Carta Editorial

Sergio Ramírez es una de las voces más autorizadas para hablar de la delicada situación política que envuelve a Nicaragua desde hace más de un año. Lo hace como exvicepresidente y también desde la disidencia de un partido que acabó traicionando todos los principios con los que nació.

El FSLN ahora simboliza solo el poder desmedido al que se quieren aferrar Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo hacen a costa de ataques directos a la población, disuelven protestas, encierran activistas, registran medios de comunicación y levantan delitos en contra de periodistas. Nicaragua ha perdido con ellos la dignidad y el respeto por los derechos humanos.

Por esto, Ramírez dice que existe un pueblo desencantado que ya no respalda la fórmula de Ortega-Murillo, sino que quiere ver elecciones libres, presos políticos liberados, el regreso de los nicaragüenses exiliados y el funcionamiento de los medios de comunicación sin trabas ni cortapisas.
“Donde el Gobierno no ha podido, el régimen no ha podido penetrar, es en los medios, en las redes sociales. Una batalla perdida. Busca cómo contrarrestar control con mentira, con redes falsas, pero ahí está la fortaleza de la difusión de noticias que el régimen quisiera no escuchar”, señala.

Esta entrevista que hemos incluido en la edición fue realizada por el periodista Stanley Luna en Costa Rica, durante el desarrollo del Centroamérica Cuenta, uno de los proyectos más representativos de Ramírez.

En una situación tan complicada como la de Nicaragua, la literatura está obligada no solo a hacer un registro, sino que también a ser un faro que ilumine las opciones correctas y democráticas. Está obligada a colocarse al lado del oprimido para defenderlo de los ataques de los que solo quieren aferrarse a un poder que, aunque tienen, hace rato no les pertenece.

Carta Editorial

El desplazamiento forzado es un fenómeno que deforma la vida de más personas cada día. Es un flagelo silenciado que el Estado apenas ha empezado a reconocer hasta el año pasado.
A estas personas se les ha fallado muchísimo. Antes de tener la necesidad de huir, se les negó la posibilidad de vivir en un lugar seguro. Se les negó el acceso a la protección de las autoridades competentes. Y en el éxodo, se les niega la asistencia institucional, porque, muy pocos de ellos llegan a existir para este Estado tan poco empático.

En el mejor de los casos, estas personas logran, por sus propios medios, reubicarse en otro lugar. Ahí están obligados a reconstruirse toda la vida. Pero esto en sí mismo, lo de sobrevivir y reinventarse, es un privilegio de pocos, porque hasta en medio de este dolor hay grados.

En otra escala de dolor, huyen y la amenaza los encuentra. Vuelven a huir y los vuelve a encontrar. Vivir huyendo sin poder acudir a nadie para encontrar consuelo y refugio viola cualquier cantidad de derechos humanos de lo más básico.

La periodista Wendy Hernández cuenta en esta edición cómo es huir. Lo que domina toda la historia, aparte de la angustia por salvar la vida, es la soledad. En el fondo, está ese reclamo por ser víctima de algo que a las autoridades no les interesa dimensionar en la medida correcta.

Para empezar, en el país no tenemos ni cómo resolver la primera urgencia, que es un albergue en donde poder encontrar algún tipo de seguridad. El gobierno anterior optó por negar el problema durante la mayor parte del tiempo. Queda para las nuevas autoridades la tarea de dar a las víctimas la dignidad que merecen.

Carta Editorial

A una sociedad acostumbrada tanto a actuar solo para el corto plazo, le cuesta ver que no todas las acciones tienen que dar frutos inmediatos y que no toda respuesta tiene que llegar precedida de una crisis. La población que se encuentra en las cárceles del país tiene, con o sin sentencia, derechos. Uno de ellos es el que tiene que ver con recibir capacitaciones que le permitan no reincidir en delitos al recobrar la libertad. Es una forma de acercarle las oportunidades a las que, muy probablemente, no tuvo acceso antes. Es un intento por parar la sistemática exclusión.

No se trata de sentir compasión o lástima, se trata de romper el círculo que mantiene al país en donde está. Un ciclo dañino que parte del ocio y la discriminación y acaba en una división permanente entre los que tienen todas las oportunidades y a los que jamás se les permitió acuñar una real.

Una condena por estafa o extorsión, entre otros delitos, significa la pérdida de libertad. Pero no de los demás derechos, que deberían respetarse a todo ser humano. El reportaje de esta edición aborda cómo ha funcionado el programa Yo Cambio.

Pensar en hacer algo para mejorar las condiciones de vida para la población reclusa es un acto que –casi por descontado– implica el riesgo de recibir una cascada de críticas. Porque pese a que la paz, en teoría, esté oficializada en un documento, este sigue siendo un país en el que un incendio en un penal es razón de celebración pública.

