José huye de un país sin refugios

Fotografía de Frederick Meza

A José solo lo acompañan unas cuantas mudas de ropa, una solicitud rechazada de asilo, documentos de identidad y un rimero de medicinas para sus dolores cervicales. No tiene nada más. Todo lo que posee está guardado bajo el colchón de su cama, en una habitación que comparte con cinco personas más dentro de un albergue que le ha dado acogida, luego de pasar meses en calles y parques.

La odisea de José comenzó a finales de 2017, cuando decidió que no pagaría la extorsión que le exigió la pandilla. «Los muchachos» enviaron una nota en la que le ordenaban remesar $75 quincenales para que siguiera con su local.

Al no cumplir, fue perseguido. Lo vigilaban fuera de su casa y pasaban frente a su negocio. El acoso fue insoportable para José, así que decidió cerrar su establecimiento. Creyó que todo terminaría, pero a los pocos días, le llegó una nota a la casa en la que le decían que tenía 24 horas para abandonar la comunidad.

Esa misma tarde, José dejó todo lo que tenía. Solo se pudo llevar una mochila en la que metió sus documentos, unas cuantas camisas, pantalones. Decidió que transbordar hasta llegar a Estados Unidos era su salida para que los pandilleros no lo asesinaran.

Las personas que se desplazan de manera forzada abandonan sus hogares luego de un hecho de violencia como el asesinato de un familiar, exigencia de pago de extorsión, amenazas, reclutamiento forzoso, lesiones, usurpaciones de la propiedad.

Entre estas causas, las víctimas señalan como sus victimarios –en su gran mayoría– a las pandillas y grupos criminales. Aunque fuerzas militares y agentes estatales también están identificados como los causantes del fenómeno. Así lo detalla el Informe Preliminar de los Registros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre Desplazamiento Forzado en 2017.

Cuando huyó, José no interpuso ninguna demanda pensó que acudir a instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) o la Fiscalía General de la República (FGR) le traería más problemas con la pandilla.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno en El Salvador prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar lo más desapercibidas posibles, ya que interponer una denuncia podría significar ser detectadas y ser de nuevo víctimas de la violencia.

Las personas que se desplazan de manera forzada abandonan sus hogares luego de un hecho de violencia, como el asesinato de un familiar, la exigencia de pago de extorsión, las amenazas, el reclutamiento forzoso, las lesiones o las usurpaciones de la propiedad. Entre estas causas, las víctimas señalan como sus victimarios –en su gran mayoría– a las pandillas y grupos criminales. Aunque fuerzas militares y agentes estatales también están identificados como los causantes del fenómeno.

Es por esta razón que las cifras reales sobre cuántas son las víctimas de desplazamiento forzado son incalculables. Lo que hay son datos parciales, cantidades que se sacan en base con las denuncias de casos en instancias como la PDDH, organizaciones de la sociedad civil como Cristosal que se dedica a atender a desplazados internos y la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).

José migró, transbordó hasta llegar a Calexico, California, una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, pero al querer cruzar por las vallas que dividen ambos países fue detenido por agentes de Migración.

Al ser capturado, él explicó a los policías migratorios lo que lo obligó a emprender el viaje; les dijo que huía de las pandillas y que de regresar lo asesinarían. Pero sin pruebas que comprobaran su historia, Migración lo regresó a casa.

José fue deportado y volvió a El Salvador el 14 de febrero de 2018. Sin dinero, se arriesgó a volver a su hogar. Sin embargo, los pandilleros supieron que estaba nuevamente en la comunidad y dos muchachos, en menos de 24 horas de su regreso, tocaron a su puerta y le pedían que saliera.

Para salvar su vida, José saltó a un muro de la casa vecina y escapó por veredas hasta llegar un río en el que se refugió con la complicidad de la noche. No durmió, solo esperó a que pasaran unas horas para salir y buscar un lugar para protegerse.

Sin opciones, pensó nuevamente en migrar. Esta vez, se entregaría y llevaría las pruebas a Migración de Estados Unidos para que no lo deportaran. Pediría un asilo.

Luego de dormir por unos días en un albergue municipal para personas indigentes, José se presentó a la PNC para levantar su denuncia y contar con papeles para su segundo intento de escapar de la pandilla.

Desplazados por violencia. Una mujer dentro del hogar de acogimiento cuenta cómo fue apuñalada por pandilleros antes de huir de su hogar.

Cuando llegó a la policía, José no pensó en que la PNC podía ayudarlo. Acudió a ellos porque era la institución donde la gente va comúnmente a levantar una denuncia. Y nunca escuchó de una entidad que diera atención para gente que huía de las pandillas.

En sus últimos cinco años al frente del Gobierno, el FMLN se negó a reconocer el desplazamiento forzado interno. Sin embargo, tras la sentencia 411-2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas. Esto luego de amparar a un núcleo familiar de 33 personas que sufrieron abusos a sus derechos humanos de parte de agentes estatales y pandilleros.

A pesar de ello, el gobierno saliente no reconoció de manera oficial el fenómeno, lo único que presentó fue la articulación de Estándares Mínimos para la protección de la víctima de desplazamiento forzado interno, en abril de 2019, dos meses antes de su salida. Esto como insumo para la creación de una ley especial en la Asamblea Legislativa.

Sin un Estado que reconociera de manera oficial el fenómeno y sin conocer de una institución que pudiera ayudarle, José dejó el país en abril de 2018. Tal como estaba en sus planes, se entregó al llegar a Calexico, California, e inició su proceso de asilo en Estados Unidos.

Mientras el país estudiaba su petición, él entró a un centro de detención para migrantes en Calexico. En su estancia, un viejo problema se hizo presente, tras un accidente de tránsito en 2012, José padecía de dolores cervicales, dos discos de su espina dorsal estaban desviados y como su prioridad en los últimos meses fue escapar, él descuidó su tratamiento.

