«Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi»

Fotografía LPG / Archivo

Nadie le tomó la temperatura ni le entregó gel alcohol para que se limpiara. Menos encontró una bandeja desinfectante para los zapatos. A diferencia de lo que sucede en un supermercado, en una sucursal bancaria o en casi cualquier oficina, ingresar al área de emergencias del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador, no supuso mayor protocolo el día en que ella llegó con su padre enfermo.

Ella conocía el estado de salud de su padre. Delicado, sí. Desde marzo, él se quejaba de un dolor en el pecho por el que ya le habían sacado placas de tórax sin que en estas apareciera algo que llamara la atención. El dolor siguió y se mezcló con la cuarentena, la medida impuesta para contener el contagio de covid-19. En el encierro, el estado emocional de este hombre de tercera edad decayó. Y el físico también se fue complicando más de lo previsto, porque, aunque la intención que la institución comunicó desde el inicio fue la de garantizar las consultas a pacientes crónicos y los exámenes a quienes tuvieran procesos impostergables, en la práctica no se cumplió.

El padre, de 84 años y quien el año pasado se sometió a una cirugía cardiovascular, perdió citas con cardiólogo, con cirujana vascular y con un urólogo. También perdió exámenes que ya estaban pautados y que pudieron ayudar a afinar el diagnóstico y el tratamiento para evitar complicaciones. Por la suspensión de las atenciones programadas, «se prevé una reducción gradual y sistemática en el volumen de atenciones brindadas», anuncia el ISSS en su informe de coyuntura del mes de junio. Todas las prestaciones de servicios marcan una variación negativa. Las consultas externas se redujeron en un 19 %, las odontológicas en un 32 % y las intervenciones quirúrgicas en un 11 %, por ejemplo.

El ISSS brinda cobertura en salud al 27 % de la población salvadoreña, que es la que cuenta con un empleo, es beneficiada por lazos de afinidad o consanguinidad, o está pensionada. Este es un servicio médico prepagado por el que se descuenta cada mes tanto al patrón como al trabajador. En plena pandemia, cuando la cuarentena mantuvo en suspenso la mayoría de actividades productivas durante 3 meses –y algunas siguen cerradas-, los números de la institución han comenzaron a bajar. Si se comparan los reportes solo del sector empleador privado de enero y de abril, la cantidad de patronos cayó en un 13 % y la de trabajadores en un 8 %. En cuatro meses, han dejado de cotizar 61,572 personas en el sector privado.

Autofinanciado. En conferencia de prensa, el Sindicato de Médicos del ISSS denunció que el personal ha tenido que comprar su propio equipo de protección durante la emergencia por covid-19.

«La reducción de las actividades productivas está afectando la capacidad de pago de los empleadores y, por tanto, es lógico esperar, en los próximos meses, una caída en la presentación de planillas al ISSS y, sobre todo, en el pago efectivo de las cotizaciones con la consecuente pérdida de ingresos para el Instituto; situación que se puede ver potenciada por la pérdida de empleos en el sector privado, producto de la contracción económica nacional e internacional», se lee en el Informe de Coyuntura que el ISSS tiene actualizado hasta junio.

El ISSS representa el 40% del gasto público en salud. En pandemia, el ISSS recibe un doble impacto. Por un lado, está obligado a responder con más recursos humanos, de infraestructura, y de servicios de emergencia ante una demanda desbordada. Por el otro, las medidas para evitar el cotagio de covid-19 mantienen suspendidas o mermadas las actividades comerciales y la industria y, con esto, cada mes percibe menos recursos. El agujero financiero que se está formando solo se ensancha.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ), ubicado en la capital, donde a la que llamaremos acá Teresa llegó en busca de atención para su padre.

Teresa llegó a la emergencia con un fajo de exámenes bajo el brazo. Ya llevaba cinco días de rebotar por los consultorios privados de cardiólogo y nefrólogo. Y ya había dejado una buena cantidad de dinero en todas esas pruebas que indicaban que su padre tenía un cuadro de anemia, una alteración en la capacidad filtradora de los riñones y sangre oculta en heces. El viernes 25 de junio, lo llevó al consultorio privado de la cirujana vascular y, ante los resultados, la especialista fue categórica: necesitaba ser ingresado en un hospital y necesitaba, con urgencia, una transfusión sanguínea.

