Migrante en medio de una pandemia

Fotografía de Julio Umaña

Andrea, de 13 años, fue víctima de una amenaza de violación y de acoso reiterado. El agresor vive en el mismo cantón que ella, es su familiar, y aprovechaba cada encuentro con la menor para dejarle claras sus intenciones. Por eso, Mirian, madre de la niña, decidió que lo mejor era migrar. Lo hicieron en medio de lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe como la «crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial». Es decir, la pandemia por covid-19.

A Mirian se le nota en la voz la fortaleza del carácter. Y también en algunos de los gestos de su rostro. Habla con la seguridad y la convicción que la llevaron a tomar la decisión de irse cuando vio que la integridad de su hija corría peligro. Emprendieron el viaje para evitar que Andrea formara parte de las 4 mujeres que, en el primer semestre de 2020, buscaron consulta médica cada día a causa de la violencia sexual. Así lo registra el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa: «8 de cada 10 atendidas fueron niñas y adolescentes menores de 18 años».

Esas cifras muestran que las agresiones contra las mujeres en el país no han parado durante la pandemia. Por eso, aunque el grueso de la migración se ha refrenado (entre un 80 y 90%), según Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Guatemala y Honduras, hay un porcentaje de personas que sigue migrando, huyendo de ese mal que caracteriza a la región: la violencia.

Andrea y Miriam partieron una mañana de julio. Para el camino solo se llevaron una mochila pequeña con tres mudadas de ropa, mascarillas y alcohol gel. Porque, aunque Mirian asegura que la Covid-19 era la última de sus preocupaciones, no dejó de tomar las medidas de higiene recomendadas para evitar el contagio. Ese día, junto a ellas viajaron otras cinco mujeres que, empujadas por múltiples necesidades, también decidieron abandonar El Salvador.

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NO HAY CIERRE QUE DETENGA LA MIGRACIÓN

Karla Castillo, experta en migración forzada, dice que se tiene la idea errónea de que frenar la migración depende únicamente de cerrar fronteras. «Y eso fue lo que hizo la pandemia: cerrarlas. Entonces, todos piensan que la gente automáticamente va a dejar de migrar, pero mientas no se mejoren las condiciones que empujan a los salvadoreños a salir del país, la situación no va a cambiar», explica. Castillo, quien ha colaborado con Ángeles de la Frontera, agrega que: «Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir».

Durante todo el proceso de pandemia, se ha experimentado una migración a cuenta gotas, contrario a la que sucedió en los primeros meses del año, cuando los migrantes todavía salían en caravanas, explica el padre Mauro Verzeletti, director de La Casa del Migrante. Además, comenta que, en lo que va del año, La Casa ha acogido a 4,570 personas, frente a las 10 mil que se atendieron el año anterior. «La migración, a pesar de las restricciones, no paró, solo se comportó de una manera distinta», dice.

Mirian cuenta su historia mientras se mece en una hamaca. Ahí, entre el calor sofocante propio de la zona del país en la que vive, el polvo que cubre el patio y los cerdos y las gallinas que, de vez en cuando se atraviesan, narra que, para su sorpresa, el camino no fue tan complicado como le habían contado. El coyote, a quien pagó $19 mil por el viaje, las llevó desde El Salvador hasta la frontera de Guatemala con México. Ahí, las recibió otro coyote para ayudarlas a pasar en una lancha. Ya en tierras mexicanas, las llevaron a un hotel. Su estadía en ese lugar fue breve, pues, según ella, ahí corrían más riesgo de contraer el virus. Por eso, a la mañana siguiente, las trasladaron a un rancho en el que pasaron 17 días.

«Yo estoy admirada, porque no fue nada difícil. Nadie nos detuvo en el camino. Nosotros pasamos rodeando, pero eso no nos constó. A mí hasta me habían dicho que ahí uno terminaba violada, secuestrada o muerta, pero nosotras venimos alentadas», explica Mirian. Aunque, por lo general, esa no es la historia que una mujer migrante suele contar.