Las condiciones en las que él migró, de andar de camión en camión, de caminar y dormir en cualquier lugar agravó su problema. Pasó cuatro meses en silla de ruedas y fue operado en Calexico donde se recuperó y recobró la movilidad.

Once meses pasaron para que José obtuviera una respuesta y tras acudir a los tribunales, el fiscal del caso le dijo que su solicitud de asilo había sido rechazada. Fue deportado. Así que regresó al país sin un hogar para estar y con el temor de que lo encontrara la pandilla. Su vuelo aterrizó el 6 de marzo de 2019.

Al regresar, José no tenía idea de las instituciones estatales a las que le podía solicitar ayuda. Así que se mantuvo nómada por San Salvador. Vivía, dormía y comía en las calles. Pero en una de esas tardes, en las que cumplía con esa rutina, recordó que en el vuelo de regreso otros migrantes hablaron de una organización de la sociedad civil que ayudaban a personas que no tenían hogar por causa de la violencia.

Según la PDDH, es muy común que las personas que son desplazadas por violencia recurran a las organizaciones sociales o interpongan una denuncia cuando ya han agotado todos los recursos personales, familiares o sus redes de relaciones.

Además, la institución concluye en su último informe sobre desplazamiento forzado interno, que son las familias más pobres las que sufren una mayor afectación de sus derechos humanos al carecer de recursos para proveerse a sí mismas una continuidad de sus proyectos de vida en zonas «más seguras». Esto de acuerdo con los casos registrados por la PDDH.

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Han pasado casi tres años y José continúa huyendo de la pandilla que causó su desplazamiento, es junio de 2019 y ahora él se encuentra en un albergue temporal en El Salvador, un espacio en el que fue acogido por una organización de la sociedad civil, tras deambular por la calles durante dos meses.

Hoy, en una tarde donde la estación lluviosa apremia, José luce cansado, un poco más avejentado para su edad. Está sentado en su cama en la parte baja de un camarote que comparte con otra persona que también ha sido víctima de desplazamiento forzado interno.

Él revisa sus medicamentos y se asegura sobre qué pastilla tomar. Mientras tanto cuenta su historia, la relata con voz baja, como si aún lo persiguieran y mira para todas partes como señal de estar siempre alerta.

En este albergue se encuentran otras 16 personas que están viviendo la situación de José, no tienen un lugar para dormir y no poseen ningún recurso luego de ser desplazadas de manera forzada por las pandillas.

El Estado, por el momento, no cuenta con un albergue temporal de acogida para víctimas de desplazamiento forzado interno. Han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han tenido que asumir este reto debido a la demanda de casos que han recibido.

Aunque los datos sobre el desplazamiento forzado no son cuantificables, debido a que las víctimas no denuncian sus casos y prefieren el anonimato para no ser encontradas por sus victimarios, los números de casos registrados por la Dirección de Atención de a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), entre marzo de 2018 y abril de 2019, son de 164 denuncias que se traducen en 634 víctimas que recurren a la institución en búsqueda de alojamiento temporal.

Albergue temporal. Cuatro niños se encuentran dentro del hogar temporal tras ser víctimas de la violencia generalizada.

Y según Cristosal, de enero a diciembre de 2018, la organización registró la atención de 564 personas en calidad de desplazados. En total, luego de la suma de ambas cifras, se pueden contabilizar entre 2018 e inicios de 2019 a 1,198 personas que solicitan asistencia.

A pesar de los números y las solicitudes, el Gobierno no cuenta, hasta el momento, con un refugio para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno.

Fátima Ortiz, directora de la DAV, asegura que la institución está por abrir el primer albergue para desplazados que tendrá la capacidad de atender a 35 víctimas bajo un tiempo de acogida de tres meses. Esto mientras las personas reciben una alternativa para el retorno a sus hogares, el asentamiento a una tercera comunidad o el apoyo de una red familiar.

Sin embargo, la directora de la DAV, admite que el espacio será una limitante de este primer albergue, ya que reconoce (por la atención de las casos) que las víctimas que llegan a la institución solicitando un acogimiento temporal sobrepasa la capacidad del lugar. «De los casos atendidos entre marzo 2018 y abril 2019, la mayoría de las víctimas solicitó un alojamiento temporal».

A su vez, considera que un albergue temporal debe ser la última opción que consideren los desplazados. «El albergue puede ser una de las opciones de alojamiento temporal para la víctima y debe ser la última, porque no hay que olvidar que es un confinamiento con bastantes medidas de seguridad y lo ideal es que las víctimas busquen redes de apoyos o regresen a sus sitios», concluye Ortiz.

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Junto con José duermen otras cinco personas, una familia conformada por dos pequeños y tres adultos; en otro de los cuartos del hogar de acogimiento se alberga el resto de sus miembros que son otras tres personas adultas.

Francisco, forma parte de esta familia y es uno de los recién llegados al albergue, al hablar lo primero que cuenta es cómo cada vez que mira por la azotea de este lugar que le ha brindado acogimiento temporal, siente una especie de libertad, misma que se desvanece cuando ve a personas o carros pasar.

Aunque considera que está en un espacio seguro, él no deja de tener miedo. Las amenazas de la pandilla de asesinar a toda su familia por no pagar la extorsión acabaron con su tranquilidad.

Y es ese mismo temor, el que hace que Francisco guarde con mucho recelo su historia. Aunque asegura que de no ser por este lugar quizá estaría durmiendo en las calles, porque la pandilla lo dejó sin nada a él y su familia. Abandonó su casa, mascotas, establecimiento y ahorros.

Mientras tiende su ropa luego de una mañana lluviosa, se pregunta si el Estado hará algo por las personas que se encuentran en esta situación.

El padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en El Salvador, sostiene que pensar en la creación de albergues es una solución temporal de emergencia para las víctimas de desplazamiento forzado interno, pero que el Estado debe concebir soluciones duraderas como: la articulación de esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil que conocen la problemática, la recuperación del tejido social en las comunidades para asegurar zonas seguras dentro del país y la creación de una política de reasentamiento como resultado de la búsqueda de espacios seguros junto con las municipalidades, las cuales conocen el territorio y la situación de sus comunidades.

Verzeletti agrega que al hablar de la creación de albergues, el Gobierno debe considerar la construcción de un «hogar de acogimiento» por departamento y pensar en más, en las zonas donde se registran mayor número de desplazados, esto mientras planea medidas duraderas.

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Como Francisco, José se cuestiona sobre el papel del Estado en garantizar sus derechos humanos y la de sus compañeros de habitación que están en su misma situación. «De los tres años que llevo huyendo nunca he escuchado medidas de parte del Gobierno».

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su última encuesta de opinión sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno por violencia, en 2018, apuntó que alrededor de 235,000 personas cambiaron de residencia para protegerse a sí mismas o a otro miembro de su familia debido a una amenaza o a un hecho de violencia.

Para llegar a determinar esta cifra, el IUDOP realizó 1,806 entrevistas que se enfocaron en conocer las opiniones de la población frente al fenómeno del desplazamiento forzado interno por la violencia. Estas fueron hechas en 52 municipios de mayor cantidad de habitantes de los 14 departamentos de el país.

A pesar de estas cifras, Oliver Dorighel, jefe adjunto de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), enfatiza que los números sobre cuántas víctimas de desplazamiento forzado hay en el país son incalculables, y la razón es porque no existe un registro sistematizado de parte del Estado.

Según Dorighel, de los casos recibidos por el CICR en 2018, que en total fueron 45 casos y 250 personas atendidas, la creación de albergues debe instaurarse debido a la urgencia de protección para las víctimas. Y enfatiza que esta debe ser una opción temporal mientras se articula la atención integral de parte del Estado

«El esfuerzo debe venir desde la coordinación central, desde la atención integral de parte de todas las instituciones a las víctimas, la articulación territorial con municipalidades para identificar zonas seguras y la implementación de una ley especial para víctimas de desplazamiento forzado interno», asegura Dorighel.

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Mientras tanto, José piensa en sus opciones, cada vez que puede revisa sus papeles, los lee para asegurarse de que no obvio nada en la solicitud de su asilo, que fue rechazada.

«Yo aquí vine luego de vivir en las calles y dormir en parques. Ahorita, yo quiero ver cómo va todo acá, ellos han prometido ayudarme para que tenga un nuevo hogar. Pero si yo veo que hay peligro o veo que las cosas no cambian, voy a tener que volver a migrar», cuenta José.

Por su parte, la DAV no prevé a corto plazo la creación de más albergues temporales de emergencia o nuevas medidas para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno. La directora de la institución dice «estar a la espera» de las indicaciones que brinde el nuevo gobierno para tomar más acciones en favor de los desplazados.

Entre los papeles que revuelve José, encuentra dos notas que le envió la pandilla, una donde le exigían la extorsión y la otra en la que se lee –24 horas sino ya verás la foto–. Aliviado, susurra que si no fuese por este hogar temporal, quizá ya hubiese sido encontrado por los pandilleros.

La DAV estima que para agosto de 2019, el albergue sea inaugurado para recibir de forma inmediata a los desplazados. Solo están a la espera de las órdenes del nuevo gobierno para la asignación del personal y el pago de los honorarios.

En cuanto al proceso de admisión, la directora de la DAV dice que la recepción dependerá de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas. Tratarán de priorizar a la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Aparte de sus dolores físicos, José también reciente el cansancio emocional sobre lo que ha vivido. Por momentos, sufre crisis nerviosas que se desatan en la parálisis del brazo derecho.

Según la DAV, para la atención de los albergados contarán con un protocolo que priorizará programas psicosociales y socioeducativos. Igualmente las víctimas tendrán asistencia psicológica permanente mientras estén bajo las medidas de protección y contarán con asesoría jurídica y apoyo judicial para las salidas del albergue.

Además, las víctimas podrán permanecer en las instalaciones por un tiempo estimado de tres meses. Y si en ese lapso no se ha podido garantizar el retorno o reintegración de la víctima, estas deberán de presentar una solicitud de renovación para su permanencia.

Debido a sus dolencias físicas, José está en constantes tratamientos fuera del albergue. Necesita de chequeos médicos, transporte, medicina. Y de no ser porque el hogar de acogimiento también cubre estos gastos, no tuviera posibilidad de contrarrestar su estado de salud.

En cuanto al presupuesto para la atención de las víctimas dentro del albergue, la directora de la DAV, dice que la institución a destinado $150,000 de los $850,00 de su fondo anual. Y este monto solo cubre el pago de servicios básicos e inmuebles. Aún no cuentan con el costo total para poder echar a andar el albergue.

El padre Mauro Verzeletti de la Casa del Migrante en El Salvador, opina desde su experiencia en la administración de un «hogar de acogimiento», que el Estado debe al menos destinar $250,000 para el pago de los servicios básicos, ropa, camas, frazadas, atención psicológica y jurídica. Y para pensar en la construcción de un resguardo temporal se debe designar al menos unos $350,000 más. Es decir, la inversión total rondaría en $600,000 por albergue.

“El esfuerzo debe venir desde la coordinación central, desde la atención integral de parte de todas las instituciones a la víctimas, la articulación territorial con municipalidades para identificar zonas seguras y la implementación de una ley especial para víctimas de desplazamiento forzado interno”, asegura Oliver Dorighel, jefe adjunto de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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«¿Quién pone manos en esto?», se pregunta Juan luego de ser desplazado más de siete veces producto de la violencia generalizada.