En El Salvador, el gasto nacional en salud representa un 7 % del Producto Interno Bruto. Es decir, alcanza los $1,937 millones de dólares al año. De esta cantidad, un 67 % es gasto público y un 33 % es gasto privado. Dentro del gasto privado, aparece la participación de las empresas comerciales de seguros médicos y también el Gasto de Bolsillo de los Hogares en Salud (GBHS). Este último es el que las personas hacen de forma directa «cuando pagan por atenciones en salud (honorarios médicos y servicios de hospitalización; compra de medicamentos, pago por servicios de apoyo diagnóstico y de laboratorio y otro gasto directo relacionado con servicios de salud)», de acuerdo con el Informe de Memoria de Labores del Ministerio de Salud del año pasado.

«Esta variable (GBHS) es de suma importancia –dice el documento-, porque revela cuánto del financiamiento en salud es soportado por los hogares en un período determinado y en la que su importancia relativa está directamente asociada al grado de equidad y protección financiera en salud de la población». Esta es la cuenta en la que se incluye todo el gasto que Teresa hizo en exámenes y en consultorios privados en un intento por evitar ir hasta uno de los colapsados hospitales. Esta es la cuenta que la pandemia ya está haciendo subir ante la incapacidad del sistema de salud público de absorber la demanda. El informe de 2019 sitúa en $523 millones este gasto que sale de los bolsillos de un privilegiado grupo que tienen cómo hacer frente.

La sugerencia que la especialista vascular le hizo a Teresa fue la de buscar un centro asistencial que contara con máquinas de diálisis, un proceso que sirve para hacer la labor de limpieza cuando los riñones presentan daño. Además, recomendó otra placa de tórax, ya que, escuchaba ruido en los pulmones y podía ser otra complicación del cuadro que ya llevaba. «Nosotros evaluamos seguir en lo privado, pero, realmente, escapaba de nuestra capacidad económica, era un gasto bárbaro», cuenta Teresa.

Sin recursos. Los tiempos de espera por una camilla se han alargado. Una usuaria esperó 12 horas para que hubiera cupo para ingresar a su padre.

No sin antes evaluar el riesgo, Teresa y su familia decidieron seguir la instrucción e ir al hospital Médico Quirúrgico. «Yo me llevé a mi papi protegido con todo lo que teníamos. A ellos (padre y madre) nosotros siempre los cuidamos, no salían, y para entrar a la casa de ellos nos desinfectábamos. Ir a los hospital fue una decisión que tomamos porque ya no había más opción, necesitaba ayuda que solo ahí le podían dar», cuenta Teresa.

Teresa y su padre llegaron al MQ a las 2:30 de la tarde del viernes 26 de junio. Ahí, le recibieron los papeles, revisaron los exámenes, y el personal médico evaluó la carta con las instrucciones enviadas por la cirujana vascular que remitía al paciente. Pero había muy poco por hacer. Ante la falta de cupo en el centro asistencial, la única opción era esperar.

Teresa acomodó a su padre en una silla de ruedas que le proporcionaron. Desde donde estaba, podía ver a la gente a la que el personal médico acomodaba bajo toldos, a la espera, como ellos, pero con signos de enfermedad respiratoria. Desde ese lugar, pudo ver que el vigilante de la emergencia recibía a la gente de las ambulancias, a los enfermos, a los familiares de los que no podía valerse solos y a todos los atendía apenas protegido con una mascarilla.

Ella misma entró y salió varias veces de Emergencias para preguntar si había cupo, si alguien podía evaluar a su padre, si podían darle algo mejor que una silla de ruedas a un hombre enfermo de más de 80 años. En todas esas veces, nunca le pidieron higienizarse. No había cómo ni con qué. Adentro, relata Teresa, la gente usaba –usa– las mascarillas que puede, unos van con tela. «Y ahí a nadie le andan ofreciendo otra mascarilla o algún otro recurso para protegerse o proteger a los demás», agrega.

Desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde, el padre de Teresa estuvo en una silla de metal que tenía el respaldo roto. Si se acostó un rato, fue porque el hermano de Teresa llegó con el carro y, en el parqueo, pudieron colocarlo ahí para que descansara. Alrededor de ellos, había gente con mucho menos recursos, igual de vulnerable, emocionalmente golpeada y en una espera incierta.

