Carta Editorial

La tragedia también es responsabilidad de los que, corrupción mediante, han impedido que se cumpla con lo que las leyes disponen para todos, incluso para los que han sido sentenciados a perder su libertad.

El reportaje que abre esta edición fue publicado unos días después del ataque armado al Hospital Roosevelt, en Guatemala, en el que perdieron la vida siete personas. El atentado ocurrió cuando un interno de una prisión llegó al centro asistencial para una cita médica. El momento fue aprovechado por otros miembros de la pandilla para liberarlo.

Este texto, que fue trabajado por el equipo del medio digital Plaza Pública, plantea una cadena de violencias. Es característico de la sociedades traumatizadas esperar que quienes delinquen paguen en físico sus transgresiones. Así, se considera una pérdida de dinero, un gasto innecesario cualquier dólar que se destine a buscar que en los centros penitenciarios se respeten los derechos humanos. Porque en la lógica revanchista lo único que merece un reo en un centro penitenciario es el castigo en todas sus formas y no solo la suspensión de su libertad.

Al no contar en las cárceles con atención médica, los internos deben salir a los hospitales con el gasto en insumos y en personal que esto implica; y, claro, también aumenta el riesgo de fuga.
Los culpables de las muertes en el Hospital Roosevelt no deberían ser buscados solo entre los pandilleros que dispararon. La tragedia también es responsabilidad de los que, corrupción mediante, han impedido que se cumpla con lo que las leyes disponen para todos, incluso para los que han sido sentenciados a perder su libertad. Pero hacer las cosas bien y reconocer que todos somos seres humanos y estamos sujetos a derechos es un acto de nobleza para el que nuestras violentas sociedades quizá todavía no estén preparadas. Por eso siguen pagando el precio con la sangre de los más vulnerables.

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