Carta Editorial

Sergio Ramírez es una de las voces más autorizadas para hablar de la delicada situación política que envuelve a Nicaragua desde hace más de un año. Lo hace como exvicepresidente y también desde la disidencia de un partido que acabó traicionando todos los principios con los que nació.

El FSLN ahora simboliza solo el poder desmedido al que se quieren aferrar Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo hacen a costa de ataques directos a la población, disuelven protestas, encierran activistas, registran medios de comunicación y levantan delitos en contra de periodistas. Nicaragua ha perdido con ellos la dignidad y el respeto por los derechos humanos.

Por esto, Ramírez dice que existe un pueblo desencantado que ya no respalda la fórmula de Ortega-Murillo, sino que quiere ver elecciones libres, presos políticos liberados, el regreso de los nicaragüenses exiliados y el funcionamiento de los medios de comunicación sin trabas ni cortapisas.
“Donde el Gobierno no ha podido, el régimen no ha podido penetrar, es en los medios, en las redes sociales. Una batalla perdida. Busca cómo contrarrestar control con mentira, con redes falsas, pero ahí está la fortaleza de la difusión de noticias que el régimen quisiera no escuchar”, señala.

Esta entrevista que hemos incluido en la edición fue realizada por el periodista Stanley Luna en Costa Rica, durante el desarrollo del Centroamérica Cuenta, uno de los proyectos más representativos de Ramírez.

En una situación tan complicada como la de Nicaragua, la literatura está obligada no solo a hacer un registro, sino que también a ser un faro que ilumine las opciones correctas y democráticas. Está obligada a colocarse al lado del oprimido para defenderlo de los ataques de los que solo quieren aferrarse a un poder que, aunque tienen, hace rato no les pertenece.

Carta Editorial

El desplazamiento forzado es un fenómeno que deforma la vida de más personas cada día. Es un flagelo silenciado que el Estado apenas ha empezado a reconocer hasta el año pasado.
A estas personas se les ha fallado muchísimo. Antes de tener la necesidad de huir, se les negó la posibilidad de vivir en un lugar seguro. Se les negó el acceso a la protección de las autoridades competentes. Y en el éxodo, se les niega la asistencia institucional, porque, muy pocos de ellos llegan a existir para este Estado tan poco empático.

En el mejor de los casos, estas personas logran, por sus propios medios, reubicarse en otro lugar. Ahí están obligados a reconstruirse toda la vida. Pero esto en sí mismo, lo de sobrevivir y reinventarse, es un privilegio de pocos, porque hasta en medio de este dolor hay grados.

En otra escala de dolor, huyen y la amenaza los encuentra. Vuelven a huir y los vuelve a encontrar. Vivir huyendo sin poder acudir a nadie para encontrar consuelo y refugio viola cualquier cantidad de derechos humanos de lo más básico.

La periodista Wendy Hernández cuenta en esta edición cómo es huir. Lo que domina toda la historia, aparte de la angustia por salvar la vida, es la soledad. En el fondo, está ese reclamo por ser víctima de algo que a las autoridades no les interesa dimensionar en la medida correcta.

Para empezar, en el país no tenemos ni cómo resolver la primera urgencia, que es un albergue en donde poder encontrar algún tipo de seguridad. El gobierno anterior optó por negar el problema durante la mayor parte del tiempo. Queda para las nuevas autoridades la tarea de dar a las víctimas la dignidad que merecen.

Carta Editorial

A una sociedad acostumbrada tanto a actuar solo para el corto plazo, le cuesta ver que no todas las acciones tienen que dar frutos inmediatos y que no toda respuesta tiene que llegar precedida de una crisis. La población que se encuentra en las cárceles del país tiene, con o sin sentencia, derechos. Uno de ellos es el que tiene que ver con recibir capacitaciones que le permitan no reincidir en delitos al recobrar la libertad. Es una forma de acercarle las oportunidades a las que, muy probablemente, no tuvo acceso antes. Es un intento por parar la sistemática exclusión.

No se trata de sentir compasión o lástima, se trata de romper el círculo que mantiene al país en donde está. Un ciclo dañino que parte del ocio y la discriminación y acaba en una división permanente entre los que tienen todas las oportunidades y a los que jamás se les permitió acuñar una real.

Una condena por estafa o extorsión, entre otros delitos, significa la pérdida de libertad. Pero no de los demás derechos, que deberían respetarse a todo ser humano. El reportaje de esta edición aborda cómo ha funcionado el programa Yo Cambio.

Pensar en hacer algo para mejorar las condiciones de vida para la población reclusa es un acto que –casi por descontado– implica el riesgo de recibir una cascada de críticas. Porque pese a que la paz, en teoría, esté oficializada en un documento, este sigue siendo un país en el que un incendio en un penal es razón de celebración pública.

El Salvador se ahoga en sus miles de urgencias y necesidades. A no pocas personas les viene bien argumentar que hay mucha gente en pobreza y situación de hambre que sufre sin haber cometido esos delitos por los que los reclusos han sido condenados. Pero a ellos tampoco se les tienden puentes ni se les facilita el acceso a recursos para mitigar necesidades básicas de salud, educación, vivienda, trabajo digno y alimentación.

Carta Editorial

Hemos pasado ya tanto tiempo apuntando la necesidad de invertir en promover la cultura, que ya cuesta hallar palabras. Se ha dicho aquí ya tantas veces que hace falta abrir espacios, que hace falta hacer funcionales los que ya existen. Con múltiples ejemplos hemos señalado la cantidad de talento que hay y que, en la mayoría de casos, no encuentra recursos para desarrollarse; en otras palabras, se pierde.

Hemos puesto bajo la lupa los vicios de la manera en la que se han manejado las instituciones relacionadas con este ámbito. También hemos insistido, al tomar en cuenta las voces de expertos, en la urgencia de contar con leyes que regulen cómo ejerce, cómo se oferta, cómo se desenvuelve, quiénes lo pueden o no hacer. Desde estas páginas nos hemos dedicado a ver los temas culturales desde tantas aristas como ha sido posible.

