Migrante en medio de una pandemia

Fotografía de Julio Umaña

Andrea, de 13 años, fue víctima de una amenaza de violación y de acoso reiterado. El agresor vive en el mismo cantón que ella, es su familiar, y aprovechaba cada encuentro con la menor para dejarle claras sus intenciones. Por eso, Mirian, madre de la niña, decidió que lo mejor era migrar. Lo hicieron en medio de lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe como la «crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial». Es decir, la pandemia por covid-19.

A Mirian se le nota en la voz la fortaleza del carácter. Y también en algunos de los gestos de su rostro. Habla con la seguridad y la convicción que la llevaron a tomar la decisión de irse cuando vio que la integridad de su hija corría peligro. Emprendieron el viaje para evitar que Andrea formara parte de las 4 mujeres que, en el primer semestre de 2020, buscaron consulta médica cada día a causa de la violencia sexual. Así lo registra el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa: «8 de cada 10 atendidas fueron niñas y adolescentes menores de 18 años».

Esas cifras muestran que las agresiones contra las mujeres en el país no han parado durante la pandemia. Por eso, aunque el grueso de la migración se ha refrenado (entre un 80 y 90%), según Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Guatemala y Honduras, hay un porcentaje de personas que sigue migrando, huyendo de ese mal que caracteriza a la región: la violencia.

Andrea y Miriam partieron una mañana de julio. Para el camino solo se llevaron una mochila pequeña con tres mudadas de ropa, mascarillas y alcohol gel. Porque, aunque Mirian asegura que la Covid-19 era la última de sus preocupaciones, no dejó de tomar las medidas de higiene recomendadas para evitar el contagio. Ese día, junto a ellas viajaron otras cinco mujeres que, empujadas por múltiples necesidades, también decidieron abandonar El Salvador.

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NO HAY CIERRE QUE DETENGA LA MIGRACIÓN

Karla Castillo, experta en migración forzada, dice que se tiene la idea errónea de que frenar la migración depende únicamente de cerrar fronteras. «Y eso fue lo que hizo la pandemia: cerrarlas. Entonces, todos piensan que la gente automáticamente va a dejar de migrar, pero mientas no se mejoren las condiciones que empujan a los salvadoreños a salir del país, la situación no va a cambiar», explica. Castillo, quien ha colaborado con Ángeles de la Frontera, agrega que: «Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir».

Durante todo el proceso de pandemia, se ha experimentado una migración a cuenta gotas, contrario a la que sucedió en los primeros meses del año, cuando los migrantes todavía salían en caravanas, explica el padre Mauro Verzeletti, director de La Casa del Migrante. Además, comenta que, en lo que va del año, La Casa ha acogido a 4,570 personas, frente a las 10 mil que se atendieron el año anterior. «La migración, a pesar de las restricciones, no paró, solo se comportó de una manera distinta», dice.

Mirian cuenta su historia mientras se mece en una hamaca. Ahí, entre el calor sofocante propio de la zona del país en la que vive, el polvo que cubre el patio y los cerdos y las gallinas que, de vez en cuando se atraviesan, narra que, para su sorpresa, el camino no fue tan complicado como le habían contado. El coyote, a quien pagó $19 mil por el viaje, las llevó desde El Salvador hasta la frontera de Guatemala con México. Ahí, las recibió otro coyote para ayudarlas a pasar en una lancha. Ya en tierras mexicanas, las llevaron a un hotel. Su estadía en ese lugar fue breve, pues, según ella, ahí corrían más riesgo de contraer el virus. Por eso, a la mañana siguiente, las trasladaron a un rancho en el que pasaron 17 días.

«Yo estoy admirada, porque no fue nada difícil. Nadie nos detuvo en el camino. Nosotros pasamos rodeando, pero eso no nos constó. A mí hasta me habían dicho que ahí uno terminaba violada, secuestrada o muerta, pero nosotras venimos alentadas», explica Mirian. Aunque, por lo general, esa no es la historia que una mujer migrante suele contar.

Rinna Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, dice que, en una serie de entrevistas realizadas durante estos meses, han identificado que algunas personas que fueron deportadas en marzo, para los meses de junio y agosto, ya estaban de nuevo en Estados Unidos. «Ellos dicen que en esta última migración no tuvieron tantos obstáculos en la ruta. Eso, en parte, se debe a que estábamos en lo peor del brote. Había muchas autoridades, que no contaban con medidas de bioseguridad, que tenían miedo de los migrantes«.

Montti agrega que la razón de esto fue que Honduras era uno de los países con mayor número de personas contagiadas. «Entonces, pensaban que todos eran hondureños. Los evitaban. Este hecho, hasta lo que nosotros hemos podido constatar, fue algo que promovió luego más migraciones, porque la gente consideraba que era más fácil subir. Y, en efecto, algunos lo lograron», explica.

Huir. El viaje se planeó con prisa. Huir del país, lo más pronto posible, fue la solución que Mirian encontró para proteger a su hija.

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TRATO INHUMANO PARA FRENAR Y CASTIGAR LA MIGRACIÓN

Mirian y su hija lograron a pasar a Estados Unidos, pero las autoridades detuvieron el tráiler en el que iban y las regresaron a México. Pasaron la frontera de nuevo, a los cuatro días del primer intento, y tampoco tuvieron éxito. Una de las migrantes que encontraron en el camino les comentó que era imposible que las dejaran quedarse, no importaba que fuera acompañada de una menor. Siempre iban a deportarlas. Esa fue una de las razones que la motivó a regresarse a El Salvador.

Castillo comenta que las medidas para detener la migración se han endurecido. Estados Unidos implementó una política de deportación inmediata, excusándose en que era con la intención de proteger a sus ciudadanos del virus. La medida aplica, incluso, para las personas que solicitan asilo.

Además, agrega, las condiciones en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención son inhumanas. Tienen acceso mínimo a implementos de higiene como jabón o alcohol gel. Y, cuando piden más, les dicen que los tienen que comprar. Pero, para los migrantes que van sin dinero, esa no es una opción.

«En las celdas tampoco hay posibilidad de distanciamiento. Y, en algunos centros de detención, los guardias les dicen que no van a tener acceso a médicos, a no ser que se trate de una situación de vida o muerte. Eso ha llevado a que este sea uno de los años con más mortalidad dentro de estos lugares», dice Castillo.

Mientras estaban en México, Mirian recibió una llamada en la que le informaron que su esposo estaba muy mal de salud. Llevaba ocho días con una fiebre que no cedía. Escuchar esa noticia apresuró su regreso al país. «Yo tenía otro viaje para hoy en noviembre, pero él (su pareja) me pidió que ya no me fuera, porque no vaya a ser que, si me voy de nuevo, lo encuentre muerto», dice.

Mirian y Andrea están de nuevo en El Salvador, aunque la amenaza que las hizo migrar sigue presente. Ambas tienen miedo de la situación, pero han decidido, al no tener más opción, confiar en las autoridades.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

“Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia”.

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INTENTAR SOBREVIVIR EN UN PAÍS DESCONOCIDO

Ana se fue de El Salvador junto a su hija y su nieta porque las estaban extorsionando. Tenían una pequeña venta de ropa y zapatos, con la que lograban vivir dignamente. Pero los pandilleros de la zona comenzaron a pedirles renta, más de la que podían pagar. Y, cuando ya no alcanzaron a cubrir la cuota que les exigían, las amenazaron de muerte. Por eso, en julio del año pasado, sin tener un plan claro, emprendieron un viaje para alejarse, tanto como les fuera posible, de este país.

La razón por la que Ana y su familia huyeron sigue latente. A pesar de que el gobierno afirma tener control sobre las pandillas, el Informe de Labores de la Fiscalía General de la República sigue catalogando la extorsión como uno de los delitos de mayor impacto social en El Salvador. Entre junio de 2019 y junio del 2020, la institución recibió 2,356 casos de extorsión. Sin embargo, hay historias como la de Ana que nunca llegan a oídos de las autoridades.

«Nosotras no tenemos a nadie en Estados Unidos, lo que queríamos era salir de El Salvador y después íbamos a ver cómo hacíamos. Llegamos a Tapachula y ahí me dieron un trabajito de costurera. Así ya lográbamos sacar para la comida y alquilar un lugar para vivir. Después, nos vinimos para Monterrey, porque lo que ganábamos en Tapachula ya no nos alcanzaba para todos los gastos. Pero, la pandemia nos vino a afectar bastante», cuenta Ana.

Con la llegada de la Covid-19, la situación de Ana y su familia cambió de manera drástica. Ella y su hija perdieron los empleos. Ahora, comen cuando se puede, pues pasan días enteros sin tener ingresos. Tampoco les alcanza para pagar el cuarto en el que viven, pero la dueña de la casa les ha tenido paciencia. Los trámites para conseguir los documentos que necesitan para trabajar se retrasaron mucho por el cierre de las oficinas administrativas. Ellas están a la espera de que la situación se normalice para seguir con el proceso.

«Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia», dice.

Los derechos de los migrantes siempre han sido violentados, pero la pandemia los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad, explica Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. «Esto se hace bajo el entendimiento de los gobiernos de que no son ciudadanos o ciudadanas de ese país, y como van en tránsito, no hay protección a ese nivel en las rutas migratorias», explica.

