Cacería de brujas en tierra de demonios

Esa madrugada, Giovanni –moreno, corpulento, de ojos pequeños– había caminado entre penumbra los 21 pasos desde la puerta de madera de la cabaña de bloques de tierra, al pozo; y, desde el pozo, había dado otros 14 pasos más, por un terreno de chiriviscos, palmeras y protuberancias, hasta el lavadero de cemento. El 18 de noviembre de 2016, en pleno siglo XXI, todavía no salía el sol cuando Giovanni dejó de lavarse los dientes ante el lavadero para –alarmado por los gritos de sus hijos y de su pareja– regresar corriendo hacia la rústica cabaña.

“Si retiramos los servicios que tenemos y nos quedamos sin agua domiciliar, sin acceso a educación, sin redes de información, con viviendas hechas de materiales rústicos, en un paraje sin oportunidades, la pregunta que nos queda es: ¿hasta qué siglo retrocedemos?”. El ejercicio lo plantea un profesional de la psicología que ha pasado varios años dando clases en las aulas de una universidad privada. Se refiere al caserío La Zarcera, de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, en donde tuvo lugar uno de los casos recientes de ‘brujería’ que ha conmocionado a la sociedad salvadoreña.

Víctor, tío de Giovanni, y quien vive a unos cuantos pasos más desde el lavadero, al otro lado de una vereda peatonal tapizada de hojarasca, también acudió alarmado por los gritos. “Yo ayudé a sacar a la chiquita (cuatro años), el niño mayor (nueve años) salió caminando”. La de en medio, una niña de seis años de edad, murió por las heridas de arma blanca que le hizo su madre, Julia Esmeralda. A los tres, ella les apuntó al cuello con un machete.

La cabaña de ladrillo de tierra con una sola habitación y dos ventanas estrechas que habitaba esta familia no era la única ubicada al centro de un terreno agreste y sin servicios. Así son muchas de las viviendas acá en el caserío La Zarcera, del cantón El Escobal. Esta familia apenas estaba cumpliendo una semana de haberse mudado a este lugar. Julia Esmeralda, sin embargo, llevaba ya tiempo entregada al silencio. William Salinas, pastor de la iglesia Misión Cristiana Fuego en el Altar, y vecino de esta familia, dice que la miraba como “con anemia, decaída, triste, callada”.

Julia Esmeralda y Giovanni eran pareja desde hacía más de 13 años. Preocupado por el estado de ella, él decidió atender la sugerencia de su familia y pidió ayuda a quien tuvo cerca. Así, en esa primera semana tras la mudanza, el pastor William los visitó tres veces para orar por la salud de Julia Esmeralda.

Las mujeres son más vulnerables a sufrir alguna vez en la vida un trastorno mental; lo dice la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y lo confirman fuentes del Ministerio de Salud (MINSAL), del Instituto de Medicina Legal, del ejercicio privado de la defensoría jurídica, de la psicología y de la psiquiatría. La ansiedad y la depresión ocupan los primeros lugares como causa de consulta en el país y la proporción de mujeres afectadas duplica la de los hombres.

En el país, sin embargo, no hay una campaña especializada en captar casos de mujeres que sufren trastornos mentales. Ante esta carencia, ampliamente reconocida por las autoridades, las iglesias son las que, como en el caso de Esmeralda, satisfacen las necesidades cuando los problemas no tiene que ver con una enfermedad biológica.

No fue raro para la familia acudir a un pastor para que rezara por la salud de Esmeralda. En La Zarcera hay tres iglesias evangélicas y una capilla católica; a la vez, la comunidad cuenta con una escuela con una sola profesora que atiende, al mismo tiempo, a alumnos de primero, segundo y tercer grado. Hay cuatro lugares para ejercer la libertad de culto y uno para tener acceso al derecho a la educación.

