Carta Editorial

La entrevista que ha sido incluida en esta edición es un golpe duro, pero necesario. Los años que vienen solo serán más difíciles para todos. Aquí, no hay recuperación fácil ni inmediata. Así lo advierte Jacques Attali, quien se ha graduado como economista, abogado e ingeniero en la Escuela Politécnica, la Escuela de Minas, el Instituto de Estudios Políticos y de la Escuela Nacional de Administración. Obtuvo, también, un doctorado en Economía.

Attali fue el primer presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Y fundó, en 1980, la organización no gubernamental Acción Internacional contra el Hambre. Ha recibido numerosos doctorados honoris causa y ha formado parte de la lista de los 100 intelectuales más relevantes del mundo en varias ocasiones. Desde toda esta experiencia, señala que hay poco margen para el optimismo en lo que viene junto a la pandemia.

Lo que Attali recomienda a los gobiernos es aplicar medidas de economía de guerra. Esta alusión bélica crea una serie de anticuerpos de entrada. Pero, en la práctica, se refiere, básicamente, a cambiar todos los paradigmas de producción para centrar los esfuerzos en un solo objetivo. Para un país en conflicto, ese objetivo sería disponer de todos los recursos para ganarle al adversario. En el caso actual, se trata de cambiar la forma en la se invierte, se produce y se gasta para centrarse en superar la pandemia de covid-19 y, a la vez, enfocar las energías en las actividades que permitan atenuar el impacto de la crisis económica.

Esta manera de pensar y de actuar solo se puede instalar cuando ya hay conciencia plena de la gravedad de la situación. Este año ha sido malo en todos los sentidos posibles. Pensar que el próximo será mejor es un autoengaño. Y creer en que las elecciones legislativas son una especie de llave que abre la puerta de salida de la crisis también lo es. Se necesita muchísimo más que eso.

Una parte importante del éxito de la economía de guerra está en los ciudadanos, en los sacrificios y adaptaciones que puedan hacer desde sus rutinas personales para sumar en la carrera por lograr el objetivo. Y acá se parte de que esta participación ciudadana esté basada en la información y en la educación. Necesitamos saber, sin edulcorantes y sin manipulaciones, la gravedad de lo que se viene.

Carta Editorial

El sistema de salud que tenemos es el resultado de décadas de medidas equivocadas. A los políticos nunca les gustó hablar de salud y educación en sus campañas y tampoco durante sus mandatos, porque estos son temas que ameritan una discusión seria e informada. Y plantean, sobre todo, problemas que no se resuelven en un año ni en dos. Estar preparados para enfrentar de manera digna y humana esta pandemia por covid-19 implicaba tomar decisiones drásticas hace dos décadas. Implicaba poner dinero y acciones en función de eliminar la desigualdad en el acceso a estos servicios, que también son derechos.

El colapso que sufrimos todos los días es la consecuencia natural de tanto abandono. Hace 20 años, nos importó poco que la reconstrucción de la red hospitalaria tras los terremotos fuera expedita y transparente. Más allá de la indignación de unos cuantos días, tampoco nos pusimos del lado de la gente que agonizaba en camillas oxidadas por falta de medicamentos. Y no nos pusimos del lado de los médicos y del personal sanitario cuando solicitaron mejoras de las condiciones laborales y más recursos para poder realizar su trabajo. Contar con un sistema que garantizara la atención médica oportuna a todos, y no solo a los que pudieran pagarla, estuvo todo este tiempo fuera de nuestras prioridades.

Mañana, al igual que la semana pasada, habrá gente haciendo cola para comprar tanques de oxígeno medicinal para poder ofrecer algún alivio a familiares con males respiratorios. Como se cuenta en el reportaje de esta edición, habrá en esas filas gente desesperada viendo cómo sus deudas suben, porque no hay más opción para encontrar tratamiento. Los centros asistenciales no dan para más. Y el recurso humano de la red sanitaria es el que está pagando con su vida todas las decisiones equivocadas más recientes. Tanto sufrimiento debería ser suficiente para exigir que cualquiera que ambicione una cuota de poder público sepa que curar el sistema de salud debe ser una prioridad.

«Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi»

Fotografía LPG / Archivo

Nadie le tomó la temperatura ni le entregó gel alcohol para que se limpiara. Menos encontró una bandeja desinfectante para los zapatos. A diferencia de lo que sucede en un supermercado, en una sucursal bancaria o en casi cualquier oficina, ingresar al área de emergencias del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador, no supuso mayor protocolo el día en que ella llegó con su padre enfermo.

Ella conocía el estado de salud de su padre. Delicado, sí. Desde marzo, él se quejaba de un dolor en el pecho por el que ya le habían sacado placas de tórax sin que en estas apareciera algo que llamara la atención. El dolor siguió y se mezcló con la cuarentena, la medida impuesta para contener el contagio de covid-19. En el encierro, el estado emocional de este hombre de tercera edad decayó. Y el físico también se fue complicando más de lo previsto, porque, aunque la intención que la institución comunicó desde el inicio fue la de garantizar las consultas a pacientes crónicos y los exámenes a quienes tuvieran procesos impostergables, en la práctica no se cumplió.

El padre, de 84 años y quien el año pasado se sometió a una cirugía cardiovascular, perdió citas con cardiólogo, con cirujana vascular y con un urólogo. También perdió exámenes que ya estaban pautados y que pudieron ayudar a afinar el diagnóstico y el tratamiento para evitar complicaciones. Por la suspensión de las atenciones programadas, «se prevé una reducción gradual y sistemática en el volumen de atenciones brindadas», anuncia el ISSS en su informe de coyuntura del mes de junio. Todas las prestaciones de servicios marcan una variación negativa. Las consultas externas se redujeron en un 19 %, las odontológicas en un 32 % y las intervenciones quirúrgicas en un 11 %, por ejemplo.

