Carta Editorial
No se trata de sentir compasión o lástima, se trata de romper el círculo que mantiene al país en donde está.
A una sociedad acostumbrada tanto a actuar solo para el corto plazo, le cuesta ver que no todas las acciones tienen que dar frutos inmediatos y que no toda respuesta tiene que llegar precedida de una crisis. La población que se encuentra en las cárceles del país tiene, con o sin sentencia, derechos. Uno de ellos es el que tiene que ver con recibir capacitaciones que le permitan no reincidir en delitos al recobrar la libertad. Es una forma de acercarle las oportunidades a las que, muy probablemente, no tuvo acceso antes. Es un intento por parar la sistemática exclusión.
No se trata de sentir compasión o lástima, se trata de romper el círculo que mantiene al país en donde está. Un ciclo dañino que parte del ocio y la discriminación y acaba en una división permanente entre los que tienen todas las oportunidades y a los que jamás se les permitió acuñar una real.
Una condena por estafa o extorsión, entre otros delitos, significa la pérdida de libertad. Pero no de los demás derechos, que deberían respetarse a todo ser humano. El reportaje de esta edición aborda cómo ha funcionado el programa Yo Cambio.
Pensar en hacer algo para mejorar las condiciones de vida para la población reclusa es un acto que –casi por descontado– implica el riesgo de recibir una cascada de críticas. Porque pese a que la paz, en teoría, esté oficializada en un documento, este sigue siendo un país en el que un incendio en un penal es razón de celebración pública.
El Salvador se ahoga en sus miles de urgencias y necesidades. A no pocas personas les viene bien argumentar que hay mucha gente en pobreza y situación de hambre que sufre sin haber cometido esos delitos por los que los reclusos han sido condenados. Pero a ellos tampoco se les tienden puentes ni se les facilita el acceso a recursos para mitigar necesidades básicas de salud, educación, vivienda, trabajo digno y alimentación.