Ayer terminó el segundo gobierno de izquierda. Y, en la entrevista con la abrimos esta edición, Allan Barrera, escritor salvadoreño, abre una puerta hacia el análisis de cómo ha sido la gestión cultural en estos años.
Lo primero que hay que admitir es que había unas expectativas de cambio que jamás se cumplieron. Nunca se fijó un rumbo favorecedor, no se ampliaron los beneficios y tampoco la cobertura. Los cambios fueron de nomenclatura, no de acciones.

Barrera es una figura desde donde se pueden hacer dos lecturas. Habla como exfuncionario de los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén y de Mauricio Funes; y, también, como creador. Desde la segunda, ha experimentado todas las dificultades que nacen de una ejecución sin mapa y sin alma en un país que hace rato viene dando muestras de que solo necesita que se le abran las oportunidades para aprovecharlas.

Barrera es, de hecho, el segundo salvadoreño que gana, de manera consecutiva el Premio Carátula de Cuento Breve, destinado para narradores jóvenes de Centroamérica. Un mensaje más que contundente.

Hasta los huesos

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

El terremoto del 13 de enero de 2001 les dañó la casa. Ya para entonces, seguir en el trabajo en el que estaba en el área de seguridad le implicaba riesgos. Un segundo terremoto, ocurrido exactamente un mes después, terminó de botar paredes y también dudas. La única alternativa era partir a Estados Unidos para ayudar a su padre enfermo y a sus hermanos menores a reconstruir la casa y a levantar, ahora sí, una posibilidad más certera de mejorarse la vida, porque, hasta ese momento, no había ninguna. Se llamaba Juan Carlos López. Tenía 24 años. Se fue.

“¿Cuánto puede cambiar una persona en 18 años?”, se pregunta Luis López en el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), una organización de la sociedad civil que es todo lo que su nombre dice y de la que ha llegado a ser director. “Aquí no dejamos de buscar a nadie, no importa si han pasado 18 años, como en el caso de mi hermano, Juan Carlos”.

La migración irregular era en 2001 -es en 2019- un tema que se mide más en las remesas que recibe El Salvador una vez el migrante está en su destino. De las etapas previas, El Salvador no da cuentas claras. Hay cálculos inexactos, subregistro y desinformación. Una nebulosa que se tragó al padre de Juan Carlos y de Luis y a una prima cuando intentaron poner una denuncia por una desaparición que no fue aquí, que fue en un allá que ni el padre, ni la prima, y quizá tampoco el policía que los recibió en ese 2001 conocían bien. Desde un desasosiego al que el tiempo le vació el drama, Luis lanza otra pregunta: “Si el desaparecido en territorio nacional no existe, menos existe el que se ha perdido afuera, donde nadie conoce, ¿qué podían hacer en la delegación de la PNC con un caso de una persona que se desapareció huyendo?”

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ANTE LA SOSPECHA DE UN DELITO, el primer impulso en una sociedad institucionalizada es buscar a la policía. Cuando se trata de migrantes, sin embargo, la policía no hace nada: no puede recibir una denuncia por un delito que en el país no existe. La legislación salvadoreña solo contempla la desaparición si la ejecuta un miembro de un cuerpo de seguridad. El otro delito relacionado es el de privación de libertad, pero, aunque una persona tenga sospechas de que su familiar fue privado de libertad mientras migraba, no le abrirán ninguna investigación, si el hecho sucedió fuera de las fronteras. Así, es inútil, por ejemplo, intentar colocar una alerta de migrante desaparecido en una delegación de la PNC o en una sede de la Fiscalía General de la República.

El tiempo que ha pasado entre 2001 y 2019 no ha sido suficiente como para que en las delegaciones de la Policía Nacional Civil se cuente con un protocolo para guiar a las personas hacia alguna de las tres instituciones salvadoreñas que sí reciben alertas de migrantes desaparecidos. El papá de Luis y la prima rebotaron por varios lugares hasta que llegaron a las oficinas de la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), donde pudieron informarle al Estado que su Juan Carlos se fue con rumbo a Estados Unidos, pero nunca llegó.

Esa denuncia en INTERPOL tampoco desató una búsqueda intensa ni sirvió para calmar las angustias del padre de Luis y de Juan Carlos. Les dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) les tenía que hacer llegar un mandato para que ellos empezaran a investigar. Los familiares fueron a la PGR y consiguieron colocar el caso.

La sospecha en ese momento era que Juan Carlos había sufrido un naufragio, y con él también estaban desaparecidos otros 18 migrantes. La respuesta de la INTERPOL fue exponer a esta familia a un conjunto de fotografías de cadáveres rescatados en ríos. Eran cuerpos muy lastimados, en los que no pudieron reconocer a Juan Carlos.

“La primera reacción es pensar en INTERPOL como la oficina regional de la policía. Sin embargo, la institución que realmente está llamada a tener competencia nacional para centralizar los casos es la cancillería. De modo que si la gente llega a un centro policial a reportar una desaparición de migrante, la remisión institucional se debería hacer a la división de derechos humanos de este ministerio”, explica Lissete Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la institución que ha colaborado con otras para hacer estudios sobre la migración, los desplazamientos forzados y las desapariciones, entre otros.

Para el padre de Luis y de Juan Carlos la búsqueda fue demasiado. Murió un año después de la partida del joven. Una serie de infartos sufridos en diferentes momentos terminó de debilitarle el corazón. Eso y la angustia. “Lo que hicieron con mi familia forma parte de lo que ahora como institución intentamos cambiar: es el trato que se le da al familiar”, explica Luis en 2019, cuando su búsqueda sigue tan activa como la de otras 300 personas más de quienes CONFAMIDE lleva los casos. Los uniforma la ausencia.

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EL AÑO PASADO, a El Salvador ingresaron $5,468.7 millones por remesas familiares. Esto representó un aumento del 8.4 % con respecto a lo recibido en 2017, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva. Las personas que migran, en este punto, cuentan.

