Miriam Geraldine Aldana cumple, en mayo, un año de haber sido elegida como Procuradora General de la República, una institución de la cual ya adelantaba en junio de 2019, cuando rindió cuenta por primera vez a los diputados de la Asamblea Legislativa, tenía mora en diferentes áreas y poco personal para atender problemas actuales como el desplazamiento forzado por violencia. En esta entrevista, la funcionaria habla de los retos que le ha implicado trabajar en una instancia con un histórico bajo presupuesto y que necesita actualizarse desde aspectos tecnológico hasta formas de acompañar en un proceso legal.

«El sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades»

Una entrevista de Stanley Luna

Fotografías de Franklin Zelaya

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

En mayo, Miriam Geraldine Aldana cumple un año de haber sido elegida como titular de la Procuradora General de la República (PGR). Preside una de las instituciones a la que más acuden los salvadoreños que no tienen cómo pagarse un servicio privado y necesitan de acompañamiento o representación legal en procesos de diferente tipo, entre laborales y atención especializada a la mujer. Pero es una institución que no da abasto con todo el trabajo que tiene encima.

En un país con 7 millones de habitantes, según proyecciones basadas en el último censo poblacional de 2007, la institución que defiende a los pobres cuenta con un presupuesto de 34 millones y 16 procuradurías auxiliares distribuidas en los 14 departamentos. Hay áreas como la defensoría penal, en las cuales, admite Aldana, el número de expedientes sobrepasa por mucho a la capacidad del personal de la PGR. Para muestra: hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a nivel nacional.

Las tres administraciones anteriores de la PGR, bajo la tutela de Sonia Cortez de Madriz, fueron criticadas por diferentes sectores de la sociedad. En junio del año pasado, con meses en su cargo, Aldana rindió por primera vez cuenta a los diputados sobre la mora que encontró en la institución. En esta entrevista destaca que una de las líneas de trabajo incorporadas es la defensoría pública para aquellos acusados que están ausentes en un proceso judicial, algo que no existía y no garantizaba el acceso a la justicia. Además de apostarle a una defensoría especializada para las mujeres procesadas por el sistema por casos como las complicaciones obstétricas.

Sobre estos casos, en particular, Aldana dice que debe analizarse el entorno en el que las mujeres pasaron de ser víctimas de un contexto violento a victimarias. Sin embargo, defiende estar a favor de la vida y no apoya las cuatro causales del aborto presentadas a la Asamblea Legislativa en 2018.

¿Qué significó para usted, la primera y entonces única Jueza de Extinción de Dominio, asumir las riendas de una institución que tienen entre sus funciones, un poco aparte de las funciones que realizaba, brindar servicios de acompañamiento y representación legal a los salvadoreños?

En verdad no estaba alejada. El sistema de justicia es garantizar el acceso a la justicia, solo que lo estoy haciendo desde otro ámbito, porque garantizar el acceso a la justicia es generar igualdad de condiciones entre las partes. Siempre estuve relacionada con el tema de la justicia, no solamente como jueza de extinción, sino con toda la carrera judicial que yo ya había hecho por 17 años anteriores. Simplemente estoy dándole una mirada distinta y creo que esa experiencia que tuve dentro el Órgano Judicial es lo que me permite poder ver con muchísimas más claridad cómo llegar a convencer a un funcionario, cómo llegar a presentarle una teoría del caso y una teoría fáctica y jurídica, complementaria, creíble, que en verdad partiera de un principio de verdad real, que hiciera uso de libertad probatoria, que pudiera venir a hacer crítica a partir del control de la legalidad, que la obtención de la prueba que se podía facilitar en el Órgano Judicial se hiciera con estricto apego al respeto de los derechos fundamentales. Lo que le está pidiendo la Corte Interamericana (a la PGR), a partir de la sentencia de Agapito Ruano, es defensa pública efectiva, no es solo representación, es hacerlo de forma efectiva, y para que la representación sea efectiva, realmente lo que se necesita es tener claridad de cuáles son los hechos debatidos, cómo voy a cuestionar los hechos debatidos o a presentar mi propia versión sobre los hechos y buscar las herramientas probatorias que resulten venir a ser más idóneas.

Nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos y lo logramos.

¿Cómo encontró a la Procuraduría General de la República tras haber sido dirigida por tres periodos por Sonia Cortez de Madrid, una exfuncionaria cuestionada de sus labores por diferentes sectores? En la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, en junio del año pasado, usted habló de 9,000 expedientes que no estaban resueltos en las diferentes áreas de trabajo.

Es importante señalar que el sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades. La institución históricamente había manejado cifras que le disminuyen la capacidad operativa. En todo ese cúmulo histórico en el que todos los años la Procuraduría General de la República tenía que acudir al Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa, a permitir recibir refuerzos presupuestarios para poder terminar un año, trajo consigo en colocarle en esas condiciones un poco caóticas en la que se encontraba. La primera de ellas referida a los tiempos de respuesta, que es el punto sobre el que usted está en este momento consultado. Los tiempos de respuesta razonables son aquellos que, de acuerdo a los manuales o a la instructivos, debían de cumplirse para nosotros poder dar una respuesta a las pretensiones que se presentaban. En las áreas más crítica de la procuraduría, resultaba venir a ser la unidad de atención o defensa a los derechos del trabajador, que es la Unidad Laboral, y por el otro lado, también, en el espacio de atención de derechos reales y personales que brinda la institución, porque había demasiada carga por persona, por abogado, por abogada defensora que asignaba el tema. Estamos hablando de una cantidad determinada de 9,000 expedientes en mora.

¿Cuáles fueron las primeras medidas?

Durante este casi un año al frente de la procuraduría, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo. Segundo, clasificar cuáles eran las pretensiones y cuáles eran los tiempos más críticos con los que nos enfrentábamos y cuáles eran algunas situaciones que solamente meritaba el terminar de complementar información jurisdiccional o información administrativa y luego proceder a un archivo. Se adoptó un modelo de un acompañamiento itinerante por un equipo de profesionales del despacho principal y del despacho adjunto general para comenzar a hacer las visitas a las procuradurías auxiliares que presentaban más demora. Por ello, se atendió primero San Salvador, que dependía mucho del número de usuarios, usuarias que atendemos, eso es obvio. El segundo de ellos fue Santa Tecla y en un tercer momento nos encontramos, en este instante, atendiendo Zacatecoluca, porque era la tercera procuraduría auxiliar con más carga de trabajo en la defensa de los derechos del trabajador. Eso ha posibilitado disminuir un aproximado de casi 3,000 expedientes en esta labor de acompañamiento. Hicimos una reingeniería acompañado de los procuradores auxiliares en esas unidades, para también ir viendo cuál era la carga de trabajo de otras unidades, que podían venir, a lo mejor, a quitar un elemento para aprovechar sus competencias y reforzar esas unidades en las que estamos.

Eso fue lo primero, partir de un diagnóstico real de qué encontramos en la procuraduría, qué capacidad humana teníamos, cuáles eran las competencias de ese elemento humano que se encontraba ya dentro de la procuraduría y comenzar a hacer esos reacomodos. Entonces las primeras unidades que fueron atendidas fueron las unidades críticas. Todavía nos hace falta muchísimo más. Tal como lo hemos dicho en la Asamblea Legislativa, con ese incremento de los 4.2 millones de dólares que se nos terminó asignando adicionalmente para este año, vamos a hacer un plan de atención para la reducción de la mora por seis meses con el reacomodo de nuestro personal y con la contratación de auxiliaría jurídica o de auxiliarías administrativas que nos ayuden a disminuir esa cantidad tan elevada que aún hay de expedientes. Esa fue una de las áreas.

Fotografía de Franklin Zelaya

¿Qué sigue en la hoja de ruta?

