Emy: la salvadoreña que se abre paso en una serie de Sony

Emy Mena es una actriz salvadoreña

Emy Mena debutó como actriz en Agua Blanca, un lugar de la zona rural de Morazán, el 16 de julio de 2015. Tenía 19 años y representaba a Elena, la menor de tres hermanas que viven en una zona ficticia del oriente del país previo al estallido de la guerra civil.

Un año antes, Emy había audicionado para ser parte del grupo Teatro Zebra, que ganó el Premio Ovación 2014, un reconocimiento que la Fundación Poma entrega a artistas para ejecutar un proyecto. Y así, el grupo de tres actrices, llevó a escena La canción de nuestros días, del escritor Jorge Ávalos.

Fue una gran escuela, recuerda, porque presentaron la obra en varios lugares, incluida Cárcel de Mujeres y Ecuador.

«Sabía que quería actuar. Yo, entre broma y broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma, decía ‘un día van a escuchar: y el Emmy va para Emy’«, cuenta la noche del lunes, desde un hotel de la Ciudad de México, en donde cuenta las horas para volver a El Salvador después de haber quedado tres meses varada en el extranjero.

Emy siempre quiso ser actriz de cine, pero primero se encontró con el teatro y se enamoró. Comenzó con Teatro Zebra y es parte de Proyecto Dioniso. Pero también ha actuado en tres proyectos audiovisuales que aún están en la etapa de postproducción: El último toque, Las cartas de Lucía y El suspiro del silencio.

Hoy tiene 24 años y está en el elenco de la serie Coyote, producida por Sony Pictures y dirigida por Michelle MacLaren, la canadiense que ha dirigido capítulos de series de renombre como Breaking Bad y Games of Thrones.

Es la única salvadoreña en el elenco. Su llegada ahí fue una seguidilla de eventos inesperados.

A las 9 de la noche del 10 de septiembre recibió un mensaje en Instagram. Era Paola Gutiérrez, una manager de talentos que buscaba a actores y actrices salvadoreños para que audicionaran en un show internacional. Emy la remitió con Vanesa Tomasino, actriz experta en castings y fundadora de Sivar Actor Studio, donde ella recibe clases de actuación para cámara desde 2018.

Ese día, Emy se había graduado de la primera generación del Técnico en Teatro de la Universidad Dr. José Matías Delgado y a la hora de recibir el mensaje veía una final de basquetbol del equipo en el que juega su hermana. No sabía que dos meses después, su vida consistiría en ir y venir de Tijuana, México, a El Salvador.

Varias personas hicieron la audición, que consistió enviar un video corto en el que se presentaban. El director de casting seleccionó a cinco actores y actrices, entre ellas Emy y Larissa Maltez, su compañera en el Teatro Zebra y en el Proyecto Dioniso.

Para participar del siguiente filtro, era necesario que los seleccionados firmaran un acuerdo en el que se comprometían a no revelar información sobre lo que estaban haciendo, y recibieron los textos para la audición.

Hasta que Emy recibió el suyo se enteró que no estaba frente a cualquier oportunidad de trabajo, sino que se trataba de un posible contrato con la productora estadounidense Sony Pictures.

Fotografías de cortesía

Pasaron los días y ella prefirió no pensar en los resultados del casting. Siguió con su rutina: se enfocó en Proyecto Dioniso, en trabajar una obra con la actriz y directora Alejandra Nolasco, y en continuar con sus clases de francés. Pero Vanessa la volvió a contactar a ella y a Larissa, porque las dos habían sido las únicas actrices convocadas para el casting final.

Emy recibió cinco textos de la productora y se los aprendió. Se trataba de un casting en vivo, a través de Skype. Las actrices escogieron como locación un salón de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.

Primero fue el turno de Larissa. Luego pasó Emy. En ese momento llovía y ella tuvo que repetir su actuación. Desde el otro lado de la pantalla había una chica que simulaba ser el otro personaje con el que Emy conversaba.

No importaba lo que llegara a pasar después de ese día, se dijeron las actriz, para ellas, lo que estaban haciendo ya significaba un precedente para sus carreras y el gremio actoral salvadoreño. Se abrazaron.

Y otra vez pasaron los días sin que Emy recibiera respuesta. Hasta que Vanessa le llamó por teléfono con la excusa de que quería hablar con ella sobre un proyecto. Emy estaba ocupada y le dijo que podían verse mientras hacía la fila en el banco, pero Vanesa la llevó a un café y le dijo que necesitaban grabar un video. Le hizo preguntas en inglés y español. Lo enviaría para un show internacional.

Emy pensó que aquello era raro, porque, para empezar, no estaban ni en una locación adecuada para ese video. Pero lo que realmente Vanessa quería era contarle que ese día la producción de Coyote le había confirmado que Emy era parte del elenco.

«Yo sí que me veía trabajando en cine, en televisión en lo grande, pero no creí que todo fuera a pasar así de repente», dice Emy. Tan de repente que de un día para otro comenzaría su carrera como actriz de televisión para una serie internacional. Y viajaría, en primera clase, con gastos pagados.

El primer día de rodaje, cuando el elenco ya estaba en el set, con las luces encendidas y listo para filmar el primer capítulo, dice que Chiklis abrazó a los actores y actrices del elenco. “Felicidades, disfrutá cada momento de lo que vayás a vivir aquí”, le dijo a ella. Y eso le quitó los nervios de una vez.

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DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO PASADO, Emy estuvo en Tijuana para grabar el primer capítulo de Coyote. Más allá de conocer su participación en el guion y que la serie sería producida por Sony Pictures, no sabía nada sobre el elenco y la dirección.

Cuando arribó a Tijuana, a medianoche, la producción le comunicó que el protagonista de Coyote sería Michael Chiklis, ganador del Emmy por mejor actor protagonista en serie de drama, por su papel en The Shield. Y, además, que el proyecto sería dirigido por Michelle MacLaren.

«Tenía un poco de miedo, porque soy salvadoreña, soy latina, soy mujer, soy nueva en esto. No es que tenga aquella experiencia basta en el cine o en televisión. Estaba nerviosa. Me van a ver de menos (pensaba) o algo así, pero no, para nada», recuerda Emy.

Lo que más le sorprendió es que estaba rodeada de profesionales exitosos en la industria cinematográfica y que, pese a ello, se mostraron muy humanos.

El primer día de rodaje, cuando el elenco ya estaba en el set, con las luces encendidas y listo para filmar el primer capítulo, dice que Chiklis abrazó a los actores y actrices del elenco. «Felicidades, disfrutá cada momento de lo que vayás a vivir aquí», le dijo a ella. Y eso le quitó los nervios de una vez.

En la serie, Emy se llama María Elena. Es personaje recurrente que necesita cruzar de México a Estados Unidos con la ayuda de Chiklis, un policía de migración que está por jubilarse. Lo pone en un dilema, ya que él siempre se ha encargado de detener a migrantes, pero que la joven cruce la frontera es de vida o muerte.

En enero y febrero, la actriz viajó dos veces más a Tijuana para continuar con el rodaje de la serie. En marzo la citaron otra vez, pero la producción canceló los trabajos por la pandemia del covid-19 y, de todo el elenco, Emy fue la única que quedó varada en el exterior.

La madrugada del 13 de marzo, la actriz partió hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Arnulfo Romero. Fue acompañada de sus padres, su hermana y su novio. Tenía programado su vuelo para las 6:10 de la mañana, pero la aerolínea con la que viajaba había suspendido todos los vuelos. De esto se enteró hasta que estaba en el aeropuerto.

Fotografías de cortesía

Desesperada, llamó a la línea del call center, pero nunca tuvo una respuesta. Así que se puso en contacto con Sony Pictures y logró comprar un boleto de ida y uno de regreso.

Solo necesitaba un boleto de ida, porque no sabía cuándo quedaría desocupada de los rodajes, pero la aerolínea la obligó a comprar un boleto de regreso. Su fecha de retorno era la primera semana de mayo, previendo que su trabajo se extendiera durante todo abril.

Emy iba emocionada. Había pensado en que, mientras estuviera en México, podría asistir a al festival de música Tecate Pa´l Norte, en Monterrey, que en la edición de este año contaría con la participación de la banda australiana Tame Impala, pero el covid-19 ya estaba sobre el continente americano y desbarató todos los planes.

Dos días antes de que Emy saliera del país, el gobierno salvadoreño había decretado una serie de medidas para evitar la circulación del virus. Panamá y Argentina ya reportaban las primeras muertes por la pandemia. Y la actriz iba a uno de los países, cuyo gobierno no impulsó desde un inicio una cuarentena y medidas de distanciamiento social.

Sin embargo, la actriz se sentía obligada a viajar y continuar con el rodaje de la serie, todavía la producción no informaba oficialmente de la suspensión de los trabajos. Además, aunque ella viera que el panorama en la región no era alentador, no podía quedarse en El Salvador después que le había costado tanto ser parte del elenco.

«Y si voy a estar en otros capítulos después y me regreso a El Salvador, ya no voy a poder salir. Y qué regada, porque es mi trabajo y ya no voy a poder salir», pensó.

A Emy le asustó que, al hacer escala en Ciudad de México, en la capital mexicana ya hubiera emergencia roja por la pandemia. Ella viajaba con bote de alcohol gel y no llevaba mascarilla. Lo que hizo fue lavarse muchas veces las manos en los baños y evitó, en la medida de lo posible, no tener contacto con las personas. Todas las energías estaban en función de que ella llegara a tiempo a Tijuana.

Al día siguiente, el elenco hizo la prueba de vestuario. Ella se probó las prendas que usaría y se midió un molde de yeso para simular un estado de embarazado. El domingo, hubo descanso, y, el lunes, el elenco recibió un correo que informaba de la suspensión del rodaje por la pandemia del covid-19.

Emy ya no pudo volver a El Salvador y quedó varada en México. Desde entonces y hasta el pasado martes que ella regresó al país en un viaje gestionado por el gobierno salvadoreño, Sony Pictures se encargó de sus gastos.

La actriz estuvo en dos hoteles diferentes en Tijuana, desde donde, en tres meses, vio cerrar y abrir los negocios a causa del covid-19. Pasó lo peor de la pandemia lejos de su familia y sin ningún contacto social. Cuenta que, a lo mucho, salió a comprar.

Pero aprovechó el tiempo. Pasó en clases de guiones cinematográficos, baile, canto, francés, actuación para cámara y también audicionó para un show colombiano del que aún no recibe respuesta.

No fue fácil pasar sola y encerrada en un país ajeno. Hubo momentos en los que sus ánimos decayeron. Nunca perdió la comunicación con su familia y su novio. Aprendieron a ponerse en sintonía entre el horario salvadoreño y mexicano. Y se organizaron para comer juntos, en videollamadas, en fechas especiales.

No duda en que esta pandemia deja una gran lección: «Es un llamado de atención para reencontrarnos, porque en la cotidianidad es bien fácil ir de un lugar a otro, estar haciendo estas cosas y las otras, y no permitirte sentir. Y creo que esto y la falta de empatía es lo que ha hecho que seamos egoístas con el medio ambiente, con las otras personas. Ha sido un proceso duro para todo el mundo».

Con amor, desde cualquier parte del mundo Las cartas de los salvadoreños varados

Ilustración de Carlos Aguirre
Ilustración de Carlos Aguirre

Ana Carolina Vidales, varada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Viajó por trabajo.

A mis amores Toto, Titi y Yiya, solamente recordarles: Esto también pasará, y no me refiero al virus, ese vino para quedarse. Los inteligentes estamos aprendiendo a conocerlo, manejarlo y convivir con él. Me refiero a los intereses creados, que se aprovechan del virus sin importar el dolor que causan.

Para algo nos quiere Dios en este momento, lugar y circunstancia. Superémoslo con amor, valentía y agradecimiento por los aprendizajes que enriquecen nuestras vidas. No permitamos que nada ni nadie nos robe la paz. Cada día los amo más y estoy más orgullosa de mis tres obras de arte. Mamá.

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Cristina de Lowy, varada en La Vegas, Estados Unidos. Viajó a visitar a un familiar que sufrió un accidente.

Hola querida familia:

Este día, nuevamente, he despertado con la esperanza de que con suerte pueda haber otro vuelo y me avisen que voy en él. Sé que tengo que trasladarme a otra ciudad porque, si por el momento, solo a los vulnerables nos llevan, somos pocos en esta ciudad, así que tendré que irme donde me indique el cónsul, a quien le hemos estado preguntando tanto, que ya ni nos responde, creo que lo fastidiamos con tanta preguntadera.

Cuando salimos ese miércoles con Geo, nunca nos imaginamos la pesadilla que habríamos de vivir. Ella para el Sur, por su trabajo, yo para el Norte, como un gesto solidario.

No saben cuánto anhelo estar en casa. Después de haberme perdido el cumpleaños de Gaby, 8 años, mi niña. Llorando, la felicité, y me dolió aún más cuando me dijo: «Abuela, es que yo quiero que estés aquí, me haces mucha falta». Esas palabras me dolieron mucho.

Dejarlo a usted solo mi viejo… pero que, gracias a Dios, los dos muchachos decidieron irse con usted a nuestra casa, cuando la cuarentena comenzó, para hacerle compañía, sacrificando sus hogares, y al cuidado y compañía de Fernandita, mi niña de apenas 9 años.

Su alimentación siempre ha sido mi prioridad, porque sé que siempre ha disfrutado de mi cocina.

Mi cumpleaños en esta ciudad, el 13 de abril fue muy triste. Mi familia, aquí, me preparó un desayuno, queriendo hacer el día más llevadero. ¿Cómo poder disfrutarlo si siempre lo hemos pasado al lado de ustedes y el grupo de amigos? Recuerdo la celebración de mis 65 años, una gran celebración como presagiando que este sería tan triste.

Ni recordar quiero el Día de la Madre. Cada llamada era una nostalgia de los tiempos al lado de ustedes.

Hoy pido a Dios me conceda la gracia de estar al lado de ustedes para celebrar el Día del Padre, a ese hombre que se merece toda celebración.

¿Saben lo que haremos al llegar? Abrazarnos, darles los besos que les he mandado en cada llamada telefónica, y cuando termine la cuarentena, reunir a todos los nietos y amistades y agradecer a Dios por mi retorno. Celebraremos el cumple de Geo, Cami, Carlitos y Gaby y celebraremos la vida. Tomaremos también una tarde con el grupo de matrimonios amigos para ir al cementerio y llevar flores, cantarle y despedirnos de nuestra gran amiga, que partió al cielo recientemente sin que pudiéramos verla.

Habremos de requerir de mucho tiempo para hacer los pendientes que tenemos, pero, como siempre les he dicho, quiero al lado de ustedes vivir la vida.

Les amo hasta el infinito.

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Violeta Vergara, varada en Estados Unidos. Viajó por un contrato de trabajo de noviembre a marzo.

A mi esposo, a mis padres y demás familia, porque somos muy unidos: Los extraño demasiado, tanto como ustedes a mí. Es imposible recuperar tanto tiempo lejos, pero que al llegar vamos a pasar tiempo de calidad y a afrontar esta crisis mundial juntos.

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Yesennia Maylett López de Rodríguez, varada con su mamá, su abuela y su hija en Downey, en Los Ángeles, Estados Unidos.

A mis seres queridos en El Salvador:

Les diría lo mismo que me digo todos los días, que los designios de Dios no los entendemos, pero que él siempre busca lo mejor para nosotros. Y pronto estaremos juntos, solo recordando esto como un mal momento de nuestras vidas. 🙁

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Emy Mena, varada en México. Viajó por trabajo.

Nos abrazamos en el aeropuerto sin saber que el próximo encuentro tardaría tanto. Después de más de dos meses, hemos encontrado la manera de sentir que Tijuana y El Salvador están cerquita, desde las videollamadas diarias y en celebraciones de fechas especiales. Pero nada va a reemplazar el calor de sus besos y caricias. He preferido no ilusionarme con la fecha de cuándo estaremos juntas otra vez, pero sí que me he imaginado muchas veces cómo será ese abrazo que nos daremos cuando regrese, por fin, a El Salvador.

Como dice mi papá, las amo desde mi corazón a sus corazones.

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Tatiana Ventura, varada en México con su bebé de un año. Viajó por turismo.

Quiero que este mensaje llegue a las personas que han sido parte de mi vida, que de una u otra manera han aportado un poco para convertirme en la mujer valiente que soy: mi familia.

Yo sé que estamos en tiempos de crisis. El mundo es un caos, pero Dios ha sido fiel en este viaje, que era de una semana y, al final, se hizo de meses. Quiero que sepan que en el camino he conocido a personas buenas, entre ellos [email protected], que han sido de gran apoyo para mí y mi bebé.

Mamá, lamento mucho haberte dado esta preocupación, pero quiero que sepas que estamos bien y algún día vamos a poder regresar. Gracias a mis tías que, también, son como mis madres por estar pendientes de nosotras. Dios bendiga a El Salvador.