Cuando se trata, sin embargo, de intentar obtener un número de denuncias o alertas por migrantes desaparecidos no hay una institución que se atribuya la responsabilidad. Lo explica, desde un punto de vista humanitario, Luis: “A nosotros nos tocó vivir la parte de la migración que no importó, porque no generó ingresos. La que no importó, porque no generó mano de obra; y la que no importó porque, al final, eran personas que no contaban físicamente para el Estado. Todo eso nos generó algo más que dolor, a nosotros todo eso se nos convirtió en coraje”.

Después de constantes exigencias de los afectados que se organizaron, se establecieron tres instancias para alertar sobre la desaparición de alguien mientras intentaba llegar a otro país sin documentos: una oficina de atención al migrante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, las delegaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en todos los departamentos y la sede de COFAMIDE.

Cada una de las instituciones lleva su propio registro y sus propios números. Pero las tres coinciden en dos puntos. Uno es que el subregistro es tan grande que cualquier cálculo se quedará siempre pequeño. Y dos: el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, que está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El banco ha sido una respuesta casi providencial al reclamo de los familiares para organizar búsquedas, ganar reconocimiento y apurar justicia. Antes de 2010, no había en El Salvador nada parecido a lo que este EAAF instaló. Y era tanta la sed, que la primera toma de muestras de ADN fue masiva. En una semana, el equipo argentino tuvo que realizar más de 100 tomas. Solo en 2010 quedaron registrados 188 perfiles genéticos de los 906 con los que contaba el banco hasta abril de este año.

Cuando una familia decide abrir un proceso de búsqueda de un migrante desaparecido se acerca a cancillería, a la PDDH o a COFAMIDE. Ahí aporta tantos datos como pueda tanto de la identidad como de la ruta que llevaba el migrante. Tras este paso, sigue la espera.

No todas las alertas terminan en una toma de muestra de ADN. La primera búsqueda se hace en vida. La institución que más facultades tiene para recorrer este primer tramo del camino es cancillería, porque debe activar a sus consulados para que estén pendientes de las novedades en hospitales, estaciones migratorias y centros de detención, entre otros. Su carácter de gubernamental le da credenciales para solicitar a las autoridades de otros países que se movilicen. Así, al menos, en teoría.

En la práctica, no hay nada que sistematice las comunicaciones entre cancillería y el familiar que demanda la búsqueda. Una llamada de una madre o padre angustiado se puede perder en la maraña de extensiones telefónicas de un ministerio. “Es que tampoco el rol de cancillería es ir en la búsqueda, porque el otro país no lo permite. Jugamos contra los tiempos y entiendo que es difícil, pero si el familiar no sabe ni dónde está la persona, se dificulta más, necesitamos pistas”, reclama Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de este ministerio.

Si la alerta se coloca en delegaciones de la PDDH, la familia puede contar con apoyo psicosocial para contener los daños de una pérdida de este tipo, pero para hacer la búsqueda en vida, el caso siempre tendrá que llegar a cancillería. Y lo mismo pasa si se coloca en COFAMIDE.

La ventaja de COFAMIDE con respecto a las otras dos instituciones es la empatía. Cada uno de los miembros del comité tiene o ha tenido a un familiar migrante desaparecido. Además, cuando recibe una alerta, activa su red internacional de organizaciones hermanas para que ellas hagan parte de la búsqueda. Pero en caso de necesitar que se haga una coordinación con instituciones gubernamentales de otro país, como hospitales y centros de detención, de nuevo, la de las credenciales es cancillería.

“Es importante que la gente sepa que en COFAMIDE encontrará un abrazo y la calidez, pero la acción de búsqueda inmediata no está ahí. En tema de desapariciones el tiempo es fundamental. Lo que recomendamos es ir a ambos sitios, porque les van a dar cosas diferentes”, de acuerdo con Campos, del CICR.

“¿Qué hacen las demás instituciones por los migrantes en El Salvador?”, pregunta Rosa desde cancillería. La respuesta que da es una extensión de las manos en las que cae la responsabilidad con respeto, por ejemplo, a la promoción de mecanismos de denuncia: “No es cierto, más sí tenemos una ley, que esto sea un mandato exclusivo de la cancillería o de la Dirección General de Migración y Extranjería. Ambas instituciones hacemos nuestro rol de acuerdo a nuestras competencias. Pero ¿y los demás? ¿Quién dice que no pueden ejercer?”

Algunas familias nunca abandonan la idea de un encuentro en vida. Pero hay un momento en que, a escala institucional, se activa la búsqueda de un fallecido. Y entonces hay que tomar un perfil genético, una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN), que es el encargado de contener las instrucciones genéticas de todo ser vivo.

El Salvador, pese a ser país expulsor de migrantes, además de no contar con mecanismos centralizados y claros de denuncia de desapariciones, tampoco cuenta con banco genético. Este servicio está habilitado gracias a la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución que ya cumplió 35 años de existencia y que ha realizado proyectos en otros 30 países. Lo forman 70 profesionales y algunos de ellos viajan hasta El Salvador cada vez que se reúne cierta cantidad de familias en disposición de dar el paso hacia la búsqueda de sus familiares entre fallecidos.

Desde 2010, el EAAF ha viajado en 48 ocasiones para tomar muestras de perfiles genéticos de salvadoreños. Así ha logrado reunir 906 perfiles de familiares que buscan a 326 migrantes desaparecidos que pertenecen a 323 familias.

Esta es la cuenta más depurada que tiene El Salvador de los suyos que han desaparecido en un intento por alcanzar una mejor calidad de vida. Y es fruto del trabajo de un grupo de argentinos que realiza las tomas bajo estándares sanitarios estrictos, las codifica, las envía a laboratorios especializados en ADN y luego las confronta con bases de datos de restos no identificados en busca de una coincidencia genética.

La mayoría de las muestras, 844, han sido tomadas en El Salvador, en los municipios de San Salvador y San Miguel. Pero el EAAF también ha viajado a otros países en busca de este material de salvadoreños. Tomó tres en Italia, una en México y 58 en Estados Unidos.

