El vacunatorio que vale por un hospital
Mientras en público prometió un hospital de especialidades en el parqueo de Cifco, en privado el Gobierno siempre tuvo claro que la fase 3 del Hospital El Salvador sería temporal y “desmontable”. A la larga, luego de $19.3 millones y una cincuentena de irregularidades cuestionadas por la Corte de Cuentas, Nayib Bukele inauguró un ‘vacunatorio’; una galera $4 millones más cara que las fases 1 y 2, donde sí opera un hospital para pacientes de covid-19.
El Gobierno incumplió su promesa de construir a bajo costo un hospital especializado en el estacionamiento del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) para atender casos graves de covid-19. En su lugar, terminó erigiendo un edificio de tres niveles que casi cuadruplicó el valor inicial del proyecto y que ahora mismo, cuando el ministerio de Salud reporta un alza en el número de contagios, no puede ser utilizado para descongestionar el sistema porque en ese edificio no hay ni camas UCI ni equipo médico que atienda a los pacientes más afectados por el nuevo coronavirus en El Salvador.
En marzo de 2020, y a un monto de $ 5 millones, el Gobierno se comprometió a entregar, en un tiempo récord de dos meses y medio, la fase 3 del hospital “más moderno de Latinoamérica”. Trece meses más tarde, y con $ 14.3 millones más de lo presupuestado, el presidente de la república Nayib Bukele inauguró en el otrora estacionamiento de Cifco un edificio vacío, coronado por una galera convertida en vacunatorio, por el cual el ministerio de Obras Públicas (MOP) erogó $19.3 millones solo en su construcción. Bukele y la propaganda llamaron a este edificio como un “megavacunatorio”. El cambio de planes, aseguró Bukele la noche del 12 de abril de 2021, se debió a que lograron “contener el virus”. Dos meses más tarde, Salud confirma un incremento de casos y una saturación en el sistema que esperan controlar.
Lo cierto es que en el proyecto rebalsan las irregularidades en su proceso de planeación y ejecución. La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha detectado cerca de 50 fallas entre las que destacan una imprecisión gubernamental: el Gobierno desarmó en privado un proyecto que buscaba un hospital especializado que estaría unido, incluso con infraestructura ad hoc, a los pabellones de Cifco donde reciben atención los casos graves de covid-19.
Según la narrativa oficial, el ahora vacunatorio sería la tercera fase de una obra que completaba la supuesta transformación ya en marcha al otro lado de la calle para construir el “hospital más grande de Latinoamérica para atender covid-19” cuando, en realidad, su ejecución apuntaba a todo lo contrario.
Una obra irregular
Documentos oficiales a los que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA revelan que, en el principio, el Gobierno nunca pensó en un hospital permanente y menos en un vacunatorio que estaría ubicado contiguo a la Casa Presidencial. En el camino el ministro Francisco Alabí cambió de parecer. El Gobierno nunca aclaró si el hospital sería temporal o permanente, aunque el ministro de Obras Públicas llegó a prometer 1,200 camas solo en la fase 3. Sobre la marcha y a escondidas cambiaron los planes y en documentos oficiales plasmaron que el hospital sería temporal antes de decidirse por un vacunatorio.
Sobre todos estos cambios en el proyecto no hay información oficial pública hasta septiembre de 2020. El Ejecutivo no ha hecho públicos los planes y la coordinación que expliquen los repentinos cambios en el funcionamiento de ese edificio en el antiguo parqueo de Cifco.
Fuentes, empresas contratadas y documentación oficial del Gobierno también dan cuenta de las anomalías que señala la CCR en la construcción de lo que se planeó inicialmente como un hospital.
La CCR señala en un examen preliminar especial realizado a los procesos de construcción del Hospital El Salvador del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 que hubo inconsistencias incluso en los contratos para la construcción del edificio de tres niveles en el parqueo de Cifco.
