Carta Editorial

La entrevista que ha sido incluida en esta edición es un golpe duro, pero necesario. Los años que vienen solo serán más difíciles para todos. Aquí, no hay recuperación fácil ni inmediata. Así lo advierte Jacques Attali, quien se ha graduado como economista, abogado e ingeniero en la Escuela Politécnica, la Escuela de Minas, el Instituto de Estudios Políticos y de la Escuela Nacional de Administración. Obtuvo, también, un doctorado en Economía.

Attali fue el primer presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Y fundó, en 1980, la organización no gubernamental Acción Internacional contra el Hambre. Ha recibido numerosos doctorados honoris causa y ha formado parte de la lista de los 100 intelectuales más relevantes del mundo en varias ocasiones. Desde toda esta experiencia, señala que hay poco margen para el optimismo en lo que viene junto a la pandemia.

Lo que Attali recomienda a los gobiernos es aplicar medidas de economía de guerra. Esta alusión bélica crea una serie de anticuerpos de entrada. Pero, en la práctica, se refiere, básicamente, a cambiar todos los paradigmas de producción para centrar los esfuerzos en un solo objetivo. Para un país en conflicto, ese objetivo sería disponer de todos los recursos para ganarle al adversario. En el caso actual, se trata de cambiar la forma en la se invierte, se produce y se gasta para centrarse en superar la pandemia de covid-19 y, a la vez, enfocar las energías en las actividades que permitan atenuar el impacto de la crisis económica.

Esta manera de pensar y de actuar solo se puede instalar cuando ya hay conciencia plena de la gravedad de la situación. Este año ha sido malo en todos los sentidos posibles. Pensar que el próximo será mejor es un autoengaño. Y creer en que las elecciones legislativas son una especie de llave que abre la puerta de salida de la crisis también lo es. Se necesita muchísimo más que eso.

Una parte importante del éxito de la economía de guerra está en los ciudadanos, en los sacrificios y adaptaciones que puedan hacer desde sus rutinas personales para sumar en la carrera por lograr el objetivo. Y acá se parte de que esta participación ciudadana esté basada en la información y en la educación. Necesitamos saber, sin edulcorantes y sin manipulaciones, la gravedad de lo que se viene.

Carta Editorial

El sistema de salud que tenemos es el resultado de décadas de medidas equivocadas. A los políticos nunca les gustó hablar de salud y educación en sus campañas y tampoco durante sus mandatos, porque estos son temas que ameritan una discusión seria e informada. Y plantean, sobre todo, problemas que no se resuelven en un año ni en dos. Estar preparados para enfrentar de manera digna y humana esta pandemia por covid-19 implicaba tomar decisiones drásticas hace dos décadas. Implicaba poner dinero y acciones en función de eliminar la desigualdad en el acceso a estos servicios, que también son derechos.

El colapso que sufrimos todos los días es la consecuencia natural de tanto abandono. Hace 20 años, nos importó poco que la reconstrucción de la red hospitalaria tras los terremotos fuera expedita y transparente. Más allá de la indignación de unos cuantos días, tampoco nos pusimos del lado de la gente que agonizaba en camillas oxidadas por falta de medicamentos. Y no nos pusimos del lado de los médicos y del personal sanitario cuando solicitaron mejoras de las condiciones laborales y más recursos para poder realizar su trabajo. Contar con un sistema que garantizara la atención médica oportuna a todos, y no solo a los que pudieran pagarla, estuvo todo este tiempo fuera de nuestras prioridades.

Mañana, al igual que la semana pasada, habrá gente haciendo cola para comprar tanques de oxígeno medicinal para poder ofrecer algún alivio a familiares con males respiratorios. Como se cuenta en el reportaje de esta edición, habrá en esas filas gente desesperada viendo cómo sus deudas suben, porque no hay más opción para encontrar tratamiento. Los centros asistenciales no dan para más. Y el recurso humano de la red sanitaria es el que está pagando con su vida todas las decisiones equivocadas más recientes. Tanto sufrimiento debería ser suficiente para exigir que cualquiera que ambicione una cuota de poder público sepa que curar el sistema de salud debe ser una prioridad.

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El Salvador ha tenido siempre un sistema de salud muy dado a perpetuar la desigualdad. Destina muy poco dinero para atender las necesidades de muchas personas. No privilegia la atención preventiva. No destina suficiente recurso a la investigación. Y tampoco reconoce a su personal con salarios y prestaciones competitivos. Durante esta crisis por covid-19, estas carencias, que ya eran un lastre, se han convertido en condena tanto para usuarios como para los trabajadores.

