Carta Editorial

En este país nos podemos preocupar por muchísimos problemas. Pero muy pocos nos revelan el tamaño de la desigualdad como la desnutrición infantil. Solo en 2018, casi 9,000 niños cayeron en desnutrición, todos menores de cinco años. Simplemente no tuvieron qué comer.

En el reportaje de esta edición, la periodista Wendy Hernández llega hasta uno de esos rincones en donde todos los días se libra una batalla descomunal por hacer que la comida alcance. Hay lugares en donde esta crisis llegó para asentarse y ha pasado a convertirse en modo de vida. El municipio ahuachapaneco de Tacuba lleva por lo menos 20 años peleando por arrancarle niños a la muerte.

Esta zona fue una de las que más afectadas quedaron después de la crisis del café de inicios de los años 2000. Desde entonces, hace casi 20 años, no ha habido manera de reactivar la economía de las familias. No ha habido suficientes campañas de asistencia social ni se les ha dotado de la información básica para mejorar sus condiciones de vida. Esas familias están condenadas a alimentar a 8 o 10 hijos con un sueldo mínimo e inestable.

El hambre no se combate solo al entregar dos libras de frijol y dos de arroz. Hace falta una transformación desde lo educativo y desde las políticas de salud. No se puede seguir tratando esta crisis con la esperanza de que sean algo transitorio. Estas familias necesitan ser parte de los cambios en los modelos de convivencia y de sostenibilidad.

En zonas como Tacuba, han pasado dos décadas tratando de salvar a niños, pero hasta que el daño está hecho, hasta que ya perdieron los años más importantes del desarrollo por culpa de la falta de alimentación adecuada. Es necesario poner en práctica una estrategia de atención que, más allá de resultados a corto plazo, busque cortar de una vez por todas las causas sociales del hambre. Hace falta un cambio en la forma en la que se concibe el génesis de esta injusticia.

Carta Editorial

Los sistemas de cumplimiento de penas carcelarias no tienen como misión solo alejar de la sociedad a quienes hayan cometido delitos. Su razón de ser también es la de reintegrar, una vez cumplida las penas, a estos individuos a la misma sociedad para sean parte de ella en igualdad de derechos que los demás. Este es el deber ser, el que está manifiesto en leyes, es hacia lo que cada acción debería estar enfocada.

Pero la recuperación y rehabilitación de las personas encarceladas pasa a muy segundo plano cuando se deja sin financiamiento. Y cuando todo enfila más hacia la represión y el encierro de cada vez más personas. Este mecanismo no funciona. Esto es parte de lo que vino a decir Eddie Bocanegra, un hombre que tras pagar 14 años de cárcel, ahora maneja un fondo de 20 millones de dólares que sirven para mantener en funciones una institución que se dedica a facilitar procesos de rehabilitación social.

Bocanegra, quien vive en Estados Unidos y es hijo de mexicanos, vino a El Salvador para reunirse con un grupo de empresarios. La idea es que la integración de las personas que salen de la cárcel no sea una tarea exclusiva de instituciones gubernamentales, sino que de cada uno de los que compone la sociedad.

Ver el castigo y el sufrimiento como la única manera de restituir el daño causado es una equivocación. Genera que haya más fracturas y que se aleje la posibilidad de, algún día, eliminar la necesidad de cárceles. Y, para Eddie Bocanegra, es un mal negocio para los gobierno porque, a la larga, si el tiempo en la cárcel no sirve para rehabilitar, entonces sirve para profundizar las conductas criminales.

Devolver a la sociedad seres humanos dispuestos a edificar un mejor presente no es fácil ni es inmediato. Requiere paciencia y, sobre todo, protocolos bien identificados. Es, eso sí, una de esas soluciones integrales de las que tanto le urgen a este país.

Carta Editorial

Este pueblo migra desde siempre. Y no siempre sale bien. Llevamos décadas expulsando gente y, a estas alturas, los mecanismos para recibir a quienes no lo logran no funcionan con celeridad ni de forma universal. Mientras que a algunos los recibe una comitiva de funcionarios que hacen entrevistas, a otros no los acompaña nadie en ese complicado momento de regresar.

Entre el ya vulnerable grupo de personas que regresan después de un intento por llegar a otro país a establecerse, hay algunos cuya situación está todavía más complicada. Son las personas que han sufrido accidentes y han tenido que pasar por un proceso de amputación.

La periodista Wendy Hernández cuenta en esta edición cuál es el impacto de no tener políticas que sean funcionales para dar atención médica y en salud a quienes pasan por esto.

