Andrea, de 13 años, fue víctima de una amenaza de violación y de acoso reiterado. El agresor vive en el mismo cantón que ella, es su familiar, y aprovechaba cada encuentro con la menor para dejarle claras sus intenciones. Por eso, Mirian, madre de la niña, decidió que lo mejor era migrar. Lo hicieron en medio de lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe como la «crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial». Es decir, la pandemia por covid-19.

A Mirian se le nota en la voz la fortaleza del carácter. Y también en algunos de los gestos de su rostro. Habla con la seguridad y la convicción que la llevaron a tomar la decisión de irse cuando vio que la integridad de su hija corría peligro. Emprendieron el viaje para evitar que Andrea formara parte de las 4 mujeres que, en el primer semestre de 2020, buscaron consulta médica cada día a causa de la violencia sexual. Así lo registra el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa: «8 de cada 10 atendidas fueron niñas y adolescentes menores de 18 años».

Esas cifras muestran que las agresiones contra las mujeres en el país no han parado durante la pandemia. Por eso, aunque el grueso de la migración se ha refrenado (entre un 80 y 90%), según Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Guatemala y Honduras, hay un porcentaje de personas que sigue migrando, huyendo de ese mal que caracteriza a la región: la violencia.

Andrea y Miriam partieron una mañana de julio. Para el camino solo se llevaron una mochila pequeña con tres mudadas de ropa, mascarillas y alcohol gel. Porque, aunque Mirian asegura que la Covid-19 era la última de sus preocupaciones, no dejó de tomar las medidas de higiene recomendadas para evitar el contagio. Ese día, junto a ellas viajaron otras cinco mujeres que, empujadas por múltiples necesidades, también decidieron abandonar El Salvador.

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NO HAY CIERRE QUE DETENGA LA MIGRACIÓN

Karla Castillo, experta en migración forzada, dice que se tiene la idea errónea de que frenar la migración depende únicamente de cerrar fronteras. «Y eso fue lo que hizo la pandemia: cerrarlas. Entonces, todos piensan que la gente automáticamente va a dejar de migrar, pero mientas no se mejoren las condiciones que empujan a los salvadoreños a salir del país, la situación no va a cambiar», explica. Castillo, quien ha colaborado con Ángeles de la Frontera, agrega que: «Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir».

Durante todo el proceso de pandemia, se ha experimentado una migración a cuenta gotas, contrario a la que sucedió en los primeros meses del año, cuando los migrantes todavía salían en caravanas, explica el padre Mauro Verzeletti, director de La Casa del Migrante. Además, comenta que, en lo que va del año, La Casa ha acogido a 4,570 personas, frente a las 10 mil que se atendieron el año anterior. «La migración, a pesar de las restricciones, no paró, solo se comportó de una manera distinta», dice.

Mirian cuenta su historia mientras se mece en una hamaca. Ahí, entre el calor sofocante propio de la zona del país en la que vive, el polvo que cubre el patio y los cerdos y las gallinas que, de vez en cuando se atraviesan, narra que, para su sorpresa, el camino no fue tan complicado como le habían contado. El coyote, a quien pagó $19 mil por el viaje, las llevó desde El Salvador hasta la frontera de Guatemala con México. Ahí, las recibió otro coyote para ayudarlas a pasar en una lancha. Ya en tierras mexicanas, las llevaron a un hotel. Su estadía en ese lugar fue breve, pues, según ella, ahí corrían más riesgo de contraer el virus. Por eso, a la mañana siguiente, las trasladaron a un rancho en el que pasaron 17 días.

«Yo estoy admirada, porque no fue nada difícil. Nadie nos detuvo en el camino. Nosotros pasamos rodeando, pero eso no nos constó. A mí hasta me habían dicho que ahí uno terminaba violada, secuestrada o muerta, pero nosotras venimos alentadas», explica Mirian. Aunque, por lo general, esa no es la historia que una mujer migrante suele contar.

Rinna Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, dice que, en una serie de entrevistas realizadas durante estos meses, han identificado que algunas personas que fueron deportadas en marzo, para los meses de junio y agosto, ya estaban de nuevo en Estados Unidos. «Ellos dicen que en esta última migración no tuvieron tantos obstáculos en la ruta. Eso, en parte, se debe a que estábamos en lo peor del brote. Había muchas autoridades, que no contaban con medidas de bioseguridad, que tenían miedo de los migrantes«.

Montti agrega que la razón de esto fue que Honduras era uno de los países con mayor número de personas contagiadas. «Entonces, pensaban que todos eran hondureños. Los evitaban. Este hecho, hasta lo que nosotros hemos podido constatar, fue algo que promovió luego más migraciones, porque la gente consideraba que era más fácil subir. Y, en efecto, algunos lo lograron», explica.

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TRATO INHUMANO PARA FRENAR Y CASTIGAR LA MIGRACIÓN

Mirian y su hija lograron a pasar a Estados Unidos, pero las autoridades detuvieron el tráiler en el que iban y las regresaron a México. Pasaron la frontera de nuevo, a los cuatro días del primer intento, y tampoco tuvieron éxito. Una de las migrantes que encontraron en el camino les comentó que era imposible que las dejaran quedarse, no importaba que fuera acompañada de una menor. Siempre iban a deportarlas. Esa fue una de las razones que la motivó a regresarse a El Salvador.