“El MOP y MINSAL (Ministerio de Salud) usaron indebidamente los recursos provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) por un monto total de $8,580,845.34 en el proceso de construcción de un edificio de tres niveles y no para la construcción del Hospital de Especialidades para atención de la Emergencia por COVID-19, como inicialmente se estableció”, señala la CCR.
La construcción del edificio en el estacionamiento fue catalogada como el paquete 6 del Hospital El Salvador, el cual, a su vez, se dividió en tres partes (6A, 6B y 6C). Los más de $8.5 millones a los que hace referencia la CCR son la suma de los montos adjudicados a dos empresas contratadas para el “diseño y construcción del proyecto: construcción de Hospital de Especialidades para atención de la Emergencia por COVID-19”.
Icivil Infraestructura S. A. de C. V. fue la ganadora del paquete 6A por un monto de $3,994,183.41, firmó contrato el 15 de abril de 2020 y se encargó de realizar los cimientos para un hospital temporal.
Imfica Industrial S. A. de C. V., a la que le adjudicaron el paquete 6B el 25 de abril de 2020 por $4,586,661.93, se encargó de montar la estructura metálica de un hospital temporal sobre los cimientos que dejó Icivil.
El MOP adjudicó el paquete 6C un mes después de la primera contratación, el 16 de mayo de 2020. Contrató a Inversiones Omni, propiedad del presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Luis René Dada Jaar. Omni se encargó de la “instalación del sistema de climatización y diseño, suministro e instalaciones eléctricas para edificio de tres niveles en parqueo anexo de Cifco” por $10,745,412.02. A diferencia de los otros paquetes 6A y 6B, este no especificó que los trabajos serían para el funcionamiento de un hospital.
El paquete 6C tuvo un costo mayor que toda la instalación y suministro de aires acondicionados, ductos, filtros y ventilación de aires médicos (oxígeno) del hospital que está al cruzar la calle, donde sí funcionan camas de cuidados medios e intensivos. Todas esas obras en conjunto sumaron $7 millones, según contratos y órdenes de compra que Obras Públicas entregó a la Asamblea Legislativa. Tuvo un costo de $3 millones menos que la instalación eléctrica y de climatización que realizó Omni en un edificio de tres plantas que no es un hospital de especialidades.
Inexpertas en hospitales
Icivil e Imfica, encargadas de los cimientos y de levantar la estructura del edificio, respectivamente, fueron supervisados directamente por el MOP y no cumplieron con los tiempos de entrega establecidos en los contratos. Recibieron prórrogas suficientes para que no perdieran la adjudicación de las licitaciones y pudieran terminar la obra.
Icivil tiene experiencia en la construcción de carreteras y no en hacer fundaciones. Entre 2016 y 2020, ganó siete licitaciones con el Fondo de Conservación Vial que sumaron $8,706,353.41 para el mantenimiento de vías, según lo registrado en el portal de Transparencia del Gobierno. Con el MOP tiene una contratación por $1,469,061.53 para el mejoramiento de camino vial.
De acuerdo con reportes del periódico digital El Faro de junio del año pasado, el monto de $3.9 millones que pagó el MOP a esta empresa inexperta y que falló en sus tiempos de entrega fue superior en $1.1 millones a la oferta que había hecho otra compañía que sí se especializa en fundamentos.
Imfica, por su parte, se comprometió a terminar en un plazo de 60 días; tardó 108, debido a los retrasos que la obra ya arrastraba desde sus cimientos. Imfica no registra contratos con el Gobierno. De acuerdo con su página web, se especializa en estructuras metálicas, entre las cuales destacan “naves industriales”.
Inversiones Omni, con 40 años de experiencia, realizó su trabajo en 120 días. Fue la única que respetó los plazos acordados, según documentos del MOP.