La siguiente de las áreas donde hubo necesidad de comenzar a trabajar fuerte fue la de saldos acumulados, fondos de terceros. La procuraduría ha cumplido 81 años de existencia. En este tiempo, hasta el año 2010, todo el tema de asignación de cuotas alimenticias y del pago de ellas se hacía manuscrito, en libros, en registros, lo que traía consigo es que el obligado a pagar alimentos iba al banco, traía el abono, el comprobante del abono. Aquí se le recibía, después procedíamos a hacer la conciliación bancaria en papel, después de corroborada esa situación se procedía a hacerle el depósito y a notificar que el depósito estaba hecho, pero la falibilidad humana puede ser grande cuando lo llevamos en ese sistema. Eso trajo el acumulado de 2.3 millones de dólares de impago o de mora en la entrega de las cuotas alimenticias. Comenzamos a trabajar también con el equipo de fondos de terceros. Volvimos a trabajar en conjunto, las procuradurías adjuntas de Familia, procuraduría adjunta de Niñez, apoyando este tema de fondos de terceros. Y nos fijamos metas que creíamos alcanzables. Primero, que nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos para este año y lo logramos. Y en la cantidad de saldos acumulados a diciembre del año anterior, hemos logrado disminuir 400,000 dólares. Ahora solo tenemos un poco más de 1.8 millones.

¿Cuántas personas encontró usted en la Unidad Laboral cuando vino a la PGR? Ya mencionaba que ha habido un refuerzo de personal, ¿de cuánto ha sido?

En el área laboral, en general, tenemos dos categorías, una es de defensores o defensoras, que todos son abogados de la república, y otros que son auxiliares jurídicos, pero en general, la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador solamente tiene 56 defensores públicos a nivel nacional y solo el número de expedientes con los que contábamos entre los seis defensores públicos suman 14,807 expedientes. Solo ahí usted denota que hay una gran cantidad de trabajo asignado por cada uno de los defensores. De todos ellos, estos son expedientes activos, o sea, procesos o administrativos o jurisdiccionales que hay que asistirles, pero se brindaron adicionalmente a eso, 16,654 asesorías por este mismo equipo de defensores. Se brindaron 2,498 asistencias en la Oficina Especializada de Contencioso Administrativo y Amparo, que es un área de especialización de la Unidad de la Defensa de los Derechos del Trabajador, y con toda esa gestión que se ha realizado, se asisten a los 55 tribunales con competencia en el ámbito laboral. Había que repensarnos, porque hasta el año pasado no teníamos más que la cifra presupuestaria que ya traía consigo un déficit de 700 mil dólares solo para el pago de las obligaciones. No había posibilidades de contratación. Ahora con el refuerzo presupuestario, la elevación de su techo, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos permita poder venir a hacer una transferencia del rubro 54, que es de bienes y servicios, al rubro 51, que es remuneraciones, para hacer las mínimas contrataciones, pero hacerlas para que vayan a reforzar en algunas procuradurías auxiliares críticas con la contratación de nuevos defensores. La idea de manejar el tema de las auxiliarías jurídicas para que nos ayuden solo a disminución de moras jurídicas y administrativas, porque ahí es donde hemos visto que nos encontramos con esos embudos que no nos permiten darle celeridad a la tramitación.

Sobre esta asistencia pública efectiva, también uno de los servicios más demandados de la PGR es la representación legal en los procesos penales. Datos oficiales de la institución muestran que hasta 2018, la PGR tenía 285 defensores públicos a nivel nacional. ¿Esto ha cambiado? ¿Qué consecuencias tiene que haya poco personal en la violación sistemática de derechos humanos dentro del Órgano Judicial?