Rinna Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, dice que, en una serie de entrevistas realizadas durante estos meses, han identificado que algunas personas que fueron deportadas en marzo, para los meses de junio y agosto, ya estaban de nuevo en Estados Unidos. «Ellos dicen que en esta última migración no tuvieron tantos obstáculos en la ruta. Eso, en parte, se debe a que estábamos en lo peor del brote. Había muchas autoridades, que no contaban con medidas de bioseguridad, que tenían miedo de los migrantes«.

Montti agrega que la razón de esto fue que Honduras era uno de los países con mayor número de personas contagiadas. «Entonces, pensaban que todos eran hondureños. Los evitaban. Este hecho, hasta lo que nosotros hemos podido constatar, fue algo que promovió luego más migraciones, porque la gente consideraba que era más fácil subir. Y, en efecto, algunos lo lograron», explica.

Huir. El viaje se planeó con prisa. Huir del país, lo más pronto posible, fue la solución que Mirian encontró para proteger a su hija.

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TRATO INHUMANO PARA FRENAR Y CASTIGAR LA MIGRACIÓN

Mirian y su hija lograron a pasar a Estados Unidos, pero las autoridades detuvieron el tráiler en el que iban y las regresaron a México. Pasaron la frontera de nuevo, a los cuatro días del primer intento, y tampoco tuvieron éxito. Una de las migrantes que encontraron en el camino les comentó que era imposible que las dejaran quedarse, no importaba que fuera acompañada de una menor. Siempre iban a deportarlas. Esa fue una de las razones que la motivó a regresarse a El Salvador.

Castillo comenta que las medidas para detener la migración se han endurecido. Estados Unidos implementó una política de deportación inmediata, excusándose en que era con la intención de proteger a sus ciudadanos del virus. La medida aplica, incluso, para las personas que solicitan asilo.

Además, agrega, las condiciones en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención son inhumanas. Tienen acceso mínimo a implementos de higiene como jabón o alcohol gel. Y, cuando piden más, les dicen que los tienen que comprar. Pero, para los migrantes que van sin dinero, esa no es una opción.

«En las celdas tampoco hay posibilidad de distanciamiento. Y, en algunos centros de detención, los guardias les dicen que no van a tener acceso a médicos, a no ser que se trate de una situación de vida o muerte. Eso ha llevado a que este sea uno de los años con más mortalidad dentro de estos lugares», dice Castillo.

Mientras estaban en México, Mirian recibió una llamada en la que le informaron que su esposo estaba muy mal de salud. Llevaba ocho días con una fiebre que no cedía. Escuchar esa noticia apresuró su regreso al país. «Yo tenía otro viaje para hoy en noviembre, pero él (su pareja) me pidió que ya no me fuera, porque no vaya a ser que, si me voy de nuevo, lo encuentre muerto», dice.

Mirian y Andrea están de nuevo en El Salvador, aunque la amenaza que las hizo migrar sigue presente. Ambas tienen miedo de la situación, pero han decidido, al no tener más opción, confiar en las autoridades.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

“Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia”.

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INTENTAR SOBREVIVIR EN UN PAÍS DESCONOCIDO

Ana se fue de El Salvador junto a su hija y su nieta porque las estaban extorsionando. Tenían una pequeña venta de ropa y zapatos, con la que lograban vivir dignamente. Pero los pandilleros de la zona comenzaron a pedirles renta, más de la que podían pagar. Y, cuando ya no alcanzaron a cubrir la cuota que les exigían, las amenazaron de muerte. Por eso, en julio del año pasado, sin tener un plan claro, emprendieron un viaje para alejarse, tanto como les fuera posible, de este país.

La razón por la que Ana y su familia huyeron sigue latente. A pesar de que el gobierno afirma tener control sobre las pandillas, el Informe de Labores de la Fiscalía General de la República sigue catalogando la extorsión como uno de los delitos de mayor impacto social en El Salvador. Entre junio de 2019 y junio del 2020, la institución recibió 2,356 casos de extorsión. Sin embargo, hay historias como la de Ana que nunca llegan a oídos de las autoridades.

