Carta Editorial

Nuestra salud pública funciona con base en parches. La oferta de recursos es insuficiente para una población que crece entre carencias, lo que aumenta de manera exponencial su vulnerabilidad. Así, los centros de salud entregan responsabilidades a terceros en un afán por cumplirle al usuario al menos lo básico. Y, en la mayoría de casos, hasta esto se queda corto.

Si para comprar un equipo médico indispensable en cirugías complejas es necesario hacer campañas de recaudación de fondos, ¿cuánto más, que no se ve como inmediato, se queda sin cubrir? Este es el caso de la salud mental.
Llevamos décadas aplazando la necesidad de poner atención y recursos a este aspecto que es transversal y, por tanto, con una incidencia enorme en el desarrollo de la población.

Como si se tratara de algo accesorio, el acceso a servicios de salud mental se ha dejado tradicionalmente fuera de las prioridades. Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que debían contribuir a ordenar la oferta de servicios, pero no se ha destinado presupuesto para ejecutarla.

Mientras, cientos de familias se ven obligadas a hacer frente a padecimientos como la esquizofrenia de una forma casi empírica.

Y es así para los afortunados que cuentan con alguien que se haga cargo de sus cuidados. A los que están solos nadie les cumple su elemental derecho al acceso a la salud. Esta es una injusticia diaria.
En el reportaje con el que abrimos esta edición se dan a conocer las alternativas que han crecido entre una sección de la sociedad civil que ha experimentado las diferentes formas de discriminación derivadas de un diagnóstico de esquizofrenia.

El Salvador no solo falla en la atención sanitaria de este tipo de padecimiento. Con ello, también niega el acceso a otros derechos, como la educación, la recreación y el trabajo.

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Un censo es la piedra angular de cualquier sistema estadístico estatal. Define cuántas personas habitan un país, dónde están situadas geográficamente, a qué servicios tienen acceso, entre otros. Lo más importante es que la información debe usarse para definir la dirección que deben tomar las políticas públicas.

Solo por poner un ejemplo: ¿dónde deberían estar situadas las escuelas? Lo lógico es construirlas en los municipios donde haya mayor cantidad de potenciales usuarios, pero no es posible saberlo si no se cuenta con un censo vigente que sea reflejo de la realidad. Y esto no existe para El Salvador.

El último censo poblacional y de vivienda fue realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) hace 12 años. Como resultado de ese censo se supo que la población de Tonacatepeque, uno de los 262 municipios del país, creció de forma exponencial. Creció tanto que el director de la escuela más cercana al centro de ese municipio admitió que cada año estaban viéndose obligados a negarle la matrícula a unos 150 alumnos por falta de espacio.
La cantidad de habitantes en El Salvador se tenía estimada en 7 millones para 2007, pero ese censo la fijó en solo 5.7 millones. Entre otras cuestiones trascendentales, la cantidad de personas que habitan un país importa para determinar la distribución de los representantes en la Asamblea Legislativa.

Es también urgente un indicador de los movimientos de personas dentro y hacia afuera del territorio salvadoreño. Distintos programas internacionales, como los de la Organización de las Naciones Unidas, han advertido que uno de los principales motivos por los que las personas de la región están migrando es por la inseguridad.

Así, los éxodos en algunos municipios podrían significar la acumulación en otros. Pero no hay certeza de estas cifras. A estos números habría que agregar las estadísticas de los informes de muertes violentas y de desaparición de personas.

La necesidad de la información oficial también reside en la importancia que tiene para la elaboración de estudios, investigaciones o encuestas para que sus resultados sean coherentes con la realidad.
Dicho de otra forma, el censo poblacional es un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza extrema, la marginalidad o la exclusión social, porque solo conociendo la cantidad real de habitantes de un país y cómo están distribuidos podría ser posible armar programas encaminados a atender los principales problemas.

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Las migraciones le han dado a la humanidad muchas de las habilidades necesarias para sobrevivir. Han obligado transformaciones y han enriquecido culturas. Nacer en un punto y buscar desarrollo en otro es un derecho.

Pero en nuestra región, la desigualdad retuerce todo lo que toca. Y a lo que traía para ser una opción, le hemos terminado llamando “única alternativa de supervivencia”. Este es un pueblo que migra porque –de lo contrario– lo alcanza la violencia, el hambre, la enfermedad. En realidad, huye.

Todos los días se va gente. Todos los días mandan dinero producto de sus trabajos. Y acá, muy poco cambia. Mañana, otros cientos se van a tener que ir por razones casi idénticas a las que, hace 10 años, dieron los que en ese momento se fueron.

