Carta Editorial

El reportaje de esta edición aborda un tema que casi siempre dejamos pasar. Nos come mucho la urgencia por centrarnos en las consecuencias y no en las raíces de los problemas.

El Área Metropolitana de San Salvador está formada por 14 municipios (AMSS). En ellos residen más de 2 millones de personas. Es alrededor de un tercio de la población de todo el país. Vivir en este territorio tiene ventajas de acceso a oportunidades laborales, de movilización, educativas y de salud, entre otras. Pero esta cercanía se paga caro.

A pesar de que somos muchos los que vivimos aquí, no deja de ser difícil que esta sociedad encuentre espacios de convergencia. Lejos de eso, el AMSS está más dividido que nunca y está más pensado para hacer esas separaciones dolorosas, que para promover la comunicación y la equidad.

Ambos conceptos son muy amplios, pero se aterrizan, por ejemplo, en contar con espacios dignos, seguros, cómodos para encontrarnos. Y no los tenemos.

En la parte del país más densamente poblada hay un déficit del 70 % de áreas verdes públicas. Y no se trata de medir esto solo en metros cuadrados. No contar con espacios para disfrutar y encontrarnos limita las oportunidades de desarrollo.

Una de las fuentes en este reportaje relaciona la falta de estos espacios abiertos y públicos con la salud mental. Ya son varias las generaciones que hemos aprendido a sentirnos seguros solo mientras estamos encerrados, cercados, alejados.

Las áreas verdes, los parques, los espacios abiertos son territorios cuya principal misión es lograr equidad. Se supone que son un piso, eso a lo que todos deberíamos tener acceso sin restricción de ningún tipo. Y, por el momento, esto no está sucediendo. Nos seguimos formando como una sociedad demasiado aficionada a los muros.

Carta Editorial

Crecer entre sombras es tortura. Vivir en un constante esfuerzo por encajar en un molde rígido que no pertenece, también. Todo lo que implique obligar a alguien a negarse a sí mismo en función de los valores morales de otros no debería considerarse correcto. La empatía, sí.

El reportaje principal de esta edición gira en torno al trabajo de otro medio de comunicación. Es una radio comunitaria que hace que un mensaje de formación e información viaje entre caminos de polvo, varas de bambú y suene en casas vecinas de la milpa.

El contraste no es gratuito. La radio comunitaria ha trabajado una relación cercana con sus oyentes. Y, de hecho, la fundación de la misma ha sido parte de un proceso de organización entre los miembros de la comunidad. Sucedió, en el proceso, que llegaron a la conclusión de que la ruta más corta y efectiva hacia el desarrollo común era la educación.

Así comenzó algo que ahora tiene a la gente hablando con datos, con estudios, con informes. Tiene a la mayor parte de los miembros de las comunidades en donde hay alcance de la radio volcados todos en contra del acoso. Entre la radio y los vecinos organizados, estos municipios han reducido el porcentaje de embarazos adolescentes, están abiertos a buscar y recibir atención psicológica cuando sea necesario y hablan sobre diversidad sexual en términos incluyentes.

Hay todavía retos. Hay detractores. El equipo de la radio no se ha salvado de amenazas. Han sido víctimas de ataques. Y solo han sabido encontrar algo de protección en la institucionalidad, es decir, al cumplir con requisitos para formar parte de organismos más grandes en donde ganan representatividad y respaldo.

Lo individual también es político. Y aunque una radio comunitaria es un ente que tiene vida en la colectividad, el impacto de este trabajo es personal. Con palabras han construido un ambiente menos tóxico para quienes más lo necesitan.

Carta Editorial

Ayer, 29 de junio, cumplimos 11 años de la primera publicación como revista. Lo que somos ahora es el resultado de un proceso a prueba y error en el que nos hemos ido depurando para llegar hasta este lugar desde donde, creemos, hemos abierto la puerta a un periodismo urgente.

No urge porque vaya al paso de la inmediatez y el aquí y ahora. Urge por todo lo contrario. Porque en la agitación no se analiza, no se piensa, no se contextualiza ni se buscan voces distintas. Pero en la calma, ese estado mental que tanta falta nos hace como país, aparecen las respuestas que, por integrales, permanecen como verdad por más tiempo. A esto nos debemos.

Acá estamos. Acá seguimos. No porque alguien nos lo pida. No hace falta. Sabemos que el trabajo que hacemos de registrar los hechos en profundidad y lejos del lugar común que, aunque quizá tenga más para alcanzar popularidad, limita la comprensión.

