Carta Editorial

Centroamérica es una región en donde las injusticias son tantas y de tan larga data, que terminan por ser “lo normal”. Nos acostumbramos, como sociedad, a soportar y hasta a justificar que ciertos sectores simplemente se queden sin acceso a derechos; llámense estos educación, justicia o salud. El resultado de esta rutina es el silencio y, en ese silencio, las desigualdades no hacen más que crecerse.

La Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales (ERCnt) lleva décadas afectando con especial dedicatoria a las personas que residen en las comunidades agrícolas. Después de una variedad de estudios, la coincidencia más clara entre ellos es que es una enfermedad de causas múltiples y todas tienen como base un aspecto: pobreza.

Los habitantes de las comunidades agrícolas llevan por lo menos dos décadas sufriendo los estragos de esta enfermedad que es progresiva, que los incapacita, que no se cura y que los amarra a terapias de desintoxicación que, a la vez, demandan mucho tiempo, dinero y trabajo.

Pese a que sus historias de vida son auténticas tragedias humanas, la atención que se las ha puesto ha sido insuficiente. Y no se trata de hablar por hablar. Es visibilizar sus necesidades particulares de un colectivo para que las políticas de salud y educación lo tenga en cuenta.
El reportaje que abre esta edición es el último de una serie de cinco que comenzó a ser publicada en enero. Gracias al apoyo de la fundación Bertha, ha sido posible ir hasta donde ha sido necesario para escuchar y amplificar las voces de quienes son un monumento a la resistencia. Están en Guatemala, pero también en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Estas familias viven en casas que no merecen ese nombre. Son apenas materiales colocados juntos para que el sol y la lluvia no calen tanto. Ellos no cuentan con agua potable, electricidad, salud o educación. Mientras, a su alrededor se extienden enormes extensiones de cultivos que se transforman en ganancias para muchas personas, pero no para ellos.

Un país lo es en la medida en que proteja a los más vulnerables. La costa del Pacífico centroamericano está llena de ellos.

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El cumplimiento y defensa de los derechos humanos debe ser uno de los puntos más importantes de toda administración gubernamental. Sobre todo, cuando esos derechos están relacionados con las minorías. Establecer canales para facilitar la comunicación confiable es un elemento básico para visibilidad las necesidades particulares.

En el caso de la población LGBTI, esta comunicación no solo tiene que ver con la reivindicación de esos derechos, sino que, en muchos casos, se convierte también en una urgencia de denuncia de violación a los mismos.

En la administración del presidente Nayib Bukele, los asuntos que tienen que ver con este sector poblacional fueron trasladados al recién creado Ministerio de Cultura. El traslado de responsabilidades no derivó en un aumento presupuestario.

En este reportaje del periodista Stanley Luna, se perfila, primero, una necesidad. Crear y mantener abiertas unidades de atención especializada no es solo un paso burocrático. Sirve para institucionalizar el interés de un gobierno por ser inclusivo.

Los frutos de la apertura sin sesgos se notan más en tiempos de emergencia. La ausencia de la misma, también. Porque no solo deja sin representatividad a un grupo. También facilita que ese grupo sea víctima de discriminación y abusos.

Mantener abierta una unidad, una secretaría o una oficina es brindar seguridad. Se debe hacer en forma digna con el personal capacitado y con un presupuesto adecuado. De esto, como lo demuestra la historia de este reportaje, depende la vida de muchas personas.

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Hay que empezar por lo obvio: la salud mental nunca ha sido, en este país, una prioridad. Los efectos de este desafortunado enfoque han sido, a todas luces, trágicos. Si comenzamos a escarbar, por ejemplo, en ese concepto que tenemos de rutina, lo que encontramos es violencia, machismo, inestabilidad económica y educación deficiente, por decir lo básico. A esto se suma ese pesado mote de “trabajadores” que tenemos y que, básicamente, sirve para normalizar el mensaje de que la productividad está por encima de la persona. De esta manera, adentro de nosotros todo se puede estar cayendo, pero nada importa siempre que sigamos siendo piezas útiles en el engranaje.

Este tiempo de pandemia por covid-19 no solo nos ha puesto de frente con nuestra vulnerabilidad física. También nos pone a cuestionarnos esa identidad fabricada en torno a que somos lo que hacemos, cuánto hacemos o qué cantidad de dinero que obtenemos con lo que hacemos. Todo eso que ha perdido vigencia en este, que es un tiempo de paro, de desempleo, de desaceleración y de hacer una revalorización acerca de quiénes son, en verdad, los trabajadores esenciales.

