Carta Editorial

Hace un par de años, Miguel Huezo Mixco dijo en una entrevista publicada en estas páginas que pensaba que iba a morir rápido. Era parte de la guerrilla. Su jefe directo era Salvador Sánchez Cerén, el expresidente, que, para aquel tiempo, se hacía llamar Leonel. Tras la muerte de su entonces pareja, Huezo Mixco solicitó permiso para retirarse y escribir. Leonel se lo negó y lo instó a escribir desde la trinchera.

Sobrevivió a la guerra y más. Convertido en poeta y escritor, Huezo Mixco está hoy en plena promoción de Días del Olimpo, el título que cierra la trilogía que comenzó con Camino de Hormigas y La casa de Moravia. Los tres son un esfuerzo por rescatar la memoria desde un punto de vista íntimo y lleno de sentimientos que encuentran autenticidad en las acciones.

En esta edición, entregamos un adelanto de este libro que toma su nombre de un centro nocturno gay que se mantuvo en funciones durante el tiempo de la posguerra. El Salvador no es país para letras, lo hemos escuchado y lo hemos sufrido. Pero hay mucho de esperanzador en cómo este país, ingrato con sus escritores, está siendo narrado ahora. Hay, acá, una voz particular que es indicativo de que algo se hizo bien en algún punto. Huezo Mixco, por ejemplo, insistió en seguir escribiendo y se agradece.

En estos tiempos en los que la intolerancia y la polarización parecen ser las grandes conquistadoras de los espacios públicos, vale muchísimo la pena apostarle a la diversidad de discurso. Sí, la guerra ha sido contada antes, y en cada oportunidad ha habido verdad. Cada aporte ha sido valioso y desde estas páginas seguimos abriendo espacios para ganar en dos vías: difusión y conocimiento, para que saber quiénes son los escritores y para que enriquecer el criterio entre sus letras.

Carta Editorial

En menos de un mes, tres mujeres trans han sido asesinadas de manera muy violenta. Al cierre de esta edición, una más estaba desaparecida. El nivel de alarma por esta situación ya ha escalado hasta la Organización de las Naciones Unidas, que insta a las autoridades a acelerar las investigaciones, ya que el factor de transfobia es evidente en estos crímenes.

El punto acá es preguntarnos si esta atención no está llegando muy tarde. La esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años. Sus posibilidades de educación y salud están muy por debajo del promedio. La discriminación obliga a las mujeres trans a migrar en condiciones deplorables o a permanecer en este país y aceptar ejercer trabajos en donde no se les respeta ningún derecho laboral.

Para las mujeres trans, el trabajo sexual sigue siendo prácticamente la única oportunidad de obtener ingresos. La capacitación y la posibilidad de poner un negocio llegan solo después de mucho esfuerzo, cuando ya tienen algún apoyo económico para dejar la calle. Esta es la historia de muchas. A tantas más, sin embargo, las han asesinado antes. Es el caso de Camila, cuya historia de un frustrado adiós a las calles cuenta en esta edición el periodista Stanley Luna.

En 2015, el Código Penal fue reformado para aumentar las penas e incluir el agravante de crimen de odio. No basta, sin embargo, porque este colectivo sigue siendo vulnerable en vida. Lo es cuando se le cierran las puertas de educación, salud y trabajo. Aumentar condenas estaría bien si, al mismo tiempo, mejorara la capacidad de investigación, el interés, el respeto hacia las familias y las víctimas y, con esto, bajara el índice de impunidad en los asesinatos de mujeres trans, un indicador que seguramente es altísimo, pero que, por el momento, ni siquiera se puede sacar. No hay registro.

Hay desprotección. Hay discriminación. Hay odio en distintos niveles. Falta empatía. Urge poner en marcha más medidas para visibilizar de manera integral a este colectivo y reducir así la brecha de desigualdad.

Carta Editorial

Este es el penúltimo reportaje de esta serie sobre personas desaparecidas que hemos mantenido a lo largo de todo este año. En esta ocasión, la que se escucha fuerte es la voz de Juana, la madre de un soldado que pasó tres años en la lista de los desparecidos.

Las palabras de Juana son pocas, son pausadas y son insuficientes para intentar explicar cómo un dolor no se borra con un hallazgo. Muta. Y, al hacerlo, no deja paz. Deja vacío.

En 2018, se encontraron 75 fosas clandestinas. En lo que va de 2019, 64. Para identificar estos lugares, la Fiscalía General de la República sigue dependiendo de que alguno de los que participaron en el delito acepte dar información a cambio de beneficios durante el proceso legal, un testigo criteriado.

