Munguía Payés y sus familiares se beneficiaron con ocho terrenos del Ipsfa
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, y tres de sus familiares compraron ocho terrenos entre 2012 y 2019 al Ipsfa. La Fiscalía denuncia lavado de dinero en la inversión de más de un millón de dólares en los lotes adquiridos a precios preferenciales. La compra más reciente fue avalada por el Ipsfa nombrado por el actual gobierno de Nayib Bukele.
La zona tiene amplias áreas verdes, piscina, canchas de básquet, tenis y un espacio para realizar parrilladas. Además de estar ubicado en Nuevo Cuscatlán, la seguridad de este residencial corre por cuenta del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa). En este lugar es que se encuentra un terreno que David Munguía Payés y su madre, Blanca López Méndez, adquirieron en 2019 a través de una compraventa que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República es anómala, y es sospechosa de lavado de dinero.
Munguía Payés, el otrora poderoso ministro de la Defensa de los gobiernos del FMLN (estuvo más de 8 años en el puesto) está acusado de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero, entre otros cargos relacionados a la corrupción. Enfrenta, además, un proceso de extinción de dominio de varios inmuebles. Entre ellos, el que comparte con su mamá, pero también los que adquirieron su hermanastro, José Dheming Valle; y una de sus hijas, Blanca Munguía.
Según la acusación fiscal, los familiares de Munguía Payés le sirvieron como testaferros (es decir, para poner a nombre de ellos propiedades) en unas transacciones avaladas por el Ipsfa.
En total, entre 2012 y 2019, la familia del exministro gastó $1,036,621.33 para comprar los ocho inmuebles, sin que a la fecha existan justificaciones sobre el origen de los fondos que respaldaron estas compras, dado que el salario nominal del exministro durante este periodo rondó los $3,300 mensuales.
Según documentos oficiales, los familiares del exministro Munguía pagaron precios preferenciales al Ipsfa por las propiedades, alejados del monto ideal que la institución había fijado con el fin de generar ganancias y así tener liquidez para asegurar los fondos de pensión para los militares retirados.
Precios bajos
Cinco de ocho terrenos están ubicados en el residencial Greenside, Santa Elena, en el municipio de Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Acá compraron Munguía Payés, su hermanastro, José Dheming Valle, su madre y su hija Blanca Munguía.
En su momento, el Ipsfa promocionó esta residencial como “una de las zonas de mayor prestigio del Gran Salvador”, pero los precios a los que vendieron los lotes a la familia del exministro no estuvieron a la altura de la publicidad. Los 265 terrenos están distribuidos en 39.7 manzanas que solían ser bosque de la finca La Joya. Los lotes, ubicados en colinas y con clima fresco, miden “de 500 hasta 1000 varas cuadradas” o, dicho de otra manera, el más pequeño mide casi lo que una cancha de básquet reglamentaria.
El hermanastro y la madre del exministro Munguía compraron, además, una casa y un apartamento en la residencial Loma Linda, en la zona de San Benito, en San Salvador, en 2012 y 2015.
La octava propiedad que la familia adquirió está ubicada en el complejo habitacional Kuaukali, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Esta residencial fue pensada para beneficiar a oficiales con rangos altos dentro de la Fuerza Armada. Es acá en donde el actual ministro de Defensa, René Merino Monroy, también adquirió una propiedad bajo un mecanismo que, al igual que a Munguía, lo colocó en ventaja con respecto al resto de posibles compradores.
Estas ventas son hechas bajo la aprobación del consejo directivo del Ipsfa. En este punto, expertos señalan que los directivos elegidos por el presidente de la República, y que a su vez fueron recomendados por el ministro de Defensa –para los casos Munguía Payés o Merino Monroy-, debieron abstenerse de participar, ya que la figura del ministro cae en un rol de “juez y parte”. Tiene poder de decisión sobre qué, a quién y a qué precio se comercializa un bien que, en el concepto más pragmático, tenía como objetivo generar una ganancia.
El consejo directivo del Ipsfa, de hecho, responde al ministro de la Defensa, tanto así, que por ley debe presidirlo el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, quien responde jerárquicamente al ministro de la Defensa, cargo que Munguía Payés desempeñaba para cuando ocurrieron la mayoría de las compras que beneficiaron a su familia.
“Hay un conflicto de intereses. Si las personas que están en el consejo directivo del Ipsfa son recomendadas por el mismo ministro de la Defensa, cuando conozcan de un proceso administrativo deberían de excusarse”, plantea el representante del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación para el Desarrollo (Alac-Funde), Wilson Sandoval.