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Mirian de Chávez y Carlos Chávez, esposos de 71 y 76 años. Varados en Valparaíso, Chile. Viajaron por la graduación su hijo.

Hola, hija, ¿cómo estás? Nosotros acá, siempre con la desesperación de poder volver. Me preocupa que, en la trayectoria hasta llegar a casa, no lo podamos lograr.

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Alejandro Polanco, varado en Panamá. Viajó por trabajo.

Extraño mucho a mi familia, perderme el primer cumpleaños de mi hijo, sus primeros pasos. ¡Ha dolido mucho! Mucha fuerza y paciencia a mi familia. Me estoy cuidando al máximo para verlos pronto.

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Manuel y Ana de Rivera, esposo varados en Florida, Estados Unidos. Viajaron por trabajo.

Sin lugar a dudas, esta es la situación más difícil que hemos atravesado como familia. Hijos, al no haber alerta de no viajar, ningún caso de virus en el país, no fuimos capaces de prevenir esta situación a la que los hemos expuesto.

Javi, a tus 14 años, estás siendo muy fuerte, saliendo adelante, bien, en el colegio. Estamos muy orgullosos de ti. Manu, empezando tus estudios en la U y apoyando en todo a tu hermano, ahora como un tercer padre. No podemos pedir más de ustedes.

Familia extendida, gracias por su apoyo y oraciones. No perdemos la fe y confiamos pronto estaremos de regreso. Dios los bendice y protege en todo momento.

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Diego Ramírez, 21 años, varado en Nueva York. Viajó por la muerte de su abuela.

Extraño a diario a mi familia. Cada día que pasa es más difícil poder resistir a los pensamientos negativos y a la incertidumbre de no saber cuándo volveré, pero sé que Dios no da las pruebas en vano. Tengo fe en que pronto estaré allá con ustedes Lissette, Carlos, Elsa, Lesly y todos los demás. Los extraño.

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Neidy Rodríguez, 30 años, varada en EUA. Viajó para conocer a su sobrino.

Me siento triste. No menosprecio la ayuda de familia que me han dado, pero esta ha sido una prueba dura. Estar lejos de la tierra uno no lo valora hasta que no puede regresar. Extraño mi cama, mi casa, a mis papás, mi trabajo, a mis amigos. Extraño el calor salvadoreño. Extraño un domingo en casa viendo televisión con mi mamá, debajo de una sábana.

Todos los días me levanto con la esperanza que me llamen para regresar y cada día me acuesto con ansiedad y tristeza. Mi trabajo me genera mucha ansiedad, porque no sé cómo me pondré al día con el trabajo que han continuado haciendo los demás. Si es que la situación no se complica más y ya no lo puedo recuperar, lo único que quiero a estas alturas es regresar. No me imaginé en ningún momento que salir de viaje se convertiría en una situación tan desafortunada.

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Lupy Siu, varada en Plano, Texas, Estados Unidos. Viajó a visitar a su familia.

¡Las palabras que busco no existen, pues mi agradecimiento por todo el apoyo, cuidado, ánimo y amor que he recibido de parte de mis papás, Guille, Gaby, Fiore, mi amada Titi, Astrid, Salomé, Bea, Julio, Patty, en El Salvador, no tiene comparación! Mirna, José Luis, André, Charlie, Coco, gracias por estar conmigo en esta crisis. ¡Los amo! Hoy fue un día menos para estar con ustedes. Ya casi nos vemos. Han estado conmigo 88 días, mil gracias. Sin Dios no hubiera podido resistir hasta hoy, ha sido mi fortaleza.

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Xenia Argueta, varada en Estados Unidos. Viajó por compromisos familiares a sus 12 semanas de embarazo.

Querida familia:

Los extraño mucho. Es difícil perderme de momentos tan importantes junto a ustedes. Cómo quisiera estar ahí en estos momentos que todos necesitamos apoyarnos. También es difícil sentirse vulnerable y hasta desamparado. Te preocupas por no enfermarte y no tener claro dónde te pueden atender, o si vas a tener que pagar mucho. O en el peor de los casos, no poder pagar y necesitar que te atiendan.

Muchos en mi situación ya están cansados y desesperados. Después de casi tres meses sin tener claro cómo es el proceso que siguen las autoridades, muchos buscaron sus propios medios para retornar por tierra, yo ya lo hubiera hecho, pero por mi embarazo y el temor de cualquier emergencia, prefiero seguir esperando, aunque eso signifique tener días con mucha angustia.

Espero que pronto podamos reunirnos, ver qué podemos hacer para apoyarnos en esta crisis, y sobretodo, poder preparar todo para el nacimiento del bebé, ya en casa.

Los amo mucho y los extraño más que nunca. Cuídense mucho. Espero vernos pronto.

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Sandra Argueta de Ramírez y José Roberto Ramírez, esposos varados en Florida. Viajaron por trabajo.

Nos despedimos de nuestros hijos Ale (11) y Mateo (8) en casa. Eran normales los viajes por nuestros trabajos en aviación. Algo pasaba por la mente de nuestros hijos, quienes nos mencionaban una y otra vez que viajáramos juntos, que no querían alejarse de nosotros tanto tiempo; si hubiésemos sabido que pasarían tres meses sin poderlos ver, sin duda solicitaríamos permiso al colegio para justificar su ausencia.

Tantos cambios en este tiempo: para nosotros, estar lejos y quedarnos sin un salario y, para ellos, mudarse con sus abuelos, iniciar solos un proceso de estudio en línea, verse limitados a tantos aspectos tecnológicos que harían difícil su nuevo estilo de estudio; pero, sobre todo, estar alejados de ambos padres en una pandemia que afectaría su salud emocional.

Y llegó el cumpleaños 9 de nuestro hijo menor, el 4 de mayo, una celebración con sentimientos de felicidad y tristeza. Mis padres nos contaron que él hizo una reflexión: «No entiendo por qué mis papás no pueden estar con nosotros en esta pandemia, se supone que el COVID debe unir a las familias y nosotros estamos separados».

Cada vez que Ale preguntaba «¿cuándo regresarán?», manteníamos la esperanza y el positivismo, le decíamos que pronto sería y que no se preocupara, y pasó marzo, abril, mayo y llegamos a junio. Ahora cuando nos pregunta nuevamente, lo único que podemos contestar es: «Esperamos que no tome más tiempo». Si bien es cierto que la tecnología es de gran ayuda para mantener la comunicación, para nosotros se convirtió en la única opción y no en nuestra decisión. Es difícil sobrevivir con incertidumbre, preocupaciones, con mentiras y silencio de nuestro país.

El sueño se ha perdido, nos levantamos y acostamos viendo nuestros teléfonos, esperando un mensaje que alguien diga que podemos regresar, sin ningún indicio que pronto será, pero mantenemos la esperanza que pronto podremos abrazar a nuestros hijos y familiares. Como dice mi mamá: «No digas adiós, dinos hasta pronto». Esperamos que este pronto no tarde mucho en llegar.

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Ana Bea Lazo, varada en Ciudad de México. Viajó por vacaciones.

Mafer, Silvito y Benita:

Nos han violado el derecho a volver, pero todo pasa. Por ejemplo, el gobierno de turno.

ESTO TAMBIÉN PASARÁ.

LOS AMO, siempre suya.

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Carolina Monzón, varada en Houston, Texas, Estados Unidos. Viajó por salud.

Hasta Santa Ana. A mamá Aly:

pronto conocerás a tu nieta Lucía y podremos abrazarnos de nuevo. ¡Te amamos, mamá!

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Sthefanne Amaya, varada en Los Ángeles. Viajó hace tres meses con su madre de 50 años, una señora con hipertensión.

Querida Familia:

Sé que es difícil explicar el simple hecho de estar lejos de casa. Lejos de cada uno de ustedes, de mi hermano y sus locuras; de mi abuela y sus consejos; de mis primos y sus cariños; y el resto de cada uno, más cuando no existe ningún sentimiento que nos ayude a darnos resignación y motivación para afrontar la realidad.

En verdad, es un gran cambio en nuestras vidas y son nuevos desafíos. Sé que podemos llamarnos seguido, enviarnos mensajes para darnos motivación, para que todo esto sea más fácil y nos ayude. Pero la vida no es fácil y los días pasan demasiado de prisa, y no podemos vivir mirando al pasado.

Tomamos decisiones, que en su momento creímos acertadas, y tenemos que apostar por ellas, por lejos que nos lleven. Sin embargo, el estar en estos momentos lejos familia, de ustedes, no significa que nos hemos ido para siempre, tampoco que no nos volveremos a ver.

Los amamos y no dejamos de pensar en cada uno de ustedes, pero muy pronto sentiremos y disfrutaremos un gran abrazo de reencuentro.

***

Karla Reneé (madre), Geovanni (padre) y Geovanni (hijo), varados en Los Ángeles. Viajaron a una visita familiar.

Querida familia. Nunca pensamos que salir de nuestra casa por unos cuantos días se extenderían a casi tres meses de angustia y desesperación. Han pasado los días y el vacío de estar lejos de ustedes se ha incrementado aún más.

Extrañamos todas las cenas en familia, a nuestros mejores amigos y las cosas más simples, como un beso o un abrazo. Nuestro hijo de tres años anhela estar con su hermanito Sebastián y extraña mucho a su papito (abuelo), a su abuela, a sus tías y tíos.

Ha sido un largo calvario, sin embargo, Dios ha sido bueno con nosotros y ha puesto ángeles en nuestro camino que nos han ayudado, tales como familiares, amigos y hasta personas que ni siquiera conocemos. Pero lo que más anhela nuestro corazón es poder regresar a casa con bien, regresar a nuestro amado El Salvador. Esperamos verlos muy pronto y poder abrazarlos de nuevo.

Geovanni, Karla Reneé y Geovanni René.

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Gracia Castaneda de Velásquez, varada en Miami. Viajó a visitar a su hermana y allá cumplió 35 años.

A mi esposo e hijo les quiero decir: Me duele perderme días especiales, como cumpleaños, Día de la Madre y del Padre. Me duele no poder ayudarte con tus clases virtuales en el colegio, así como también me duele no poder apoyarte en tu trabajo, el cual no has parado de realizar, ya que es esencial.

Me duele estar lejos de ustedes tanto tiempo, pero más me duele, no poderles decir cuándo voy a regresar.

Los extraño como no se imaginan y lo único que sé es que esta distancia solamente servirá para unirnos más. Los amo.

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Rebecca Muyshondt, varada en Estados Unidos. Viajó por vacaciones.

Puede resultar difícil estar lejos de nuestros seres queridos, más aún si se trata de estar separados por razones de fuerza mayor y que no podemos controlar. Ha sido un cambio drástico y retador. Con muchos sacrificios para mí, como para ustedes (mi familia). Sin embargo, hoy más que nunca agradezco las pequeñeces de la vida que uno toma por sentado.

Han sido tres meses de reflexión, de positivismo y de agradecimiento y respeto hacia la vida. Jamás olvidaré esta experiencia, creo que ningún ser humano lo hará. Es un año que marcará la vida de muchos para siempre. Solo puedo decirle a mi familia que los amo y espero abrazarlos pronto.

Las vidas que quedan fuera del sistema

Fotografía de Archivo

El cuerpo de Valeria pasó una semana en Medicina Legal. Sus padres no la asentaron en la alcaldía de San Salvador y, sin un documento que respaldara su existencia, su madre no podía retirar su cuerpo de la morgue.

Los funcionarios le propusieron una alternativa. Tenía que presentar un documento de no emisión de nacimiento. Para esto debía, primero, tener las huellas plantares de su hija.

Valeria nació en el antiguo Hospital de Maternidad. Junto con Camila Portillo, activista de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans), la madre de Valeria fue al nuevo Hospital de Maternidad para reclamar el documento, pero el trámite quedó frustrado porque, los servicios administrativos de los hospitales estaban paralizados por la pandemia del covid-19.

Medicina Legal había dado un plazo 15 días para retirar el cuerpo de Valeria. Así que, por medio de Aspidh Arcoíris Trans, se hicieron coordinaciones con el Registro Nacional de las Personas Naturales para que este extendiera, lo más pronto posible, una declaración jurada que comprobara, a los forenses, que la señora que reclamaba el cuerpo de Valeria era su madre.

Una vez el documento fue remitido a la Fiscalía General de la República, la institución dio el aval a Medicina Legal para que entregaran a Valeria. Si este proceso no se hubiera agilizado, su cuerpo hoy estuviera en una fosa común.

Valeria pasó enferma con diarrea y calentura. Murió, a los 24, deshidratada. Su madre gastó el poco dinero que gana del comercio informal para reponerla con sopas y jugos. Antes de que el gobierno declarara la emergencia por el covid-19 y la cuarentena obligatoria, la señora había intentado curarla, la llevó al Hospital San Rafael, en Santa Tecla, pero no quisieron atenderla y tampoco le dieron explicación.

En plena pandemia, Valeria empeoró, pero fue en vano que su madre buscara ayuda en un Fosalud y en la Unidad de Salud del barrio San Jacinto. Tampoco sirvió que le pidiera prestado el teléfono a un vecino para llamar al Hospital San Rafael y suplicar, otra vez, atención para su hija. La respuesta siempre fue la misma: solo atendían emergencias por el nuevo coronavirus.

El 28 de abril por la mañana, la madre de Valeria salió a la calle y paró a un carro patrulla. Hizo que un policía entrara a su casa y pidió, de favor, que le ayudara a llevar a su hija hasta un hospital. El policía llamó a un número y al otro lado hubo una respuesta: que si Valeria estaba muy grave, que mejor muriera naturalmente, ya que estaban enfocados en la pandemia.

Valeria era amiga de Camila. La quería tanto, que hasta le decía mamá. Camila no sabe si aquella respuesta que recibió el agente fue de otros policías o del personal de un hospital. Tampoco sabe si la falta de atención fue por la identidad y expresión de género de Valeria.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

«Hay frustración. Te quedás con esa sensación de impotencia, con ese nudo en la garganta, porque sos parte de la población y también has vivido situaciones similares», sostiene Camila.

En 2016 fueron lanzados los Lineamientos Técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI, vigentes a la fecha y que establecen la atención que el sistema de salud debe brindar a pacientes de la diversidad sexual, especialmente a las mujeres y las mujeres trans.

El documento fue un trabajo entre la extinta Secretaría de Inclusión Social (SIS), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las organizaciones de la sociedad civil. Y, al igual que otras acciones a favor de la población LGBTI, su cumplimiento era verificado por la SIS.

La SIS fue una instancia nacida en el gobierno del expresidente Mauricio Funes y dependía de la Presidencia. A ella estaba adscrita la Dirección de Diversidad Sexual, que tenía entre sus funciones erradicar la violencia y la discriminación contra la población LGBTI en las instituciones públicas.

En el segundo día de su gobierno, Nayib Bukele eliminó la SIS y delegó la Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura, un ministerio que dejó de ser una secretaría en 2018. Con sus nuevas asignaciones, lo único que hizo esta cartera de Estado fue un cambio de nombre. Desde agosto del año pasado, comenzó a llamarse Unidad de Género y Diversidad.

Suecy Callejas, la ministra de Cultura, fue entrevistada por un noticiero antes de ser juramentada como funcionaria. En la entrevista del 8 de mayo de 2019, habló de reformas presupuestarias para el ministerio que preside y de gestionar fondos con cooperantes y empresas, ya que, dijo, solo el 8 % del dinero era destinado a las direcciones que dependen del ramo cultura. El resto se va en pago de salarios.

Pese a la responsabilidad que le conlleva trabajar en la implementación de políticas públicas a favor de la población LGBTI, p ara el año 2020, sin embargo, no hubo mucha variación en el presupuesto ministerial. Solo aumentó $1,283 respecto al año 2019, cuando contó con $20,266,40. Después del Ministerio de Medio Ambiente, Cultura es la cartera de Estado con menos presupuesto.

A un año del nuevo gobierno, la PDDH y las organizaciones LGBTI no conocen las propuestas de políticas públicas que serán implementadas en este quinquenio con respecto a la diversidad sexual.

***

LA MADRUGADA DEL 22 DE MARZO, horas después de que Bukele ordenara la cuarentena obligatoria por el covid-19, dos mujeres trans fueron detenidas en San Salvador, acusadas de violar la medida gubernamental.

Ellas fueron trasladadas al centro de contención del Instituto Nacional de los Deportes, donde también estaban detenidos siete hombres gais. En ese lugar, había un policía que le dijo al grupo que la pandemia era producto de su estilo de vida.

A través de una organización, las víctimas denunciaron el caso a PDDH, quien pidió un informe al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Hasta ahí, la PDDH supo que seguía vigente una de las políticas creadas en el anterior gobierno a favor de la diversidad sexual. Arriaza Chicas respondió que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública continúa aplicando la Política Institucional para la Atención a la Población LGBTI, una iniciativa de SIS, que desde 2018 está a cargo de la actual Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada.

