de los hospitales públicos de Honduras por este diagnóstico. De ellas, el 30 % dijo ser de alguno de estos dos departamentos. Es decir, 3 de cada 10 personas atendidas.

Choluteca y Valle aparecen también como dos de los departamentos más productivos. Solo con el melón de esta zona sur hondureña, en 2016 se llenaron y se exportaron más de 16,000 contenedores. Para 2019, los cálculos son todo arriba: el melón crecerá en un 13 %, la okra en un 19 % y la sandía en un 50 %. Y de esto lo que en Banco Central de Honduras destaca es la ganancia y el empleo.

«Esta es la zona del país aporta una gran cantidad de riqueza, pero mire a su alrededor, ¿en qué se nota para nosotros?», pregunta Marcos, ante las calles de tierra de la comunidad. Marcos es un líder comunal que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato, porque en Choluteca hay más de cien defensores de los Derechos Humanos que han denunciado públicamente amenazas.

Marcos se equivoca. La productividad sí se nota en la comunidad, pero no como él quisiera. Estudios relacionan la presencia de cultivos masivos como un factor de riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. «Encontramos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los especialistas que lo firma.

En su casa, Ángel recuerda cómo solían ser sus días de trabajo: «Una vez, un tanque de Metil 800 que iba en un tractor se dio vuelta y todo me cayó a mí, me quedé ciego y por eso el tractorista me tuvo metido en el río como por media hora. Por más que ellas la lavaron, toda la ropa me quedó amarilla». Ángel habla frente a su familia. Porque, aunque el único que podría aparecer en las planillas de las productoras agrícolas sea él, en realidad, todos en esta casa de ladrillo crudo y letrina exterior han estado expuestos a los agroquímicos. A ellos, sin embargo, es a quienes menos contabiliza el sistema sanitario y social en general.

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

«Encontamos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes.

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Los cuatro productos más rentables del Sur -melón, sandía, okra y camarón- dejaron en 2018 divisas por 304.8 millones de dólares en Honduras. Lo que esta tierra produce viaja hasta los mercados de Alemania, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Francia, Japón, México, Reino Unido y Taiwán, entre otros. Lo queda acá después de producir tanto es, sin embargo, un paisaje vacío. Habitado, sí, pero por gente que convive con la muerte.

«Para donde mire hay una casa en donde hay alguien enfermo o alguien que ya se murió de eso», la frase no es una exageración. Marcos, el líder comunal en Marcovia, Choluteca, a unos pocos kilómetros de aquí y que ha venido a visitar a Ángel, hace recuento. Atrás de esta casa, murió hace poco un señor; al frente, a la izquierda, hay alguien más enfermo. Si se pregunta por el lado derecho, también.

Si Honduras tuviera un mapa con un punto rojo colocado en cada casa en donde hay alguien con daño en los riñones, esta comunidad de Monjarás sería toda roja. Pero Honduras no tiene este mapa, tampoco tiene estudios que profundicen en las causas de esta epidemia. Lo único que tiene es la cantidad de personas diagnosticadas. Entre junio de 2018 y junio de 2019, fueron atendidas en hospitales públicos 3,085 con enfermedad renal crónica en todo Honduras. De ellas, 806, dijeron ser de Valle y Choluteca. Estos dos departamentos, de 18 en total, acumulan el 26 % de casos.

Lo del melón ha sido meteórico, también. Para la cosecha de 2017/2018, las divisas generadas por la exportación fueron de 70 millones de dólares. Con base en esto, se calculó que la de 2018/2019 podía dejar hasta 90 millones de dólares. Pero la proyección se quedó corta, lo exportado superó los 110.

En su casa, Ángel hace otro tipo de cuentas. «Para que no nos saliera tan caro, nos habíamos juntado tres para pagar el taxi para ir a la diálisis en Choluteca«. Ángel hacía este viaje de 31 kilómetros con dos amigas, Rosa y Maura. Desde Monjarás, hasta Choluteca, en donde se encuentra el hospital de Diálisis de Honduras, la empresa a la que el gobierno ha subcontratado solo para brindar los tratamientos, el servicio de taxi cuesta 600 lempiras ($24). «Pero entre mi amiga la Rosita y la Maurita, solo nos tocaban 200 ($8) cada uno», cuenta Ángel antes de empezar a restar y multiplicar. «Ya hace un año, se murió la Rosita, y nos quedamos pagando 300 ($12) cada uno con la Maurita, para ir dos veces por semana».

La diálisis es un tratamiento que consiste, a grandes rasgos, en que una máquina hace el trabajo que los riñones ya no pueden hacer. Los pacientes deben estar conectados a esta máquina por entre cuatro y seis horas. Dependiendo del estado del riñón, un paciente puede necesitar viajar al hospital dos o tres veces por semana. Aunque hay personas que deben estar conectadas todos los días. «Me quedé pagando yo solo el viaje», dice Ángel. Maura falleció en agosto por complicaciones propias de la disminución de la actividad renal. Ángel, de verdad, va quedando solo.

http://guilles.website/dev/honduras-ecr/datavis.html

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La enfermedad renal crónica es un fenómeno tan focalizado en el corredor del Océano Pacífico de Centroamérica que, ya en 2013 fue la razón por la que los ministros de salud de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en El Salvador para declarar la investigación de este problema como una prioridad. En ese momento, las máximas autoridades sanitarias acordaron que dar tratamiento a los afectados y estudiar las causas de la enfermedad y los factores de riesgo serían una prioridad más allá de cada gobierno.

«Honduras no ha aportado nada a los estudios sobre esta enfermedad que sí tienen Nicaragua, Costa Rica y, a la vanguardia, El Salvador. Guatemala también tiene aportes, excepto nosotros. No porque no tengamos grandes volúmenes de pacientes, sino que por un problema de recursos, o de no tener ganas de ver que este es un serio problema», explica Gemmer Espinoza, desde su consultorio privado. Espinoza es nefrólogo. Es, de hecho, el único en Choluteca.

Espinoza también trabaja en Diálisis de Honduras, que es la empresa a la que el Estado ha contratado para dar los tratamientos de diálisis. Desde ahí ha podido, con base en la experiencia, trazar el perfil del paciente con enfermedad renal crónica. Es, por sobre todo, un agricultor. Pero también es, casi de manera indefectible, una persona que reside en las zonas vecinas de los cultivos masivos.

En Monjarás, las calles polvosas se llenan de gente al atardecer, cuando ha bajado un poco el calor. Hay jóvenes en las esquinas que comparten golosinas y hay niños que van en bicicleta. Si ha llovido, hay charcos de varios metros de largo, si el día ha sido seco, se levantan nubes de polvo. Por ratos, se llegan olores desde los campos de cultivos. El más molesto es el que llega de madrugada, con la fumigación que hacen los aviones.

Sin que se pueda basar en ningún estudio, porque no lo hay, Espinoza, el único nefrólogo de Choluteca, señala que un 80 % de casos llega en estadio 4 o 5, es decir, cuando ya los riñones han perdido casi toda capacidad de filtración y la terapia de diálisis es necesaria para prolongar la vida del paciente. A la empresa privada que brinda este servicio, el Estado hondureño le paga cerca de $100 por paciente, de acuerdo con fuentes que solicitaron anonimato. Los gastos indirectos, como el pasaje de bus o taxi colectivo, como el que pagaba Ángel con sus amigas, también enfermas, corren por cuenta de cada quien.

Vivir en esta zona hace que para Ángel y su familia aumente la posibilidad de sufrir enfermedad renal. Y, aunque las autoridades sanitarias de Honduras tienen información que lo confirma, esto no ha sido suficiente para acercar servicios, campañas educativas, diagnósticos tempranos o tratamientos. Salvo por los pacientes que se agolpan cada mañana en el hospital para recibir diálisis, esta enfermedad está invisibilizada.

Productividad. Monjarás es una comunidad rodeada de cultivos masivos, como el melón, la cañá de azúcar y la okra. Esta es una de las zonas más productivas de Honduras.

«En lo que coinciden El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras es en que la gente que enferma está relacionada de alguna manera con los macrocultivos. Porque veamos que la labor agrícola ha existido todo el tiempo. Para subsistencia se ha sembrado maíz-frijol, maíz-frijol. El factor que viene a ser distinto en este tiempo es el macrocultivo«, explica Espinoza. «Es difícil hacer una afirmación sin argumentos, como estamos en Honduras sin los estudios pertinentes, pero todo lo investigado afuera apunta al uso de pesticidas». Solo para tener una idea del uso masivo de agroquímicos, en Honduras se comercializan 129 marcas de Glifosato y 19 de Paraquat. Estos son dos de los químicos que los estudios científicos señalan como altamente tóxicos para el riñón.

Frente a la casa de Ángel han pasado varios hombres en bicicleta. Es el final de la tarde y, seguramente, vienen de realizar labores. Hace 4 años, Ángel también recorría estas calles en bicicleta, cuando, de repente, sintió un mareo que lo obligó a detenerse.

«Ahí ya venía con una gran calentura. Y se me empezaron a agarrar calambres en las piernas. Mandé al güirro (niño) a comprarme unas pastillas y un jugo», cuenta. Ángel no se curó con el jugo o las pastillas. Tuvo que ir al hospital, a varios, de hecho. Su diagnóstico, pese a vivir donde vive y haber trabajado en lo que trabajó, tardó en llegar. Porque el sistema tampoco está enfocado en canalizar de forma expedita estos casos. Se tardó por lo menos 4 meses en saber que tenía enfermedad renal y en recibir el tratamiento correcto: diálisis.

Esta falta de contundencia en cuáles son las causas de la aparición de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales ha retrasado también la ejecución de programas focalizados en las necesidades especiales de la población, como el diagnóstico temprano. Manuel Sierra, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Honduras, dirigió, en 2019, un estudio sobre la prevalencia de daño renal en los pacientes de los seis hospitales más grandes del país. «A los mayores de 18 años que se encontraban recibiendo atención en Medicina Interna les hicimos una pregunta de tamizaje: ‘¿le han diagnosticado enfermedad renal?’ Si respondía que sí, ya no podía participar».

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

Los investigadores encontraron a 774 pacientes que dijeron no tener ningún daño renal. Y, a la luz de los resultados de las pruebas, solo en el 20 % de los casos esto resultó ser cierto. «El 82% de los que aseguraban que no tenían nada, salió con algún nivel de daño: 8%, en estadio 1; 28 %; en estadio 2; 30 %, en estadio 3; 10 %, en estadio 4; y 6 %, en estadio 5», explica Sierra. Quiere decir que 8 de cada 10 de las personas que llegan a los hospitales por otros motivos, ya tienen sus riñones dañados y todavía no lo saben, todavía no se cuidan y todavía no reciben tratamiento adecuado. Y solo están a la espera de tener un colapso como el que, hace cuatro años, tumbó a Ángel de la bicicleta entre fiebre y calambres.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, 197 personas murieron en hospitales públicos por enfermedad renal crónica en Honduras. Aquel día en que Ángel tuvo que interrumpir su viaje en bicicleta, se dirigía al funeral de un amigo: El Chuta, un gran compañero de labranza y vecino. El Chuta murió por la misma enfermedad que tiene a Ángel tumbado hoy en la hamaca. Ángel lleva rato viendo morir amigos.

El estudio sobre prevalencia no diagnosticada de la enfermedad renal se está repitiendo, dice el doctor Sierra, pero ahora exclusivo para la zona de Choluteca. Mientras esto llega, en la comunidad de Ángel, la de las casas vecinas de macrocultivos y con agua de pozo, la enfermedad renal es un fantasma que se lleva a mucha gente y es, a la vez, un miedo. «Hasta ahora, ninguno de ellos (familia) padece esto, porque esta enfermedad es perra. Pero la veo a ella, mi esposa, que ya tiene calambres, y veo a aquel (hijo), también con lo mismo; aquí, no se sabe, es lo más triste, quizás solo esperan que todos nos muramos».

En manos privadas. El estado Hondureño ha subrrogado el tratameinto de enfermedad renal crónica a Diálisis de Honduras. Esta empresa recibe al menos $100 por cada sesión brindada a un paciente.

* Glenda Girón es becaria de la fundación Bertha de la generación 2019-2020

En esta casa no hay nadie

Ilustración de Moris Aldana

J​​​​​​​uan se levantó de un salto, prendió la linterna y caminó hacia el interior del edificio.

—Ahora vuelvo —dijo.

—¿A dónde va?

—Espéreme —respondió, desapareciendo en la oscuridad.

Unos momentos después escuché unos fuertes golpes desde el interior del edificio. Después, pasos. El foco vacilante de la lámpara.

El viejo cojo volvía.

—¡Ayuda! —gritó.

—¿Qué pasa?

—¡Sígame!

Caminé detrás de él intentando no caer. El viejo poseía un instinto de sobrevivencia muy desarrollado. Había algo animal en su actitud.

Llegamos hasta la boca del piso 7. Prendió la lámpara y me mostró un promontorio de cartones y piezas de madera.

—El escritorio del puto asesor jurídico… — dijo, riendo.

 

2

Yo no podía dejar de pensar en la posibilidad de que el Milenio se desplomara de un momento a otro. Años atrás NatGeo publicó un escalofriante documental sobre un edificio que se vino al suelo una hora después de ocurrido el terremoto de la Ciudad de México. Esas cosas pasan. En aquel momento, sin ninguna comunicación, imaginaba que la ciudad estaba en ruinas.

—¿Faltará mucho para el amanecer?

El viejo lanzó un gruñido, como si mi pregunta le importara poco. Le puso fuego a una pequeña pirámide de astillas y papeles, y sopló la llama con una cadencia bien aprendida.

En cosa de segundos el fuego lanzó resplandores contra las paredes. El lugar se llenó con la presencia de nuestras sombras. Se agigantaban y se achicaban, meneándose de un lado a otro, en una danza con ecos ancestrales. Aquel pasadizo de paredes ásperas y amenazantes se convirtió en una acogedora caverna. Hace medio millón de años una simple fogata debió tener significados inimaginables en la vida de nuestros abuelos homínidos. Ahora tenía una idea de lo que eso significaba.

Mi ropa comenzó a emanar un tibio vapor y me senté en el suelo sin poder apartar la mirada del destello reconfortante de las llamas. Juan se desnudó y arrimó al fuego cada pieza de ropa que se quitaba, como si fueran trozos de su propia piel.

—Esta cicatriz la tengo desde que era un bicho —dijo, con cierto orgullo, mostrando el corte de uno de sus costados.