A los procedimientos de identificación de restos, los familiares siguen llegando sin el debido acompañamiento. Y el punto acá deja de ser el respeto que todos merecemos ante un momento así. El punto es cuánta empatía les hace falta a las personas que componen las instituciones para caer en la cuenta de lo desgastante que es para alguien manejar la desaparición de un ser querido para, luego, encontrarlo enterrado en una fosa. Hay, en este cambio de estatus, un universo de emociones que deberían ser tomadas en cuenta.

Ante una experiencia como la de Juana, un Estado está obligado a ofrecer justicia, una expedita; debería ofrecer, también, acompañamiento integral, contención y, ojalá, evidencia de que se trabaja para, sobre un proceso transparente, montar mecanismos para que cada vez menos personas tengan que pasar por este calvario.

Durante este año, ha habido cambios. Se hicieron las modificaciones al Código Penal para castigar con cárcel el delito de desaparición por violencia actual y se han mantenido un interés constante por brindar datos acerca de las desapariciones. Aún así, el camino hacia la justicia y la reparación sigue siendo largo.

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Esta edición tiene mucho de otros tiempos. La escritora y columnista Jacinta Escudos, por ejemplo, lanza desde el titular de su espacio un anhelo muy grande: Me gustaría cambiar el mundo. Porque, lo que estamos viendo y oyendo es del pasado y es, como mínimo, preocupante. Y, como más, decepcionante.
Decepciona el uso en presente de conceptos como golpe de estado, represión, ataques contra la prensa y desplazamientos forzados. La censura, esta vez digital, vive aires de renovación. Mucho de ese pasado que se alarga hasta estos días se describe, también, en un texto del escritor uruguayo Mario Benedetti que la agencia EFE vuelve a publicar en el marco del próximo centenario del nacimiento de esta célebre figura de las letras.

«Porque, aunque parezca mentira, hay mucha gente que está conforme con el mundo. Y no me refiero a los muy pudientes ni a los muy poderosos (por lo corriente, ni unos ni otros están conformes, pues sus ansias de dinero y de poder son inagotables), sino más bien a cierto tipo de ciudadano medio, dueño de un mediano confort y una sobria mezquindad que ni siquiera aspira a leer, no sea que alguien lo convenza a su derecho a la osadía, o del resquicio de solidaridad que está a su alcance», escribía Benedetti para la gente de hace 28 años. Es una crítica a las masas homologadas tan vigente como entonces.

Y ese anhelo de incomodidad expresado por Jacinta parece una respuesta a esta crítica al conformismo de muchos que hacía Benedetti. Siempre ha habido quienes en el caos y la desigualdad se sienten ganadores, pero los contrapesos están ahí, son los que evitan que este mundo termine de entregarse a las injusticas. El panorama que Juan Sebastián Chamorro pinta de Nicaragua en la entrevista que presentamos hoy tiene mucho de esto.

Chamorro, director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, habla de cómo, pese a que el gobierno ha cerrado los espacios, hay gente que sigue haciendo énfasis en la indefectible característica de diversidad que debe tener una democracia. La lucha en contra de las censuras que tan bien narraba Benedetti hace casi 30 años, no se han acabado. Sigue siendo necesaria.

Carta Editorial

El reportaje de esta edición destaca el impacto que las medidas sociales en favor de las mujeres tienen en las comunidades. Acercar la educación a ellas es una de las mejores garantías de desarrollo. No hacerlo tiene un costo muy elevado que no solo paga la generación actual, sino que también las futuras.

Personal médico del hospital Santa Gertrudis, en San Vicente, empezó a profundizar en las causas de las muertes maternas. Las hemorragias son un problema grave en las salas de parto. Pero no empiezan ahí. El trabajo técnico de los médicos consistió en establecer un protocolo que permitiera acelerar la atención. Los resultados se cuentan en vidas.

Las boletas con información de las mujeres que sufren una emergencia de este tipo, sin embargo, revelan más un problema de acceso a información y de incumplimiento de su derecho a la salud, a la elección, a la educación.

Los hospitales, como el Santa Gertrudis, pueden poner en práctica medidas muy efectivas de control de daños. Pero en problema también está en las casas. Está en las libertades que a las mujeres todavía no se les respetan.

El desarrollo no va a llegar solo cuando todos tengamos medicinas. Para alcanzar ese estado, hace falta que todos tengamos las mismas oportunidades. Hace falta que todos tengamos una voz.

Las mujeres en las comunidades rurales, como indica la información de las boletas y los expedientes médicos, todavía no la tienen. Todavía no son dueñas de sus acciones. Y esto repercute en las comunidad y llega hasta los quirófanos. El trabajo que acá hace falta hacer para cerrar un círculo virtuoso está ahí: con ellas, para ellas.