El ISSS brinda cobertura en salud al 27 % de la población salvadoreña, que es la que cuenta con un empleo, es beneficiada por lazos de afinidad o consanguinidad, o está pensionada. Este es un servicio médico prepagado por el que se descuenta cada mes tanto al patrón como al trabajador. En plena pandemia, cuando la cuarentena mantuvo en suspenso la mayoría de actividades productivas durante 3 meses –y algunas siguen cerradas-, los números de la institución han comenzaron a bajar. Si se comparan los reportes solo del sector empleador privado de enero y de abril, la cantidad de patronos cayó en un 13 % y la de trabajadores en un 8 %. En cuatro meses, han dejado de cotizar 61,572 personas en el sector privado.

Autofinanciado. En conferencia de prensa, el Sindicato de Médicos del ISSS denunció que el personal ha tenido que comprar su propio equipo de protección durante la emergencia por covid-19.

«La reducción de las actividades productivas está afectando la capacidad de pago de los empleadores y, por tanto, es lógico esperar, en los próximos meses, una caída en la presentación de planillas al ISSS y, sobre todo, en el pago efectivo de las cotizaciones con la consecuente pérdida de ingresos para el Instituto; situación que se puede ver potenciada por la pérdida de empleos en el sector privado, producto de la contracción económica nacional e internacional», se lee en el Informe de Coyuntura que el ISSS tiene actualizado hasta junio.

El ISSS representa el 40% del gasto público en salud. En pandemia, el ISSS recibe un doble impacto. Por un lado, está obligado a responder con más recursos humanos, de infraestructura, y de servicios de emergencia ante una demanda desbordada. Por el otro, las medidas para evitar el cotagio de covid-19 mantienen suspendidas o mermadas las actividades comerciales y la industria y, con esto, cada mes percibe menos recursos. El agujero financiero que se está formando solo se ensancha.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ), ubicado en la capital, donde a la que llamaremos acá Teresa llegó en busca de atención para su padre.

Teresa llegó a la emergencia con un fajo de exámenes bajo el brazo. Ya llevaba cinco días de rebotar por los consultorios privados de cardiólogo y nefrólogo. Y ya había dejado una buena cantidad de dinero en todas esas pruebas que indicaban que su padre tenía un cuadro de anemia, una alteración en la capacidad filtradora de los riñones y sangre oculta en heces. El viernes 25 de junio, lo llevó al consultorio privado de la cirujana vascular y, ante los resultados, la especialista fue categórica: necesitaba ser ingresado en un hospital y necesitaba, con urgencia, una transfusión sanguínea.

En El Salvador, el gasto nacional en salud representa un 7 % del Producto Interno Bruto. Es decir, alcanza los $1,937 millones de dólares al año. De esta cantidad, un 67 % es gasto público y un 33 % es gasto privado. Dentro del gasto privado, aparece la participación de las empresas comerciales de seguros médicos y también el Gasto de Bolsillo de los Hogares en Salud (GBHS). Este último es el que las personas hacen de forma directa «cuando pagan por atenciones en salud (honorarios médicos y servicios de hospitalización; compra de medicamentos, pago por servicios de apoyo diagnóstico y de laboratorio y otro gasto directo relacionado con servicios de salud)», de acuerdo con el Informe de Memoria de Labores del Ministerio de Salud del año pasado.

«Esta variable (GBHS) es de suma importancia –dice el documento-, porque revela cuánto del financiamiento en salud es soportado por los hogares en un período determinado y en la que su importancia relativa está directamente asociada al grado de equidad y protección financiera en salud de la población». Esta es la cuenta en la que se incluye todo el gasto que Teresa hizo en exámenes y en consultorios privados en un intento por evitar ir hasta uno de los colapsados hospitales. Esta es la cuenta que la pandemia ya está haciendo subir ante la incapacidad del sistema de salud público de absorber la demanda. El informe de 2019 sitúa en $523 millones este gasto que sale de los bolsillos de un privilegiado grupo que tienen cómo hacer frente.

La sugerencia que la especialista vascular le hizo a Teresa fue la de buscar un centro asistencial que contara con máquinas de diálisis, un proceso que sirve para hacer la labor de limpieza cuando los riñones presentan daño. Además, recomendó otra placa de tórax, ya que, escuchaba ruido en los pulmones y podía ser otra complicación del cuadro que ya llevaba. «Nosotros evaluamos seguir en lo privado, pero, realmente, escapaba de nuestra capacidad económica, era un gasto bárbaro», cuenta Teresa.

Sin recursos. Los tiempos de espera por una camilla se han alargado. Una usuaria esperó 12 horas para que hubiera cupo para ingresar a su padre.

No sin antes evaluar el riesgo, Teresa y su familia decidieron seguir la instrucción e ir al hospital Médico Quirúrgico. «Yo me llevé a mi papi protegido con todo lo que teníamos. A ellos (padre y madre) nosotros siempre los cuidamos, no salían, y para entrar a la casa de ellos nos desinfectábamos. Ir a los hospital fue una decisión que tomamos porque ya no había más opción, necesitaba ayuda que solo ahí le podían dar», cuenta Teresa.

Teresa y su padre llegaron al MQ a las 2:30 de la tarde del viernes 26 de junio. Ahí, le recibieron los papeles, revisaron los exámenes, y el personal médico evaluó la carta con las instrucciones enviadas por la cirujana vascular que remitía al paciente. Pero había muy poco por hacer. Ante la falta de cupo en el centro asistencial, la única opción era esperar.