Una de las instituciones que hace parte del gasto público en salud es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Si el gasto nacional en salud alcanza los 1,900 millones de dólares y representa un poco más del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), el aporte que hace el ISSS representa el 2 % del PIB. Con sus cifras de cotizaciones dentro de lo esperado, el ISSS ya brindaba un servicio de salud que urgía mejoras. Ahora, cuando los enfermos por covid-19 han colapsado los servicios, la preocupación es mayor, ya que, a la vez, los ingresos por cotizaciones de patronos y empleados se ven reducidos como producto de la suspensión de actividades económicas en función de evitar más contagios.

Este es un tema que se debe discutir ya. Porque las consecuencias se pagan en vidas, en las de los pacientes y en las del personal de la institución que ya lleva más de tres meses haciendo frente a una situación sin precedentes y sin contar con los equipos de protección necesarios.

El reportaje de esta edición es el testimonio de la hija de un usuario que, pese a los notorios aspectos a mejorar, siempre confió en los servicios del ISSS. Lo que vivió ahí la hace hoy desear que ninguna otra familia tenga que pasar por una experiencia similar.

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Hablar de Consuelo Suncín es hablar de una reinvindicación a la que todavía le falta mucho trecho. El reportaje de esta edición aborda aspectos de la vida de Antoine de Saint Exupéry, el escritor de El Principito. En este repaso, la figura de Suncín no hace otra cosa que ser, también, protagonista.

De ella se pueden decir tantas cosas. Era escritora, pintora, intelectual, era una mujer valiente a la que se le sobraban argumentos para ser transgresora incluso cuando esto le costaba el rechazo de una sociedad como la europea, en aquel entonces.

Con Saint Exupéry, ella se casó vestida de negro, por ejemplo. La escritora francesa Anne Merie Mergier afirma sobre ella que «Consuelo era una catarata: excéntrica, alegre, imprevisible, caprichosa, fuerte, indefensa, misteriosa, chispeante, excesiva, atenta, egocéntrica, generosa, seductora, inteligente, vanidosa, intuitiva, instintiva, contradictoria, volcánica… y salvadoreña. Hablaba un francés exótico, con un fuerte acento español».

En El Salvador, una de las personas que más ha trabajado para sacar a Suncín del anonimato es el escritor y columnista Manlio Argueta. “Lo que confundió a la época es que Consuelo Suncín no respondía al «comportamiento esperado de una mujer», en el sentido de ser recatada, de mirada virgen, sumisa, ama de casa, cocina y lavaderos incluidos, y madre mártir. Desde ese punto de vista, la centroamericana se adelantó a su tiempo para romper con conceptos de doble moral en relación a lo femenino-masculino. Pero salió adelante a quienes la concibieron una mujer objeto”, explica Argueta en uno de sus escritos.

A este país siempre le han faltado referentes. Pero no ha sido porque no existan. Es más una cuestión de falta de valoración, de falta de memoria. Consuelo Suncín es una deuda a la que se debería atender con urgencia.

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La cuarentena ha provocado una sensible baja en una variedad de delitos, entre estos están los homicidios y, en supuesto, también las desapariciones. Pero sobre este último no es posible hablar con certezas. Las mismas autoridades dan cuenta de que las medidas impuestas para evitar el contagio de covid-19 pudieron haber incidido en que los familiares de las víctimas no dieran aviso oportuno en las instancias, como las sedes fiscales o las delegaciones policiales.

Además, las medidas represivas contra aquellos que irrespetaran la cuarentena también sirvieron de argumento para retrasar el inicio de la búsqueda. A la protagonista del reportaje de esta edición, todos estos acontecimientos se le atravesaron como obstáculos en el desesperado proceso por saber qué le había pasado a su hijo, un joven repartidor de gas que salió a dejar un pedido y al que no se le volvió a ver.

El nombre de ella es Sara. Y busca a Miguel desde hace meses. Ha pasado toda la cuarentena con una angustia que va más allá del miedo al virus. Hasta hoy, resiente que las instituciones no hayan previsto reservar recursos para los problemas de violencia, los de siempre, los que no están resueltos.

Los nombres de esta madre y de este hijo se suman a una larga lista de personas a las que se les debe una explicación. Pese a los cambios en la legislatura y a la creación de unidades especiales que hubo el año pasado, el denunciar una desaparición sigue siendo un tema en el que hay mucho de arbitrariedad. Los protocolos no se están respetando con la rigurosidad que esto amerita. Estamos hablando de personas.

El camino que le espera a Sara hacia el conocimiento y la justicia es, a juzgar por la historia, todavía muy largo. Ojalá para los desaparecidos y sus familias pronto se pinte un cuadro con más luz.