El Salvador captó el año pasado remesas de 162 países, pero el 93 % -es decir, $5,098.7 millones-, llegó desde uno solo: Estados Unidos, el receptor por excelencia de salvadoreños, ese lugar al que Juan Carlos se dirigía.

En casi una década, el EEAF ha logrado hacer 48 identificaciones de restos de migrantes a los que sus familias buscaban. A cuatro los encontraron en México y la mayoría, de nuevo, se acumula en Estados Unidos con 44 restos migrantes identificados como salvadoreños gracias al trabajo de argentinos.

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LUIS Y EL ENCUENTRO ANHELADO
Con los años, comenzamos a recibir noticias de mi hermano. Y todas esas pistas nos llevaban a Oaxaca. Varios conocidos nos manifestaron que ahí había una persona igualita a él, pero no estaba en buenas condiciones de la mente. La búsqueda era bien artesanal. Nosotros, como familia, les dábamos fotografías a otras personas que sabíamos iban a migrar a Estados Unidos, así como se fue mi hermano, bien irónico, ¿verdad? Pero así era. Les pedíamos que si lo miraban, nos hicieran el favor de avisarnos.

Con COFAMIDE comenzamos a participar en actividades y pude viajar a México. Andaba en Oaxaca, en Ixtepec, y mientras participaba en una marcha, se me acercaron unas personas solo para decirme que sí, que sí habían visto a alguien muy parecido a la foto que yo portaba, que era de mi hermano. Esta persona andaba de un lado a otro, deambulaba.

Ya en el año 2011, que volví a ir, pasó la misma situación. Y fue que decidimos iniciar el proceso de búsqueda con autoridades de allá, porque ya había mucha pista que se podía seguir. Pero fue hasta en 2013 que volvimos a ir, que ya pusimos la denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros dimos la información y cumplimos con todo lo que nos pidieron.

¿Y sabe qué? Perdieron la información de todo el proceso. No tienen nada.

Pero a nosotros, como familia, nos seguían dando pistas de que ahí estaba mi hermano. Por todo el trabajo que hacemos como COFAMIDE, logramos crear como alianzas. Y fue en 2014 que nos pusimos en contacto con una organización en Oaxaca que se llama Centro de Orientación al Migrante. Varias veces me reuní con la directora de ahí y, en una de esas, ella me mandó una foto de una persona que se presumía era salvadoreño y en la foto parecía que era mi hermano. Pero ¿cómo saberlo solo por la foto? ¿Cuánto puede cambiar una persona en 9, 10, 12 años?

Además, estaba en estado vegetal.

Para esa misma fecha, había en México una reunión del banco forense, donde íbamos a dar los resultados del trabajo que se venía haciendo y pedí que me dieran un par de días para moverme a Oaxaca. Fui para el hospital Valdivieso y ahí lo vi.

Imagínese, ¡sí se parecía a él!

Pero las condiciones de él ya eran muy cambiadas. Después de 13 años sin ver a alguien, sin saber nada, uno en lo que tiene que pensar es en que las personas cambian. Mi hermano se fue de aquí sin tatuajes. Esta persona tenía tatuajes, no de pandillas, pero tenía como una muerte, una calavera y cosas así. De vista, no pude estar seguro de que era él. Tuvimos, ya a esas alturas, que irnos por pedir la prueba de ADN.

En el ADN salió que no era él.

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EL AVANCE QUE HA MOSTRADO CANCILLERÍA durante la última década en el tratamiento de los temas de migrantes desaparecidos no se pueden negar, de acuerdo con la abogada del CICR, Lisseth Campos. Y lista: toman denuncias, activan consulados, integran el banco forense. Sin embargo, la comunicación con los familiares y el trato hacia ellos siguen siendo materias a deber. Igual que la continuidad de todos estos avances. “La debilidad es el soporte jurídico que estos procedimientos tienen, ya que todos se han dado a través de guías y de lineamientos administrativos que corresponden a esta gestión y no hay garantías de que la siguiente los mantenga”.

El 17 de marzo de 2011, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Aunque los especialistas aseguran que la norma se enfoca más en migrantes que regresan por cualquier motivo a El Salvador; desde el artículo 27 al 29, la ley establece una serie de reivindicaciones. Se establece un Programa de Asistencia y Protección, un Proyecto de Consulta y Asistencia Legal, Educación y Servicios de Salud para la Persona Migrante y su Familia, y se crea un fondo especial para pagar los costos de retorno de heridos y repatriación de salvadoreños fallecidos en el exterior. Con ocho años de vigencia, nada de esto cuenta con financiamiento. Y, lo más probable, es que cumpla la década así, ya que no se ha incluido en el Presupuesto General de la Nación de 2020.

“Hay un tema de falta de recursos a la base que es uno de los factores que contribuyen a no hacer más acciones de búsqueda y a que se retrasen los procesos de repatriación de los restos localizados”, explica desde el CICR, la abogada Campos.

Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de cancillería, apunta hacia otro lado: “No hay que crearle falsas expectativas a la gente. El que suelten un cuerpo no depende de nosotros. Depende una instancia en la que incide hasta en qué circunstancias falleció la persona”. Rosa cifra el costo de una repatriación entre los $3,000 y los $5,000.

El 29 de abril de 2019, la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior hizo reformas a la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Una de las modificaciones que más implicaciones técnicas y financieras tiene es la del artículo 30: “El Instituto de Medicina Legal dispondrá de un banco de perfiles genéticos conformado con muestras de ADN de familiares de las personas desaparecidas, a efecto de facilitar la identificación de estas últimas”.

Entonces, la ley que establece la creación de programas sociales para los que desde 2011 no hay dinero asignado, ahora, en 2019, también incluye la creación de un banco para el que no se ha calculado costo económico ni técnico. Entre los diputados que firmaron esta reforma están: Reynaldo Cardoza, Numan Salgado y Marcela Villatoro.