Él junto con su esposa y dos hijos huyeron por primera vez hace cuatro años, a mediados de 2015, en consecuencia del asesinato de un familiar, quien según Juan conocía un secreto de la pandilla que dominaba en su comunidad.

En represalia y creyendo que su familia también conocía ese secreto, la pandilla los amenazó con asesinarlos. Desesperados y con tal de proteger a sus hijos, Juan y su esposa se fueron de su hogar con lo único que pudieron cargar en sus manos.

A donde iban, siempre los encontraba la pandilla. Juan recibía llamadas de «los muchachos» que le aseguraban que ya sabían su ubicación e irían por toda su familia.

Sin una red de apoyo familiar y sin ningún ingreso económico, a Juan le tocaba pedir prestado para poder pagar cuartos cada vez que se movilizaban. Pero cuando el dinero se terminó, decidió que debían pedir ayuda a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

«La institución no nos ayudó mucho, la PDDH solo nos entregaba semanalmente un kit de granos básicos y ya. Yo les decía que necesitaba un lugar. Llegamos al punto de dormir hasta en un potrero», cuenta Juan.

Pero en una de esas semanas en las que Juan recogía la ayuda, conoció a personas de una organización de la sociedad civil que lo llevaron a él y a su familia a un albergue temporal.

Por el momento, el único mecanismo de protección con el que cuenta el Estado, es la Ley de Protección a Víctimas y Testigos (LEPVT). Pero este programa solo prevé la protección de las personas cuando forman parte de una proceso judicial. Es decir, cuando ellos denuncian y su caso llega a los tribunales.

La protección que brinda la LEPTV es de acuerdo al grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima tras denunciar a sus victimarios (pandilleros, agentes estatales y civiles). Dentro del programa se otorgan medidas de cambio de domicilio, albergue temporal, garantizar movilidad a diligencias judiciales y asignar nombre en clave.

En el caso de las personas que necesitan un resguardo, quien posee este privilegio es únicamente la víctima que ha puesto la demanda y no incluye a su grupo familiar, aunque también se encuentren bajo amenaza.

Por esta razón, la LEPTV tiene un alcance limitado para las víctimas de desplazamiento forzado interno, ya que sin demanda las autoridades de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) no pueden brindarles atención. Y como en los casos de José, Juan y Francisco, las víctimas no inician un proceso judicial por miedo a represalias de sus victimarios.

Según Cristosal, cuando las personas están en condición de desplazamiento interno se requiere la intervención intensiva e integral tanto para la protección de su vida, integridad física y seguridad como para la ayuda humanitaria: vivienda, educación, alimentación, entre otros. «No se trata de casos en que la protección se limita a garantizar la seguridad, como un elemento para sostener los procesos judiciales. Se trata de rehacer un proyecto de vida que ha sido truncado».

Juan a diferencia de Francisco y José, pudo ser reasentado junto con su familia en una zona segura después de recibir ayuda de parte de la organización que le dio acogida y que hoy también resguarda a sus otros dos compañeros. Y luego de su experiencia, él pone sus esperanzas en el nuevo gobierno para que se encargue de esta problemática que afecta a su familia.

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Han pasado 41 días desde que José está albergado en lo que él llama su «nuevo hogar». Y continúa a la espera de que la organización de la sociedad civil que lleva su caso, le cumpla con la promesa de tener un espacio seguro para poder vivir.

«En este lugar me han devuelto la esperanza, las ganas de quedarme en mi país, aunque si pasa mucho tiempo, a pesar de mi edad, me tocará migrar por tercera vez. Espero que con el nuevo gobierno se puedan hacer realmente cambios y que alguien apunte hacia donde estamos nosotros los desplazados», comenta José, mientras mira por su ventana cómo cae lo que resta del día.

Abandonados. Dieciséis personas se encuentran resguardadas en un hogar provisional que atiende a desplazados por violencia, ante un Estado que no protege sus derechos.

«Mi mayor atrevimiento es haber optado por la carrera de ser educador»

¿Qué le pondría una sonrisa en la cara?

Ver a tantos jóvenes cumpliendo sus sueños en nuestro país.

¿Qué destrezas le han generado las dificultades?

A nunca rendirme, a afrontar los retos que la vida me ponga y siempre pensar positivo.

¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida?

Mi mayor atrevimiento es haber optado por la carrera de ser educador, ya que la formación de los jóvenes requiere de mucho cuidado.

¿Hay alguien en quien se haya inspirado en su profesión?

Mi inspiración, más que todo, fue porque siempre tuve el deseo de ayudar a mi comunidad. En aquel entonces en la educación deportiva, al ver a tantos jóvenes con deseos de superarse.

En el deporte, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro?

Ganar el segundo lugar en el deporte de pelota maya, en Guatemala.

¿Qué es lo más difícil del juego de pelota maya?

Acostumbrarse a la técnica del deporte y soportar el dolor que causa el impacto de la pelota con la que se juega, ya que tiene un peso de entre 6 a 7 libras.

¿Cuál es el reto más grande de rescatar el juego de pelota maya en El Salvador?

Masificarlo en todo el país y que sea parte del plan de estudio de todos los centros escolares.