Carta Editorial

Dice la escritora Jacinta Escudos en su columna de esta edición que cada quien está haciendo un esfuerzo por llevar cómo puede todo lo que la pandemia nos ha impuesto. Y acá, eso se llama encierro, desempleo, hambre, aislamiento, depresión y, en muchos y lamentables casos, la pérdida de un ser querido. Este año hemos tenido muy poca paz.

No hay un hogar que se haya librado de sufrir en alguna medida. Y deberíamos hablarlo más. Deberíamos escucharnos más sin juzgarnos. A unos nos ha tocado tragarnos lágrimas mientras retorcemos un trapeador al mismo tiempo en que atendemos una reunión por teléfono. Otros lavan interminables montañas de platos a la vez que crían niños. A unos más les tocará atravesar un proceso de duelo sin un abrazo, en soledad, como jamás pensamos que sería.

La mayoría del tiempo, andamos a dos canchas, intentando que no nos metan gol en ninguna. Estamos mal, estamos tristes. Y, en este contexto, nos vemos obligados a continuar, así como estamos, rotos.
Porque el virus nos ha obligado a estar en una constante despedida. Le hemos dicho adiós a cada plan y a casi todo lo que conocíamos como vida. Se nos interrumpió la línea de progreso. De esto trata el texto del periodista Stanley Luna, de cómo nos ha tocado encontrar nuevas direcciones.

Emy es una joven actriz salvadoreña que consiguió colocarse a las puertas de lo que siempre deseó. La eligieron como parte del elenco de una serie. Viajó para comenzar con el trabajo y, en eso, comenzaron a imponerse las medidas necesarias para contener el contagio de covid-19.

Ella, igual que miles, quedó varada lejos de su casa. Este texto, sin embargo, no va sobre eso. Va más acerca de cómo recibir un golpe, absorber el impacto y no caer.

Este es un momento oscuro. Y se vale estar mal. No podemos aferrarnos a la esperanza de que esto pasará y todo va a volver a ser igual. Es mentira, ya cambió. Queda, desde acá, adaptarnos. Y queda inventar otras presencias y otros futuros.

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Tener una vivienda digna en donde una familia pueda desarrollarse sin los traumas del hacinamiento o de la falta de servicios sigue siendo una misión imposible para miles de salvadoreños. Y hay zonas muy complicadas, en donde no solo se trata de contar con materiales de calidad y servicios básicos. Se trata de riesgo.

Cada tormenta, terremoto o inundación pega más duro en las mismas zonas. La vulnerabilidad es alta en los cordones de pobreza en donde las familias se acomodan bajo plásticos negros y cartones. A eso, muchas veces, es a lo que se le llama casa.

Una lámina, paredes ruinosas, algo de alambre y, adentro, la vida se instala como sea, con lo que alcance. La imagen de una vivienda en malas condiciones es con lo que, por tradición, se ilustra la falta de desarrollo, la pobreza, el rezago social y el sufrimiento al que se somete una buena parte de salvadoreños.

Lo más triste es que hay familias que han tenido que pasar varias veces por enorme dolor de perderlo todo. Y, con eso a cuestas, tienen que volver a empezar en el mismo lugar, con igual cantidad o con más riesgos que antes. Las tormentas Amanda y Cristóbal volvieron a desnudar este fenómeno de los reincidentes en tragedias.

En comunidades del municipio de La Libertad hay personas que, en un plazo de 10 años, han tenido que rehacer por completo sus pertenencias hasta en tres ocasiones. Porque los ríos se desbordan. Pero, más que todo, porque no han encontrado una alternativa viable, una que no solo ofrezca paredes, sino que también garantice modos de vida y redes en las cuales sostenerse.

“Las familias no son muebles”, dice, en este reportaje, una de las fuentes. Y se refiere a que las soluciones habitacionales, entre ellas la reubicación de asentamientos, no son universales. Deben ser adaptadas a cada caso con un enfoque de respeto a los derechos humanos. No hay fórmulas.

Carta Editorial

La situación en la que están miles de salvadoreños varados afuera del país ilustra mucho el trabajo del gobierno durante la pandemia. Lo primero que salta a la vista es que este desempeño de las autoridades ha estado muy lejos de tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, esos que deben estar por encima de cualquier cosa y que, en este país, a menudo son vistos como estorbo

Las personas a las que no se les ha permitido el regreso a su casa han caído en cualquier tipo de presión y daño. En esta edición, abrimos nuestras páginas a ellos. En estas, que son cartas dirigidas a sus familias, se notan mucho las consecuencias de la incertidumbre, del abandono y de la inestabilidad. Hay, en cada palabra, mucho sufrimiento.