Carta Editorial

En un país que viste sus cerros de verde con cada inicio de la época lluviosa, es fácil olvidar el daño que se ha hecho y que se sigue haciendo en materia ambiental. Cada año, aún llueve una cantidad de milímetros suficiente como para abastecernos, hay ríos y todavía queda el bosque cafetero.

Los ríos, sin embargo, corren con metales pesados, ya no es tan fácil leer los patrones de lluvia y, por tanto, planificar la siembra. Y el bosque urge del Estado un escudo que dure más que un quinquenio. Ya no hay margen como para dejar el tema del medio ambiente para después.

Si de lo que se trata es de ponerlo en la clave más grave posible, hay que decir que ya se trata de una cuestión de vida o muerte. Vidas como las que se pierden en los deslaves, en las inundaciones y en cada una de las variadas manifestaciones de vulnerabilidad que se registran en el país.

Y vidas a las que cada vez se les recorta más su hábitat, como las especies en peligro de extinción. Entre ellas, la protagonista de esta edición: la lora nuca amarilla.

Desde la sociedad civil se habla mucho de la necesidad de fortalecer una cultura de conservación de los recursos naturales. Un concepto amplio que comienza con cerrar los grifos para evitar el desperdicio de agua y que se alarga hasta alcanzar a las políticas de conservación de los bosques y de todas las especies que los habitan.

Nadie puede estar al margen de esta cultura. Nadie puede ya seguir sintiéndose con el derecho de no hacer lo propio por conservar y proteger el medio ambiente. En esto, las instituciones gubernamentales guardan la gran responsabilidad de gestionar y de administrar. Pero el futuro de la lora nuca amarilla también depende de acciones individuales, como no comprar fauna exótica para no seguir alimentando un negocio que vacía los nidos.

Carta Editorial

Ún día una mujer vive en un terreno con tres casas. Pasa rodeada de nietos y de sus dos hijos que están pendientes de que tenga todo lo necesario. Menos de un año después, esta misma mujer deambula de noche por esas tres casas ya deshabitadas. La inundan la ansiedad y el miedo; nunca duerme, no come y no tiene dinero. La desaparición de una persona destroza a muchas más alrededor. Y es la lección alrededor de este delito que, como país, nos está costando reconocer.

La desaparición del hijo menor de esta mujer derivó en una serie de amenazas que hicieron huir a la nuera, con su bebé, y al otro hijo, también con su familia. Ella decidió quedarse no por una valentía hueca ni por necedad. Lo hizo porque ella sigue buscando a su hijo. Después de que las autoridades hicieran de lado su responsabilidad de investigar, ella es la única que sigue pendiente de saber en dónde está su Rodrigo.

Cuando en enero iniciamos con esta serie de publicaciones acerca de los desaparecidos, sabíamos que había mucho por decir. Incluso con esto presupuestado, a lo largo de diez entregas nos hemos encontrado con un problema de raíces profundas y muy oscuras. A la falta de delito, a la negligencia de las autoridades en la investigación, al doble discurso, y a la discriminación a la hora de abrir un proceso se suma el dolor mal contenido.

La historia que ocupa estas páginas es la de Nicola y en ella están representados muchísimos de los problemas que enfrentan los familiares de desaparecidos. Y, en esta ocasión, el periodista Stanley Luna se ha centrado en el deterioro de la salud mental que, a su vez, lleva a un declive de la salud física.
La vida que se había construido Nicola fue desbaratada. Esta clase de golpes no tiene un cierre. Y el desgaste es incalculable. Las instituciones todavía no han hecho una cuenta realista y apegada a rigor científico acerca de lo mucho que estos casos van a afectar al país a la vuelta de unos años. Nicola, como mucha gente, está rota por dentro y es necesario, justo y urgente que reciba asistencia integral.

Carta Editorial

En este país nos podemos preocupar por muchísimos problemas. Pero muy pocos nos revelan el tamaño de la desigualdad como la desnutrición infantil. Solo en 2018, casi 9,000 niños cayeron en desnutrición, todos menores de cinco años. Simplemente no tuvieron qué comer.

En el reportaje de esta edición, la periodista Wendy Hernández llega hasta uno de esos rincones en donde todos los días se libra una batalla descomunal por hacer que la comida alcance. Hay lugares en donde esta crisis llegó para asentarse y ha pasado a convertirse en modo de vida. El municipio ahuachapaneco de Tacuba lleva por lo menos 20 años peleando por arrancarle niños a la muerte.