«Nosotras no tenemos a nadie en Estados Unidos, lo que queríamos era salir de El Salvador y después íbamos a ver cómo hacíamos. Llegamos a Tapachula y ahí me dieron un trabajito de costurera. Así ya lográbamos sacar para la comida y alquilar un lugar para vivir. Después, nos vinimos para Monterrey, porque lo que ganábamos en Tapachula ya no nos alcanzaba para todos los gastos. Pero, la pandemia nos vino a afectar bastante», cuenta Ana.

Con la llegada de la Covid-19, la situación de Ana y su familia cambió de manera drástica. Ella y su hija perdieron los empleos. Ahora, comen cuando se puede, pues pasan días enteros sin tener ingresos. Tampoco les alcanza para pagar el cuarto en el que viven, pero la dueña de la casa les ha tenido paciencia. Los trámites para conseguir los documentos que necesitan para trabajar se retrasaron mucho por el cierre de las oficinas administrativas. Ellas están a la espera de que la situación se normalice para seguir con el proceso.

«Aquí estamos sin nada. Los mexicanos son duros con los migrantes cuando se les pide trabajo. Eso se ha vuelto más difícil desde que estamos con esto de la pandemia», dice.

Los derechos de los migrantes siempre han sido violentados, pero la pandemia los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad, explica Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. «Esto se hace bajo el entendimiento de los gobiernos de que no son ciudadanos o ciudadanas de ese país, y como van en tránsito, no hay protección a ese nivel en las rutas migratorias», explica.

Además, dice Castillo, especialista en migración forzada, también ha aumentado la estigmatización hacia la población migrante. «Cuando va en el camino, la persona se encuentra en desarraigo porque no está en su comunidad, no está en su país. Está en un lugar donde, por la naturaleza de la pandemia, lo ven como el riesgo, el que va a venir a contagiar y, por lo tanto, al que se debe evitar. Al migrante se le cierra la puerta», explica.

Fronteras. Ahora que ya se comienzan a relajar las medidas en las fronteras, dice Verzeletti, el flujo migratorio va a incrementar.

Comenta también que el riesgo de contagio llevó a muchos albergues a no continuar recibiendo migrantes durante estos meses. Situación que los dejó en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad. Porque, si antes podían depender de un albergue para pasar una o varias noches en tránsito, durante la pandemia, les tocó dormir en la calle.

A esta situación se enfrentó el Albergue Belén, en Tapachula, México. Miguel Guerrero, psicólogo del lugar, comenta que se vieron obligados a cerrar desde el 18 de marzo, cuando la pandemia comenzó a golpear con más fuerza a la ciudad. Lo hicieron para proteger a los migrantes que, en ese momento, estaban viviendo en el lugar. El personal administrativo y de cuidados también tomó la decisión de dejar el albergue, pues eran quienes entraban y salían a diario y, por tanto, los potenciales portadores del virus.

«Nos incorporamos a trabajar el día 20 de julio, que fue cuando ya empezamos a implementar las medidas necesarias de higiene y seguridad. Mientras estuvimos trabajando desde casa, mis compañeros y yo pasamos la enfermedad del Covid. Fueron días difíciles, pero logramos superarla. El aislamiento nos ayudó a evitar contagios dentro del albergue. Aquí solo tuvimos a una persona con síntomas, de 380, pero no se confirmó. Todavía hay un poco de tensión y miedo, pero ya estamos recibiendo a los hermanos migrantes de nuevo», comenta Guerrero.

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MIGRANTES ABANDONADOS

«Nadie se ha acercado a apoyarnos», dice Ana cuando se le pregunta si han recibido algún tipo de ayuda durante esta crisis. Lo dice con tristeza y en la voz se le nota la poca esperanza que le queda. Habla suave y resignada.