Otra —añadió, señalando la zona de la ingle. Una abultada cicatriz de color púrpura sobresalía debajo de la rodilla. Era como un pequeño demonio marcado de cicatrices.

Se puso en cuclillas frente a las llamas y comenzó a contarme la historia de sus cicatrices.

 

3

A lo largo de su vida usó muchos nombres, pero el suyo, el verdadero, era Juan. Como su padre, que también se llamó Juan. Como su propio padre. Y como el padre de este, que recibió el nombre de su padre, un tal Juan Abrego. Su madre se llamaba María, igual que su abuela, y la madre de esta, que recibió ese nombre de su madre, que era el nombre de su propia madre, heredado de María López, la tatarabuela.

Todos los Abrego nacieron con la ayuda de una partera. Si la mujer preñada no conseguía parir la hacían que se confesara, y si con eso no podía dar a luz traían al marido para que se confesara. Cuando la criatura nacía, la partera le hacía una raya con tile en un pie, para que le ayudara a no perderse en los montes, y pasados doce días llevaban a la criatura donde un sacerdote para que le diera un nombre. Todos los así nacidos tienen el ombligo enterrado alrededor de un rancho. El rancho era un rancho a la orilla de un caserío y el caserío era un puñado de chozas echadas sobre una ladera del volcán. El nombre del volcán es Chinchontepec, y el del caserío, La Cayetana.

A medida que Juan contaba esa historia yo me imaginaba una larga trenza de Juanes y Marías emergiendo de la fogata y caminando de la mano hacia el horizonte mientras los astros giraban enloquecidos. Sonará estúpido, siento que estoy contando una versión tropical de Tierra de osos.

Al igual que la mayoría de los habitantes de ese lugar, sus padres, sus tíos y sus hermanos trabajaban desde mucho tiempo atrás para la poderosa familia Segura, propietaria de cultivos de café, caña de azúcar y algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista.

Todos los Juanes estaban acostumbrados a guardar silencio frente al mandador, el guardia, el cura, el alcalde y el juez. Las Marías también bajaban la vista cuando hablaba el juez, el alcalde, el cura, el guardia y el mandador.

Pero las cosas comenzaron a cambiar. Los Juanes y las Marías, los Humbertos y los Jesuses, las Marinas, los Abeles y las Lucrecias comenzaron su rebelión. La rebelión de las pequeñas cosas. Pidieron a los amos unos pocos centavos más por el jornal. Pidieron comida caliente. Dos cucharadas más de arroz. Una tortilla adicional. No lo consiguieron. Pidieron que les arrendaran tierras a buen precio para sus propios cultivos y para la crianza de sus animales, y protestaron porque

los pesticidas envenenaban el agua matando a los peces.

Algo les ha picado. Ya se les va a pasar, decían los patrones. Las cosas están bien y así deben seguir, decían.

Los Juanes y las Marías, los Humbertos y los Jesuses, las Marinas, los Abeles y las Lucrecias decidieron enviarles un mensaje a los patrones. Una noche cortaron a machetazos un campo de algodón a punto de brote, y los señores, enojados, llamaron a la Guardia. Dos parejas de agentes con los cascos calados hasta las cejas y los dedos puestos en el gatillo de sus fusiles entraron al caserío interrogando de forma amenazante a los pobladores. Todo lo que oyeron fue que nadie sabía nada. Los guardias se fueron advirtiéndoles que se anduvieran con cuidado.

Esa fue la noche del algodón.

Después vino la noche de la caña.

Un humo negro y olisco se elevó hasta el firmamento entre un resplandor de color naranja. Doce manzanas de caña ardieron esa noche. Cuando se hizo de día, una llovizna de ceniza cayó sobre los árboles, los techos, los caminos y la ropa tendida.

La madre de Juan barría el traspatio cuando escuchó el ruido de los motores. Llamó al bichito flaco y le dijo que fuera a esconderse, y que no saliera de allí hasta que ella fuera a buscarlo.

En las palanganas de cinco camiones venían los guardias dejando una hedentina a diesel y aceite quemado por donde quiera que pasaban. Se apearon de los vehículos y rodearon el caserío. Un grupo numeroso se apostó frente a la ermita con los fusiles terciados y un cabo ordenó a voces que todos salieran de sus casas. Para que no quedara duda de sus intenciones dispararon unas ráfagas al aire.

La gente salió con las manos alzadas. Los guardias acostaban a la gente, boca abajo, con la cara pegada al polvo y las manos sobre la cabeza.

«¡Ahora van a entregar las armas!», gritó el oficial.

Nadie respondió nada. A una orden, los guardias levantaron del pelo a unos hombres y, a la vista de todos, los golpearon con la culata de los fusiles hasta desfigurarlos.

Un joven se atrevió a protestar y lo mataron en el acto de un tiro en la cabeza. Su padre se indignó y también fue muerto.

Frente a la ermita se formaron charcos de sangre revueltos con la ceniza que seguía cayendo.

La bulla de que la Guardia estaba en el pueblo llegó hasta una finca de café, volcán arriba, donde se encontraba un grupo de cortadores. Ocho hombres bajaron al caserío para pedirles a los agentes que no maltrataran a la gente.

Los ocho fueron detenidos y llevados a un lugar donde les dieron muerte a cuchillo y dejaron sus cabezas en el camino.

Antes de retirarse, al atardecer, los guardias dispararon al aire. Juan escuchó la tronazón y sintió un quemón a un lado de la espalda. Era una bala perdida, que le entró en la carne rompiéndole una costilla.

—No tiene orificio de salida —me dijo, enseñándome

el calazo.

Los puntos de sutura le dejaron la piel como la espina dorsal de un pescado.

 

4

«Los proyectiles salían de la instalación del destacamento militar, en la represa, y caían en un macizo montañoso inclinado sobre el río. Cuando los soldados detectaban un movimiento extraño llamaban a una avioneta de observación para que les indicara las coordenadas y afinaran la puntería. Si las avionetas estaban ocupadas, simplemente disparaban contra lo que fuera.

«Los soldados percibieron un movimiento de personas entre los cerros. Temieron que se preparara un ataque contra la represa y lanzaron morteros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rondas o más. En realidad lo que se movía entre la espesura era una columna de ancianos, mujeres y niños que buscaban la manera de cruzar la frontera y refugiarse en las montañas de Honduras. Se extraviaron y fueron a parar a los cerros frente a la represa.»

Entre aquella muchedumbre venía la familia de Juan.

Al otro lado del río, sin enterarse de lo que estaba pasando, Juan se recuperaba en un improvisado puesto médico de un balazo que recibió cuando cargaba a una combatiente herida. En el intercambio de fuego, la muchacha recibió de lleno una ráfaga de tiros. A Juan le entró un balazo por la nalga y le salió por la ingle.

—Aquí —dijo.

Se bajó el calzoncillo y me mostró un desgarramiento rosáceo entre los pelos.

—Cuando me curé me enviaron al campamento de la radioemisora, donde los muchachos vivían como topos para no ser detectados.

 

5

Por fin, cerca de la medianoche me contó qué le pasó después de que dejamos el taller donde tenían al X.

—Salí de mi casa a la discoteca y cerca de la parada de buses miré la Chevrolet negra.

—Era gris —le interrumpí.

—No. Era negra.

—Quizá era otra —insistí.

—Tenía la misma placa. Yo la memoricé mientras usted estuvo adentro. Alguien permanecía frente al volante porque estaban prendidas las luces de los frenos. En ese momento salieron dos hombres con pistolas y las caras cubiertas. Venían por mí. Corrí en medio del gentío buscando la quebrada en dirección a La Tabacalera. Yo conocía bien esas calles. Cuando iba llegando al bordo de la quebrada me dejaron ir unos plomazos. Un tiro me pegó en un hueso, aquí, en la pierna, y caí al suelo. Como llevaba impulso, no me detuve. Me fui devanando entre piedras y breñales hasta que topé con una piedra grande en el fondo de la quebrada.

¡Calavera! ¡Calavera! ¡Sos hombre muerto! —gritó uno de ellos. Era Bartolo. Algunas piedras rodaron quebrada abajo. Venían por mí. Saqué la mecha, me aposté en la piedra y les solté unos pijazos. No se lo esperaban. Los tipos respondieron, pero no tuvieron huevos de bajar. Todo quedó en silencio. Solo se oían los perros. Me mantuve alerta, con los dientes apretados, empuñando la mecha. Estaba mareado. Sonaban las putas chicharras. ¡Qué animales para chillar! Los árboles se volvieron invisibles. Alguien venía caminando, despacio, entre la hojarasca. Yo estaba listo para jalarle no más apareciera. Apareció entre la penumbra un chucho seco y jiotoso, que al verme salió espantado. Me apliqué un torniquete con el cincho. Soplaba un viento caliente, que no era de agua. Faltaba para que empezaran las lluvias. No iba a quedarme a morir en aquel zanjón. Tomé un trago del agua chuca de la quebrada y caminé río arriba, por toda la orilla. Cojeando. Ayudándome con una rama seca. En algún lugar alguien cocía frijoles. Juan, tenés que volver a probar frijoles, me decía a mí mismo, para darme ánimos. Se escuchaban risas, llantos de niños y toses que provenían de las covachas. Me detuve cuando sentí un mal olor. Estaba a unos pasos del basurero. No muy lejos de allí quedaba la 28 de Diciembre, donde vivía Santiago, un viejo amigo, conocido como Teo, aunque su nombre verdadero era Gerardo. La 28 nació como un campamento de refugiados. Le pusieron ese nombre porque las primeras familias llegaron a ese predio el propio Día de los Santos Inocentes. Trepé por la vereda de los pepenadores hasta la explanada. Unos perros salieron al paso gruñendo. La puerta de la casucha se abrió y en ese momento me desvanecí.

Desperté. El sol estaba alto. Una mosca sobrevolaba mi nariz. Entró Santiago. Teo, le dije, contento de verlo otra vez. Habían pasado varios años. Me pidió que no hablara. Ya habría tiempo de platicar. Santiago estuvo entre los primeros que llegaron a la 28. Terminó la guerra y los refugiados volvieron a sus lugares. Santiago prefirió quedarse en la ciudad. Ya no quería ser campesino. Había aprendido un oficio. Su compañera se hizo enfermera y trabajaba en la clínica comunal. Sus hijos se hicieron muchachos grandes, con novias y amigos. Ninguno quería volver al pasado. Pero el pasado lo persigue a uno.

«Una de las primeras cosas que le pedí a Santiago fue que averiguara cómo estaban mi mujer y mi hijo. Mi niño estaba enfermo. Nació con un problema. Aquel mandó a un cipote a vender jocotes embolsados. Llegó a la casa, golpeó la puerta y nadie respondió. Volvió al día siguiente. Pomponeó la puerta. Nada. Una mujer le dijo ‘en esa casa no hay nadie’. Era merodeada por hombres en automóviles. Que se fuera de allí. Nunca volví a saber nada de mi mujer y de mi niño. Dejé las cosas como estaban. Ni loco se me hubiera ocurrido ir a la policía. La bulla del hombre vaciado estaba en las noticias. Era obvio que Bartolo estaba involucrado en esa muerte y que me buscaba para no dejar testigos. Pensé que usted era parte de ese plan. Juré que iba a matarlo si volvía a encontrármelo. Lloré amargamente la pérdida de mi familia, sin mencionarle a nadie una palabra. A Santiago le dije que el ataque que me hicieron era obra del enemigo. Escuadroneros. Santiago pensó igual. Todavía estaba fresco el recuerdo de los guerrilleros que aparecían muertos después de la paz. Grupos armados que actuaban al margen, se decía. Uno nunca lo sabe todo. Ni hace falta. Éramos personas acostumbradas a no preguntar más de lo debido.»

Santiago se enteró de que unos desconocidos llegaron a los alrededores preguntando por un herido, un tipo peligroso que era buscado por las autoridades. Era hora de marcharse. Necesitaba una nueva identidad y largarse a donde nadie lo conociera. Se dejó el bigote. Se decoloró el pelo hasta dejárselo blanco, como el de un viejo. El trámite para su nuevos papeles no fue complicado. Los sediciosos quemaron numerosas alcaldías. Al finalizar la guerra un arreglo transitorio estableció que una persona podía obtener un documento de identidad presentando a dos personas que legitimaran la veracidad de su origen. Santiago y su mujer acompañaron a Juan a la alcaldía de San Pedro Perulapán, donde los registros municipales fueron reducidos a ceniza, y en cosa de minutos consiguió un nuevo documento. Pasó a llamarse Noé Basilio Monge. Soltero. Agricultor. Se despide de sus amigos. Inventa una historia sobre su origen y sus calamidades. No es pecado engañar al diablo.

Mecapalero en Gotera.

Pescador en La Barra.

Pordiosero en Divisadero.

Cortador en Nuevo Edén.

Mesero en una pupusería de El Amatillo.

Con el paso de los años, Juan decide acercarse a las ciudades, donde es más fácil encontrar algo que hacer.

Ayudante de fontanero.

Motorista de un picap de mudanzas en San Miguel.

Alquila una pieza en La Curruncha, en la falda del volcán Chaparrastique. Vive rodeado por cuatro bandas de malhechores. Sale ileso de un fuego cruzado entre un grupo de exterminio y una clica de pandilleros.

 

6

Dos tipos vestidos de payasos suben al bus. Uno de ellos camina hasta la puerta de salida haciéndoles muecas a los pasajeros. El otro se queda a la entrada. El vehículo sigue su marcha.

—¿Les decimos, vos? —grita uno, con voz chillona.

—Mejor no. No van a querer —responde el otro, riéndose.

—Entonces, ¿les cantamos?

—Vos cantás muy feo.

La gente se ríe.

—Y ustedes, ¿de qué se ríen? ¿Me ven cara de payaso? —reclama. La gente se ríe a carcajadas.

Mirá, se están riendo. ¿Les decimos?

—Ya te dije. No van a querer.

—Les voy a preguntar.

El payaso se dirige a la gente.

—¿Quieren que se los digamos?

—Sí —responden unos niños.

—¿De veras quieren que se los digamos? — grita el otro, desde atrás.

—¡Sí!

—Vaya pues. Todos tienen que decir que sí.

—¡Sí! —responden los pasajeros.

—¡No se oye! A ver, ¿de veras, quieren que se los digamos?

—¡Sí! —grita la gente.

—Vaya. Se los vamos a decir —dice el payaso, sacando un enorme cuchillo.

—¡Este es un asalto! ¡Nadie se mueva! —grita el otro, pistola en mano.

Los payasos desvalijan a los pasajeros. Teléfonos. Cadenas. Monederos. Golpean a quien se les resiste. Uno de los payasos llega al lado de una muchacha.