El covid-19 es un problema que tiene todo el mundo, sí. Y varados los ha habido de todas las nacionalidades. Pero las experiencias de otros países apuntan a que la gente tuvo opciones, se le presentaron procedimientos claros y esto es lo que se espera de las autoridades en una situación de emergencia. En síntesis, un plan al que la mayor cantidad de gente pueda atenerse y cumplir.

No se trata de caridad ni de juzgar los motivos por los que la gente se quedó afuera. Tampoco se trata de lástima. Esto con lo único con lo que tiene que ver es con el respeto a los derechos humanos y con que las representaciones gubernamentales les brinden un trato digno, como ciudadanos que son todos.

En esta pequeña muestra hay gente que siente enojo, tristeza, pena y hay unos más que sienten miedo de morir afuera. No es leve la espera. Es desgastante. Y es un urgente llamado de atención a que las instituciones trabajen con mucha más celeridad en función de que esta gente ya sufrió bastante.

Carta Editorial

El municipio de La Libertad, en la zona costera, es uno de los que mejor ilustra el impacto de esta crisis, que tiene la forma de un monstruo de varias cabezas. Primero, está el riesgo de contagio por covid-19 en un área en la que no se puede decir que las familias logren poner en práctica el aislamiento. Las viviendas no dan para eso.

Luego, está la suspensión de las actividades comerciales, justo en donde la mayoría de familias apenas la pasan con ingresos que cuentan y gastan por día. No hay reservas de alimento, no hay ahorros, nada sobra. Y, tercero, es una zona altamente vulnerable a inundaciones, deslizamientos y desbordes de ríos. Esas aguas ya se llevaron cantones enteros en esta emergencia.

En este momento, cada familia vive su propio drama. La periodista Wendy Hernández cuenta en esta edición cómo Rosa, una mujer de 31 años, sobrevive con tres hijos menores de 12 años. Y acá, donde dice Rosa, puede decir María, Luis o Marta. Cada caso, más trágico que el otro. Cada caso tan predecible como el otro. Porque las desgracias, por acá, no son cosa de hoy.

Y esto es lo más perturbador de cada historia que se cuente en La Libertad: que no se tomaron a tiempo las medidas de prevención. No se mitigó el desastre. Ni se presupuestó con precisión el hambre que Rosa y sus hijos iban a comenzar a sufrir tan pronto ella ya no pudiera sacar su carretón de minutas. Las medidas tomadas hasta el momento se han quedado cortas ante el tamaño de la vulnerabilidad en la que viven las familias de esta zona.

El error de no adaptar las acciones a las particularidades del territorio se paga caro. En este caso, lo paga Rosa, la última y la más débil de la cadena.

Carta Editorial

Centroamérica es una región en donde las injusticias son tantas y de tan larga data, que terminan por ser “lo normal”. Nos acostumbramos, como sociedad, a soportar y hasta a justificar que ciertos sectores simplemente se queden sin acceso a derechos; llámense estos educación, justicia o salud. El resultado de esta rutina es el silencio y, en ese silencio, las desigualdades no hacen más que crecerse.

La Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales (ERCnt) lleva décadas afectando con especial dedicatoria a las personas que residen en las comunidades agrícolas. Después de una variedad de estudios, la coincidencia más clara entre ellos es que es una enfermedad de causas múltiples y todas tienen como base un aspecto: pobreza.

Los habitantes de las comunidades agrícolas llevan por lo menos dos décadas sufriendo los estragos de esta enfermedad que es progresiva, que los incapacita, que no se cura y que los amarra a terapias de desintoxicación que, a la vez, demandan mucho tiempo, dinero y trabajo.

Pese a que sus historias de vida son auténticas tragedias humanas, la atención que se las ha puesto ha sido insuficiente. Y no se trata de hablar por hablar. Es visibilizar sus necesidades particulares de un colectivo para que las políticas de salud y educación lo tenga en cuenta.
El reportaje que abre esta edición es el último de una serie de cinco que comenzó a ser publicada en enero. Gracias al apoyo de la fundación Bertha, ha sido posible ir hasta donde ha sido necesario para escuchar y amplificar las voces de quienes son un monumento a la resistencia. Están en Guatemala, pero también en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Estas familias viven en casas que no merecen ese nombre. Son apenas materiales colocados juntos para que el sol y la lluvia no calen tanto. Ellos no cuentan con agua potable, electricidad, salud o educación. Mientras, a su alrededor se extienden enormes extensiones de cultivos que se transforman en ganancias para muchas personas, pero no para ellos.

Un país lo es en la medida en que proteja a los más vulnerables. La costa del Pacífico centroamericano está llena de ellos.