Hoy, a las puertas de las crisis educativa y económica que nos herede la sanitaria, es tiempo de mirar hacia adentro. Hoy es cuando nada de lo que sentimos puede quedar sin ser dicho, sin ser reconocido y nombrado. A lo largo de nuestra historia como país, el silencio se ha convertido en una infección que ha mantenido las heridas abiertas.

Rina Bolaños de Zometa, en esta entrevista realizada por la periodista Wendy Hernández, esboza cómo puede ser el panorama para una población que no ha tenido acceso a los servicios básicos de salud mental. Ella es vicedecana de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Desde esa experiencia señala que, sin atención, no hay otro camino que el aumento de la ansiedad, la depresión, las agresiones, los suicidios.

No matan solo el virus y el hambre, también mata no poder expresar lo que nos pasa. Ahora es cuando más hay que trabajar en el control de todas nuestras emociones.

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Exigir que se ejecuten medidas económicas no es solo hablar de la gran empresa o de ganancias millonarias. Lo que sostiene los ingresos de miles de familias en El Salvador tiene más que ver con la mediana y pequeña empresa. Y estos generadores de ingresos, que sirven para poner comida en la mesa y para pagar servicios básicos, se están extinguiendo.

La puesta en marcha de acciones para reducir las posibilidades de contagio por covid-19 está transformándose en una tragedia económica. El dueño de una florería, la propietaria de un salón de belleza, una vendedora de billetes de lotería, la emprendedora que hace poco abrió un comedor todos se encuentran, ya mismo, en una situación de la que no va a ser fácil salir.

El periodista Stanley Luna cuenta en este reportaje a qué sabe esta desesperación. De lo que están llenas estas personas ahora es de inestabilidad e incertidumbre. Y no es porque no se hayan esforzado. Antes de que todo esto pasara, estas personas habían trabajado por asegurarse de un medio para sobrevivir. Y lo que se los quitó de repente no fue solo la pandemia de covid-19; fue, más que todo, la elección de estrategias incompletas muy centradas en cercar el virus, pero que no fueron pensadas para integrar medidas que buscaran proteger, a la vez, el patrimonio de las personas.

La enfermedad no es todo a lo que se le teme por ahora en los hogares salvadoreños. Ahí están las deudas, las pérdidas, el desempleo que quitan el sueño. Esta, se entiende, es una crisis sanitaria, sí, y debemos ser responsables y cumplir con nuestra parte para protegernos. Pero las consecuencias no se quedan ahí. Sería miopía verla solo como eso.

Hoy más que nunca es necesario tener en cuenta que, con hambre, no hay medicina que funcione.

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La que provoca el covid-19 debe ser, por hoy, una crisis eminentemente sanitaria. No hay duda. Más adelante, sin embargo, habrá que preocuparse, y mucho, por la crisis educativa que se gesta en estos días. El intempestivo cierre de las instituciones educativas, para evitar el contagio, precipitó el salto a lo virtual. En ese avance, los usuarios de los centros educativos públicos son los que más están sufriendo.

La educación informática, la alfabetización digital, la aplicación de nuevas tecnologías en las clases son conceptos que implican inversión, una muy alta si se toman en cuenta los parámetros a los que el sistema educativo salvadoreño está acostumbrado.

De la importancia de la educación en el desarrollo de un país se habla y se escribe a cada rato. Casi cualquiera que se lo propone puede elaborar un discurso creíble y bien argumentado al respecto. Y tendrá razón. El problema es que no todos los que saben referirse a la educación tienen el poder real de cambiarla. Y quienes sí podrían tomar medidas para mejorar la forma en la que se trabaja en los centros educativos no lo hacen con la eficiencia que demandan estos tiempos. El Salvador debería estar invirtiendo por lo menos el 6 % del PIB en educar a sus habitantes, pero no supera el 4 %. En el presupuesto vigente del Ministerio de Educación, por ejemplo, hubo un recorte de $29 millones del área de infraestructura.

Hay alumnos de centros escolares públicos que, en esta pandemia, han pasado de no tocar una computadora a tener que rebuscarse por comprar paquetes de internet para intentar evacuar las dudas que les dejan las clases a distancia. La ejecución atropellada se ilustra en una alumna que, a estas alturas pregunta, con genuina pena, si habrá repaso de los contenidos que están viendo ahora cuando regresen las clases presenciales.