Teresa acomodó a su padre en una silla de ruedas que le proporcionaron. Desde donde estaba, podía ver a la gente a la que el personal médico acomodaba bajo toldos, a la espera, como ellos, pero con signos de enfermedad respiratoria. Desde ese lugar, pudo ver que el vigilante de la emergencia recibía a la gente de las ambulancias, a los enfermos, a los familiares de los que no podía valerse solos y a todos los atendía apenas protegido con una mascarilla.

Ella misma entró y salió varias veces de Emergencias para preguntar si había cupo, si alguien podía evaluar a su padre, si podían darle algo mejor que una silla de ruedas a un hombre enfermo de más de 80 años. En todas esas veces, nunca le pidieron higienizarse. No había cómo ni con qué. Adentro, relata Teresa, la gente usaba –usa– las mascarillas que puede, unos van con tela. «Y ahí a nadie le andan ofreciendo otra mascarilla o algún otro recurso para protegerse o proteger a los demás», agrega.

Desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde, el padre de Teresa estuvo en una silla de metal que tenía el respaldo roto. Si se acostó un rato, fue porque el hermano de Teresa llegó con el carro y, en el parqueo, pudieron colocarlo ahí para que descansara. Alrededor de ellos, había gente con mucho menos recursos, igual de vulnerable, emocionalmente golpeada y en una espera incierta.

En el Plan Anual de Trabajo 2020, una de las metas del ISSS era atender las emergencias en 15 minutos. Y también mejorar la satisfacción de los usuarios para llevarla más allá de una calificación de 7.5. Para cuando el documento fue redactado y publicado, la pandemia de covid-19 era solo un murmullo lejano. Teresa y su padre pasaron 12 horas esperando que hubiera una cama libre. En ese transcurso y ante la insistencia de ella, un médico le ofreció dejarlo en un carro (camilla), en el pasillo, pero le advirtió que era «área covid» y que estaría expuesto. Teresa no aceptó.

Para ese momento, Teresa había detectado una serie de riesgos de contagio en la forma en la que se maneja el flujo de pacientes en este hospital. Y de todas esas grietas, una le llamó mucho la atención. «Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi«. Señala que el hecho de que diagnóstico con el que entró su padre no era covid-19, no reducía la posibilidad de contagio en un ambiente en el que no se miraba rigor ni separación de áreas.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ).

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El 14 de julio, el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISS) hizo una conferencia en la que exigió mejores condiciones laborales para el personal médico de primera línea y, sobre todo, señaló la falta de equipo de protección. Un vocero leyó una serie de reclamos urgentes, entre los que citó la erogación de fondos y salida de insumos que se necesitan para compra de equipo de protección, medicamentos y para más contratación de personal para primera línea. Denunció, además los «errores en la planificación, tanto en la determinación de espacios geográficos adecuados, como de algoritmos de atención para los pacientes sospechosos o confirmados de la enfermedad afectando el derecho a la salud de todos los usuarios y el derecho laboral de los trabajadores».

El 14 de julio es el día del médico. El vocero, con una mascarilla blanca y acuerpado por otros colegas, leyó en el mismo tono que los «trámites engorrosos para la adquisición y distribución de los equipos de protección personal ha obligado a que sea el trabajador el que asuma el costo económico para obtenerlos». El vigilante y el médico a quienes Teresa vio mal protegidos en medio de un ambiente desordenado muy probablemente usaban mascarillas compradas por ellos mismos. Lo mismo quienes estaban en la mesa, al frente de la conferencia.

Después de varias horas, ya entrada la madrugada, el padre de Teresa fue ingresado. «Yo fui con él, desinfecté la cama, lo arrope y lo dejé acostado. Vi que una enfermera lo atendió y le colocó un catéter y le pasó suero. Lo dejé ingresado, acostadito«, explica ella. «Al día siguiente, nos llamaron para decirnos que había fallecido». No pasó ingresado ni 24 horas.

Y, entonces, empezó otro proceso que no se esperaban ni Teresa ni su familia. El hospital registró como causa de la muerte el covid-19. No hubo prueba. A Teresa se limitaron a mostrarle una placa de tórax como muestra de que había indicios de neumonía. «Mi papá tenía anemia y lo que necesitaba era una transfusión, estaba hinchado,pero me di cuenta de que ahí nunca tuvieron la mínima intención de hacerle esa transfusión de sanguínea que urgía y menos de facilitarle diálisis», indica.

Teresa hizo reclamos, pero la causa de muerte no cambió. Para la institución, el hombre de 84 años que ingresó un viernes por la tarde en busca de una transfusión de sangre y una diálisis murió el sábado a medio día por covid-19. Su cadáver, pese a esta clasificación, se mantuvo por más de cinco horas en la misma cama hospitalaria en la que Teresa lo había arropado horas antes. «Yo pasé, entré hasta ahí y lo vi, estaba solo cubierto con una sábana; y, ahí, había otros pacientes a la par», cuenta sin esconder la emoción que le provoca el recuerdo.

Ingresos. El desempleo en el sector privado significa que el ISSS recibe menos dinero. Entre enero y abril, más de 61 mil personas dejaron de cotizar.

La tasa de mortalidad del ISSS ha aumentado. El primer semestre del año pasado, la general fue de 3.3 por cada 100 mil egresos. Mientras que en este año, en el mismo periodo, fue de 3.8. Cuando se ve solo a nivel metropolitano, que abarca el hospital MQ, pasó de 4.2, en 2019, a 4.6 por cada 100 mil egresos en 2020.