—¿Nos llevamos a esta? —grita.

—Está bien buena. Démosle remolque —responde el otro.

El payaso le pone el cuchillo en la garganta y le soba una chiche. La joven se rompe a llorar. Un hombre que comparte asiento con Noé golpea al payaso. Se arma una pelea. El payaso de la pistola dispara a mansalva. Todos gritan. El motorista frena el bus. El payaso del puñal pierde el equilibrio y cae sobre la gente. Noé intenta cogerlo. En medio del forcejeo recibe un golpe en un ojo. Los payasos saltan a la calle y huyen despavoridos disparando al aire. En el interior del bus quedan personas heridas. El hombre que venía sentado al lado de Noé mana sangre por la garganta. A Noé le inyectan un sedante, le colocan una bolsa de

hielo en el ojo.

«¡Juan!», le susurra al oído una voz de mujer. Cree que está soñando. Abre los ojos y mira a una oficial de la policía. Ha llegado a tomarle declaración. «Me ha confundido. Mi nombre es Noé», responde. La mujer lo tranquiliza. «Te conozco.

Sos uno de los Abrego.» Escribe su número de teléfono en un papel y se lo introduce en un bolsillo.

—¿Quién era ella? —le pregunté.

Mélida. Su familia es de mi cantón. Me recomendó para este trabajo —dijo, señalando el pasillo oscuro.

 

7

—Y la Dante… ¿supo cómo pasaron las cosas? —me preguntó Noé.

—La Dante —repetí, saboreando el nombre—. Ninguno sabe bien cómo pasaron las cosas.

Noé se rió.

—Yo no tengo las manos manchadas con la sangre de ese muchacho —contestó.

—¡Matarlo no estaba en el plan!

—Y entonces ¿qué pasó?

—Les ordené que lo soltaran. No me obedecieron. El lunes el hombre apareció en todas las noticias…

Juan se puso de pie, con el foco en la mano.

—Intentaron matarme.

—Nunca volví a saber nada de Bartolo. Bueno, sí. No sé si se enteró…

—¡Ese maldito! —exclamó, y escupió en el piso.

El poder de las iglesias evangélicas en Latinoamérica

GDA

Los evangélicos en la región han aprovechado ventajas como el no tener que hacer aportaciones tributarias, leyes que en el mejor de los casos son vagas y, en el peor, inexistentes y les permiten actuar con libertad. Aunque hay casos específicos donde se les asocia con algún partido político en particular, estas asociaciones han sabido adaptarse a los cambios y, señalan expertos, su objetivo es acercarse al poder, esté en manos de quien esté.

Su ascenso no ha estado exento de polémica; al contrario, y es apenas el principio. «La iglesia evangélica recién empieza a asomar la cabeza», advierte a El Nuevo Día el doctor Samuel Silva Gotay, profesor distinguido de Historia y Sociología de la Religión en la Universidad de Puerto Rico.

Aunque diversas, las iglesias evangélicas tienen una agenda común que pasa por el No al aborto, la lucha contra los derechos de la comunidad LGBTTQ (en Puerto Rico impulsaron en el Senado un proyecto para aplicar terapias de conversión de menores homosexuales y transexuales que el gobierno frenó) y ganar acceso a los medios de comunicación donde no los tienen son algunos ejemplos.

Ha sido una labor de décadas. En Brasil, uno de los ejemplos más notorios del poder evangélico, estos grupos se consolidaron en la década de 1970, y hoy en día su influencia se ha disparado en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, cuya candidatura impulsaron.

En México, agrupaciones evangélicas como los protestantes y pentecostales se incrementaron, en poco menos de 10 años, 35 %, al pasar de mil 331 en 2010 a 5 mil 843 en la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Uruguay, señala El País, aunque sólo 7 % de la población se define como evangélica, según Latinobarómetro (2018), los expertos coinciden en que la cifra subestima la realidad y, desde 2009 un pastor, Jorge Márquez, intentó contender en las elecciones.

Venezuela vivió en 2018 el llamado fenómeno Bertucci, cuando el pastor evangélico Javier Bertucci se lanzó como candidato presidencial y su partido, Esperanza por el Cambio, alcanzó más de un millón de votos, una cifra histórica para una organización política de esa tendencia religiosa, advierte El Nacional. En este país, 17% se declara evangélico o protestante, según Latinobarómetro (2018).

De todo el universo de iglesias evangélicas, destacan por su poder económico y político los pentecostaeles y neopentecostales. En Puerto Rico, suman 840 mil creyentes, de un total de 3 millones de habitantes.

En Uruguay se fundó en 2004 el Consejo de Representatividad Evangélica (CREU), que aglutina a las iglesias de este tipo y representa a más de 700 congregaciones locales en el país. Y aunque no se les asocia al presidente, en las primarias de este año al menos 16 listas electorales fueron encabezadas por pastores evangélicos. Tres legisladores titulares son evangélicos, todos del Partido Nacional.

Un caso particular en México que ha destacado es el de la Luz del Mundo, fundada en 1926 y que afirma contar con más de 600 mil fieles. Tiene empresas filiales de diversos giros comerciales en sectores inmobiliarios, cultural, editorial e informativo. A nivel político, cuenta con tres legisladores y se le ha asociado a diferentes partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el que está actualmente en el poder, MORENA.

***

BRASIL, LA MECA

Un caso que cabe destacar es el de Brasil, no sólo por la relación evangélicos-Bolsonaro, sino por la fuerza política, mediática y económica de este grupo.

La Iglesia Universal del Reino de Dios (conocida en México como Pare de Sufrir) es considerada una pionera en la expansión nacional e internacional de la iglesia neopentecostal, indica O Globo. Es propietaria de Radio Aleluia, con más de 90 emisoras y su fundador, el obispo Edir Macedo, es dueño de Grupo Record.

Otro obispo, Marcelo Crivella, fue senador y nominado a ministro de Estado en el gobierno de Dilma Rousseff. Hoy es alcalde de Río de Janeiro.

De las filas de una de las iglesias evangélicas más antiguas de Brasil, la Asamblea de Dios, han salido también pastores que han sido líderes políticos, como Everaldo Pereira. En el censo de 2010, 12.3 millones de personas se declararon fieles de esta iglesia.

En México existe la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Cofraternice), que agrupa a 7 mil iglesias. La presidente Arturo Farela, quien se declara amigo de años del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con datos de El Universal, la presencia de los grupos evangélicos se ha incrementado en la administración actual, en la que han solicitado acceso a medios electrónicos de comunicación y han asistido a por lo menos cinco actos públicos del mandatario, quien durante su campaña estableció una alianza con el Partido Encuentro Social, de filiación cristiano-evangélica.

El censo de 2010 identificaba a 8 millones 386 mil mexicanos protestantes, pentecostales, cristianos o evangélicos.

Un caso particular en México que ha destacado es el de la Luz del Mundo, fundada en 1926 y que afirma contar con más de 600 mil fieles. Tiene empresas filiales de diversos giros comerciales en sectores inmobiliarios, cultural, editorial e informativo. A nivel político, cuenta con tres legisladores y se le ha asociado a diferentes partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el que está actualmente en el poder, MORENA.

Gran polémica causó en el país un evento realizado el 5 de mayo en el recinto cultural de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para homenajear al líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín, García, al que asistieron legisladores morenistas. Naasón está hoy detenido en Estados Unidos, acusado de violación de menores y tráfico de personas, entre otros cargos.

En Colombia, explica El Tiempo, hay dos partidos con personería jurídica y cada uno cuenta con tres senadores. Ambas agrupaciones políticas son cercanas al llamado uribismo, el movimiento de apoyo al expresidente Álvaro Uribe. Uno de ellos es el partido Mira, derivado de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y con presencia en el Congreso colombiano desde el 2000.

En Chile, los últimos 20 años han visto la caída en el número de fieles católicos y el ascenso de los evangélicos. Los primeros pasaron de representar 73% de la población en 1998 a 55% en 2018; por contraparte, los segundos pasaron de 14% a 16%, o un total de 3 millones 57 mil 154 fieles, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas proporcionados por El Mercurio.

Pareciera un número pequeño, pero ha ido aparejado de un aumento en su poder económico: para 2017, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Valores y Seguros, más de 40 distintas iglesias y corporaciones del mundo protestante poseían acciones en empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio.

Los evangélicos pentecostales se han enfocado además en la compra/renta de medios. Tienen dos canales de tv, un centenar de radiodifusoras, como radio Armonía y radio Corporación.

A nivel político, hay siete diputados evangélicos, de un total de 155, y hoy la apuesta es a conformar, ellos mismos, agrupaciones políticas que puedan contender en el futuro.

GDA

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EL SALVADOR, CATÓLICOS A LA BAJA

Uno de los ascensos más notorios de los evangélicos se ha dado en El Salvador, donde pasaron de tener 28.70 % de fieles en 2004 a 39.50 % en 2019. Los católicos, primer grupo religioso del país, han sufrido un declive igualmente impactante en el mismo periodo: de 55.10 % a 40.50 %.

Igual que en otros países, se han hecho de medios de comunicación y forman parte de consejos ciudadanos para el diseño de políticas públicas.

No se les asocia con un partido político en particular, sino con el poder, explica LA PRENSA GRÁFICA. Se llevan bien con quien gane. Muestra de ello es que en las tomas de posesión de los últimos cuatro presidentes ha habido presencia de sacerdotes católicos, pero también de pastores, y en la Asamblea Legislativa se han realizado sesiones especiales con motivaciones religiosas.

En Argentina aún no se nota tanto la influencia de los evangélicos, a pesar de que son el segundo grupo religioso más importante, con 3 millones 600 mil fieles, de acuerdo con datos recabados por La Nación, en un país con una población de unos 40 millones.

Una de las razones por las que no son tan influyentes es que no han logrado constituir una organización política que los estructure. Tampoco cuentan con algún candidato político con suficiente trayectoria.

Durante las protestas de este año contra el gobernador Ricardo Antonio Rosselló, Raschke no sólo criticó el Paro Nacional, durante el cual más de 500 mil personas marcharon para exigir la dimisión del gobernante, inmerso en un escándalo por comentarios denigrantes de su parte y otros funcionarios que salieron a la luz, sino también la protesta al ritmo de reguetón denominada “perreo combativo”, cerca de la casa oficial del Ejecutivo, y en la que participaron manifestantes de la comunidad LGBTTTI.

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DE LA CARTILLA MORAL A LA DECLARACIÓN MÉXICO-URUGUAY

El acercamiento de los grupos evangélicos al poder tiene un objetivo particular: impulsar su agenda. Y en algunos países, eso se ha traducido en acciones muy concretas.

Es el caso de México, donde la Cofraternice se encargará de distribuir la cartilla moral impulsada por el presidente López Obrador, con la que busca, según ha declarado, «reconstruir el tejido social» para disminuir la violencia que hay en el país. Será difundida en 7 mil iglesias evangélicas y los pastores planean incluso ir casa por casa.

La Cofraternice busca sumarse, asimismo, a programas «emblema» del gobierno de López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga becas a personas de entre 18 y 29 años por ser capacitados en empresas, y Sembrando Vida, para impulsar políticas de desarrollo que ayuden a disminuir la migración centroamericana.

En Brasil, los evangélicos se anotaron un gran triunfo en mayo de 2019, cuando a pedido del propio presidente Bolsonaro la Reserva Federal acordó flexibilizar las obligaciones accesorias de las iglesias (sus declaraciones diarias y mensuales de movimientos financieros).

El mandatario causó polémica al advertir que tendrá la oportunidad de nominar a dos ministros para el Tribunal Supremo y que uno de ellos será «terriblemente evangélico».

En Uruguay, el 15 de junio de 2017 fue una fecha clave para los evangélicos. Ese día, 670 parlamentarios de la región, incluyendo tres evangélicos uruguayos, suscribieron la Declaración de México, que se opone a que las resoluciones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos obliguen a los Estados miembros a modificar sus leyes locales «en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa».

En Colombia, estos movimientos mostraron su poder al impulsar el voto por el «No» a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el plebiscito de 2016, que finalmente se impuso. Tras el fracaso del Sí, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con una decena de pastores para escuchar sus planteamientos.

Paso a paso, las iglesias evangélicas han ganado terreno en Latinoamérica. Su cercanía al poder está redibujando la división Iglesia-Estado que solía prevalecer. Y van por más.

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PERSONAJES POLÉMICOS LIGADOS A LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS

Algunos de los líderes de las iglesias evangélicas más importantes o populares se han visto envueltos en escándalos de corrupción o, incluso, de delitos más graves por los que se encuentran en prisión.

En México destaca el caso del líder mundial de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue detenido en junio y está acusado por la fiscalía de California de 26 delitos graves, incluidos pornografía infantil, abuso sexual a menores y tráfico de personas. Se le denegó libertad bajo fianza después de que se dieron a conocer videos sexuales de Joaquín García en los que aparecía un menor; también se detectaron imágenes de pornografía infantil en un teléfono del acusado.

Apenas el 15 de mayo anterior, Naasón recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su cumpleaños número 50; en el recinto se presentó la ópera El Guardián en el Espejo, en un evento organizado por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM) y presidido por Rogelio Zamora, padre del senador Israel Zamora y de Alma Zamora, esposa de Joaquín García, menciona EL UNIVERSAL de México.

Al lugar acudieron miembros de la clase política; por ejemplo, el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Martí Batres Guadarrama; el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados; los senadores Ricardo Ahued, Julio Menchaca, Félix Salgado Macedonio, Roberto Moya, Gabriela Benavides, Juan Manuel Fócil y el senador del Partido Verde, Rogelio Israel Zamora, quien gestionó el evento.

Además, Joaquín García tuvo otro homenaje el 22 de mayo a nombre de la Cámara de Diputados por al menos 35 legisladores, sobre todo de Movimiento Ciudadano. El personaje recibió dos reconocimientos, uno tras el concierto en Bellas Artes y costó 7 mil pesos; el otro se lo dieron diputados federales de Jalisco.

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En Venezuela causó gran revuelo la candidatura presidencial de Javier Bertucci, pastor de la Iglesia Maranatha Venezuela. Hubo quienes lo acusaron de actuar en complicidad con el presidente Nicolás Maduro, al validar con su participación unas elecciones que no fueron reconocidas por un gran sector de la oposición.