Además, dice Castillo, especialista en migración forzada, también ha aumentado la estigmatización hacia la población migrante. «Cuando va en el camino, la persona se encuentra en desarraigo porque no está en su comunidad, no está en su país. Está en un lugar donde, por la naturaleza de la pandemia, lo ven como el riesgo, el que va a venir a contagiar y, por lo tanto, al que se debe evitar. Al migrante se le cierra la puerta», explica.

Fronteras. Ahora que ya se comienzan a relajar las medidas en las fronteras, dice Verzeletti, el flujo migratorio va a incrementar.

Comenta también que el riesgo de contagio llevó a muchos albergues a no continuar recibiendo migrantes durante estos meses. Situación que los dejó en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad. Porque, si antes podían depender de un albergue para pasar una o varias noches en tránsito, durante la pandemia, les tocó dormir en la calle.

A esta situación se enfrentó el Albergue Belén, en Tapachula, México. Miguel Guerrero, psicólogo del lugar, comenta que se vieron obligados a cerrar desde el 18 de marzo, cuando la pandemia comenzó a golpear con más fuerza a la ciudad. Lo hicieron para proteger a los migrantes que, en ese momento, estaban viviendo en el lugar. El personal administrativo y de cuidados también tomó la decisión de dejar el albergue, pues eran quienes entraban y salían a diario y, por tanto, los potenciales portadores del virus.

«Nos incorporamos a trabajar el día 20 de julio, que fue cuando ya empezamos a implementar las medidas necesarias de higiene y seguridad. Mientras estuvimos trabajando desde casa, mis compañeros y yo pasamos la enfermedad del Covid. Fueron días difíciles, pero logramos superarla. El aislamiento nos ayudó a evitar contagios dentro del albergue. Aquí solo tuvimos a una persona con síntomas, de 380, pero no se confirmó. Todavía hay un poco de tensión y miedo, pero ya estamos recibiendo a los hermanos migrantes de nuevo», comenta Guerrero.

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MIGRANTES ABANDONADOS

«Nadie se ha acercado a apoyarnos», dice Ana cuando se le pregunta si han recibido algún tipo de ayuda durante esta crisis. Lo dice con tristeza y en la voz se le nota la poca esperanza que le queda. Habla suave y resignada.

«Lo que nosotros hemos constatado es que, si no es por la asistencia de albergues u organizaciones de sociedad civil, al menos a nivel estatal, podríamos decir que los migrantes están totalmente abandonados. Cancillería debió buscar protegerlos, pero todo indica que no lo hizo», dice Montti, de Cristosal.

En eso coincide Interiano, pues explica que desde Cancillería y el gobierno central, no existe una mirada de protección para los migrantes en medio de esta crisis. «Del ejecutivo en sí no hemos escuchado ninguna medida concreta a favor de los migrantes. Se ha hablado de acuerdos migratorios con Estados Unidos y México, pero no están encaminados a proteger a los migrantes, sino a fracasar, porque se realizan bajo la mesa, y van en torno a los temas de seguridad y militarización», concluye.

Interiano también afirma que, si bien los gobiernos anteriores prestaron muy poca atención al tema de los migrantes en tránsito y a los salvadoreños que viven en otros países, sí se vieron algunos avances. Pero, con el gobierno actual, el desinterés ha sido muy marcado. Eso se puede ver, por ejemplo, en la opacidad y excesiva discrecionalidad en el manejo de la información referente a la migración durante la pandemia.

Para el cierre de este reportaje, no se obtuvo respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la solicitud de una entrevista sobre este tema.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

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SER MIGRANTE Y CONTAGIARSE DE COVID-19

Ana tiene 65 años, tuvo todos los síntomas que, según ha escuchado, corresponden a la Covid-19: fiebre, dolor de cuerpo, diarrea, vómito, escalofríos y mucha tos. Sintió, durante 15 días, que se moría. No buscó ayuda médica porque, explica ella «en Monterrey se rumora que si los migrantes, adultos mayores, van a pasar consulta por síntomas de Covid-19, les ponen una inyección para matarlos». Y, aunque reconoce que la información no le consta, lo que escuchó le bastó para llegar a la conclusión de que prefiere morir en la que por ahora es su casa y no en un hospital que está lejos de su país.

«Es un rumor. Se escucha en los buses y en la calle. Yo no sé si es cierto, pero mejor no fui», dice.

El padre Verzeletti cuenta que se han encontrado con testimonios de migrantes que, durante esta emergencia, han suplicado por atención médica y no se les ha brindado. Algo similar comenta Montti, de Critosal, en el caso de tres migrantes hondureños que pedían que los deportaran, porque, se presume, estaban enfermos de Covid-19, y se sentían tan mal, que lo único que querían era volver a su hogar.

«Si no es por la Pastoral de Movilidad Humana, que apoyó en ese momento, no se hace nada por esas personas. Cancillería no se activó absolutamente para nada. Estos son casos de Honduras, pero no me extrañaría que pase también en El Salvador», comenta Montti.

Como Ana, dice Montti, hay muchos migrantes que, por miedo a ser deportados, están viviendo la enfermedad en silencio y soledad. Además, hay otros que también la viven de manera totalmente clandestina, lo que aumenta la posibilidad de que puedan incrementarse las muertes y, por tanto, el número de desaparecidos.

Según el monitoreo de La Casa del Migrante y otras organizaciones de sociedad civil, en lo que va de la pandemia, se han registrado, al menos, 200 migrantes desaparecidos en la ruta migratoria en la región de C.A, frontera México y Estados Unidos.

Este ha sido un año difícil para Ana y su familia. A sus dificultades económicas y de salud se ha sumado la de la delincuencia, misma razón que las hizo abandonar El Salvador. Un pandillero, asegura Ana, recientemente, se acercó a su casa para amenazarlas de muerte. Ella no sabe el porqué del ultimátum. Lo único que sabe es que deben moverse de Monterrey antes de que ese hombre cumpla con su palabra.

«En este momento no tenemos dinero para irnos. Tampoco sabemos cómo hacer para pasar a Estados Unidos. Menos podemos volver a El Salvador. Solo nos queda confiar en que esto mejore para poder movernos de aquí, porque ahorita no podemos hacer nada más», dice Ana.

Fotografía de Julio Umaña

¿Cómo cuidar la salud mental de los niños en medio de la pandemia?

Fotoarte LPG

Caleb tiene seis años. Es alegre, servicial y tiene la voz dulce igual que el carácter. Cuenta que antes le gustaba estudiar. Lo que más le agradaba de ir al kínder era jugar con sus amigos, a quienes ya no ha visto desde que suspendieron las clases presenciales. Tampoco se han comunicado por ningún medio. Los extraña y le hace falta compartir tiempo con ellos. Estar en casa todo el día lo hace sentir mal, aburrido y triste. Esto, en gran medida, se debe a la cantidad de tareas que le dejan, a las que, a veces, dedica hasta seis horas al día. Caleb, que este año cursa preparatoria, se pone a llorar porque, para él, la carga es desesperante.

El 11 de marzo, con una declaratoria de cuarentena nacional, fueron suspendidas las clases presenciales en todos los niveles de instituciones educativas públicas y privadas. A partir entonces, los niños, acostumbrados a asistir a los centros educativos y a convivir con sus compañeros, dejaron de hacerlo y comenzaron el esfuerzo por integrarse a la modalidad educativa que sus recursos les permitieran. La ruptura en sus rutinas y la carga de todo lo que implica la pandemia han tenido un impacto psicosocial y de salud mental significativo en sus vidas, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Frente a esto, profesionales de la salud mental y ONG han incrementado los esfuerzos por llevar apoyo psicológico y emocional a la niñez salvadoreña. «Se está brindando atención, solo que ahora es en la modalidad virtual, a través de videollamadas o llamadas tradicionales. De manera que los niños, niñas y adolescentes tengan siempre este espacio para ser escuchados, orientados y para que puedan expresar sus emociones y preocupaciones», explica Yesenia Segovia, asesora nacional de protección de la niñez de Plan Internacional,

Esta, sin embargo, no ha sido una tarea fácil. María José Figueroa, coordinadora de la Clínica psicológica de Fundasil, dice que brindar atención psicológica a los niños es complejo, pues es difícil que ellos busquen apoyo por sus propios medios, y si lo hacen, el psicólogo solo los puede atender si tienen una autorización de sus encargados o cuidadores. Entonces, lo que suelen hacer es orientar a los padres para que sepan abordar a sus hijos.

Figueroa dice, además, que, con la virtualidad, la situación se complica más. Porque parte de la atención psicológica es tener control del ambiente. Y, en ese sentido, eso se vuelve difícil para el psicólogo que lo está atendiendo, pues solo puede tener acceso a una parte de la pantalla, mientras que lo demás escapa de su control. «Por eso intentamos ayudar más a los adultos, para que ellos desde un abordaje cálido, respetando sus derechos, puedan hacer más por sus hijos o por los niños que están a su cargo», explica

Yanci Valladares es madre de dos niños y una niña: Caleb, de seis, Nehemías, de 8 y Saraí, de 13. Para ella, estos han sido días difíciles, llenos de estrés y preocupaciones. Debido a la cuarentena, suspendieron su trabajo en una empresa que vende productos por catálogo. Las primeras semanas, logró sacar adelante los gastos del hogar con unos ahorros que tenía. Cuando ese dinero se acabó, comenzó a hacer comida para vender entre sus vecinos.