El número de defensores públicos ha disminuido. Yo encuentro un acumulado de 260 defensores a nivel nacional. La carga de trabajo sigue siendo alta. Se refleja hasta diciembre del año 2019, para estandarizar los datos que estamos aportando, de 25 mil expedientes manejados dentro de este pequeño grupo de defensores. Estos 25 mil expedientes solo estaban en Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y 60,333 expedientes en trámites ordinarios, en el proceso común y los procesos especiales, que regula el Código Procesal Penal. Con este pequeño grupo que toca asistir, de acuerdo a nuestros datos, en 723 sedes judiciales con competencia penal, todas las audiencias. Y note que las audiencias no solo son las tres grandes audiencias que regulan nuestro código, además de la inicial, las audiencias de reconocimiento de personas, anticipos probatorios, revisiones de medidas cautelares, las preliminares, la eventual realización de diligencias como inspecciones, reconstrucciones de los hechos, a todas esas hay que ir y con eso le agrego un dato adicional más: hasta ese momento, la procuraduría contaba con un resurtivo del despacho en el que se decía que la asistencia solo la brindábamos a los imputados presentes, a los imputados sometidos al juzgamiento; sin embargo, su servidora, justamente por tener la perspectiva del ámbito judicial, me permite tener una visión, además que poseo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, me permitió poder hacer una interpretación del artículo 11 inciso primero de la Constitución; el 2, inciso primero, del mismo cuerpo normativo; el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la sentencia de Agapito Ruano, y adopté una decisión en junio del año pasado, en el que di la directriz para que la asistencia no solamente se diera al imputado presente, sino también al imputado ausente. Y eso tiene una explicación sencilla: con mucha mayor razón, el control de la legalidad de las diligencias que realice el Estado, a través de fiscalía y la policía, tienen que ser controladas por un defensor, tiene que verificar si el levantamiento de la evidencia del escenario delictivo se hizo con la debida garantía de cadena de custodia, si la intimación, que implica en ocasiones publicaciones en periódicos de circulación nacional y en el diario oficial, se hizo cumpliendo con las exigencias propias del código. Es explicar de manera clara y comprensible los hechos que se le acusan, no solo las calificaciones jurídicas, verificar si un anticipo probatorio, si un reconocimiento de personas que se podía haber hecho, si en verdad en esa fila de personas se encontraban aquellas parecidas, como lo ordena el código; si tenían características similares, que hubiera un interrogatorio previo a la persona que estaba acudiendo venir a hacer el reconocimiento, para poder advertir si había un ánimo espurio, si había un ánimo mal intencionado, si había un interés preciso para poder perjudicar al imputado.

¿A qué se le paunta en este contexto?

Todo eso ha traído otra vez la necesidad de repensar un poco la labor de la defensoría e irle apuntando, para el año 2020, en la especialización, porque Manuela, que es otra recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuela y otros versus Estado de El Salvador, nos ha dicho algo adicional, nos ha dicho «mire, el personal de la procuraduría necesita especializarse». Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y que significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición ahora de victimaria. Ella necesariamente requiere que el defensor, la defensora, conozca el entorno, sepa cuál es la interpretación de las normas desde la perspectiva de protección de derechos humanos de la mujer y pueda venir a preparar esto, la defensa pública efectiva. La procuraduría tiene dos grandes áreas de atención a la mujer cuando está vinculada al ámbito penal, el área de la Unidad de la Atención Especializada a la Mujer (UAEM); y por supuesto, el ámbito de la defensoría pública.