A Teresa no le entregaron el cadáver de su padre ese sábado. Tampoco el domingo, ni el lunes, ni el martes. Fue hasta el miércoles que el personal del Ministerio de Salud y de la funeraria coincidieron para ejecutar el proceso bajo «protocolo covid«. En medio, Teresa conoció a otras familias con una historia plagada de carencias, como la de ella y su padre.

Que la causa de muerte haya sido covid-19 no ha implicado que se busque nexos epidemiológicos entre la familia. Teresa señala que no descarta abrir un proceso legal por la forma en la que se trató el caso de su padre: «El responsable de que todo en el hospital se haya contaminado es el Estado, el responsable de que no haya protocolos y de que el personal no tenga cómo protegerse es el Estado; esto no es por mi papi, que fue un hombre maravilloso y que ya descansa, es por todas las demás familias que no merecen que les pase los mismo que a nosotros».

Carta Editorial

El Salvador ha tenido siempre un sistema de salud muy dado a perpetuar la desigualdad. Destina muy poco dinero para atender las necesidades de muchas personas. No privilegia la atención preventiva. No destina suficiente recurso a la investigación. Y tampoco reconoce a su personal con salarios y prestaciones competitivos. Durante esta crisis por covid-19, estas carencias, que ya eran un lastre, se han convertido en condena tanto para usuarios como para los trabajadores.

Una de las instituciones que hace parte del gasto público en salud es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Si el gasto nacional en salud alcanza los 1,900 millones de dólares y representa un poco más del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), el aporte que hace el ISSS representa el 2 % del PIB. Con sus cifras de cotizaciones dentro de lo esperado, el ISSS ya brindaba un servicio de salud que urgía mejoras. Ahora, cuando los enfermos por covid-19 han colapsado los servicios, la preocupación es mayor, ya que, a la vez, los ingresos por cotizaciones de patronos y empleados se ven reducidos como producto de la suspensión de actividades económicas en función de evitar más contagios.

Este es un tema que se debe discutir ya. Porque las consecuencias se pagan en vidas, en las de los pacientes y en las del personal de la institución que ya lleva más de tres meses haciendo frente a una situación sin precedentes y sin contar con los equipos de protección necesarios.

El reportaje de esta edición es el testimonio de la hija de un usuario que, pese a los notorios aspectos a mejorar, siempre confió en los servicios del ISSS. Lo que vivió ahí la hace hoy desear que ninguna otra familia tenga que pasar por una experiencia similar.

Carta Editorial

Hablar de Consuelo Suncín es hablar de una reinvindicación a la que todavía le falta mucho trecho. El reportaje de esta edición aborda aspectos de la vida de Antoine de Saint Exupéry, el escritor de El Principito. En este repaso, la figura de Suncín no hace otra cosa que ser, también, protagonista.

De ella se pueden decir tantas cosas. Era escritora, pintora, intelectual, era una mujer valiente a la que se le sobraban argumentos para ser transgresora incluso cuando esto le costaba el rechazo de una sociedad como la europea, en aquel entonces.

Con Saint Exupéry, ella se casó vestida de negro, por ejemplo. La escritora francesa Anne Merie Mergier afirma sobre ella que «Consuelo era una catarata: excéntrica, alegre, imprevisible, caprichosa, fuerte, indefensa, misteriosa, chispeante, excesiva, atenta, egocéntrica, generosa, seductora, inteligente, vanidosa, intuitiva, instintiva, contradictoria, volcánica… y salvadoreña. Hablaba un francés exótico, con un fuerte acento español».

En El Salvador, una de las personas que más ha trabajado para sacar a Suncín del anonimato es el escritor y columnista Manlio Argueta. “Lo que confundió a la época es que Consuelo Suncín no respondía al «comportamiento esperado de una mujer», en el sentido de ser recatada, de mirada virgen, sumisa, ama de casa, cocina y lavaderos incluidos, y madre mártir. Desde ese punto de vista, la centroamericana se adelantó a su tiempo para romper con conceptos de doble moral en relación a lo femenino-masculino. Pero salió adelante a quienes la concibieron una mujer objeto”, explica Argueta en uno de sus escritos.

A este país siempre le han faltado referentes. Pero no ha sido porque no existan. Es más una cuestión de falta de valoración, de falta de memoria. Consuelo Suncín es una deuda a la que se debería atender con urgencia.

Carta Editorial

La cuarentena ha provocado una sensible baja en una variedad de delitos, entre estos están los homicidios y, en supuesto, también las desapariciones. Pero sobre este último no es posible hablar con certezas. Las mismas autoridades dan cuenta de que las medidas impuestas para evitar el contagio de covid-19 pudieron haber incidido en que los familiares de las víctimas no dieran aviso oportuno en las instancias, como las sedes fiscales o las delegaciones policiales.

Además, las medidas represivas contra aquellos que irrespetaran la cuarentena también sirvieron de argumento para retrasar el inicio de la búsqueda. A la protagonista del reportaje de esta edición, todos estos acontecimientos se le atravesaron como obstáculos en el desesperado proceso por saber qué le había pasado a su hijo, un joven repartidor de gas que salió a dejar un pedido y al que no se le volvió a ver.

El nombre de ella es Sara. Y busca a Miguel desde hace meses. Ha pasado toda la cuarentena con una angustia que va más allá del miedo al virus. Hasta hoy, resiente que las instituciones no hayan previsto reservar recursos para los problemas de violencia, los de siempre, los que no están resueltos.