Nuestro “allá” es, por mucho, Estados Unidos (EUA). En ese allá se ha escrito otro El Salvador con sus propios desafíos. El principal, el derecho a quedarse. Pablo Alvarado es, en primer lugar, de aquí, de un cantón que queda en Usulután. Allá, en EUA, Alvarado aprendió no solo a trabajar para él, sino para una comunidad. Es codirector de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), conocida en español como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, que ya mantiene abiertos 70 centros en 22 estados.

De lo que más habla Alvarado es de lucha. Una que es por quedarse en aquel país que ha recibido cualquier cantidad de olas de inmigrantes. Él defiende que quedarse es un derecho ganado a fuerza de trabajo y de independencia; mismo que está amenazado, afirma, por un interés que en el fondo es impulsado por un sentimiento racista.

La primera integrante del Gabinete de Gobierno que presentó Nayib Bukele fue a la canciller. El cargo es de Alexandra Hill Tinoco, que en sus primeras apariciones públicas se ha referido a la relación con Estados Unidos. En esta entrevista, Alvarado les pone los pies sobre la tierra a los discursos, y elabora un análisis forjado desde quienes sufren en carne viva las políticas exteriores.
Desde ese lugar, deja al nuevo gobierno el reto de no solo tomar en cuenta los designios del Gobierno de Estados Unidos, sino también integrar los de la comunidad salvadoreña que allá no solo tiene una fuente de ingresos, sino que una vida completa.

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Se registró la desaparición de 2,682 personas. Este es el dato solo de 2018. Y es una cantidad que no se puede calificar de fiable. Quizá sean más. Pero El Salvador es un país que se ha negado a reconocer esto en su justa medida, se ha negado a admitir que es un problema que afecta a demasiadas familias cada año. Ningún Gobierno ha querido acercarse a ellas con una propuesta a la altura de su dolor, de su angustia y de su vulnerabilidad.

Para empezar, ha hecho falta la creación de un delito que se ajuste a las circunstancias en las que este fenómeno ocurre en la actualidad. Lo que no se nombra no existe. En este caso, eso que carece de categoría legal no es solo un número ni es solo un proceso, son personas.

Esta falta de conciencia de parte de los poderes del Estado no solo atropella los derechos de las personas en paradero desconocido. Se lleva de encuentro también a las familias de ellas que, sin poder hacer un luto y sin poder confiar en que las autoridades hagan una investigación adecuada, tienen que, encima, encontrar energía para honrar los compromisos económicos que haya adquirido la persona de la que no se sabe nada. Quién puede vivir en medio de tanta incertidumbre.

El trámite de declarar la muerte presunta de alguien toma al menos cinco años y una cantidad de gastos que llega a ser incosteable para muchas familias. Porque en esos cinco años no tienen derecho sobre los bienes del desaparecido y están obligadas a seguir pagando por sus deudas. Y, pese a lo delicado de la situación en la que cada año caen más y más familias, el tema no es parte de las agendas institucionales.

La de hoy es la cuarta entrega que dedicamos a las personas desaparecidas y su círculo cercano. Durante 2019, hemos dedicado el último domingo de cada mes a configurar las razones por las que todo esto ha quedado excluido de la discusión de país. Van cuatro y todavía nos queda mucho dolor y mucha injusticia por cubrir.

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Ellos vienen a ser como la imagen de esa flor que crece en una grieta del asfalto, y es con la que se ilustran la perseverancia y la esperanza por igual. En la edición de hoy presentamos cuatro historias de personas que han encontrado la manera de ver en las dificultades las rendijas por donde se puede hacer crecer algo bueno para la mayoría. Ellos son hijos de contextos marcados por la exclusión.

Esta palabra es la que no hay que olvidar. Excluir es mantener a un sector de la población alejado de los recursos necesarios para ejercer sus derechos. No es negar, por ejemplo, educación o salud, es colocarlos a una distancia (física o social) tan grande que sea imposible tomarlos.

Estas son las historias de cuatro personas que se han unido a otras para reducir la brecha entre sus comunidades y las letras, el baile, el escenario, el cine. Este es un esfuerzo enorme y maravilloso, no hay duda, pero también es necesario reconocer que es mucho trabajo para tan pocas manos.

En una sociedad más justa, en esa por la que todos deberíamos trabajar, las oportunidades de desarrollo deberían estar desbloqueadas para cualquiera. No es el caso de El Salvador, está claro. Pero en estas historias deberíamos saber reconocer el agrio sabor de la desigualdad y la culpa compartida.

Este es un país lleno de personas con talento y energía. Pero la mayoría está atada a contextos desfavorables en donde no hay tiempo para pensar en crear, cuando para lo que alcanza es para pensar solo en sobrevivir.
Acá está nuestra condena. Una de las consecuencias más terribles de la exclusión es que nos obliga a todos a permanecer estancados. Sin oportunidades equitativas, unos pocos no pueden vivir para siempre con privilegios, porque se van a acabar.