Durante la candidatura de Bertucci salieron a la luz presuntos vínculos con casos de corrupción que fueron expuestos en la filtración de los Panama Papers en 2016. Una investigación de la periodista Katherine Pennacchio mostró que Bertucci fue presidente de Stockwin Enterprises Inc, una compañía creada en Panamá el 3 de enero de 2012 con un capital de 5 millones de dólares dedicada a la compra-venta de insumos, principalmente la importación de materias primas del sector alimenticio. Para importar se necesitaba conseguir una licencia de importación y dólares de Cadivi, pero ninguna de las dos cosas de obtuvieron. Luego de la publicación del reportaje, Bertucci explicó en un comunicado que la iniciativa no se concretó y que no tenía los recursos como para poseer cuentas en paraísos fiscales.

En Puerto Rico, Jorge Raschke, pastor de Asambleas de Dios, presidente del Ministerio Clamor de Dios Internacional y asesor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha causado más de un revuelo.

En junio de 2018 fue desautorizado por la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua por apoyar las posturas del cuestionado gobierno de Ortega. Además, ha desatado polémicas por sus posturas conservadoras y ataques contra figuras políticas, de la farándula y líderes activistas.

Durante las protestas de este año contra el gobernador Ricardo Antonio Rosselló, Raschke no sólo criticó el Paro Nacional, durante el cual más de 500 mil personas marcharon para exigir la dimisión del gobernante, inmerso en un escándalo por comentarios denigrantes de su parte y otros funcionarios que salieron a la luz, sino también la protesta al ritmo de reguetón denominada «perreo combativo», cerca de la casa oficial del Ejecutivo, y en la que participaron manifestantes de la comunidad LGBTTTI.

«Las asquerosidades que vimos fuera en la prensa, los videos de gente teniendo sexo en las calles… Eso no se puede permitir. Y Bad Bunny y Ricky Martin (…) y Calle 13, ¿quiénes son ellos? Que no viven ni aquí», declaró el pastor.

En Brasil una figura divisiva es el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. En 2018 anunció ante un público de pastores evangélicos que se les daría prioridad a integrantes de la iglesia para cirugías de cataratas y varices en la red hospitalaria pública. Esas declaraciones dieron origen a un pedido de destitución del alcalde, que al final acabó siendo archivado por la Cámara Legislativa Municipal.

Otros escándalos involucran a Damares Alves, pastora evangélica y educadora brasileña, actual ministra de la Mujer, quien causó polémica luego de decir: «Comienza una nueva era. Los niños visten de azul, las niñas de rosa». Posteriormente argumentó que era una metáfora «contra la ideología de género».

En Chile hubo cuestionamientos a los evangélicos en 2017, después de que durante un Te Deum, ceremonia organizada por la Unión de Iglesias evangélicas, la entonces presidenta Michelle Bachelet fue objeto de ataques y gritos que la calificaron de «asesina» y «vergüenza nacional» debido al impulso que daba el gobierno a proyectos como el aborto bajo tres causales o el matrimonio igualitario.


* El GDA está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

Camila Díaz llegó a pedir trabajo a la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans) el martes 29 de enero de este año. Camila quería alejarse del trabajo sexual y Mónica Linares, la directora de esta organización que promueve los derechos de la población LGBTI en El Salvador, recuerda haberle ofrecido que se inscribiera en un programa en el que recibiría clases y, luego, podría comenzar un pequeño negocio. Un camino largo, complicado, que Camila aceptó. Pero que no pudo recorrer. La mataron antes de poder dejar la calle.

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. «Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya», le dijo a las 11:21 de la noche.

Horas después, a las 3 de la madrugada, Camila fue privada de libertad por tres policías del 911, entre la 23 calle Poniente y la 25 avenida Norte de San Salvador, cerca del Policlínico de la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes justificaron su presencia diciendo que una persona había llamado al sistema y había reportado que ella estaba haciendo desorden, por eso, personal del policlínico la tenía ya esposada.

Los agentes Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín la subieron a la cama de la patrulla. Jaime Geovany Mendoza manejó el carro, que inició el recorrido desde ese lugar hasta el kilómetro 5/2 de la prolongación del bulevar Constitución, donde, media hora después, Camila fue arrojada de la patrulla en marcha. En el camino, Avelar y Valentín la iban golpeando. Hay escenas que quedaron grabadas en cámaras de videovigilancia y que la fiscalía maneja como pruebas.

Moribunda, Camila fue trasladada al Hospital Rosales, a las 5 de la mañana, luego de que personas que transitaban en carro sobre el bulevar, donde quedó tirada, reportaron que una mujer pedía ayuda desde una acera. La FGR dice que una patrulla del 911 llegó al lugar y también una ambulancia de Fosalud, que llevó a Camila al hospital. Tenía golpes en cara, en abdomen, en piernas y en la espalda. Los golpes que recibió esa madrugada le provocaron hemorragias y, durante tres días, mientras el país se preparaba para las elecciones presidenciales, ella se debatió entre la vida y la muerte.

El domingo 3 de febrero de 2019, el día de las elecciones, Camila murió sola en el hospital, a las 5 de la mañana. Desde la noche su privación de libertad, su mejor amiga, con quien además ella compartía casa, se preocupó porque no había llegado a dormir y comenzó a buscarla, hasta que en una delegación policial le indicaron que en Hospital Rosales había ingresado una persona con las características de Camila.

Esta amiga, dice Mónica, llegó a Aspidh Arcoiris Trans a pedirle que le acompañara al hospital. Hallaron a Camila, su cuerpo ya estaba en la morgue. La amiga se encargó de contactar a la mamá, la única que podía reclamar el cuerpo.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional define los crímenes de odio como actos, que en su mayoría, son realizados con saña y que pretenden causar daño a la integridad de una persona o acabar con su vida. Son motivados por la intolerancia y la discriminación a grupos vulnerables, como la población LGBTI.

De los 22 asesinatos de mujeres trans que la Federación Salvadoreña LGBTI registra desde 2017 a la fecha, el caso de Camila ha sido el único presentado en los juzgados como un homicidio agravado que fue motivado por odio a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Esta, y el agravante del delito de amenazas por las mismas razones, fueron dos reformas que la Asamblea Legislativa hizo al Código Penal en septiembre de 2015.

Sin embargo, en el expediente del caso consta que fue el juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, quien en la audiencia inicial contra los tres policías capturados hizo este razonamiento, porque la FGR no lo explicó explícitamente en su acusación.

Aunque la reforma legislativa ya cumplió cuatro años, las organizaciones que conforman la Federación han denunciado que la FGR sigue clasificando los asesinatos de acuerdo a los genitales de las víctimas e invisibiliza su orientación sexual, su identidad y expresión de género.

Mónica señala que ante la ausencia de un registro oficial, históricamente han sido las organizaciones las que se han encargado de sistematizar los crímenes, con la deficiencia que ellas parten de monitoreo de noticias, no de un relato de los hechos como el que hacen las autoridades en otros casos. Desde 1996 a la fecha, cuentan más de 500 crímenes.

Por medio de una solicitud, la Unidad de Acceso a la Información de la FGR dijo que, entre septiembre de 2015 y octubre de 2019, se han judicializado 22 casos de homicidios agravados cometidos contra personas de la población LGBTI. Pero no especificó si este agravante es bajo la reforma legislativa.

La reforma abrió paso para que la FGR investigue los crímenes contra la población LGBTI con los agravantes delictivos agregados, pero todavía no existe una política penal ni un protocolo que sirvan como lineamiento a los fiscales para probarle a los jueces que quienes cometieron los crímenes se basaron en la intolerancia u odio hacia las víctimas.

En el caso de los feminicidios, la creación de una legislación contra la violencia de género, ha permitido que la FGR cuente con lineamientos específicos y con un equipo capacitado para comprobar que entre las características particulares de estos crímenes, previo a la muerte, la víctima sufrió antecedentes de violencia.

El informe Violencia contra las Personas LGBTI en América, publicado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el promedio de vida para una mujer trans en la región es entre 30 a 35 años. Camila tenía 32 años cuando fue asesinada. A ellas, dice la comisión, la violencia, los prejuicios y la discriminación social, aún dentro de las familias, no les permiten acceder a la educación, a la salud a un mercado laboral formal. Todos estos factores las vuelven vulnerables a diversas formas de violencia. A esto se suma la falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante esta carencia de oportunidades e invisibilización social, es difícil que una persona trans en el país pueda acceder a un trabajo o a una educación formal. Por esto es que en el caso de las mujeres trans, como Camila, la única forma de ganarse la vida es a través del trabajo sexual o un negocio, como el que ella hubiese creado después de recibir clases.

El Salvador sigue sin contar con una Ley de Identidad de Género que permita que las personas trans sean reconocidas según su identidad de género y no con el nombre asignado al nacer, que aparece en el DUI y que es usado hasta por las instituciones de justicia cuando abren investigaciones o judicializan crímenes. La exdiputada efemelenista Lorena Peña presentó un anteproyecto de ley, en marzo del año pasado, pero la propuesta sigue engavetada.

Josué Godoy, diputado de ARENA y quien forma parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, la que tiene que discutir este anteproyecto, señala que la aprobación de esta ley es importante, pero que su discusión iniciará luego que se discutan reformas a la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. «Creo que es prioritaria desde el hecho que estamos viendo que es una comunidad que está siendo vulnerada de sus derechos, que la están matando. Creo que tenemos que dejar de lado agendas de partidos, o agendas personales, para legislar para todos los salvadoreño», dice Godoy.

El Decreto 56 permitió la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, en 2010, que estaba bajo la Secretaría de Inclusión Social, una secretaría que dependía de la Presidencia. Esta dirección era un vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Ejecutivo, y de esa forma permitía crear acciones a favor de la población LGBTI. Pero en la administración de Nayib Bukele, la secretaría fue eliminada y el gobierno designó sus funciones al Ministerio de Cultura, como parte de la Unidad de Género que ya existía, pero que ahora se llamada Unidad de Género y Diversidad. Una decisión que la Federación Salvadoreña LGBTI ha calificado como un retroceso.

«Con la caída de la dirección hay retroceso. La secretaría, en teoría, queda, pero absorbida por Cultura. Ahora se llama Unidad Género y Diversidad, hasta ahí, pero no dice diversidad sexual. Eso quiere decir que son un montón de temas más, no se está hablando de diversidad sexual. Queda en el limbo, en el aire, con quién vamos a hablar, qué vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer», sostiene Mónica.

 

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. “Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya”, le dijo a las 11:21 de la noche.

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LA INSTITUCIÓN AUSENTE

Entre octubre y noviembre fueron asesinadas tres mujeres trans. Anahí Rivas fue arrastrada desde un carro por el bulevar Los Héroes, la madrugada de sábado 26 de octubre, mientras ejercía el trabajo sexual; el 9 de noviembre, Jade Díaz, una lideresa comunitaria, fue hallada asesinada en el río Torola, en Morazán, tras tres días de estar desaparecida; mientras que el 17 de noviembre, Victora fue asesinada en el barrio San Martín, en el cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. En todas las escenas, las autoridades encontraron señales de tortura. Hasta el momento no hay personas capturadas.

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre estos asesinatos y llamó a las autoridades salvadoreñas a investigarlos. Les recordó que la transfobia es uno de los agravantes que implementó la legislación en 2015. Además, pidió medidas urgentes para prevenir más crímenes basados en odio y prejuicio contra la población LGBTI.

El viernes 29 de noviembre, Jeylyn Beckers, una mujer trans, llevaba dos días de desaparecida. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó que ella fue vista por última vez a las 3 de la mañana del pasado miércoles sobre el bulevar Los Héroes. Esa noche ella había salido con un grupo de amigos. Hasta el viernes por la tarde, no había sido localizada. La PDDH pidió reportes al Instituto de Medicina Legal (IML) y la PNC, pero estas instituciones no tenían registros de personas con las características de Jeylyn. Amigos de ella tampoco la habían encontrado en tres hospitales de San Salvador.

«Ya se dio una reforma normativa, la del 2015, y no ha pasado nada. Tenés casos de violencia grosera, violencia increíble de odio manifiesto, que no ha sido categorizada como tal en la Fiscalía General de la República», señala Carlos Rodríguez, el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

La PDDH, dice Rodríguez, ha registrado desde 2009 hasta la fecha, 31 asesinatos contra la población LGBTI. Doce más que los ya contemplados en el informe que la institución publicó en 2017, el Primer Informe Situacional sobre Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBTI.

La mayoría de las víctimas han sido mujeres trans. Según este informe, el 52.2 % de ellas son víctimas de amenazas de muerte o de violencia basada en la transfobia y en la extorsión que les es impuesta por las pandillas en el trabajo sexual. También, de todos los sectores de la diversidad sexual, son las más afectadas por su expresión de género y porque están expuestas en las calles.

Rodríguez aclara que los casos que conoce la PDDH fueron abiertos de oficio, a través de noticias que monitorearon en medios de comunicación, avisos recibidos por organizaciones LGBTI, aliados de las organizaciones o amigos de las víctimas. En los casos, explica, sobre todo en los crímenes contra las personas trans, las familias no denuncian por la discriminación que las víctimas sufrieron en sus casas por su identidad y expresión de género.

Sin embargo, Rodríguez dice que esta sistematización de casos es una tarea que le corresponde a la FGR, pero no lo hace. En estos 10 últimos años, el reporte de PDDH refleja que hay casos que ya están archivados en la FGR, no trascendieron a judicializarse.

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UNA PLEGARIA

Un grupo de activistas da la bienvenida en el lobby del Teatro de Cámara Roque Dalton. Entre el grupo, una mujer se encarga de preguntarle a cada persona que llega si tiene a un ser querido asesinado. Si la respuesta es sí, pide anotar el nombre de la víctima en una hoja que está sobre una mesa.

En la terraza de este teatro, visibles para los transeúntes, resaltan varias banderas arcoíris y banderas rosadas con celeste, la bandera de la comunidad trans. Aquí, adentro del teatro, las únicas luces encendidas son las del escenario. El ambiente es sereno y poco a poco comienza a llegar la gente. Algunos llegan solos, otros en parejas, en familia o con amigos.

Es sábado 22 de junio y está por comenzar la Plegaria Rosa. Desde 2012, este evento se realiza una semana antes de la marcha por la diversidad sexual, para exigirle al Estado que investigue todos los crímenes impunes contra la población LGBTI.

En el escenario, hay una pantalla que reproduce noticias sobre todos los crímenes cometidos contra esta población. También, en el centro, hay un altar y una rosa sostenida por dos pilares pequeños. No es una flor natural, es de papel. Atrás hay seis velas encendidas.