En el Plan Anual de Trabajo 2020, una de las metas del ISSS era atender las emergencias en 15 minutos. Y también mejorar la satisfacción de los usuarios para llevarla más allá de una calificación de 7.5. Para cuando el documento fue redactado y publicado, la pandemia de covid-19 era solo un murmullo lejano. Teresa y su padre pasaron 12 horas esperando que hubiera una cama libre. En ese transcurso y ante la insistencia de ella, un médico le ofreció dejarlo en un carro (camilla), en el pasillo, pero le advirtió que era «área covid» y que estaría expuesto. Teresa no aceptó.

Para ese momento, Teresa había detectado una serie de riesgos de contagio en la forma en la que se maneja el flujo de pacientes en este hospital. Y de todas esas grietas, una le llamó mucho la atención. «Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi«. Señala que el hecho de que diagnóstico con el que entró su padre no era covid-19, no reducía la posibilidad de contagio en un ambiente en el que no se miraba rigor ni separación de áreas.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ).

***

El 14 de julio, el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISS) hizo una conferencia en la que exigió mejores condiciones laborales para el personal médico de primera línea y, sobre todo, señaló la falta de equipo de protección. Un vocero leyó una serie de reclamos urgentes, entre los que citó la erogación de fondos y salida de insumos que se necesitan para compra de equipo de protección, medicamentos y para más contratación de personal para primera línea. Denunció, además los «errores en la planificación, tanto en la determinación de espacios geográficos adecuados, como de algoritmos de atención para los pacientes sospechosos o confirmados de la enfermedad afectando el derecho a la salud de todos los usuarios y el derecho laboral de los trabajadores».

El 14 de julio es el día del médico. El vocero, con una mascarilla blanca y acuerpado por otros colegas, leyó en el mismo tono que los «trámites engorrosos para la adquisición y distribución de los equipos de protección personal ha obligado a que sea el trabajador el que asuma el costo económico para obtenerlos». El vigilante y el médico a quienes Teresa vio mal protegidos en medio de un ambiente desordenado muy probablemente usaban mascarillas compradas por ellos mismos. Lo mismo quienes estaban en la mesa, al frente de la conferencia.

Después de varias horas, ya entrada la madrugada, el padre de Teresa fue ingresado. «Yo fui con él, desinfecté la cama, lo arrope y lo dejé acostado. Vi que una enfermera lo atendió y le colocó un catéter y le pasó suero. Lo dejé ingresado, acostadito«, explica ella. «Al día siguiente, nos llamaron para decirnos que había fallecido». No pasó ingresado ni 24 horas.

Y, entonces, empezó otro proceso que no se esperaban ni Teresa ni su familia. El hospital registró como causa de la muerte el covid-19. No hubo prueba. A Teresa se limitaron a mostrarle una placa de tórax como muestra de que había indicios de neumonía. «Mi papá tenía anemia y lo que necesitaba era una transfusión, estaba hinchado,pero me di cuenta de que ahí nunca tuvieron la mínima intención de hacerle esa transfusión de sanguínea que urgía y menos de facilitarle diálisis», indica.

Teresa hizo reclamos, pero la causa de muerte no cambió. Para la institución, el hombre de 84 años que ingresó un viernes por la tarde en busca de una transfusión de sangre y una diálisis murió el sábado a medio día por covid-19. Su cadáver, pese a esta clasificación, se mantuvo por más de cinco horas en la misma cama hospitalaria en la que Teresa lo había arropado horas antes. «Yo pasé, entré hasta ahí y lo vi, estaba solo cubierto con una sábana; y, ahí, había otros pacientes a la par», cuenta sin esconder la emoción que le provoca el recuerdo.

Ingresos. El desempleo en el sector privado significa que el ISSS recibe menos dinero. Entre enero y abril, más de 61 mil personas dejaron de cotizar.

La tasa de mortalidad del ISSS ha aumentado. El primer semestre del año pasado, la general fue de 3.3 por cada 100 mil egresos. Mientras que en este año, en el mismo periodo, fue de 3.8. Cuando se ve solo a nivel metropolitano, que abarca el hospital MQ, pasó de 4.2, en 2019, a 4.6 por cada 100 mil egresos en 2020.

A Teresa no le entregaron el cadáver de su padre ese sábado. Tampoco el domingo, ni el lunes, ni el martes. Fue hasta el miércoles que el personal del Ministerio de Salud y de la funeraria coincidieron para ejecutar el proceso bajo «protocolo covid«. En medio, Teresa conoció a otras familias con una historia plagada de carencias, como la de ella y su padre.