En una audiencia, usted se podría encontrar con que UAEM estaba representando, estaba, más bien, acompañando a la señora en su condición de imputada, pero desde su posición como mujer, pero no tenía intervención judicial, ni siquiera era una asistente no letrado para que pudiera venir a ayudarle al abogado defensor que tenía en la articulación de la defensa pública efectiva. Era un contrasentido, porque teníamos dos elementos valiosos, formados, uno en el ámbito penal, uno en el ámbito de atención de la mujer, pero ninguno de los dos tenía la posibilidad de venir a preparar estrategias de defensa de forma conjunta. Para el año 2020, la nueva línea de trabajo es que justamente hablemos, no solamente de especialización. Hemos revisado una serie de diplomados, apoyados por el proyecto justicia y dignidad, en el que la especialización está orientada a la violencia obstétrica, la especialización de un equipo de defensores y defensoras. Pero ahora, además, a la hora de preparar la defensa pública efectiva, se sienta con UAEM, platica con UAEM, le ayuda a UAEM a poder venir a identificar qué factores económicos, sociales, culturales, religiosos, lo que sea, puede servirle para colocar en el contexto al juez y darse cuenta que han sido las condiciones del entorno las que propiciaron que ahora ella se convierta en una imputada; cuando, en verdad, resulta venir a ser la víctima de todo este sistema y de todo el entorno en el que lamentablemente ella ha tenido que verse relacionada, producto de la violencia, y no solamente en violencias obstétricas: hay delitos de homicidios, víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar, y ellas son las que terminan siendo acusadas de las lesiones, del intento de homicidio o de los homicidios de sus parejas.

Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición, ahora, de victimaria.

¿Qué esperan para este año?

Para el año 2020, estamos trabajando un nuevo sistema de información informática que nos permita, con el apoyo ahora de la cooperación chilena, y del PNUD, generar un sistema de alertas. Porque con esta cantidad de expedientes asignados a una sola persona, razonablemente, se le puede pasar un plazo, razonablemente se le olvida que tiene una audiencia, razonablemente se le olvida interponer un recurso. El PNUD, acompañado de la cooperación chilena, nos va a ayudar a generar sistemas de alertas tempranas, que en el equipo informático asignado pueda venir a decírsele «alerta, cinco días para interponer o preparar su recurso, porque en cinco días se le vence».

Esto es un apoyo, esto creo que es importante, el defensor o la defensora tiene que sentirse apoyado y el apoyo no solamente tiene que ver con remuneraciones, que es un tema que también ya le contaré qué estamos haciendo con ello, porque cuando se comparaba los salarios de defensores, frente a fiscales, es una diferencia sustancial enorme.

¿En qué porcentaje anda la diferencia?

No hemos tenido el aval mediante la modificación de la Ley de Salarios que hemos presentado al Ministerio de Hacienda, con salarios hasta de 895 dólares y agentes fiscales especializados pueden andar arriba de los 1,500. Entonces estaban ganando casi la mitad de lo que puede ganar un fiscal. Ya no digamos un fiscal de un área de un área especializada, estamos hablando de los fiscales de los delitos comunes. Eso también tenía que ver, no solamente cruzaba con carga de trabajo, sino con incentivos laborales, sabemos que no es el mismo, pero en ese tema hemos hecho también otro avances, me parece que sumamente importante, porque la procuraduría tiene una planta de 1,420 empleados, las remuneraciones en el ámbito de los abogados, no me meteré al ámbito de no abogado, era de 56 categorías salariales diferentes, que en el ámbito penal teníamos 22, en el ámbito laboral teníamos 14, en el ámbito de medicación teníamos 6 categorías, y los salarios iban entre 895 y 1,615, el que mejor ganaba en la institución. A pesar de los dos refuerzos presupuestarios solo para remuneraciones, que brindó la Asamblea Legislativa en los períodos anteriores, la distribución se hizo de manera igualitaria, no equitativa, porque la remuneración igualitaria es que tenemos 50 dólares, somos cuatro los que estamos aquí, entonces los distribuimos por parte iguales, pero si lo hago equitativamente, yo tengo que entrar a ver cuánto gana usted.

Hemos presentado a Hacienda una propuesta de manera tal que lo hagamos dentro de mi trienio, que es mi obligación inicial. Para el año 2020 estamos generando 520 plazas en ajustes salariales, y de las 56 categorías salariales, estamos propiciando que se disminuyan a 3 categorías de manera inicial, solo con la planta de abogados y abogadas en condición de defensor o defensora pública.