Feminicidios: los crímenes que oculta el socialismo

Ilustraciones de CONNECTAS

La primera asesinada del año se llamaba Leydi Laura García Lugo y tenía 21 años. Pero es probable que no haya sido la primera. Tal vez por la conmoción que causó el hallazgo de su cadáver a un costado de la autopista nacional que conduce desde Santa Clara a Ranchuelo, y la inusitada confirmación del Ministerio del Interior, la suya sea la única cara visible del 2019, de varias mujeres que han muerto. Otras tantas fueron sepultadas por el silencio de la prensa oficial, que durante décadas ha tratado de fortalecer el postulado de que en Cuba no hay violencia de género y menos feminicidio. “Un efecto de la Revolución”, en palabras de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín. Hija de Raúl, sobrina de Fidel, quien habló para esta investigación realizada por Jorge Enrique Rodríguez para el Diario de Cuba y difundido por la plataforma periodística CONNECTAS.

Leydi Laura había hablado por teléfono con su madre la mañana del sábado 30 de marzo. Acababa de terminar la guardia en el Hospital ginecobstétrico Mariana Grajales del municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, como parte del servicio rotativo que debía cumplir en su cuarto año de Medicina. Le había anunciado que llegaría antes del medio día. Se encontraba sola, en la carretera, haciendo “botella” o como se conoce popularmente en la isla a la acción de pedir un aventón al primer vehículo que aparezca. Nunca llegó. Esa misma tarde, la familia denunció la desaparición y empezó una búsqueda desesperada por redes sociales que terminó trágicamente tres días después.

Eran las 11:00 del martes cuando el cuerpo de la joven fue hallado en medio de un cañaveral. Llevaba pantalones azules, de los que usan los médicos, calzado deportivo de igual color y una blusa manga corta blanca. “Tenía hematomas en la cara y abdomen”, según recoge el medio alternativo Tremenda Nota, así como “claras señales de violencia extrema”. Tanto que las autoridades no permitieron que su familia la vea y fue sepultada esa misma tarde en el cementerio local de Ranchuelo. Aunque se declaró que murió por estrangulamiento, nunca se esclareció si fue abusada sexualmente, y, como prácticamente todos los crímenes contra mujeres en Cuba, a falta de información los vecinos comenzaron a especular sobre las causas. Venganza familiar o feminicidio, se ubicaron como las principales motivaciones.

Ilustración de Connectas

El feminicidio es un término identificado por la ONU como el asesinato de una mujer por razón de su género que “ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado”. Un término del que se habla en voz baja en la isla y no es reconocido por la legislación cubana ni autoridades policiales ni tribunales, explica la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal CUBALEX. “La negativa a reconocer el feminicidio, en parte es ideológica, para llamarlo de alguna forma. El proceso revolucionario supuestamente tuvo en cuenta la progresividad de los derechos de la mujer y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reafirmó esa idea”, sostiene.

“La violencia de género, según el Estado cubano en sus informes presentados al Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un problema intrafamiliar, sabes… ‘entre marido y mujer, nadie se debe meter’, así la mate a palo, a puñalada o a machetazo”, indica Laritza Diversent. “La relación social entre el hombre y la mujer es de sentido de pertenencia y subordinación, una mujer puede ser atacada por su pareja por simples rumores de infidelidad o porque no quiere regresar a la relación”, añade la jurista y recalca: “La violencia intrafamiliar no es parte del derecho a la intimidad”.

Mientras que en la mayoría de países de la región las legislaciones avanzan en la protección de la mujer con acciones como la tipificación del feminicidio, en Cuba la tendencia es contraria, afirma esta investigación del Diario de Cuba y difundida por CONNECTAS. Poco cuenta la considerable presencia de mujeres a nivel estatal y político, que según cifras oficiales representan el 46 por ciento de la fuerza laboral del sector público-civil y el 65 por ciento de profesionales y técnicos del país. Mientras que en las últimas elecciones del Poder Popular se eligió a un 40 por ciento de delegadas y a un 30 por ciento de presidentas de asambleas municipales.

“El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia”, dicta el último inciso del artículo 45 de la nueva Constitución cubana, aprobada en referéndum el 26 de febrero pasado. Un precepto constitucional que ha levantado expectativas en la isla, en el debate sobre la violencia machista y el feminicidio que es un fenómeno tangible aunque no se lo llame por su nombre. Pero para la abogada Diversent, aquello es letra muerta si no trae como mínimo cambios al Código Penal y al Código de la Familia.

Tirado como si fuese un desecho, también fue encontrado el cuerpo de Yulismeidys Loyola Fernández cerca de Camino Jorobao, al oeste de la localidad de Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Tenía 16 años, era hija única y estaba por empezar el último año de bachillerato. La hallaron con los pantalones abajo y la blusa desgarrada. Transcurría la penúltima semana de agosto de 2018. La adolescente fue apuñalada salvajemente. Tenía una estocada en la pierna, dos en la espalda que le atravesaron los pulmones y estaba degollada. El culpable, según reveló la policía y reprodujeron los medios estatales, era uno de los jóvenes con los que había departido esa noche. El móvil, un intento de violación. Aunque familiares dudan de la versión oficial y piensan que el abuso sexual sí se perpetró.

En este caso también hubo alarma y desinformación entre los lugareños, hasta que las autoridades se pronunciaron al noveno día. Un hecho insólito en cuanto a asesinatos de mujeres en Cuba, que han sido sucedidos por un silencio ensordecedor durante los últimos años. Todos, a excepción de tres casos: el crimen de Leydi Laura, el de Yulismeidys y el de Leydi Maura Pacheco de 18 años, quien fue secuestrada, violada y asesinada a finales de septiembre de 2017 en la localidad de Junco Viejo, provincia de Cienfuegos.

Pero otros crímenes atroces como los de Daylin Navarro Causse, de 36 años, y su madre Tomasa, de 64, perpetrados también en Cienfuegos, en el municipio cabecera a mediados de mayo de 2017, no merecieron ninguna declaración oficial ni cobertura de los medios del Estado.