Los nombres de esta madre y de este hijo se suman a una larga lista de personas a las que se les debe una explicación. Pese a los cambios en la legislatura y a la creación de unidades especiales que hubo el año pasado, el denunciar una desaparición sigue siendo un tema en el que hay mucho de arbitrariedad. Los protocolos no se están respetando con la rigurosidad que esto amerita. Estamos hablando de personas.

El camino que le espera a Sara hacia el conocimiento y la justicia es, a juzgar por la historia, todavía muy largo. Ojalá para los desaparecidos y sus familias pronto se pinte un cuadro con más luz.

Carta Editorial

Dice la escritora Jacinta Escudos en su columna de esta edición que cada quien está haciendo un esfuerzo por llevar cómo puede todo lo que la pandemia nos ha impuesto. Y acá, eso se llama encierro, desempleo, hambre, aislamiento, depresión y, en muchos y lamentables casos, la pérdida de un ser querido. Este año hemos tenido muy poca paz.

No hay un hogar que se haya librado de sufrir en alguna medida. Y deberíamos hablarlo más. Deberíamos escucharnos más sin juzgarnos. A unos nos ha tocado tragarnos lágrimas mientras retorcemos un trapeador al mismo tiempo en que atendemos una reunión por teléfono. Otros lavan interminables montañas de platos a la vez que crían niños. A unos más les tocará atravesar un proceso de duelo sin un abrazo, en soledad, como jamás pensamos que sería.

La mayoría del tiempo, andamos a dos canchas, intentando que no nos metan gol en ninguna. Estamos mal, estamos tristes. Y, en este contexto, nos vemos obligados a continuar, así como estamos, rotos.
Porque el virus nos ha obligado a estar en una constante despedida. Le hemos dicho adiós a cada plan y a casi todo lo que conocíamos como vida. Se nos interrumpió la línea de progreso. De esto trata el texto del periodista Stanley Luna, de cómo nos ha tocado encontrar nuevas direcciones.

Emy es una joven actriz salvadoreña que consiguió colocarse a las puertas de lo que siempre deseó. La eligieron como parte del elenco de una serie. Viajó para comenzar con el trabajo y, en eso, comenzaron a imponerse las medidas necesarias para contener el contagio de covid-19.

Ella, igual que miles, quedó varada lejos de su casa. Este texto, sin embargo, no va sobre eso. Va más acerca de cómo recibir un golpe, absorber el impacto y no caer.

Este es un momento oscuro. Y se vale estar mal. No podemos aferrarnos a la esperanza de que esto pasará y todo va a volver a ser igual. Es mentira, ya cambió. Queda, desde acá, adaptarnos. Y queda inventar otras presencias y otros futuros.

Las casas a la orilla del río

Fotografías de Érica Chávez

Juan Antonio Martínez solía trabajar como mesero. Recibía un sueldo y propinas por servir platos de mariscos o baldes con cervezas en un restaurante. Así, pudo comprar una cocina, un camarote y un par de camas. Cada mañana, durante los últimos seis años, se levantó de una de esas camas y estuvo a menos de un metro de la borda. Entre uno y otro, apenas una lámina.

Tras ese muro, pasa el río Chilama que, a unos cuantos metros más adelante, se hace mar. Desde donde está parado Juan Antonio se alcanza a ver bien cómo ese mar recibe al río. «Hasta allá fueron a parar mis cosas», cuenta. Juan Antonio, a sus 53 años, ya no tiene camas, ropa, trastos y tampoco tiene rancho. En las primeras horas del domingo 31 de mayo, el río creció tanto, que se llevó todo. Ahora, cuando ya han pasado cuatro días desde que la lluvia cesó, se sienta sobre un pedazo de silla plástica y desde ahí mira el espacio lleno de lodo y pertrechos donde antes estaba su casa. Ahí, asomando entre escombros y lodo, está un colchón celeste, húmedo, revolcado. Cree que es donde dormía.

Juan es una de esas personas de las que habló la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante una cadena nacional del jueves 4 de junio en la que el gobierno dio cuenta de la emergencia provocada, en un primer momento, por la tormenta Amanda. «La causa es por vivir en la orilla del río. La misma necesidad ha hecho que la gente se asiente en lugares de riesgo. No ha habido una institución que les detenga, ni que les dé soluciones a viviendas dignas», dijo ella ante el gabinete de gobierno.

Y sí, Juan llegó aquí sin alternativa. Ya no podía seguir pagando alquiler. Además, ¿en qué casa caben siete adultos y tres niños que se pueda pagar con sueldos de meseros, pescadores o comerciantes en pequeño? En El Salvador, un 42.6 por ciento de hogares presenta hacinamiento.

Para la familia de Juan, significó una gran oportunidad venir a levantar con palos y láminas un rancho aquí, a la comunidad que lleva un nombre bien plano que suena a riesgo: Río Mar. Está habitada por 105 familias que, en el municipio de La Libertad, viven entre la ribera del Chilama y playa Punta Roca, que suele llenarse de surfistas. Entre el turismo en modo Instagram y la pobreza multidimensional hay solo unos cuantos metros.

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Minima (FUNDASAL) desarrolló un estudio en 32 ciudades salvadoreñas y halló, en 2007, que ya había en ellas 3,000 asentamientos entre mesones, tugurios y lotificaciones irregulares. Caludia Blanco, directora ejecutiva de esta institución, señala que, ahora, ya son más y están habitados por más gente. «En estos asentamientos hay grandes carencias de hábitat y unas violaciones a los derechos humanos muy graves. No hay agua, no hay calles, la gente no tiene dónde ir al baño, no se tiene cómo dejar ir el agua», explica. La densidad de estos asentamientos aumenta cuando los hijos forman sus hogares y, por razones económicas o por limitaciones que impone la violencia social, no se pueden mudar. Así fue como Juan llegó a tener una familia de 10.