Las primeras tres compras datan de septiembre de 2012 y fueron avaladas por el Ipsfa recomendado por Munguía Payés, que para esas fechas había hecho una pausa en la Fuerza Armada para fungir como ministro de Seguridad, aunque en la práctica seguía mandando en ambos ministerios, según reconocieron en su momento funcionarios del gabinete de Mauricio Funes.
Otras cuatro inversiones en los terrenos del Ipsfa fueron realizadas entre 2014 y 2016, cuando el funcionario ya había recuperado su cargo de ministro de la Defensa, luego de que en 2013 fuera destituido por la Sala de lo Constitucional del Ministerio de Seguridad, porque su nombramiento era inconstitucional. Una octava propiedad, según su abogado, fue “reservada” en 2011, en el segundo año de Munguía Payés en la institución castrense, pero su compra fue concretada ocho años después, en julio de 2019, por el Ipsfa nombrado a recomendación del ministro Merino Monroy, ya en el gobierno que preside Bukele.
Conseguir dinero
Kuakali, Loma Linda y Greenside son proyectos habitacionales creados para buscar “sostenibilidad financiera” al Ipsfa. Sin embargo, devinieron en mecanismos para que funcionarios, oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y sus allegados compraran terrenos a precios preferenciales.
La directiva del Ipsfa dejó de la lado la plusvalía (o incremento de precio que los terrenos ganan año tras año al revaluarse) al vender los terrenos y fijar un política rígida de precios que solo se podía modificar con la venía de los funcionarios nombrados por el exministro Munguía Payés. Mismos funcionarios que terminaron beneficiándolo a él y a sus familiares con precios cómodos.
La venta de los terrenos del Ipsfa a la familia del exministro de Defensa también riñe con el artículo 6 de la Ley de Ética, en donde se prohíbe la aceptación de bienes o ventajas adicionales. “Aquí podría darse que, por ser el ministro, recibió los beneficios, si lo vemos por cómo se nombra el consejo directivo del Ipsfa. Y porque pudo haber influido en el beneficio para su familia”.
El 21 de octubre, vía telefónica, Manuel Chacón, abogado de Munguía Payés y del ex gerente general del Ipsfa, René Díaz Argueta, dijo que sus clientes no darían declaraciones sobre este conflicto de interés, porque sigue abierto un proceso judicial. El 29 de octubre, La Prensa Gráfica solicitó reacciones, a través de correos electrónicos institucionales, a la actual directiva del Ipsfa y a los titulares actuales de Defensa, pero tampoco hubo respuetas.
Un privilegio para pocos
En 2006, el Ipsfa compró una gran porción de tierra en la finca La Joya, donde, a la postre, se erigió Greenside, Santa Elena. Cuatro años después, el consejo directivo fijó la política de venta de los 265 terrenos. Según la resolución número 441 del acta de sesión CD-46/2010, los directivos fijaron un precio mínimo de venta de $118.85 por vara cuadrada, pero aclararon que el precio ideal sería de “$165.00/v2 por lote y ajustándolo de acuerdo a las variables que lo afecten o beneficien”.
Ese precio ideal se incumplió en una gran cantidad de lotes. En el caso de los que adquirió la madre, el hermanastro, la hija y el propio Munguía Payés, el consejo directivo aprobó la venta a $125 la vara cuadrada, solo $6.15 más del mínimo que nunca se debería transgredir.
Si el Ipsfa hubiera respetado su precio “ideal”, hubiera registrado un ingreso de $568,327.65. Pero, al precio que aprobó, recibió $139,299.82 menos por los cinco lotes.
El 6 de septiembre de 2012, José Dheming Valle y Blanca López compraron los primeros terrenos en Greenside. Fueron dos lotes vecinos en el polígono J con los números 19 y 20. El primero de 804,57 varas cuadradas a un precio de $100,571.25
El segundo, de 620.14 varas cuadradas, costó $77,517.50. Dheming Valle se convirtió en el propietario de los terrenos que terminaron uniendo para hacer un solo lote y López se quedó con el beneficio de usufructo, o el poder de modificar a su gusto las propiedades.
Para ese momento, Dheming Valle ni siquiera se encontraba en El Salvador. Según las escrituras a las que este medio tuvo acceso, el hermanastro de Munguía Payés se encontraba en Tegucigalpa, Honduras, cuando adquirió los primeros terrenos.