El Salvador se ahoga en sus miles de urgencias y necesidades. A no pocas personas les viene bien argumentar que hay mucha gente en pobreza y situación de hambre que sufre sin haber cometido esos delitos por los que los reclusos han sido condenados. Pero a ellos tampoco se les tienden puentes ni se les facilita el acceso a recursos para mitigar necesidades básicas de salud, educación, vivienda, trabajo digno y alimentación.

Carta Editorial

Hemos pasado ya tanto tiempo apuntando la necesidad de invertir en promover la cultura, que ya cuesta hallar palabras. Se ha dicho aquí ya tantas veces que hace falta abrir espacios, que hace falta hacer funcionales los que ya existen. Con múltiples ejemplos hemos señalado la cantidad de talento que hay y que, en la mayoría de casos, no encuentra recursos para desarrollarse; en otras palabras, se pierde.

Hemos puesto bajo la lupa los vicios de la manera en la que se han manejado las instituciones relacionadas con este ámbito. También hemos insistido, al tomar en cuenta las voces de expertos, en la urgencia de contar con leyes que regulen cómo ejerce, cómo se oferta, cómo se desenvuelve, quiénes lo pueden o no hacer. Desde estas páginas nos hemos dedicado a ver los temas culturales desde tantas aristas como ha sido posible.

Ayer terminó el segundo gobierno de izquierda. Y, en la entrevista con la abrimos esta edición, Allan Barrera, escritor salvadoreño, abre una puerta hacia el análisis de cómo ha sido la gestión cultural en estos años.
Lo primero que hay que admitir es que había unas expectativas de cambio que jamás se cumplieron. Nunca se fijó un rumbo favorecedor, no se ampliaron los beneficios y tampoco la cobertura. Los cambios fueron de nomenclatura, no de acciones.

Barrera es una figura desde donde se pueden hacer dos lecturas. Habla como exfuncionario de los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén y de Mauricio Funes; y, también, como creador. Desde la segunda, ha experimentado todas las dificultades que nacen de una ejecución sin mapa y sin alma en un país que hace rato viene dando muestras de que solo necesita que se le abran las oportunidades para aprovecharlas.

Barrera es, de hecho, el segundo salvadoreño que gana, de manera consecutiva el Premio Carátula de Cuento Breve, destinado para narradores jóvenes de Centroamérica. Un mensaje más que contundente.

Carta Editorial

La que presentamos en esta edición es la quinta entrega que aborda el drama de las personas desaparecidas. El último domingo de cada mes está dedicado a los ausentes y a quienes los buscan. Esta vez, está enfocada en un grupo altamente vulnerable: los migrantes.

Este colectivo ha sido invisibilizado. Las instituciones de este país no han sabido encontrar el camino para ofrecer a los familiares formas ágiles de denuncia. Cuando se trata de una desaparición, el tiempo es fundamental, y aquí se pierde demasiado, porque se desconoce adónde ir, qué llevar y qué esperar.

La angustia en la que viven los familiares es indescriptible. Y además de eso, los casos de desaparecidos en tránsito deben hacerse sentir también en función de los delitos que se esconden en cada uno de esos rostros. Si no se investiga, los abusos jamás se van a detener.

Tal y como funcionan hoy las instituciones, detrás de cada desaparecido hay un grueso manto de impunidad que permite que todos los días más y más y más personas pasen a ser víctimas en esa misma ruta.

El tema de la migración irregular está plagado de espejismos, como el de un Estado que jura que hará esfuerzos por detener el flujo de personas que se van, cuando, al mismo tiempo, no puede prescindir de ese enorme aporte que significan los dólares que envían los que llegan a destino.

Cuando, además, limita el mensaje a campañas de información y descuida lo más importante: la gente no se va porque no sepa los riesgos del camino, se va porque no encuentra aquí oportunidades para llevar una vida digna. Un país pequeño como este debería estar más interesado en ofrecer a sus habitantes suficientes opciones de crecimiento.

Este reportaje apunta hacia un lugar en común con las otras entregas. En la búsqueda, los familiares resienten la soledad, el abandono y la falta de empatía que reina en las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Carta Editorial

Nuestra salud pública funciona con base en parches. La oferta de recursos es insuficiente para una población que crece entre carencias, lo que aumenta de manera exponencial su vulnerabilidad. Así, los centros de salud entregan responsabilidades a terceros en un afán por cumplirle al usuario al menos lo básico. Y, en la mayoría de casos, hasta esto se queda corto.