«La pandemia ha visibilizado la desprotección de la que es víctima la población LGBTI, especialmente los grupos más vulnerables, como las personas adultas mayores y las trabajadoras sexuales», sostiene Jessica Torres, referente de la Procuraduría Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

Torres señala que durante la pandemia han observado que la Unidad de Género y Diversidad, del Ministerio de Cultura, a cargo de Keny Rodríguez, no ha tenido un rol protagónico en las acciones que le corresponden.

Sin instituciones que impulsen políticas públicas para sectores vulnerables como la población LGBTI, son las organizaciones las que, dentro de sus limitantes, asumen parte de las funciones del Estado.

De toda la población LGBTI, la personas trans son las más discriminadas por su identidad y expresión de género. En un país como El Salvador, donde aún no es aprobada una Ley de Identidad de Género, ellas no pueden acceder a un nombre que las identifique, a un empleo formal ni a servicios básicos como salud y educación.

Por esto es que, en el caso de la mayoría de mujeres trans, su única forma de ingreso es el trabajo sexual. Otras viven del comercio informal.

Con la cuarentena obligatoria, que comenzó el 22 de marzo y se prolonga hasta el 6 de junio, las mujeres trans han dejado de recibir ingresos. No todas han sido beneficiadas con el bono de los $300 que dio el gobierno a los afectados por la pandemia del covid-19.

Aspidh Arcoíris Trans se ha encargado de entregar canastas básicas a mujeres trans y hombres gais. Cada día, en su página de Facebook, la asociación sube fotografías de las entregas que realizan en diferentes municipios.

El dinero para las canastas proviene de sus donantes, a quienes también les han pedido redireccionar fondos que inicialmente estaban destinados para eventos que se aplazaron por la pandemia, cuenta la directora de la asociación, Mónica Linares.

Desde Aspidh Arcoíris Trans gestionaron la entrega del bono de $300 para 50 personas, entre mujeres trans y hombres gais. No todos pudieron acceder a este beneficio, pero una gran parte de la población LGBTI lo necesitaba.

La PDDH se ha enterado por las organizaciones de la sociedad civil que esta unidad elabora un censo de mujeres trans para darles un subsidio, pero desconoce si el censo ya fue terminado y si el dinero les fue entregado a las mujeres.

Un censo de este tipo requiere un trabajo minucioso, sobre todo porque El Salvador no cuenta a toda su población desde 2007, y, en aquel momento, no se desagregó a la población LGBTI. Los datos referentes a la diversidad sexual son manejados por las organizaciones de la sociedad civil, pues se carece de registros oficiales, incluso sobre hechos graves, como los crímenes de odio.

El 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado para hacer énfasis en la desprotección en la que se encuentra la población LGBTI, y que aumenta, en el marco de la pandemia del covid-19.

«El covid-19 y las medidas adoptadas para contenerlo intensifican las desigualdades y la discriminación. La existencia de leyes de criminalización, por ejemplo, hace que las personas LGBTI sean vulnerables a los abusos de la policía y a los arrestos en detenciones arbitrarias en el contexto de las restricciones de movimiento y toque de queda», indicó la CIDH.

Esta es una realidad de la que no escapa para personas como Valeria. Su exclusión de las políticas públicas ha llevado a que tampoco exista un protocolo estatal de atención durante la pandemia. Quizá si hubiese uno, ella no habría muerto.

La Alcaldía de Ahuachapán designó horarios de salidas para las mujeres y hombres trans de este municipio, y pidió a la PNC y a la Fuerza Armada a respetarlos. Es la única iniciativa que, a nivel nacional y en plena cuarentena, ha sido pensada para este sector.

Además del caso de discriminación en el Instituto Nacional de los Deportes, la PDDH recibió la denuncia de tres hombres trans que cumplían cuarentena en otro centro de contención, en Chalatenango. Estaban en cuarentena en un lugar insalubre y donde también eran discriminados por su identidad y expresión de género.

La PDDH, que en estos días de cuarentena obligatoria tiene la orden de la Sala de lo Constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos, remitió estos hechos al Ministerio de Cultura, pero no hubo mayor respuesta de la Unidad de Género y Diversidad.

«Con llevar esto al Ministerio de Cultura se pierde su enfoque natural, que es eminentemente, de protección a las personas, lo estamos viendo desde un enfoque más cultural», insiste Torres.

Revista Séptimo Sentido solicitó una entrevista con Callejas o Rodríguez para conocer los avances en la Dirección de Género y Diversidad, pero la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Cultura se limitó a decir que están únicamente enfocado en la pandemia.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

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EN MAYO DE 2010, el gobierno del expresidente Mauricio Funes aprobó el Decreto Ejecutivo 56, enfocado en prevenir la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual en las instituciones públicas que dependían del Ejecutivo.

Linares recuerda que hubo una propuesta de decreto que las organizaciones elaboraron que entregaron a Funes. Esta establecía sanciones para la discriminación de la población LGBTI, pero el decreto que el expresidente lanzó las omitió. El documento sigue vigente, lo que sucede es que ya no está la SIS, la encargada de aplicarlo.

El decreto significó una puerta para visibilizar la discriminación contra los miembros de la diversidad sexual, pero aún no existe en El Salvador una ley que sancione la discriminación. Apenas, en 2015, el Código Penal fue reformado, pero para agravar las amenazas y los homicidios cuando estuvieran motivados por el odio.

La reforma se ha quedado en papel, porque de los más de 600 asesinatos que las organizaciones registran desde 1993 a la fecha, solo el de Camila Díaz, una mujer trans asesinada en 2019, ha sido judicializado con este agravante.

El Decreto Ejecutivo 56 fue difundido por la Dirección de Diversidad Sexual en las diferentes instituciones públicas. Durante los gobiernos del FMLN, esta dirección se encargó de capacitar a personal de diferentes ministerios y tuvo una participación en ferias de empleo para la población LGBTI. También creó un índice sobre la inclusión social dentro de las carteras de Estado.

Camila insiste en que hay documentos que no todos los empleados de las instituciones públicas conocen y por esto no saben cómo atender a los miembros de la diversidad sexual desde un enfoque de derechos humanos, sobre todo a las personas trans. Si pasa con el Decreto Ejecutivo 56, que ya tiene una década de vigencia, duda que no pase con otras acciones inclusivas.

La Dirección de Diversidad Sexual llegó, incluso, a contar con una línea telefónica 132, un call center creado en 2017 y que atendía las denuncias del personal de la diversidad sexual que trabajaba en el sector público y había sufrido algún tipo de discriminación.

Ahora este número el gobierno lo ocupa para atender llamadas de personas que padezcan de alguna enfermedad y necesiten movilizarse, aun así, hay personas que no saben de la extensión o que, como la mamá de Valeria, no cuentan ni con un teléfono para pedir ayuda en una emergencia.

En el call center, un equipo daba asesorías y buscaba acompañamiento para las víctimas, ya sea a través de instituciones estatales o a través de las organizaciones. Una función mínima, pero que marcó precedentes desde el Ejecutivo.

«Al desaparecer la Secretaría de Inclusión Social, es como decir: ‘esto no es relevante para este gobierno’, y políticamente pasa a ser una población con una minusvalía desde la respuesta del Estado», señala Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA).

Institución. La Secretaría de Inclusión Social funcionó como una dependencia de Presidencia durante los gobiernos del FMLN.

Sylvia Hidalgo, procuradora Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, señala que, en noviembre del año pasado, el procurador Apolonio Tobar pidió un informe a Bukele y a Callejas para saber qué pasaría con las políticas públicas ya implementadas en gobiernos anteriores y el seguimiento al Decreto Ejecutivo 56. Lo que recibieron fue una respuesta ambigua, no de ellos, sino del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

De acuerdo con Jessica Torres, el gobierno se limitó a justificar que había desaparecido la Dirección de Diversidad Sexual, porque estaba dentro de las facultades del Consejo de Ministros. Y que, basados en la Constitución, habían reestructurado el funcionamiento de las SIS y las otras cuatro secretarias que Bukele desapareció, para que existiera una relación con el Plan Cuscatlán.

El Plan Cuscatlán apenas contempla entre sus iniciativas, y sin una estrategia concreta, eliminar la violencia y discriminación contra personas vulnerables, como la población LGBTI. En ningún apartado menciona la supresión de la SIS.

En su informe preliminar de la visita in loco, entre el 2 y el 4 de diciembre del año pasado, la CIDH lamentó la falta institucionalidad y partida presupuestaria para proteger los derechos de la población LGBTI y la falta de otras iniciativas a su favor. Según la comisión, aunque hay un lineamiento de atención en salud, no hay una política de atención especializada.

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EL MINISTERIO DE CULTURA publicó su Plan Operativo Quinquenal en el Portal de Transparencia, en febrero de este año. El documento se describe como un «insumo de política pública creada para dar cumplimento e incidir en la generación de una cultura pacífica, respetuosa de la diversidad e inclusiva de grupos históricamente excluidos».

Una de las propuestas del plan es fortalecer la Unidad de Género y Diversidad que, a la fecha, según la PDDH, solo cuenta con dos colaboradores para hacer todo el trabajo que le competían a la extinta Dirección de Diversidad Sexual.

Para la formulación de este plan -del que no se especifica un presupuesto- no hubo consulta con las organizaciones de la sociedad civil, aclara Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador. Con él coincide Linares. La PDDH ni siquiera sabía, hasta esta semana, de la existencia del plan. No fue un lanzamiento público.

«Un diagnóstico de lo más básico de las políticas ya existentes era importante incluirlo, porque se ha creado en el aire, de qué ha pasado. ¿Se van a retomar, se van a trabajar? Casi pareciera que este está partiendo de cero», opina Zapata.

Tras conocer que las nuevas funciones del Ministerio de Cultura para este quinquenio, en agosto, la Asociación Amate insistió conocer, por medio de la Oficina de Información y Respuesta del ministerio, cuáles serían las implementaciones de políticas públicas a favor de la población LGBTI y cuál sería el presupuesto asignado para la Unidad de Género y Diversidad.

La asociación nunca recibió el plan. Según consta en diferentes solicitudes de información publicadas en el Portal de Transparencia, la justificación fue que el plan estaba en elaboración. Al inicio, cuenta Zapata, les enviaron el presupuesto generalizado para el ramo cultura, pero después, la Oficina de Información y Respuestas les remitió apartado, en el que aparece que la Unidad de Género y Diversidad funcionará con $8,000 este año.

Una de las propuestas del Plan Operativo Quinquenal es el trabajo en el territorio con extensiones del Ministerio de Cultura, como las Casas de la Cultura y Convivencia. Para esto ha sido asignados $900,815 en el 2020, tan solo $820 más que el presupuesto de 2019.

Es una propuesta que les permitiría tener contacto con las alcaldías y así contabilizar a la población LGBTI que hay en los municipios y sus zonas rurales, dice la activista Linares. Algo de lo que, de acuerdo con Zapata, careció la Dirección de Diversidad Sexual, porque limitó su trabajo a San Salvador.

«Realmente nos estamos preparando para una situación más complicada en cuanto a cómo nosotros ejercemos los derechos», dice Zapata. Sin información oficial es difícil para las organizaciones y para toda la población LGBTI saber qué pasará con el trabajo realizado durante una década. Mientras, habrá más necesidades en una población invisible para el Estado.

Un pie en el desempleo y el otro en el hambre

Fotografía de archivo

Las flores se marchitan en nueve días.

Tardan un día en ser trasladadas desde Guatemala a El Salvador. Otros cuatro, pasan con el vendedor. Y los cuatro restantes son del cliente. Hasta que mueren de mano en mano.

Rodolfo Garay tiene 21 años de contemplar el ciclo de las flores que vende en un local del mercado San Miguelito, en San Salvador. En este negocio, hay fechas pico, como el día de los Difuntos, el día de los enamorados y, claro, el día de las Madres. Cada 10 de mayo, Rodolfo suele vender cerca de 70 ramos, mismos que comienza a preparar con antelación, entre prisas y nerviosismo. El San Miguelito es el mercado de las flores.

Rodolfo, sin embargo, no está en su local y lo que tiene en la mano son flores artificiales.

Los efectos sufridos en la economía mundial por el covid-19 pueden compararse con la crisis económica de 1929. En un ámbito más local, durante las dos últimas décadas, la economía salvadoreña había crecido un 2 %, pero está amenazada. El país será el más afectado de Centroamérica, sostiene Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericana de Estudios Fiscales (ICEFI) para El Salvador y Honduras.

El panorama que plantean los economistas es oscuro. Pero del plan de rescate económico del gobierno salvadoreño aún no se conoce detalles o forma de ejecución. Hasta el lunes 4 de mayo, comerciantes de flores y dueños de pastelerías todavía creían que el 10 de mayo podía ser una fecha para levantarse económicamente. Rodolfo, como muchos otros, buscó ese lunes emprender su propio salvataje y, en una cochera prestada, a una cuadra del mercado San Miguelito, comenzó a vender flores artificiales. En ese momento, la esperanza le daba para creer que las cosas mejorarían.

Con la plata ganada de las flores artificiales, pensaba comprar flores naturales para hacer, quizá no 70, quizá muchos menos, pero haría ramos y los vendería para agasajar a madres de familia. Al teléfono, tenía a un proveedor esperando confirmación del pedido. «Si recibo la flor, la tengo que pagar. Y si no la vendo, la pierdo», pensaba. Al final, no compró, decidió esperar los anuncios que el presidente de la República, Nayib Bukele, haría en cadena de medios el martes 5 de mayo por la noche.

Solo domicilio. En el decreto 22, la modalidad “para llevar” en comercios de comida quedó prohibida. Muchos negocios pequeños no han podido sumarse al formato domiciliar.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas. Con esto en mente, Rodolfo prefirió ser cauto.

El ICEFI estima que en 2020, 126,000 salvadoreños del sector formal e informal quedarán desempleados, solo al tomar en cuenta un mes de paro de labores. Una proyección más alta que del Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), que habla de 95,000 a 110,000 desempleados. Es el doble del desempleo sufrido por el país con la crisis financiera mundial de 2009 y de la que tardó cuatro años en reponerse.

La cadena presidencial de ese martes 5 de mayo sirvió para anunciar más restricciones. Así, quedaron fuera, de tajo, formas comerciales como la modalidad para llevar de los restaurantes, el transporte público, las panaderías que no fuera artesanales, las pastelerías, el transporte de bebidas alcohólicas y carbonatadas y, entre otros, las floristerías. A Rodolfo le vino una mezcla de alivio y angustia. Ya no podría tener su negocio abierto ni con flores artificiales ni con naturales. Eso sí, tampoco tenía una deuda extra porque no hizo el pedido.

Las nuevas restricciones están contenidas en el decreto ejecutivo 22, que paraliza aún más las actividades económicas y que tendrá vigencia hasta el 21 de mayo. «No estamos pensando en la economía, estamos pensando en la salud específicamente. Y estos 15 días son súper necesarios pasar guardados», dijo el secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, en una conferencia de prensa.

Rodolfo ha hecho caso. Hoy, no tiene clientes. No tiene flores. No tiene trabajo. No tiene ingresos.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas.

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La cuarentena para evitar contagios no aplica solo para El Salvador. El covid-19 tiene al mundo detenido. Y este carácter internacional desencadena problemas económicos complejos. Para el economista Castaneda, el alto desempleo previsto se debe a que El Salvador depende del comercio exterior y de las remesas. De acuerdo con las proyecciones del ICEFI, si los ingresos que llegan desde afuera caen en un 20 %, esto se traducirá en la desaparición de otros 71,000 empleos en el año.

Las remesas representan casi la quinta parte de la producción nacional. Y a esto hay que sumarle a los que ya desde antes de la pandemia, no tenían un ingreso fijo.

Pedro Calderón, para muestra, vivía de hacer malabares en un semáforo de San Salvador y estatuas en los pueblos de la Ruta de las Flores. Su madre vendía billetes de lotería. Hoy es imposible que trabajen de lo suyo.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada en 2018, estableció que 354,119 salvadoreños vivían en pobreza y otros 66,755 en pobreza extrema. Los días, para ellos, pintan peor.

En la desesperación por sobrevivir, Pedro y su mamá pensaron que si el alcohol gel era caro en las farmacias, ellos podían hacer uno casero y venderlo mucho más barato. Él buscó tutoriales en Youtube para prepararlo. Al saber el proceso, compró alcohol 90, glicerina y agua oxigenada.

En horas, tenía armada la receta y su mamá salió a vender el producto en pequeños frascos. La solución fue buena, mientras duró. Porque los materiales se acabaron y, cuando quisieron reabastecerse, los precios de los insumos ya habían aumentado de manera escandalosa. El negocio, así, ya no tuvo cuenta.