La cabaña de materiales rústicos que alquilaban Giovanni y Esmeralda para residir con sus tres hijos está en medio, entre la Monte Oreb, la Nueva Jerusalén y la Misión Cristiana Fuego en el Altar. Incluso tienen cerca las de otros caseríos como La Luz del Mundo, que se encuentra en un sector conocido como La Borda. Ante la inexplicable actitud de Esmeralda e impulsado por la sugerencia de la familia, lo más sensato fue buscar ayuda en uno de estos centros que se plantean como los lugares mejor equipados para el intercambio social de la comunidad.

El MINSAL está consciente de que las iglesias tienen más penetración en las comunidades. El jefe del Programa Nacional de Salud Mental, el psiquiatra Arturo Carranza, explica que hay un proyecto que ha empezado con la iglesia Elim con el que se busca que haya una mejor canalización de las personas con trastornos mentales y “cerrar la brecha entre lo espiritual y la salud; hay que llevar a la gente a la salud sin sesgos”. La manera particular en la que las iglesias se manejan puede ser, para Carranza, un mecanismo para acercar y no para alejar: “La ciencia y las creencias de la gente no se tienen que contraponer, es parte de la cultura. Pensamos que estos pasos, a mediano o largo plazo, van a cambiar ciertas situaciones”.

En La Zarcera, parado junto a un cerco, a una vereda de distancia de la casa que ocupaban Esmeralda, Giovanni y los niños, el pastor William, de la iglesia Misión Fuego en el Altar, reflexiona: “Después de que le estuvimos haciendo las oraciones, no vimos mejoría. Ella seguía igual, como decaída, como una persona con calentura”.

Giovanni no tiene trabajo fijo. De vez en cuando le salen cuestiones eventuales por las que gana algo de dinero, pero fuera de eso, no tiene una fuente estable de ingresos. Entre las pertenencias que los hermanos de la iglesia le quemaron a Esmeralda ya después del ataque, había, sobre todo, invocaciones al dinero. “Lo que hallamos fue una botella con líquido y adentro había un billete”, cuenta el pastor Israel Ordoñez, de la iglesia Monte Oreb, que fue el encargado de hacer los cultos de purificación de la casa, después de la tragedia que acabó con la vida de Rosa, la niña de seis años. “Yo entiendo que a ella se le metió el demonio que la usó para hacer lo que hizo”, reflexiona, en un intento por condenar el acto sin condenar a la persona.

El país tiene aprobada la Política Nacional de Salud Mental en la que uno de los grandes retos es encontrar a quienes necesitan atención de este tipo. En 2007, 74,000 personas pasaron consulta por primera vez por causa de un trastorno mental, según el MINSAL. En 2015, esta cifra superó las 104,000 atenciones. Uno de los ejes de esta política es la educación para la salud. Carranza explica que el sistema funciona con base en los promotores de salud y en los profesores. “Se han conseguido materiales educativos. Este año lo que vamos a buscar son videos, material audiovisual”, con esto pretenden explicar a una población que no está informada acerca del tema cómo se pueden reconocer los síntomas de una enfermedad que no se ve.

En la unidad de salud más cercana a la Zarcera, la de San Luis La Herradura, hay carteles que indican a los usuarios qué hacer en caso de violencia doméstica, violencia sexual, los peligros del trabajo infantil, explican las etapas del círculo de violencia, anuncian grupos de ayuda para quienes hayan sido víctimas y, en medio del periódico mural, se puede leer en letras negras sobre papel bond blanco: “Mujer, eres valiosa, vales”.

En “El desafío de construir una psicología del desarrollo crítica en sociedades inhóspitas”, publicado en la Revista Costarricense de Psicología, Carlos Iván Orellana, expone los problemas que genera el no contar con una psicología del desarrollo consecuente con la realidad histórica del país. Así, señala, que las políticas públicas no están adaptadas a los accidentes propios del terreno en el que van a ser ejecutadas y los futuros profesionales, los llamados a dar vida a las políticas, se forman sin conocer el país en el que ejercerán. El tiempo dedicado a salud mental en la formación universitaria de los médicos es de un 7 %; en enfermeras, 4 %; y en otro personal sanitario que no son médicos ni enfermeras, 6 %; de acuerdo con lo expuesto en el informe de la OPS.

