Carta Editorial
Mantener en números rojos a la PGR, también significa colocar como inaccesible la justicia en este país.
Miriam Geraldine Aldana está a la cabeza de una de las instituciones con más demanda en el país: la Procuraduría General de la República (PGR). Aldana está por cerrar su primer año como procuradora. Desde la experiencia acumulada en este tiempo, reconoce cuáles son las principales carencias de este, que es el lugar al que se acude en busca representación legal cuando no se tiene dinero para un servicio privado.
La PGR tiene un nicho extenso de trabajo que va desde procesos laborales hasta otros más especializados, como la atención de casos de violencia contra la mujer. Así como es de amplio el campo de acción, también deberían ser los recursos, dado que esta es la única opción para los que no tienen cómo pagar. Mantener en números rojos a la PGR, también significa colocar como inaccesible la justicia en este país.
La privatización de los servicios como estos es también una forma de violencia. Es una que se agrava en los casos de mayor vulnerabilidad. En esta entrevista con el periodista Stanley Luna, Aldana hace cuentas y detalla que, por ejemplo, en áreas tan sensibles como la defensoría penal, hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a escala nacional. La carga de trabajo y de retraso alcanza grandes dimensiones.
La PGR, tan necesaria para el bienestar de miles de personas, entre ellas los niños beneficiarios de las cuotas alimenticias, ha estado sobreviviendo con parches presupuestarios. Y esto ha incidido directamente en la calidad de servicio que se brinda. Aldana explica en esta ocasión cómo han cambiado los procesos y qué medidas se han ejecutado para poder trabajar con más agilidad. Una cosa es la burocracia y otra muy diferente es someter a una institución a funcionar con una cantidad de recursos muy inferior a la que los usuarios merecen.