Enseñar y tener miedo
David y sus compañeros de trabajo pagan, al mes, $400 de renta a la pandilla de la zona. Lo hacen porque es la única manera de trabajar con la garantía de que ahí no van a ser asesinados. Con la llegada de la pandemia y las clases a distancia, los docentes han tenido un respiro. Durante estos meses, no han pagado las “cuotas”. Pero, al volver, no saben si la pandilla va a pedir el dinero acumulado en este tiempo, que serían unos $4,000. Ante el “inminente retorno” a las clases presenciales, en su protocolo, el MIDEDUCYT no contempla cómo abordar las extorsiones.
David baja la voz, teme que lo escuchen. Aunque eso es poco probable, la escuela está vacía. Habla suave cuando cuenta que él y sus compañeros llevan años siendo extorsionados. El centro escolar en el que trabajan queda en una zona asediada por las pandillas. Nadie sale y nadie entra sin que la pandilla lo sepa, sin que la pandilla esté de acuerdo. Ahí, o pagan o se atienen a las consecuencias, les han dicho. Frente a esa situación, el grupo de docentes está desprotegido.
“Nos hemos topado con la pandilla y hemos sido, hasta cierto punto, amenazados. Porque los cipotes nos extorsionan o nos dicen que nos vayamos. Esos son momentos duros, porque si entramos, no sabemos si vamos a salir de aquí”, cuenta.
Durante 2018, 348 docentes denunciaron ser víctimas de extorsión, según el Observatorio Quinquenal del Ministerio de Educación. De ellos, solo a 54 se les aprobó un traslado a otro centro escolar. Es decir, solo al 15.52%.
En el país el delito no para. El Informe de Labores de la Fiscalía General de La República 2020 muestra que, entre junio de 2019 y mayo de 2020, se recibieron 2,356 denuncias por extorsión. Solo nueve menos que en el mismo periodo de 2018-2019. La institución sigue catalogando el delito como uno de los de mayor impacto social.
El caso de David y sus compañeros no es aislado. Así lo explica Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO: “Lo que más está complicando el trabajo docente es la situación de violencia que se está viviendo. Desde allá por el 2005, los docentes venimos resistiendo el maltrato y la persecución por parte de pandillas”.
Rodríguez aclara que, aunque no todos los docentes están bajo extorsión o amenaza, sí hay suficientes casos como para pensar la situación como uno de los principales problemas en el magisterio. “No dejan trabajar a los docentes. Hay zonas en las que andan preguntando que de dónde son los maestros y de dónde viajan, y si son de zonas contrarias, los amenazan”, explica.
El MINEDUCYT solo asigna $1,500 anuales para el mantenimiento de la escuela en la que David trabaja. En 2021, se debe invertir el 80% del presupuesto en materiales de bioseguridad, le han dicho. Y con el 20% restante, reparar todo lo que haga falta en las instalaciones y comprar material didáctico. Ese dinero no es suficiente para una escuela que se cae a pedazos. Con los $400 que ellos pagan a la pandilla, podrían hacer adecuaciones que el centro escolar necesita y para lo que el MINEDUCYT no asigna fondos.
“Ante el inminente retorno a las instituciones educativas”, el MINEDUCYT preparó el protocolo “La alegría de regresar a la escuela”. Con el que se busca que el retorno de docentes y estudiantes a los centros educativos sea “alegre y seguro”. El protocolo se plantea como una “apuesta por la progresiva recuperación de la dinámica escolar”, pero se enfoca solo en el tema sanitario, y no en el otro problema que hace que los docentes tengan miedo de llegar al trabajo: la inseguridad generada por las pandillas.
Cuando están en las clases presenciales, David y sus compañeros tienen miedo al salir de la escuela. Hacen los dos turnos, y cuando los terminan, las calles ya están oscuras, solas. Por eso, solicitaron a la Departamental de Educación que los dejara salir un poco antes, pero su respuesta fue que la Ley y los horarios no son negociables. Al volver a la escuela, el problema va a seguir ahí. Porque cuando Carla de Varela, ministra de educación, habla de un “retorno seguro” a las escuelas, no contempla estas otras amenazas a las que los docentes se ven expuestos. Este grupo de docentes no sabe si ya le debe a la pandilla unos $4,000 por todos estos meses sin pagar la extorsión.
Otro protocolo inaplicable
De 605 docentes que fueron “amenazados por miembros de las maras”, el MINEDUCYT solo concedió traslado a 193. Es decir, el 68.09% no recibió una respuesta favorable de la institución durante el 2018. Es difícil saber cómo evolucionó su situación, pues el MINEDUCYT no actualiza datos desde ese año. Además, declara inexistente toda la información estadística de los años 2019 y 2020, es decir, lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele.
