Carta Editorial
No es una excepción. Pasa con casos que han llamado la atención de la opinión pública y han ocupado amplios espacio noticiosos. Y, con mucha más frecuencia, pasa con casos que permanecen en la oscuridad.
El sistema anda mal. La idea de contar con juzgados especializados para atender la violencia contra la mujer es muy buena. La intención, destacable. Pero sin un plan estratégico detrás, las buenas intenciones se mueren de hambre. Y es lo que ha sucedido en este caso. La mora judicial y la impunidad en los casos de violencia relacionada con género son altísimas.
El periodista Stanley Luna aborda en el reportaje de esta edición cómo esta falta de recursos se convierte en un trampolín que eleva la posibilidad de que, pese a colocar denuncia e iniciar un proceso legal, al final no se encuentre a ningún responsable. Ya que, entre tanta carencia, por ejemplo, aumenta la posibilidad de que el plazo de dos años de detención se cumpla sin llegar a establecer sentencia, esto deriva en el que cualquier persona acusada quede en libertad.
Esto no es una excepción. Pasa con casos que han llamado la atención de la opinión pública y han ocupado amplios espacio noticiosos. Y, con mucha más frecuencia, pasa con casos que permanecen en la oscuridad.
Este es un país en la que debería ser fácil entender por qué es necesario legislar de forma específica sobre esos casos de violencia de género. Hay por montones. Debería ser fácil apelar a todas las desventajas que el sistema ofrece para convencer a cualquiera de que urge colocar en el Sistema de Justicia más recursos, pero de forma equitativa. Acá, en donde más se necesitan.
Las mujeres son más de la mitad de la población salvadoreña. Y son las principales víctimas de este fenómeno. Sin embargo hace falta sensibilización. Detrás del colapso en el que están los juzgados que conocen estos casos hay discriminación, subestimación del tamaño del problema, y, sí, desprecio por la vida de las víctimas.