«Lo que nosotros hemos constatado es que, si no es por la asistencia de albergues u organizaciones de sociedad civil, al menos a nivel estatal, podríamos decir que los migrantes están totalmente abandonados. Cancillería debió buscar protegerlos, pero todo indica que no lo hizo», dice Montti, de Cristosal.

En eso coincide Interiano, pues explica que desde Cancillería y el gobierno central, no existe una mirada de protección para los migrantes en medio de esta crisis. «Del ejecutivo en sí no hemos escuchado ninguna medida concreta a favor de los migrantes. Se ha hablado de acuerdos migratorios con Estados Unidos y México, pero no están encaminados a proteger a los migrantes, sino a fracasar, porque se realizan bajo la mesa, y van en torno a los temas de seguridad y militarización», concluye.

Interiano también afirma que, si bien los gobiernos anteriores prestaron muy poca atención al tema de los migrantes en tránsito y a los salvadoreños que viven en otros países, sí se vieron algunos avances. Pero, con el gobierno actual, el desinterés ha sido muy marcado. Eso se puede ver, por ejemplo, en la opacidad y excesiva discrecionalidad en el manejo de la información referente a la migración durante la pandemia.

Para el cierre de este reportaje, no se obtuvo respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la solicitud de una entrevista sobre este tema.

“Esta crisis nos ha demostrado que no importa cuántas restricciones se pongan, las personas siempre van a encontrar formas de salir”

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SER MIGRANTE Y CONTAGIARSE DE COVID-19

Ana tiene 65 años, tuvo todos los síntomas que, según ha escuchado, corresponden a la Covid-19: fiebre, dolor de cuerpo, diarrea, vómito, escalofríos y mucha tos. Sintió, durante 15 días, que se moría. No buscó ayuda médica porque, explica ella «en Monterrey se rumora que si los migrantes, adultos mayores, van a pasar consulta por síntomas de Covid-19, les ponen una inyección para matarlos». Y, aunque reconoce que la información no le consta, lo que escuchó le bastó para llegar a la conclusión de que prefiere morir en la que por ahora es su casa y no en un hospital que está lejos de su país.

«Es un rumor. Se escucha en los buses y en la calle. Yo no sé si es cierto, pero mejor no fui», dice.

El padre Verzeletti cuenta que se han encontrado con testimonios de migrantes que, durante esta emergencia, han suplicado por atención médica y no se les ha brindado. Algo similar comenta Montti, de Critosal, en el caso de tres migrantes hondureños que pedían que los deportaran, porque, se presume, estaban enfermos de Covid-19, y se sentían tan mal, que lo único que querían era volver a su hogar.

«Si no es por la Pastoral de Movilidad Humana, que apoyó en ese momento, no se hace nada por esas personas. Cancillería no se activó absolutamente para nada. Estos son casos de Honduras, pero no me extrañaría que pase también en El Salvador», comenta Montti.

Como Ana, dice Montti, hay muchos migrantes que, por miedo a ser deportados, están viviendo la enfermedad en silencio y soledad. Además, hay otros que también la viven de manera totalmente clandestina, lo que aumenta la posibilidad de que puedan incrementarse las muertes y, por tanto, el número de desaparecidos.

Según el monitoreo de La Casa del Migrante y otras organizaciones de sociedad civil, en lo que va de la pandemia, se han registrado, al menos, 200 migrantes desaparecidos en la ruta migratoria en la región de C.A, frontera México y Estados Unidos.

Este ha sido un año difícil para Ana y su familia. A sus dificultades económicas y de salud se ha sumado la de la delincuencia, misma razón que las hizo abandonar El Salvador. Un pandillero, asegura Ana, recientemente, se acercó a su casa para amenazarlas de muerte. Ella no sabe el porqué del ultimátum. Lo único que sabe es que deben moverse de Monterrey antes de que ese hombre cumpla con su palabra.

«En este momento no tenemos dinero para irnos. Tampoco sabemos cómo hacer para pasar a Estados Unidos. Menos podemos volver a El Salvador. Solo nos queda confiar en que esto mejore para poder movernos de aquí, porque ahorita no podemos hacer nada más», dice Ana.