Ocultamiento de feminicidios, una política de Estado

Luis Mario, como se identifica este instructor de policía, asegura que acumula más de quince años de experiencia en procesos de investigación penal. Desde su apacible domicilio familiar de Ciego de Ávila dice sentirse más cómodo para hablar de un tema catalogado como confidencial. Confiesa que es la primera vez que accede a conversar con la prensa independiente. Acto seguido, advierte que esto podría costarle el cargo y acarrearle represalias.

Según el relato del policía, las investigaciones de crímenes de mujeres en Cuba nunca tienen un enfoque de género ni se realizan de forma cabal. “No existe un empeño real más allá de identificar al autor y establecer la existencia del delito y los elementos básicos que lleva un expediente penal”, sostiene y reconoce que existe una política de Estado que tiene a ocultar un fenómeno que ni al Ministerio del Interior ni al partido le interesa confrontar.

Esto lleva a que los procesos judiciales se sigan por homicidio, que según el Código Penal cubano contempla penas que van desde los siete a los quince años de privación de libertad. En lugar de que se sigan por asesinato, que se castiga con penas desde los quince a treinta años y amerita la incidencia de agravantes como la premeditación, el aumento del sufrimiento de la víctima, su imposibilidad de defenderse y su relación familiar o conyugal con el perpetrador. Agravantes que suelen ser comunes en los crímenes contra mujeres en la isla.

“Es válido señalar también que existe cierta impunidad que las leyes del país ofrecen a los hombres agresores de mujeres”, reflexiona Luis Mario. “Las condenas de cárcel no corresponden muchas veces con la naturaleza del delito, ya sea maltrato físico, mutilación o muerte. Por ejemplo, no existe ningún castigo contra los agresores que violan las órdenes de restricción o las actas de advertencia. En muchos casos de muertes de mujeres, su homicida incumplió las medidas impuestas por los Tribunales o cumple sentencias leves por lesiones o maltratos”, reconoce el instructor de policía.


*Este reportaje es realizado por Jorge Enrique Rodríguez para el Diario de Cuba y difundido gracias a un acuerdo de republicación de contenidos con CONNECTAS.

«Mi mayor logro es poder hacer lo que me apasiona: hacer arte»

¿Qué consejo se daría?

No rendirse a pesar de las adversidades.

¿Cuál es su idea sobre el éxito?

Lograr lo que uno se propone.

¿Cómo encara usted las cosas que le disgustan?

Como nuevos retos y una forma de ganar experiencia.

En su carrera como pintor, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro?

Mi mayor logro es poder hacer lo que me apasiona: hacer arte.

¿Sus poetas favoritos?

Roque Dalton y poetas de mi municipio, como Wilfredo Peña.

En sus pinturas, ¿cuál es su mayor extravagancia?

Siempre compartir mis mundos surrealistas que tengo en la mente.

¿Hay alguien en quien se haya inspirado en su carrera?

Hay muchos artistas que me inspiran y he querido seguir sus pasos, como Benjamín Cañas y Santiago Valladares. Aunque en mi inicio fue un poco extraño, porque no tenía referentes, solo tenía las ganas de aprender a dibujar. Son de esos sentimientos que te nacen y marcan tu vida.

«No hay felicidad sin tristeza»

​​​​​​​¿Cuál es su posesión más preciada?

Si es artesanía, mi primera muñeca; si se tratara de reliquias, un Santo Niño de 100 años que me dejó mi papá; si se tratara de mí, sería mi salud.

¿A qué persona viva admira?

Admiro mucho a mi mamá, a la inspiradora de todas mis muñecas, le admiro, respeto y amo. Es mi ejemplo de honestidad y junto a ella aprendimos a hacer muñecas cuando no había trabajo. Creamos un nuevo oficio, al menos para nosotros.

¿Cuál es su lema?

La cultura se pierde cuando te olvidas de ella.

¿Cuál es su idea sobre el éxito?

El éxito es lo que resulta de una buena idea que beneficia al medio ambiente y que no daña a nadie.

¿Cuáles son los defectos que le molestan de los demás?

Que sean deshumanos con los animales, los árboles y los adultos mayores. O que sean despectivos con personas humildes que buscan ganarse la vida modestamente.

¿Dónde y cuándo es feliz?

Soy feliz en mi casa, cuando trabajo ahí. Cuando estoy con mi familia, cuando estoy en mi trabajo, que me apasiona, creo que es el mejor trabajo que tengo. Soy feliz cuando estoy triste, porque no hay felicidad sin tristeza.

¿Quién le enseñó a elaborar muñecas de tusa?

La respuesta sería nadie.

«Me da miedo vivir sin dejar huella»

Si fuera a vivir su vida a tope ¿de qué sería lo primero de lo que tendría que deshacerse?

De los miedos. Son los que muchas veces nos limitan a vivir y ser felices.

¿Cuál es su miedo más grande?

Vivir sin dejar huella.

¿Cuál es su lema?

Todo tiene solución. Soy muy optimista y siempre trato de transmitirlo.

¿Cuál sería su empleo perfecto?

Mi actual empleo. Siempre me apasionó el mercadeo y la publicidad, por tal razón decidí iniciar con mi propia agencia.

En mercadeo y publicidad, ¿cuál es el problema más difícil de comunicación que ha tenido?

Cambiar lo que la gente está acostumbrada a hacer, es decir, sus hábitos.

En el mundo digital, ¿qué obstáculos ha encontrado?

El miedo de la gente a experimentar cosas nuevas. Todos queremos que el país evolucione, pero pocos estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos para lograr evolucionar e ir a la vanguardia.

¿Qué piensa de la tendencia de mercadeo que se basa en experiencias?

Me parece el mejor mercadeo para vender. Los consumidores ya no solo buscan productos o servicios, buscan experiencias que les hagan sentir emociones.