“Es tan revelador para el aprendizaje cuando, en las clases de esta materia, se exponen textos de psicología del desarrollo cuyas descripciones o ilustraciones muestran niños que, si mueren, lo hacen por causas naturales o que siempre están escolarizados. Donde se afirma con respecto al embarazo adolescente que las políticas públicas promueven el uso de anticonceptivos, que las adolescentes pueden decidir abortar o se llega a afirmar que los hombres anhelan la capacidad de parir de las mujeres”, explica Orellana, quien además de psicólogo, se desempeñó como catedrático en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y continúa: “Son textos donde la crisis de madurez masculina se ilustra con el paseo en una moto Harley-Davidson, donde el climaterio femenino se reduce a manejables cambios biológicos y mentales aislados de las presiones culturales o donde la jubilación se ve representada por un hombre con mirada triunfal en la proa de su yate”. En esos textos con los que se forma a los profesionales, no hay madres que en la madrugada atacan a sus hijos con un machete.

A la cabeza de la Política Nacional de Salud, Carranza explica que se ha aumentado la inversión en salud mental respecto al 1 % del presupuesto de esta cartera mencionado en el documento de la OPS. “Eso se calculó en base con los presupuestos del Hospital de Soyapango (Psiquiátrico), que era el único que daba salud mental y de otros gastos que se hacían en el nivel central para administración, promoción y otras cosas”. Carranza echa mano de las 13 unidades de salud mental que se han abierto en hospitales generales y que vienen a descentralizar la atención del Hospital Psiquiátrico. “Hay que sumar también las 32 unidades familiares comunitarias, que cuentan con psicólogo”.

Una de estas unidades se abrió en Zacatecoluca, pero no llegó a tiempo como para ser un lugar en el que Esmeralda fuera atendida, y, aunque hubiera sido inaugurada a tiempo, solo los pasajes de bus habrían representado para esta familia un problema. Para Carranza: “Lo que pasó con ella y con su hija es algo lamentable, se trata de una mujer que tiene una enfermedad mental y que no ha tenido un tratamiento oportuno, las razones pueden ser variadas, porque la gente desconoce, porque no se detectó a tiempo. Cuando los pacientes están tratados y se les da seguimiento, estas cosas ocurren menos, siempre hay accidentes, pero con tratamiento pasan menos”. El caso de Esmeralda y la muerte de Rosa, la niña de seis años, le plantean a la Política Nacional de Salud Mental varias interrogantes: ¿Cómo hacer que la población que lo necesita busque ayuda adecuada? ¿Cómo hacer para que la población que lo necesita tenga los recursos necesarios para buscar la ayuda? ¿Cómo garantizar la adherencia a los tratamientos y las terapias en familias que no tienen asegurada ni la comida ni la vivienda digna o, en todo caso, en familias que no son funcionales?

Orellana, el mismo que plantea el ejercicio de saber a qué siglo corresponden las condiciones en las que viven las familias de La Zarcera, señala que “las políticas o discursos hacia afuera son muy fáciles de elaborar; otra cosa es llevarlos a cabo”. Ante el papel crucial que desempeñan promotores de salud y profesores de los centros escolares en la detección de las personas que necesitan atención psicológica o psiquiátrica, pregunta: “¿Cómo vamos a hacer si el promotor tiene que resolver sus propias amenazas, o si el profesor, para poder hacer la parte que le toca, dice ‘quítenme primero las situaciones de violencia que tengo en la escuela’? Lo que tenemos que saber es que este es un país en el que no podemos confiar en que las políticas se lleven a cabo, es un país de procesos alterados, patas arriba”.