Fotografía de Julio Umaña

Emigrar o morir: las opciones de los pacientes con VIH en Venezuela

Fotografía de El Universal, México

“Cada vez que me entregaban mis medicamentos era un alivio. El conocer que iba a tener calidad de vida, mientras duraran las pastillas, me llenaba el cuerpo de una felicidad inmensa, aunque fuera por tan solo unos segundos. La incertidumbre del no saber si el próximo mes iba a correr con la misma suerte, me generaba angustia”.

El testimonio de Gabriel, un joven seropositivo al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es espejo de miles de pacientes que viven con la misma condición en Venezuela. La dificultad o imposibilidad de adquirir los antirretrovirales para atender este padecimiento los ha llevado a coincidir en la pregunta: ¿me quedo en el país o emigro?

En Venezuela, una amplia parte de su población percibe un salario mínimo de 40 mil bolívares (1 dólar con 82 centavos al cambio de este 29 de septiembre); el Estado, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, es el único que puede comprar y distribuir medicamentos, entre ellos los antirretrovirales, y no lo hace, lo que genera una necesidad de escape, en especial para quien vive con VIH, que ve como única solución salir de su país.

“Primero está mi vida”. La respuesta de Ronald Benítez, de 30 años de edad, fue inmediata. Desde el 2015, año en que fue diagnosticado, supo que a partir de ese momento su prioridad era vivir. Hace dos años y medio emigró a Bogotá, Colombia.

Hasta 2016, Benítez, como el resto de los 77 mil pacientes con VIH -de un total de 220 mil contagiados en el país- que reciben o están inscritos en el programa de obtención de medicamentos por parte del Estado venezolano -de acuerdo a las últimas cifras, del mismo año, aportadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela (MPPS)- pudo contar con los fármacos que controlan su padecimiento.

“Todo iba funcionando bien, luego se tornó a intermitente, para después, sencillamente, no recibir nada”, cuenta este joven de su experiencia en el centro hospitalario, ubicado en Caracas, en dónde le tocaba retirar su cóctel de medicamentos.

La situación obligó a Benítez a tomar la decisión de emigrar. “Llegué a tener un descontrol en mi medicación y eso es un lujo que los pacientes como yo no nos podemos permitir”, reflexionó.

Lo que seguía en la vida de Benítez estaba claro para él. Obligado a abandonar su país, optó por irse a Colombia, que era lo más cerca: “Fui, inicialmente, de vacaciones, y si las cosas funcionaban me quedaba”, pensaba.

Aunque aún no ha podido entrar a un programa que le garantice la adquisición de los antirretrovirales en Bogotá, por no contar con una permanencia legal en territorio colombiano, asegura que en comparación a como estaría en Venezuela, su calidad de vida es mejor en cuanto alimentación y otros factores necesarios para vivir con su condición de una manera digna.

Para Benítez nada ha cambiado ni mucho menos mejorado en el sistema sanitario venezolano. Pese a que todavía está inscrito en el programa del MPPS, sigue sin recibir los antirretrovirales que, por ley, tal como lo consagra la carta magna, le corresponde al Estado otorgarle para garantizar su derecho a la salud.

Desabastecidos. Los anaqueles de una farmacia en el centro de Caracas llevan varios meses vacíos

Así las cosas, fue en el mercado negro que consiguió este venezolano la alternativa para poder seguir con su medicación. Asegura que, por un tiempo, pagó mensualmente $30 a una enfermera en Venezuela que le vendía los antirrotrovirales. Su última compra fue en febrero. Aseguró su tratamiento por 8 meses. Luego de octubre 2019, si no regulariza su situación migratoria en Colombia, la incertidumbre para Benítez volverá.

Las posibilidades que ha tenido Benítez no son las mismas para quien vive con VIH y decide quedarse en Venezuela. En la otra cara de la moneda, la realidad es costosa, además de dura, de mucha paciencia y angustiante a la vez. Todos los sentimientos al mismo tiempo.