Entre los puntos de la agenda, una madre que asiste a la Iglesia Anglicana es presentada por un ministro que acaba de dar un mensaje sobre el amor al prójimo. Ella y su hijo suben al escenario. La madre testifica cómo fue su proceso para aceptar a su hijo cuando él le dijo que era gay. Habla de la importancia del amor y la tolerancia en la familia, y también de los prejuicios que existen en torno a la población LGBTI. Los asistentes asienten con la cabeza a sus palabras y cuando termina de hablar, el teatro se llena de aplausos.

Cuando la tarde cae, llega la hora de salir del teatro y tomar en el lobby una vela que será encendida en la terraza. Los asistentes suben a la terraza. Hay personas con encendedores que acercan la llama a las velas envueltas en faroles blancos y morados. Hay abrazos, ojos cerrados y manos tomadas de otras manos. Es el momento de recordar a ese familiar, a ese amigo o ese conocido asesinado, cuyo nombre fue escrito en la página, a la entrada del teatro. A medida que las velas su juntan a la orilla del escenario, la luz aumenta.

Los carros circulan alrededor del teatro. En la calle, aquel acto llama la atención de quienes van de paso. También de un grupo de policías que, desde afuera de una patrulla, observan callados y curiosos. «En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré», cantan los congregados. La alabanza termina. Frente a las velas encendidas, que son luz y calor, hay lágrimas. La Plegaria Rosa ha acabado. El nombre de Camila Díaz ya forma parte de la lista de asesinatos.

“La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque él era como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba”, recuerda Mónica Linares sobre el fiscal que atendió la denuncia por el asesinato de Camila Díaz.

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SIN DÓNDE IR

Luego de la muerte de Camila, Mónica acompañó a su amiga a denunciar su asesinato a la oficina fiscal de Soyapango, donde, dice que el fiscal que les atendió no tomó ni apuntes sobre los datos que le dieron. Mónica le sugirió que, ya que la privación de libertad de Camila había sido en una zona transitada de San Salvador, tendrían que haber cámaras que documentaran lo sucedido, por lo tanto, esta debía ser una de las primeras diligencias de investigación que la institución tenía que hacer antes que los videos se borraran.

«La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque era él como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba», recuerda Mónica.

Días después, ella dice que cambiaron al fiscal asignado al caso y el que retomó la investigación le envió una carta en la que le pedía que citara en las oficinas de Aspidh Arcoiris Trans a personas que hubiesen sido testigos del crimen de Camila, un trabajo propio de las autoridades. Ella se negó.

Mónica dice que el caso de Camila se ha convertido en simbólico porque hay detenidos y estos son agentes de seguridad pública. Para la PDDH también es un caso «ejemplarizante», porque la institución tiene registros de la violencia a la que Camila fue sometida años antes de su muerte y por la cual las autoridades nunca hicieron nada.

El procurador Rodríguez dice que, cuando la FGR abrió un expediente de investigación por el caso de Camila, decía que su muerte había sido culposa, a causa de un atropellamiento. Sin embargo, los procuradores encargados del caso consultaron con los médicos del Hospital Rosales que la atendieron, y aunque ellos no se atrevían a dar la opinión de un forense, aseguraron que los golpes que ella presentaba no eran propios de un atropellamiento. Fue así que la FGR cambió el delito de homicidio culposo a homicidio agravado.

Semanas después del asesinato, la FGR no tenía a ningún presunto responsable. Pero de acuerdo con la PDDH, desde hace años, Camila era víctima de lesiones, amenazas de violencia por parte de policías, pandilleros y personas particulares, las cuales denunció a la FGR y la PNC, pero nunca recibió un acompañamiento.

Ante este peligro, en 2014, ella migró a México, donde le dieron la residencia en 2015. El 8 de agosto de 2017 cruzó, junto a una amiga, la frontera con Estados Unidos. Se entregó a las autoridades migratorias y, para solicitar asilo, les expuso los antecedentes de violencia que había sufrido en El Salvador, pero ellas se negaron a creerle y Camila estuvo detenida por tres meses en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California. Fue deportada en diciembre de ese año y regresó al país en donde, 13 meses después, la asesinaron. Todos estos hechos forman parte de una resolución que la PDDH está por publicar.

En mayo del año pasado, la FGR creó la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad. De acuerdo con Mónica, en la administración de Douglas Meléndez, la Federación Salvadoreña LGBTI nunca tuvo una reunión con él. Tampoco ha tenido reuniones con el actual fiscal general, Raúl Melara, quien solo a través de Twitter se pronunció por la muerte de Anahí y el martes pasado dijo que trabajan en protocolos de investigación para esclarecer los crímenes contra esta población.

El 31 de octubre, cuando la Federación montó una conferencia para pronunciarse por los 20 crímenes contra mujeres trans registrados en los últimos tres años, hasta esa fecha, y la desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual, exigió a Melara que aprobara una política penal y un protocolo para atender estos casos. Ambos documentos fueron trabajados desde mayo entre las organizaciones, la FGR, PNC y el IML, con apoyo de un proyecto de cooperación internacional, aseguró una persona cercana a este proceso, pero quien no quiso identificarse.

Ella dijo que el protocolo de investigación aún está en la etapa de validación, pero que la política penal ya está lista y solo está a la espera de la firma de Melara para que se apruebe, ya que se la entregaron hace semanas. La titular de la nueva dirección fiscal, Marina de Ortega, por su parte, confirmó el 8 de noviembre que el grupo de fiscales aún revisando la política y el protocolo antes de remitirlos a Melara.

Contrario a la postura de las organizaciones LGBTI, De Ortega justificó que la dirección, conformada por cuatro fiscales que brindan asistencia técnica, capacita a otros fiscales sobre cómo investigar los delitos bajo los agravantes de las reformas de 2015.

«Estas investigaciones tienen un componente diferente a la investigación tradicional de homicidios en otra modalidad, porque acá nosotros tenemos que buscar ese prejuicio, ese odio a la orientación, a la expresión o identidad de género, la saña con la cual el delito se ha cometido, antecedentes del agresor, el por qué esta persona tiene ese sentimiento de odio para esta persona», dijo. Pero en la relación de los hechos del caso de Camila, la FGR ni siquiera menciona la violencia, documentada por la PDDH, que ella sufrió años previos a su muerte.

Camila tenía 14 años de no vivir con su familia. Cuando su mamá llegó a retirar su cuerpo al Hospital Rosales, lo llevó hasta un municipio de la zona paracentral del país, donde fue su entierro.

«De vez en cuando sueño que llega a la casa y me habla», le ha dicho la señora a un psicólogo forense. A la FGR le ha dicho que no sabe por qué la mataron de esa forma, si Camila no se metía con nadie, pero no descarta que fue por ser una persona diferente.

Juan Guaidó, el presidente insospechado

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela

Juan Guaidó mira todos los días desde su oficina unas fotos del Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Venezuela. El edificio, donde despacha Nicolás Maduro, está en el centro de Caracas, varios kilómetros al occidente de la sede de Guaidó, situada en una torre ejecutiva de aspecto sobrio. Pero allí, sobre su escritorio, el político de 36 años conserva un libro con fotografías del Palacio donde espera vivir y despachar en el corto plazo. Las imágenes, de página completa y a todo color, son un amuleto que le indica cuál es su objetivo. Pero también, cada mañana, ese Miraflores de papel le recuerda que su presidencia sigue siendo simbólica.

El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó se convirtió en el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el último poder público elegido en Venezuela en 2015, cuando la coalición opositora logró la mayoría calificada del Parlamento. Por un acuerdo entre la oposición, el partido Voluntad Popular postuló a Guaidó para presidir la cámara de 2019 a 2020.

El 10 de enero se cumplieron seis años desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la república, justo después de que Hugo Chávez se retiró por enfermedad antes de morir en marzo de 2013. Con Guaidó recién elegido en la Asamblea, la oposición argumentó que Maduro empezaba a usurpar el cargo. Guaidó invocó el artículo 233 de la Constitución venezolana, que faculta al presidente del Poder Legislativo para encargarse del Ejecutivo de forma provisional.

Desde entonces, su exigencia, apoyada por la mayoría de los partidos de oposición, se resume en tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Alrededor de 60 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, reconocen a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Este apoyo se logró con un intenso lobby internacional que empezó a fraguarse en diciembre de 2018, poco antes de su ascenso a la presidencia del Parlamento. Aunque aliados como Donald Trump e Iván Duque le han prestado un apoyo esencial al inusitado gobierno de Guaidó, Nicolás Maduro sigue firme en el sillón presidencial. Nueve meses han pasado desde que el líder de la oposición juró su cargo como jefe de Estado frente a miles de venezolanos en las calles de Caracas, pero la criatura de un nuevo poder en Venezuela continúa en gestación.

He hablado con familias cuyos hijos se han ido caminando durante semanas hasta Perú. En Colombia tenemos también a muchos venezolanos. La normalidad en Venezuela se convirtió en una urgencia. Cuando uno tiene una urgencia, ¿qué hace? Lo que sea necesario para resolverla.

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Juan Guaidó es el diputado más joven que ha alcanzado la presidencia del Legislativo en Venezuela. Ingeniero industrial con posgrado en gerencia pública, se formó en la Universidad Católica Andrés Bello, donde empezó su preparación política como activista y líder estudiantil. Guaidó nació y creció en La Guaira, una zona del litoral central de Venezuela ubicada a solo 40 kilómetros de Caracas.

En diciembre de 1999, mientras Hugo Chávez animaba a sus seguidores para que votaran una nueva constitución, un derrumbe provocado por intensas lluvias bajó del cerro y sepultó a miles de víctimas. Hubo alertas y se consideró suspender la elección para evitar riesgos, pero el entonces presidente citó a Simón Bolívar: «Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». La naturaleza no obedeció, y la cifra de muertos superó los diez mil.

Entonces, a los 16 años, Juan Guaidó empezó a padecer una forma de actuar que se volvería típica durante la hegemonía chavista: primero el poder; después todo lo demás.

Expulsada por ese derrumbe, la familia Guaidó, junto con miles de vecinos, tuvo que abandonar La Guaira para radicarse de forma provisional en casas de algunos familiares. Hoy, el político recuerda que dormía junto a su madre y hermanos hacinados en una misma alcoba. En aquella época, para reconocer las consecuencias de la tragedia, algunos estudiantes recibieron becas, entre ellos Juan Guaidó.

Esos días le generan sonrisas, pero también revive los múltiples esfuerzos que debió hacer para vivir en distintos lugares mientras completaba su carrera universitaria. Durante varios años, en vacaciones, Guaidó viajó hasta el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, para visitar a su madre, quien se había mudado a esa zona.

Junto con varios políticos de su edad, Guaidó debutó en la escena pública en 2007, cuando Chávez canceló la licencia de Radio Caracas Televisión, un canal muy crítico hacia su gobierno. Este cierre estimuló protestas, y él, en compañía de otros estudiantes que hoy son diputados, varios de ellos presos o exiliados, lideró protestas que le abrieron un camino en la política nacional.

Juan Guaidó

Con esos colegas y bajo la mentoría de Leopoldo López, otro líder opositor perseguido, Guaidó ayudó a fundar en 2009 el partido Voluntad Popular, que ha sido protagonista en la resistencia frente a Maduro durante estos años. Criado en una familia de clase media baja, Guaidó integra la última generación de venezolanos que pudo ascender en la escala social gracias al estado de bienestar que financió el petróleo. Al mismo tiempo pertenece a la primera generación que creció bajo el chavismo como único sistema de gobierno: el que despojó a millones de jóvenes de una verdadera oportunidad de desarrollo dentro de su país.

El desafío personal de Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro es, en resumen, una cruzada por el derecho al futuro.

Pasa el tiempo, y hay un desgaste de su figura como líder. También es evidente y está medido el desgaste de la gente. ¿Cómo administra la desesperanza?

Tengo una ventaja: yo soy de La Guaira. Soy fanático de los Tiburones de la Guaira, un equipo de béisbol que tiene 30 años sin ganar. Sin embargo, nos mantenemos militantes de la fe y de la esperanza.

¿Y la desesperanza de la gente?

La frustración es un tema latente. Nuestro trabajo es generar certezas, esa es la parte complicada en medio de esta incertidumbre que la dictadura convirtió en algo cotidiano. He hablado con familias cuyos hijos se han ido caminando durante semanas hasta Perú. En Colombia tenemos también a muchos venezolanos. La normalidad en Venezuela se convirtió en una urgencia. Cuando uno tiene una urgencia, ¿qué hace? Lo que sea necesario para resolverla.

¿Existe aún la posibilidad de una intervención militar en Venezuela?

Nosotros estamos pagando los costos de la guerra sin haberla tenido. Hoy, Colombia está sufriendo los embates de una guerra que no existió en Venezuela. Tenemos los indicadores terribles de una guerra, pero sin ella. Aquí ya existe una invasión: de los cubanos, de los rusos, de grupos irregulares como las disidencias de las Farc y el Eln, al que le permiten explotar nuestros recursos y contrabandearlos hacia Colombia. Pero de esa invasión no se habla, y me parece hipócrita. Este dilema no puede ser visto como un dilema de guerra o paz; el dilema es cómo se soluciona el conflicto de la mejor manera en Venezuela. Colombia ha sido absolutamente solidaria con nuestra situación, y nos unen lazos históricos. A Colombia, además, le conviene que Venezuela se recupere, porque es su primer socio comercial. Lo que ha hecho Iván Duque con el caso venezolano es acertado y noble, pero además, inteligente.

Si tuviera que repetir lo que hicieron en la frontera con Cúcuta, ¿lo repetiría o probaría otro modo?

Lo repetiría, sin duda, y buscaría mejores mecanismos para que ingresara más ayuda. Tenemos siete millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. Y a esos hay que sumar todos los que están fuera del país.

¿Podría explicar sus fotos con miembros de ‘los Rastrojos’?

El impacto de eso en Venezuela fue nulo. ¿Por qué? Porque aquí se entiende la vulnerabilidad que existe hoy no solo en la frontera, sino en muchos sectores del país tomados por el hampa. Ahí, lo que pasó es que el Gobierno venezolano bloqueó la frontera para tratar de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, y nosotros salimos por el lugar que pudimos sin conocimiento de cuáles sectores están bajo el dominio de quién en torno a la frontera. Lo cierto es que esos señores están presos en Colombia, como tienen que estar. La verdad, no tenía idea de quiénes eran. Yo atravesé por un lugar que era el único posible para poder llegar a Colombia.

A las 3 de la mañana tocaron la puerta, y pensé: ‘me vinieron a buscar, llegó la dictadura’

¿Cree que todavía hay músculo de protesta en la gente?