En El Salvador hay 1.39 psiquiatras, 1.07 psicólogos, 1.55 trabajadores sociales y 0.14 terapistas ocupacionales por cada 100,000 habitantes, según cifras de la Política Nacional de Salud. “Las enfermedades psiquiátricas representan una carga considerable en la salud de la población salvadoreña, que se encuentra constantemente expuesta a múltiples factores de riesgo que la vuelven vulnerable, por tal razón, se constituye en un desafío la provisión de servicios en las redes integrales e integradas de servicios de salud, que identifiquen tempranamente factores de riesgo y la sintomatología inicial de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes, para contribuir con su tratamiento oportuno”, dice la Guía Clínica de Psiquiatría. Carranza admite que en esta tarea, encontrar personal adecuado es otro de los retos.

Giovanni, Esmeralda y los niños llegaron a La Zarcera con varios sacos llenos de mazorcas de maíz, un televisor, mesas de madera ennegrecidas, un par de hamacas, sillas plásticas, una cama de resortes. Sobre la mesa que hacía las veces de cocina había medio cartón de huevos. Los niños solían andar descalzos, no tenían partida de nacimiento y sus juguetes eran, en realidad, solo pedazos de plástico ya desteñido. Así, habitaron la cabaña de una sola habitación, fabricada con ladrillo de tierra, que tenía por techo unas tejas tan ennegrecidas como las mesas y las paredes interiores. Llegaron a este lugar porque, dice Giovanni, significaba una mejoría con respecto de lo que tenían en su anterior lugar de residencia.

Desde la academia, Orellana resume: “Mucha gente tiene la errónea concepción de que la psicología es entender lo que pasa en la cabeza, cuando se trata de entender lo que pasa en la realidad de la gente; en la medida en la que se entiende lo que pasa en el entorno, se dimensiona lo que pasa en la cabeza. No es a la inversa. El problema no es la cabeza o el individuo; el problema es el sistema”.

Giovanni nunca ha hablado con un psicólogo o con un psiquiatra. Hasta el momento, se ha limitado a seguir el proceso legal y hospitalario de los dos hijos que sobrevivieron. Este proceso ha supuesto retos. Como cuando saliendo de un hospital público le dijeron que no tenían en existencia crema cicatrizante que necesitaban sus hijos. Tuvo que conseguir $12 que no tenía para poder comprarla y es incapaz de contar cómo hizo, porque un intento de llanto le cierra la garganta. Ni él ni los niños han vuelto a ver a Esmeralda desde aquella madrugada de noviembre.

Ha visitado la tumba de Rosa. De esa niña de seis años se conserva una foto en la que aparece con una sonrisa tímida y el cabello ondulado. Giovanni no habla mucho de ella. Y prefiere centrarse en asegurar que sus otros dos hijos están bien, que no preguntan por la madre y que tienen comida porque la familia de él los ha acogido. Es un hombre que quiere por estos días lo mismo que dijo querer pocas horas después de los ataques: que Esmeralda vaya a la cárcel.

Casos con características similares al que se sigue en contra de Esmeralda implican la solicitud de un peritaje psiquiátrico. La institución a cargo de estos procedimientos es el Instituto de Medicina Legal. Solo en enero, hubo 165 solicitudes de peritajes. Entre los seis psiquiatras que forman parte de este departamento realizaron 87. Gerardo Rivera Trejo, jefe del Departamento de Ciencias de la Conducta del IML señala que a las demás solicitudes no se les dio seguimiento por varios motivos, entre ellos, que los involucrados no se presentaron o que se retiraron las denuncias.

El artículo 27 del Código Penal contempla que no es responsable penalmente “quien en el momento de ejecutar el hecho, no estuviere en situación de comprender lo ilícito de su acción u omisión o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, por cualquiera de los motivos siguientes: a) enajenación mental; b) grave perturbación de la conciencia; y c ) desarrollo psíquico retardado o incompleto”.