Que la causa de muerte haya sido covid-19 no ha implicado que se busque nexos epidemiológicos entre la familia. Teresa señala que no descarta abrir un proceso legal por la forma en la que se trató el caso de su padre: «El responsable de que todo en el hospital se haya contaminado es el Estado, el responsable de que no haya protocolos y de que el personal no tenga cómo protegerse es el Estado; esto no es por mi papi, que fue un hombre maravilloso y que ya descansa, es por todas las demás familias que no merecen que les pase los mismo que a nosotros».

La ilegítima ruta de los desechos humanos que el ISSS avaló

Fotografía de archivo LPG.

Alma Sánchez le pidió la placenta de su último parto al doctor que la asistió en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Ilamatepec, en Soyapango. Era 2009, y ella, tal como le había aconsejado una abuela indígena, quería sembrar la placenta junto a un árbol, en una maceta, para que el árbol creciera con su hija. Pero el ISSS no quiso entregársela.

En mayo de 2008 había sido aprobada la Norma Técnica Salvadoreña para el Manejo de Desechos Bioinfecciosos (NSO), que establecía que todos los lugares que generaran desechos provenientes de humanos estaban obligados a cumplir una lista de requisitos para tratarlos hasta que no fueran peligrosos para la salud. La norma fue sustituida siete años después por un reglamento.

Sin embargo, el informe de la Corte de Cuentas de la República, con fecha de julio de 2019, revela que, entre enero de 2014 y diciembre de 2018, fechas en las que la institución contralora auditó al ISSS y le dio seguimiento para que cumpliera irregularidades, este todavía no contaba con permisos ambientales para trasladar, en carros institucionales, los restos biológicos generados en sus hospitales.

Los desechos anatomopatológicos, entre los cuales se encuentran las placentas, las amputaciones y las piezas derivadas de tejidos humanos, son generados, principalmente, en los hospitales. Son parte de los desechos conocidos como bioinfecciosos y merecen un tratamiento especial para evitar que quienes los manipulen puedan contaminarse: el personal que los traslada requiere de un vestuario de protección y contar con un esquema de vacunación y exámenes. Mientras que las piezas deben ser trasladadas en unidades destinadas solo para este uso, con furgones herméticos y con un sistema de refrigeración.

Estos desechos contienen agentes microbiológicos, virus y bacterias que pueden causar daños a la salud. Aún así, el ISSS los sacó de los hospitales en carros institucionales, no aptos para el traslado.

«Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud», explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

“Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción”, José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS.

Buendía aclara que las enfermedades que pueden adquirirse de estos desechos dependerán de las cargas patógenas de estos y del sistema inmunológico de la persona. Por ejemplo, una persona puede adquirir la bacteria de la salmonella o enfermarse de fiebre tifoidea. Pero hay otras formas de contaminación, indica: un desecho de este tipo extrae líquidos que pueden filtrarse en el suelo y llegar a los mantos acuíferos, puede contaminar el aire o la contaminación puede propagarse a una comunidad por medio de moscas.

«(La contaminación) se puede ir a cualquier medio receptor, llámelo agua, aire, suelo, biodiversidad y a nosotros, como parte de la biodiversidad», advierte Sánchez, quien es consultora ambiental y por cinco años fue fiscal ambiental.

La especialista explica que, en términos ambientales, El Salvador está más vulnerable que otros países centroamericanos, porque los demás tienen hasta cuatro veces más del territorio salvadoreño, pero no la cantidad de población que hay acá. Sumado a que dos cuencas importantes que alimentan al país nacen afuera, la del río Lempa y la del río Goascorán. Por lo tanto, dimensiona que este escenario complicaría una contaminación.

«Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción», aceptó, el 18 de diciembre, el biólogo José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, una sección que, él mismo dijo, funciona como Unidad Ambiental, porque previo a la auditoría de la CCR, el ISSS no tenía esta dependencia.

***

UNA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA

Los traslados de las piezas anatomopatológicos que hizo el ISSS sin permisos ambientales representan una violación sistemática a la legislación salvadoreña que regula cómo deben manejarse los desechos considerados como peligrosos para la salud.

El Reglamento Técnico Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos (RTS), sustituto de la NSO, delega al Ministerio de Salud (MINSAL) la responsabilidad de monitorear su cumplimiento. También el Código de Salud, en su artículo 284, enumera las infracciones graves a la salud que debe aplicar el MINSAL. Una de ellas es que un establecimiento no cumpla con las medidas que prevengan la contaminación del medio ambiente o que puedan dañar la vida o la salud de las personas, y que tiene como sanción el cierre dicho establecimiento.