Nos ha tomado demasiado tiempo ver y entender que la única manera de avanzar es eliminando brechas absurdas en un país tan pequeño, tan rico, tan pobre y tan lleno al mismo tiempo. En estas páginas escritas por el periodista Stanley Luna hay gente que construye caminos cortos y transitables hacia el desarrollo.

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Las muestras de personas que llegan a esta sala del Hospital San Rafael, en Santa Tecla, resume muy bien cuáles son los principales retos que tiene el país. Si de comenzar por lo obvio se trata: los hogares no son lugares seguros.

El 75 % de las agresiones sexuales se ha cometido en casa de la víctima, en ese sitio que debería significar resguardo y seguridad. Y las personas victimarias, en los casos de menores de edad, también son conocidas por la víctima. El abuso se comete en círculos de confianza.

La labor de Maritza Anaya en el San Rafael es una de las que se deberían considerar como más importantes para la población. Es psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Rafael. Desde ahí, se convierte en el primer contacto que, en la mayoría de casos establece una víctima. Es con ella en donde se comienza a trazar el camino hacia algún tipo de recuperación y, quizá, de justicia.

La denuncia se convierte en un reto más grande cuando el abuso se ha cometido en casa. Es ir en contra de todo lo que se conoce en la vida y, en algunas ocasiones, no se cuenta con los recursos y el conocimiento para reconocer un delito. El hospital capta a las víctimas por interconsultas. Llegan solo por lo físico, cuando lo que necesitan es una atención integral que involucre a otros miembros de familia y así mejorar el entorno.

Porque no se le puede pedir a ninguna persona que denuncie un delito cuando no se le ha formado, primero, como sujeto de plenos derechos sobre sí misma y, segundo, sobre cuáles son todas las caras con las que se puede presentar ese delito. No se le puede pedir que denuncie de manera oportuna y efectiva cuando las herramientas que se le dan para hacerlo no sirven.

En esta entrevista realizada por la periodista Valeria Guzmán, Anaya desglosa los procesos que siguen sus pacientes. Pero lo que nunca deja de sonar en medio de la plática es la precariedad en la que ella y sus colegas realizan su trabajo. Una situación que profundiza las injusticias y la violencia contra las personas más vulnerables.

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Para mejorar la educación del país no solo hace falta invertir en infraestructura. Hay, antes, otro problema que es mucho más grande y complejo. Es de calidad de la docencia.

No se puede pensar en dar un salto de calidad sin revisar las condiciones en las que los docentes realizan su labor. Sus salarios han sido, por ejemplo, uno de los aspectos más criticados. Pero antes, haría falta caer en cuenta de otro aspecto que es necesario cambiar si lo que se quiere es un resultado a largo plazo: ¿quiénes y en qué circunstancias están formando a los docentes en las aulas universitarias? ¿Quién les enseña a enseñar?

Con esta pregunta entre manos, el Instituto Nacional de Formación Docente Ministerio (INFOD) realizó una encuesta cuyos resultados forman parte del reportaje que firma el periodista Stanley Luna.

Un total de 180 docentes participaron en la encuesta. Y de ellos, el 16 % respondió que vive con menos de $500 al mes, con ello, deben mantener familias numerosas. Y no se puede pasar por alto que acá se está hablando de gente que da clase en universidades, son el brazo ejecutor de la educación superior.

Preocupa todavía más que sus salarios no son producto de una sola actividad en un solo lugar. El 41 % de los docentes que participan en este estudio dicen que se ven obligados a tomar contratos por hora clase en diferentes lugares para así poder armar un salario que más o menos compita con sus gastos básicos. Más clases, más alumnos, más tiempo y nada se reconoce en justa medida, ya que estos contratos no incluyen los beneficios de ley.

Hace rato estamos asistiendo a una precarización de la docencia. Lo que se les paga y reconoce no es suficiente para el valor que tiene y lo delicado que es el trabajo que realizan con cada uno de sus estudiantes. Para subir un escalón en materia de educación, el trabajo debe comenzar por ellos.

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Se metió debajo de las sábanas en un intento de sorpresa. Cuando le dije que ya la había visto, me preguntó que cómo supe dónde estaba. En la misma, se respondió ella sola algo a lo que le encontró toda la lógica que cabe en seis años de vida: “¡Ah!, es que como estuve en tu pancita, tú siempre vas a saber en dónde estoy”. Con todas las fuerzas del mundo, quise decirle que sí, que así es, que por eso siempre voy a saber en dónde y cómo hallarla. A la par de ella, quise que el amor funcionara también como localizador satelital.