«Fui la única salvadoreña en ganar las medallas de oro en esgrima»

¿Cómo imaginó que iba a ser su vida?

Siempre imaginé que en mi vida lo que fuese que hiciera iba a tener que ver con el deporte, porque lo practico desde que tengo cinco años. Me cambió la vida, me abrió muchas puertas y pienso que lo va a seguir haciendo. Me gradué de Comunicación Social y quiero usar mi carrera para hacer periodismo deportivo.

¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida?

Practicar un deporte que no es popular y seguirlo practicando sabiendo que no es algo de lo que voy a vivir. Es un atrevimiento que me da gusto.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?

Ganar los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, una competencia que se realiza cada cuatro años. En esos mismos juegos, gané en sable y en florete por equipos. Fui la única salvadoreña en ganar las medallas de oro en esgrima.

¿Cuál es su idea sobre el éxito?

Es sentir la satisfacción de que uno ha dado todo lo que pudo dar, sin importar si se llega o no a la meta. Si arriesgué y no gané, al menos lo intenté.

¿Hay alguien en quien se haya inspirado para practicar deporte?

Los deportistas Rafael Nadal y María Sharapova.

¿Dónde y cuándo es feliz?

Cuando estoy en la pista de esgrima haciendo lo que más me gusta.

¿Qué significa para usted la muerte?

Un recordatorio de que debemos dar lo mejor de nosotros mientras vivamos. Debemos querer, cuidar y respetar a quienes viven la vida junto a nosotros.

“Todo llega cuando uno está abierto a nuevas posibilidades”

¿Cuál es su idea sobre el éxito?

Ser feliz, vivir en paz, criar un hijo como buen ser humano y nunca dejar de estudiar. También ser exitoso es incidir desde las aulas de la universidad.

¿Qué hace cuando tiene dificultades para resolver un problema?

Primero, diálogo. Segundo, entablo monólogos conmigo misma o con quien me quiera escuchar. Confieso que también lloro como niña desamparada.

¿Qué consejo se daría?

“Seguí adelante, no te rindás, falta todavía”. Todo llega cuando uno está abierto a nuevas posibilidades.

¿Cuál es el problema más difícil de comunicación que ha tenido?

Encontrar personas que no quieren aprender ni crecer, que no tienen aspiraciones y que no hacen nada por cambiar su entorno.

¿Qué hace para que su clase no sea aburrida?

Contar historias a los estudiantes. Muchos procesos de comunicación pasan por la empatía que uno tiene con ellos. Les evoco memes y uso expresiones que veo en redes sociales.

¿Hay alguien en quien se haya inspirado en su profesión?

En Francisco Andrés Escobar. Me decía que nunca renunciara a la docencia, a “dar terapia de choque a las mentes de los estudiantes para que salieran de su comodidad”.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?

Encontrarme en esta carrera. Yo no trabajé en medios de comunicación ni en instituciones. Desde que salí de la universidad me reclutaron y formaron para ser docente en investigación.

Turismo en la Isla del Coco busca balance entre la conservación y la exclusividad

Turismo en la Isla del Coco

Su lejanía con respecto a importantes centros de población y la protección que recibe han permitido a la isla del Coco mantenerse en una condición prístina, al conservar sus recursos marinos tan parecidos a lo que eran originalmente.

Lo anterior convierte a este sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, en una especie de máquina del tiempo que permite observar cómo lucían los océanos antes de que el ser humano dejara su huella.

Esto se refleja en sus cristalinas aguas, abundantes arrecifes de corales y rica diversidad de fauna marina, la cual atrae tanto a investigadores como a turistas.

Cada año el Parque Nacional Isla del Coco es visitado en promedio por unas 3,500 personas, de las cuales solo alrededor de 140 son costarricenses.

“El detonante para motivar a los visitantes a venir a Isla del Coco es el atractivo marino, porque es muy exclusivo, que no se encuentra en otras partes del mundo”, indicó Roberto Cubero, jefe del programa de turismo sostenible.

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REMOTO Y PARADISÍACO DESTINO
Separada por 532 kilómetros y las vastas aguas del océano Pacífico, se encuentra la Isla del Coco, el distrito número 10 del cantón central de Puntarenas.

Las islas oceánicas más cercanas son las de los archipiélagos de Malpelo (Colombia), a 630 kilómetros, Galápagos (Ecuador), a 673 kilómetros, y Clipperton (Francia), a 2,375 kilómetros. Mientras que la isla continental Coiba (Panamá) se encuentra a 632 kilómetros de distancia.

El trayecto en barco desde Puntarenas hasta la remota isla costarricense dura unas 36 horas en promedio y requiere una inversión que supera los $4,000 (unos ¢2,450.000).

Principalmente esta isla es visitada por buceadores, muchos de ellos profesionales.

“El acceso al turismo a la Isla del Coco no es para nada económico, son turistas con un nivel adquisitivo bastante alto”.

“Generalmente, ese es un tipo de turismo muy especializado, donde hay personas que pagan esas cantidades de dinero por ver los atractivos naturales, tan conservados que nosotros tenemos”, aseveró el guardaparques.

“El programa de turismo sostenible evalúa las propuestas de ingreso de esas embarcaciones y acomoda el calendario a conveniencia, porque si ingresan dos embarcaciones al mismo tiempo, la capacidad de los sitios de buceo se ve muy limitada”, Roberto Cubero, jefe del programa de turismo sostenible.

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TURISMO SOSTENIBLE
El objetivo principal del parque nacional es la conservación de los recursos naturales, después está la investigación y de último el turismo, según explicó el funcionario.

De ahí que el programa que él dirige trata de minimizar al máximo los impactos ocasionados por la actividad turística, para que los recursos y el atractivo de este sitio se mantengan por muchos años, para el disfrute de generaciones futuras.