A tono con este espíritu, en la edición de hoy presentamos la sexta entrega de la serie #DóndeEstán. Este es un trabajo que nos ha llevado a escuchar testimonios con los que hemos construido un tejido en el que se puede ver mejor la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de la que es víctima quien desaparece y también su familia.

El capítulo de hoy es una deuda añeja, la que más. Sofía es una mujer de 73 años que lleva 40 buscando a sus cuatro familiares que desaparecieron en el marco del conflicto armado. ¿Quién puede decir que esto no urge, que esto no importa? ¿Quién puede pedirle a ella que pase la página de un esposo, una hija, un sobrino y un hermano de quienes no supo más?

Nosotros seguimos aquí porque nos debemos a estas historias. Nos debemos a esta necesidad de escucharnos incluso en estas partes oscuras que muchos insisten en negar. Aquí seguiremos como seguirá Sofía, porque voluntad es lo que nos sobra.

Carta Editorial

Sergio Ramírez es una de las voces más autorizadas para hablar de la delicada situación política que envuelve a Nicaragua desde hace más de un año. Lo hace como exvicepresidente y también desde la disidencia de un partido que acabó traicionando todos los principios con los que nació.

El FSLN ahora simboliza solo el poder desmedido al que se quieren aferrar Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo hacen a costa de ataques directos a la población, disuelven protestas, encierran activistas, registran medios de comunicación y levantan delitos en contra de periodistas. Nicaragua ha perdido con ellos la dignidad y el respeto por los derechos humanos.

Por esto, Ramírez dice que existe un pueblo desencantado que ya no respalda la fórmula de Ortega-Murillo, sino que quiere ver elecciones libres, presos políticos liberados, el regreso de los nicaragüenses exiliados y el funcionamiento de los medios de comunicación sin trabas ni cortapisas.
“Donde el Gobierno no ha podido, el régimen no ha podido penetrar, es en los medios, en las redes sociales. Una batalla perdida. Busca cómo contrarrestar control con mentira, con redes falsas, pero ahí está la fortaleza de la difusión de noticias que el régimen quisiera no escuchar”, señala.

Esta entrevista que hemos incluido en la edición fue realizada por el periodista Stanley Luna en Costa Rica, durante el desarrollo del Centroamérica Cuenta, uno de los proyectos más representativos de Ramírez.

En una situación tan complicada como la de Nicaragua, la literatura está obligada no solo a hacer un registro, sino que también a ser un faro que ilumine las opciones correctas y democráticas. Está obligada a colocarse al lado del oprimido para defenderlo de los ataques de los que solo quieren aferrarse a un poder que, aunque tienen, hace rato no les pertenece.

Carta Editorial

El desplazamiento forzado es un fenómeno que deforma la vida de más personas cada día. Es un flagelo silenciado que el Estado apenas ha empezado a reconocer hasta el año pasado.
A estas personas se les ha fallado muchísimo. Antes de tener la necesidad de huir, se les negó la posibilidad de vivir en un lugar seguro. Se les negó el acceso a la protección de las autoridades competentes. Y en el éxodo, se les niega la asistencia institucional, porque, muy pocos de ellos llegan a existir para este Estado tan poco empático.

En el mejor de los casos, estas personas logran, por sus propios medios, reubicarse en otro lugar. Ahí están obligados a reconstruirse toda la vida. Pero esto en sí mismo, lo de sobrevivir y reinventarse, es un privilegio de pocos, porque hasta en medio de este dolor hay grados.

En otra escala de dolor, huyen y la amenaza los encuentra. Vuelven a huir y los vuelve a encontrar. Vivir huyendo sin poder acudir a nadie para encontrar consuelo y refugio viola cualquier cantidad de derechos humanos de lo más básico.

La periodista Wendy Hernández cuenta en esta edición cómo es huir. Lo que domina toda la historia, aparte de la angustia por salvar la vida, es la soledad. En el fondo, está ese reclamo por ser víctima de algo que a las autoridades no les interesa dimensionar en la medida correcta.

Para empezar, en el país no tenemos ni cómo resolver la primera urgencia, que es un albergue en donde poder encontrar algún tipo de seguridad. El gobierno anterior optó por negar el problema durante la mayor parte del tiempo. Queda para las nuevas autoridades la tarea de dar a las víctimas la dignidad que merecen.