Los documentos oficiales muestran que la obra tuvo fallas desde su concepción. Según los contratos que el MOP firmó con las empresas constructoras, el tiempo real para cumplir con la obra estaba planeado oficialmente para 210 días a partir del 15 de abril de 2020, aunque el MOP registró que el edificio fue entregado en 265. Sin embargo, desde el 22 de marzo de 2020, que inició la remoción de la capa de asfalto, hasta el 12 de abril de 2021, que fue inaugurado, hay 386 días.
Salud delegó todas las contrataciones en el ministerio de Obras Públicas; por ello, este era el llamado a coordinar y hacer cumplir con los tiempos que estipularon en los proyectos de construcción del edificio. En respuesta a los señalamientos de la CCR enviadas entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020 Salud se lava las manos en Obras Públicas y pide que todos los hallazgos sean “desvanecidos en favor del MINSAL”.
Consultado por este medio el 25 de mayo pasado, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, evadió explicar la incongruencia entre la contratación de los paquetes 6A y 6B y el paquete 6C. También dijo desconocer el valor total del vacunatorio. “Yo no sé a veces de dónde se sacan los datos. Por qué dicen que invertimos $19 millones en el edificio, no sé de dónde sacan los datos. Entre todo lo que se ha invertido como parte del MOP son $34.7 millones, incluyendo la fase 1, la fase 2 y la fase 3”, dijo a este periódico. Sin embargo, fue él quien firmó las tres contrataciones del ahora vacunatorio que, en conjunto, suman $19.3 millones.
Los tropiezos
Icivil incumplió por siete días el plazo de un mes que acordó con el MOP para entregar los cimientos de la tercera fase del Hospital El Salvador. A pesar de que sufrió sanciones, no perdió la adjudicación de la obra porque, según justificó el ministro Rodríguez a la CCR, una nueva contratación con base en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) “hubiera sido perjudicial al interés público, pues las obras contratadas hubieran sufrido más retrasos”.
Si el MOP hubiera decidido ponerle fin al contrato que firmó el 15 de abril de 2020 con Icivil, hubiera tenido que pasar por todos los procesos legales que impone la Lacap para realizar una contratación. Desde el 16 de mayo de 2020, El Salvador entró en un limbo jurídico en el que el Gobierno de Bukele emitió el decreto ejecutivo número 18 saltándose la Asamblea para instalar un nuevo estado de emergencia, que a la postre fue anulado por la Sala de lo Constitucional.
El MOP notificó a Icivil la sanción por los retrasos hasta el 11 de febrero de 2021, según consigna el ministro Rodríguez en su respuesta a los comentarios de la CCR, pero no aclaró de cuánto fue la multa.
En la contratación de Imfica por $4.5 millones, para el MOP privó más el criterio de tiempo de entrega que la oferta y calidad. “El edificio fue contratado bajo la premisa de que el factor preponderante en la evaluación de ofertas era el tiempo de entrega, por encima del valor de la oferta”, señalan los auditores de la CCR.
Según el entre contralor, hubo violación del criterio de oportunidad en el paquete 6B, pues al 30 de septiembre de 2020 el hospital no había sido finalizado. El MOP ignoró los otros criterios rectores de la Lacap, como el precio y la calidad, por priorizar el tiempo de entrega que se pactó para 60 días; pero, en realidad, tardó 107. La CCR no solo le atribuye los retrasos a las primeras empresas contratadas, sino a la falta de coordinación entre los ministerios de Obras Públicas y de Salud “por no considerar los elementos que
conlleva un proyecto tan complejo para el funcionamiento de un hospital de tercer nivel”. Rodríguez evadió responder a este periódico por qué se retrasó tanto una obra que su ministerio vigilaba.
El MOP le dio a Imfica cinco prórrogas para que terminara el proyecto, “debido a que el contratista del paquete 6A (Icivil) no cumplió con su programación”. Al 30 de septiembre de 2020, Imfica aún no había terminado la construcción ni había instalado los pasillos de comunicación entre el vacunatorio y las antiguas instalaciones de Cifco, donde sí opera el Hospital El Salvador. “No se puede considerar una unidad hospitalaria íntegra”, concluye la CCR.