Las implicaciones son devastadoras. Cuando alguien es retornado a su país de origen, por lo general, los problemas por los que esta persona decidió, en un principio, migrar siguen ahí mismo, justo en donde los dejó. Esa persona, sin embargo, ya no es la misma. Aparte de la deuda, regresa con un problema más al que tener que hacerle frente.

En historias como la Gilberto se hace muy obvia la ausencia de sistemas educativos y de salud que sean inclusivos y equitativos. Se hace muy obvia la raíz de la desigualdad. Gilberto quiso alcanzar de un salto ese cielo de oportunidades, ese derecho a mejorar su vida y la de su familia y no se le hizo posible.

Las políticas sociales deberían ser lo primero a lo que se le debe poner atención ahora que este país tiene firmado con Estados Unidos un compromiso para recibir a quienes necesiten refugio.

Carta Editorial

Hace casi 30 años, la Convención Internacional de los Derechos del Niño incluyó el principio de interés superior con el que se deben tratar los temas relacionados a la niñez. Fue una forma de llamar la atención de los Estados para que garantizar los recursos de todo tipo en favor de esta población.

En El Salvador, en un par de días se celebra el Día del Niño. Y sí, el verbo que se usa es celebrar, porque en la fecha sobran las exaltaciones a esa etapa de la vida, se llenan de globos las instituciones educativas y también las redes sociales. Y no, el verbo no debería ser ese.

Este 1º de octubre debería ser aprovechado también para la difusión de los derechos que tiene la niñez. Tener a la mano esta información obligaría a otro ejercicio: el análisis de la situación en la que se desarrolla la población salvadoreña en los primeros años de vida.

Y no es la idónea. Falta educación universal y de calidad, falta acceso a la salud y le falta, a la mayoría, un entorno seguro para desarrollarse. La que presentamos ahora es la novena entrega sobre desaparecidos y está dedicada a los niños no solo de El Salvador, sino que de la región conocida como Triángulo Norte.

Este es un análisis de algo que nace de aquel principio de interés superior del niño. Las alertas tempranas por menor de edad desaparecido son un mecanismo encaminado a ampliar las redes de búsqueda desde las primeras horas del evento. Entre estos tres países tan unidos por la migración forzada y la violencia, lo que más hace falta es coordinación para, igual que el delito, no limitar con fronteras la asistencia a las víctimas.

Carta Editorial

Las consecuencias del cambio climático las notan las mimas personas de siempre. Este no es un fenómeno abstracto. Es una realidad que en este país ya es la base de una serie de problemas tangibles, como la pérdida de bosques y la alteración de la época de lluvias. A esto se suma el tema que se desarrolla en el reportaje principal de esta edición: los cambios en el nivel del mar.

Pese a la gravedad de las consecuencias, tanto sociales como económicas, ya vistas, el país aún no se mueve hacia una actitud que dé paso a la ejecución de medidas de adaptación. La razón de este poco avance también tiene que ver con las víctimas. Al Estado y a la sociedad siempre les ha costado mucho escucharlos a ellos, a los vulnerables de siempre, a los que ponen los muertos en cada tormenta.

El cambio climático no se puede detener de inmediato, pero se puede preparar a los habitantes para que el impacto no deje secuelas irreversibles. Esta es otra de las razones del atraso. La educación es una medida efectiva, pero que se lleva a cabo con tiempo y paciencia. No es una cuestión de horas y, por tanto, nunca ha sido material para una foto de campaña.

Hacer de esta una población consciente y responsable en materia medioambiental exige que haya autoridades en la misma sintonía. Aunque las distintas autoridades han comenzado a abrir cada vez más espacios a la discusión del cambio climático, los pasos que se han dado para minimizar el impacto de este fenómeno no han tenido la contundencia necesaria. La falta de recursos no puede ser siempre la excusa para posponer las acciones que lleven a resultados más sustanciales.

Las consecuencias ya las está sufriendo una parte importante de la población. Una a la que no se le puede seguir poniendo atención solo cuando las desgracias ya han sucedido.

Carta Editorial

La patria es Angélica que huye. Es ella que tuvo que enterrar en prisas a dos hijas asesinadas por pandilleros. Bajo el cielo azul y blanco al que refiere nuestra bandera, también están los otros hijos de Angélica. Ellos que apenas sobrevivieron y que ahora no tienen nada. No es una metáfora. Se quedaron sin un lugar para volver. Ahora que repitamos las imágenes del escudo, de los escolares marchando, de ese “Dios, unión, libertad”, deberíamos pensar en ella, en ellos, en todos.