Desde que comenzó la pandemia, Yanci ha notado cambios en el estado de ánimo de los niños. «Ellos reaccionan distinto porque son bien diferentes. La niña, que antes era muy activa, ahora pasa mucho tiempo acostada. No se duerme, solo está ahí. El segundo niño se me pone más agresivo, por ratitos, cuando está estresado. Yo le digo «cálmese, hijo, tranquilo. Juegue, coloree, cante», pero él dice que no, que está aburrido. Al pequeño le agarra de llorar, se ha vuelto más sensible, se pone a llorar cada vez que le digo que no haga algo. Eso a uno lo desespera también», comenta.

Figueroa añade que, en el caso de los niños, ha sido frecuente ver dificultades en la conducta relacionadas con el encierro. «Se debe partir de que hay una multidimensionalidad de realidades dentro del marco de estar confinados. Hay niños que están viviendo en cuartitos chiquititos y hay otros que están viviendo en casas con jardín. Las reacciones serán distintas tomando en cuenta estas realidades en las que los niños y niñas están», explica.

La psicóloga dice que otro elemento a tomar en cuenta es que ha aumentado la cantidad de trabajo que tienen los padres, por lo que hay menos tiempo para los hijos. Entonces, hay una exigencia emocional que no está siendo suplida porque los cuidadores están ocupados en sus labores. «Esta desvinculación que se está dando es algo que tiene repercusiones en la conducta de los niños», dice Figueroa.

Yanci ha visto el impacto que ha tenido la pandemia en la vida de sus hijos. Pues, aunque no comprenden con exactitud lo que está sucediendo, se preocupan por lo que ven en la televisión, y le preguntan que «por qué ha venido un virus tan malo a matar a tantas personas inocentes». Eso los tiene alterados.

Edith Lue es psicóloga escolar. Trabaja con centros educativos del departamento de La Libertad. Ella explica que desde que comenzó la crisis por la Covid-19 ha atendido casos de niños que se han vuelto más inquietos, han mostrado cambios en su conducta y que ya no quieren estudiar.

Lue ha buscado formas para no dejar de brindar sus servicios como psicóloga escolar. Se reúne por WhatsApp, o por otras plataformas, con los estudiantes. Esto depende de los recursos con los que ellos cuenten. Puede ser que se comunique con sus padres por mensajes o, si los niños tienen acceso a una computadora e internet, lo haga a través de una videollamada. Sin embargo, por el tiempo que le demanda preparar las sesiones, su capacidad de atención ha disminuido. «Antes, atendíamos a dos niños al día, ahora atendemos solo a uno. Preparamos los materiales por la mañana y atendemos al niño por la tarde, porque mucho de nuestro material ha quedado en las escuelas», comenta.

Lazos. Los hijos de Yanci soy muy apegados a sus abuelos. Desde que no los pueden ver, han hecho un conteo de los días que llevan alejados.

En la escuela donde estudian los dos hijos mayores de Yanci, Nehemías y Saraí, hay un psicólogo que imparte charlas a través de Facebook Live para enseñar a los niños a organizar su tiempo, de manera que puedan adaptarse mejor a los cambios que han tenido. También ha sugerido hacer manualidades que les ayuden a distraerse y a sobrellevar la situación. Él ha dado su número telefónico a los padres por si los niños necesitan apoyo psicológico y emocional, pero Yanci no le ha llamado «todavía».

No todos los menores en edad escolar tienen acceso a atención psicológica en sus centros educativos. En 2018, según estadísticas del Observatorio del Ministerio de Educación (Mined), de los 589 centros escolares (C.E) ubicados en el departamento de San Salvador, solo 109 ofrecieron consulta psicológica a sus estudiantes, es decir, el 18 %. En el segundo departamento más poblado del país, La Libertad, 47 de 439 C.E realizaron este tipo de consultas, lo que corresponde a un 10.71%. En Santa Ana, el tercer departamento con más población, de 450 C.E, solo 47 brindaron este servicio de salud mental, que es igual al 10.24% de los C.E.

«Las psicólogas educativas no hemos abandonado a los estudiantes, y mucho menos el resto de organizaciones que también trabajan con ellos. Muchas escuelas no tienen psicólogas, pero hay otras instituciones que apoyan a los niños, como Save the Children o Plan Internacional, que sí están dando asistencia desde las casas. No se logra abarcar al 100 %, pero sí se les está dando atención», concluye Lue.

Caleb ha buscado nuevas maneras para soportar el aburrimiento. Al principio, usaba la bicicleta en el patio de su casa, pero, hace poco, se le dañó y ya no ha podido jugar con ella. También hace, junto a sus hermanos, casas, comida o pistas de carreras con trocitos de madera y piedritas que encuentra en su hogar. Lo primero que quiere hacer, cuando se acabe la pandemia, es ir a ver a sus abuelitos, que, en videollamadas, le dicen que esta situación pronto va a pasar y le recomiendan cuidarse mucho.

 

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DETECTANDO SEÑALES DE ALARMA

Lucia Romero, psicóloga y catedrática, dice que la salud mental para la niñez en El Salvador es un terreno abandonado, que poco a poco va sumando aliados que tienen como horizonte común la lucha por el derecho a una vida en bienestar. Desde la puesta en marcha de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), se dibuja sobre el mapa una ruta para trabajar por los derechos de la niñez salvadoreña.

Una de las principales labores de estos aliados es identificar señales de alarma en relación a abusos contra menores. En ese sentido, Save the Children realizó un diagnóstico de necesidades, en el que detectó que los niveles de estrés durante las primeras dos semanas de la pandemia aumentaron en el 75% de los hogares consultados. Y, ante esas afectaciones, no se vislumbraban en el territorio programas de atención para apoyar a la población, explica la directora de operaciones de programas y punto focal de dicha organización, Ludin Chávez.

Chávez también dice que, comúnmente, los altos niveles de estrés en las personas se deben a incertidumbres aumentadas con ira, frustración y miedos que suelen traducirse en expresiones de violencia que pueden ir creciendo en intensidad y en frecuencia. Este tipo de emociones se dirigen a las personas que, dentro del hogar, pueden tener mayor vulnerabilidad, como los niños, adolescentes y mujeres.

Según Romero, la detección de este tipo de situaciones y otros esfuerzos que realizan las ONG son un alivio en el terreno de las comunidades, pues se apuesta por la prevención desde la educación en disciplina positiva, el fortalecimiento familiar y el mejoramiento de las condiciones y recursos de las familias.

Alexandra tiene nueve años. Le gusta leer y admirar la naturaleza. Lo que más extraña de la vida sin pandemia es ver a sus amigos y visitar a sus maestras. Cuando le dijeron que ya no iba a poder salir, se sintió angustiada. Estar encerrada en el mismo lugar todo el día, todos los días, le genera estrés. Al principio, lloraba mucho. Lloraba de repente. Ahora, cuenta, ha intentado verle el lado positivo a la situación, como que puede pasar más tiempo con sus cinco mascotas: un pollo, tres patos y un conejo negro.

Por ahora, vive en el kínder donde su mamá trabajaba haciéndoles la comida a los niños. Desde que suspendieron las clases, ella ya no pudo trabajar. Alexandra se preocupa porque la ve triste. Dice que la encuentra callada y seria. Le causa angustia porque está acostumbrada a verla sonriendo y hablando. Intenta entender qué siente para ver cómo puede ayudarla. A sus nueve años, ya carga con el estrés que le ha generado la pandemia y con la responsabilidad de consolar a su madre. En su escuela no hay psicólogo. Tampoco conoce a uno que pueda acompañarla, apoyarla o escucharla durante el encierro.

Caleb ha buscado nuevas maneras para soportar el aburrimiento. Al principio, usaba la bicicleta en el patio de su casa, pero, hace poco, se le dañó y ya no ha podido jugar con ella. También hace, junto a sus hermanos, casas, comida o pistas de carreras con trocitos de madera y piedritas que encuentra en su hogar. Lo primero que quiere hacer, cuando se acabe la pandemia, es ir a ver a sus abuelitos, que, en videollamadas, le dicen que esta situación pronto va a pasar.

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NIÑEZ MÁS VULNERABLE

La Dirección de Análisis y Técnicas de investigación e Información de la Fiscalía General de la República (FGR) muestra que, del 1 de enero al 31 de julio de 2020, se identificó a 1,224 menores víctimas de violencia. Además, según los prontuarios estadísticos del ISNA, en el primer y segundo trimestre del año 2020 se han atendido un total de 2,456 casos por vulneración de derechos.

Esa es una cifra alarmante en comparación con las 2,009 atenciones que se dieron en los doce meses del año anterior. «Es un hecho histórico, sabiendo que nuestra niñez se encuentra en cuarentena, con las personas que «deberían» brindarles espacios seguros, sanos y de protección», explica Romero.

Para Figueroa, de Fundasil, el confinamiento ha expuesto a la niñez a sus agresores y le ha quitado todo el sistema de apoyo externo con el que antes contaba. «Los niños han dejado de tener la ayuda de sus factores protectores externos, que para algunos son la escuela, la profesora, los amigos, los tíos o los abuelos».