Los diputados han dejado constancia escrita de que, para ejecutar este cambio, solicitaron opinión a varias instituciones, entre las que se cita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “El Estado nunca ha mostrado voluntad para instalar un mecanismo de este tipo y ahora quiere hacerlo con una reforma a la ligera. Nos pidieron opinión, sí, pero lo que dijimos fue que, aunque el equipo argentino no puede suplir para siempre la responsabilidad del Estado salvadoreño, es necesario abrir un espacio para que se dé una transición, con los profesionales argentinos a la cabeza, y no montando todo de la noche a la mañana”, asegura la procuradora adjunta, Beatriz Campos Cevallos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense nació en 1984 y desde el inicio marcó la diferencia al crear procesos para que la participación del familiar de un desaparecido no se limitara a recibir una notificación impresa de la coincidencia o no del material genético. El protocolo con el que trabajan incluye entrevistas para que los familiares aporten información, pero también capacitación en el proceso científico de identificación y cuentan, claro, con un componente de atención mental y emocional.

Para Campos Cevallos, mantener este protocolo es innegociable. “Estas personas merecen una atención digna, ellos nunca abren un duelo ni lo cierran, aunque ya estemos en proceso de identificación de restos, ellos siempre van a esperar ver a su familiar vivo, un mecanismo como este no se monta por decreto”, comenta.

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BERTHILA Y LAS FLORES
Mi hijo, Carlos, se fue a Estados Unidos un 17 de marzo de 2011. Tenía 21 años. En el camino, constantemente me llamaba. El último día que él me habló, me dijo que había comprado un boleto para la frontera y que estaba en la terminal de Monterrey. Fue el domingo 27 de marzo. Él me habló como si fuera la última vez y yo también, como madre, tuve el presentimiento de que algo no estaba bien.

A los cinco días de que él ya no se comunicó, pusimos la denuncia en cancillería. Nos dijeron que iban a informar cómo iba la búsqueda de mi hijo. Pero pasó mayo, junio, julio y no daban ninguna respuesta. Yo les llamaba y no me daban información. Luego, ya dejaron de contestarme.

Decidimos volver a venir a cancillería, la sorpresa fue que cuando dijeron que iban a buscar la fecha en la que había sido enviado el caso a México, se dieron cuenta de que no había sido enviado. Ya habíamos perdido más de tres meses en los que lo podían haber buscado.

Me causó mucha tristeza y enojo, porque nosotros como salvadoreños acudimos a nuestras autoridades con la esperanza de que ayuden; no les vamos a pedir dinero, ni un favor.

Estando ahí en Las Cascadas me enseñaron unos folletos de COFAMIDE. No entendí cómo ellos siendo las autoridades más adecuadas, las que pueden buscar y tienen toda la capacidad, me mandaron a un comité de familiares. Igual, les llevé los datos.

El comité me ayudó, estando ahí conocí la Fundación para la Justicia (y el Estado de Derecho, FJEDD), ellos tomaron el caso de mi hijo. Como a los cinco o seis meses, vinieron los argentinos a tomar muestra de ADN, para mí eso fue bien duro, porque yo no podía pensar que mi hijo estuviera muerto. Yo estaba a cero, deprimida, y decía que por qué me tomaban muestra de ADN. Mi esposo me decía que era porque lo buscaban vivo también.

Un día me hablaron por teléfono. A mí cualquier llamada me ponía mal, me ponía a llorar. Oí que me habló un señor con acento argentino y le corte la llamada. Porque me agarró un solo temblor. Luego me volvió a llamar, me dijo: “Soy Rafa, soy del equipo argentino, usted tiene un hijo desaparecido”. Hablamos y luego contactamos con la procuraduría de acá de El Salvador. Nos fueron a recoger muestras de ADN. A todo esto, ya habían pasado seis meses aproximadamente de que él había desaparecido.

Un mes después de eso, localizaron unos restos que podían ser de mi hijo. Le dieron a México la orden que nos avisara a la familia que lo habían encontrado, pero por aquello siempre de que las autoridades que no toman importancia a su responsabilidad, el caso fue archivado. Con papeles presentados y con el cuerpo de mi hijo ubicado, el caso igual fue olvidado. Fue hasta el año y nueve meses después, que de una oficina de Asuntos Internacionales me avisaron, por medio de la fiscalía, que era urgente que me presentara.

Cuando llegué, preguntaron que si nosotros éramos fulano y mengano. Sí, dijimos. Y comenzaron a explicar que habían encontrado restos en una fosa clandestina en Tamaulipas, y que sí, que uno de ellos era mi hijo. Ahí comenzó la dura batalla.

Para parar todo mi sufrimiento, yo lo hubiera querido hallar vivo. Pero no se pudo. Entonces yo lo que quería era que me lo trajeran ya. Yo quería la repatriación inmediata de sus restos, pero no fue así.

Se hizo un laberinto, las autoridades mexicanas hicieron mal el trabajo desde un principio. Como le digo, ellos al mes, dos meses, ya lo tenían identificado con las muestras de ADN. Pero no lo reportaron a El Salvador, ni a cancillería, ni a nadie. México se quedó con esa información.

Y fue hasta los nueve meses después, cuando ya la Fundación para la Justicia estaba metiendo papeles para allá y para acá, y el Equipo Argentino también hacía lo suyo. Entonces fue que ya empezaron a sacar los casos.

En cancillería no sabían que el caso de mi hijo había sido localizado. Cuando fui a pedir información, el cuadro de mi hijo estaba al fondo y no me creían. “¿A usted quién le ha dicho que lo encontraron?”, me preguntaban bien pésimas. Yo solo veía que buscaban los cuadros y sacaban y sacaban casos. En eso, vi que se puso a buscar en la computadora y me dijo: “Sí es cierto, vamos a preparar para la repatriación”.

Comenzamos este proceso y yo dije, bueno, ya lo van a traer. Ya va a pasar, ya lo vamos a enterrar. Pero a los tres días me llamaron de cancillería, y se hizo aquello tan engorroso, porque querían que llegara a firmar, porque a mi hijo lo iban a cremar, que por motivos de salubridad. Una palabra que yo no me sabía. Decían que podía contaminar. Entonces, no fui. La fundación puso amparos que sirvieron para parar la cremación de mi hijo y de muchas más gentes.