Evelyn Castro de Somoza, de la Unidad Ambiental del MINSAL, dijo, el 23 de diciembre pasado, que para entonces no habían recibido «reclamos» relacionados con el hallazgo de la CCR, pese a que explicó que previo a que un reporte así llegue al ministerio, la verificación del cumplimiento del marco legal sanitario en clínicas públicas y privadas inicia con Sistema Básico de Salud Local; luego la información pasa a nivel regional y por último llega a nivel central.

Aunque el RTS no hace referencia a los desechos anatomopatológicos -piezas grandes de tejidos humano-, solo a los desechos patológicos –las muestras pequeñas-, Castro de Somoza aseguró que el tratamiento para ambas es similar. La única diferencia es que, entre los desechos patológicos, se incluyen láminas de vidrio con mínimas muestras de exámenes de tejidos, que son manejadas dentro de la clasificación de desechos bioinfecciosos corto punzantes.

José Luis Rodríguez, abogado de la Dirección de Salud Ambiental del MINSAL, aceptó que este ministerio sí tienen injerencia en los traslados de las piezas anatomopatológicas que, de acuerdo con la CCR, el ISSS siguió realizando después de la auditoría de 2015, pero no en lo ocurrido antes, bajo la justificación que todavía no había entrado en vigencia el RTS. Pero antes del reglamento fue aplicable la NSO.

Estas no son las únicas normativas en el tema y el MINSAL tampoco es la única institución que debe velar por las condiciones ambientales y de salubridad proveniente de desechos biológicos. La Ley de Medio Ambiente obliga a las personas o instituciones que generen, transporten y traten, hasta su disposición final, sustancias, residuos o desechos peligrosos, cuenten con un permiso ambiental. Y para esto debe haber una regulación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el MINSAL, el Ministerio de Economía y las municipalidades.

La ley, además, dice que es una falta grave que comiencen actividades que requieran permisos ambientales sin tenerlos. Pero desde 2015, el MARN no puede aplicar las sanciones, porque estas fueron declaradas inconstitucionales por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa todavía no hace las respectivas reformas.

Tratamiento. Los desechos hospitalarios contienen alta contaminación que puede causar virus, infecciones y otras enfermedades. Por eso requieren de un tratamiento especial.

Revista Séptimo Sentido consultó a la Unidad de Comunicaciones del MARN si durante los años que la CCR le auditó al ISSS hubo un monitoreo del traslado de las piezas anatomopatológicas en los carros institucionales del ISSS, pero no hubo respuesta.

El Salvador también cuenta desde 2010 con la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo, cuya aplicación debe monitorear el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y así evitar riesgos fisiológicos y psicológicos al personal de instituciones públicas y privadas.

«La Unidad de Medio Ambiente (del MTPS) me presenta cada dos meses sus informes y hasta el momento no nos ha presentado ningún informe referente a eso. Esperamos de que al cierre del año se pueda estar llevando a cabo eso», dijo el 7 de diciembre pasado el ministro de Trabajo, Rolando Castro, al consultarle si el MTPS había iniciado una investigación al ISSS por la falta de permisos ambientales para trasladar las piezas biológicas al cementerio.

El pasado viernes se le consultó a la Unidad de Comunicaciones del MTPS si ya habían sido presentados los informes y si estos contemplaban lo establecido en la auditoría de la CCR. La unidad dijo no tener noticias y pidió enviar un correo con la pregunta al despacho del ministerio. El correo fue enviado, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

“Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud”, explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

***

EL PLAN SOLO PARA UN HOSPITAL

Una vez un área hospitalaria origine desechos anatomopatológicos, el RTS dice que deben guardarse en envases o embalajes rojos cerrados que deben ser retirados inmediatamente a un sitio de acopio central interno que reúna condiciones de bioseguridad. Ahí no deben permanecer más de un día. De no ser recogidos por el transporte externo, deben ser pre tratados químicamente y retirados dos días después.

Para el servicio de recolección externo de desechos, el reglamento exige que la empresa que contratada esté autorizada por el MARN, que los furgones sean de uso exclusivo para esta actividad. Además, que se identifiquen con el logo de la empresa y con el símbolo universal de los desechos bioinfecciosos.

Esta revista encontró tres versiones públicas de contrataciones libres que el ISSS hizo a empresas que transportan los desechos bioinfecciosos, les dan tratamiento y las llevan a sitios de disposición final. Las contrataciones, licitadas públicamente bajo la referencia 2G18000070, ocurrieron entre el 12 de noviembre de 2018 y el 11 de diciembre de 2018, y tienen vigencia por 15 meses.