Antes de la pandemia, para un sector de los salvadoreños ya era imposible cubrir el precio de la canasta básica: $199 para la zona urbana y $145 para la zona rural, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019. Pedro y su familia han estado desde siempre en ese límite.

Cuando ya no se pudo se en la fábrica casera de gel alcohol, Pedro compró dos cajas de guantes a un amigo y, juntos, buscaron a un proveedor de mascarillas para revender los productos.

«Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros», decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

Pedro tiene una motocicleta y la ocupaba para llevar encomiendas. Anunciaba en sus redes sociales que podía hacer viajes por los que cobraba entre $1 y $3. Su mamá, una señora que padece del corazón, salía, en bus, a las 6 de la mañana a vender mascarillas, porque los guantes se agotaron. Se rebuscaban, pues.

Esta familia sabe que, desde el decreto 22, todo aquello dejó de ser una forma viable para percibir dinero. La principal preocupación es que deben dos meses de alquiler la su casa. Están encerrados y la señora no tiene forma de salir a vender, ya que tampoco hay buses. «Ahorita lo que va a tocar es aguantar estos 15 días o hasta donde podamos», dice Pedro.

Personas que dependían de una ganancia al día, como la mamá de Pedro, serán las más afectadas en esta pandemia. La EHPM dice que 118,069 salvadoreños que trabajan en el área urbana viven de ingresos diarios. El 42.49 % vive del trabajo informal, casi la mitad. «El impacto para ella va a ser en el día a día. Si una empresa cierra o disminuye sus operaciones, disminuye lo que demanda a sus proveedores, estos proveedores van a tener que hacer lo mismo con la empresa: empezar a disminuir personal o disminuir operaciones», señala la economista Iris Palma.

El Banco Central de Reserva estima que, con el covid-19, la economía salvadoreña caerá -0.4 %, pero el Fondo Monetario Internacional estima que la caída será del -5.4 %. Estos datos, de acuerdo con el análisis realizado por la UFG, representan aumento de la pobreza. Entre 100,000 y 110,000 hogares van a empobrecer.

«Ante un escenario en el cual la política pública no dé respuesta, lo que vamos a ver son aumentos sustanciales de la pobreza, pero también del hambre», sostiene Castaneda.

Ese martes en que Rodolfo se debatía entre si comprar o no las flores y mientras Pedro pensaba en cómo sacarle el máximo a su motocicleta para hacer mandados, El Salvador entero amaneció con más deuda.

En la madrugada, 56 diputados del bloque de derecha le aprobaron al gobierno un préstamo de $1 mil millones, que se suma a otro aprobado en marzo por $2 mil millones. Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo para la utilización del dinero está la reactivación económica del país, pero públicamente no se ha anunciado cómo funcionarán las iniciativas.

El ICEFI indica que, antes del covid-19, los niveles de deuda del país eran del 72 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero plantea que, con la aprobación de los dos últimos préstamos, la deuda será del 90 %. Y aunque existan deudas aprobadas, no necesariamente el dinero podrá obtenerse en el mercado internacional.

La agencia de riesgo Fitch Ratings advirtió el mes pasado que El Salvador había bajado la calificación crediticia a negativa. Esto se traduce en que carece de confianza para pagar la deuda a los inversionistas.

En la cadena nacional del pasado martes por la noche, Bukele no explicó nada sobre los últimos préstamos ni sobre la ejecución de las medidas económica. Se limitó a coaccionar a las personas para que no salieran de sus casas y condicionó la reactivación económica de diferentes rubros al comportamiento de la curva del covid-19 en estos 15 días.

El encierro es lo que le ha tocado a Rodolfo y a la familia de Pedro. Y ninguno fue beneficiado con el bono de $300 que el gobierno entregó a manera de compensación a familias de comerciantes informales o desempleados afectados por la cuarentena y, para lo que se dijo, había un fondo de $450 millones. El beneficio debía alcanzar a un millón y medio de familias.

Rescate. Los salones de belleza siguen cerrados. Algunos ya habían puesto en marcha una estrategia de venta de certificados para hoy, 10 de mayo, pero esto también se frustró.

«Seguramente se van a ver nuevas expresiones de migración. Mucha gente, al no ver oportunidades en el país, va a decir arriesgarse, pero también se ponen en riesgos indicadores como la gobernabilidad democrática o el mismo tema de inseguridad», apunta Castaneda.

El préstamo aprobado el martes tiene entre sus iniciativas el destino de $100 mil millones para la creación de un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, pero si Rodolfo o la familia de Pedro quieren solicitar la ayuda estatal, deben tener un crédito, en categoría de riesgo A o B, en el sistema financiero nacional o cooperativo.

«Mucha de esta gente recurre, por ejemplo, a usureros. Ahí es donde la política pública, en su formulación, es muy probable que no responda a su práctica. Estas son como las letras pequeñas que pueden modificarse para que sea una política pública eficaz, es decir, que llegue a quien tiene que llegar», menciona Nayda Acevedo, especialista en políticas públicas, quien tuvo acceso al documento de medidas económicas días antes de que la Asamblea Legislativa las aprobara.

El sector informal, agrega Acevedo, es variado en rubros. En él trabajan personas que nunca han accedido a créditos. Sin embargo, la especialista ve esta iniciativa como una oportunidad para que el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) comience mecanismos de diálogo, coordinación y organización para ayudarle, principalmente, a las mujeres. De esa forma no se gestiona la pobreza, sino que se fortalece la capacidad económica de los salvadoreños.

«Es el famoso enfoque de derechos en una política pública: no les des el pescado, enséñales a pescar», insiste Acevedo.

“Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros”, decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

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Andrea Córdova cerró su salón de belleza el miércoles 18 de marzo. Desde temprano, junto a una de sus empleadas, estuvo esperando a dos clientas. Una quería un alisado de cabello y la otra un pedicure con esmaltado permanente. Ninguna llegó. Ninguna le avisó que no llegaría. Tampoco hubo más clientes que la buscaran por redes sociales.

«Al final, ese día, nosotras estuvimos esperando hasta como las cuatro y media para ver si salía alguna clienta y no, para nada, ya era en vano el esfuerzo de movernos. Más era la exposición, el gasto. Ya no me escribían ni por cerca para decirme: ‘mire, quiero cortarme el pelo’, cuenta.

Las ventas ya venían malas. Así que antes de cerrar el negocio, Andrea acordó con sus tres empleadas que no irían juntas al salón, porque ya no había demanda. Bastaría con que se turnaran para que solo una la acompañara. El plan se acabó ese 18 de marzo.

Por no tener ingresos, Andrea dejó de alquilar la casa en la que vivía y se mudó con su mamá. Es madre soltera de una niña y no podía sostener los gastos. Debe el alquiler del local que usaba como salón y los dueños le están cobrando el arriendo.

Andrea intentó, como Rodolfo y como Pedro, impulsar su propio plan de rescate. Así, ideó vender servicios a futuro. Creó certificados de belleza como regalo para las mamás, que podrían canjear para «cuando todo volviera a la normalidad». A inicios de la semana, todavía abrazaba la esperanza de venderlos y, el domingo, enviarlos a domicilio, a manera de regalo sorpresa. El decreto 22 desbarató, también, este plan.

La Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2017, a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), establece que de las 317,795 unidades económicas tomadas en cuenta, el 60.76 % se cataloga microempresas, negocios, al igual que el de Andrea, compuestos por entre 1 y 10 personas.

Solo tras solicitarlo dos veces, Andrea fue beneficiada con el bono de $300 que dio el gobierno, pero no todos en su rubro corrieron con esa suerte. Representantes de los salones de belleza se reunieron con Rolando Castro, el ministro de Trabajo, y le pidieron que les ayudara con el bono, pero Castro les dijo que ya no había dinero. Lo que sea que quede del fondo de $450 millones ya no está disponible para gente como los colegas de Andrea.

También le pidieron canastas básicas, ayuda económica para los empleados y acceso a créditos con procesos simplificados. La reunión fue a finales de abril y nada de lo solicitado se ha cumplido aún.

El gremio está a la espera de qué podrá hacer con el plan económico aprobado al gobierno. Para optar a este beneficio, Andrea tramitó esta semana el registro de su salón como micro empresa.

La Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador hizo una encuesta, a inicios de abril, para tener un diagnóstico de la situación de 1,009 empresas. El 43.8 % de las empresas encuestadas eran micros.

De todas las empresas que participaron, el 94.70 % dijo que sus ventas habían disminuido por la cuarentena obligatoria. 37.9 % respondió que sus ventas habían caído totalmente y un 23 % aseguró que, si la cuarentena seguía desde esa fecha hasta cuatro semanas más, decidiría suspender operaciones o reducirlas.

Las empleadas de Andrea esperan encontrar su trabajo después de la cuarentena. Ella no sabe cómo van a estar las ventas cuando abra el salón. Quiere reponerse ofreciendo servicios de belleza a domicilio.

Negocios cerrados. La canasta básica cuesta $199 para la zona urbana y $145 para la zona rural, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019. Cubrir este gasto sin ingresos es complicado para los comerciantes.

«Todos los días hay despidos, obviamente, es normal en la empresa. Pero nunca, me atrevo a decir, hemos visto en los últimos 10-15 años, una amenaza tan grande para las empresas para cerrar operaciones. Y no va a ser por un tema de modelo de negocios, va a ser un tema de ‘no logré sobrevivir a la pandemia’. Y muchas empresas, lamentablemente, se van a ir por ese lado», advierte Palma.

La economista señala que las características de informalidad de las micros y pequeñas empresas las vuelve vulnerables a morir rápido, a diferencia de una mediana o gran empresa.

Una parte del paquete medidas económicas que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno es la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que establece la creación de un programa de subsidios para las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por el covid-19 y cuyos patrones estén registrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

En el ISSS cotizan 1,030,865 personas, según la última actualización de patronos y trabajadores, que es de diciembre de 2019.

Para el subsidio, administrado por Bandesal, serán destinados $140 millones y el banco podrá darle a las empresas hasta $500 por empleado.

Andrea y sus tres empleadas no cotizan en el ISSS, y para este beneficio del gobierno, las empresas deben tener registradas en el seguro a 100 empleados, o menos, en el plazo que abarca de diciembre del año pasado a febrero de este año. También deben haber reportado ingresos anuales menores o hasta por $7 millones, entre 2018 y marzo de 2020.

A Castaneda la parece que con esta propuesta CONAMYPE tuvo que haber jugado un rol protagónico para identificar a las empresas y no dejar de lado a las empresas del sector informal. «(Pudieron) establecer no solo líneas de crédito, sino fondos no reembolsables que pudieran haber sido en unas cuantías muy pequeñas, porque recordemos cómo funciona el sector informal en nuestro país, las cantidades que manejan son cantidades muy pequeñas», detalla Castaneda.

Aunque esto puede significar ayuda para algunas empresas, Palma sostiene que las medidas económicas llegaron tarde, porque la gente puede abrir sus negocios cuando se levante la cuarentena obligatoria, pero no hay garantías de que comiencen a operar. Tendrán que hacer la solicitud de crédito a Bandesal, si es el caso, y esperar a que les aprueben los fondos.

«Yo entiendo que la prioridad es la salud, pero, realmente, de hambre también la gente muere», precisa.

Lilibeth inició, en febrero, con una venta de comida sobre el bulevar Los Héroes. Para montarla invirtió sus ahorros y ya comenzaba a tener clientes. La pandemia la obligó a cerrarla y también a cerrar un puesto de comida que tenía afuera de la Universidad de El Salvador. Sin oficinas funcionando y sin estudiantes que le compraran, era imposible sostenerse, y lo será hasta que termine la cuarentena.

«Hay personas que necesitan ingresos o que su dinámica de consumo y de gastos depende de ingresos continuos, aunque bajos, pero continuos con el tiempo», explica Saira Barrera, economista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Barrera señala que desde un inicio de la cuarentena no fue claro el tiempo de su duración, pero que El Salvador pudo haber atendido la extensión a partir de la experiencia de otros países que atraviesan la pandemia. No haberlo pensado, dice la economista, puede reducir la efectividad de algunas medidas que el gobierno piensa implementar o la ampliación para que lleguen a sectores que, quizá, en otros momentos no habrían necesitado de ayuda. Hubo empresas que podrían parar operaciones 15 días o un mes. No más.

Lilibeth también es actriz y el de los artistas es otro de los sectores más afectados por la cuarentena. Con espacios artísticos cerrados y la prohibición de la aglomeración de personas, no devenga nada del arte.

Confinamiento. Sin transporte público, la movilidad se redujo de forma drástica. La EHPM de 2018 establece que 118,069 salvadoreños que trabajan en el área urbana viven de ingresos diarios. Con el confinamiento obligatorio, ellos son de los más vulnerables.

Ella está gastando los pocos ahorros que le quedan para sobrevivir y consume parte de los insumos que compró para sus negocios. Las deudas, sin embargo, no paran. Tiene que pagar recibos y adeuda el alquiler del local donde montó el comedor. La dueña de este local ha sido consciente y no le ha cobrado el alquiler en el tiempo que tiene sin trabajar. Pero esto no es una condonación, más adelante, tendrá que liquidar.

Barrera espera que la Asamblea Legislativa haya contado con un plan o un mapeo de los montos destinados a cada uno de los programas propuestos por el gobierno, para que así se justifique por qué el dinero va a estos rubros y no a otros. Porque con base a los datos de cotizantes del ISSS, dice, los sectores donde hay más empleadores son las maquilas, restaurantes, comercio, agencias de empleo y el sector de enseñanza.

Lilibeth no sabe qué hacer cuando la cuarentena termine. Hay gente que le aconseja que busque otras opciones de venta, como la entrega de comida a domicilio. Al valorarlo, esto significa más costos y un riesgo de inversión.

«Es preocupante, porque digo: ‘tengo que tomar decisiones en cuanto a qué se va a hacer’, porque no es que levanten la cuarentena y todo va a regresar a la normalidad», dice.

Y, por ahora, todo un ejército de comerciantes está en las mismas. Lilibeth, sus colaboradores y proveedores – así como también Rodolfo, Pedro y Andrea- están haciendo malabares con un pie en el desempleo y otro en el hambre.

Sobrevivir a la pandemia y al agresor

Ilustración
Ilustración de Moris Aldana

Elena aprovechó la única oportunidad que tuvo para salir de su casa y denunciar la violencia que sufría de parte de su pareja. En otras circunstancias, esto quizá tampoco hubiera sido fácil por las represalias que él podría haber tomado, pero esta vez se sumaba otro miedo: que los policías o militares la detuvieran por salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria y el estado de excepción.

Así que, el 30 de marzo, el día que miles de salvadoreños acudieron a las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios para saber si cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de los $300 del gobierno, Elena se contactó con su familia y pudo llegar a un juzgado para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar y solicitar medidas de protección.

El Salvador vivió del 14 de marzo al 13 de abril un estado de excepción ante la emergencia del covid-19. El Ejecutivo buscó prolongarlo sin encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, porque uno de los puntos que lo diputados discutieron fueron los abusos atribuidos a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en las calles.

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena obligatoria para todo el país y luego la extendió por 15 días más. Esta cuarentena ordena que, a excepción de funcionarios públicos, periodistas y trabajadores de ciertos rubros, solo un miembro de la familia tiene permitido salir de casa para realizar compras. Pero no siempre es la misma persona la que puede hacerlo.

Elena –que no necesariamente se llama Elena- dijo en el juzgado que, con el encierro, estaba prácticamente privada de libertad y que la violencia que ya sufría por parte de su pareja había aumentado. Tras el trámite, logró irse con su familia y salir de aquel lugar que se le había vuelto más hostil.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

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LA NECESIDAD OBLIGÓ a Silvia Yesenia Menjívar a no quedarse en casa. El pasado 31 de marzo salió de la casa de un familiar, donde trabajaba cuidando niños, y regresaba a la suya.

Fue la última vez que la vieron con vida en Carasque, en Nueva Trinidad, Chalatenango, el cantón en el que ella vivía. Al día siguiente, su cadáver apareció en un predio de esta zona rural.

Menjívar tenía 25 años, y aunque nunca denunció el acoso sexual constante que sufría de Francisco Alberto, la titular de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina de Ortega, dice que hay pruebas para acusarlo de su feminicidio agravado.

Alberto fue capturado tres días después del crimen y ya fue enviado a prisión preventiva.

En el periodo de emergencia por el covid-19, el caso de Menjívar es el único tipificado como feminicidio, pero han sido asesinadas otras tres mujeres. Los asesinatos se investigan bajo el protocolo de este delito, apunta De Ortega.

Ilustración de Moris Aldana

De acuerdo con los datos consolidados por la FGR, desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, las sedes fiscales recibieron un total de 198 denuncias. Dos son por intentos de feminicidio y las restantes por cuatro de los 11 delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV). El 88 % de los casos es por expresiones de violencia.