En eso coincide Patricia Velasco, psicóloga de la FGR, pues comenta que «los niños viven situaciones difíciles en los hogares, empezando por cómo se habla y se les habla. Se les grita, les dicen palabras soeces y los insultan. Eso es el pan de cada día, lo común. También pasan viendo las peleas de los padres o ven cuando hay golpes. Antes, cuando estaban en la escuela, presenciaban menos ese tipo de acciones».

Atención reactiva y no preventiva

Según datos estadísticos del Ministerio de Salud (Minsal), de enero a junio de 2020, se detectaron 56 casos de violencia física contra menores de entre 0 y 14 años, 91 casos de violencia psicológica, 200 menores víctimas de violencia sexual y 420 niños entre cero y nueve años víctimas de negligencia o abandono.

Aunque el confinamiento aumenta la vulnerabilidad de la niñez salvadoreña, el Estado parece no tener la voluntad para garantizar el respeto a sus derechos. Según el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, Ulises Rivas, el país no tiene la capacidad para dar atención psicología a todos los niños que la necesitan.

«Solo se brinda atención psicológica a los niños que resultan afectados en un contexto determinado. Ni el Mined ni el Minsal tienen un programa constante para dar servicios de salud mental a la niñez. Si es un caso de divorcio o de violencia en una familia, entonces sí, se atienden. Pero no hay un programa, por ejemplo, para llevar apoyo psicológico a un niño porque cree que lo necesita. Es solo cuando ya se presenta un caso clínico», explica Rivas.

El Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) aseguró que la institución invierte un promedio de $170 mil anuales en concepto de salarios a psicólogos que trabajan en los Programas de Protección, y que, desde mayo del presente año, iniciaron un proyecto de apoyo psicosocial en centros de acogimiento de manera conjunta con Save the Children.

La mayoría de estas medidas, sin embargo, corresponde a acciones reactivas y no preventivas. Para cambiar esto, dice Yesenia Segovia, lo primero que se debe tener claro es que la salud mental es un derecho humano fundamental, como el derecho a la salud en general. Y, por lo tanto, es el Estado el ente responsable de asegurar y garantizar que la población, especialmente la niñez y la adolescencia, cuente con servicios integrales para atender la salud mental.

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por algunas instituciones del Estado y por las ONG en el país, todavía hace falta mucho para poder hablar de logros y avances en el tema de niñez y salud mental, concluye Romero.

Alexandra, que es muy reflexiva, intenta encontrar aprendizajes de esta situación: «Me he vuelto un poco más paciente y calmada. Me ha ayudado ver el movimiento del agua, observar cómo la brisa mueve las ramas de los árboles y escuchar el canto de los pájaros».

Tenemos que asumirnos como una región desaparecida del mapa cultural

Jorgelina Cerritos, dramaturga y actriz

Decidió dedicarse al arte en su año de práctica como psicóloga en una unidad de salud, que coincidió con su inicio en la Escuela Arte del Actor, a cargo del ya fallecido director de teatro Filánder Funes.

Jorgelina Cerritos, ahora, se define como una mujer del teatro. En 2010, se convirtió en la primera salvadoreña en ganar el Premio Literario Casa de las Américas, en la rama teatro, por su obra Al otro lado del mar. Un premio que, acepta, le dio un reconocimiento internacional.

«Es entender que el teatro de cada país tiene su historia y desde ahí asumirnos y proponer», reflexiona, en esta entrevista, sobre la dramaturgia y el teatro centroamericano, que no figuran en un mapa cultural. Es así que cree en los talleres formativos como espacios para producir conocimiento. Bajo esta idea, desde 2018, dirige el taller de dramaturgia Didascalia.

La pandemia del covid-19 también ha paralizado el trabajo de los artistas a escala mundial. Cerritos, fundadora del colectivo teatral Los del Quinto Piso, dice que es un tiempo para repensar, como grupo, por qué hacer teatro.

Se ha hablado mucho de qué van a hacer los actores, las actrices, los grupos de teatro sin público, pero ¿no sería también válido preguntarse qué va a hacer el público sin artistas?

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El 30 de julio se conmemoró la masacre y desaparición estudiantil ocurrida en 1975. ¿Qué hemos aprendido de este pasado violento de El Salvador?

Una quisiera poder decir que hemos aprendido, en términos generales, esa lección. Pero vamos viendo que es como una frase hecha. Muchas veces se dice: «Es que no vamos a repetir las historias, pero vamos a tratar de que las nuevas historias sean lo menos parecido a la historia anterior, al menos en las partes donde amerita una transformación social, una transformación política». Sin embargo, la realidad está ahí, la realidad de nuestro país es violenta, y no hablo de esta específica, de la masacre del 75, sino de una serie. Las que se vivieron en la guerra, las que se están viviendo ahora en la post guerra, las que ahora estamos viviendo dentro de la pandemia del covid-19. Quizá el mayor aprendizaje es la necesidad de rescatar esa memoria, con la esperanza de que ese rescate nos permita transformarnos un día. Pero que quizá, creo yo, no la hemos transformado aún.

¿Qué ha significado este encierro para los y las artistas, en un país donde aún falta mucho para que se les reconozca el trabajo como creadores, en su caso específico, como creadora de la palabra y como actriz?

El arte, a nivel mundial, está atravesando una situación complicada, empezando por el hecho de que en el teatro necesitamos del encuentro realmente para que este se dé. Desde ahí, no es lo mismo la vulnerabilidad de los artistas en países desarrollados, en países europeos, que lo que estamos viviendo en el continente latinoamericano, y, aún dentro del continente latinoamericano, con toda la diversidad de situación que existe en los diferentes países, no podemos generalizar. La única generalización que creo que podemos hacer es que sí nos ha puesto en una condición precaria a los artistas del mundo, pero que esa precariedad tiene límites, colores, manifestaciones diferentes en cada lugar. La situación de la pandemia, más allá de un cierre de salas, más allá de la suspensión de temporadas, más allá de los estrenos que se congelaron, los procesos que se paralizaron, también es una cosa de sobrevivencia, es una cosa que estás junto a otros sectores de trabajadores de la sociedad preguntándote cómo vamos a hacer en esta condición económica que nos va a dejar la pandemia, en desempleos, por ejemplo, porque muchos de nosotros estamos trabajando en otros sectores que pueden estar muy alejados del tema teatral. Es un tiempo que ha servido mucho para reflexionar, para pensar, para volverte a hacer las preguntas fundamentales del teatro: ¿Por qué hacemos estos? ¿Cuál es la necesidad que tiene un país de hacer teatro? Una reflexión que tengo pendiente de hacerme y que, con El Quinto Piso, nos la planteamos. Se ha hablado mucho de qué van a hacer los actores, las actrices, los grupos de teatro sin público, pero ¿no sería también válido preguntarse qué va a hacer el público sin artistas? Porque, en teoría, tendríamos que estar preocupados por esa relación bilateral, por esa relación complementaria. Si el artista es el que nos cuenta la realidad, es el que da cuenta de nosotros como sociedad, entonces ¿cómo vamos a seguir dando cuenta de nosotros mismos como sociedad si un gremio de artistas está en esta situación de precariedad?

Jorgelina Cerritos

Usted es graduada de la Licenciatura en Psicología. ¿Alguna vez ejerció esta profesión? ¿Cómo y cuándo nace la necesidad de hacer arte?

Yo estudié psicología porque no había teatro en la universidad. Cuando estaba en el proceso de escoger carrera universitaria, a mí me hubiese gustado estudiar arte. Dentro de las opciones que yo tenía, por la misma condición familiar, era estudiar en la Nacional, ¿qué ofertas tenía? La psicología a mí siempre me gustó, de hecho, en tercer ciclo yo decía «quiero escribir, quiero actuar, quiero cantar y quiero ayudar a la gente». Y ese ayudar a la gente, allá por el séptimo grado, lo veía siendo psicóloga. Esa cosa de que te cuentan sus problemas y les das consejos, me gustaba eso, me llamaba la atención. Fue como encontrarme con lo que la Universidad Nacional ofrecía y encontré ambos caminos. En el sentido de que supe que existía Teatro Universitario y entré a estudiar la Licenciatura en Psicología. A lo largo de la carrera, a mí me gustaba, y llegué a creer en algún momento que me iba a dedicar a ambas cosas. Es, de hecho, la formación que tuvimos en la Escuela Arte del Actor, con Filánder Funes, que empezó a cuestionarme otras cosas, y decir ¿qué quiero que sea el teatro en mi vida? ¿Quiero que sea mi profesión? ¿Quiero que sea mi tiempo libre? ¿Quiero que sea un hobby? ¿Qué quiero? Y justamente yo estoy en el proceso de terminar mi último año en la universidad y haciendo mi primer año en la Escuela Arte del Actor, eso coincide con que yo me veo haciendo mis prácticas, las hice en una unidad de salud, y empecé a verme, dije: ¿Este será mi día a día todos los días de mi vida de aquí en adelante? No es esto».

Nunca ejercí la psicología, no deja un poco de hacerme como una responsabilidad fuerte, cuando me dicen «es que usted es psicóloga». Yo digo: «Estudié psicología», que es diferente. Trato de poner eso en orden en mí, decir «sí, estudié psicología», y seguramente todo ese conocimiento está, pero yo no me siento una psicóloga, yo me siento una actriz, una dramaturga, una mujer del teatro.