Un ejemplo de aplicación de esta parte de la ley es el caso Juan Diego Martínez, quien el 5 de octubre de 2003 mató a su madre. A los 26 años ya había salido librado de los tribunales de justicia en nueve ocasiones. Previo al asesinato, Martínez había sido detenido 17 veces, según la Policía Nacional Civil. En total, había estado preso 27 veces. En el juicio que se le siguió por el asesinato de su madre, los jueces del Tribunal de Sentencia lo declararon inimputable. La única medida que se le decretó después de la evaluación psiquiátrica que confirmó el trastorno fue el recibir tratamiento ambulatorio por un período de 30 años. Quedó en libertad. Después, el expediente pasó a manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Usulután.

Por medio de solicitud de información se tuvo acceso a las resoluciones de los tribunales de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Este es un listado parcial que incluye solo las sentencias digitalizadas de los tribunales, no hay establecido ningún mecanismo que obligue a estos entes a mantener actualizado el proceso de digitalización. Entre estas sentencias que hay fechadas desde 2000 hasta 2016, la cantidad de declaraciones de inimputabilidad acorde con lo señalado en el artículo 27 es mayor cuando el acusado es hombre que cuando es mujer. Pese a que las mujeres tienen más riesgo de sufrir un trastorno mental.

“El problema con mujeres como ella (Esmeralda) es que el hecho que cometió es realmente bárbaro, y a la opinión pública este tipo de tragedias la conmueve mucho”, indica Víctor Hugo Mata, un abogado con experiencia como defensor en casos en los que se acusa a mujeres de homicidio agravado en perjuicio de hijos. Mata cataloga como deficiente el trabajo de Medicina Legal en la elaboración de los peritajes psicológicos y psiquiátricos cuando son solicitados por la Fiscalía General de la República, porque, dice, son una fotografía solo del momento en que se hace el peritaje y no del momento en el que se cometió el hecho que se juzga.

Al menos en la teoría, las autoridades sanitarias nacionales “reconocen las diferencias entre mujeres y hombres en términos de sus necesidades y problemas de salud mental para planificar acciones integrales adecuadas a sus particularidades biopsicosociales y espirituales”, según la Política Nacional de Salud, pero la poca penetración de los servicios se deja sentir tanto en la prevención de los delitos relacionados con trastornos mentales como a la hora de llevarlos a los tribunales. De ser este un país con una institucionalidad más fortalecida, de acuerdo con el abogado Mata, el Estado debería ser señalado por no invertir suficientes recursos en evitar los delitos que tienen como base una enfermedad mental.

“Si hablamos de prevención, hay que pensar en que si tuviéramos programas de salud mental más adecuados, podrían detectarse síntomas iniciales y prevenir una situación más desorganizada”, reconoce el psiquiatra Rivera Trejo desde el IML. Esmeralda no tenía que estallar. Rosa no tenía que morir. Giovanni no tenía que lidiar con el luto y la separación. Los niños no tenían que vivir con cicatrices.

En su defensa, Marcia, nombre ficticio, dijo ante un Tribunal de Sentencia de la zona oriental del país: “Que un día se fue para la quebrada porque había estado tres días con fiebre. Fue en ese momento cuando se le vino el bebé, pero nació muerto ya que no lloró. Esperó cinco minutos por si lloraba, pero no lloró. Luego, se fue para la casa y dejó al recién nacido en la quebrada. De ahí, que no se acuerda; que no fue al hospital por la falta de dinero; que no sabe si el recién nacido era hembra o varón; que cada tres meses pierde el conocimiento y solo enferma pasa; que ya había tenido otro bebé pero se le murió; que solamente ha salido dos veces embarazada y en las dos fue violada; que se llevaba bien con sus padres pero no les contó de su embarazo por miedo”. Marcia acababa de estrenar su mayoría de edad cuando fue acusada de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. Hasta entonces Marcia dijo que esta era la segunda vez que la violaban, porque cuando tenía 16 años también la tomaron por la fuerza, también salió embarazada y su hijo también murió.