Si para comprar un equipo médico indispensable en cirugías complejas es necesario hacer campañas de recaudación de fondos, ¿cuánto más, que no se ve como inmediato, se queda sin cubrir? Este es el caso de la salud mental.
Llevamos décadas aplazando la necesidad de poner atención y recursos a este aspecto que es transversal y, por tanto, con una incidencia enorme en el desarrollo de la población.

Como si se tratara de algo accesorio, el acceso a servicios de salud mental se ha dejado tradicionalmente fuera de las prioridades. Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que debían contribuir a ordenar la oferta de servicios, pero no se ha destinado presupuesto para ejecutarla.

Mientras, cientos de familias se ven obligadas a hacer frente a padecimientos como la esquizofrenia de una forma casi empírica.

Y es así para los afortunados que cuentan con alguien que se haga cargo de sus cuidados. A los que están solos nadie les cumple su elemental derecho al acceso a la salud. Esta es una injusticia diaria.
En el reportaje con el que abrimos esta edición se dan a conocer las alternativas que han crecido entre una sección de la sociedad civil que ha experimentado las diferentes formas de discriminación derivadas de un diagnóstico de esquizofrenia.

El Salvador no solo falla en la atención sanitaria de este tipo de padecimiento. Con ello, también niega el acceso a otros derechos, como la educación, la recreación y el trabajo.

Carta Editorial

Un censo es la piedra angular de cualquier sistema estadístico estatal. Define cuántas personas habitan un país, dónde están situadas geográficamente, a qué servicios tienen acceso, entre otros. Lo más importante es que la información debe usarse para definir la dirección que deben tomar las políticas públicas.

Solo por poner un ejemplo: ¿dónde deberían estar situadas las escuelas? Lo lógico es construirlas en los municipios donde haya mayor cantidad de potenciales usuarios, pero no es posible saberlo si no se cuenta con un censo vigente que sea reflejo de la realidad. Y esto no existe para El Salvador.

El último censo poblacional y de vivienda fue realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) hace 12 años. Como resultado de ese censo se supo que la población de Tonacatepeque, uno de los 262 municipios del país, creció de forma exponencial. Creció tanto que el director de la escuela más cercana al centro de ese municipio admitió que cada año estaban viéndose obligados a negarle la matrícula a unos 150 alumnos por falta de espacio.
La cantidad de habitantes en El Salvador se tenía estimada en 7 millones para 2007, pero ese censo la fijó en solo 5.7 millones. Entre otras cuestiones trascendentales, la cantidad de personas que habitan un país importa para determinar la distribución de los representantes en la Asamblea Legislativa.

Es también urgente un indicador de los movimientos de personas dentro y hacia afuera del territorio salvadoreño. Distintos programas internacionales, como los de la Organización de las Naciones Unidas, han advertido que uno de los principales motivos por los que las personas de la región están migrando es por la inseguridad.

Así, los éxodos en algunos municipios podrían significar la acumulación en otros. Pero no hay certeza de estas cifras. A estos números habría que agregar las estadísticas de los informes de muertes violentas y de desaparición de personas.

La necesidad de la información oficial también reside en la importancia que tiene para la elaboración de estudios, investigaciones o encuestas para que sus resultados sean coherentes con la realidad.
Dicho de otra forma, el censo poblacional es un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza extrema, la marginalidad o la exclusión social, porque solo conociendo la cantidad real de habitantes de un país y cómo están distribuidos podría ser posible armar programas encaminados a atender los principales problemas.

Carta Editorial

Las migraciones le han dado a la humanidad muchas de las habilidades necesarias para sobrevivir. Han obligado transformaciones y han enriquecido culturas. Nacer en un punto y buscar desarrollo en otro es un derecho.

Pero en nuestra región, la desigualdad retuerce todo lo que toca. Y a lo que traía para ser una opción, le hemos terminado llamando “única alternativa de supervivencia”. Este es un pueblo que migra porque –de lo contrario– lo alcanza la violencia, el hambre, la enfermedad. En realidad, huye.

Todos los días se va gente. Todos los días mandan dinero producto de sus trabajos. Y acá, muy poco cambia. Mañana, otros cientos se van a tener que ir por razones casi idénticas a las que, hace 10 años, dieron los que en ese momento se fueron.

Nuestro “allá” es, por mucho, Estados Unidos (EUA). En ese allá se ha escrito otro El Salvador con sus propios desafíos. El principal, el derecho a quedarse. Pablo Alvarado es, en primer lugar, de aquí, de un cantón que queda en Usulután. Allá, en EUA, Alvarado aprendió no solo a trabajar para él, sino para una comunidad. Es codirector de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), conocida en español como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, que ya mantiene abiertos 70 centros en 22 estados.