Entre los reconocimientos internacionales que ha recibido, es la única salvadoreña ganadora del premio Casa de las Américas, en la rama de teatro, por su obra Al otro lado del mar. ¿Marcó un antes y un después este reconocimiento? ¿Qué importancia tienen los premios de este prestigio para las y los escritores centroamericanos?

Es indiscutible que sí marca un antes y un después. Yo puedo ver eso justamente, o mayormente ahora, después de 10 años que han pasado del premio. Decís sí y que es un parteaguas. En aquel momento recuerdo que en una entrevista me preguntaban y yo decía «es como asumirte, asumir una responsabilidad mucho más grande», porque no sé, es que yo he tenido siempre la sensación de ser muy respetuosa de los oficios y de decir «no porque ya escribí una obra, tengo que decir que soy dramaturga. No porque dirigí una puesta, voy a decir que soy directora». Creo que hay que graduarse en eso para ir acumulando experiencia y que la vida misma te haga sentirte que ya sos eso. Para mí, en aquel momento, era decir «es, de una manera u otra, asumirme como dramaturga«. De hecho, yo empiezo a escribir teatro en el año 2000. Son 10 años después que aparece el Premio Casa. Hay un camino recorrido y, del 2010 para acá, hay otros 10 años. Ahora podés hacer el balance de estos 20 años y cómo estás justo a la mitad de ese camino, en dónde tu vida cambió, ¿en qué cambió? Tu dramaturgia se volvió internacional, tu nombre tiene como cierto reconocimiento no solo dentro de tu país, sino fuera del país, fuera de Centroamérica, incluso. Has estado involucrada en proyectos que no te hubieses imaginado que iban a suceder de no ser por ese posicionamiento que estás teniendo fuera de tus fronteras.

Es la oportunidad de visibilizar la región en un continente o en un mundo teatral donde esa región a la que pertenecés le es totalmente ajena y desconocida. Tenemos que asumirnos como una región desaparecida del mapa cultural. Nosotros, yo lo digo, y obviamente se dice con dolor, estamos en los seminarios, simposios, etc., donde van a hablar de violencia de género, de violencia de jóvenes, y ahí no faltan ejemplos nuestros, pero cuando hablamos del mapa cultural, Centroamérica no figura.

Si el artista es el que nos cuenta la realidad, es el que da cuenta de nosotros como sociedad, entonces, ¿cómo vamos a seguir dando cuenta de nosotros mismos como sociedad si un gremio de artistas está en esta situación de precariedad?

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¿Por qué cree que los centroamericanos no nos conocemos entre nosotros? En el prólogo del primer tomo de Cuadernos Centroamericanos de Dramaturgia –una compilación de tres obras dramáticas centroamericanas- usted también hace hincapié que la escena teatral y la dramaturgia centroamericana no trasciende a nivel latinoamericano.

En cuanto a la trascendencia a nivel latinoamericano, forzosamente tenemos que hacer un recorrido por la historia del teatro latinoamericano y entendernos que no fuimos una región que íbamos a la vanguardia de lo que estaba pasando. O sea, pensemos que, por ejemplo, Buenos Aires era el puerto de entrada de Europa a las Américas. El europeo que venía, por mucho que no fuera como los grandes señores europeos de aquel momento, traía la cultura europea y quería tener lo que allá había, aquí. Nosotros no fuimos eso, los teatros nacionales centroamericanos, como edificios, me refiero, están alrededor de los 100 años, 120 años, con relación a otros teatros que se han construido en 1800. Hay una herencia cultural que no podemos obviar.

Nuestro paso por el desarrollo teatral ha sido más lento. No me gusta pensar que vamos atrás, porque el ir atrás te pone a correr por alcanzar al que va adelante, y si nos vamos en ese sentido, Centroamérica no va a alcanzar a Argentina. Desde ahí es entender que el teatro de cada país tiene su historia y desde ahí asumirnos y proponer, porque no es entender para «bueno, ni modo, a mí me tocó ir en el último vagón y ahí voy feliz», sino que «ajá, esta es mi historia y desde ahí la comprendo y propongo».

¿Por qué nosotros dentro de Centroamérica? ¡Ah! Yo creo que ha habido mucha mirada externa, hemos tenido esa mirada hacia qué pasa afuera de Centroamérica, nuestros referentes, por decir algo, el referente de Guatemala no ha sido El Salvador, el referente de El Salvador no ha sido Honduras, nuestra mirada siempre está fuera de nuestra misma región. Eso nos hace un desconocimiento, incluso, entre estos países que bien podrían ser un solo país. Esa es otra cosa también, que de repente, como que nos damos golpes de pecho por no entendernos como países, pero es que al final somos países, lo que pasa es que somos chiquitos. Somos países en donde tenemos también nuestros propios procesos, nuestras propias políticas o no tenemos nuestras propias políticas, que nos hacen estar siempre preocupados por lo que está pasando dentro. No sé, creo que influye todo esto. Sin embargo, yo podría decir que, de un tiempo para acá, quizá del 2000 para acá, estos 20 años, en donde ha habido como mucho más interés de integrar esfuerzos teatrales centroamericanos, justamente, supongo, lo entiendo así, por esa compresión de debilidad, si somos como región débil, ¿qué no seremos como países? Esa invisibilidad nos hace (decir): «Bueno, hagamos algo junto».

Jorgelina Cerritos, dramaturga y actriz

¿Existe en usted la idea de que con el colectivo Los del Quinto Piso se complementa la necesidad de comunicar el texto dramático que ha escrito para llevarlo a la escena teatral? ¿Qué sensación le han despertado las veces en que usted ha tenido que ser público de sus obras y no actriz?

Con Los del Quinto Piso hemos encontrado esa fórmula, por decirlo así, hay todo un mundo, porque ahí tendríamos que hablar desde el mundo de la dirección, que no es mi mundo realmente. A nivel profesional, yo solamente he dirigido El Tercer Ensayo (trilogía Ensayos sobre la memoria), de ahí todo lo demás, a nivel de dirección, ha sido más juvenil, grupos de jóvenes o comunitarios.

Hay todo un mundo con respecto a la dirección, que no es mi mundo y que es como «dejo en las manos de Víctor (Candray, director de Los del Quinto Piso), la dirección de este texto». Ya sea cuando él nos ha dirigido únicamente o también cuando, como en La Audiencia de los Confines (Primer ensayo sobre la memoria), ha actuado con nosotros. Es como decir que vamos complementando el lenguaje de la palabra escrita con el lenguaje de la dramaturgia escénica, y cómo entre los dos, el texto cobra otras dimensiones, cobra otras lecturas.

Cuando me ha tocado ver las obras, creo que es algo de lo que se aprende también, porque yo recuerdo perfectamente cuando, la primera obra que se iba a montar, ajena a Los del Quinto Piso, era Al otro lado del mar, con el montaje de Roberto Salomón, y la gente me decía después: «¿Y es tu obra?». Y empiezo a enfrentarme con esa pregunta. «¿Te gustó? ¿Es tu obra?». Entonces yo empiezo a reflexionar sobre esa pregunta, que, de hecho, cuando otros directores a lo largo de este camino han montado textos míos me dicen: «A ver si te parece lo que yo he hecho con tu obra». Eso es algo que en aquel momento tenía que procesarlo y decir: «¿Cómo funciona esto en mí?». Y llegué a descubrir que cuando me preguntaban «¿es tu obra?», yo tenía que decir «no», ¿por qué? Porque mi obra es la que estaba en el texto, porque la gente hace la pregunta para saber si te ha gustado o no, pero que mi respuesta «no es mi obra», no implica que no me gusta o que sí me gusta, no es una cosa de aceptación, sino que es una cosa de «es que la puesta en escena es tu obra, eso lleva tu firma. El autor de esa puesta en escena, para bien o para mal, allá vos… es tuya». Ahora, ¿dónde encuentro yo que tu obra con la mía se encuentra? Es, si la esencia del texto, si lo que yo quería comunicar, es lo que sigue ahí. Si lo que está presente, lo que palpita en la puesta en escena y lo que logra llegar al espectador, es la esencia de lo que yo quiero decir en el texto, entonces digo «sí, es mi obra», porque, al final, cuando encontramos «no, pero es que yo le cambié el final, porque no me gustaba, porque aquí decía que no sé qué, no sé qué». Ah, bueno, desde ahí yo puedo decir, yo no le puse ese final y tendré que decir que no es mi obra.

«Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi»

Fotografía LPG / Archivo

Nadie le tomó la temperatura ni le entregó gel alcohol para que se limpiara. Menos encontró una bandeja desinfectante para los zapatos. A diferencia de lo que sucede en un supermercado, en una sucursal bancaria o en casi cualquier oficina, ingresar al área de emergencias del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador, no supuso mayor protocolo el día en que ella llegó con su padre enfermo.

Ella conocía el estado de salud de su padre. Delicado, sí. Desde marzo, él se quejaba de un dolor en el pecho por el que ya le habían sacado placas de tórax sin que en estas apareciera algo que llamara la atención. El dolor siguió y se mezcló con la cuarentena, la medida impuesta para contener el contagio de covid-19. En el encierro, el estado emocional de este hombre de tercera edad decayó. Y el físico también se fue complicando más de lo previsto, porque, aunque la intención que la institución comunicó desde el inicio fue la de garantizar las consultas a pacientes crónicos y los exámenes a quienes tuvieran procesos impostergables, en la práctica no se cumplió.