Carta Editorial

A una sociedad acostumbrada tanto a actuar solo para el corto plazo, le cuesta ver que no todas las acciones tienen que dar frutos inmediatos y que no toda respuesta tiene que llegar precedida de una crisis. La población que se encuentra en las cárceles del país tiene, con o sin sentencia, derechos. Uno de ellos es el que tiene que ver con recibir capacitaciones que le permitan no reincidir en delitos al recobrar la libertad. Es una forma de acercarle las oportunidades a las que, muy probablemente, no tuvo acceso antes. Es un intento por parar la sistemática exclusión.

No se trata de sentir compasión o lástima, se trata de romper el círculo que mantiene al país en donde está. Un ciclo dañino que parte del ocio y la discriminación y acaba en una división permanente entre los que tienen todas las oportunidades y a los que jamás se les permitió acuñar una real.

Una condena por estafa o extorsión, entre otros delitos, significa la pérdida de libertad. Pero no de los demás derechos, que deberían respetarse a todo ser humano. El reportaje de esta edición aborda cómo ha funcionado el programa Yo Cambio.

Pensar en hacer algo para mejorar las condiciones de vida para la población reclusa es un acto que –casi por descontado– implica el riesgo de recibir una cascada de críticas. Porque pese a que la paz, en teoría, esté oficializada en un documento, este sigue siendo un país en el que un incendio en un penal es razón de celebración pública.

El Salvador se ahoga en sus miles de urgencias y necesidades. A no pocas personas les viene bien argumentar que hay mucha gente en pobreza y situación de hambre que sufre sin haber cometido esos delitos por los que los reclusos han sido condenados. Pero a ellos tampoco se les tienden puentes ni se les facilita el acceso a recursos para mitigar necesidades básicas de salud, educación, vivienda, trabajo digno y alimentación.

Carta Editorial

Hemos pasado ya tanto tiempo apuntando la necesidad de invertir en promover la cultura, que ya cuesta hallar palabras. Se ha dicho aquí ya tantas veces que hace falta abrir espacios, que hace falta hacer funcionales los que ya existen. Con múltiples ejemplos hemos señalado la cantidad de talento que hay y que, en la mayoría de casos, no encuentra recursos para desarrollarse; en otras palabras, se pierde.

Hemos puesto bajo la lupa los vicios de la manera en la que se han manejado las instituciones relacionadas con este ámbito. También hemos insistido, al tomar en cuenta las voces de expertos, en la urgencia de contar con leyes que regulen cómo ejerce, cómo se oferta, cómo se desenvuelve, quiénes lo pueden o no hacer. Desde estas páginas nos hemos dedicado a ver los temas culturales desde tantas aristas como ha sido posible.

Ayer terminó el segundo gobierno de izquierda. Y, en la entrevista con la abrimos esta edición, Allan Barrera, escritor salvadoreño, abre una puerta hacia el análisis de cómo ha sido la gestión cultural en estos años.
Lo primero que hay que admitir es que había unas expectativas de cambio que jamás se cumplieron. Nunca se fijó un rumbo favorecedor, no se ampliaron los beneficios y tampoco la cobertura. Los cambios fueron de nomenclatura, no de acciones.

Barrera es una figura desde donde se pueden hacer dos lecturas. Habla como exfuncionario de los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén y de Mauricio Funes; y, también, como creador. Desde la segunda, ha experimentado todas las dificultades que nacen de una ejecución sin mapa y sin alma en un país que hace rato viene dando muestras de que solo necesita que se le abran las oportunidades para aprovecharlas.

Barrera es, de hecho, el segundo salvadoreño que gana, de manera consecutiva el Premio Carátula de Cuento Breve, destinado para narradores jóvenes de Centroamérica. Un mensaje más que contundente.

Carta Editorial

La que presentamos en esta edición es la quinta entrega que aborda el drama de las personas desaparecidas. El último domingo de cada mes está dedicado a los ausentes y a quienes los buscan. Esta vez, está enfocada en un grupo altamente vulnerable: los migrantes.

Este colectivo ha sido invisibilizado. Las instituciones de este país no han sabido encontrar el camino para ofrecer a los familiares formas ágiles de denuncia. Cuando se trata de una desaparición, el tiempo es fundamental, y aquí se pierde demasiado, porque se desconoce adónde ir, qué llevar y qué esperar.

La angustia en la que viven los familiares es indescriptible. Y además de eso, los casos de desaparecidos en tránsito deben hacerse sentir también en función de los delitos que se esconden en cada uno de esos rostros. Si no se investiga, los abusos jamás se van a detener.

Tal y como funcionan hoy las instituciones, detrás de cada desaparecido hay un grueso manto de impunidad que permite que todos los días más y más y más personas pasen a ser víctimas en esa misma ruta.