Castillo comenta que las medidas para detener la migración se han endurecido. Estados Unidos implementó una política de deportación inmediata, excusándose en que era con la intención de proteger a sus ciudadanos del virus. La medida aplica, incluso, para las personas que solicitan asilo.

Además, agrega, las condiciones en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención son inhumanas. Tienen acceso mínimo a implementos de higiene como jabón o alcohol gel. Y, cuando piden más, les dicen que los tienen que comprar. Pero, para los migrantes que van sin dinero, esa no es una opción.

«En las celdas tampoco hay posibilidad de distanciamiento. Y, en algunos centros de detención, los guardias les dicen que no van a tener acceso a médicos, a no ser que se trate de una situación de vida o muerte. Eso ha llevado a que este sea uno de los años con más mortalidad dentro de estos lugares», dice Castillo.

Mientras estaban en México, Mirian recibió una llamada en la que le informaron que su esposo estaba muy mal de salud. Llevaba ocho días con una fiebre que no cedía. Escuchar esa noticia apresuró su regreso al país. «Yo tenía otro viaje para hoy en noviembre, pero él (su pareja) me pidió que ya no me fuera, porque no vaya a ser que, si me voy de nuevo, lo encuentre muerto», dice.

Mirian y Andrea están de nuevo en El Salvador, aunque la amenaza que las hizo migrar sigue presente. Ambas tienen miedo de la situación, pero han decidido, al no tener más opción, confiar en las autoridades.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

“Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia”.

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INTENTAR SOBREVIVIR EN UN PAÍS DESCONOCIDO

Ana se fue de El Salvador junto a su hija y su nieta porque las estaban extorsionando. Tenían una pequeña venta de ropa y zapatos, con la que lograban vivir dignamente. Pero los pandilleros de la zona comenzaron a pedirles renta, más de la que podían pagar. Y, cuando ya no alcanzaron a cubrir la cuota que les exigían, las amenazaron de muerte. Por eso, en julio del año pasado, sin tener un plan claro, emprendieron un viaje para alejarse, tanto como les fuera posible, de este país.

La razón por la que Ana y su familia huyeron sigue latente. A pesar de que el gobierno afirma tener control sobre las pandillas, el Informe de Labores de la Fiscalía General de la República sigue catalogando la extorsión como uno de los delitos de mayor impacto social en El Salvador. Entre junio de 2019 y junio del 2020, la institución recibió 2,356 casos de extorsión. Sin embargo, hay historias como la de Ana que nunca llegan a oídos de las autoridades.

«Nosotras no tenemos a nadie en Estados Unidos, lo que queríamos era salir de El Salvador y después íbamos a ver cómo hacíamos. Llegamos a Tapachula y ahí me dieron un trabajito de costurera. Así ya lográbamos sacar para la comida y alquilar un lugar para vivir. Después, nos vinimos para Monterrey, porque lo que ganábamos en Tapachula ya no nos alcanzaba para todos los gastos. Pero, la pandemia nos vino a afectar bastante», cuenta Ana.

Con la llegada de la Covid-19, la situación de Ana y su familia cambió de manera drástica. Ella y su hija perdieron los empleos. Ahora, comen cuando se puede, pues pasan días enteros sin tener ingresos. Tampoco les alcanza para pagar el cuarto en el que viven, pero la dueña de la casa les ha tenido paciencia. Los trámites para conseguir los documentos que necesitan para trabajar se retrasaron mucho por el cierre de las oficinas administrativas. Ellas están a la espera de que la situación se normalice para seguir con el proceso.

«Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia», dice.

Los derechos de los migrantes siempre han sido violentados, pero la pandemia los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad, explica Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. «Esto se hace bajo el entendimiento de los gobiernos de que no son ciudadanos o ciudadanas de ese país, y como van en tránsito, no hay protección a ese nivel en las rutas migratorias», explica.

Además, dice Castillo, especialista en migración forzada, también ha aumentado la estigmatización hacia la población migrante. «Cuando va en el camino, la persona se encuentra en desarraigo porque no está en su comunidad, no está en su país. Está en un lugar donde, por la naturaleza de la pandemia, lo ven como el riesgo, el que va a venir a contagiar y, por lo tanto, al que se debe evitar. Al migrante se le cierra la puerta», explica.

Comenta también que el riesgo de contagio llevó a muchos albergues a no continuar recibiendo migrantes durante estos meses. Situación que los dejó en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad. Porque, si antes podían depender de un albergue para pasar una o varias noches en tránsito, durante la pandemia, les tocó dormir en la calle.

A esta situación se enfrentó el Albergue Belén, en Tapachula, México. Miguel Guerrero, psicólogo del lugar, comenta que se vieron obligados a cerrar desde el 18 de marzo, cuando la pandemia comenzó a golpear con más fuerza a la ciudad. Lo hicieron para proteger a los migrantes que, en ese momento, estaban viviendo en el lugar. El personal administrativo y de cuidados también tomó la decisión de dejar el albergue, pues eran quienes entraban y salían a diario y, por tanto, los potenciales portadores del virus.