¡Sin duda! Estamos en una sociedad más desgastada por la situación crítica que vivimos; llevamos años en esto. Pero hoy, el dilema en Venezuela es existencial. El dilema es por la propia existencia de la república y de sus ciudadanos. Una y otra vez nos han exigido como sociedad. Durante mucho tiempo, la comunidad internacional vio esto con buenos ojos: le parecía un socialismo simpático. Y trataron de ver esto como un tema de izquierdas y derechas. Y lo advertimos desde siempre: este no es un tema de ideologías; es un tema de derechos fundamentales.

Vamos al inicio de todo. Usted creció junto al mar, ¿cierto?

Sí, tenía la playa a dos cuadras. Y, la verdad, siento que era otra Venezuela, una muy distinta a la que vemos hoy. En esa época, la única preocupación de mi mamá era si me raspaba las rodillas corriendo en la calle, o si peleaba con un amigo o un vecino. Nada más.

¿Tenía algún tipo de conciencia política en esa época?

Me gustaba organizar el salón. Ayudar a organizar los equipos, los intercambios deportivos. Más que conciencia política, tenía mucha conciencia del contexto en el que vivía. Eso sí.

¿Cuándo ocurrieron las primeras aproximaciones a la política?

En la universidad, con ese mismo análisis de contexto: para que la familia esté bien, todos tenemos que estar bien, pensaba en esa época. Porque el bienestar es la suma de responsabilidades y de la conciencia cívica. Empecé por la cultura ciudadana; por la responsabilidad en sociedad, los deberes y los derechos. En esa época entendimos que si no aportábamos todos, nada iba a funcionar. Y fundamos nuestra primera agrupación política, y realizamos nuestras primeras acciones. Los estudiantes eran muy apáticos y estaban muy desconectados de la realidad. Entonces tratábamos de generar conciencia para que participaran en las labores de todos, en el voluntariado, en los centros de estudiantes. Ahí participé porque sentía que los líderes estudiantiles no me representaban, y tenían seis años seguidos siendo electos en cargos que duraban un año. Gracias a ese descontento armamos nuestro grupo.

Siempre le ha tocado enfrentarse a gente que se aferra al poder y no lo suelta.

Y por distintas razones [risas]; pero, ciertamente, nos tocó.

En esa etapa, como estudiante, conoció a varios de sus aliados de hoy.

Sí. Hay dos frases que marcaron a mi generación. La primera: no podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. La segunda: tenemos que ensuciar nuestras manos de realidad. La segunda era de un profesor jesuita, y le dimos muchas vueltas. Porque era entender cómo funcionan la política y los factores de poder para transformar la sociedad. Y además, la constancia. La danza de la lluvia que hacen los indios funciona porque bailan hasta que llueve. Hay que bailar hasta que llueva.

¿Usted pensaba entonces en un destino como político?

No sé en qué momento lo pensé, o lo asumí. Yo veía por televisión a los diputados, a los alcaldes, y me llamaba la atención. «En todo amar y servir», esa frase de san Ignacio de Loyola me marcó. En la universidad hicimos un curso basado en el liderazgo al estilo de los jesuitas. Ahí se inició para mí un proceso de germinación de ideas, de debate político intenso, y la necesidad del aporte en sociedad.

¿Llegó a soñar con la presidencia en esa etapa?

Fue un proceso; fuimos cumpliendo pasos. En 2007, cuando Chávez promovió la reforma constitucional que permitió la reelección indefinida, nos dimos cuenta de que había que asumir esto en primera persona. Entendimos que este problema es nuestro, no de un tercero.

Hay que entrar en el juego.

Exacto. Ahí vino un cambio importante para mi generación, que creció en la antipolítica. Somos hijos de esa antipolítica. «Los políticos son malos, son

corruptos, ahí no hay que meterse», decían mucho en ese tiempo. Pues siendo joven yo tomé la decisión de meterme de lleno. En 2008 me gradué y empecé a trabajar como ingeniero industrial; ganaba un salario alto siendo un profesional joven. Pero renuncié a los seis meses porque descubrí que eso no era lo mío. Recuerdo una frase de un amigo que me dijo: «Esto no es un pasatiempo, es una vocación». Y así lo asumí desde ese momento.

Ramón J. Velásquez, quien fue presidente encargado de Venezuela entre 1993 y 1994, dijo que para ser presidente había que nacer.

Buena figura esa. Más que en el destino, yo creo en la preparación. Nos fuimos formando para asumir ciertas responsabilidades. Evidentemente, nadie se forma para encargarse de la presidencia bajo una dictadura que asesina, que persigue y genera la crisis humanitaria más severa en la historia del continente. Pero así fue: nos formamos en dictadura, en la protesta, en la defensa de nuestros derechos, y en formar en paralelo un plan de gobierno. Cuando lo ves en retrospectiva, no sé si es el destino.

¿Cómo es su rutina?

Bueno, siempre ha sido muy laboriosa, desde que tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir a la universidad. Todos los semestres hice cursos de verano para tratar de adelantar lo máximo posible. Trabajaba en vacaciones. Durante los semestres no me daba tiempo porque era una carrera muy exigida. Siempre he tenido una dinámica bien activa. Obviamente, en esta emergencia que estamos atravesando, mucho más. Estamos en una situación totalmente atípica: un presidente encargado en dictadura, reconocido por 60 países. Pero, aun así, el régimen de facto controla mucho el gobierno, entre comillas. Y digo entre comillas porque hoy ya no gobiernan. No ha habido un acto de gobierno real en el último año y medio. Maduro ya no gobierna; es un prisionero del poder.

Con más de 200 militares presos, muchos de ellos torturados, ¿cómo conquistarlos para su causa cuando existe entre ellos tanto miedo?

Nadie está cómodo con lo que está pasando. Ni siquiera la dictadura, y se les nota. Las fuerzas armadas están absolutamente descontentas. Un 80 o quizá 85 por ciento de ellos no está conforme con esta situación. Entonces hay que construir garantías para todos los sectores. Nosotros hablamos de la Ley de Amnistía y Garantías, pero lamentablemente no cuajó. Luego de la mediación de Noruega, nosotros propusimos la conformación de un Consejo de Estado. Si los militares no confían en un Parlamento que pueda respetar sus garantías, que confíen en ellos mismos, y que formen parte de este Consejo. Allí cabrían tres acciones: contener la emergencia humanitaria compleja, reinstitucionalizar el país y generar una elección presidencial libre que genere estabilidad y gobernabilidad. Esa es la propuesta. Tenemos más de 400 presos políticos y más de mil exiliados que debemos ayudar a volver.

¿Planean volver a las negociaciones en Oslo?

Oslo era para nosotros un mecanismo, y no estamos enamorados de ningún mecanismo. Estamos enamorados de la solución. Si es a través de Oslo, bienvenida.

La inmensa presión que ustedes han generado contra el chavismo todavía no produce el desenlace. ¿Qué nuevas estrategias quedan?

Primero, presionar a la dictadura. Vienen más acciones de calle. Y se pueden esperar más sanciones.

Mayor aislamiento político y económico para Maduro y los suyos.

Ya lo tienen, y va a aumentar. Mientras sigan a la defensiva van a tener muchos más problemas. Tienen un problema central que es el económico. Ya no tienen socios, sino acreedores; ya no tienen aliados, sino financistas. Ellos se quedaron solos hace mucho tiempo.

¿Cuánto tiempo antes del 23 de enero de este año se tomó la decisión de asumir la presidencia?

Veníamos construyendo esas capacidades, conversando con los países desde finales del año pasado. Veníamos conversando con los partidos políticos, con los distintos actores sociales. Y logramos reunir todo ese 23 de enero.

Y mucho lobby internacional también.

Claro, mucho lobby internacional, pero ese se hizo todo en diciembre, y el avance final se completó en enero.

Unas navidades y un Año Nuevo muy activos.

Hubo mucho trabajo para mí y toda nuestra gente. Fue muy intenso, y había un factor fundamental que era la gente. Ese 23 de enero, la fecha en que cayó la última dictadura venezolana, tuvimos esa gran manifestación en Caracas y en 56 ciudades de Venezuela. Fue impresionante. Bueno, ahí dijimos: «Aquí ya hay una oportunidad; tenemos el respaldo popular y el respaldo internacional».

Nadie está cómodo con lo que está pasando. Ni siquiera la dictadura, y se les nota. Las fuerzas armadas están absolutamente descontentas.

¿En enero ustedes pensaron que el desenlace estaba más cerca?

En principio, nadie tenía expectativa. Recién juramentado como presidente del Parlamento, mi discurso no fue de agradecimiento; dije más bien que era el momento de rehabilitar y construir capacidades para enfrentar a una dictadura. Había llegado el momento de ejercer la mayoría. No basta solamente con ser mayoría; hay que ejercerla. Sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, en principio, nadie tenía expectativa, pero la construimos muy rápido. Recuperamos rápido la esperanza. Aún no nos hemos rendido, y el pueblo venezolano tampoco se va a rendir. Por eso digo que la dictadura está derrotada.

servir”, esa frase de san Ignacio de Loyola me marcó. En la universidad, hicimos un curso basado en el liderazgo al estilo de los jesuitas. Ahí se inició para mí un proceso de germinación de ideas, de debate político intenso, y la necesidad del aporte en sociedad.

***

¿Por qué no lo han metido preso?

Porque es muy costoso políticamente para ellos, todavía. Digo todavía porque ese riesgo estará siempre latente.

¿Y cómo se prepara para la cárcel?

El día que secuestraron a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, yo estaba solo en mi casa. Mi esposa se había ido de gira por Chile, Perú, Estados Unidos. A las 3 de la mañana tocaron la puerta, y pensé: «Me vinieron a buscar, llegó la dictadura». Pero no; venían a avisarme lo de Roberto.

Usted ya ha asumido ese escenario como uno de los posibles.

Sin duda. Nosotros hemos pasado por el escenario de perder la vida en este rol.

¿Cuánto influye Leopoldo López, su mentor, en su trabajo político?

Tenemos los roles muy claros. Leopoldo es el coordinador de Voluntad Popular, nuestro partido; y yo soy el presidente encargado de Venezuela, y presidente del Parlamento.

¿Hablan con frecuencia, lo aconseja?

Hablo con Leopoldo (López), con Henrique (Capriles), con María Corina (Machado). Hablo con todos los jefes de los partidos, con muchas personas de la sociedad civil.

¿Cómo consigue navegar entre los distintos bandos de la oposición y, además, combatir el chavismo?

Diría Steve Jobs: «conectar los puntos». Yo fui jefe de fracción parlamentaria el año pasado en la Asamblea Nacional. Mi trabajo era articularlos a todos para lograr los acuerdos políticos, para mantener la unidad. No fue una tarea fácil, pero sí había buena voluntad de todos.

¿Y cómo está hoy la unidad de la oposición?

Muy sólida. Por primera vez en años trascendimos de una unidad electoral a una unidad de causa. Debemos estar juntos o no vamos a tener país.

¿Usted ha considerado competir por la presidencia?

En esta etapa ese es un debate extemporáneo, porque mi rol ahora mismo es de articulador. Pero lo evaluaría llegado el momento.

¿Cómo espera que lo recuerde la historia de Venezuela?

Como un servidor público que no solo lo intentó, sino que logró recuperar la democracia y la dignidad para su país; que ayudó a sanar la nación. En definitiva, que me recuerden como un servidor de Venezuela.

Juan Guaidó

Las grietas del milagro chileno

Fotografía de Connectas

Los vagones del metro están calcinados. También los tres cajeros automáticos de la estación donde se detuvieron. Los rieles de la línea férrea subterránea destruidos. Todo ahí abajo está completamente cubierto de cenizas. El olor a humo y fierro quemado es penetrante y a ratos cuesta respirar sin toser.

Afuera de la estación, un grupo de jóvenes militares armados impide que ingresen los transeúntes. Dentro se encuentran familias y vecinos del sector de Lo Prado, en la zona poniente de Santiago, la capital chilena. Son unas cincuenta personas que, con palas y sacos, limpian lo que quedó de la estación San Pablo, la última de la línea 1 que cruza la ciudad conectando oriente y poniente.

Rosa Pinto llega temprano con su suegra y sus nietos. Quieren acelerar el proceso de reconstrucción de la estación que fue quemada el sábado 19 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales que estallaron de forma masiva en el país con mejores índices de desarrollo humano de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Junto a ellos, con guantes gruesos, un delantal azul y el pelo recogido, Gladys Zúñiga, una mujer de 53 años nacida y criada en la comuna, barre indignada el hollín de la estación. Cada cierto rato interrumpe sus quehaceres, mira fijo a la cámara y despotrica, con las manos alzadas, en contra de las razones que la han mantenido por años inconforme y que hoy, en un escenario calcinado, la tienen furiosa. A 12 kilómetros de ahí, Patricia Aravena escucha un helicóptero sobrevolar su casa y recuerda el miedo que sintió de niña cuando los militares también recorrían las calles de su barrio.

Sus relatos dan claves para comprender la rabia que ha estallado en Chile, como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

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LAS PROTESTAS EN EL PAÍS SUDAMERICANO estallaron luego de que el presidente Sebastián Piñera -aconsejado por un consejo técnico de expertos- anunciara un alza en el pasaje del metro de 40 centavos de dólar, quedando el precio en 1,17 dólares. Chile ya estaba en el noveno lugar en la lista de 56 países de la OCDE, con el sistema de transporte público más caro.

En rechazo a la medida, los escolares compartieron información y memes en redes sociales, y se organizaron para llamar a una evasión masiva del pago del pasaje. Cientos, algunos usando el uniforme de sus liceos, comenzaron a saltar los torniquetes del tren subterráneo.

Según una minuta reservada del Ministerio del Interior, elaborada con información entregada por Carabineros de Chile, el jueves 17 de octubre una turba de 400 personas rompió los torniquetes de la estación de metro San Joaquín. Al día siguiente, siete estaciones de metro fueron incendiadas. En una, el fuego lo alimentó un televisor plasma, lanzado con furia a los rieles.

Ese viernes el metro cerró progresivamente las 136 estaciones que conectan sus 7 líneas de trenes subterráneos, por las cuales se transportan a diario más de 2,6 millones de personas.

Patricia Aravena es técnica en Enfermería y trabaja en un centro médico en Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Por los desmanes, estuvo detenida 45 minutos en un tren del Metro sin poder acceder a la estación. Cuando pudo salir a la calle, no sabía bien dónde estaba ni cómo llegar a su casa.

Eran las 5 de la tarde y hordas de santiaguinos colapsaban las calles.