Esa noche del 4 de junio, durante la cadena, la ministra Sol habló de 1,200 casas dañadas y de 365 que ya se daban por pérdida total debido al desborde de los ríos, los deslaves, las inundaciones. Durante la tormenta, 27 personas murieron. A dos semanas de aquello, la directora de Fundasal, la arquitecta Blanco, asegura que, con base en información recibida de las directivas comunales, tienen datos de 8,500 familias cuyas viviendas registraron severos daños debido a la tormenta.

En Río Mar, da gracias a Dios Juan, no hubo víctimas. Acusa, sin embargo, un casi milagro. Porque nadie sabía, en estas casas de lámina en medio de río y de mar, que venía una tormenta que los tomaría de frente, por El Pacífico. «Un par de horas que nos hubieran dado y alcanzamos a sacar lo más importante, pero ni eso», dice Juan frente a un rimero de seis láminas que cuida como tesoro. Esto quedó de su casa. «A chatarrera las voy a llevar, a ver si me dan algo». Las láminas están torcidas y oxidadas. Pero Juan se aferra a ellas, porque, de todos modos, no tiene nada en el bolsillo.

Juan no cree que la suya sea una pérdida que esté en las estadísticas del gobierno. Porque ahí, se habla de casas, y el de él era un rancho. Uno que levantó sobre un terreno del que no tiene título de propiedad y en el que se quedó, en 2014, apenas amparado por un papel que le dio la alcaldía, mismo que ya no tiene.

La arquitecta Blanco cita un informe de Habitat para la Humanidad para asegurar que: «El 80 por ciento de la población tiene alguna violación del derecho humano a la vivienda, ya sea falta de agua, piso, techo, paredes, derecho de propiedad de la tierra, o riesgo alto de desastre por fenómeno natural».

En línea recta de donde está Juan, unos pasos más adelante, como rumbo a donde el río se hace mar, Guadalupe Castillo también busca rescatar lo que quedó. Ella tenía una tienda, también de lámina, y también a la ribera del río. Ahora lava unos envases de soda de vidrio y los pone a secar sobre la borda. Le pueden servir, dice. Así, de entre el lodo, también sacó sus zapatos, alguna ropa, botellas con limonada. Todo lo ha ido guardando en guacales y les ha colocado encima telas para resguardarlo. Aquí no se puede dar nada por perdido, ni aunque haya sido desenterrado.

Guadalupe habla frente a una montaña de lodo de metro de alto. Es lo que ha sacado de su casa-tienda. Y falta, adentro todavía hay partes anegadas. A ella, no se le cayeron las láminas laterales ni las de arriba. Es, cree, de las 1,200 casas dañadas que mencionaba el gobierno en la cadena. Pero perdió una inversión importante en productos. Con primor, muestra unos sobres de capuchino instantáneo que pudo rescatar, quedaron, cuenta, colgados de ganchos en la parte más alta. «Vienen para dar a 50 centavos, diez se les gana, apenas».

La vulnerabilidad es alta en un país en donde el 29 por ciento de hogares está en pobreza multidimensional, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019. Este método se basa en el uso de 20 indicadores que, a su vez, se dividen en cinco dimensiones, una de ellas es la condición de la vivienda. Acá, de cada 100 hogares, en 20 los materiales del suelo y las paredes son inadecuados. Son madera, paja, palma, cartón material de desecho o, como en el caso de Guadalupe y Juan: pura lámina metálica.

Consecuencias. De acuerdo con datos de FUNDASAL, los hogares de 8,500 familias resultaron dañados por las tormetas Amanda y Cristóbal.

Guadalupe está decepcionada. Se tardó por lo menos ocho meses en construir un baño de letrina domiciliar. De lo que iba sacando de la tienda, compraba una bolsa de cemento, un día. Y, al otro, juntaba para arena. A veces, le abonaba al albañil. Así, terminó de pagar unos $200 por la obra. «Pero esta vez, ya rebalsó todo. Está lleno de agua, menos mal no tenía mucho uso, no porque a saber cómo estuviera todo esto», lamenta.

Ella tiene 58 años de edad y 20 años de vivir en Río Mar. Esta es la tercera vez que pierde todo. Mientras muestra los zapatitos enlodados de su nieta de menos de un año, afirma que, esta vez, si pudiera, se iría. Pero, por el momento, no tiene para pagar el préstamo con el que trabaja, no tiene cocina, no tiene ni baño y hace intentos por recuperar un ropero de madera hinchada por la inundación.

A pesar de los antecedes de desbordamiento del Chilama y de vulnerabilidad de las viviendas en Río Mar, no hubo alerta temprana. La evacuación en la zona más cercana al río, donde viven Juan y Guadalupe, se hizo entre las 4 y las 5 de la mañana y fue acompañada por funcionarios de Protección Civil y de la junta directiva de la comunidad. Se hizo hasta ese momento, incluso cuando ya había llovido por más de 12 horas de forma constante.

Río Mar no fue la única en la zona en ser evacuada así, a las prisas, con gente huyendo solo con la ropa puesta. En la carretera El Litoral, más adelante en ruta al municipio Rosario de Mora, está la comunidad Jute Esperanza. Ahí, Emelia Salmerón pasa pegada al celular. Ella es enlace comunitario con Protección Civil, con la Alcaldía de La Libertad y con entidades sanitarias. «Yo le llamé a mi capitán en la noche y mandó una cuadrilla, pero, al llegar, ellos dijeron que no iban a evacuar todavía porque el río no se había desbordado», explica frente a la maquinaria pesada que, ya bajo un brillante sol, extrae toneladas de lodo de una de las casas afectadas.