La FGR también reporta 75 denuncias por violencia intrafamiliar, un delito regulado en el Código Penal y que se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres que tienen que estar obligadamente con su agresor, porque buscar un refugio como el que buscó Elena, en esta pandemia, no es posible para todas.

En situaciones de riesgo y desastres, la LEIV obliga al Ministerio de Gobernación, del que depende el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a tomar medidas de atención y prevención de violencia hacia las mujeres por su condición de vulnerabilidad.

El sistema tiene una comisión nacional encabezada por el ministro de Gobernación, en este caso, Mario Durán, y la componen directores de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). Además de comisiones departamentales, municipales y comunitarias, para operar a nivel nacional, y que involucran a gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios.

A casi un mes de la cuarentena, y a casi un año de un nuevo gobierno que se presentó como paritario, en El Salvador sigue sin existir un plan o una política pública para atender a las víctimas de violencia de género en la emergencia del covid-19. La ausencia de esta atención especializada y obligatoria para el Estado tampoco ha llevado a que la entidad rectora de la LEIV, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la demande, al menos públicamente.

Lo que sí ha hecho ISDEMU es lo mismo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil: una campaña en redes sociales para que las mujeres denuncien si sufren violencia, por medio de números telefónicos o por chat de Whatsapp. Y ofrece asesorarlas y darles acompañamiento psicológico o legal.

«El Ejecutivo, a través del ISDEMU, debe prever estas situaciones, debe crear mecanismos eficaces para que la mujer víctima de violencia denuncie. El 911 probablemente no le sea eficaz, porque la policía probablemente llegue o no llegue», asegura una jueza Especializada de Instrucción de la Mujer que prefirió no identificarse.

La jueza insiste en que debe existir mayor comunicación entre las instituciones estatales e informar sobre las casas de acogida para las mujeres que sufren violencia, un programa coordinado y supervisado por el ISDEMU. No deja de lado que el Órgano Judicial también debe innovar para que, si un juzgado ya ha terminado su jornada laboral, pero una mujer necesita medidas de protección, estas puedan ser otorgadas de forma inmediata.

El decreto de emergencia nacional, que los diputados aprobaron el 14 de marzo y extendieron por 15 días más el pasado jueves, suspende algunas labores en las sedes judiciales, pero permite que los juzgados den a las mujeres medidas de protección por casos de violencia. Ellas pueden llegar a pedirlas a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana; y en los juzgados de paz de cualquier municipio.

El principal problema de los juzgados especializados es que están saturados de trabajo. Mientras que, aún en días normales, hay juzgados de paz se niegan a otorgarles las medidas de protección a las víctimas.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

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EL 8 DE ABRIL, EL ALCALDE DE SAN MARCOS, Fidel Fuentes, publicó una foto con María Antonia Sánchez, en su cuenta personal de Facebook. Sánchez sonreía al lado del alcalde.

Ella era una lideresa del cantón Casa de Piedra, de ese municipio, y la foto donde aparecía era para denunciar su asesinato, ocurrido cerca de su casa. A ella se le pudo llamar por su nombre, quienes la quisieron pudieron contar su historia con ella.

Pero, horas antes de la publicación del alcalde, apareció el cuerpo de otra mujer. Ella, a diferencia de María Antonia, no fue identificada por falta de documentos. El cadáver fue encontrado en el kilómetro 3 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. La víctima, dijo la PNC, tenía señales de estrangulamiento.

El 7 de abril fue encontrado el cadáver de otra mujer en un barranco, sobre la carretera a Talnique, en La Libertad. La víctima tampoco portaba documentos y no fue identificada.

El último informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, con datos de enero a junio de 2019 y elaborado por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contras las Mujeres, dice que durante ese periodo hubo 21 casos de violencia física y 17 casos de violencia sexual por día y sumaron 3,138 en el semestre. En un 49.1 % fueron cometidos en domicilios particulares y 67 % de las víctimas fue menor de edad.

«En emergencias suele elevarse la violencia, precisamente por este control que tienen los agresores sobre las víctimas. Porque a mayores periodos de convivencia, mayores prácticas de abuso. Esta es como un medición matemática que han dado los periodos vacacionales y los fines de semana», sostiene la abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

ORMUSA tiene un observatorio de violencia y un Centro de Atención Legal que ha activado en esta emergencia para recibir denuncias. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril, recibió 149 denuncias por hechos como violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, sexual y laboral. En un mes normal, señala Juárez, la organización reporta 30 denuncias, lo que significa que durante el encierro hay un incremento de más del 70 % en menos de un mes.

La organización ha monitoreado el trabajo de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer y los juzgados de paz. Los primeros, dice Juárez, han recibido denuncias, e incluso, la jueza del tribunal ubicado en San Salvador y que puede conocer casos de siete departamentos del país, ha activado un número para Whatsapp y notifica documentos por correo electrónico. Sin embargo, hay juzgados de paz que se han resistido a tomar denuncias.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

La FGR informó el 7 de abril que las denuncias por violencia de género habían bajado en la institución. Juárez enumera tres razones por la que esto pasa: por el miedo que tienen las mujeres a ser detenidas por la PNC si salen de sus casas; las mujeres piensan que aunque logren denunciar, la denuncia no va a ser relevante en medio de la emergencia; además de pensar que las instituciones donde pueden denunciar están cerradas.

Durante la cuarentena obligatoria, Argentina lanzó el 1 de abril una campaña contra la violencia de género. Se llama «Barbijo Rojo» y consiste en una línea de emergencia que las farmacias activan cuando una mujer llega y pide una mascarilla roja, lo que se traduce en una ayuda para interponer una denuncia.

Ilustración de mano con símbolo de la mujer
Ilustración de Moris Aldana

En El Salvador hay instituciones con servicios irregulares para atender las denuncias, como la Procuraduría General de la República y la FGR. No ha sido el caso de las sedes de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER), de la PNC, según Juárez. Lo que ha permitido que sea la PNC la que se desplace a la casa de la víctima para tomar una denuncia o para movilizarla a que la haga.

Juárez destaca la falta de un plan de seguridad para las mujeres que salen a las calles, cuando culturalmente ellas son las delegadas a salir por comida o trabajar. Y ahora, dice, se enfrentan a territorios solitarios en los que, a veces, tienen que caminar largos tramos, lo que las vuelve vulnerables. Como ocurrió con Silvia Yesenia Menjívar.

Por esto, la abogada cita el caso de Panamá, que también ha ordenado una cuarentena obligatoria, pero ha asignado días para que los hombres o las mujeres salgan a las calles. «Es una situación extrema, pero, la verdad, es que en situaciones extremas, aplican medidas de esta naturaleza, sabiendo las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres tienen», señala.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, del 21 de marzo hasta el pasado lunes, 149 casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza cometidos por la PNC y la FAES.

Las falta de planes y protocolos de atención para las mujeres en la emergencia por el covid-19 y las denuncias por los hechos de violencia contra las mujeres han sido constantes en las redes sociales por parte del movimiento feminista y defensoras de derechos humanos. El 9 de abril, a las 6 de la noche, hubo una convocatoria para escribir mensajes en Twitter por medio de la etiqueta #ElFeminicidioNoEstáEnCuarentena.

El pasado 22 de marzo también la activista Morena Herrera preguntó, en Twitter, al presidente Bukele sobre los datos de homicidios y feminicidios, luego que él publicara un mapa mundial que mostraba la propagación del covid-19 e indicara que ya había iniciado la Tercera Guerra Mundial.

«¿No hay? «¿No se cuentan?», cuestionó Herrera sobre los crímenes. Bukele retomó su tuit y dijo que marzo llevaba las cifras más bajas de homicidios en la historia del país. «Si no he tuiteado sobre eso, es porque enfrentamos una amenaza mucho más grande en estos momentos. Una amenaza que muchos no han logrado comprender», le contestó.

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EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS de la cuarentena obligatoria, ORMUSA intentó referir dos casos de violencia al ISDEMU, pero no pudo, porque las llamadas a la línea de atención no salieron. La organización se enteró, no por el instituto, sino por otra persona, de que, para entonces, la línea había tenido fallas técnicas, recuerda Silvia Juárez.

Los servicios de ISDEMU son los que menos ocupa ORMUSA, cuenta, ya que el instituto se limita a asesorías. La organización se respalda más de las UNIMUJERES, ya que estas acompañan a las víctimas en trámites de denuncias y, si es posible, hasta al Instituto de Medicina Legal.

Juárez agrega que otra de las preocupaciones en esta cuarentena obligatoria son las menores víctimas de incesto que están viviendo en el mismo lugar con su agresor.

En ORMUSA envían boletines con información dosificada sobre el comportamiento de la violencia de género a las lideresas que están organizadas en los territorios y que saben qué mujeres están vulnerables a la violencia en estos lugares. Lo hacen a través de Whatsapp para que ellas repliquen con otras los mensajes, tomando en cuenta las implicaciones que traería para las mujeres que viven junto a un agresor si estos se enteran que ellas atienden llamadas o ven videos con esta información.

Mariana Moisa es antropóloga y trabaja en la Colectiva Feminista y en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones que han habilitado un teléfono para atender denuncias y brindarles a las víctimas atención psicológica y jurídica.

Hasta el 8 de abril, tras dos semanas de haber habilitado el teléfono, ya contaban 15 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica, cuando, por lo regular, en un solo mes, atienden un aproximado de 30 casos. Moisa señala que han recibido avisos de mujeres que dicen que en la FGR no están tomando denuncias, con la excusa de que están en una emergencia. «Lo que vemos es violencia estructural. Es más evidente en este momento y es más evidente frente a la nula política con enfoque de derechos humanos, quitale enfoque de género. De derechos humanos, lo más básico», indica la antropóloga.

Revista Séptimo Sentido solicitó estadísticas sobre el número de denuncias recibidas en la emergencia por el covid-19 en el ISDEMU, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta de la encargada de Comunicaciones. Tampoco hubo respuesta del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, a la solicitud de entrevistar al ministro de Gobernación, Mario Durán; y a la presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU, María Soledad Briones.

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UNA JOVEN ESCRIBIÓ DESESPERADA a la página de la Colectiva Amorales para denunciar la divulgación de fotos íntimas suyas en una página de internet. A ella le habían robado el teléfono y sabía quién había subido las fotos. La colectiva le dio asesoría jurídica, pero cuando la víctima llegó a uno de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ahí le dijeron que solo estaban recibiendo denuncias por casos más graves, dice la abogada Lissania Zelaya.

«¿Cómo calificás un caso grave? La violencia contra las mujeres nunca ha sido un caso grave. Hasta que ya te ven muerta es un caso grave», cuestiona la abogada.

Zelaya también se refiere al caso de una joven que se enteró, en esta emergencia, que su pareja, quien vive en su misma colonia y con quien tiene una hija, difundió fotos suyas en una página web, porque estaba enojado con ella. La víctima, expone Zelaya, quiso denunciarlo, pero al llamar a UNIMUJER y al ISDEMU, no obtuvo respuesta.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

«En pandemia pueden aumentarse estos casos por el confinamiento. Muy probable es que se capten fotografías y luego existan rupturas (entre las parejas)», aclara la jueza que habló con esta revista, para quien la FGR necesita peritos idóneos para resolver los delitos cibernéticos contras las mujeres y así encontrar los nexos entre quienes conforman estas redes.

A las denuncias por delitos cibernéticos que la Colectiva Amorales ha recibido, el 13 de abril se sumó una por el allanamiento ilegal de morada que sufrió una joven por un grupo de siete policías y militares, la noche del 13 de abril.

Ese día el gobierno publicó el Decreto Ejecutivo 19, que avala que personal del Ministerio de Salud, no de seguridad, entre a las casas para que evalúen las medidas sanitarias por el covid-19. El decreto ya ha sido rechazado por algunos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y por la PDDH, pero el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que sustituye al régimen de excepción.

Zelaya señala que, en una sociedad diversa como la salvadoreña, hay condiciones de vulnerabilidad para las mujeres de todas las edades, pero que para atender necesidades específicas de toda una población existe un gabinete de gobierno que también puede estar en comunicación con el ISDEMU y así crear los mecanismos de atención. Sin embargo, es algo que por hoy no existe.

Todavía faltan dos semanas para que termine la cuarentena obligatoria. Con el encierro habrá más mujeres intentando sobrevivir a la pandemia y al agresor que tienen a su lado. Y no todas tendrán la oportunidad para denunciarlo como lo hizo Elena.

Volver a El Salvador aún no es una posibilidad

Ilustración de Moris Aldana

Ernesto viajó el 28 de febrero a San José, la capital de Costa Rica, porque de su trabajo lo mandaron a capacitar a personal de cocina para una cadena de bares. Él es jefe de cocina en un bar de San Salvador e iba por un mes y medio a enseñar nuevas recetas. Luego, le alargaron su estadía.

La empresa le daba viáticos y también le pagaba un hotel, pero con la declaratoria del COVID-19 como pandemia y su avance por Centroamérica, el local costarricense donde estaba Ernesto paró operaciones. Así que, de un día para otro, le dijeron que volviera a su país, pero El Salvador ya había prohibido el ingreso de vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y la entrada terrestre en sus fronteras.

A pesar de que la empresa le buscó alojamiento en la casa de un compañero, Ernesto dejó de recibir viáticos y hoy ya no sabe cómo volver el 25 de abril, cuando tenía programado su vuelo. Su compañero está por mudarse y, al menos, le ha dicho que puede seguir alojándolo en la casa de su mamá.

Cuando supo que tenía que mantenerse por su cuenta en el extranjero, Ernesto, desesperado, gastó los $30 que le quedaban de viáticos para comprar provisiones -que no le alcanzaron para mucho por lo cara que es la vida en Costa Rica- y ya se acabó sus ahorros para sobrevivir. «Tenía un poco ahorrado, ya no tengo nada de eso. Ya me toca quizá prestar en El Salvador, tal vez mi esposa puede rebuscarse», dice en una llamada.

Si no recibe ayuda de su empresa para comprar un boleto de regreso, tiene que buscar de dónde sacar el dinero. No pide volver en avión, está dispuesto a viajar 23 horas en bus con tal de estar de nuevo en el país. Acá no tiene garantizado su sueldo. Parte del equipo de la empresa que lo envió como capacitador, está sin trabajar por la emergencia y algunos compañeros le contaron que no recibieron su última quincena.

Sin pensarlo y en cuestión de horas, una pandemia hizo que Ernesto se quedara sin país. Ha pasado lo mismo con miles de salvadoreños que están varados por el mundo, después de que el 17 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunciara el cierre, sin avisar con tiempo, el Aeropuerto Internacional para los vuelos comerciales. Seis días antes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una pandemia, ya había comenzado a restringir el paso por las fronteras.

Desde entonces, los salvadoreños que no pudieron volver han tenido que pedir alojamiento donde amigos o conocidos, gastar sus ahorros o prestar dinero. Los gastos de algunos de los que viajaron por trabajo están siendo asumidos por sus empresas o instituciones. Otros ya ni siquiera tienen trabajo y no pueden costearse alquileres.

Los hipertensos y diabéticos no tienen forma rápida de comprar medicinas en el extranjero y no pueden darse el lujo de dejar de tomarlas, como para esperar que les sean enviadas desde la Cancillería de la República. Hay padres pensando en sus hijos, hijos pensando en sus padres o abuelos que viven solos la emergencia en El Salvador.

Ninguno de los que salió imaginó que la ropa que traían para unos días, se convertiría en la ropa que repetirán por semanas. Que la cargarían sucia hasta encontrar un lugar donde lavarla o donde les prestaran mudadas, porque si no era el caso, había que comprar más. Se alejaron del clima tropical y se han enfrentado a cambios de estaciones climáticas, que también exigen cambios de ropa y medicamentos para las alergias.

Ilustración de Moris Aldana

A comienzos de marzo, nadie advertía una pandemia en los aeropuertos de América. Tampoco las aerolíneas advertían sobre los riesgos de viajar. Lo que sí se advertía era a mucha gente con mascarillas intentando estar lejos de otras mientras esperaban vuelos, y afiches del COVID-19 en los pasillos de los aeropuertos.

Para los salvadoreños que viajaron, el virus aún estaba lejano, pero se iba expandiendo. No pensaron que el contagio sería veloz en América y que al terminar un tour, un taller o la visita donde un familiar, deberían asumir las consecuencias de la pandemia en países ajenos, en los que no existen. En un países donde los hospitales ya están abarrotados por enfermos de COVID-19 o donde contagiarse implica mucho dinero para gente que está con lo justo o simplemente ya no tiene cómo sobrevivir.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 27 de marzo que 3,450 salvadoreños habían solicitado ser repatriados. Este ministerio ha publicado en sus redes sociales un formulario en el que pide los datos de los varados y las principales necesidades que tienen, pero la información solo sirve para hacer un censo.

Hay embajadas que, a partir del formulario, comenzaron a contactar a los salvadoreños y los metieron a grupos de Whatsapp, como la de El Salvador en Argentina. A los 16 salvadoreños en el grupo nos han ofrecido alojamiento en su sede y, si es necesario, colaboración para medicinas o alimentos.

