Carta Editorial
La ERC que se sufre en las comunidades agrícolas viene desnudando inequidades e injusticias sociales desde hace décadas.
En casas en donde parece que lo único que cabe es la miseria, ahora se apretujan también dos pandemias: la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y el covid-19. Sucede en Jiquilisco, municipio de Usulután. Esta es la cuarta entrega de la serie Comunidades Intoxicadas que estamos desarrollando en esta revista, con una publicación al mes, desde enero. Este esfuerzo es posible gracias al apoyo de la Fundación Bertha.
La ERC que se sufre en las comunidades agrícolas viene desnudando inequidades e injusticias sociales desde hace décadas. Ha revelado la inacción de los gobiernos, sin importar ideologías, cuando, para proteger a las personas, hace falta intervenir en la productividad. Y ha expuesto las dificultades de los sistemas de salud cuando se trata de llevar tratamientos y diagnósticos oportunos a las zonas rurales.
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador son los países de la región en donde hay una alta prevalencia de casos de Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales. En todas estas naciones, esta enfermedad representaba grandes tareas pendientes en el camino hacia el cumplimiento del derecho a la salud. Y, entonces, llegó el covid-19. Y esta otra pandemia también ha venido a colocar sobre la mesa demandas particulares.
Los preocupante del cruce de ambas es que los afectados son personas que viven en una pobreza multidimensional. Por mucho tiempo, los pacientes renales han sido marginados y su drama ha sido silenciado. Ahora son parte de la lista a quienes el covid-19 les puede hacer más daño. La deuda de las políticas públicas en salud para con ellos no hace otra cosa que crecer.
Confinados en sus casas de lámina o adobe van a tener que seguir esperando guías claras y recursos para poder enfrentar la nueva amenaza.