De lo que más habla Alvarado es de lucha. Una que es por quedarse en aquel país que ha recibido cualquier cantidad de olas de inmigrantes. Él defiende que quedarse es un derecho ganado a fuerza de trabajo y de independencia; mismo que está amenazado, afirma, por un interés que en el fondo es impulsado por un sentimiento racista.

La primera integrante del Gabinete de Gobierno que presentó Nayib Bukele fue a la canciller. El cargo es de Alexandra Hill Tinoco, que en sus primeras apariciones públicas se ha referido a la relación con Estados Unidos. En esta entrevista, Alvarado les pone los pies sobre la tierra a los discursos, y elabora un análisis forjado desde quienes sufren en carne viva las políticas exteriores.
Desde ese lugar, deja al nuevo gobierno el reto de no solo tomar en cuenta los designios del Gobierno de Estados Unidos, sino también integrar los de la comunidad salvadoreña que allá no solo tiene una fuente de ingresos, sino que una vida completa.

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Se registró la desaparición de 2,682 personas. Este es el dato solo de 2018. Y es una cantidad que no se puede calificar de fiable. Quizá sean más. Pero El Salvador es un país que se ha negado a reconocer esto en su justa medida, se ha negado a admitir que es un problema que afecta a demasiadas familias cada año. Ningún Gobierno ha querido acercarse a ellas con una propuesta a la altura de su dolor, de su angustia y de su vulnerabilidad.

Para empezar, ha hecho falta la creación de un delito que se ajuste a las circunstancias en las que este fenómeno ocurre en la actualidad. Lo que no se nombra no existe. En este caso, eso que carece de categoría legal no es solo un número ni es solo un proceso, son personas.

Esta falta de conciencia de parte de los poderes del Estado no solo atropella los derechos de las personas en paradero desconocido. Se lleva de encuentro también a las familias de ellas que, sin poder hacer un luto y sin poder confiar en que las autoridades hagan una investigación adecuada, tienen que, encima, encontrar energía para honrar los compromisos económicos que haya adquirido la persona de la que no se sabe nada. Quién puede vivir en medio de tanta incertidumbre.

El trámite de declarar la muerte presunta de alguien toma al menos cinco años y una cantidad de gastos que llega a ser incosteable para muchas familias. Porque en esos cinco años no tienen derecho sobre los bienes del desaparecido y están obligadas a seguir pagando por sus deudas. Y, pese a lo delicado de la situación en la que cada año caen más y más familias, el tema no es parte de las agendas institucionales.

La de hoy es la cuarta entrega que dedicamos a las personas desaparecidas y su círculo cercano. Durante 2019, hemos dedicado el último domingo de cada mes a configurar las razones por las que todo esto ha quedado excluido de la discusión de país. Van cuatro y todavía nos queda mucho dolor y mucha injusticia por cubrir.

Carta Editorial

Ellos vienen a ser como la imagen de esa flor que crece en una grieta del asfalto, y es con la que se ilustran la perseverancia y la esperanza por igual. En la edición de hoy presentamos cuatro historias de personas que han encontrado la manera de ver en las dificultades las rendijas por donde se puede hacer crecer algo bueno para la mayoría. Ellos son hijos de contextos marcados por la exclusión.

Esta palabra es la que no hay que olvidar. Excluir es mantener a un sector de la población alejado de los recursos necesarios para ejercer sus derechos. No es negar, por ejemplo, educación o salud, es colocarlos a una distancia (física o social) tan grande que sea imposible tomarlos.

Estas son las historias de cuatro personas que se han unido a otras para reducir la brecha entre sus comunidades y las letras, el baile, el escenario, el cine. Este es un esfuerzo enorme y maravilloso, no hay duda, pero también es necesario reconocer que es mucho trabajo para tan pocas manos.

En una sociedad más justa, en esa por la que todos deberíamos trabajar, las oportunidades de desarrollo deberían estar desbloqueadas para cualquiera. No es el caso de El Salvador, está claro. Pero en estas historias deberíamos saber reconocer el agrio sabor de la desigualdad y la culpa compartida.

Este es un país lleno de personas con talento y energía. Pero la mayoría está atada a contextos desfavorables en donde no hay tiempo para pensar en crear, cuando para lo que alcanza es para pensar solo en sobrevivir.
Acá está nuestra condena. Una de las consecuencias más terribles de la exclusión es que nos obliga a todos a permanecer estancados. Sin oportunidades equitativas, unos pocos no pueden vivir para siempre con privilegios, porque se van a acabar.

Nos ha tomado demasiado tiempo ver y entender que la única manera de avanzar es eliminando brechas absurdas en un país tan pequeño, tan rico, tan pobre y tan lleno al mismo tiempo. En estas páginas escritas por el periodista Stanley Luna hay gente que construye caminos cortos y transitables hacia el desarrollo.