El pasado 18 de mayo, las tres empresas corroboraron a LA PRENSA GRAFÍCA la firma de los contratos y la ejecución de la obra, pero dijeron que tramitarían la solicitud de entrevista con este periódico porque los firmantes no se encontraban en las instalaciones o estaban reuniones. Ninguna dio más explicaciones.
Engaño permanente
El presidente Nayib Bukele anunció el 21 de junio de 2020 que Cifco dejaba de existir en esas instalaciones, pues el nuevo hospital operaría de manera permanente, incluyendo la fase 3. Apenas 10 días antes, el 11 de junio, el ministro Alabí había notificado al Consejo de Ministros que en el parqueo de Cifco se construía un hospital permanente, pero los trámites oficiales decían lo contrario.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) confirman que el proyecto fue catalogado como temporal.
El MARN incluso categorizó a la fase 3 en su sistema de evaluación ambiental como un hospital temporal. Según el portal del ministerio, el proceso para adquirir el permiso ambiental comenzó el 31 de marzo de 2020 y se describió como “un hospital de carácter temporal, con el objetivo de atender la emergencia por covid-19”.
Para el 20 de junio de 2020, un día antes de que el presidente Bukele anunciara a todo el país que el hospital sería permanente, el MARN ingresó a su sistema el estudio de impacto que presentó el ministerio de Salud para las tres fases de un proyecto que en papeles difería con la promesa presidencial.
“El señor Ministro de Salud Ad Honorem, mediante el oficio No. 2000-6000-215, de fecha 25 de junio de 2020, en numeral 2, literal c, expresa que el acuerdo de creación del hospital nunca se estableció de manera temporal”, consigna el borrador de la CCR.
Sin embargo, en un convenio con Cifco firmado por la exministra de Salud Ana Orellana Bendek el 30 de marzo de 2020 incluso se lee que su propósito es “para el uso y la gestión de las instalaciones de Cifco para el funcionamiento de un hospital temporal” por seis meses.
Fue con el transcurso del tiempo que el Gobierno decidió sin dar mayor explicación que el hospital devenido finalmente en vacunatorio se quedaría de manera indefinida en la avenida La Revolución.
El MOP incluso había terminado las licitaciones para la construcción del edificio cuando decidió que el proyecto sería permanente. Todos los contratos se firmaron con la idea de que el edificio sería, como el ministro Rodríguez aseguró al inicio de la obra el 26 de marzo de 2020, “reutilizable y desmontable”.
Salud se lava las manos
El ministro Rodríguez y la exministra de Salud Bendek firmaron un convenio de cooperación el 19 de marzo de 2020 para que entre ambas instituciones se repartieran obligaciones en la atención a la pandemia covid-19 . Acordaron que sería el MOP el encargado de “ejecutar el proceso de pago a través de la Gerencia Financiera lnstitucional MOPT, de los suministros de bienes y contratación de servicios derivados de los procesos de adquisiciones y contrataciones”, entre otras cosas.
Para el ministro Alabí, quien sustituyó a Orellana Bendek, esto lo exime a él y a su ministerio de toda responsabilidad por irregularidades que pueda haber y carga todo en el MOP como institución contratante. “No puede atribuirse responsabilidad alguna al MINSAL por parte de los auditores, ya que únicamente ha sido la institución con la necesidad y no ha participado como Unidad Solicitante o Requirente en los procesos de compra de las contrataciones señaladas”, justificó, en respuesta a los señalamientos de la CCR. Un argumento que repite en la mayoría de reparos relacionados con las obras, compras y contrataciones que el MOP ejecutó.