Los docentes de una escuela cercana a la de David también estaban pasando por esa situación. Ante las amenazas de la pandilla, se pusieron de acuerdo y fueron a la Departamental de Educación a buscar apoyo. Pidieron traslado porque les habían dicho que, en cualquier momento, iban a comenzar a asesinarlos. David cuenta que pasaron los meses y la departamental no dio ninguna respuesta favorable. Al contrario, sugirieron a los docentes renunciar.
En 2012, durante el gobierno de Mauricio Funes, las gremiales y el MINEDUCYT crearon un protocolo para actuar en caso de que un docente fuera amenazado o extorsionado. Ese documento, sin embargo, dice Mario Cruz, secretario de organización de Brigadas Magisteriales Salvadoreñas, “está agotado, porque las pandillas han mutado en su forma de actuar, de cobrar renta y de extorsionar”, agrega.
El protocolo, además, tiene trampas, dice Cruz. “En caso de que el maestro sea amenazado, debe, en primer lugar, interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República o en la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) más cercana. Con la denuncia puesta, debe informarle la situación al jefe inmediato, es decir, al director de su centro escolar. Posteriormente, debe ir a recursos humanos de la Departamental de Educación a la que pertenece, y ellos inmediatamente deberán ofrecerle el cambio de lugar de trabajo”. Pero, en la práctica, nada funciona así, comenta.
Rodríguez, de SIMEDUCO, dice que cuando un docente se aboca a la Departamental de Educación a reportar el caso, le piden que permanezca en el centro escolar mientras se hace la investigación. Pero, en todo el tiempo que se tardan en investigar la situación, agrega, pueden asesinar al docente. “Las departamentales de educación, lejos de dar apoyo, les dan la espalda”, menciona. El protocolo dice que esa instancia debe reubicar a los docentes 72 horas después de haber recibido el reporte del caso.
En lugar de dar una respuesta efectiva, las departamentales de educación suelen intentar persuadirlos para que regresen a los centros escolares, dice Rodríguez. “A algunos, incluso, les ofrecen seguridad. Y eso es mentira. La PNC los acompaña unos días y después los deja solos”, cuenta.
David está resignado. Para él, la respuesta que el MINEDUCYT dio a sus compañeros de la escuela vecina desmotivó cualquier intento de denuncia. Optó por llegar a un acuerdo con la pandilla en cuanto a la cantidad de dinero que él y los otros docentes podían reunir y entregar.
La necesidad de comprar seguridad
Otro de los aspectos que hace que el protocolo no sea funcional, dice Cruz, es la poca confianza de los docentes en las instituciones de justicia y seguridad. Porque, cuando un docente llega a poner la denuncia, le piden pruebas, declaraciones juradas, testigos e información personal. Y, en ese proceso, se desaniman.
Pagarle a la pandilla, dice David, es la única manera de mantener su empleo. No puede perder su única fuente de ingresos. “Son jóvenes a los que les hemos dado clases, aquí los tuvimos en las aulas. El problema es cuando crecen. A veces, hasta los mismos alumnos me pasan el teléfono. Yo les digo que no tengo nada de qué hablar. Pero me dicen: “Mejor conteste, porque después va a ser peor”. Yo intento llegar a un acuerdo con los jóvenes, porque si no lo hacemos, no podemos llevar el sustento a nuestras familias. Trabajamos con temor”, cuenta.
El docente termina haciendo lo que exigen las pandillas, dice Cruz. “Porque están en lugares en los que el control territorial de la pandilla es completo, a pesar de que el gobierno lo niegue. Las pandillas han logrado cosas importantes, ellas deciden lo que se va a hacer. Incluso, en algunos casos, llegan a establecer normas disciplinarias en los centros educativos, sobre el comportamiento que deben tener padres de familia y los alumnos en la escuela”, cuenta.
Por ahora, David está tranquilo. Las clases desde casa le han quitado un poco de ese peso de encima. Pero sabe que, en cualquier momento, tiene que volver a la escuela. Y, entonces, no sabe si la pandilla va a pedir el dinero acumulado durante los meses de trabajo desde casa. Él espera que no sea así.
“Si un docente muere, ya mañana ponen a uno nuevo en su lugar. Y eso está bien, está excelente, porque los niños deben continuar con su educación. ¿Pero qué pasa con la familia del docente que murió? Se queda sin papá o mamá, se queda sin esposo, sin esposa”, concluye David con el mismo tono que comenzó el relato: hablando suave y desesperanzado.