Carta Editorial
Las mujeres en El Salvador se enfrentan a acciones de violencia laboral como la inequidad salarial, amenazas de despidos por permisos, cese de su contrato por maternidad o por edad.
Las violencias de este país parecen cíclicas y todas las veces mal entendidas, mal asumidas y mal enfrentadas. Ninguna es nueva, pero cada una es cada vez más grande y complicada porque no se han aplicado soluciones que apelen a procesos educativos. No se ha buscado empoderar a quienes más las sufren, por principio.
Tener un conocimiento pleno de los derechos y deberes propios así como de lo que los otros, como particulares o instituciones, están obligados a cumplir es el principio de la justicia. Es darle a la gente herramientas para que se convierta en un ente que, con su denuncia, ayude a mejorar todo el sistema. Las situaciones descritas en el reportaje de la periodista Wendy Hernández guardan una relación directa con esto.
A cualquier persona acostumbrada a que se le respeten sus derechos fundamentales le parecería irracional que le toque realizar labores que atenten en contra de su integridad física y emocional. Pero acá, decirlo en voz alta es, prácticamente, señalar con el dedo a una gran cantidad de situaciones laborales violentas que se camuflan como normales. No es normal discriminar. Pero 30 de cada 100 mujeres se han visto afectadas por actos discriminatorios en su espacios de trabajo.
Y estos son cálculos tímidos. De acuerdo con el Observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), las mujeres en El Salvador se enfrentan a acciones de violencia laboral como la inequidad salarial, amenazas de despidos por permisos, cese de su contrato por maternidad o por edad.
Y en este contexto, los espacios para denunciar, lejos de abrirse, se cierran. Desde octubre, la unidad que se encargaba de atender este tipo de denuncias desapareció. Este es un mensaje peligroso para todos aquellos que están conscientes de que hace falta dar muchos pasos para alcanzar la dignidad laboral en este país.