El padre, de 84 años y quien el año pasado se sometió a una cirugía cardiovascular, perdió citas con cardiólogo, con cirujana vascular y con un urólogo. También perdió exámenes que ya estaban pautados y que pudieron ayudar a afinar el diagnóstico y el tratamiento para evitar complicaciones. Por la suspensión de las atenciones programadas, «se prevé una reducción gradual y sistemática en el volumen de atenciones brindadas», anuncia el ISSS en su informe de coyuntura del mes de junio. Todas las prestaciones de servicios marcan una variación negativa. Las consultas externas se redujeron en un 19 %, las odontológicas en un 32 % y las intervenciones quirúrgicas en un 11 %, por ejemplo.

El ISSS brinda cobertura en salud al 27 % de la población salvadoreña, que es la que cuenta con un empleo, es beneficiada por lazos de afinidad o consanguinidad, o está pensionada. Este es un servicio médico prepagado por el que se descuenta cada mes tanto al patrón como al trabajador. En plena pandemia, cuando la cuarentena mantuvo en suspenso la mayoría de actividades productivas durante 3 meses –y algunas siguen cerradas-, los números de la institución han comenzaron a bajar. Si se comparan los reportes solo del sector empleador privado de enero y de abril, la cantidad de patronos cayó en un 13 % y la de trabajadores en un 8 %. En cuatro meses, han dejado de cotizar 61,572 personas en el sector privado.

Autofinanciado. En conferencia de prensa, el Sindicato de Médicos del ISSS denunció que el personal ha tenido que comprar su propio equipo de protección durante la emergencia por covid-19.

«La reducción de las actividades productivas está afectando la capacidad de pago de los empleadores y, por tanto, es lógico esperar, en los próximos meses, una caída en la presentación de planillas al ISSS y, sobre todo, en el pago efectivo de las cotizaciones con la consecuente pérdida de ingresos para el Instituto; situación que se puede ver potenciada por la pérdida de empleos en el sector privado, producto de la contracción económica nacional e internacional», se lee en el Informe de Coyuntura que el ISSS tiene actualizado hasta junio.

El ISSS representa el 40% del gasto público en salud. En pandemia, el ISSS recibe un doble impacto. Por un lado, está obligado a responder con más recursos humanos, de infraestructura, y de servicios de emergencia ante una demanda desbordada. Por el otro, las medidas para evitar el cotagio de covid-19 mantienen suspendidas o mermadas las actividades comerciales y la industria y, con esto, cada mes percibe menos recursos. El agujero financiero que se está formando solo se ensancha.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ), ubicado en la capital, donde a la que llamaremos acá Teresa llegó en busca de atención para su padre.

Teresa llegó a la emergencia con un fajo de exámenes bajo el brazo. Ya llevaba cinco días de rebotar por los consultorios privados de cardiólogo y nefrólogo. Y ya había dejado una buena cantidad de dinero en todas esas pruebas que indicaban que su padre tenía un cuadro de anemia, una alteración en la capacidad filtradora de los riñones y sangre oculta en heces. El viernes 25 de junio, lo llevó al consultorio privado de la cirujana vascular y, ante los resultados, la especialista fue categórica: necesitaba ser ingresado en un hospital y necesitaba, con urgencia, una transfusión sanguínea.

En El Salvador, el gasto nacional en salud representa un 7 % del Producto Interno Bruto. Es decir, alcanza los $1,937 millones de dólares al año. De esta cantidad, un 67 % es gasto público y un 33 % es gasto privado. Dentro del gasto privado, aparece la participación de las empresas comerciales de seguros médicos y también el Gasto de Bolsillo de los Hogares en Salud (GBHS). Este último es el que las personas hacen de forma directa «cuando pagan por atenciones en salud (honorarios médicos y servicios de hospitalización; compra de medicamentos, pago por servicios de apoyo diagnóstico y de laboratorio y otro gasto directo relacionado con servicios de salud)», de acuerdo con el Informe de Memoria de Labores del Ministerio de Salud del año pasado.

«Esta variable (GBHS) es de suma importancia –dice el documento-, porque revela cuánto del financiamiento en salud es soportado por los hogares en un período determinado y en la que su importancia relativa está directamente asociada al grado de equidad y protección financiera en salud de la población». Esta es la cuenta en la que se incluye todo el gasto que Teresa hizo en exámenes y en consultorios privados en un intento por evitar ir hasta uno de los colapsados hospitales. Esta es la cuenta que la pandemia ya está haciendo subir ante la incapacidad del sistema de salud público de absorber la demanda. El informe de 2019 sitúa en $523 millones este gasto que sale de los bolsillos de un privilegiado grupo que tienen cómo hacer frente.

La sugerencia que la especialista vascular le hizo a Teresa fue la de buscar un centro asistencial que contara con máquinas de diálisis, un proceso que sirve para hacer la labor de limpieza cuando los riñones presentan daño. Además, recomendó otra placa de tórax, ya que, escuchaba ruido en los pulmones y podía ser otra complicación del cuadro que ya llevaba. «Nosotros evaluamos seguir en lo privado, pero, realmente, escapaba de nuestra capacidad económica, era un gasto bárbaro», cuenta Teresa.

Sin recursos. Los tiempos de espera por una camilla se han alargado. Una usuaria esperó 12 horas para que hubiera cupo para ingresar a su padre.

No sin antes evaluar el riesgo, Teresa y su familia decidieron seguir la instrucción e ir al hospital Médico Quirúrgico. «Yo me llevé a mi papi protegido con todo lo que teníamos. A ellos (padre y madre) nosotros siempre los cuidamos, no salían, y para entrar a la casa de ellos nos desinfectábamos. Ir a los hospital fue una decisión que tomamos porque ya no había más opción, necesitaba ayuda que solo ahí le podían dar», cuenta Teresa.

Teresa y su padre llegaron al MQ a las 2:30 de la tarde del viernes 26 de junio. Ahí, le recibieron los papeles, revisaron los exámenes, y el personal médico evaluó la carta con las instrucciones enviadas por la cirujana vascular que remitía al paciente. Pero había muy poco por hacer. Ante la falta de cupo en el centro asistencial, la única opción era esperar.

Teresa acomodó a su padre en una silla de ruedas que le proporcionaron. Desde donde estaba, podía ver a la gente a la que el personal médico acomodaba bajo toldos, a la espera, como ellos, pero con signos de enfermedad respiratoria. Desde ese lugar, pudo ver que el vigilante de la emergencia recibía a la gente de las ambulancias, a los enfermos, a los familiares de los que no podía valerse solos y a todos los atendía apenas protegido con una mascarilla.

Ella misma entró y salió varias veces de Emergencias para preguntar si había cupo, si alguien podía evaluar a su padre, si podían darle algo mejor que una silla de ruedas a un hombre enfermo de más de 80 años. En todas esas veces, nunca le pidieron higienizarse. No había cómo ni con qué. Adentro, relata Teresa, la gente usaba –usa– las mascarillas que puede, unos van con tela. «Y ahí a nadie le andan ofreciendo otra mascarilla o algún otro recurso para protegerse o proteger a los demás», agrega.

Desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde, el padre de Teresa estuvo en una silla de metal que tenía el respaldo roto. Si se acostó un rato, fue porque el hermano de Teresa llegó con el carro y, en el parqueo, pudieron colocarlo ahí para que descansara. Alrededor de ellos, había gente con mucho menos recursos, igual de vulnerable, emocionalmente golpeada y en una espera incierta.

En el Plan Anual de Trabajo 2020, una de las metas del ISSS era atender las emergencias en 15 minutos. Y también mejorar la satisfacción de los usuarios para llevarla más allá de una calificación de 7.5. Para cuando el documento fue redactado y publicado, la pandemia de covid-19 era solo un murmullo lejano. Teresa y su padre pasaron 12 horas esperando que hubiera una cama libre. En ese transcurso y ante la insistencia de ella, un médico le ofreció dejarlo en un carro (camilla), en el pasillo, pero le advirtió que era «área covid» y que estaría expuesto. Teresa no aceptó.

Para ese momento, Teresa había detectado una serie de riesgos de contagio en la forma en la que se maneja el flujo de pacientes en este hospital. Y de todas esas grietas, una le llamó mucho la atención. «Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi«. Señala que el hecho de que diagnóstico con el que entró su padre no era covid-19, no reducía la posibilidad de contagio en un ambiente en el que no se miraba rigor ni separación de áreas.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ).

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El 14 de julio, el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISS) hizo una conferencia en la que exigió mejores condiciones laborales para el personal médico de primera línea y, sobre todo, señaló la falta de equipo de protección. Un vocero leyó una serie de reclamos urgentes, entre los que citó la erogación de fondos y salida de insumos que se necesitan para compra de equipo de protección, medicamentos y para más contratación de personal para primera línea. Denunció, además los «errores en la planificación, tanto en la determinación de espacios geográficos adecuados, como de algoritmos de atención para los pacientes sospechosos o confirmados de la enfermedad afectando el derecho a la salud de todos los usuarios y el derecho laboral de los trabajadores».