Argentina está en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo y la ha prorrogado hasta el 13 de abril. Las calles de su capital, Buenos Aires, están vacías y la policía las patrulla a toda hora. Si no hay forma de justificar por qué uno anda en la calle, lo llevan detenido. Solo están abiertas las tiendas, las ventas de comida, farmacias y supermercados.

Los salvadoreños varados en este país, estamos en cuarentena, y al llegar allá estamos conscientes que tenemos que cumplir la cuarentena obligatoria en albergues y someternos a la prueba del COVID-19. Son casi dos meses los que estaremos lejos de nuestras casas, uno en retornar, si el aeropuerto abre cuando termine la emergencia. Otro en pasar en un albergue, si el gobierno no reduce los días de aislamiento.

La de Argentina no es la única embajada que se ha acercado a los varados. La semana pasada, la Embajada de El Salvador en México tuvo una reunión con el grupo de más de 70 salvadoreños que no pudo salir de ese país.

Los salvadoreños plantearon dos formas de volver: por medio de un vuelo humanitario desde México a El Salvador o hasta Guatemala. Si llegan a Guatemala, pidieron que sea el gobierno salvadoreño que los traslade por tierra y ellos se someterán a la cuarentena obligatoria.

«No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste», lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

Él es uno de los cuatro salvadoreños que fueron delegados para reunirse con el embajador y exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien se comprometió en hacer llegar las peticiones a El Salvador. No hubo resultados, pero sí lograron recibir los kits de limpieza y comida que, hasta el pasado martes, no les eran ofrecidos.

Lo que más les preocupa a los varados en México es que los hoteles pequeños y baratos están cerrando por la pandemia y que, al igual que Nicaragua, el gobierno mexicano no ha tomado las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 y los contagios pueden expandirse. El viernes había 1,500 contagiados.

Lo único que todos tenemos claro al cierre de esta edición es que no hay vuelos humanitarios desde El Salvador. El aeropuerto sigue cerrado para vuelos comerciales, lo que no ha impedido que países como España y Estados Unidos ya mandaran a repatriar a sus ciudadanos.

Entre los decretos que la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del paso miércoles estaba uno transitorio para permitir el regreso de los salvadoreños por vía terrestre, aérea o marítima, de acuerdo con la capacidad en los albergues y protocolos de atención y protección elaborados por el Ministerio de Salud.

El decreto establece que El Salvador facilitará el retorno de los varados, sin importar su condición migratoria, pero los diputados señalaron que son ellos quienes deben pagarse el regreso.

Bukele ya dijo el jueves que los decretos aprobados en la plenaria no tienen su sanción. «ACLARACIÓN: NINGUNA de las reformas o decretos aprobados ayer por la @AsambleaSV cuentan con mi sanción y por lo tanto NO TIENEN VIGENCIA. Cualquiera que, basado en información tendenciosa, intente violar la ley ‘amparándose´ en un decreto no vigente, será sancionado», publicó en Twitter.

El viernes, la canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, canceló una reunión ya acordada con los diputados para discutir el tema. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter se limitó a mencionar al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y decirle que no tenía sentido reunirse, porque la Asamblea Legislativa había aprobado el decreto sobre los varados sin la opinión técnica de Cancillería y que esta seguirá coordinando con el Centro de Operaciones para la Asistencia Consultar Remota -el centro en el que les atienden- . Ahí, dijo Tinoco, los diputados «pueden llegar».

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, dijo esta semana que el Aeropuerto Internacional recibirá vuelos comerciales con pasajeros hasta el 19 de abril, fecha en ya estaría levantada la cuarentena obligatoria. Sin embargo, Anliker dijo que deberá esperarse la evolución del COVID-19 y qué decisiones tome el gobierno.

Ante la falta de respuesta, los varados comenzaron a buscar soluciones para volver, a través del grupo de Whatsapp que se llama «Salvadoreños en el exilio» y que suma más de 230 miembros. En el grupo se difundió la iniciativa de presentar un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para poder retornar, y mientras hay un fallo, ya coordinan gestiones de retorno.

La madrugada del jueves, el abogado José Ascencio Marinero presentó el amparo en nombre de casi 200 varados. Pidió que el gobierno gestione vuelos o formas alternas de retorno, por medio de sus consulados. Aunque solicitó vuelos humanitarios, aclaró que los salvadoreños están dispuestos a pagar su vuelo.

Expuso también que los varados se someterán a la cuarentena obligatoria y, de ser necesario y si el gobierno lo autoriza, pueden comprar las pruebas del COVID-19. Una opción para hacerlo es en un laboratorio de Miami, Estados Unidos, donde la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), cuesta aproximadamente $35.

“No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste”, lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

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Romeo Esquivel está a cinco horas de El Salvador, esperando a que abran las fronteras para regresar desde Guatemala. Pero espera que, al volver, los 30 días de cuarentena obligatorias impuestos por el gobierno en los albergues, se reduzcan.

Hace años, Romeo tuvo un accidente y perdió el bazo, un órgano que tiene entre sus funciones combatir infecciones en el cuerpo. Él sabe que el COVID-19 no es una bacteria, pero sí provoca neumonía, y a esto le tiene miedo. «No puedo correr el riesgo de pasar 30 días esperando a infectarme», dice en una videollamada, en la que explica a detalle lo que una infección pulmonar podría provocarle, ya conoce de casos que se han agravado y que las personas han muerto por infecciones. Tener una salud vulnerable lo ha llevado a investigar sobre la pandemia y cómo otros países la están tratando.

Romero alquila un pequeño apartamento en Guatemala. No sabe hasta cuándo podrá costeárselo, porque es el único que trabaja en su familia y el dinero significa un sacrificio que todos en su casa hacen por su salud. Donde se aloja nada más sale, con mascarilla y guantes, a proveerse de comida.

El 10 de marzo, un día antes de que El Salvador obligara a quienes volvieran del extranjero a ir a albergues a cumplir la cuarentena, Romeo viajó por trabajo y ya no pudo volver. Un grupo de amigos lo hizo, pero fue llevado al albergue de Jiquilisco, en Usulután, uno de los primeros habilitado por el gobierno, desde donde se hicieron varios reportes sobre condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Una persona contagiada de COVID-19 puede pasar hasta 14 días sin presentar síntomas, de acuerdo con OMS. Así es como Romeo cuestiona por qué la gente que ya dio negativa en la prueba sigue en los albergues y no es enviada a su casa.

Cuba es un país que acumula más de 3,000 pruebas de COVID-19, pero Bukele aceptó públicamente en una conferencia de prensa que el gobierno salvadoreño solo tiene capacidad de hacer 100 pruebas diarias y, hasta la fecha, hay casi 4,000 personas en cuarentena, en los albergues habilitados. En el sitio que el gobierno ha creado para publicar información sobre el COVID-19, las autoridades sanitarias tampoco indican cuál es la cantidad actual de pruebas que realizan por día.

«Es importante tomar pruebas», insiste Romeo. Lo hace con la esperanza de que alguien entienda su problema de salud.

 

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MANUEL CARRAZA ES EL PRESIDENTE de la revista Derecho y Negocios. Está varado en Ecuador, pero desde allá fue el enlace para coordinar con abogados salvadoreños la propuesta del amparo en la Sala de lo Constitucional.

Ecuador es el país que encabeza el número de muertos por coronavirus en Latinoamérica. Hasta el pasado jueves habían fallecido 93 personas por la pandemia y otras 2,798 estaban contagiadas. Uno de los lugares más afectados es Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, de la que en los últimos días comenzaron a hacerse virales imágenes de cadáveres abandonados en las calles. No se sabe cuántas de estas personas fueron víctimas del coronavirus.

Manuel explica a la revista Séptimo Sentido que están coordinando bases de datos para que los salvadoreños varados informen cuáles son las tres opciones de aeropuertos cercanos que tienen y quiénes tienen dinero para pagarse el vuelo de regreso. De no tenerlo, el gobierno es el que debe tomar una decisión por ellos, dice, aunque hay una agencia de viajes que podría aceptar vuelos con millas, vuelos que sean pagados con 12 cuotas a tasa cero o posiblemente pueda financiar vuelos.

Entre el grupo que gestiona el regreso, según Manuel, hay personas que tienen la posibilidad de hacer gestiones con aerolíneas y por esto urge saber la cantidad de varados y dónde están. Así se determinan los tipos de aviones que pueden utilizarse para el traslado.

La necesidad de volver que tienen los varados también llevó al partido Nuestro Tiempo a proponer un plan que ya presentaron a la canciller Tinoco y que implica que exista una reducción en salarios de funcionarios que ganan arriba de $3,000.

El plan consiste en que el Ministerio de Relaciones Exteriores identifique a los más de 3,000 salvadoreños varados y clasifique su riesgo de acuerdo con una escala determinada por el país de procedencia, para así garantizar una repatriación y las pruebas del COVID-19.

Además, el partido propone que a los salvadoreños que regresen se les asignen albergues especiales, según su las condiciones de riesgos que establezcan los epidemiólogos. Y que, después de 14 días, los que den negativo en las pruebas puedan realizar una cuarentena domiciliar.

Esto último no solo lo pide Romeo, lo piden cientos de varados: condiciones salubres al volver.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

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CLAUDIA NO DEJA DE PENSAR EN SU ABUELA, de 98 años, a la que cuida en El Salvador. Vulnerable por su edad, la abuela ha quedado sola con Jagger, el perro de la casa. Hay vecinos que están pendientes de ella, pero Claudia sabe muy bien que no es lo mismo a que, en medio de una pandemia, su nieta esté ahí para todo lo que necesite.

Fernando y Claudia ahorraron para ir de vacaciones con su hija de un año a Houston. Estarían una semana, pero un accidente de tránsito alargó su estadía y la emergencia por el COVID-19 los dejó afuera de El Salvador sin ningún plan para volver y sin el dinero necesario para seguir sobreviviendo. Ya casi acaban sus ahorros, han tenido que prestar ropa y se han quedado sin trabajo.

El 12 de febrero, un día después de que llegaran a Estados Unidos, un pick up impactó el sedán del motorista de Uber en el que viajaban. Fueron llevados de emergencia a un centro asistencial, porque Fernando tuvo lesiones musculares y su hija pasó en shock nervioso durante tres días. No comía y pasaba llorando por las noches.

Para entonces, alquilaban un hotel, pero solo pudieron seguir haciéndolo una semana, mientras Fernando asistía a las terapias que Uber le pagó. Contactaron al consulado de El Salvador en Houston y este les gestionó la estadía en la casa de una familia salvadoreña, una familia que les ayudó mucho y no les cobró ningún tiempo de comida. Pero, por después, decidieron alojarse en casa de una tía política de Claudia, donde todavía están.

Lesionado y sin computadora, Fernando ya no pudo seguir asesorando a clientes con los que trabajaba y perdió su empleo. Claudia tampoco pudo volver al país para continuar con las consultorías de ingeniería que tenía a su cargo, ni continuar buscando trabajo. Ahora ya no solo les preocupa volver, sino saber si, con la crisis económica que deje el COVID-19, van a encontrar empleo.

El día en que el gobierno cerró el Aeropuerto Internacional, Fernando salió con Claudia a hacerse una resonancia magnética en la que le diagnosticaron inflamación en una vértebra y en el cuello. Con este resultado, Fernando ya podía regresar a El Salvador, porque le dijeron que las terapias podía continuarlas acá.

Ilustración de Moris Aldana

Llegaron a la casa de la tía de Claudia y cuando quisieron comprar boletos para volver, la aerolínea les dijo que Bukele había ordenado el cierre del Aeropuerto Internacional ese día. «Lloramos con mi esposa. Lo primero que dijimos fue ‘nos vamos a gastar el dinero de los boletos. ¿De qué vamos a comer?’», cuenta en una videollamada. Y se preguntaron por qué antes de cerrar el aeropuerto, el gobierno no avisó.

Fernando es amante de los perros. En 2016, introdujo a El Salvador el canicross, que consiste en correr junto a un perro que está, con un arnés, atado a la cintura del humano. Extraña a Jagger, que, en los primeros días de su ausencia, dejó de comer de depresión. «Es como mi hijo», dice.

La familia está dispuesta a volver, pero les preocupa que, con una bebé de un año, no tengan las condiciones mínimas de salud para estar en un albergue. Lo más importante para ellos es contar con agua, comida y que haya forma de esterilizar pachas.

Eneyda Ramos pide el mismo trato desde República Dominicana, donde quedó varada. La emergencia por el COVID-19 y la obligación de ir a un centro de cuarentena al volver del extranjero le agarró desprevenida a ella y también a una compañera de trabajo.

El 5 de marzo viajaron al municipio El Cercado, al sur de República Dominicana. Fueron delegadas a conocer sobre las iniciativas de un proyecto comunitario y pretendían volver el 14 de marzo, pero en su organización les aconsejaron que se quedaran esperando afuera, por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en los albergues.

Lograron cambiar el vuelo para el 2 de abril, a la espera de que terminara la emergencia por el coronavirus, pero tampoco pudieron volver, porque el aeropuerto cerró. La organización les dio viáticos para el viaje, pero al verse imposibilitadas de regresar, tuvieron que pedir más dinero.

En República Dominicana han tenido la suerte de haber sido acogidas en una casa, por gente que trabaja en la organización que fueron a visitar. Están en la capital y no pagan su estadía. A veces les regalaran comida, pero, para evitar que la familia gaste en ellas, prefieren comprar sus provisiones y cocinar. Les han prestado ropa y ellas tienen que lavar seguido las pocas mudadas que llevaron.

Eneyda cree que el dinero con el que cuentan les alcanza hasta mediados de abril, cuando volverán a recurrir a la organización. Pero no saben si, con la pandemia, la organización tendrá las condiciones económicas para seguirles ayudando. Entonces, van a tomar dinero de su salario o a pedir apoyo a sus familias.

La Embajada de El Salvador en República Dominicana les ha dicho a ellas, y a los 20 salvadoreños que están en un grupo de Whatsapp, lo que ya han dicho otras: que pueden apoyarles con medicamentos y hospedaje, pero que los vuelos humanitarios no están disponibles.

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CADA DÍA SE SUMAN MÁS al grupo de «Salvadoreños en el exilio» y los varados están creando otros grupos, según el país donde estén. En el grupo se insiste en hacer presión al gobierno salvadoreño en redes sociales para el retorno.

En Twitter, se ha creado la etiqueta #VaradoSV y algunos varados han modificado sus nombres de usuarios en esta red social, para identificarse como lo que son por hoy: varados. Gente que está sin país en medio de una pandemia.

Luciana Villavicencio, una emprendedora salvadoreña que está en Estados Unidos, insiste en visibilizar las historias de la gente que salió del país y ya no puede regresar. Ella se ha encargado de publicar videos en sus redes sociales, en los que cuenta los testimonios de algunos salvadoreños. Es la madre de una niña de 9 años y la encargada del tratamiento de insuficiencia renal de su madre en El Salvador.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

Luciana dice que no están varados por ser ricos. Hay casos de salvadoreños que, como ella, salieron por trabajo.

A los varados les queda esperar que el gobierno decida abrir el aeropuerto. Ya descartan los viajes humanitarios y hay quienes están dispuestos a pagar el regreso. Pero el dinero para sobrevivir en el extranjero se acaba y en unos países el COVID-19 avanza más rápido que en otros. Las aerolíneas y los aeropuertos siguen cerrados, y lo que menos quieren es seguir a la deriva. Necesitan su país.

«El sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades»

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

En mayo, Miriam Geraldine Aldana cumple un año de haber sido elegida como titular de la Procuradora General de la República (PGR). Preside una de las instituciones a la que más acuden los salvadoreños que no tienen cómo pagarse un servicio privado y necesitan de acompañamiento o representación legal en procesos de diferente tipo, entre laborales y atención especializada a la mujer. Pero es una institución que no da abasto con todo el trabajo que tiene encima.

En un país con 7 millones de habitantes, según proyecciones basadas en el último censo poblacional de 2007, la institución que defiende a los pobres cuenta con un presupuesto de 34 millones y 16 procuradurías auxiliares distribuidas en los 14 departamentos. Hay áreas como la defensoría penal, en las cuales, admite Aldana, el número de expedientes sobrepasa por mucho a la capacidad del personal de la PGR. Para muestra: hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a nivel nacional.

Las tres administraciones anteriores de la PGR, bajo la tutela de Sonia Cortez de Madriz, fueron criticadas por diferentes sectores de la sociedad. En junio del año pasado, con meses en su cargo, Aldana rindió por primera vez cuenta a los diputados sobre la mora que encontró en la institución. En esta entrevista destaca que una de las líneas de trabajo incorporadas es la defensoría pública para aquellos acusados que están ausentes en un proceso judicial, algo que no existía y no garantizaba el acceso a la justicia. Además de apostarle a una defensoría especializada para las mujeres procesadas por el sistema por casos como las complicaciones obstétricas.

