Carta Editorial
Las consecuencias se pagan en vidas, en las de los pacientes y en las del personal de la institución que ya lleva más de tres meses haciendo frente a una situación sin precedentes y sin contar con los equipos de protección necesarios.
El Salvador ha tenido siempre un sistema de salud muy dado a perpetuar la desigualdad. Destina muy poco dinero para atender las necesidades de muchas personas. No privilegia la atención preventiva. No destina suficiente recurso a la investigación. Y tampoco reconoce a su personal con salarios y prestaciones competitivos. Durante esta crisis por covid-19, estas carencias, que ya eran un lastre, se han convertido en condena tanto para usuarios como para los trabajadores.
Una de las instituciones que hace parte del gasto público en salud es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Si el gasto nacional en salud alcanza los 1,900 millones de dólares y representa un poco más del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), el aporte que hace el ISSS representa el 2 % del PIB. Con sus cifras de cotizaciones dentro de lo esperado, el ISSS ya brindaba un servicio de salud que urgía mejoras. Ahora, cuando los enfermos por covid-19 han colapsado los servicios, la preocupación es mayor, ya que, a la vez, los ingresos por cotizaciones de patronos y empleados se ven reducidos como producto de la suspensión de actividades económicas en función de evitar más contagios.
Este es un tema que se debe discutir ya. Porque las consecuencias se pagan en vidas, en las de los pacientes y en las del personal de la institución que ya lleva más de tres meses haciendo frente a una situación sin precedentes y sin contar con los equipos de protección necesarios.
El reportaje de esta edición es el testimonio de la hija de un usuario que, pese a los notorios aspectos a mejorar, siempre confió en los servicios del ISSS. Lo que vivió ahí la hace hoy desear que ninguna otra familia tenga que pasar por una experiencia similar.