El río y el capitán del que habla Emelia son El Jute y Miguel Ángel Jiménez, alcalde de La Libertad. La lideresa comunitaria cuenta, entre palabras atropelladas, que comenzó a sacar a la gente de sus casas a los gritos y a los golpes de puerta, porque al filo de las 3 de la madrugada de ese domingo 31 de mayo, El Jute ya estaba crecido y se estaba desbordando justo en donde pasa la carretera, ahí en donde el FOVIAL trabajaba en un puente.

La lluvia intensa a esa hora amenazaba por todos lados. El río ya estaba salido de cauce y se metía a las cas de la ribera y, desde las colinas, donde también hay casas, bajaban correntadas que arrastraban todo al paso. La comunidad es eso: una calle con casas de lámina a ambos lados unas dan al río y las otras están montadas en la colina. Y no, pese a las varias horas de lluvia, a esas 65 familias no se les evacuó con el primer aviso. El alcalde Jiménez explica que la información acerca de la intensidad del fenómeno no llegó a tiempo a las municipalidades que resultaron más golpeadas. Y que, aunque les hubieran dado una alerta temprana, «a la gente no le gusta salirse de sus casas».

«Gracias a Dios no lamentamos muertes; porque, a esa hora, solo Dios con nosotros», explica Emelia. Frente a ella, Jesús de Caridad Contreras asiente y, en el mismo tono, cuenta que ella también ayudó a sacar gente. Usó un megáfono para advertir que el río venía de abajo (zona del puente), para arriba (hacia la colina). Evacuar, aquí, tampoco es ir muy lejos. Los 40 adultos y 16 niños mal durmieron en el suelo de una iglesia evangélica que está en la misma calle por donde el río venía cortando paso.

La alcaldía de La Libertad es la que ha ayudado a las familias de la zona a conseguir servicios básicos como agua y electricidad. Y es, también, la encargada de arreglar la calle. El alcalde Jiménez no es ajeno a las condiciones de las comunidades, y señala que desde hace rato cuenta con un terreno de cinco manzanas, frente a la Unidad de Salud, en donde podría reubicar a las familias. «Ojalá que esta vez sí podamos ejecutar esto, porque, le digo, a la gente no le gusta moverse», indica quien está al frente de la alcaldía desde 2015.

El riesgo en Jute Esperanza está tan normalizado que, cada año, se construye una borda en la parte alta de la comunidad. Y, todos los años, acaba destruida. «Necesitamos una borda más grande y que se arregle el mal trabajo que están haciendo en el puente de la carretera», explica Zuleyma Contreras, presidenta de la directiva de la comunidad. La reubicación no es opción. La gente que más tiempo lleva viviendo aquí ya acumula tres desbordes convertidos en destrucción.

Las evacuaciones que se hacen con el agua hasta la cintura no son inofensivas. Lo sabe Azucena Leiva, de 27 años. Esa madrugada en la que Emelia y Jesús iban a sacando gente a los gritos, ella comenzó a sangrar. Con su hija de 4 años, logró salir de la casa y ponerse a salvo. Pero el sangrado no se detuvo. Para el medio día era fuerte. Y, de la Unidad de Salud, la refirieron a un hospital que no fue el San Rafael, el que le toca como referencia de su zona por estar ubicado, en Santa Tecla, a 26 kilómetros de distancia. La llevaron en ambulancia hasta el hospital San Bartolo, en Ilopango, a 46 kilómetros.

“Una reubicación debe tener una visión de respeto por la gente. Porque las familias no son sillas. No son muebles. No es que se agarran y se van a poner a otra parte”. La arquitecta defiende el derecho de las personas a mantener contacto con sus medios de vida. Un pescador, así, no puede ser reubicado lejos del mar.

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Azucena tenía 14 semanas de embarazo. No se había hecho ecografía, pero había decidido nombrar Milton si era niño y Daniela Salomé, si era niña. Nunca le dijeron a qué se debió su aborto espontáneo. Los médicos, cuenta, se limitaron a decirle que lo iban a investigar. Ella y su pareja pasan el dolor de la pérdida refugiados en la casa de unos familiares. Ella está segura de que fue el susto, el frío, el esfuerzo, la angustia por huir.

La noche del 31 de mayo, mientras Juan y Guadalupe dormían en el albergue del Instituto Nacional de La Libertad, mientras Emelia y Zuleyma coordinaban comida y abrigo para 65 familias en dos refugios y mientras Azucena intentaba gestionar la pérdida de su embarazo, el presidente de la República Nayib Bukele dio una conferencia de prensa. Lo hizo desde la comunidad Nuevo Israel, en San Salvador, un asentamiento levantado a las orillas de la quebrada La Lechuza.

Muchos en poco espacio. En un 42.6 por ciento de casas hay hacinamiento, quiere decir que más de tres personas comparten el mismo cuarto, según la EHPM del año pasado.

Las lluvias ahí ocasionaron luto y pérdida total en algunas casas y severos daños en otras. Bukele anunció que el plan para reducir la vulnerabilidad es reubicar a las familias y entregar viviendas de un costo de $10,000. Los ministerios encargados de llevar a cabo el proyecto son Obras Públicas y el recién creado Vivienda.