Sobre estos casos, en particular, Aldana dice que debe analizarse el entorno en el que las mujeres pasaron de ser víctimas de un contexto violento a victimarias. Sin embargo, defiende estar a favor de la vida y no apoya las cuatro causales del aborto presentadas a la Asamblea Legislativa en 2018.

¿Qué significó para usted, la primera y entonces única Jueza de Extinción de Dominio, asumir las riendas de una institución que tienen entre sus funciones, un poco aparte de las funciones que realizaba, brindar servicios de acompañamiento y representación legal a los salvadoreños?

En verdad no estaba alejada. El sistema de justicia es garantizar el acceso a la justicia, solo que lo estoy haciendo desde otro ámbito, porque garantizar el acceso a la justicia es generar igualdad de condiciones entre las partes. Siempre estuve relacionada con el tema de la justicia, no solamente como jueza de extinción, sino con toda la carrera judicial que yo ya había hecho por 17 años anteriores. Simplemente estoy dándole una mirada distinta y creo que esa experiencia que tuve dentro el Órgano Judicial es lo que me permite poder ver con muchísimas más claridad cómo llegar a convencer a un funcionario, cómo llegar a presentarle una teoría del caso y una teoría fáctica y jurídica, complementaria, creíble, que en verdad partiera de un principio de verdad real, que hiciera uso de libertad probatoria, que pudiera venir a hacer crítica a partir del control de la legalidad, que la obtención de la prueba que se podía facilitar en el Órgano Judicial se hiciera con estricto apego al respeto de los derechos fundamentales. Lo que le está pidiendo la Corte Interamericana (a la PGR), a partir de la sentencia de Agapito Ruano, es defensa pública efectiva, no es solo representación, es hacerlo de forma efectiva, y para que la representación sea efectiva, realmente lo que se necesita es tener claridad de cuáles son los hechos debatidos, cómo voy a cuestionar los hechos debatidos o a presentar mi propia versión sobre los hechos y buscar las herramientas probatorias que resulten venir a ser más idóneas.

Nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos y lo logramos.

¿Cómo encontró a la Procuraduría General de la República tras haber sido dirigida por tres periodos por Sonia Cortez de Madrid, una exfuncionaria cuestionada de sus labores por diferentes sectores? En la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, en junio del año pasado, usted habló de 9,000 expedientes que no estaban resueltos en las diferentes áreas de trabajo.

Es importante señalar que el sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades. La institución históricamente había manejado cifras que le disminuyen la capacidad operativa. En todo ese cúmulo histórico en el que todos los años la Procuraduría General de la República tenía que acudir al Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa, a permitir recibir refuerzos presupuestarios para poder terminar un año, trajo consigo en colocarle en esas condiciones un poco caóticas en la que se encontraba. La primera de ellas referida a los tiempos de respuesta, que es el punto sobre el que usted está en este momento consultado. Los tiempos de respuesta razonables son aquellos que, de acuerdo a los manuales o a la instructivos, debían de cumplirse para nosotros poder dar una respuesta a las pretensiones que se presentaban. En las áreas más crítica de la procuraduría, resultaba venir a ser la unidad de atención o defensa a los derechos del trabajador, que es la Unidad Laboral, y por el otro lado, también, en el espacio de atención de derechos reales y personales que brinda la institución, porque había demasiada carga por persona, por abogado, por abogada defensora que asignaba el tema. Estamos hablando de una cantidad determinada de 9,000 expedientes en mora.

¿Cuáles fueron las primeras medidas?

Durante este casi un año al frente de la procuraduría, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo. Segundo, clasificar cuáles eran las pretensiones y cuáles eran los tiempos más críticos con los que nos enfrentábamos y cuáles eran algunas situaciones que solamente meritaba el terminar de complementar información jurisdiccional o información administrativa y luego proceder a un archivo. Se adoptó un modelo de un acompañamiento itinerante por un equipo de profesionales del despacho principal y del despacho adjunto general para comenzar a hacer las visitas a las procuradurías auxiliares que presentaban más demora. Por ello, se atendió primero San Salvador, que dependía mucho del número de usuarios, usuarias que atendemos, eso es obvio. El segundo de ellos fue Santa Tecla y en un tercer momento nos encontramos, en este instante, atendiendo Zacatecoluca, porque era la tercera procuraduría auxiliar con más carga de trabajo en la defensa de los derechos del trabajador. Eso ha posibilitado disminuir un aproximado de casi 3,000 expedientes en esta labor de acompañamiento. Hicimos una reingeniería acompañado de los procuradores auxiliares en esas unidades, para también ir viendo cuál era la carga de trabajo de otras unidades, que podían venir, a lo mejor, a quitar un elemento para aprovechar sus competencias y reforzar esas unidades en las que estamos.

Eso fue lo primero, partir de un diagnóstico real de qué encontramos en la procuraduría, qué capacidad humana teníamos, cuáles eran las competencias de ese elemento humano que se encontraba ya dentro de la procuraduría y comenzar a hacer esos reacomodos. Entonces las primeras unidades que fueron atendidas fueron las unidades críticas. Todavía nos hace falta muchísimo más. Tal como lo hemos dicho en la Asamblea Legislativa, con ese incremento de los 4.2 millones de dólares que se nos terminó asignando adicionalmente para este año, vamos a hacer un plan de atención para la reducción de la mora por seis meses con el reacomodo de nuestro personal y con la contratación de auxiliaría jurídica o de auxiliarías administrativas que nos ayuden a disminuir esa cantidad tan elevada que aún hay de expedientes. Esa fue una de las áreas.

Fotografía de Franklin Zelaya

¿Qué sigue en la hoja de ruta?

La siguiente de las áreas donde hubo necesidad de comenzar a trabajar fuerte fue la de saldos acumulados, fondos de terceros. La procuraduría ha cumplido 81 años de existencia. En este tiempo, hasta el año 2010, todo el tema de asignación de cuotas alimenticias y del pago de ellas se hacía manuscrito, en libros, en registros, lo que traía consigo es que el obligado a pagar alimentos iba al banco, traía el abono, el comprobante del abono. Aquí se le recibía, después procedíamos a hacer la conciliación bancaria en papel, después de corroborada esa situación se procedía a hacerle el depósito y a notificar que el depósito estaba hecho, pero la falibilidad humana puede ser grande cuando lo llevamos en ese sistema. Eso trajo el acumulado de 2.3 millones de dólares de impago o de mora en la entrega de las cuotas alimenticias. Comenzamos a trabajar también con el equipo de fondos de terceros. Volvimos a trabajar en conjunto, las procuradurías adjuntas de Familia, procuraduría adjunta de Niñez, apoyando este tema de fondos de terceros. Y nos fijamos metas que creíamos alcanzables. Primero, que nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos para este año y lo logramos. Y en la cantidad de saldos acumulados a diciembre del año anterior, hemos logrado disminuir 400,000 dólares. Ahora solo tenemos un poco más de 1.8 millones.

¿Cuántas personas encontró usted en la Unidad Laboral cuando vino a la PGR? Ya mencionaba que ha habido un refuerzo de personal, ¿de cuánto ha sido?

En el área laboral, en general, tenemos dos categorías, una es de defensores o defensoras, que todos son abogados de la república, y otros que son auxiliares jurídicos, pero en general, la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador solamente tiene 56 defensores públicos a nivel nacional y solo el número de expedientes con los que contábamos entre los seis defensores públicos suman 14,807 expedientes. Solo ahí usted denota que hay una gran cantidad de trabajo asignado por cada uno de los defensores. De todos ellos, estos son expedientes activos, o sea, procesos o administrativos o jurisdiccionales que hay que asistirles, pero se brindaron adicionalmente a eso, 16,654 asesorías por este mismo equipo de defensores. Se brindaron 2,498 asistencias en la Oficina Especializada de Contencioso Administrativo y Amparo, que es un área de especialización de la Unidad de la Defensa de los Derechos del Trabajador, y con toda esa gestión que se ha realizado, se asisten a los 55 tribunales con competencia en el ámbito laboral. Había que repensarnos, porque hasta el año pasado no teníamos más que la cifra presupuestaria que ya traía consigo un déficit de 700 mil dólares solo para el pago de las obligaciones. No había posibilidades de contratación. Ahora con el refuerzo presupuestario, la elevación de su techo, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos permita poder venir a hacer una transferencia del rubro 54, que es de bienes y servicios, al rubro 51, que es remuneraciones, para hacer las mínimas contrataciones, pero hacerlas para que vayan a reforzar en algunas procuradurías auxiliares críticas con la contratación de nuevos defensores. La idea de manejar el tema de las auxiliarías jurídicas para que nos ayuden solo a disminución de moras jurídicas y administrativas, porque ahí es donde hemos visto que nos encontramos con esos embudos que no nos permiten darle celeridad a la tramitación.

Sobre esta asistencia pública efectiva, también uno de los servicios más demandados de la PGR es la representación legal en los procesos penales. Datos oficiales de la institución muestran que hasta 2018, la PGR tenía 285 defensores públicos a nivel nacional. ¿Esto ha cambiado? ¿Qué consecuencias tiene que haya poco personal en la violación sistemática de derechos humanos dentro del Órgano Judicial?

El número de defensores públicos ha disminuido. Yo encuentro un acumulado de 260 defensores a nivel nacional. La carga de trabajo sigue siendo alta. Se refleja hasta diciembre del año 2019, para estandarizar los datos que estamos aportando, de 25 mil expedientes manejados dentro de este pequeño grupo de defensores. Estos 25 mil expedientes solo estaban en Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y 60,333 expedientes en trámites ordinarios, en el proceso común y los procesos especiales, que regula el Código Procesal Penal. Con este pequeño grupo que toca asistir, de acuerdo a nuestros datos, en 723 sedes judiciales con competencia penal, todas las audiencias. Y note que las audiencias no solo son las tres grandes audiencias que regulan nuestro código, además de la inicial, las audiencias de reconocimiento de personas, anticipos probatorios, revisiones de medidas cautelares, las preliminares, la eventual realización de diligencias como inspecciones, reconstrucciones de los hechos, a todas esas hay que ir y con eso le agrego un dato adicional más: hasta ese momento, la procuraduría contaba con un resurtivo del despacho en el que se decía que la asistencia solo la brindábamos a los imputados presentes, a los imputados sometidos al juzgamiento; sin embargo, su servidora, justamente por tener la perspectiva del ámbito judicial, me permite tener una visión, además que poseo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, me permitió poder hacer una interpretación del artículo 11 inciso primero de la Constitución; el 2, inciso primero, del mismo cuerpo normativo; el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la sentencia de Agapito Ruano, y adopté una decisión en junio del año pasado, en el que di la directriz para que la asistencia no solamente se diera al imputado presente, sino también al imputado ausente. Y eso tiene una explicación sencilla: con mucha mayor razón, el control de la legalidad de las diligencias que realice el Estado, a través de fiscalía y la policía, tienen que ser controladas por un defensor, tiene que verificar si el levantamiento de la evidencia del escenario delictivo se hizo con la debida garantía de cadena de custodia, si la intimación, que implica en ocasiones publicaciones en periódicos de circulación nacional y en el diario oficial, se hizo cumpliendo con las exigencias propias del código. Es explicar de manera clara y comprensible los hechos que se le acusan, no solo las calificaciones jurídicas, verificar si un anticipo probatorio, si un reconocimiento de personas que se podía haber hecho, si en verdad en esa fila de personas se encontraban aquellas parecidas, como lo ordena el código; si tenían características similares, que hubiera un interrogatorio previo a la persona que estaba acudiendo venir a hacer el reconocimiento, para poder advertir si había un ánimo espurio, si había un ánimo mal intencionado, si había un interés preciso para poder perjudicar al imputado.

¿A qué se le paunta en este contexto?

Todo eso ha traído otra vez la necesidad de repensar un poco la labor de la defensoría e irle apuntando, para el año 2020, en la especialización, porque Manuela, que es otra recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuela y otros versus Estado de El Salvador, nos ha dicho algo adicional, nos ha dicho «mire, el personal de la procuraduría necesita especializarse». Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y que significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición ahora de victimaria. Ella necesariamente requiere que el defensor, la defensora, conozca el entorno, sepa cuál es la interpretación de las normas desde la perspectiva de protección de derechos humanos de la mujer y pueda venir a preparar esto, la defensa pública efectiva. La procuraduría tiene dos grandes áreas de atención a la mujer cuando está vinculada al ámbito penal, el área de la Unidad de la Atención Especializada a la Mujer (UAEM); y por supuesto, el ámbito de la defensoría pública.

En una audiencia, usted se podría encontrar con que UAEM estaba representando, estaba, más bien, acompañando a la señora en su condición de imputada, pero desde su posición como mujer, pero no tenía intervención judicial, ni siquiera era una asistente no letrado para que pudiera venir a ayudarle al abogado defensor que tenía en la articulación de la defensa pública efectiva. Era un contrasentido, porque teníamos dos elementos valiosos, formados, uno en el ámbito penal, uno en el ámbito de atención de la mujer, pero ninguno de los dos tenía la posibilidad de venir a preparar estrategias de defensa de forma conjunta. Para el año 2020, la nueva línea de trabajo es que justamente hablemos, no solamente de especialización. Hemos revisado una serie de diplomados, apoyados por el proyecto justicia y dignidad, en el que la especialización está orientada a la violencia obstétrica, la especialización de un equipo de defensores y defensoras. Pero ahora, además, a la hora de preparar la defensa pública efectiva, se sienta con UAEM, platica con UAEM, le ayuda a UAEM a poder venir a identificar qué factores económicos, sociales, culturales, religiosos, lo que sea, puede servirle para colocar en el contexto al juez y darse cuenta que han sido las condiciones del entorno las que propiciaron que ahora ella se convierta en una imputada; cuando, en verdad, resulta venir a ser la víctima de todo este sistema y de todo el entorno en el que lamentablemente ella ha tenido que verse relacionada, producto de la violencia, y no solamente en violencias obstétricas: hay delitos de homicidios, víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar, y ellas son las que terminan siendo acusadas de las lesiones, del intento de homicidio o de los homicidios de sus parejas.

Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición, ahora, de victimaria.

¿Qué esperan para este año?

Para el año 2020, estamos trabajando un nuevo sistema de información informática que nos permita, con el apoyo ahora de la cooperación chilena, y del PNUD, generar un sistema de alertas. Porque con esta cantidad de expedientes asignados a una sola persona, razonablemente, se le puede pasar un plazo, razonablemente se le olvida que tiene una audiencia, razonablemente se le olvida interponer un recurso. El PNUD, acompañado de la cooperación chilena, nos va a ayudar a generar sistemas de alertas tempranas, que en el equipo informático asignado pueda venir a decírsele «alerta, cinco días para interponer o preparar su recurso, porque en cinco días se le vence».

Esto es un apoyo, esto creo que es importante, el defensor o la defensora tiene que sentirse apoyado y el apoyo no solamente tiene que ver con remuneraciones, que es un tema que también ya le contaré qué estamos haciendo con ello, porque cuando se comparaba los salarios de defensores, frente a fiscales, es una diferencia sustancial enorme.

¿En qué porcentaje anda la diferencia?

No hemos tenido el aval mediante la modificación de la Ley de Salarios que hemos presentado al Ministerio de Hacienda, con salarios hasta de 895 dólares y agentes fiscales especializados pueden andar arriba de los 1,500. Entonces estaban ganando casi la mitad de lo que puede ganar un fiscal. Ya no digamos un fiscal de un área de un área especializada, estamos hablando de los fiscales de los delitos comunes. Eso también tenía que ver, no solamente cruzaba con carga de trabajo, sino con incentivos laborales, sabemos que no es el mismo, pero en ese tema hemos hecho también otro avances, me parece que sumamente importante, porque la procuraduría tiene una planta de 1,420 empleados, las remuneraciones en el ámbito de los abogados, no me meteré al ámbito de no abogado, era de 56 categorías salariales diferentes, que en el ámbito penal teníamos 22, en el ámbito laboral teníamos 14, en el ámbito de medicación teníamos 6 categorías, y los salarios iban entre 895 y 1,615, el que mejor ganaba en la institución. A pesar de los dos refuerzos presupuestarios solo para remuneraciones, que brindó la Asamblea Legislativa en los períodos anteriores, la distribución se hizo de manera igualitaria, no equitativa, porque la remuneración igualitaria es que tenemos 50 dólares, somos cuatro los que estamos aquí, entonces los distribuimos por parte iguales, pero si lo hago equitativamente, yo tengo que entrar a ver cuánto gana usted.

Hemos presentado a Hacienda una propuesta de manera tal que lo hagamos dentro de mi trienio, que es mi obligación inicial. Para el año 2020 estamos generando 520 plazas en ajustes salariales, y de las 56 categorías salariales, estamos propiciando que se disminuyan a 3 categorías de manera inicial, solo con la planta de abogados y abogadas en condición de defensor o defensora pública.