Día a día, los hospitales del país amanecen colmados de personas seropositivos que aguardan la esperanza de irse a casa con sus medicinas. El “vuelve después. Cuando lleguen (los antirretrovirales) te llamamos”, son palabras a las que deben hacer frente estos pacientes en medio de su desesperada e infructuosa búsqueda de la medicación.

Es el caso de Freddy Bravo. De los 13 años que lleva diagnosticado, los últimos 3 años han sido de preocupación constante. El no tener acceso al tratamiento que controla el virus en su organismo, ni dinero para comprarlo por su cuenta, lo ha hecho tomar “medidas extremas”.

“A partir 2016, cuando comenzó la falla en la entrega de los antirretrovirales, tuve que ingeniármelas. Comencé a tomarme las pastillas un día sí y otro no, aunque sé que eso estaba mal, o al menos, no era prudente. Mi salario no me alcanza para asumir lo costoso del tratamiento”, contó este hombre de 47 años de edad.

Desde hace ya varios años, desde que se agudizó la crisis en Venezuela, los análisis de carga viral y conteo de linfocitos CD4 dejaron de hacerse en los centros de salud públicos. Estos exámenes se pagan y son inalcanzables para la mayoría de pacientes seropositivos. En las pocas clínicas privadas que los realizan en Caracas, sus costos no son ni siquiera en moneda local: oscilan entre los $30 y $50. solo en algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, resultan más económicos y permiten que sus precios, aunque dolarizados, sean pagados en bolívares.

“Yo he tenido que vender parte de mis pertenencias para poder hacerme esos exámenes. La situación económica y de salud del país es bastante difícil. He pensado en irme de Venezuela”, confesó Bravo, quien a la fecha ya tiene un año sin hacerse el conteo de sus linfocitos y de carga viral.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral.

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“PLAN MAESTRO”: VIVIR GRACIAS A DONACIONES

Desde 2016, el MPPS a través del Estado venezolano no ha comprado los medicamentos antirretrovirales ni reactivos para realizar los análisis de sangre de detección o seguimiento de la carga viral del VIH. Siendo esta la razón que origina la crisis, muchas han sido las alertas y las denuncias nacionales e internacionales por la falta de atención del gobierno de Nicolás Maduro da a este sector de la población.

Las ayudas han llegado de a poco, conforme el gobierno venezolano lo permite.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral en estas personas.

Para lograrlo, se destinaron casi 34 millones de dóalres que alcanzarán, en un principio, para la atención por tres años del VIH/Sida en Venezuela, con su única prioridad en la entrega de medicamentos.

A partir de febrero de 2019, el MPPS comenzó a distribuir esta donación.

“Yo agradezco que se buscó una solución a este problema, nuestros pacientes merecen estar bien”, expresó la infectóloga Patricia Valenzuela.

Pero aún no se ha resuelto todo, y está lejos de solucionarse. Los laboratorios clínicos siguen sin reactivos para la realización de pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, y para la carga viral del VIH, que es el examen más importante que permite llevar el seguimiento a las personas que cumplen con el tratamiento.

“Es muy complicado una condición de salud en Venezuela, debido al desabastecimiento de medicamentos. Son momentos duros y difíciles para los infectólogos venezolanos. Vemos cómo perdemos y se viene abajo el trabajo de años de avance con los pacientes”, deploró la galena.

Valenzuela perdió la cuenta de cuántos de sus pacientes han tenido que emigrar por la falta de medicamentos en Venezuela: “Varias de las personas que atendía desde siempre se fueron marchando poco a poco para recibir los antirretrovirales, y les ha ido bien en esos países que le brindaron la mano”.

Hasta marzo, a la consulta de la doctora Valenzuela llegaban pacientes hasta con 10 meses sin recibir el tratamiento antirretroviral. “Durante ese periodo, hubo una serie de fallecimientos por la reaparición de enfermedades oportunistas, para las cuales no hubo, ni hay todavía tratamiento en el país”, lamentó.