La ministra Sol anunció en rueda de prensa que ya se está realizando el censo de las familias afectadas con la pérdida de su vivienda y que ya se están evaluando algunos terrenos en donde se pueden construir las casas. También presentó una proyección de cómo pueden llegar a verse las primeras 60 viviendas. Esta información se encuentra publicada en la cuenta de Twitter de la institución. En la página web, sin embargo, no hay ninguna información acerca de presupuesto. Y en el portal de Transparencia, en donde las instituciones gubernamentales deberían colocar los documentos de interés público, Vivienda mantiene vacías las carpetas de Presupuesto, Plan Operativo Anual, Estadísticas y la de Contrataciones y adquisiciones. Lo único que este ministerio ha publicado ahí está en Remuneraciones, en donde consta que le paga a un especialista ambiental $1,200 al mes y a un especialista en desarrollo territorial, $1,385. Mientras que, quien ocupa la plaza de coordinador de redes sociales de esta institución aparece con un salario de $1,730.

Es justamente en la cuenta de Twitter del ministerio de Vivienda en donde aparece colgado un video en el que la ministra Sol asegura que muchos de los posibles beneficiarios han expresado agradecimiento al gobierno, mientras que otros han señalado que el terreno se encuentra muy lejos. «Estamos buscando las opciones», agrega la ministra.

Como institución, Fundasal acumula 52 años de experiencia. Sobre eso, la directora Blanco afirma: «Una reubicación debe tener una visión de respeto por la gente. Porque las familias no son sillas. No son muebles. No es que se agarran y se van a poner a otra parte». La arquitecta defiende el derecho de las personas a mantener contacto con sus medios de vida. Un pescador, así, no puede ser reubicado lejos del mar. «Las redes son muy importantes para todas las personas, son las que nos permiten estabilizar la vida y una reubicación debe contemplar no solo la seguridad física, sino que también los mecanismos que sostienen la existencia de las personas», señala.

En Jute Esperanza, los recorridos de Emelia no han terminado. Ahora con sol, las tareas son sacar con palas el lodo de las casas y lavar, en el mismo río que se desbordó, la ropa que se pudo rescatar. Hay humedad por todos lados. «Después de estos fenómenos, la gente queda con hongos en los pies», revela como un detalle de esa parte de la historia que, casi siempre, queda sin contar. «Así es aquí -dice-, toca levantarse aunque duelan los pies».

Sin margen. Un 29 por ciento de hogares vive en pobreza multidimensional, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019.

Carta Editorial

Tener una vivienda digna en donde una familia pueda desarrollarse sin los traumas del hacinamiento o de la falta de servicios sigue siendo una misión imposible para miles de salvadoreños. Y hay zonas muy complicadas, en donde no solo se trata de contar con materiales de calidad y servicios básicos. Se trata de riesgo.

Cada tormenta, terremoto o inundación pega más duro en las mismas zonas. La vulnerabilidad es alta en los cordones de pobreza en donde las familias se acomodan bajo plásticos negros y cartones. A eso, muchas veces, es a lo que se le llama casa.

Una lámina, paredes ruinosas, algo de alambre y, adentro, la vida se instala como sea, con lo que alcance. La imagen de una vivienda en malas condiciones es con lo que, por tradición, se ilustra la falta de desarrollo, la pobreza, el rezago social y el sufrimiento al que se somete una buena parte de salvadoreños.

Lo más triste es que hay familias que han tenido que pasar varias veces por enorme dolor de perderlo todo. Y, con eso a cuestas, tienen que volver a empezar en el mismo lugar, con igual cantidad o con más riesgos que antes. Las tormentas Amanda y Cristóbal volvieron a desnudar este fenómeno de los reincidentes en tragedias.

En comunidades del municipio de La Libertad hay personas que, en un plazo de 10 años, han tenido que rehacer por completo sus pertenencias hasta en tres ocasiones. Porque los ríos se desbordan. Pero, más que todo, porque no han encontrado una alternativa viable, una que no solo ofrezca paredes, sino que también garantice modos de vida y redes en las cuales sostenerse.

“Las familias no son muebles”, dice, en este reportaje, una de las fuentes. Y se refiere a que las soluciones habitacionales, entre ellas la reubicación de asentamientos, no son universales. Deben ser adaptadas a cada caso con un enfoque de respeto a los derechos humanos. No hay fórmulas.

Carta Editorial

La situación en la que están miles de salvadoreños varados afuera del país ilustra mucho el trabajo del gobierno durante la pandemia. Lo primero que salta a la vista es que este desempeño de las autoridades ha estado muy lejos de tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, esos que deben estar por encima de cualquier cosa y que, en este país, a menudo son vistos como estorbo

Las personas a las que no se les ha permitido el regreso a su casa han caído en cualquier tipo de presión y daño. En esta edición, abrimos nuestras páginas a ellos. En estas, que son cartas dirigidas a sus familias, se notan mucho las consecuencias de la incertidumbre, del abandono y de la inestabilidad. Hay, en cada palabra, mucho sufrimiento.

El covid-19 es un problema que tiene todo el mundo, sí. Y varados los ha habido de todas las nacionalidades. Pero las experiencias de otros países apuntan a que la gente tuvo opciones, se le presentaron procedimientos claros y esto es lo que se espera de las autoridades en una situación de emergencia. En síntesis, un plan al que la mayor cantidad de gente pueda atenerse y cumplir.

No se trata de caridad ni de juzgar los motivos por los que la gente se quedó afuera. Tampoco se trata de lástima. Esto con lo único con lo que tiene que ver es con el respeto a los derechos humanos y con que las representaciones gubernamentales les brinden un trato digno, como ciudadanos que son todos.

En esta pequeña muestra hay gente que siente enojo, tristeza, pena y hay unos más que sienten miedo de morir afuera. No es leve la espera. Es desgastante. Y es un urgente llamado de atención a que las instituciones trabajen con mucha más celeridad en función de que esta gente ya sufrió bastante.