Mucho se ha documentado sobre la importancia de la educación en la mejora efectiva de la calidad de vida de las personas. Y es fácil llegar a la conclusión de que a mejor preparación de los individuos, se les abrirán más oportunidades. Pero el camino hacia la educación no siempre es una autopista, a veces ni siquiera llega a vereda transitable. Hay no pocas personas que a lo que se enfrentan es a tener que abrir brecha en medio de una selva de obstáculos. El covid-19 vino a desnudar esto también.

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En casas en donde parece que lo único que cabe es la miseria, ahora se apretujan también dos pandemias: la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y el covid-19. Sucede en Jiquilisco, municipio de Usulután. Esta es la cuarta entrega de la serie Comunidades Intoxicadas que estamos desarrollando en esta revista, con una publicación al mes, desde enero. Este esfuerzo es posible gracias al apoyo de la Fundación Bertha.

La ERC que se sufre en las comunidades agrícolas viene desnudando inequidades e injusticias sociales desde hace décadas. Ha revelado la inacción de los gobiernos, sin importar ideologías, cuando, para proteger a las personas, hace falta intervenir en la productividad. Y ha expuesto las dificultades de los sistemas de salud cuando se trata de llevar tratamientos y diagnósticos oportunos a las zonas rurales.

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador son los países de la región en donde hay una alta prevalencia de casos de Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales. En todas estas naciones, esta enfermedad representaba grandes tareas pendientes en el camino hacia el cumplimiento del derecho a la salud. Y, entonces, llegó el covid-19. Y esta otra pandemia también ha venido a colocar sobre la mesa demandas particulares.

Los preocupante del cruce de ambas es que los afectados son personas que viven en una pobreza multidimensional. Por mucho tiempo, los pacientes renales han sido marginados y su drama ha sido silenciado. Ahora son parte de la lista a quienes el covid-19 les puede hacer más daño. La deuda de las políticas públicas en salud para con ellos no hace otra cosa que crecer.

Confinados en sus casas de lámina o adobe van a tener que seguir esperando guías claras y recursos para poder enfrentar la nueva amenaza.

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La violencia doméstica, las agresiones sexuales y las violaciones a la intimidad siempre llevan mucho de subregistro en este país. El salvadoreño es un sistema que aún está dispuesto para que a las víctimas les cueste mucho encontrar el camino hacia la denuncia y hacia el escape. En estos tiempos, existe, además, una preocupación bien fundamentada por evitar que medidas para reducir el contagio de covid-19 se conviertan, también, en tapadera de esta clase de delitos.

Si la principal estrategia es pedir a la población que respete la cuarentena -ese aislamiento en el lugar de residencia-, también se debieron crear mecanismos de salida para cuando ese hogar se convierta, como por tradición revelan las estadísticas, en escenario de abuso.

En el reportaje de esta edición, el periodista Stanley Luna explica cómo es que las medidas contra la pandemia dejaron por fuera establecer lineamientos para que, a la vez, se le diera cumplimiento a la que la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

El encierro, señalan los expertos, es causa de estrés. Y esto puede llegar a agravar situaciones que ya eran riesgosas en el hogar. Una potencial víctima no solo tiene derecho a tener al alcance información acerca de cómo pedir auxilio y cómo denunciar, también tiene que saber cómo lo puede hacer en confidencialidad, sin alertar a la fuente de las agresiones.

Las medidas creadas para proteger a la población, para poder ser calificadas como justas, deben ser inclusivas. Deben tomar en cuenta que no hay un hogar igual al otro y que no se puede homologar la situación de las familias salvadoreñas. Hay eventos trágicos sucediendo de puertas para adentro y las víctimas tienen derecho a saber cómo encontrar una salida de emergencia. El sistema debe estar pensado para tomarlas en cuenta.

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Somos un país que exporta gente. La mayoría se va en circunstancias riesgosas, a un lugar que solo ofrece inestabilidad. Lo que ha cambiado de forma reciente es el medio por el que se hace el trayecto. El año 2019 dejó un dato que se lee como el hecho de que, de los que migraron y dejaron algún tipo de rastro, casi un 75 % lo hizo por vía aérea.
El endurecimiento de las medidas fronterizas, el aumento de riesgos en el camino y la estrechez en la aprobación de asilos o refugios ha transformado la imagen de Estados Unidos como destino de salvadoreños que huyen en busca en oportunidades económicas o de seguridad.