Angélica es una más de las miles de víctimas de desplazamiento forzado. Ese fenómeno imparable que el gobierno anterior se negó por años a reconocer. Al hacerlo, sin embargo, tampoco desencadenó una reacción que alcanzara para que a Angélica y a sus hijos les mejorara aunque sea un poco la vida. Ellos siguen condenados a huir por siempre.

Ellos son país. Uno que no aparece en las exaltaciones del día de la independencia y que más aparece acá, en estas páginas de domingo que no siempre son la lectura relajada para este día.
Este reportaje de la periodista Wendy Hernández tuvo que ser hecho en prisas. Angélica accedió a contar todo lo que le ha pasado a ella y a su familia solo porque por fin encontró un camino para largarse y dejar todo atrás. Habló hasta pocas horas antes de decir adiós.

Así que lo que queda en estas páginas es un relato de frustración, de eso de lo que está lleno el cuerpo cuando ya no hay opciones viables para respirar. Angélica no ha sido la primera en esta ruta. Ni va a ser la última, si seguimos como hasta ahora. Angélica es una de las pocas a las que les podemos escuchar la voz solo gracias a la ausencia, a ese vacío que ya dejó. Ella ahora tiene que ser patria en otro lado.

Carta Editorial

“El salvadoreño es trabajador”, la frase casi siempre va relacionada a una exaltación patriótica, a algo en torno a lo cual debería crecer el orgullo colectivo. Pero la frase también abre una enorme puerta al abuso. ¿Tenemos que honrar este espíritu “trabajador incansable” en cualquier circunstancia?

En este país de improvisaciones, estamos demasiado acostumbrados a trabajar sin garantías, sin respeto a los valores básicos del empleo digno. La necesidad es grande, cierto; y hacer adaptaciones es válido, también. Pero no se puede esperar un rendimiento óptimo si antes no se ha ofrecido al empleado lo mínimo para poder ejecutar.

En esta edición, el periodista Stanley Luna nos lleva a hacer un recorrido por algunas de las instalaciones de la Policía Nacional Civil. Esta es una institución habitual en las páginas de este periódico como principal responsable de la seguridad pública desde la firma de los Acuerdos de Paz. Y también como una de las más señaladas por corrupción o por violaciones a los derechos humanos. En este caso, sin embargo, la vista se coloca en las condiciones de trabajo.

Un agente de la policía está obligado a dormir en el suelo. También puede estar obligado a hacer uso de sanitarios sucios. En una instalación policial, la burocracia es tal que para comprar papel higiénico puede ser necesario hacer un informe respaldado por un ministerio y después de eso cruzar una gran cantidad de cartas para, al final, no comprarlo de todas formas. Y se puede condenar así a un grupo de 60 agentes a resolver ellos una cuestión que la institución debería ofrecerles ya de forma sistemática.

Una estrategia de seguridad pública no debería ser solo llenar las calles de gente armada. También pasa por proteger a quienes están encargados de proteger a los demás. Si la institución no alcanza a resolver temas como tener infraestructura adecuada para sus miembros, ¿cuándo va a saber ofrecer cuestiones más complejas, como atención en salud mental? ¿Cuándo va a mejorar los mecanismos para elegir a su personal? ¿Cuándo va a funcionar tan bien como para atraer a los mejores talentos? La inmediatez es un veneno presente en muchas de las políticas nacionales.

Carta Editorial

Uno de los grandes problemas de El Salvador es la desigualdad de oportunidades. Quienes han podido, han construido sus propios mundos en donde la salud, la educación y la vivienda, por principio, están garantizados. Y el recurso que debía dedicarse a que estos tres derechos, al menos, fueran universales, se escurrieron por la alcantarilla de la corrupción o la mala inversión. Así que lo que tenemos hoy es a un país en donde la mayoría de gente todavía batalla toda la vida por alcanzar eso que otros, a unos cuantos kilómetros de distancia, tienen por piso.

Entre la basura, haciendo el último esfuerzo por evitar el descarte indiscriminado de materiales, hay un grupo de personas que han logrado establecer rutinas y cargos, entre otros, y sobre eso ha levantado un oficio, un trabajo que ahora buscan que el resto del país reconozca tanto en su importancia, como en los derechos que a quienes lo ejercen se les deben respetar.