“No es fácil, el paciente sufre y el tratante también”, reflexionó Valenzuela sobre la situación de salud en el país.

Solo de vista. Con lo poco que llegó de medicamentos a una farmacia caraqueña, solo alcanzará para rellenar la vitrina que ve el público. El resto del stock seguirá en números rojos.

Venezolanos en Ecuador, radiografía del hambre que emigra por Latinoamérica

Fotografía de EFE

Un hombre famélico, con sus vestimentas color hollín y zapatillas roídas, camina solo, con paso firme y portando un petate, en dirección al puente de Rumichaca, entre Ecuador y Colombia; es una de esas tantas puertas de la esperanza para los venezolanos que huyen del hambre y la pobreza.

Con dos hendiduras a ambos lados del rostro, que dibujan el contorno de su mandíbula y la piel quemada por el sol y las inclemencias de la cordillera andina, este venezolano de nombre Fredy Ramón Castillo, de 60 años, ha recorrido más de 2,000 kilómetros desde Valencia, estado de Carabobo, hasta el principal acceso a Ecuador y lleva ocho días caminando.

«El sueldo no me alcanzaba para comprar medicinas y decidí salir de Venezuela para ayudar a mi mamá», afirma antes de romper a llorar por su situación, que comparten los cerca de 2,000 a 3,000 compatriotas, hasta 5,000 en los días álgidos, que cruzan este límite.

Es una frontera que solo en 2018 fue atravesada por más de un millón de venezolanos, de los que más de 220,000 no registraron su salida del país por puertos oficiales, según datos oficiales.

Venezuela afronta en el último lustro una grave crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas, productos básicos y servicios como electricidad o agua potable, inseguridad, que ha llevado a más de 4 millones a dejar su país y engrosar el movimiento más grande y rápido de personas en la historia reciente de Latinoamérica.

Ecuador. Es el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región. Para finales de año se estima que su población llegará a medio millón de personas.

Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina después de Colombia, Perú y Chile, y tiene una población estimada de más de 300,000, cifra que podría acercarse al medio millón para finales de año, según vaticina su cancillería.

Es además el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región.

Cada día cerca de una veintena de autobuses llega a la divisoria con Ecuador procedente de Colombia, donde comienza el éxodo por la región suramericana, aunque numerosos individuos solos o en grupo hacen el recorrido a pie.

Es el caso de media docena de hombres y mujeres en la veintena, que alcanzan casi desmayados el límite territorial con dos bebés y sus vidas en apenas dos maletas con ruedas y varios bultos que se han ido turnando en cargar en su largo trecho.

«Comenzamos hace 19 días», refiere a Efe Edison Mendoza, del estado de Lara, con su hija de año y medio dormida en su regazo.

Ecuador. Es el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región. Para finales de año se estima que su población llegará a medio millón de personas.

Su objetivo también es llegar a la capital peruana, donde tienen familiares, tras haber descartado Ecuador. «Porque no tener nada que comer nos ha motivado a recorrer todo esto, y lo que nos falta», comenta.

De acuerdo a un reciente informe de seguimiento del flujo de la población venezolana en Ecuador de la Organización Internacional (OIM), el 54.4 % de los venezolanos inició su viaje entre uno y siete días antes de llegar a los principales puestos fronterizos, donde el costo promedio del mismo fue entre $100 y $500.

Asimismo, el 46.3 % viaja solo, el 42.9 % con familiares y el 10.6 % con un grupo no familiar; y el 33.8 % de los encuestados en la frontera expresó su deseo de permanecer en el país, el 52.3 % planea radicarse en Perú y el 12.4 % en Chile.

Con una economía dolarizada y un envío regular de remesas a Venezuela que promedia los $20, Ecuador se ha tornado para muchos en una opción donde empezar de cero.

El perfil de los que en estos momentos ingresan a este país está cambiando respecto a los últimos años, según subrayan los organismos internacionales, con un aumento de las mujeres (44.7 %), y en su gran mayoría con el bachillerato acabado (43.6 %), cuando en años precedentes solía hacerlo un mayor número de licenciados.