Los destinos ahora son más variados, más lejanos. Y un boleto aéreo alcanza incluso a ser más barato que el cobro que hace un coyote. Es todavía muy temprano para saber qué consecuencias dejará la crisis por pandemia en este aspecto. En el reportaje de esta edición, la periodista Wendy Hernández acerca las voces de los expertos para ir enumerando las características de este cambio en la forma de migrar, sus causas y su posible evolución a la luz de un fenómeno que hasta hace cuatro meses jamás habríamos alcanzado a dimensionar: el covid-19.

Entre todo, hay algo que no cambia. Y eso es la razón y el contexto en el que se dan las movilizaciones. Estas siguen siendo inspiradas en el miedo bien fundado a perder la vida por violencia o por la falta de oportunidades de desarrollo económico. La gente se va huyendo del acoso de la violencia y del hambre.

Es muy posible que, si no se evalúa a tiempo la implementación de una serie de medidas de asistencia social, lo que nos quede después de pandemia quizá sea más desasosiego, más urgencia, más desesperación. Y este es un panorama muy peligroso.

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Los salvadoreños que quedaron fuera del país cuando se cerraron las fronteras a causa de la crisis por COVID-19 lo que merecen, en primer lugar, es respeto. Una emergencia como la que el mundo entero está atravesando tiene que provocar la puesta en marcha de procesos de protección para la mayoría de personas, pero esto no puede ser a costa de los derechos de otras. Las directrices que los gobiernos a cargo envían deben ser claras, pero, también, empáticas y adaptables a la situación de cada quien. No pueden dejar por fuera a nadie.

Más de 3,000 personas se quedaron, prácticamente, sin país. Las medidas por la pandemia no solo los dejaron lejos, también los dejaron sin opciones, Están en una especie de limbo en el que deben sobrevivir, casi que de manera individual, a una emergencia como la que jamás se había visto antes. Ninguna persona debería ser obligada a pasar por esto lejos del territorio que reconoce como hogar y lejos de las personas a las que considere familia.

En esta edición, el periodista Stanley Luna coloca la lupa en las preocupaciones de estas personas que ya no tienen a quién acudir. Piden algo que, en medio de la emergencia, se le quedó por fuera a este gobierno. Piden que se les abra una oportunidad para volver en condiciones acordes a la situación y que, al mismo tiempo, sean respetuosas de sus derechos.

En medio, se cuela una petición que, en contextos sanos, ni siquiera valdría la pena mencionar. Solicitan no ser discriminados. El solo hecho de tener elaborar este mensaje es indicativo del daño que los discursos de miedo, y no de racionalización de la pandemia, le hacen a un colectivo. Afuera, hay más de 3,000 personas que necesitan volver a pertenecer a su país.

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Uno de los padecimientos que más ha afectado la calidad de vida de quienes se dedican a la agricultura es la enfermedad renal crónica. Y ha sido tan puntual su daño a quienes se dedican a trabajar la tierra que, después de afectar a miles de personas, se concluyó que hay una variedad no tradicional que está directamente ligada a la actividad. Es la enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas. Estas son poblaciones regadas por el mundo que comparten muchas características. En Centroamérica, las más afectadas son las de la costa del Océano Pacífico.

El reportaje de esta edición se enmarca en una serie que busca retratar cómo a las personas que viven en estas áreas se les viola no solo su derecho a la salud, sino que también su derecho a una vivienda digna y libre de riesgos socioambientales. En los meses anteriores se publicaron los casos de Honduras y de Costa Rica. Gracias al apoyo de la Fundación Bertha, esta vez se profundiza en cómo Nicaragua está tratando esta situación.

Estas comunidades, dada su vulnerabilidad, hoy deberían contar con la atención urgente y prioritaria de muchas instituciones del Estado. Pero el trabajo se va realizando a una velocidad que permite que cada vez haya más y más gente con daño en los riñones. Y la causa no es solo una. La causa es en realidad una serie de injusticias a las que se ha sometido desde siempre a quienes siembran y cosechan. Llevarles, por ejemplo, educación adecuada a sus circunstancias no ha sido una prioridad. Tampoco lo ha sido dotar sus casas de servicios básicos, como cañerías para aguas de todo tipo. O, por principio, hacer que tengan casas dignas. Y menos lo ha sido el darles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida por medio de un ingreso que permita ir más allá del día a día.