«Me empecé a angustiar, cuando a una la sacan de su ruta habitual se desconcierta, no sabía qué hacer», cuenta Patricia, quien vive en Recoleta, al norte de la capital.

Las micros iban repletas y había un desconcierto generalizado en medio del caos. Sin la posibilidad de tomar buses, taxis o servicio de Uber, la gente empezó a caminar. Hubo quienes tardaron ocho horas en llegar a su casa, atravesando a pie una ciudad de 7 millones de habitantes.

Un taxista que manejaba con su mujer y su bebé, vio a Patricia parada en la avenida y le ofreció acercarla a su casa. Cuando llegó, su barrio no se veía igual que por la mañana. El supermercado y la farmacia serían saqueados y la estación de metro Zapadores, a dos cuadras de su casa, incendiada.

Esa noche, el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que produce y distribuye energía eléctrica y gas, también fue incendiado. Testigos llamaron a las radios contando que escucharon una explosión y luego el fuego subió por las escaleras del inmueble de 19 pisos, ubicado en pleno centro de Santiago.

Mientras miles de personas intentaban llegar a sus casas en medio de las manifestaciones, el Presidente Piñera fue a comer a una pizzería en un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto. Alguien que comía ahí también lo fotografió, subió la imagen a redes sociales y así Patricia y Gladys lo vieron en sus teléfonos móviles.

La indignación se hizo sentir en las calles y de regreso al palacio de Gobierno, el Presidente Piñera decretó estado de Emergencia Constitucional –que implica reducción de libertades de tránsito y reunión-, dejando al General Iturrieta a cargo de mantener el orden público. Él determinó que Santiago tendría toque de queda; el primero desde el retorno a la democracia dictado por protestas sociales y no por una catástrofe natural.

Gladys lo vio por televisión. A una estación del metro San Pablo, en Pudahuel, un supermercado Líder, propiedad de la empresa transnacional Wallmart, era saqueado e incendiado. Corriendo por los pasillos -incluso cuando comenzaron las llamas- adultos, adolescentes y algunos niños y niñas, sacaban mercadería, lavadoras, refrigeradores, televisores plasmas y otros bienes de consumo.

Ya van una semana de protestas en Chile, y en sus 16 regiones se concentra gente cada día en la calle haciendo sonar cacerolas para reclamar cambios a un sistema económico que tiene al país tercero en el índice de desigualdad de ingresos de la OCDE de este año. Las bajas pensiones, el alto costo de salud y educación, y los bajos salarios respecto al costo de la vida, son las principales grietas de un modelo que parece haber agotado la paciencia de los chilenos.

Diez regiones están con toque de queda nocturno. En Santiago, veinte estaciones de Metro fueron incendiadas, 24 buses calcinados y en el país cientos de supermercados y farmacias saqueadas.

A Patricia le da tristeza decirlo, pero cree que son los mismos vecinos los que asaltaron los negocios de su barrio. «Como que quisieron empoderarse de algo», dice, y «se empoderaron de lo primero que tuvieron a mano». Es que «fue de la rabia de ese minuto, no lo pensaron más allá y actuaron no más», intenta explicar.

En algunos sectores, vecinos y vecinas usando chaquetas amarillas se organizaron en la noche para impedir que se vandalizaran sus barrios. Eso no ocurrió donde vive Patricia. «La convivencia se perdió un poco porque estamos divididos por lo malo que se hizo. Porque nuestros mismos vecinos se tomaron estas cosas; y ver todo lo perjudicado que quedamos, lo solos que quedamos en este minuto», lamenta.

Francotiradores posicionados en el techo de la Escuela Militar buscaban intimidar, apuntando sus armas a manifestantes que llegaron por primera vez a protestar a ese sector acomodado de la capital, revelando la transversalidad del descontento ciudadano entre sectores de distintos ingresos como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

Hasta ese jueves, el Colegio Médico contabilizaba 3,500 personas heridas en manifestaciones y 45 de ellas habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. 18 personas habían muerto, tres de ellas por impacto de bala de funcionarios militares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 245 personas habían sido heridas por armas de fuego. El Ministerio del Interior registraba más de 5,300 personas detenidas y 626 funcionarios policiales y militares lesionados. 297 menores de edad habían sido arrestados y el INDH había presentado 59 acciones judiciales; 45 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 9 por violencia sexual y 5 por homicidios de personas que habrían muerto por causa de agentes del Estado. 20 personas estaban hospitalizadas con riesgo vital.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

***

«UNA MIERDA LA SALUD AQUÍ EN CHILE, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza», dice Gladys con rabia. «La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera. ¿Por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos? Despertó Chile, Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón», reclama. Su descontento, es el reflejo de muchos que en su vida cotidiana no han sentido que viven en uno de los países más prósperos de Latinoamérica.

La rabia de Gladys tiene sus orígenes en la inequidad producida por un sistema económico implementado bajo la dictadura de Pinochet en los años 80. El llamado «milagro» de su sistema económico, comenzó cuando un grupo de economistas chilenos que había estudiado en la «Chicago School of Economics» con Milton Friedman, el llamado padre del neoliberalismo, asesoró al dictador Pinochet en la creación e implementación de políticas que permitieron instaurar una economía de libre mercado, privatizar la salud, la educación, el agua, la jubilación y los recursos naturales.

Juan Andrés Fontaine fue uno de los llamados «Chicago Boys», hoy ministro de Economía. Días antes de que las protestas paralizaran la ciudad, y haciendo frente al descontento ciudadano por el alza del pasaje, dijo a la prensa que, para evitar pagar más, la gente podía madrugar y tomar el tren a las 7 de la mañana.

«Un señor dijo que había que levantarse a las 4 de la mañana, para que el metro fuera más barato, qué idiota; oye, han matado a niños por un cigarro, han matado a jovencitas; ¿se tienen que levantar tan temprano para que la tarifa del metro y la micro les salga más barata? Por favor, no estamos, no sé po, en Las Condes, estamos en pueblo de nadie», reclama Gladys.

El modelo económico que Chile instauró, generó un desarrollo que ha sido admirado en América Latina por lograr uno de los crecimientos más rápidos de la región; aunque ello no derivó en mayor igualdad.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

«Vamos a tener que ceder nuestros privilegios y compartir con los demás», dijo nerviosa Cecilia Morel, la Primera Dama chilena, en un mensaje privado de voz que envió luego de que estallaran las protestas sociales masivas. Estas le produjeron un desconcierto tan grande que las comparó con una «invasión alienígena».

Patricia también estaba acongojada, aunque su preocupación no era por perder privilegios.

«A mí me asusta porque se ve el comienzo, pero no se ve el fin que esto vaya a tener. Balazos múltiples, el helicóptero que está arriba de mi casa permanentemente, los milicos que pasan a cada rato; nos quedamos sin supermercados, sin farmacia, sin locomoción, sin metro. En este minuto nos sentimos aislados, como en una isla, y sentimos que la propia gente nos está traicionando por decirlo de alguna manera», cuenta.

En las calles. Los cuerpos de seguridad han ocupado también las calles de las principales ciudades de Chile.

***

SENTADA EN EL PATIO DE SU CASA, en Lo Prado, Gladys recuerda los años de niña en los que cerca de su calle, las aceras eran chacras donde cosechaba papas, lechugas y tomates. No eran épocas de abundancia, pero nunca faltó el carretón de verduras y el puesto de la feria para vender hortalizas nunca estuvo vacío. Gladys es vendedora informal, una categoría que en la estadísticas oficiales la ubica como empresaria independiente. Su economía depende de las empanadas y pasteles de choclos que es capaz de vender al día en la feria de su barrio. Aquella que se instala muy cerca del metro chamuscado.

Gladys dice que pensó que al volver la democracia en los años 90 su vida iba a ser mucho mejor. «Pero fue peor», lamenta. «Empezaron las alzas, vamos subiendo las cosas», alega.

En un país en que un parlamentario gana mensualmente hasta 13.000 dólares – 31 veces el sueldo mínimo-, cuando Gladys vende 30 empanadas, anda feliz. Pero el entusiasmo dura poco. El ingreso se diluye rápido detrás de facturas de agua, gas y electricidad, que sólo este año ha tenido un alza en la tarifa de un 19 %.

El sueldo mínimo en Chile es de 423 dólares y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 562 dólares al mes. Es un monto alto para la región, pero el costo de la vida es más caro y el dinero «no alcanza», dice Gladys. El arroz, las papas, el pan, el aceite y los huevos, son más caros en Chile que en cualquier otro país de Latinoamérica, al igual que el alquiler, afirma un artículo de este mes publicado por la BBC Mundo.

«Si en la feria la gente pudiera pagar con tarjeta, acá se comprarían hasta la última papa», dice.

En Chile, las tarjetas de crédito de bancos y casas comerciales son la forma en que las personas pueden acceder a una vida que no siempre pueden financiar. «La gente ya no tiene dinero en los bolsillos, andan todos con las tarjetas», asegura Gladys. Ella tiene la tarjeta de la casa comercial «Corona» y gracias a eso su hijo pudo comprar en cuotas su teléfono móvil.

El año pasado, las deudas de las familias chilenas llegaron a su máximo histórico y el FMI catalogó, en 2017, al país como aquel con los hogares más endeudados de América Latina.

Estudiar ha sido, por décadas, una de las deudas más pesadas.

En pie. Postales de la semana de protestas que remecen al país sudamericano que durante décadas fue elogiado por su modelo económico.

Gladys vive con su hija y sus dos nietas. Le gustaría algún día verlas estudiar en la universidad, dice. Doctora, ingeniera. Pero el sueño es ambicioso. Quizás, si alcanza, sea para una de las niñas y piensa en cómo podría su hija elegir cuál. «No se puede», dice.

En 2015, Chile era el cuarto país con los aranceles universitarios más caros del mundo, según datos de la consultora inglesa Expert Market. Las familias gastaban en promedio 73% de su sueldo en financiar una carrera universitaria, dicen las cifras del estudio citado internacionalmente.

Aún la universidad debe pagarse, incluso en un establecimiento público, ya que este debe autofinanciarse. La educación superior había sido gratuita en el país hasta 1981, cuando Pinochet flexibilizó los requisitos para crear universidades privadas, estas se multiplicaron y fijaron sus propios aranceles.

Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 las que pusieron en la agenda el acceso a una educación pública gratuita y de calidad como un derecho y no un bien de consumo. Hoy, con la «gratuidad» aprobada, sólo pueden estudiar gratis quienes pertenezcan a familias del 60 % de menores ingresos de la población y hayan ingresado a las instituciones que están adscritas a ese beneficio.

El país tiene también uno de los sistemas de educación escolar más segregados del mundo. 9 de los 10 colegios con mejores puntajes en la prueba de selección universitaria del año 2018 son particular pagados. Sólo uno es municipal y gratuito. Para estudiar en alguno de esos nueve establecimientos durante un año, una familia deberá desembolsar más de 3,400 dólares si quiere inscribir a un hijo en el más barato, y más de 17,600 dólares para incorporarlo al más caro.

Las nietas de Gladys, asegura, jamás podrían asistir a uno de estos establecimientos pagados.

Las condiciones en muchos de los establecimientos públicos no son óptimas. En 2013, cuando Chile crecía al 4.1 % y el presidente Piñera ejercía su primer gobierno, más de mil establecimientos no tenían agua potable de forma constante, y más de 70 tenían sólo letrinas y no baños. Cinco años después, en julio de 2018, los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados insistían en acceder a recursos para mantener y arreglar su infraestructura.

El entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo: «Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?… La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga».

Para Gladys, quien antes de ser feriante trabajó en la construcción, limpió departamentos y sacó escombros, los dichos de Varela reflejan la enorme desconexión de la clase política con la ciudadanía.

En las masivas protestas que continúan a lo largo del país no se ven pancartas ni banderas de partidos políticos. A Gladys tampoco le interesa nada de eso. En sus cinco décadas dice haber visto todos los colores, todos los discursos, todas las promesas desfilar delante de ella. Nunca el resultado fue lo que esperaba. Ni en los 23 años de gobierno de la centroizquierda, ni en los 6 años de la derecha.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. “Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, dijo. Esto le costó el puesto.

***

GLADYS ES DIABÉTICA y sus controles médicos los hace a través del sistema de seguro de salud público, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa. A veces, imagina que sería bueno vincularse a una Isapre, Institución de Salud Previsional del sistema privado, y así, tal vez, podría acceder de manera más barata a una clínica, también privada, y acortar los tiempos de espera. Si se rompiera una cadera, podría operarse inmediatamente y no pasar por los 469 días de espera promedio que toma una cirugía traumatológica, según datos del Ministerio de Salud. El 42 % de los pacientes de Fonasa que van a ser operados de alguna patología, espera al menos un año para ser tratado. En el sistema público no hay suficientes camas, ni médicos.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. «Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social», dijo. Esto le costó el puesto.

Pero Gladys sabe que tener Isapre tampoco es la mejor opción. Sabe que también aquellos que pagan por el sistema privado han salido a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Por el alza de precios en los planes de salud, por la baja cobertura, por las preexistencias, por el acceso restringido a centros de salud.

Estallido social. La noche en la que estallaron las manifestaciones, el presidente Piñera cenó en un restaurante.

Como sea, en cualquiera de los dos casos, privado o público, si Gladys compra medicamentos de marca en una farmacia, deberá pagar por ellos más de lo que gastaría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú o en México.

Le angustia pensar en su vejez, ajustada de maneras que no logra imaginar, a una pensión que, en promedio, alcanza los 266 dólares mensuales para las mujeres.

El sistema previsional chileno fue creado en 1980 por José Piñera, hermano del Presidente, y es uno de capitalización individual obligatoria. Esto significa que una persona que percibe una remuneración debe depositar cada mes el 10 % de ella en una cuenta personal que maneja una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Estas AFP son privadas y cobran un porcentaje por gestionar la cuenta, independientemente de la rentabilidad o pérdida que tengan.

El sistema ha sido altamente beneficioso para los grupos económicos chilenos. Un estudio de la Fundación Sol concluyó que el 58 % de los dineros de los futuros pensionados, más de 124,336 millones de dólares, es invertido en empresas de los grupos Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari.

Gladys lo sabe bien y tiene una opinión al respecto: «La AFP (administradoras de pensiones) le está robando a todo el mundo nuestro dinero, y ellos se la trabajan para el bolsillo de ellos, todos esos ladrones ricos, que mandan el país de Chile»

La pensión que reciba cada persona al jubilar dependerá del monto que alcanzó a reunir en su cuenta, de la cantidad de años en que cotizó y de la buena o mala inversión que hizo la AFP con el dinero que el trabajador aportó. Los hombres, por ejemplo, reciben 445 dólares mensuales en promedio.