«Podemos decir que en una primera etapa de la movilidad fueron los cabezas de familia, y ahora desde hace un año tuvieron sus recursos económicos y pueden hacer la reunificación familiar», indica a Efe Vladimir Velasco, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador (MIES), en la ciudad fronteriza de Tulcán, aledaña a Rumichaca.

A escasos metros del puente internacional, en la divisoria común, un autobús fletado por la OIM efectúa su última parada del trayecto desde Colombia y a sus escalerillas, un trabajador del organismo informa a los pasajeros venezolanos que descienden que se separen en grupos en función de los que se quedan en Ecuador y los que siguen recorrido a Perú, que desde el sábado exige visado humanitario.

Junto con el grupo de recién llegados, tres jóvenes maleteros venezolanos esperan sacarse unas monedas ayudándoles a cargar sus pertenencias hasta el área donde deben proceder a regular su documentación.

Reciben pesos y dólares de la nueva modalidad de pasajeros emigrantes, que les dan para tirar, «algunos días llegamos, otros no», refiere Lewis Cuello, de Caracas, si tienen suerte incluso envían algo a la familia en la República Bolivariana.

A ambos lados del cruce varios habitáculos de organizaciones internacionales, como ACNUR, UNICEF, Cruz Roja Internacional, Programa Mundial de Alimentos, ONG, gobiernos locales y cancillerías, se han convertido para muchos de los viajeros en parada y fonda en su trayecto.

Los niños juegan en espacios lúdicos y los mayores cargan sus celulares en un punto habilitado, chequean su salud o simplemente reciben alimentos en una espera que puede demorarse varias horas.

La mayor parte de los viajeros que atraviesan la frontera ecuatoriana lo hacen con cédulas de identidad y pasaportes, aunque el 2.5 % no posee documentos, especialmente menores, constatan las entidades responsables.

Entre inicios de febrero y finales de marzo de 2019, el Gobierno ecuatoriano exigió la presentación de antecedentes penales apostillados a los venezolanos que ingresaron en el país, medida suspendida por la justicia.

El viaje. El 46.3 % de los venezolanos que viaja a Ecuador lo hace solo, el 42.9 % con familiares y el 10.6 % con un grupo no familiar.

Pese a liderar esfuerzos regionales para hacer frente al fenómeno, abogando por una flexibilización y políticas de «brazos abiertos» a la población vulnerable, el presidente, Lenín Moreno, ha anunciado que se exigirá una visa humanitaria, siguiendo con el ejemplo peruano.

Desde Rumichaca parten al día en función de la demanda, entre cuatro y ocho autobuses humanitarios con destino a Huaquillas, en la divisoria con Perú, flujo que podría frenarse una vez que ha entrado en vigor la disposición adoptada por Lima.

Una plazoleta que alberga las instalaciones humanitarias en el cruce con Colombia se ha tornado en un gran recinto de espera donde se agolpan las familias venezolanas con sus pertrechos.

Génesis Camacho, de 24 años y oriunda de Zulia, espera su turno para poder alimentar a su hijo pequeño gracias al Banco de Alimentos. Viajó con su marido en autobús y piensa radicarse en Ecuador donde ya se encuentra toda su familia. «Éramos los últimos», asegura.

Cada vez se observan más casos de madres que migran con sus hijos, mayores o personas con discapacidad que en una primera etapa no se lo planteaban.

Una tendencia «creciente», según la alta comisionada adjunta de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Kelly Clements, que en su primera visita al país andino advirtió a Efe que la mayoría de los venezolanos en situación de movilidad por la región requiere de «protección internacional».

El éxodo masivo de venezolanos se aceleró a partir de 2016, se agudizó en los últimos dos años, en paralelo al pulso de poder entre el líder chavista Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.

Como en casi todo el continente, muchos comienzan en un cruce de caminos con un cartel que reza: «Soy venezolano, tengo hambre, por favor ayúdame».