El tema de la migración irregular está plagado de espejismos, como el de un Estado que jura que hará esfuerzos por detener el flujo de personas que se van, cuando, al mismo tiempo, no puede prescindir de ese enorme aporte que significan los dólares que envían los que llegan a destino.

Cuando, además, limita el mensaje a campañas de información y descuida lo más importante: la gente no se va porque no sepa los riesgos del camino, se va porque no encuentra aquí oportunidades para llevar una vida digna. Un país pequeño como este debería estar más interesado en ofrecer a sus habitantes suficientes opciones de crecimiento.

Este reportaje apunta hacia un lugar en común con las otras entregas. En la búsqueda, los familiares resienten la soledad, el abandono y la falta de empatía que reina en las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Carta Editorial

Nuestra salud pública funciona con base en parches. La oferta de recursos es insuficiente para una población que crece entre carencias, lo que aumenta de manera exponencial su vulnerabilidad. Así, los centros de salud entregan responsabilidades a terceros en un afán por cumplirle al usuario al menos lo básico. Y, en la mayoría de casos, hasta esto se queda corto.

Si para comprar un equipo médico indispensable en cirugías complejas es necesario hacer campañas de recaudación de fondos, ¿cuánto más, que no se ve como inmediato, se queda sin cubrir? Este es el caso de la salud mental.
Llevamos décadas aplazando la necesidad de poner atención y recursos a este aspecto que es transversal y, por tanto, con una incidencia enorme en el desarrollo de la población.

Como si se tratara de algo accesorio, el acceso a servicios de salud mental se ha dejado tradicionalmente fuera de las prioridades. Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que debían contribuir a ordenar la oferta de servicios, pero no se ha destinado presupuesto para ejecutarla.

Mientras, cientos de familias se ven obligadas a hacer frente a padecimientos como la esquizofrenia de una forma casi empírica.

Y es así para los afortunados que cuentan con alguien que se haga cargo de sus cuidados. A los que están solos nadie les cumple su elemental derecho al acceso a la salud. Esta es una injusticia diaria.
En el reportaje con el que abrimos esta edición se dan a conocer las alternativas que han crecido entre una sección de la sociedad civil que ha experimentado las diferentes formas de discriminación derivadas de un diagnóstico de esquizofrenia.

El Salvador no solo falla en la atención sanitaria de este tipo de padecimiento. Con ello, también niega el acceso a otros derechos, como la educación, la recreación y el trabajo.

Carta Editorial

Un censo es la piedra angular de cualquier sistema estadístico estatal. Define cuántas personas habitan un país, dónde están situadas geográficamente, a qué servicios tienen acceso, entre otros. Lo más importante es que la información debe usarse para definir la dirección que deben tomar las políticas públicas.

Solo por poner un ejemplo: ¿dónde deberían estar situadas las escuelas? Lo lógico es construirlas en los municipios donde haya mayor cantidad de potenciales usuarios, pero no es posible saberlo si no se cuenta con un censo vigente que sea reflejo de la realidad. Y esto no existe para El Salvador.

El último censo poblacional y de vivienda fue realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) hace 12 años. Como resultado de ese censo se supo que la población de Tonacatepeque, uno de los 262 municipios del país, creció de forma exponencial. Creció tanto que el director de la escuela más cercana al centro de ese municipio admitió que cada año estaban viéndose obligados a negarle la matrícula a unos 150 alumnos por falta de espacio.
La cantidad de habitantes en El Salvador se tenía estimada en 7 millones para 2007, pero ese censo la fijó en solo 5.7 millones. Entre otras cuestiones trascendentales, la cantidad de personas que habitan un país importa para determinar la distribución de los representantes en la Asamblea Legislativa.

Es también urgente un indicador de los movimientos de personas dentro y hacia afuera del territorio salvadoreño. Distintos programas internacionales, como los de la Organización de las Naciones Unidas, han advertido que uno de los principales motivos por los que las personas de la región están migrando es por la inseguridad.

Así, los éxodos en algunos municipios podrían significar la acumulación en otros. Pero no hay certeza de estas cifras. A estos números habría que agregar las estadísticas de los informes de muertes violentas y de desaparición de personas.

La necesidad de la información oficial también reside en la importancia que tiene para la elaboración de estudios, investigaciones o encuestas para que sus resultados sean coherentes con la realidad.
Dicho de otra forma, el censo poblacional es un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza extrema, la marginalidad o la exclusión social, porque solo conociendo la cantidad real de habitantes de un país y cómo están distribuidos podría ser posible armar programas encaminados a atender los principales problemas.