En todo ese proceso, mi estado de salud decayó al extremo, al suicidio, a la depresión, al descuido total de mí, de alimentarme, de cuidar de mi esposo, de todo. Quería morirme, quería de alguna manera llamar la atención para que me ayudara alguien. El comité me estaba apoyando, pero no era suficiente. Mi hijo estaba muerto y luego lo iban a cremar, para mí era algo inhumano.

La fundación tenía el caso, pero me indignaba, me daba mucha cólera el saber que había autoridades y no me ayudaban. En cancillería me dijeron que el caso estaba estancado.

Después de decir yo que ya lo íbamos a traer, vi cómo todo lo fueron retrasando. Yo lo quería aquí ya, pero todo el proceso de repatriación duró tres años y 10 meses. Él vino el 6 de febrero de 2015.

No creo que fuera por motivos de salubridad. A México le conviene y le ha convenido siempre cremar a la gente para borrar toda evidencia. Mi hijo vino en una caja grande, porque así lo pedí, porque mi hijo era alto. Me iba a impactar mucho que viniera en una cajita. Yo en México pude reconocer a mi hijo todavía, por sus pies, por sus dientes, por su rostro, por sus huesos.

A mí eso me hizo tener un poco de paz. Un poco, porque la partida de mi hijo se llevó una parte tan grande de mí. Le dimos sepultura, más que todo yo lo hice como una despedida. él tuvo muchas flores, le regalaron muchos ramos y aquello fue un jardín. Lo que yo deseaba para él. Después de la repatriación yo sentí menos peso. Ya puedo ir a verlo. Doy gracias a Dios, porque sé donde está.

ENTRE EL 1.º DE ENERO Y EL 24 DE MAYO, 272 personas han muerto en un intento por migrar en América, de acuerdo con el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De esas muertes, 110 se registraron en México. Pero pueden haber sido muchas más: “Desde 2014, más de 4,000 muertes se han registrado anualmente en rutas migratorias en todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de muertes registradas representa solo una estimación mínima, porque la mayoría de las muertes de migrantes en todo el mundo no se registran”, dice el informe.

Las constantes peticiones de información sobre migrantes no localizados a México obligó a instituciones de la sociedad civil, como COFAMIDE, a reclamar a este país herramientas más accesibles para colocar denuncias. Así nació en 2015 el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE).

Con esta herramienta, los familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya pueden colocar, en las respectivas embajadas, una denuncia por desaparición sin tener que viajar a México, siempre que el último contacto con la víctima haya sido en ese país. Es una forma más directa de pedir a las autoridades mexicanas que activen la búsqueda.

Desde 2016, el MAE ha recibido 40 casos y ha ubicado a tres personas a quienes, solo por nombre, se ha hallado por medio de una orden de deportación. Aún hace falta la confirmación de identidad. “Lo que hay que ver es que este es un mecanismo que nació impulsado por los mismos familiares, es una respuesta que la sociedad civil buscó. Ha sido un logro de los familiares”, explica Elena Beltrán, de la Fundación Justicia y Estado de Derecho (FJEDD), que es el organismo que ha asumido la representación de los demandantes ante el MAE.

Para Luis, de COFAMIDE, las herramientas como esta van a ser siempre bienvenidas. Sin embargo, el problema es otro. En cada viaje que han hecho a México como institución, ha sido usual encontrar salvadoreños retenidos en estaciones migratorias o detenidos en delegaciones que no se han podido comunicar con sus familiares, a veces, en meses. Y esos familiares tampoco han levantado ninguna alarma. “Es gente que prácticamente tiene a un desaparecido y no denuncia; no lo hacen por amenazas, porque tienen miedo, porque el coyote es el mismo vecino, por un montón de cuestiones en las que está el verdadero problema de la migración actual: la gente no se siente segura”.

No se queda ahí, después de más de 15 años de andar buscando migrantes no localizados, a Luis todavía le queda margen para el asombro. Hay familias que, pese a tener un miembro desaparecido en la ruta migrante, deciden seguir ese mismo camino. “La gente está desesperada. Aquí no vamos a dejar de buscar a nadie, hasta que encontremos aunque sea los huesitos, pero sabemos que la solución no es esa”.

378 fotos impresas

María Estela Valladares

Mi nombre es María Estela Valladares. Busco a mi hijo: William Ernesto Quinteros. Se fue el 22 de julio de 2006. Y llegó a Estados Unidos el 25 de agosto. Estuvo un año y cuatro meses en Estados Unidos, ahí en Maryland. Él estaba trabajando en un restaurante como el que pasaba con azafates, porque todavía no hablaba inglés.
Un día me llamó para decirme que iba a salir con la novia que él tenía. “Vamos a ir a patinar en hielo”, me contó. Y yo le dije que tuviera cuidado, que él no sabía hacer eso. Y me dijo que me quedara tranquila. Esa noche, la muchacha regresó sola en el carro. Él ya no volvió.

En ese mes, mi hijo me había mandado una caja con un gran montón de cosas. Y entre todo lo que mandó se le había venido una agenda.

Mire, yo le llamaba y le llamaba, y el teléfono nada. Cuando él ya no me contestó, me desesperé. Y yo no sabía qué hacer. Después me acordé de la agenda, y comencé a llamar a esos números. En una de tantas me respondió un muchacho y me dijo: “Señora, yo quería hablar con usted pero no hallaba cómo”. Le pregunté que por qué . Y me soltó: “William ha desaparecido. Es que lo hemos buscado y no ha llegado ni al trabajo, ni a su casa, ni al cuarto que él alquila”. Ahí sentí la muerte.

Primeramente, yo me fui a la policía, a la INTERPOL. Ahí hicieron de que estaban buscando, pero solo me dijeron que estaba raro el caso, porque no lo hallaron ni en cárceles, hospitales y todo eso. Después, fui a poner la demanda en cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fui a la embajada. Por todos lados anduve y no le ponen cuidado a uno.