El 14 de julio es el día del médico. El vocero, con una mascarilla blanca y acuerpado por otros colegas, leyó en el mismo tono que los «trámites engorrosos para la adquisición y distribución de los equipos de protección personal ha obligado a que sea el trabajador el que asuma el costo económico para obtenerlos». El vigilante y el médico a quienes Teresa vio mal protegidos en medio de un ambiente desordenado muy probablemente usaban mascarillas compradas por ellos mismos. Lo mismo quienes estaban en la mesa, al frente de la conferencia.

Después de varias horas, ya entrada la madrugada, el padre de Teresa fue ingresado. «Yo fui con él, desinfecté la cama, lo arrope y lo dejé acostado. Vi que una enfermera lo atendió y le colocó un catéter y le pasó suero. Lo dejé ingresado, acostadito«, explica ella. «Al día siguiente, nos llamaron para decirnos que había fallecido». No pasó ingresado ni 24 horas.

Y, entonces, empezó otro proceso que no se esperaban ni Teresa ni su familia. El hospital registró como causa de la muerte el covid-19. No hubo prueba. A Teresa se limitaron a mostrarle una placa de tórax como muestra de que había indicios de neumonía. «Mi papá tenía anemia y lo que necesitaba era una transfusión, estaba hinchado,pero me di cuenta de que ahí nunca tuvieron la mínima intención de hacerle esa transfusión de sanguínea que urgía y menos de facilitarle diálisis», indica.

Teresa hizo reclamos, pero la causa de muerte no cambió. Para la institución, el hombre de 84 años que ingresó un viernes por la tarde en busca de una transfusión de sangre y una diálisis murió el sábado a medio día por covid-19. Su cadáver, pese a esta clasificación, se mantuvo por más de cinco horas en la misma cama hospitalaria en la que Teresa lo había arropado horas antes. «Yo pasé, entré hasta ahí y lo vi, estaba solo cubierto con una sábana; y, ahí, había otros pacientes a la par», cuenta sin esconder la emoción que le provoca el recuerdo.

Ingresos. El desempleo en el sector privado significa que el ISSS recibe menos dinero. Entre enero y abril, más de 61 mil personas dejaron de cotizar.

La tasa de mortalidad del ISSS ha aumentado. El primer semestre del año pasado, la general fue de 3.3 por cada 100 mil egresos. Mientras que en este año, en el mismo periodo, fue de 3.8. Cuando se ve solo a nivel metropolitano, que abarca el hospital MQ, pasó de 4.2, en 2019, a 4.6 por cada 100 mil egresos en 2020.

A Teresa no le entregaron el cadáver de su padre ese sábado. Tampoco el domingo, ni el lunes, ni el martes. Fue hasta el miércoles que el personal del Ministerio de Salud y de la funeraria coincidieron para ejecutar el proceso bajo «protocolo covid«. En medio, Teresa conoció a otras familias con una historia plagada de carencias, como la de ella y su padre.

Que la causa de muerte haya sido covid-19 no ha implicado que se busque nexos epidemiológicos entre la familia. Teresa señala que no descarta abrir un proceso legal por la forma en la que se trató el caso de su padre: «El responsable de que todo en el hospital se haya contaminado es el Estado, el responsable de que no haya protocolos y de que el personal no tenga cómo protegerse es el Estado; esto no es por mi papi, que fue un hombre maravilloso y que ya descansa, es por todas las demás familias que no merecen que les pase los mismo que a nosotros».

Sobrevivir a la pandemia y al agresor

Ilustración
Ilustración de Moris Aldana

Elena aprovechó la única oportunidad que tuvo para salir de su casa y denunciar la violencia que sufría de parte de su pareja. En otras circunstancias, esto quizá tampoco hubiera sido fácil por las represalias que él podría haber tomado, pero esta vez se sumaba otro miedo: que los policías o militares la detuvieran por salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria y el estado de excepción.

Así que, el 30 de marzo, el día que miles de salvadoreños acudieron a las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios para saber si cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de los $300 del gobierno, Elena se contactó con su familia y pudo llegar a un juzgado para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar y solicitar medidas de protección.

El Salvador vivió del 14 de marzo al 13 de abril un estado de excepción ante la emergencia del covid-19. El Ejecutivo buscó prolongarlo sin encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, porque uno de los puntos que lo diputados discutieron fueron los abusos atribuidos a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en las calles.

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena obligatoria para todo el país y luego la extendió por 15 días más. Esta cuarentena ordena que, a excepción de funcionarios públicos, periodistas y trabajadores de ciertos rubros, solo un miembro de la familia tiene permitido salir de casa para realizar compras. Pero no siempre es la misma persona la que puede hacerlo.

Elena –que no necesariamente se llama Elena- dijo en el juzgado que, con el encierro, estaba prácticamente privada de libertad y que la violencia que ya sufría por parte de su pareja había aumentado. Tras el trámite, logró irse con su familia y salir de aquel lugar que se le había vuelto más hostil.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

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LA NECESIDAD OBLIGÓ a Silvia Yesenia Menjívar a no quedarse en casa. El pasado 31 de marzo salió de la casa de un familiar, donde trabajaba cuidando niños, y regresaba a la suya.

Fue la última vez que la vieron con vida en Carasque, en Nueva Trinidad, Chalatenango, el cantón en el que ella vivía. Al día siguiente, su cadáver apareció en un predio de esta zona rural.

Menjívar tenía 25 años, y aunque nunca denunció el acoso sexual constante que sufría de Francisco Alberto, la titular de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina de Ortega, dice que hay pruebas para acusarlo de su feminicidio agravado.

Alberto fue capturado tres días después del crimen y ya fue enviado a prisión preventiva.

En el periodo de emergencia por el covid-19, el caso de Menjívar es el único tipificado como feminicidio, pero han sido asesinadas otras tres mujeres. Los asesinatos se investigan bajo el protocolo de este delito, apunta De Ortega.

Ilustración de Moris Aldana

De acuerdo con los datos consolidados por la FGR, desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, las sedes fiscales recibieron un total de 198 denuncias. Dos son por intentos de feminicidio y las restantes por cuatro de los 11 delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV). El 88 % de los casos es por expresiones de violencia.

La FGR también reporta 75 denuncias por violencia intrafamiliar, un delito regulado en el Código Penal y que se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres que tienen que estar obligadamente con su agresor, porque buscar un refugio como el que buscó Elena, en esta pandemia, no es posible para todas.

En situaciones de riesgo y desastres, la LEIV obliga al Ministerio de Gobernación, del que depende el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a tomar medidas de atención y prevención de violencia hacia las mujeres por su condición de vulnerabilidad.

El sistema tiene una comisión nacional encabezada por el ministro de Gobernación, en este caso, Mario Durán, y la componen directores de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). Además de comisiones departamentales, municipales y comunitarias, para operar a nivel nacional, y que involucran a gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios.

A casi un mes de la cuarentena, y a casi un año de un nuevo gobierno que se presentó como paritario, en El Salvador sigue sin existir un plan o una política pública para atender a las víctimas de violencia de género en la emergencia del covid-19. La ausencia de esta atención especializada y obligatoria para el Estado tampoco ha llevado a que la entidad rectora de la LEIV, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la demande, al menos públicamente.

Lo que sí ha hecho ISDEMU es lo mismo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil: una campaña en redes sociales para que las mujeres denuncien si sufren violencia, por medio de números telefónicos o por chat de Whatsapp. Y ofrece asesorarlas y darles acompañamiento psicológico o legal.

«El Ejecutivo, a través del ISDEMU, debe prever estas situaciones, debe crear mecanismos eficaces para que la mujer víctima de violencia denuncie. El 911 probablemente no le sea eficaz, porque la policía probablemente llegue o no llegue», asegura una jueza Especializada de Instrucción de la Mujer que prefirió no identificarse.

La jueza insiste en que debe existir mayor comunicación entre las instituciones estatales e informar sobre las casas de acogida para las mujeres que sufren violencia, un programa coordinado y supervisado por el ISDEMU. No deja de lado que el Órgano Judicial también debe innovar para que, si un juzgado ya ha terminado su jornada laboral, pero una mujer necesita medidas de protección, estas puedan ser otorgadas de forma inmediata.

El decreto de emergencia nacional, que los diputados aprobaron el 14 de marzo y extendieron por 15 días más el pasado jueves, suspende algunas labores en las sedes judiciales, pero permite que los juzgados den a las mujeres medidas de protección por casos de violencia. Ellas pueden llegar a pedirlas a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana; y en los juzgados de paz de cualquier municipio.

El principal problema de los juzgados especializados es que están saturados de trabajo. Mientras que, aún en días normales, hay juzgados de paz se niegan a otorgarles las medidas de protección a las víctimas.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

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EL 8 DE ABRIL, EL ALCALDE DE SAN MARCOS, Fidel Fuentes, publicó una foto con María Antonia Sánchez, en su cuenta personal de Facebook. Sánchez sonreía al lado del alcalde.

Ella era una lideresa del cantón Casa de Piedra, de ese municipio, y la foto donde aparecía era para denunciar su asesinato, ocurrido cerca de su casa. A ella se le pudo llamar por su nombre, quienes la quisieron pudieron contar su historia con ella.

Pero, horas antes de la publicación del alcalde, apareció el cuerpo de otra mujer. Ella, a diferencia de María Antonia, no fue identificada por falta de documentos. El cadáver fue encontrado en el kilómetro 3 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. La víctima, dijo la PNC, tenía señales de estrangulamiento.