Las empresas contratadas fueron Transportes Hernández Rodríguez, S.A. de C.V., para dar servicios en la zona metropolitana de San Salvador y en la zona central del país; Transae, S.A. de C.V., para cubrir el área oriental; y Biocam, S.A. de C.V., para la zona occidental. Todas, según un listado de servicios de transporte autorizados para el tratamiento de desechos peligrosos del MARN, cuentan con permisos ambientales.

Fuera del hospital, los desechos deben pasar por métodos que eliminen la contaminación en lugares conocido como celdas de seguridad, que pueden estar en los rellenos sanitarios, y que por obligación deben ser impermeabilizadas, de acceso restringido, con un plan de riesgo, con control de insectos y vectores, y aptos para evacuar gases.

Solo después de este proceso, las piezas anatomopatológicas pueden tratarse como desechos comunes, aunque el RTS también da la posibilidad que sean enterradas en cementerios públicos o privados previa autorización del MINSAL.

El transporte externo de desechos bioinfecciosos, explica Buendía, cobra por kilogramo. Y la eliminación de las cargas patógenas las hace con químicos esterilizantes o sometiendo los desechos bioinfecciosos a altas temperaturas. En CENSALUD, cuenta, lo que hacen para tratarlos es someterlos a temperaturas de hasta 121 grados Celsius durante 15 minutos, en recipientes metálicos conocidos como autoclaves.

José Israel Chávez dijo que el plan de acción que el ISSS presentó a los auditores de la CCR tras la auditoría debía desarrollarse en los tres años siguientes y contemplaba la ejecución de los permisos ambientales para el traslado de los desechos anatomopatológicos. Pero la falta de permisos fue señalada nuevamente por los auditores en el seguimiento de auditoría de julio del año pasado.

Traslado. Previo al traslado externo, los desechos provenientes de humanos deben almanenzarse por un día en un acopio interno, luego llevados a celdas de seguridad o cementerios.

Chávez sostuvo que, a mediados de 2019, establecieron que el Hospital Materno Infantil 1° de Mayo era el que más requería del servicio de transporte, porque atiende entre 16 y 20 partos por día, pero que la CCR les dijo que era necesario tener ese servicio en todos los hospitales. En estos, de acuerdo con la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, se genera menos del 1 % de desechos anatomopatológicos.

Al ver el costo que implicaba contar con un transporte especializado por cada hospital, sumado a los trámites para la obtención de permisos ambientales, Chávez dijo que el ISSS decidió contratar a empresas ya autorizadas por el MARN, para la recolección y tratamiento de los desechos, y asegura que así trabajan los hospitales del ISSS desde el 1 de julio pasado.

Pero Alma Sánchez considera que las repercusiones legales por los traslados de desechos anatomopatológicos que el ISSS realizó sin permisos ambientales son «una casuística sumamente grande», porque tendría que revisarse el Código de Salud, la Ley de Medio Ambiente, e incluso, pudiera constituir un delito ambiental, si por ejemplo, supone, el furgón donde fueron trasladados los desechos fue lavado y el personal evacuó el agua en ríos, o la echó en un colector de aguas lluvias o un colector sanitario sin contar con los permisos de ANDA.

Ella recalca que es importante que el tema de los desechos se aborde de forma global, conforme a cada uno de los residuos contemplados en el CRETIB, un acrónimo que clasifica los residuos de acuerdo a su peligrosidad y en el cual se basó el Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos, del 2000, que exigía la Ley de Medio Ambiente.

Sin embargo, la especialista dice que, desde 1998, cuando entró en vigencia la ley, El Salvador no tiene criterios para crear estadísticas de cumplimiento ambiental y tampoco ha creado protocolos o procesos que ayuden a consolidar indicadores ambientales.

En el caso del manejo de los desechos bioinfecciosos, dice, si quisieran crearse indicadores ambientales, tendrían que consolidarse datos del MINSAL, del MARN y probablemente del catastro de las alcaldías, porque las municipalidades tienen información más detallada sobre aquellos lugares que generan estos desechos. Pero es el MARN el que tiene que liderar este trabajo.

Distintivo. Todo transporte que traslade desechos bioinfecciosos debe distinguirse con el símbolo universal de estos, el que se aprecia en la parte trasera del furgón de la fotografía.