«Por eso los viejos están enfermos. Se enferman de estrés», dice Gladys.

Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios con 17.7 casos por cada 100 mil habitantes, según un estudio realizado por Ana Paula Vieira, académica de Gerontología de la U. Católica y presidenta de la Fundación Míranos. Solo entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en el país.

Recuerdos. Gladys Zúñiga con su hijo cuando terminó la educación primaria.

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ES MARTES EN LA NOCHE, han sido cinco días de intensas protestas. Luego de pedir perdón por la «falta de visión» de los problemas del país, el Presidente Piñera anuncia las reformas con las que busca responder al estallido social y mitigar la tensión: un aumento del 20 % a la pensión básica solidaria, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas para poner «un techo al gasto de salud de las familias», un ingreso mínimo garantizado de 480 dólares para los trabajadores de jornada completa, un 5 % más de impuestos para las rentas superiores a 11,000 dólares, bajar la dieta parlamentaria, entre otros.

Si el Presidente Piñera hubiese anunciado esos cambios antes del 18 de octubre, quizás hubiese sorprendido a los chilenos; pero ahora, en realidad, Patricia no sabe cómo determinar si eso es un buen punto de inicio. Le molesta que se hable de cambios que esperan en el Congreso hace cinco años, como la rebaja del sueldo parlamentario, que cuando fue propuesta por diputados de un nuevo frente político, estos recibieron burlas de diputados y senadores.

«Hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia, que están decididos a todo, a dar la pelea, versus los viejos que estamos esperando que pase no sé qué», dice Patricia. Aunque está asustada, cree que se necesita tener una nueva Constitución, hacer asambleas libres y consultas ciudadanas reales. «Que hubiera gente que realmente nos represente en los partidos, en el Senado, pero yo veo que en este minuto nadie nos representa… ni por la educación, ni por la salud, ni por los viejos. Nos sentimos como a la deriva», lamenta.


Esta colaboración sobre el panorama chileno fue realizada por Paulette Desormeaux y Michelle Carrere para CONNECTAS.

Angélica no migra, huye

Ilustración de Moris Aldana

Angélica recibió la llamada de un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) que le advirtió que ella y su familia estaban en peligro. Alguien los estaba buscando para asesinarlos. Ella, sus dos hijos y su madre huyeron de su hogar con lo que tenían puesto y nada más.

Aquella tarde, Angélica apenas venía de enterrar a sus dos hijas que fueron asesinadas por los mismos que ahora los estaban amenazando. Aún sin poder asimilar la pérdida, la familia escapó sin tener un lugar a donde ir. Era mediados de 2017.

Dos años después, en una mañana de finales junio, Angélica se prepara para migrar. Junto a ella partirán sus dos hijos y su madre. Son alrededor de las 9:30 de la mañana. Hace unas pocas horas, abandonaron una casa de resguardo para la protección de víctimas y testigos de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).

Ella empaca, en prisas, lo poco que le queda y se despide de sus hermanas y sobrinas que, cree, nunca volverá a ver. Huye de la delincuencia y de un Estado que no la pudo proteger.

Entre marzo de 2018 y abril de 2019, 634 personas se desplazaron de manera forzada a causa de la violencia de acuerdo con las instituciones estatales. Sin embargo, lo que domina este fenómeno es el subregistro. La gente se va en silencio.

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Esta mañana es la primera vez, en un año y medio, que Angélica sale con un poco de libertad. Camina apurada y mira para todos lados desconfiada. Se ha bajado de un vehículo en el que, como mínimo, le ha dado unas cinco vueltas a la cuadra. Los pandilleros, los que mataron a sus hijas y luego amenazaron al resto de su familia, aún la buscan.

Antes de partir, Angélica ha decidido conversar sobre lo que la ha obliga a migrar. Solo tiene una hora para hablar. Dentro de poco, su vuelo despegará.

En una oficina que se ha acomodado como un salón de entrevistas, Angélica cuenta que, a mediados de 2017, perdió a sus hijas.

Angélica aún lo cuenta incrédula, sin poder comprender el porqué. Explica que la tarde en que desaparecieron, ellas salieron de estudiar y se reunieron con una amiga que les regalaría un par de pantalones y camisas. Luego de eso, no supo más.

Fabiola, una niña de ocho años y Marcela, de 20, estuvieron desaparecidas. Pero antes de que Angélica pudiera hacer una denuncia para iniciar la búsqueda, ella se enteró por la noticias que una niña y una joven con las características de sus hijas, habían sido localizadas por la PNC en un predio baldío.

Angélica entró en negación. No quiso creer que la noticia estuviera relacionada con la desaparición de sus hijas. Así que marcó y marcó el número de celular de su hija mayor.

La hermana de Angélica, al ver las noticias, se movilizó al lugar para saber si aquella dos personas eran, en verdad, sus sobrinas. Unas cuantas horas después, regresó con la confirmación de que las de las noticias sí eran Fabiola y Marcela.

«Todavía se me revuelven las tripas de solo recordar. No podía creer que fueran ellas. Esa misma noche, salí para el Instituto de Medicina Legal. Ahí me tocó reconocer a mis hijas», dice Angélica.

Así que, cuando el investigador llamó y los alertó de que los pandilleros «venían por ellos», Angélica no dudó en tomar lo que estuviera al alcance y marcharse junto con hijos y madre.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Cuando la familia huyó, dejaron casa, ropa, mascotas, trabajo; como la mayoría de víctimas de desplazamiento forzado. Sin hogar y con miedo, Angélica acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por ayuda.

Ante la petición, la FGR solo le dio la garantía de custodiar su hogar con agentes de seguridad, mientras ellos iniciaban las investigaciones por el asesinato de sus dos hijas. Ante el riesgo de que la vigilancia les diera más problemas. Angélica se negó a aceptar esta opción. Buscó ayuda de organizaciones sociales y solo interpuso la denuncia por los asesinatos.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar con la mayor discreción posible.

El Informe Preliminar de Registros sobre desplazamiento forzado de la PDDH, de 2017, detalla que «es muy común que la denuncia ocurra solo hasta después de haber agotado los recursos personales, familiares y las redes de relaciones sociales de las víctimas».

Angélica también agotó sus recursos. Junto a sus dos hijos y su madre se mantuvieron nómadas entre cuartos de hotel que costearon organizaciones sociales. Luego, durante siete meses, permanecieron en un albergue temporal hasta que decidieron que era tiempo de que el Estado respondiera por su calidad de desplazados.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Esta mañana, Angélica ha venido a la entrevista acompañada de uno de sus hijos, un joven de 24 años que desea platicar sobre los abusos que recibieron de parte del Estado cuando fueron «protegidos» en el programa de víctimas y testigos de la UTE.

Angélica y Mario recuerdan que, meses atrás, sin medidas cautelares, la UTE solo ofreció proteger a quien realizó la denuncia, ningún otro miembro de la familia podía ingresar al programa. La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT), no incluye a las víctimas en general, solo considera a las personas que son parte de un proceso judicial.

Al conocer las medidas de la CIDH, sin embargo, la UTE tuvo que hacer una excepción.

Cuando la familia ingresó al programa, en noviembre de 2017, Mario tenía 22 años, estaba recién graduado de bachillerato e iniciaba su vida laboral.

Su otro hermano tenía apenas seis años. Estaba a meses de iniciar su preparatoria y su abuela, una mujer de 74 años, se dedicaba a cuidar de sus nietos pequeños mientras Angélica trabajaba.

Mario asegura que antes de aceptar ser protegidos por la UTE, «ellos se la pintaron bonito», le aseguraron que contaban con todo lo necesario para protegerlos, pero no fue así.

En el resguardo, su hermano cumplió los ochos años y nunca recibió un refuerzo escolar. No tuvo la oportunidad de cursar ningún grado académico. A pesar de que la LEPVT, en su artículo 13 literal I, dice que se debe facilitar a víctimas y testigos la permanencia en el sistema educativo.

En cambio, Mario solicitó ser parte de talleres de formación técnica vocacional para contar con otras acreditaciones, pero no fue posible. La UTE no respondió a sus solicitudes. Esto a pesar de que la UTE y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) tienen un acuerdo, desde 2018, para que las personas dentro del régimen de protección a víctimas y testigos sean parte de procesos de capacitación profesional.

«Ahí, en la UTE, no están cumpliendo con protección. A uno, de víctima, solo le dan seguridad», asegura Angélica.

Hace énfasis en lo insalubre de la comida que recibían. «Si no estaba crudo, lo servían descompuesto». En los almuerzos, cuenta, era común el pollo;, pero, en toda su estancia, no recuerda ni una sola vez que la comida se sirviera en buen estado.

Además, en la semana, a la familia se entregaba un garrafón de agua, uno que debían racionar porque debían compartir la mitad con otras personas del hogar.

La atención médica tampoco era la adecuada. La familia debía esperar horas para trasladarse a un centro asistencial u hospital. No importaba la emergencia. En una ocasión, la madre de Angélica tuvo que esperar desde la 1:30 pm hasta 5:00 pm para que la llevaran a un hospital. Ese día, la gravedad fue tal, que la señora quedó ingresada.

La familia también solicitó en varias ocasiones, atención psicológica, pero no la recibieron. La psicóloga que los visitaba unas cuanta veces al mes, respondió a su petición y les dijo que ella solo estaba designada para realizar talleres generales y no para dar terapias o consultas a las víctimas o testigos.

Ante las condiciones, Mario denunció en tres ocasiones, a través de escritos, la situación que vivía el resguardo.

«Me quedé con esas notas que mandamos. Cada denuncia llevaba unas 2 o 3 páginas detallando los abusos», recalca Mario.

Lo que terminó por agravar su situación fue que, dentro del espacio, no solo habían víctimas de desplazamiento forzado. La familia convivió con testigos criteriados que podían, todavía, tener vínculo con la pandilla que los perseguía.

Un testigo criteriado, es una persona que confiesa su participación en un delito y aporta pruebas testimoniales o documentales que ayudan a establecer responsabilidades de otros implicados, a cambio de una reducción de pena o el beneficio de libertad.

«La UTE lo que hace es revolver a la gente. Ahí, un corre peligro. Al principio, estuvimos en una casa sola; pero, luego, fueron llegando más. Metieron a un señor que era un criteriado. Lo supimos porque él mismo contaba las cosas», reitera Mario.

Julio Magaña, Coordinador Nacional de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que trabaja con las víctimas de desplazamiento forzada, asegura que el sistema está creado para proteger testigos y no víctimas. «Esto es un gran vacío en la ley. No pueden estar mezclados víctimas y testigos en un mismo resguardo».

LAS MEDIDAS CAUTELARES

Antes de acudir a la CIDH, la familia también agotó los recursos legales y presentó una demanda de amparo, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde señalaron una serie de omisiones atribuidas a instituciones del Estado para su protección y garantía de justicia.

El amparo fue admitido hasta que la CIDH dictó medidas cautelares, en noviembre de 2017. Tres meses después de que se presentó el recurso.

La CIDH, luego de conocer el caso de Angélica, en octubre de 2017, concluyó que ella y su familia enfrentaban una situación de urgencia y gravedad frente al asesinato de sus dos hijas, las amenazas de la pandilla, la falta de un espacio seguro y medidas efectivas de protección por parte del Estado.

«Los integrantes de la familia se encuentran una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. El grupo familiar habría abandonado su residencia habitual, y buscando protección en diversos albergues para evitar un atentado en contra de sus vidas. Se solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar», detalla el comunicado de la CIDH sobre las medidas.

Sin un decreto legislativo, el Estado respondió a la medidas y acopló la LEPVT y el programa de Protección a Víctimas y Testigos, que está a cargo de la UTE, para proteger a Angélica y su familia.

A pesar de ello, en el informe de seguimiento que presentó el Estado salvadoreño a la CIDH, a solo un mes de aplicar las medidas cautelares, el gobierno solicitó a la Comisión levantar las medidas al asegurar que la «institucionalidad se encontraba operativa y que el Estado se mantenía supervisando a las instituciones responsables para cumplir las disposiciones».

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares aún siguen activas de parte de la CIDH.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

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De historia en historia, aquella mañana, Angélica y Mario llegaron a la misma conclusión: los pandilleros siempre los busca y el Estado siempre les falla.

En ese año y medio, el gobierno nunca les dio una opción para su reubicación, tampoco les propuso otra sola solución, aparte del encierro, y no les dio garantía de justicia por el asesinato de sus familiares.

«Hasta esta fecha, junio de 2019, no hay justicia. Mis hijos no han podido estudiar y yo no he podido trabajar. Queremos retomar nuestras vidas por duro que sea, pero ya no puede ser acá. Aquí no tenemos ninguna garantía», concluyó Angélica.

En El Salvador, por el momento, el único mecanismo de protección al que pueden recurrir las víctimas de desplazamiento forzado es la LEPVT. No hay otro respaldo. El Estado sigue sin crear una política pública, a favor de los desplazados.

Recientemente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha retomado el estudio de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado, luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera la sentencia 411- 2017 y ordenara al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas.

La discusión sobre la ley, sin embargo, es lenta. Los diputados llevan cuatro lunes, desde el mes de agosto, reescribiendo apartados de los primeros cinco artículos. Los parlamentarios aún deben revisar y aprobar 64 artículos.

En una de esas sesiones de la Comisión, los diputados discutían y concluían que para tener una propuesta de ley especial ‘pasaría un tiempo’ y no podían tomárselo a la ligera. Aunque ya ha pasado un año desde que la Sala emitió la sentencia.

Entre los diputados que conforman la Comisión están: Mario Tenorio, de Gana; Alejandrina Castro, Bonner Belloso y Ricardo Velásquez Parker, de Arena; Jorge Uriel Mazariego, del PDC; Eileen Romero y José Antonio Almendáriz, del PCN y Cristina Cornejo, del FMLN.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

«Es preocupante no tener una legislación especial que brinde los lineamientos y garantías para los desplazados internos. La vulneración que sufren las víctimas del fenómeno es más grande ya que no hay restitución de derechos fundamentales», expresa Fernández.

Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la Violencia (MCDF), a 100 días del gobierno de Nayib Bukele, ha solicitado que el Presidente se pronuncie a favor de una ley para las víctimas del fenómeno y que tipifique el delito de desplazamiento forzado, de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

De aquella mañana, ya han pasado dos meses. Angélica partió ese mismo día de El Salvador. Se marchó sin la esperanza de volver y migró porque el Estado no le supo responder.