«Nos incorporamos a trabajar el día 20 de julio, que fue cuando ya empezamos a implementar las medidas necesarias de higiene y seguridad. Mientras estuvimos trabajando desde casa, mis compañeros y yo pasamos la enfermedad del Covid. Fueron días difíciles, pero logramos superarla. El aislamiento nos ayudó a evitar contagios dentro del albergue. Aquí solo tuvimos a una persona con síntomas, de 380, pero no se confirmó. Todavía hay un poco de tensión y miedo, pero ya estamos recibiendo a los hermanos migrantes de nuevo», comenta Guerrero.

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MIGRANTES ABANDONADOS

«Nadie se ha acercado a apoyarnos», dice Ana cuando se le pregunta si han recibido algún tipo de ayuda durante esta crisis. Lo dice con tristeza y en la voz se le nota la poca esperanza que le queda. Habla suave y resignada.

«Lo que nosotros hemos constatado es que, si no es por la asistencia de albergues u organizaciones de sociedad civil, al menos a nivel estatal, podríamos decir que los migrantes están totalmente abandonados. Cancillería debió buscar protegerlos, pero todo indica que no lo hizo», dice Montti, de Cristosal.

En eso coincide Interiano, pues explica que desde Cancillería y el gobierno central, no existe una mirada de protección para los migrantes en medio de esta crisis. «Del ejecutivo en sí no hemos escuchado ninguna medida concreta a favor de los migrantes. Se ha hablado de acuerdos migratorios con Estados Unidos y México, pero no están encaminados a proteger a los migrantes, sino a fracasar, porque se realizan bajo la mesa, y van en torno a los temas de seguridad y militarización», concluye.

Interiano también afirma que, si bien los gobiernos anteriores prestaron muy poca atención al tema de los migrantes en tránsito y a los salvadoreños que viven en otros países, sí se vieron algunos avances. Pero, con el gobierno actual, el desinterés ha sido muy marcado. Eso se puede ver, por ejemplo, en la opacidad y excesiva discrecionalidad en el manejo de la información referente a la migración durante la pandemia.

Para el cierre de este reportaje, no se obtuvo respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la solicitud de una entrevista sobre este tema.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

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SER MIGRANTE Y CONTAGIARSE DE COVID-19

Ana tiene 65 años, tuvo todos los síntomas que, según ha escuchado, corresponden a la Covid-19: fiebre, dolor de cuerpo, diarrea, vómito, escalofríos y mucha tos. Sintió, durante 15 días, que se moría. No buscó ayuda médica porque, explica ella «en Monterrey se rumora que si los migrantes, adultos mayores, van a pasar consulta por síntomas de Covid-19, les ponen una inyección para matarlos». Y, aunque reconoce que la información no le consta, lo que escuchó le bastó para llegar a la conclusión de que prefiere morir en la que por ahora es su casa y no en un hospital que está lejos de su país.

«Es un rumor. Se escucha en los buses y en la calle. Yo no sé si es cierto, pero mejor no fui», dice.

El padre Verzeletti cuenta que se han encontrado con testimonios de migrantes que, durante esta emergencia, han suplicado por atención médica y no se les ha brindado. Algo similar comenta Montti, de Critosal, en el caso de tres migrantes hondureños que pedían que los deportaran, porque, se presume, estaban enfermos de Covid-19, y se sentían tan mal, que lo único que querían era volver a su hogar.

«Si no es por la Pastoral de Movilidad Humana, que apoyó en ese momento, no se hace nada por esas personas. Cancillería no se activó absolutamente para nada. Estos son casos de Honduras, pero no me extrañaría que pase también en El Salvador», comenta Montti.

Como Ana, dice Montti, hay muchos migrantes que, por miedo a ser deportados, están viviendo la enfermedad en silencio y soledad. Además, hay otros que también la viven de manera totalmente clandestina, lo que aumenta la posibilidad de que puedan incrementarse las muertes y, por tanto, el número de desaparecidos.

Según el monitoreo de La Casa del Migrante y otras organizaciones de sociedad civil, en lo que va de la pandemia, se han registrado, al menos, 200 migrantes desaparecidos en la ruta migratoria en la región de C.A, frontera México y Estados Unidos.

Este ha sido un año difícil para Ana y su familia. A sus dificultades económicas y de salud se ha sumado la de la delincuencia, misma razón que las hizo abandonar El Salvador. Un pandillero, asegura Ana, recientemente, se acercó a su casa para amenazarlas de muerte. Ella no sabe el porqué del ultimátum. Lo único que sabe es que deben moverse de Monterrey antes de que ese hombre cumpla con su palabra.

«En este momento no tenemos dinero para irnos. Tampoco sabemos cómo hacer para pasar a Estados Unidos. Menos podemos volver a El Salvador. Solo nos queda confiar en que esto mejore para poder movernos de aquí, porque ahorita no podemos hacer nada más», dice Ana.