En Cuscatancingo, un grupo de recicladores de base está armando un cambio social, uno de esos que por venir de los mismos implicados, se antoja genuino y práctico. Lo que piden es, de nuevo, eso a lo que la gente que puede le llama piso: protección social. Ellos urgen instalaciones adecuadas, cobertura médica, pensiones y también otras cosas del día a día, como guantes, para no herirse mientras manipulan materiales.

A una sociedad muy acomodada en sus propios derechos y en pensar que con perder de vista la basura es suficiente, le vendría bien, como siempre, asomarse al enorme cambio que se puede gestar ahí, en donde ya todo parece haber sido descartado.

Carta Editorial

Somos de las personas a las que el trabajo pudre por dentro.

Pasamos el día pensando en cómo contar una tragedia. En cómo hacer para que sea “atractiva”, para que interese en un país que rebalsa tragedias.

Cuando terminamos, nos vamos a casa. Pero nos vamos con plena consciencia de que esa casa es un privilegio, que llegar es un privilegio, que llegar y encontrar en esa casa a alguien querido y olerlo mientras nos abraza es un privilegio. Es uno al que las personas de las que escribimos no han tenido acceso. Y, con conocimiento pleno de la desigualdad, es difícil disfrutar. No se debe. Porque suena a ser parte de una injusticia que se perpetúa justamente en la distracción de quienes, quizá con más empatía, podrían hacer algo.

Sentir lo que sabemos nos marchita. Pero no tenemos derecho a aquejarnos. Porque lo único que debe ocuparnos es el compromiso que tenemos de contar, y bien, a todos los que, bajo riesgos que ni nos imaginamos, nos tienen la suficiente confianza de hablarnos. Estas personas se abren de alma no para generar lástima, sino que para reclamar la dignidad que les ha sido arrebatada entre delitos e impunidades.

Y acá estamos otra vez, compungidos, sin saber qué tiempo verbal usar para contar esto. ¿Pasado? Cuando no lo hemos superado. ¿Presente? Cuando hablamos de ausencias. ¿Futuro? Ojalá que no. Ojalá que no pase, que no sigamos así.

Los periodistas somos un instrumento, un medio. Intentamos cada día ejercer con la altura que merece el cargo. Pero nos pudre. Nos pudre tanto privilegio. Nos pudre seguir vivos y presentes en un país en el que se sufren tanto las ausencias y en el que la sonrisa hace rato dejó de ser una marca nacional. Ahora es ese lujo que deberíamos pensar bien en ejercer.

Hoy tenemos que presentar la octava entrega sobre las desapariciones. No es fácil seguir transitando entre pérdidas. Es necesario, sí, pero sería mejor que no lo fuera. A veces, cargados de algo parecido a la candidez, deseamos acabarnos todas las historias como estas. Y que no haya más. Pero todavía quedan tantas.

Para que se acaben, antes las tenemos que conocer a fondo. Por eso hoy nos abrazamos a las medallas de Jocelyn, a los Taz de Heriberto y a las camisas que Emilio dejó sobre la cama.

Carta Editorial

No hay apuesta por la ciencia y la investigación. Es así desde hace décadas. Esta carencia no solo nos está haciendo perder a talentosas personas que prefieren hacer sus carreras en otros países. También está afectando a nuestros recursos naturales.

Un ejemplo de esto es la laguna de Alegría, ubicada en el departamento de Usulután. Cada vez recaen sobre ella más y más amenazas sin que, hasta ahora, se haya podido hacer una investigación que busque dar con los procedimientos más adecuados para su conservación y protección.

La laguna de Alegría, como se lee en el reportaje realizado por el periodista Stanley Luna, es el corazón de una población. De ella emanan historias que se han hecho eternas en la tradición oral de los residentes de la zona. Ese cuerpo de agua verdosa es el centro de identidad, de pertenencia.

Pero toda esa importancia social, cultural y natural que tiene no ha servido para que se le dediquen los recursos económicos y humanos para investigar qué es lo que se puede hacer para que no sea vulnerable a todo lo que pasa a su alrededor. Para que no se nos muera en medio de la desidia.

La laguna es un espectáculo hermoso y también una rareza que merece atención. Dentro de los proyectos que ofrecen los gobiernos central y municipales siempre está el desarrollo del turismo. En este caso, se debería apuntar a un mecanismo que tenga por meta el equilibrio entre facilitar que más gente conozca la laguna, pero minimizando el daño que el paso de las personas suele dejar.

Urge que a la de Alegría se le otorgue el reconocimiento que desde siempre se le ha quedado a deber. Urge que se le llame valiosa y que con ello vengan amarradas las políticas de protección. Es lo básico.