Mencionaba el caso de Manuela, un caso icónico en El Salvador de las mujeres que siguen teniendo complicaciones obstétricas y luego son procesadas por el sistema de justicia. Como titular de la institución que se encarga de velar por las garantías de un proceso judicial, ¿cuál es su postura respecto a las cuatro causales del aborto que se han presentado en su momento a la Asamblea Legislativa?

Cualquier institución del Estado está obligada por mandato constitucional, derivadas del artículo 1 de la Constitución, a garantizar la vigencia de todos los derechos que ahí se contemplan, entre ellos, el derecho a la vida. El Estado tiene que venir a saber cómo atender, cómo garantizar el derecho a la vida, porque note que los problemas fundamentales que se presentan alrededor del tema es que la adolescente, la mujer, la persona que termina viniendo a generar sus estados de preñez en ella, por cualquier causa, no es atendida por el Estado. Ante la falta de atención, porque resultó venir a ser víctima de una violación, por ejemplo, de un miembro de una estructura pandilleril, el Estado la abandona, el Estado no la acompaña, el Estado no la informa, el Estado no vela por ella. El tomar una decisión de saber qué hacer con el producto, que, finalmente, resulta venir a ser un ser humano, forma parte de las responsabilidades del Estado. La procuraduría tomó la iniciativa de convocar, junto con otras organizaciones de Naciones Unidas y organismos cooperantes vinculados al tema, tanto de niñez como de mujer, de comenzar a revisar el sistema de atención, no solo de niñez, sino de atención a mujeres. Porque note la diferencia que podría ser si nosotros contamos con un sistema diferente: si a esta mujer o a esta adolescente víctima de una agresión de cualquier tipo, se le acompaña, se le explica qué es la paternidad, se le explica que finalmente también es un ser humano el que está dentro de su vientre, ella estaría en condiciones de tomar una decisión totalmente autónoma. ¿Qué quiere hacer con el bebé? ¿Entregarlo en adopción? ¿Dejárselo bajo la figura de tutoría? ¿Dejarlo bajo un cuidador? Porque el Sistema Nacional de Atención a la Niñez, y en particular, bajo el modelo de la LEPINA, también está diciendo Estado, usted debe de garantizar los derechos del nasciturus, usted tiene también que proteger los derechos del niño, la niña que está todavía por nacer.

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

Ya que menciona los derechos humanos y tomando en cuenta que en el país, por ejemplo, nunca ha habido una política de educación sexual, ¿considera entonces válido que una mujer que ha sido víctima de una violación cargue por nueve meses a una persona? Estamos hablando de secuelas psicológicas en la vida de esa mujer.

Por eso precisamente estoy hablando de la necesidad de integrarse por el Estado, porque quienes en algún momento determinado nos volvemos copartícipes de la generación o de la revictimización. Por eso, el enfoque tiene que ser victimológico y el enfoque victimológico significa, por una parte, que la persona que ha sufrido directamente la afectación, pueda ser atendida: asistencia, acompañamiento, asesoría, atención. O sea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho en innumerables decisiones, la 5-2001 fue una sentencia importantísima, porque dijo: «Mire, este es el marco de atención». Estado, ojo, todas las instituciones, pongan atención, porque en cuanto surge la condición de víctima, por la razón que sea, el Estado tiene que articularse para garantizar todo eso. Porque las secuelas de las afectaciones físicas o psicológicas se agravan todavía más cuando el sistema, organizado a través de las distintas instituciones del Estado, y la falta de cultura de la sociedad, lo que provoca es estigma, discriminación, aislamiento, entonces es donde aparece la necesidad, porque la víctima, el conjunto, el principio de Naciones Unidas para la protección de víctimas de delitos y abuso de poder también dice que hay víctimas indirectas. Por supuesto que hay una víctima indirecta en el producto que está dentro del vientre de la madre. También esta víctima necesita ser atendida por parte del Estado. No podemos venir so pena de que el otro fue el responsable de la vulneración a hacer pegar por alguien que también resulta ser víctima de la situación. Por eso, si queremos hacer la atención adecuada, debemos de hacerla desde un enfoque victimológico y desde una perspectiva de protección de derechos humanos. Y la Constitución es clara, es principio de humanidad, respecto a la vida, pero acompañada, para que en su momento puedan tomarse las decisiones que resulten se propias para ellas.