El 7 de abril fue encontrado el cadáver de otra mujer en un barranco, sobre la carretera a Talnique, en La Libertad. La víctima tampoco portaba documentos y no fue identificada.

El último informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, con datos de enero a junio de 2019 y elaborado por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contras las Mujeres, dice que durante ese periodo hubo 21 casos de violencia física y 17 casos de violencia sexual por día y sumaron 3,138 en el semestre. En un 49.1 % fueron cometidos en domicilios particulares y 67 % de las víctimas fue menor de edad.

«En emergencias suele elevarse la violencia, precisamente por este control que tienen los agresores sobre las víctimas. Porque a mayores periodos de convivencia, mayores prácticas de abuso. Esta es como un medición matemática que han dado los periodos vacacionales y los fines de semana», sostiene la abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

ORMUSA tiene un observatorio de violencia y un Centro de Atención Legal que ha activado en esta emergencia para recibir denuncias. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril, recibió 149 denuncias por hechos como violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, sexual y laboral. En un mes normal, señala Juárez, la organización reporta 30 denuncias, lo que significa que durante el encierro hay un incremento de más del 70 % en menos de un mes.

La organización ha monitoreado el trabajo de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer y los juzgados de paz. Los primeros, dice Juárez, han recibido denuncias, e incluso, la jueza del tribunal ubicado en San Salvador y que puede conocer casos de siete departamentos del país, ha activado un número para Whatsapp y notifica documentos por correo electrónico. Sin embargo, hay juzgados de paz que se han resistido a tomar denuncias.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

La FGR informó el 7 de abril que las denuncias por violencia de género habían bajado en la institución. Juárez enumera tres razones por la que esto pasa: por el miedo que tienen las mujeres a ser detenidas por la PNC si salen de sus casas; las mujeres piensan que aunque logren denunciar, la denuncia no va a ser relevante en medio de la emergencia; además de pensar que las instituciones donde pueden denunciar están cerradas.

Durante la cuarentena obligatoria, Argentina lanzó el 1 de abril una campaña contra la violencia de género. Se llama «Barbijo Rojo» y consiste en una línea de emergencia que las farmacias activan cuando una mujer llega y pide una mascarilla roja, lo que se traduce en una ayuda para interponer una denuncia.

Ilustración de mano con símbolo de la mujer
Ilustración de Moris Aldana

En El Salvador hay instituciones con servicios irregulares para atender las denuncias, como la Procuraduría General de la República y la FGR. No ha sido el caso de las sedes de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER), de la PNC, según Juárez. Lo que ha permitido que sea la PNC la que se desplace a la casa de la víctima para tomar una denuncia o para movilizarla a que la haga.

Juárez destaca la falta de un plan de seguridad para las mujeres que salen a las calles, cuando culturalmente ellas son las delegadas a salir por comida o trabajar. Y ahora, dice, se enfrentan a territorios solitarios en los que, a veces, tienen que caminar largos tramos, lo que las vuelve vulnerables. Como ocurrió con Silvia Yesenia Menjívar.

Por esto, la abogada cita el caso de Panamá, que también ha ordenado una cuarentena obligatoria, pero ha asignado días para que los hombres o las mujeres salgan a las calles. «Es una situación extrema, pero, la verdad, es que en situaciones extremas, aplican medidas de esta naturaleza, sabiendo las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres tienen», señala.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, del 21 de marzo hasta el pasado lunes, 149 casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza cometidos por la PNC y la FAES.

Las falta de planes y protocolos de atención para las mujeres en la emergencia por el covid-19 y las denuncias por los hechos de violencia contra las mujeres han sido constantes en las redes sociales por parte del movimiento feminista y defensoras de derechos humanos. El 9 de abril, a las 6 de la noche, hubo una convocatoria para escribir mensajes en Twitter por medio de la etiqueta #ElFeminicidioNoEstáEnCuarentena.

El pasado 22 de marzo también la activista Morena Herrera preguntó, en Twitter, al presidente Bukele sobre los datos de homicidios y feminicidios, luego que él publicara un mapa mundial que mostraba la propagación del covid-19 e indicara que ya había iniciado la Tercera Guerra Mundial.

«¿No hay? «¿No se cuentan?», cuestionó Herrera sobre los crímenes. Bukele retomó su tuit y dijo que marzo llevaba las cifras más bajas de homicidios en la historia del país. «Si no he tuiteado sobre eso, es porque enfrentamos una amenaza mucho más grande en estos momentos. Una amenaza que muchos no han logrado comprender», le contestó.

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EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS de la cuarentena obligatoria, ORMUSA intentó referir dos casos de violencia al ISDEMU, pero no pudo, porque las llamadas a la línea de atención no salieron. La organización se enteró, no por el instituto, sino por otra persona, de que, para entonces, la línea había tenido fallas técnicas, recuerda Silvia Juárez.

Los servicios de ISDEMU son los que menos ocupa ORMUSA, cuenta, ya que el instituto se limita a asesorías. La organización se respalda más de las UNIMUJERES, ya que estas acompañan a las víctimas en trámites de denuncias y, si es posible, hasta al Instituto de Medicina Legal.

Juárez agrega que otra de las preocupaciones en esta cuarentena obligatoria son las menores víctimas de incesto que están viviendo en el mismo lugar con su agresor.

En ORMUSA envían boletines con información dosificada sobre el comportamiento de la violencia de género a las lideresas que están organizadas en los territorios y que saben qué mujeres están vulnerables a la violencia en estos lugares. Lo hacen a través de Whatsapp para que ellas repliquen con otras los mensajes, tomando en cuenta las implicaciones que traería para las mujeres que viven junto a un agresor si estos se enteran que ellas atienden llamadas o ven videos con esta información.

Mariana Moisa es antropóloga y trabaja en la Colectiva Feminista y en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones que han habilitado un teléfono para atender denuncias y brindarles a las víctimas atención psicológica y jurídica.

Hasta el 8 de abril, tras dos semanas de haber habilitado el teléfono, ya contaban 15 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica, cuando, por lo regular, en un solo mes, atienden un aproximado de 30 casos. Moisa señala que han recibido avisos de mujeres que dicen que en la FGR no están tomando denuncias, con la excusa de que están en una emergencia. «Lo que vemos es violencia estructural. Es más evidente en este momento y es más evidente frente a la nula política con enfoque de derechos humanos, quitale enfoque de género. De derechos humanos, lo más básico», indica la antropóloga.

Revista Séptimo Sentido solicitó estadísticas sobre el número de denuncias recibidas en la emergencia por el covid-19 en el ISDEMU, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta de la encargada de Comunicaciones. Tampoco hubo respuesta del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, a la solicitud de entrevistar al ministro de Gobernación, Mario Durán; y a la presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU, María Soledad Briones.

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UNA JOVEN ESCRIBIÓ DESESPERADA a la página de la Colectiva Amorales para denunciar la divulgación de fotos íntimas suyas en una página de internet. A ella le habían robado el teléfono y sabía quién había subido las fotos. La colectiva le dio asesoría jurídica, pero cuando la víctima llegó a uno de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ahí le dijeron que solo estaban recibiendo denuncias por casos más graves, dice la abogada Lissania Zelaya.

«¿Cómo calificás un caso grave? La violencia contra las mujeres nunca ha sido un caso grave. Hasta que ya te ven muerta es un caso grave», cuestiona la abogada.

Zelaya también se refiere al caso de una joven que se enteró, en esta emergencia, que su pareja, quien vive en su misma colonia y con quien tiene una hija, difundió fotos suyas en una página web, porque estaba enojado con ella. La víctima, expone Zelaya, quiso denunciarlo, pero al llamar a UNIMUJER y al ISDEMU, no obtuvo respuesta.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

«En pandemia pueden aumentarse estos casos por el confinamiento. Muy probable es que se capten fotografías y luego existan rupturas (entre las parejas)», aclara la jueza que habló con esta revista, para quien la FGR necesita peritos idóneos para resolver los delitos cibernéticos contras las mujeres y así encontrar los nexos entre quienes conforman estas redes.

A las denuncias por delitos cibernéticos que la Colectiva Amorales ha recibido, el 13 de abril se sumó una por el allanamiento ilegal de morada que sufrió una joven por un grupo de siete policías y militares, la noche del 13 de abril.

Ese día el gobierno publicó el Decreto Ejecutivo 19, que avala que personal del Ministerio de Salud, no de seguridad, entre a las casas para que evalúen las medidas sanitarias por el covid-19. El decreto ya ha sido rechazado por algunos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y por la PDDH, pero el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que sustituye al régimen de excepción.

Zelaya señala que, en una sociedad diversa como la salvadoreña, hay condiciones de vulnerabilidad para las mujeres de todas las edades, pero que para atender necesidades específicas de toda una población existe un gabinete de gobierno que también puede estar en comunicación con el ISDEMU y así crear los mecanismos de atención. Sin embargo, es algo que por hoy no existe.

Todavía faltan dos semanas para que termine la cuarentena obligatoria. Con el encierro habrá más mujeres intentando sobrevivir a la pandemia y al agresor que tienen a su lado. Y no todas tendrán la oportunidad para denunciarlo como lo hizo Elena.