Mientras en público prometió un hospital de especialidades en el parqueo de Cifco, en privado el Gobierno siempre tuvo claro que la fase 3 del Hospital El Salvador sería temporal y “desmontable”. A la larga, luego de $19.3 millones y una cincuentena de irregularidades cuestionadas por la Corte de Cuentas, Nayib Bukele inauguró un ‘vacunatorio’; una galera $4 millones más cara que las fases 1 y 2, donde sí opera un hospital para pacientes de covid-19.
11 centros de salud a cargo de Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) cerraron. Fue a finales de 2019 y se debió a la falta de personal y problemas de seguridad, según una contraloría del Foro Nacional de Salud. La función de estos entes era brindar asistencia médica a comunidades con difícil acceso y escasos recursos. Los cierres han afectado a unas 4,000 personas en zonas de alto riesgo y a unos 14 caseríos catalogados con una tasa de extrema pobreza.
La investigación más reciente indicaba que se invertía menos del 1 % del presupuesto de Salud en servicios de salud mental. Los indicadores de prevalencia de trastornos mentales permiten reconocer que en El Salvador no hay recursos para detectar a todas las personas que urgen ayuda de este tipo. Un acontecimiento ejemplarizante es el de la mujer que en noviembre del año pasado atentó contra sus tres hijos con un machete, mató a la niña de seis años y dejó heridos a un niño de nueve y a una de cuatro. A la mujer, en el caserío, se le acusa, aún hoy, de ser bruja, no de sufrir un trastorno mental avanzado.