Si bien van a tener que dar acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzado, que hasta junio del año pasado usted decía que había 600 casos que estaban atendiendo en menores, la Asamblea Legislativa no destinó fondos para el funcionamiento de esta ley que ataca el problema. ¿De qué forma esto vendría a sobrecargar su trabajo, si también tomamos en cuenta que usted decía en junio del año pasado que no existe una plataforma especializada para atender este problema en la PGR?

El tema de desplazamiento forzado en la procuraduría estaba siendo atendido, porque era un tema de protección de derechos humanos. Así que independientemente que se contara o no se contara con una Ley de Desplazamiento Forzado, estamos hablando de víctimas de niñez, de víctimas mujeres, de víctimas hombres que también tienen derecho al acceso a la justicia. Con tres profesionales, básicamente, casi que por voluntariado, con un acompañamiento mínimos institucionales comenzaron a atender el fenómeno.

Las personas que han sido atendidas dentro del área del desplazamiento forzado hasta este último informe que se nos colocó era de 446 personas atendidas, de las cuales 230 son niños, niñas y adolescentes, y 216 fueron personas adultas. Estas 446 personas representaban 119 familias que tuvieron que pasar por este lamentable incidente que tener que propiciarse al desplazamiento forzado. Con esa misma cantidad, ese mismo apoyo dinerario, creamos una unidad de atención bajo la generación de una nueva estructura. La procuraduría va a contar, si nos lo habilita el Ministerio de Hacienda, con una sombrilla mucho más grande, crearemos una procuraduría especializada de género y de atención a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, porque ahora son migrantes, ¿mañana qué será? Ahí tenemos cabida para todo y ahí estará desplazamiento forzado.

¿Cuántas solicitudes de adopción han presentado como institución al Juzgado Especializado de la Niñez bajo la Ley Especial de Adopciones, aprobada en 2018?

Bajo la nueva ley solo se han presentado tres solicitudes, porque aunque la ley es muy célere, es una ley con un procedimiento muy expedito, muy sumarial, muchísimo más que la anterior ley, pero lo que tenemos es que hay que agotar y eso también habría que revisarlo. Por ejemplo, en los casos de niños y niñas abandonados, la ley nos obliga, en la línea que le he comentado: primero busque padres biológicos, luego familia ampliada, luego agotar tutorías u otras formas como el cuidador, hasta llegar a la adopción. ¿Entonces qué significa buscar a los padres biológicos? Hacer publicaciones para ver si aparece su padre, su madre biológica, buscar a la familia ampliada, dejar constancia que se hicieron visitas y que se ha logrado determinar que la familia ampliada no reúne esas condiciones en el caso de los niños y las niñas abandonadas, los cuales son representados de forma directa por el procurador o la procuradora, pero ahora pensemos en un niños o niña que está siendo maltratada por su padre, a ellos también hay que solicitarles la determinación de la situación jurídica, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hacer la pérdida de la autoridad parental, documentar que estaba siendo violentado, abusado, descuidado, las razones de maltrato cualesquiera de sus formas y que por tanto hay que romper con el vínculo con sus progenitores. Entonces hay que hacer la pérdida de la autoridad parental, ese es un trámite independiente. El proceso de adopción, como tal, es expedito, pero los proceso o procedimientos administrativos o judiciales para llegar hasta aquí, esos requieren un tiempo, por eso educación. Las personas tienen que educarse, las personas tienen que informarse, las personas tienen que comprender los procedimiento y los responsables de hacerlo que comprendan somos nosotros como instituciones del Estado.

Fachada del edificio de la Procuradoría General de la República

 


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