Durante el proceso legal que se le siguió, no se pudo confirmar si el hijo de Marcia nació vivo porque la prueba implicaba determinar si el bebé había introducido aire en sus pulmones. Y no había pulmones. Los animales se los habían comido para cuando hallaron el cuerpo.

En el peritaje psicológico que se le realizó a Marcia se concluyó que presentaba “lucidez y discernimiento adecuado, por lo que es capaz de conocer lo lícito de lo ilícito”. Sin embargo, las pruebas también arrojaron claros indicadores de inmadurez, impulsividad, falta de afectividad, rasgos paranoides, inseguridad, inestabilidad, degradación emocional, depresión, ansiedad, miedo a las relaciones interpersonales e indicadores de debilidad mental. Las denuncias de Marcia acerca de haber sido violada dos veces, de haber quedado embarazada las dos veces y de haber perdido a los bebés las dos veces se tradujeron en que Marcia sufría un “trauma psicológico”.

Al momento de ser juzgada, Marcia no sabía leer ni escribir. Solo sabía firmar. Las investigaciones del entorno de Marcia encontraron que ya adolescente, fue inscrita en primer grado, pero no tuvo buenos rendimientos. Repitió varias veces el mismo grado. Sus padres la retiraron de la institución y solo hasta que se encontraron en el tribunal que la juzgaba, le pudieron poner nombre a la razón del fracaso escolar: Marcia tiene retraso metal leve. Marcia, además, sufría convulsiones desde que era una niña.

Marcia, dijeron los peritajes, sabía distinguir entre bueno y malo, lícito e ilícito. A pesar de lo dicho en el artículo 27 del Código Penal, Marcia fue declarada culpable de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido.

—¿Pesa en los tribunales la situación mental de las mujeres cuando son las acusadas?

—No se puede generalizar, pero, a la luz de mis experiencias, los tribunales tienen una tendencia misógina bien fuerte; están encaminados a evitar comprender la situación de las mujeres y van hasta ponerse en contra de ellas. Son muy escasos los jueces que tienen una visión más amplia y abierta ante estos casos–, responde el abogado Mata.

Medicina Legal se encarga de decirle a juez qué tipo de alteración sufre una persona desde el punto de vista médico. La inimputabilidad es una declaratoria que se hace solo en los tribunales y a veces requiere de la consulta a varios especialistas en salud mental. “Si una persona con síndrome Down viola a una niñita, cae en esta categoría que señala el código en el artículo 27. O una persona que convulsiona y pierde sus facultades mentales, también cae en la categoría de grave perturbación de la conciencia; una persona esquizofrénica que mata en un delirio, porque Dios se lo ordena, cae en enajenación mental”, explica el médico psiquiatra Rivera Trejo, quien, hace 21 años, cuando empezó a formar parte de IML hacía de ocho a 12 peritajes al mes; ahora hace entre 20 y 30. Lo más importante, dice, es que un psiquiatra, también está capacitado para detectar a las personas que buscan simular una enajenación mental. Esmeralda ya se sometió a los peritajes psicológico y psiquiátrico, a cargo de uno de los miembros del equipo de Rivera Trejo. Por tratarse de una investigación en proceso, la información es reservada.

A cuatro meses del ataque, La Zarcera sigue resintiendo réplicas del terremoto social que significó aquella madrugada de noviembre. La semana pasada, un rumor recorría las calles de tierra. Decían que a Esmeralda la habían condenado a 25 años de cárcel. Afectado por la noticia –falsa, porque el proceso legal no ha llegado a esa etapa– el pastor de la Monte Oreb, Israel Ordóñez, sentía lástima porque “en realidad, no fue ella, fue el demonio”.