Por ejemplo, menos del 2 % del parque está habilitado para el uso público y si bien cuenta con 19 sitios de buceo, no todos están abiertos a lo largo del año.

“Las condiciones ambientales hacen que los sitios localizados en el sur de la isla sean un poco difíciles de bucear en algunos meses”, señaló Cubero.

Hay dos empresas regulares que brindan el servicio de visitación a este paraíso tico, cada una con cuatro embarcaciones: la franquicia Agressor y Undersea Hunter Group. Ellas hacen una solicitud de los viajes que quieren hacer anualmente, con dos años de anticipación.

“El programa de turismo sostenible evalúa las propuestas de ingreso de esas embarcaciones y acomoda el calendario a conveniencia, porque si ingresan dos embarcaciones al mismo tiempo, la capacidad de los sitios de buceo se ve muy limitada”, dijo el funcionario.

En la isla. Menos del 2 % del parque está habilitado para el público. Hay 19 sitios de buceo en el año, pero no todos están abiertos..

Lo anterior responde a que el buceo en el parque nacional se realiza de manera progresiva; el primer día se hace lo más sencillo, el segundo día se vuelve más complejo, el tercer día requiere un nivel más técnico y el cuarto día es el más difícil (en el lado sur de la isla).

Después de eso se repiten los sitios más emblemáticos del parque.

La asignación de sitios de buceo se comenzó a implementar en 2013, antes de eso las embarcaciones escogían el lugar y el horario.

De acuerdo con el funcionario, esto provocaba que en ocasiones hasta tres embarcaciones estuvieran en el mismo sitio y con sus buzos en el agua al mismo tiempo, lo que provocaba una reducción en la población de peces del arrecife y otras secuelas ecológicas.

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EXCLUSIVIDAD
“Evitamos que dos embarcaciones lleguen el mismo día, porque para nosotros la exclusividad es muy importante para nuestros visitantes”, aseguró el jefe del programa de turismo sostenible.

Las autoridades del parque nacional son las que le dicen a los operadores los sitios para bucear durante su viaje, cuya estancia generalmente es de siete días, y al mismo tiempo les indican los sitios de buceo que las otras embarcaciones tienen asignadas.

“Cuando una embarcación se dirige a un sitio de buceo, (tiene la certeza de que este lugar) va a estar disponible solamente para ese grupo”, dijo.

Si bien el reglamento del parque nacional permite la presencia de 60 buzos por día, se evita que esto ocurra, ya que provocaría un colapso en los sitios de buceo, a los cuales se les da descanso de entre 60 minutos y una hora y media entre inmersiones.

Los mejores sitios para practicar buceo, los más famosos, los de mejor calidad, se reservan para las embarcaciones que hacen previamente la solicitud; sin embargo, no todas las visitas son realizadas por operadores regulares.

“Muchas veces tenemos yates o veleros que vienen a hacer turismo también, con zarpe desde Costa Rica y sacando todos los permisos respectivos, para ellos también tenemos sitios de buceos de buena calidad para asignarles”, explicó.

De igual manera, el parque conserva algunos sitios libres para quienes no hacen reserva y si la capacidad lo permite, no sobrepasa 60 buceadores por día, se les puede asignar sitios de buceo.

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BUCEO FISCALIZADO
A partir de 2014, el programa retomó un plan de fiscalización de buceo que se había realizado entre 2011 y 2012, solo que ahora también se toman datos de la actividad, con el fin de comparar la información que se recolecta en Galápagos, Malpelo y Gorgona (Colombia).

El proyecto contempla 12 indicadores, pero actualmente solo se trabajan tres por falta de personal:

  1. Impactos visuales: se toman datos sobre corales blanqueados, enfermedades en los corales, blanqueamientos o manchas, cuando aparece basura o artes de pesca.
  2. Abundancia relativa de especies focales: se cuenta con una lista de 20 especies donde se apunta la cantidad para determinar la frecuencia de avistamientos.
  3. Reacciones de las especies focales al comportamiento del turista: cuando el animal se alerta, evade o persigue al buceador, es una reacción negativa. Si no le importa o se acerca, es una reacción neutra, estas últimas son las que se busca promover.

El programa de turismo sostenible enfrenta muchísimos restos, según Cubero, pero el principal es que se le pueda brindar el personal necesario “en cantidad, calidad y capacidad” para realizar su trabajo como se requiere.

Actualmente solo dos personas laboran en este programa, número insuficiente si se considera que deben cumplir con otras responsabilidades del parque y se dividen los roles de trabajo: 30 días en la isla y 20 en suelo continental.

Cubero considera necesario aumentar a un mínimo de seis funcionarios el personal designado al programa.

Largo viaje. La Isla del Coco queda a 36 horas de Puntarenas. El viaje en barco supera los $4,000.

“Soy dichoso en tener algo que decir, algo de qué hablar”

¿Por qué actúa?

Soy dichoso en tener algo que decir, algo de qué hablar, algo que compartir, ¡y qué mejor manera que hacerlo jugando a ser actor!

¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

No estar solo, pero estar acompañado de las personas indicadas.

¿Cuál es su miedo más grande?

Las pandillas y maras, vivo con un pavor constante de que ellos puedan hacerme daño a mi familia o a mí.

¿Qué es de lo que más se arrepiente?

De no haber tenido el valor de decirle a mi mamá que quería ser bailarín cuando estaba pequeño.

Si fuera a vivir su vida a tope, ¿de qué sería lo primero de lo que tendría que deshacerse?

De mis inseguridades y miedos, creo que es lo que me podría atar para no vivir una vida a tope.

¿Qué significa para usted la muerte?

Libertad.

¿Qué no perdonaría?

La mediocridad, y menos normalizarla y vivir con ella.