Estaba bien mal yo. Cuando vi que nadie me lo buscaba, empecé a hacer cosas. Mi hijo, en lo que estuvo allá, me mandó 378 fotos, así, en papel. Y, mire, yo a cualquiera le daba esas fotos de él para que me ayudaran a buscarlo.
Entregué muchas fotos. A mí me agarró feo de entregar fotos por todos lados. Yo, como que era loca, venían amistades y les decía “llévenme esta foto para allá”, para buscar a mi hijo.

Ahora me dicen que lo hice mal, porque, a veces, hay gente que solo por maldad se mueve.
Él me mandaba esas fotos, porque yo le decía que así me gustaba tenerlas, que me gustaba verlo. Y mire, pues, ahora me que quedado solo con unas ciento y algo. Siempre ando algunas, para verlo. Como le digo, me agarró feo de andarlas regalando, pero fue porque yo quería sentir que alguien me ayudaba a buscarlo.

Él se fue porque aquí trabajaba en un restaurante y salía a las 2:30 de la mañana. Y en el día daba clases de pintura, porque él es pintor en arte. De ver él que se trabajaba tanto y no se hacía nada, se dejó dar garabato de que allá en horas ganaban bastante dinero. Pero de ganar dinero a perder la vida, imagínese. Bueno, no quiero pensar así. Sigo pidiéndole a Dios que no sea así. Primeramente Dios que nos reencontremos.

El mensaje que les quiero dejar es que quiero saber qué paso con mi hijo, porque es una zozobra para uno. Yo he pasado mal este mes de mayo, he pasado pensando en mi hijo, en que él siempre tenía un detalle muy bonito cada Día de la Madre. Él me daba sorpresas. Y hoy ya no lo tengo.

11 años y ocho meses para verla volver

Santos Paulino

Mi nombre es Santos Paulino. Y ya no busco, porque, lastimosamente, ya encontré fallecida a mi esposa. Ella viajó en 2006 para Estados Unidos. Cuando llegó a la frontera de Houston, Texas, con México, me habló. Me dijo que era la última vez que me llamaba, porque el destino de ella era New York y ya al salir de la frontera de México, ya no iba a tener comunicación conmigo, hasta que llegara a su destino.

Me dijo “en 10 días estamos allá”, porque así les había dicho el coyote. Pasaron los 10 días, después 15 días, se llegó al mes y nosotros no sabíamos nada. También iba un pariente de ella, y esa persona sí llegó. Él dijo que mi esposa se había quedado en el desierto.

En julio, fui a cancillería, puse la denuncia. La tomaron y todo. Me dijeron que inmediatamente me la iban a buscar en vida; en asilos, en albergues, en cárceles, en hospitales. Incluso en hospitales psiquiátricos. Pero nunca encontraron nada. En las instituciones de gobierno, como no son ellos los que tienen un familiar desaparecido, a ellos no les importa, a ellos les vale todo. Ellos dicen: “Sí, nosotros buscamos”. Pero por mí experiencia y la de otros familiares, no los buscan.

Así pasaron los años y nada. En 2009, fue el acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense y les hicieron pruebas de ADN a mis hijos. Nosotros nos sentimos agradecidos, porque yo lo que quería era llegar a la verdad. Para ya no estar con esa angustia y desesperación.

El 25 de diciembre de 2012, seis años después de haber hablado con ella la última vez, mi esposa fue encontrada en el desierto, ahí falleció. En el informe que me dieron los científicos antropólogos decía que ella falleció de un ataque al corazón. Quedó fulminada ahí, y, de ribete, se la comieron los animales feroces del desierto, solo quedaron los huesos.

Pero no crea que me notificaron en esa fecha. A ella me la recogieron en el condado de Houston, Texas. Y se la llevaron a una morgue en la que estaban otros 500 esqueletos de personas migrantes desaparecidas de toda Centroamérica y también de México. Ahí estaba mi esposa.

Ir verificando pieza por pieza el cuerpo fue bien difícil para el grupo científico. Yo fui notificado hasta el 8 de marzo de 2016 del hallazgo por medio de cancillería. Cuatro años después de localizada fallecida. Me dieron la información a mí y a mis hijos, pues ya ellos prácticamente estaban solteritos, hoy ya mi hija tiene 22 años y mi hijo tiene 18 años. Nos dijeron en cancillería: “Se la encontramos”.

Me preguntaron que cómo quería la repatriación. Me volvieron a decir que no venía el cuerpo completo, venían partes, huesitos, pues. Pedí velarla en mi casa, la quería tener en mi casa una noche más y después el entierro. “En tres meses se la repatriamos”, me dijeron.

Pero a las autoridades salvadoreñas no les importa nada. Juegan con los sentimientos de las personas. Se cumplieron los tres meses y nada. Yo estaba preparado, tenía hasta dinero que me habían prestado para el velorio y nada.

Ahí es donde nosotros los que tenemos un familiar desaparecido sabemos que a las autoridades no les importa. Pasó un año y cuatro meses y todavía no la traían. Ahí yo me cansé y les dije a mis hijos que eso así iba a quedar, que ya no iba a preguntar más, porque mi familia estaba sufriendo.

Cuando ya no esperaba nada, me la repatriaron. Vino el 15 de octubre de 2018. Pasamos a pura mentira por un año y ocho meses. En total, desde que ella se fue de la casa y que me la regresaron pasaron 11 años y ocho meses de dolor y sufrimiento por la desaparición.

Hemos pasado con mis hijos una situación económica difícil. Mi hija hace cinco años terminó el bachillerato. Ella quiere ir a la universidad. Pero yo no tengo la capacidad. No tengo lo necesario. No tengo un buen sueldo para darle estudio a mi hija. Si yo hasta noveno grado llegué. Mi hijo ya salió también de bachillerato.

A él sí lo tengo estudiando en la Universidad Nacional. Pero no es porque yo tenga dinero, sino que ahí voy viendo como darle el estudio. He buscado quien me apoye, al menos con el estudio de mis hijos. Pero, hasta el momento, no hemos recibido nada.

Mi hija tiene toditos los recuerdos de cuando mi esposa se fue y se despidió. Aunque ha recibido talleres psicológicos, todavía le marca. Cuando viene el Día de la Madre, cumpleaños de ella o para Navidad siempre se me pone mal.