A juicio de la CCR, estas obras debieron ejecutarse en conjunto, debido al apoyo técnico que ambas instituciones aportarían para la construcción de un hospital. “Somos de la opinión de que debieron involucrarse (los ministros de Salud) de manera activa en los proyectos a ejecutarse, por ser quienes suscribieron el convenio con el Cifco y quienes darán uso a las instalaciones; además, son expertos en materia de salud y por consiguiente debía garantizar que este cumpliera con todos los elementos técnicos necesarios para funcionar de manera oportuna como hospital de tercer nivel”, concluye la CCR.
Las tres fases del Hospital El Salvador costaron $34.7 millones, de los cuales $19.3 fueron exclusivamente para levantar lo que ahora funciona como un vacunatorio. Los $15.4 millones restantes, solo el 44 % de esos fondos, fueron para transformar en un hospital los pabellones
Cifco donde reciben atención los pacientes graves de covid-19.
En el vacunatorio solo están instaladas sillas de plástico y muros de tablaroca. Médicos que trabajan dentro de esas instalaciones confirmaron que hasta finales de mayo 2021 no había ni una sola cama para atender pacientes de covid-19. Ni una sola.
Más allá de ceñirse a la narrativa bukelista, el ministro Alabí no ha explicado cómo el Ejecutivo salvadoreño discutió y planificó la conversión del hospital de tercer nivel en un centro de vacunación.
El viernes 21 de mayo pasado, este periódico le envió un correo al ministro con una solicitud de entrevista para ahondar en las razones, pero no hubo respuesta.
Lo que Alabí dijo el 26 de mayo en una entrevista radial es que Salud piensa destinar ese edificio, en el que gastó $19.3 millones, $10 millones de esos en aires y electricidad, en un lugar para telemedicina.
Millones subutilizados
Los $19.3 millones que se usaron para construir la tercera fase del Hospital El Salvador superaron el presupuesto asignado para 2021 para la operatividad de 23 de los 31 hospitales que están en la red pública de salud salvadoreña. Además, el presupuesto para que el Hospital El Salvador funcione este año es de $61.8 millones, solo superado por el Hospital Rosales, que requiere $62.8 millones. El vacunatorio tuvo una mayor inversión que otros hospitales de tercer nivel que atienden todo tipo de padecimientos.
Durante 2020, el MOP afirmó que remodeló y suministró equipo médico a gran parte de la red de hospitales. Para tal propósito, según informes que el ministerio entregó a la Asamblea, invirtió $28 millones. En todo ese proceso de remodelación invirtió $6.7 millones menos que los $34.7 millones que costaron las tres fases del Hospital El Salvador.
Un consultor con décadas de experiencia en la gestión y administración de Salud Pública explicó que el Gobierno optó por centralizar la atención para pacientes de covid-19. Esto implicó el gasto y tiempo de reacomodar las instalaciones de Cifco y construir un edificio nuevo en vez de invertir en el fortalecimiento de la red nacional de salud.
“Una uci no funciona sola, sino que funciona con una cantidad de servicios que giran a su alrededor, eso implica laboratorio, rayos X, banco de sangre, etc. Si ya en algunos hospitales tenían esa infraestructura, era más fácil manejar camas en hospitales ya montados que ir a crear un hospital nuevo al que le tenían que generar todos los servicios adicionales”, dijo el experto, que pidió anonimato debido a la naturaleza de su trabajo.
Alabí dijo en agosto de 2020, en una comparecencia en la Asamblea para explicar los gastos en la gestión de la pandemia, que la atención de una unidad uci cuesta $3,500 diarios. Significa que si los $19.3 millones del costo del vacunatorio se hubieran reorientado, El Salvador podría haber costeado 5,521 días en atención de calidad para las uci ya instaladas en el sistema, incluidas las camas uci que el Gobierno asegura que hay en las fases 1 y 2 del Hospital El Salvador, que “han mantenido índices de ocupación del 90 % en promedio”, según reveló Salud en su memoria de labores 2021.