Dos años después, Blanca Munguía, hija del exministro, adquirió el lote 9 en el polígono Q. La compra de las 755.46 varas cuadradas fue por $94,432.50. En marzo de 2016, Dheming Valle compró el lote 8 del mismo polígono, por $92.921,58 a $123 la vara cuadrada.
Ese mismo año, cuando aún era ministro de la Defensa, Munguía Payés tampoco se quiso quedar atrás en la compra de terrenos. Siempre en Greenside, pagó $125 por cada vara cuadrada de un terreno que mide 508.68.
El mismo día que Blanca López y José Dheming compraron los primeros terrenos en Greenside, también se hicieron de un apartamento en la residencial Loma Linda, ubicada en la colonia San Benito, San Salvador. Por el inmueble pagaron $180,000. En un solo día, los familiares de Munguía Payés se adueñaron de tres propiedades por las que terminaron pagando $358,088.75. En esa misma residencial, ambos compraron otra casa más, por $311,500, en 2015.
Munguía Payés y su madre adquirieron un último lote el 31 de julio de 2019. El terreno está ubicado en el complejo habitacional Kuaukali, Nuevo Cuscatlán. Recibieron un precio preferencial de $135 por vara cuadrada, porque, según dijo el exfuncionario a través de su abogado Manuel Chacón, reservó la propiedad en 2011, cuando el Ipsfa creado en su gestión benefició a los oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos el actual ministro de la Defensa, con este precio sobre los demás integrantes de la tropa. Por las 859,95 varas cuadradas, Munguía y su madre pagaron, cada uno, $58,046.75.
Sin embargo, la resolución 74 del acta de sesión CD-21/2019 del consejo directivo del Ipsfa no aclara que el exministro haya reservado su terreno hace una década.
Ocho años después, ya en la era de Merino Monroy, Munguía Payés, al igual que los actuales titulares del Ministerio de la Defensa, recibió la aprobación del nuevo Ipsfa para lograr la compra en Kuaukali. Para adquirir este terreno a precio preferencial, Munguía Payés necesitó el beneplácito de los nuevos oficiales nombrados por el Gobierno de Nayib Bukele.
Una institución en quiebra
Mientras los funcionarios, militares y sus allegados se beneficiaban de la compra de terrenos a bajos precios, el Ipsfa se estaba yendo a la quiebra. En 2016, ya no podía cumplir con su principal obligación de garantizar una pensión para militares retirados. Los proyectos habitacionales a través de los que planeaba conseguir financiamientos para hacer los pagos obligatorios reportaban ingresos pero no fueron suficientes.
Los problemas fueron tan graves como para que Munguía Payés se saltara la aprobación legislativa para hacerle, desde el ministerio de Defensa, un préstamo exprés a esta institución, en 2018, de $1.5 millones para evitar el impago. La Corte de Cuentas concluyó, en 2020, que esa maniobra fue ilegal.
Las irregularidades con los terrenos del Ipsfa se hicieron públicas con el exdiputado del FMLN Sigfrido Reyes, ahora con asilo político en México e investigado por esta compra y otros casos de corrupción en El Salvador. Para cuando el exlegislador compró su primer terreno, el hermanastro y la madre de Munguía Payés ya habían comprado tres inmuebles. El exministro de la Defensa, entonces, se convirtió en uno de los defensores de las compras de Reyes.
Greenside ha sido de los proyectos habitacionales más cuestionados. Fue ahí donde Reyes compró los terrenos a través de su empresa Terrein S. A. de C. V. a $120 la vara cuadrada. La CCR concluyó que recibió un descuento de $105,348.86 al precio total de cinco lotes que Terrein compró en 2014 por $440,501.
Ahí también fue beneficiada Inverval S. A. de C. V., una empresa investigada por su relación con el conglomerado de Alba Petróleos y que fue prestamista del presidente Bukele, cuando este era alcalde de Nuevo Cuscatlán, donde están ubicados los lotes.
“El Ipsfa tiene terrenos que está vendiendo y se los vende a cualquier comprador. Están abiertos al público y cualquiera puede negociar el precio de los terrenos”, dijo Munguía Payés en 2014, luego de que La Prensa Gráfica revelara el caso de Reyes. Incluso llegó aseverar “con mucha certeza” que Reyes y el Ipsfa no hicieron ninguna ilegalidad.
Mientras que frente a las cámaras el exministro defendía a un exdiputado, por detrás, su madre, hermanastro, hija y él mismo compraban terrenos en unas transacciones en las que no están claros los fondos ni el mecanismo para determinar el precio por vara cuadrada.