Así quedamos nosotros, mal en todo. ¿Usted no sabe de algún lugar en donde puedan ayudar a mi hija a seguir sus estudios?

Palabra clave: caballo

Omar Jarquín

Mi nombre es Omar Jarquín. Yo busco a David Alexánder Jarquín Pineda, mi hijo. Se fue en mayo de 2014, a los 24 años. Hoy tendría 29 cumplidos. Era la segunda vez que se iba. Ya lo habían deportado de Estados Unidos.
Esa segunda vez, se nos ocurrió poner una clave para distinguir cuándo me estaba pidiendo dinero él o alguien más. Quedamos en que, en la plática, me iba a preguntar por el caballo.

Cuando estaba en un municipio que se llama algo así como Zapata, ahí en México, me habló y me dijo: “Papá necesito que me mandés unos $300”. Le dije que no tenía y le ofrecí $150. Me dijo “vaya, está bueno”. De ahí empezó el problema. Fui a dejar el dinero al banco en la mañana, ya en la tarde me estaba hablando el coyote: “Hola. ¿vos sos el papá del muchacho tal?” Y me decía que yo me había equivocado de nombre en el banco, que no podían sacar el dinero. A mi hijo el coyote salvadoreño con el que iba me lo dejó. Y para llevarlo hasta Reynosa, otras gentes le pedían otros $500. Le dije que se los iba a mandar.

Cuando ya estaba en Reynosa, fue que me llamó. Le pregunté que cómo estaban las cosas ahí, pero cuando le dije así, me acordé de preguntarle si ahí no había caballos. Me dijo “no papá, no te preocupés. Todo está tranquilo. Ya mañana me pasan para ir a otro lado y dentro de cinco días yo te hablo, cuando ya esté donde José”, que era el primo que lo iba a recibir en Estados Unidos.
Ya pasaron cinco años de eso.

Para que mi hijo viajara tuve que hipotecar una casa que se perdió, me deshice de una camioneta que se tenía. Presté dinero. El caso es que yo invertí de unos $8 a $10 mil y, al final, no es el dinero que se juega. Yo quisiera saber dónde está el muchacho.

Todo el que viene de Estados Unidos, viene contando grandezas, cuenta cosas bonitas. Pero no cuenta los problemas. El viajar de las personas es para buscar una mejoría. Es un sueño que se persigue, que en algún momento dado quiere apoyar a la familia.

Ahora, mi esperanza es la siguiente: mientras no me entreguen los restos de mi hijo, los huesos, yo lo voy a considerar vivo y lo voy a buscar vivo.

Carta Editorial

La que presentamos en esta edición es la quinta entrega que aborda el drama de las personas desaparecidas. El último domingo de cada mes está dedicado a los ausentes y a quienes los buscan. Esta vez, está enfocada en un grupo altamente vulnerable: los migrantes.

Este colectivo ha sido invisibilizado. Las instituciones de este país no han sabido encontrar el camino para ofrecer a los familiares formas ágiles de denuncia. Cuando se trata de una desaparición, el tiempo es fundamental, y aquí se pierde demasiado, porque se desconoce adónde ir, qué llevar y qué esperar.

La angustia en la que viven los familiares es indescriptible. Y además de eso, los casos de desaparecidos en tránsito deben hacerse sentir también en función de los delitos que se esconden en cada uno de esos rostros. Si no se investiga, los abusos jamás se van a detener.

Tal y como funcionan hoy las instituciones, detrás de cada desaparecido hay un grueso manto de impunidad que permite que todos los días más y más y más personas pasen a ser víctimas en esa misma ruta.

El tema de la migración irregular está plagado de espejismos, como el de un Estado que jura que hará esfuerzos por detener el flujo de personas que se van, cuando, al mismo tiempo, no puede prescindir de ese enorme aporte que significan los dólares que envían los que llegan a destino.

Cuando, además, limita el mensaje a campañas de información y descuida lo más importante: la gente no se va porque no sepa los riesgos del camino, se va porque no encuentra aquí oportunidades para llevar una vida digna. Un país pequeño como este debería estar más interesado en ofrecer a sus habitantes suficientes opciones de crecimiento.

Este reportaje apunta hacia un lugar en común con las otras entregas. En la búsqueda, los familiares resienten la soledad, el abandono y la falta de empatía que reina en las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Carta Editorial

Nuestra salud pública funciona con base en parches. La oferta de recursos es insuficiente para una población que crece entre carencias, lo que aumenta de manera exponencial su vulnerabilidad. Así, los centros de salud entregan responsabilidades a terceros en un afán por cumplirle al usuario al menos lo básico. Y, en la mayoría de casos, hasta esto se queda corto.

Si para comprar un equipo médico indispensable en cirugías complejas es necesario hacer campañas de recaudación de fondos, ¿cuánto más, que no se ve como inmediato, se queda sin cubrir? Este es el caso de la salud mental.
Llevamos décadas aplazando la necesidad de poner atención y recursos a este aspecto que es transversal y, por tanto, con una incidencia enorme en el desarrollo de la población.

Como si se tratara de algo accesorio, el acceso a servicios de salud mental se ha dejado tradicionalmente fuera de las prioridades. Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que debían contribuir a ordenar la oferta de servicios, pero no se ha destinado presupuesto para ejecutarla.

Mientras, cientos de familias se ven obligadas a hacer frente a padecimientos como la esquizofrenia de una forma casi empírica.

Y es así para los afortunados que cuentan con alguien que se haga cargo de sus cuidados. A los que están solos nadie les cumple su elemental derecho al acceso a la salud. Esta es una injusticia diaria.
En el reportaje con el que abrimos esta edición se dan a conocer las alternativas que han crecido entre una sección de la sociedad civil que ha experimentado las diferentes formas de discriminación derivadas de un diagnóstico de esquizofrenia.

El Salvador no solo falla en la atención sanitaria de este tipo de padecimiento. Con ello, también niega el acceso a otros derechos, como la educación, la recreación y el trabajo.