Esta zona fue una de las que más afectadas quedaron después de la crisis del café de inicios de los años 2000. Desde entonces, hace casi 20 años, no ha habido manera de reactivar la economía de las familias. No ha habido suficientes campañas de asistencia social ni se les ha dotado de la información básica para mejorar sus condiciones de vida. Esas familias están condenadas a alimentar a 8 o 10 hijos con un sueldo mínimo e inestable.

El hambre no se combate solo al entregar dos libras de frijol y dos de arroz. Hace falta una transformación desde lo educativo y desde las políticas de salud. No se puede seguir tratando esta crisis con la esperanza de que sean algo transitorio. Estas familias necesitan ser parte de los cambios en los modelos de convivencia y de sostenibilidad.

En zonas como Tacuba, han pasado dos décadas tratando de salvar a niños, pero hasta que el daño está hecho, hasta que ya perdieron los años más importantes del desarrollo por culpa de la falta de alimentación adecuada. Es necesario poner en práctica una estrategia de atención que, más allá de resultados a corto plazo, busque cortar de una vez por todas las causas sociales del hambre. Hace falta un cambio en la forma en la que se concibe el génesis de esta injusticia.

Carta Editorial

Los sistemas de cumplimiento de penas carcelarias no tienen como misión solo alejar de la sociedad a quienes hayan cometido delitos. Su razón de ser también es la de reintegrar, una vez cumplida las penas, a estos individuos a la misma sociedad para sean parte de ella en igualdad de derechos que los demás. Este es el deber ser, el que está manifiesto en leyes, es hacia lo que cada acción debería estar enfocada.

Pero la recuperación y rehabilitación de las personas encarceladas pasa a muy segundo plano cuando se deja sin financiamiento. Y cuando todo enfila más hacia la represión y el encierro de cada vez más personas. Este mecanismo no funciona. Esto es parte de lo que vino a decir Eddie Bocanegra, un hombre que tras pagar 14 años de cárcel, ahora maneja un fondo de 20 millones de dólares que sirven para mantener en funciones una institución que se dedica a facilitar procesos de rehabilitación social.

Bocanegra, quien vive en Estados Unidos y es hijo de mexicanos, vino a El Salvador para reunirse con un grupo de empresarios. La idea es que la integración de las personas que salen de la cárcel no sea una tarea exclusiva de instituciones gubernamentales, sino que de cada uno de los que compone la sociedad.

Ver el castigo y el sufrimiento como la única manera de restituir el daño causado es una equivocación. Genera que haya más fracturas y que se aleje la posibilidad de, algún día, eliminar la necesidad de cárceles. Y, para Eddie Bocanegra, es un mal negocio para los gobierno porque, a la larga, si el tiempo en la cárcel no sirve para rehabilitar, entonces sirve para profundizar las conductas criminales.

Devolver a la sociedad seres humanos dispuestos a edificar un mejor presente no es fácil ni es inmediato. Requiere paciencia y, sobre todo, protocolos bien identificados. Es, eso sí, una de esas soluciones integrales de las que tanto le urgen a este país.

Carta Editorial

Este pueblo migra desde siempre. Y no siempre sale bien. Llevamos décadas expulsando gente y, a estas alturas, los mecanismos para recibir a quienes no lo logran no funcionan con celeridad ni de forma universal. Mientras que a algunos los recibe una comitiva de funcionarios que hacen entrevistas, a otros no los acompaña nadie en ese complicado momento de regresar.

Entre el ya vulnerable grupo de personas que regresan después de un intento por llegar a otro país a establecerse, hay algunos cuya situación está todavía más complicada. Son las personas que han sufrido accidentes y han tenido que pasar por un proceso de amputación.

La periodista Wendy Hernández cuenta en esta edición cuál es el impacto de no tener políticas que sean funcionales para dar atención médica y en salud a quienes pasan por esto.

Las implicaciones son devastadoras. Cuando alguien es retornado a su país de origen, por lo general, los problemas por los que esta persona decidió, en un principio, migrar siguen ahí mismo, justo en donde los dejó. Esa persona, sin embargo, ya no es la misma. Aparte de la deuda, regresa con un problema más al que tener que hacerle frente.

En historias como la Gilberto se hace muy obvia la ausencia de sistemas educativos y de salud que sean inclusivos y equitativos. Se hace muy obvia la raíz de la desigualdad. Gilberto quiso alcanzar de un salto ese cielo de oportunidades, ese derecho a mejorar su vida y la de su familia y no se le hizo posible.

Las políticas sociales deberían ser lo primero a lo que se le debe poner atención ahora que este país tiene firmado con Estados Unidos un compromiso para recibir a quienes necesiten refugio.