Llevamos, con esta, tres entregas en las que hemos abordado diferentes aristas de la desaparición de personas en El Salvador. Y falta, falta tanto por contar. Este es un drama sin fin: no se puede decir adiós y tampoco parece correcto abandonar la esperanza de un reencuentro.

La periodista Valeria Guzmán cuenta en esta edición cuáles son las particularidades que se presentan cuando a quien se debe buscar es una mujer. Pese a que se ha creado un protocolo para agilizar las alertas, en la práctica sigue existiendo, robusto, el prejuicio. La víctima tiene que ser “intachable” para merecer atención.

A lo largo de este ejercicio que hemos puesto en práctica los últimos domingos de cada mes, ha habido un factor recurrente, grande, ineludible y pesado como lápida. Es la soledad de los que tienen que atravesar el infierno de buscar a un ser querido.

El Estado, señala una de las fuentes del reportaje, debería hacer más suya la obligación de asistir a estas víctimas de una muerte en vida. Es que caminar por hospitales, visitar la morgue, ver fotos de cadáveres, asistir a exhumaciones en cementerios clandestinos, pedir desesperadamente información en redes sociales y ver llegar cada noche sin haber encontrado ningún indicio es, en toda regla, una tortura.

Hoy, cientos de personas van a tener que intentar dormir sin haber encontrado respuestas. Este país no va a ser de humanos hasta que ponga atención a estos dolores profundos.

Carta Editorial

Da un poco de pena admitirlo, pero el tema del reportaje con el que abre esta edición sorprende y mucho. Es una historia que, tristemente, no suele verse con frecuencia. Los relatos en los que se habla acerca de soluciones deberían ocuparnos más y sorprendernos menos. Así que vale este reconocimiento de culpa por no disponer más los ojos a descubrir los esfuerzos de los demás para, en medio de este caos, saber encontrar esperanza.

La periodista Valeria Guzmán cuenta cómo desde el arte y el contacto con animales se pueden restaurar tejidos físicos y emocionales a los que de otra forma no se podría llegar. Este es un país en el que, de una u otra forma, todos estamos rotos. Y desde el periodismo solemos dedicarnos mucho a ver, investigar y escuchar qué es lo que nos rompe. Pero no se nos hace habitual enfocarnos en la etapa que sigue: ¿qué podría remendarnos?

Esta entrega hace más que mostrarnos que hay menores de edad víctimas de abuso o que hay menores de edad sin acceso a los tratamientos que necesitan. Esta entrega nos muestra que hay personas dedicadas a ofrecer puentes para que el daño no se instale como permanente y no acabe ocupando un espacio que debería estar dedicado para la vida.

Exponer estas actividades es una manera de pedirles a quienes las ejecutan que, por favor, no paren. Que no se den por vencidas pese a lo malagradecidos que podemos llegar a ser. Lo que hacen es importante no solo para las personas que reciben sus terapias. Es importante para todos, porque hace falta entender que estamos conectados y el avance de un niño que antes no podía acercarse a los animales y ahora les da de comer es estimular la fe en que podemos llegar, algún día, a ser un país empático.
Gracias por seguir.

Carta Editorial

El pobre acceso a justicia que es norma en este país se construye todos los días, de a poco, en historias como las que ocupan el reportaje de esta edición. Se trata de todo lo que le sigue a la renuncia de un perito de investigación de la Policía Nacional Civil.

Este texto no va acerca de explicar una decisión personal; es acerca de un sistema para el que las renuncias de miembros de la corporación policial con comunes, y aun así no ha podido establecer un mecanismo que proteja los procesos y garantice lo básico al margen de las acciones individuales. Esto, que sucede con frecuencia, no ha generado en las instituciones involucradas ningún cambio que elimine el riesgo.

Una adolescente de 13 años fue acosada por un hombre mucho mayor que ella. Pese a que esperó un tiempo, la víctima fue apoyada para colocar una denuncia y se sometió a todos los exámenes para respaldar lo que decía. Ella hizo todo lo que debía en función de ser escuchada y validada. En el juzgado, sin embargo, la renuncia del perito que se había encargado de recolectar todo y que debía pasar a la sala como testigo se hizo sentir.

No hubo quien pudiera relatar cómo habían formado el historial telefónico de la víctima junto con el del acusado. Un elemento que era clave ante juez.

Entre el esfuerzo de una adolescente por buscar justicia, hasta la desesperación de un perito por buscar una situación laboral digna está un problema de integración, respeto y empatía que no se está atendiendo. Hay un silencio cómplice, un desorden que solo favorece a que la impunidad crezca.