Mencionaba el caso de Manuela, un caso icónico en El Salvador de las mujeres que siguen teniendo complicaciones obstétricas y luego son procesadas por el sistema de justicia. Como titular de la institución que se encarga de velar por las garantías de un proceso judicial, ¿cuál es su postura respecto a las cuatro causales del aborto que se han presentado en su momento a la Asamblea Legislativa?

Cualquier institución del Estado está obligada por mandato constitucional, derivadas del artículo 1 de la Constitución, a garantizar la vigencia de todos los derechos que ahí se contemplan, entre ellos, el derecho a la vida. El Estado tiene que venir a saber cómo atender, cómo garantizar el derecho a la vida, porque note que los problemas fundamentales que se presentan alrededor del tema es que la adolescente, la mujer, la persona que termina viniendo a generar sus estados de preñez en ella, por cualquier causa, no es atendida por el Estado. Ante la falta de atención, porque resultó venir a ser víctima de una violación, por ejemplo, de un miembro de una estructura pandilleril, el Estado la abandona, el Estado no la acompaña, el Estado no la informa, el Estado no vela por ella. El tomar una decisión de saber qué hacer con el producto, que, finalmente, resulta venir a ser un ser humano, forma parte de las responsabilidades del Estado. La procuraduría tomó la iniciativa de convocar, junto con otras organizaciones de Naciones Unidas y organismos cooperantes vinculados al tema, tanto de niñez como de mujer, de comenzar a revisar el sistema de atención, no solo de niñez, sino de atención a mujeres. Porque note la diferencia que podría ser si nosotros contamos con un sistema diferente: si a esta mujer o a esta adolescente víctima de una agresión de cualquier tipo, se le acompaña, se le explica qué es la paternidad, se le explica que finalmente también es un ser humano el que está dentro de su vientre, ella estaría en condiciones de tomar una decisión totalmente autónoma. ¿Qué quiere hacer con el bebé? ¿Entregarlo en adopción? ¿Dejárselo bajo la figura de tutoría? ¿Dejarlo bajo un cuidador? Porque el Sistema Nacional de Atención a la Niñez, y en particular, bajo el modelo de la LEPINA, también está diciendo Estado, usted debe de garantizar los derechos del nasciturus, usted tiene también que proteger los derechos del niño, la niña que está todavía por nacer.

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

Ya que menciona los derechos humanos y tomando en cuenta que en el país, por ejemplo, nunca ha habido una política de educación sexual, ¿considera entonces válido que una mujer que ha sido víctima de una violación cargue por nueve meses a una persona? Estamos hablando de secuelas psicológicas en la vida de esa mujer.

Por eso precisamente estoy hablando de la necesidad de integrarse por el Estado, porque quienes en algún momento determinado nos volvemos copartícipes de la generación o de la revictimización. Por eso, el enfoque tiene que ser victimológico y el enfoque victimológico significa, por una parte, que la persona que ha sufrido directamente la afectación, pueda ser atendida: asistencia, acompañamiento, asesoría, atención. O sea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho en innumerables decisiones, la 5-2001 fue una sentencia importantísima, porque dijo: «Mire, este es el marco de atención». Estado, ojo, todas las instituciones, pongan atención, porque en cuanto surge la condición de víctima, por la razón que sea, el Estado tiene que articularse para garantizar todo eso. Porque las secuelas de las afectaciones físicas o psicológicas se agravan todavía más cuando el sistema, organizado a través de las distintas instituciones del Estado, y la falta de cultura de la sociedad, lo que provoca es estigma, discriminación, aislamiento, entonces es donde aparece la necesidad, porque la víctima, el conjunto, el principio de Naciones Unidas para la protección de víctimas de delitos y abuso de poder también dice que hay víctimas indirectas. Por supuesto que hay una víctima indirecta en el producto que está dentro del vientre de la madre. También esta víctima necesita ser atendida por parte del Estado. No podemos venir so pena de que el otro fue el responsable de la vulneración a hacer pegar por alguien que también resulta ser víctima de la situación. Por eso, si queremos hacer la atención adecuada, debemos de hacerla desde un enfoque victimológico y desde una perspectiva de protección de derechos humanos. Y la Constitución es clara, es principio de humanidad, respecto a la vida, pero acompañada, para que en su momento puedan tomarse las decisiones que resulten se propias para ellas.

Si bien van a tener que dar acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzado, que hasta junio del año pasado usted decía que había 600 casos que estaban atendiendo en menores, la Asamblea Legislativa no destinó fondos para el funcionamiento de esta ley que ataca el problema. ¿De qué forma esto vendría a sobrecargar su trabajo, si también tomamos en cuenta que usted decía en junio del año pasado que no existe una plataforma especializada para atender este problema en la PGR?

El tema de desplazamiento forzado en la procuraduría estaba siendo atendido, porque era un tema de protección de derechos humanos. Así que independientemente que se contara o no se contara con una Ley de Desplazamiento Forzado, estamos hablando de víctimas de niñez, de víctimas mujeres, de víctimas hombres que también tienen derecho al acceso a la justicia. Con tres profesionales, básicamente, casi que por voluntariado, con un acompañamiento mínimos institucionales comenzaron a atender el fenómeno.

Las personas que han sido atendidas dentro del área del desplazamiento forzado hasta este último informe que se nos colocó era de 446 personas atendidas, de las cuales 230 son niños, niñas y adolescentes, y 216 fueron personas adultas. Estas 446 personas representaban 119 familias que tuvieron que pasar por este lamentable incidente que tener que propiciarse al desplazamiento forzado. Con esa misma cantidad, ese mismo apoyo dinerario, creamos una unidad de atención bajo la generación de una nueva estructura. La procuraduría va a contar, si nos lo habilita el Ministerio de Hacienda, con una sombrilla mucho más grande, crearemos una procuraduría especializada de género y de atención a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, porque ahora son migrantes, ¿mañana qué será? Ahí tenemos cabida para todo y ahí estará desplazamiento forzado.

¿Cuántas solicitudes de adopción han presentado como institución al Juzgado Especializado de la Niñez bajo la Ley Especial de Adopciones, aprobada en 2018?

Bajo la nueva ley solo se han presentado tres solicitudes, porque aunque la ley es muy célere, es una ley con un procedimiento muy expedito, muy sumarial, muchísimo más que la anterior ley, pero lo que tenemos es que hay que agotar y eso también habría que revisarlo. Por ejemplo, en los casos de niños y niñas abandonados, la ley nos obliga, en la línea que le he comentado: primero busque padres biológicos, luego familia ampliada, luego agotar tutorías u otras formas como el cuidador, hasta llegar a la adopción. ¿Entonces qué significa buscar a los padres biológicos? Hacer publicaciones para ver si aparece su padre, su madre biológica, buscar a la familia ampliada, dejar constancia que se hicieron visitas y que se ha logrado determinar que la familia ampliada no reúne esas condiciones en el caso de los niños y las niñas abandonadas, los cuales son representados de forma directa por el procurador o la procuradora, pero ahora pensemos en un niños o niña que está siendo maltratada por su padre, a ellos también hay que solicitarles la determinación de la situación jurídica, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hacer la pérdida de la autoridad parental, documentar que estaba siendo violentado, abusado, descuidado, las razones de maltrato cualesquiera de sus formas y que por tanto hay que romper con el vínculo con sus progenitores. Entonces hay que hacer la pérdida de la autoridad parental, ese es un trámite independiente. El proceso de adopción, como tal, es expedito, pero los proceso o procedimientos administrativos o judiciales para llegar hasta aquí, esos requieren un tiempo, por eso educación. Las personas tienen que educarse, las personas tienen que informarse, las personas tienen que comprender los procedimiento y los responsables de hacerlo que comprendan somos nosotros como instituciones del Estado.

Fachada del edificio de la Procuradoría General de la República

El colapso de los juzgados de la mujer

Fotografía

La noche del 30 de junio de 2018, Jocelyn Abarca salió con un grupo de amigos. En plena reunión, comenzó a recibir varias llamadas y mensajes de Ronald Urbina, su pareja. Contestó algunos, pero al percibirlo enojado, prefirió ya no seguir contestándole. Él, entonces, insistente en controlarla, llamó a sus compañeros de trabajo, a su familia y a su jefe.

Por esto, ni por noche ni al día siguiente, Abarca regresó a su apartamento, en la colonia Altos del Cerro, en Soyapango, donde vivía con Urbina. Lo que se convirtió en el detonante para que Urbina no parara de discutir. Abarca les había contado a sus amigas que quería separarse de él y había llegado al punto de hacer maletas para marcharse, pero él se había opuesto.

Abarca tenía 26 años y era egresada de la carrera de psicología. Con un crédito había comprado un carro y el apartamento donde vivía. Urbina, un distribuidor de agua embotellada, no toleraba que su pareja se superara, dice la investigación fiscal. Se burlaba del grado académico de Abarca y le decía que su título no le iba a servir para nada. Era, además, quien le autorizaba si se pintaba o se cortaba el pelo.

Las discusiones de aquellos días no eran nuevas. Urbina violentaba a Abarca y ya la había intentado asfixiar. Y, entre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de julio, la violencia llegó al límite máximo. Según la FGR, la asesinó de 40 puñaladas en su apartamento y desmembró su cuerpo, del que luego se deshizo entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Usó el carro de Abarca.

Urbina fue capturado el 11 de julio. Cinco días después, fue llevado a la audiencia inicial al Juzgado 11° de Paz de San Salvador, donde las dos fiscales del caso expusieron al juez Omar Hernández que Abarca fue asesinada porque ya no quería seguir en una relación con Urbina, y que esta relación fue desigual, porque él siempre la como vio un objeto de su pertenencia. Abarca había intentado liberarse.

Entre lo que encontraron los fiscales cuando allanaron el apartamento de Abarca estaba el libro «Violencia intrafamiliar, un grito en el silencio», con el cual los fiscales llegaron a presumir que Abarca se documentaba sobre lo que vivía en su relación.

El juez Hernández, por tratarse de un feminicidio agravado, la escala más alta del ciclo de violencia género y contemplado entre los 11 delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV), remitió el caso de Abarca al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador. Pero a cuatro meses que se cumplan los dos años que legalmente Urbina puede estar detenido al ser acusado de un delito grave, todavía no llega la audiencia de instrucción ni hay fecha para realizarla, confirma la FGR.

El equipo con el funciona este juzgado, de acuerdo con información oficial de la CSJ, está conformado por 11 personas: una jueza, un secretario, siete colaboradores judiciales y dos notificadores. Y de los seis Juzgados Especializados de la Mujer que hay en El Salvador, es el más cargado con procesos, porque atiende los siete departamentos de la zona central y paracentral.

En 2018, el tribunal recibió 1,067 casos y 817 más en 2019. El personal labora en una casa que ha sido adaptada para funcionar como un juzgado y como Cámara Especializada de la Mujer, donde las víctimas, los abogados y fiscales que esperan realizar trámites, se sientan en cuatro filas de silla, en una cochera, a la par de una reducida ludoteca.

En este lugar, es imposible que una víctima que lleva un proceso legal no se encuentre con el acusado.

Las flores favoritas de la agente Carla Mayarí Ayala eran los girasoles, estas que sobresalían de entre todas en su entierro, cuando un dispositivo de policías esperó sus restos en un cementerio privado de San Salvador, el 21 de septiembre de 2018.

Ayala había trabajado durante 20 años en la Policía Nacional Civil (PNC), la institución que la despedía sin que hasta entonces, el también colega, Juan Josué Castillo Arévalo, estuviera detenido. Y todavía no lo está.

La agente fue asesinada después de ser privada de libertad en una fiesta navideña del extinto Grupo de Reacción Policial, a finales de diciembre de 2017. El principal sospechoso del crimen es, para la FGR, Castillo Arévalo.

Tras meses de estar desaparecida, las osamentas de Ayala fueron encontradas en septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, en Usulután, el municipio en el que vivía Castillo Arévalo.

Violencia. Los cinco informes sobre hechos de violencia contra la mujer del SNDVM suman, desde 2015 hasta junio 2019, más de 93,000 denuncias por casos de violencia de género.

Durante el entierro, el exdirector de la PNC, Howard Cotto, cerró su discurso con una promesa para la madre de la víctima y familiares: llevar ante la justicia a los responsables del asesinato. Sin embargo, el caso fue judicializado en junio de 2018, y entre los detenidos nunca ha estado Castillo Arévalo.

En este proceso de feminicidio agravado son acusadas 13 personas, entre familiares de Castillo Arévalo y agentes señalados de haber sido cómplices del crimen. Tres de los acusados salieron de la cárcel el 18 de diciembre pasado, cuando el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador realizó una audiencia especial, porque estaba próximo a vencerse el plazo de su detención. Y aunque el juicio ya estaba programado para una semana antes, la juzgadora no lo instaló, porque tuvo que responder escritos presentados por abogados defensores que estaban inconformes con que sus clientes hayan sido enviados a sentencia.

«Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer.

La última Encuesta del Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), de 2018, a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, dice que en el país hay 3,516,910 mujeres, lo que representa el 52.9 % de la población.

Desde 2015 hasta junio de 2019, hay cinco informes sobre hechos de violencia contra las mujeres elaborados por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra Las Mujeres (SNDVM), que retoman cinco indicadores de las instituciones de seguridad y justicia, y del Ministerio de Trabajo: violencia feminicida, física, patrimonial, sexual y laboral.

Todos los informes suman más de 93 mil denuncias, precisa Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), y al menos el de 2019, fue construidos a partir de encuestas que contestaron mujeres mayores de 15 años, de las cuales, 6 de cada 100 dijeron haber denunciado los hechos de los que eran víctimas.

«Si pensáramos que, en realidad, la mayoría atendieran a las campañas famosas de ‘renuncia al silencio’, el sistema estaría colapsado», advierte Juárez.

Con base en el SNDVM, ORMUSA ha determinado que entre enero y junio de 2019, solo 26 % de estas denuncias alcanzaron condenas. En el mismo periodo de 2018, el año en el que Jocelyn Abarca fue asesinada y que fue judicializado el caso de Carla Ayala, la impunidad alcanzó el 77 % de los casos.

La organización ha establecido estos datos a través de la medición de sistema de cargas: cuántos casos ingresaron al sistema en ese tiempo y cuántos el sistema fue capaz de resolver en el mismo periodo.

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Las autoridades encontraron el cuerpo de Abarca. Estaba desmembrado en seis partes, en una ribera del río Acelhuate, entre la 17 ° avenida sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador. Era el 6 de julio de 2018. Cuatro días después, su cabeza apareció en una quebrada de Antiguo Cuscatlán.

Hasta el 5 de julio, Urbina, la pareja de Abarca, se hizo pasar por ella para comunicarse con su familia a través de Whatsapp. Pero él ya la había matado, dijo en su momento la FGR. Al recibir mensajes poco usuales, la familia de Abarca denunció su desaparición y esta denuncia terminó con la captura de Urbina.

En el allanamiento de la casa de Abarca, la FGR también encontró rastros de sangre, que ya se sometieron a prueba científica, lo que ha fortalecido la hipótesis investigativa de que Urbina fue quien asesinó a la joven en su propio apartamento, sostiene la Coordinadora Nacional de la Mujer de la FGR, Gabriela Sagastume. Pasado más de un año y medio desde que comenzó la investigación, la FGR solo está a la espera que haya una fecha para la audiencia preliminar.

El único freno que existe en un juzgado para extender por un año más la detención de un acusado es cuando ya hay una sentencia y un tribunal superior, en este caso la Cámara Especializada de la Mujer, interviene, mientras los abogados o los fiscales están habilitados a presentar recursos y a esperar su respuesta. De lo contrario, si todavía no hay una sentencia, por ley, los jueces están obligados a liberarlo e imponerle medidas que garanticen que siempre siga siendo parte del proceso judicial. Esto incrementa el riesgo de fuga, dice la fuente judicial que está vinculada a tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer

Agrega que en el tiempo que la Cámara Especializada de la Mujer tiene de funcionar, desde el 3 de enero de 2018, ha atendido hasta el 25 de febrero de este año, menos de 10 casos con detenciones vencidas cuando aún no hay una condena. Esto representa menos del 0.3 % de casos por mes, pero advierte que se convierte en un indicador de que no se está llevando justicia en los plazos legales.

Para respaldar lo que dice, la fuente se refiere a que en la cámara hay denuncias de fiscales y abogados contra los juzgados de instrucción de Santa Ana y San Salvador por demorarse en dar resoluciones. La cámara ha intervenido y, en el 98 % de los casos, ha dado la razón de los atrasos. Ha pedido un informe de lo que sucede a los juzgados, pero de estos, solo ha recibido respuesta del tribunal de la capital, que también envía al mismo tiempo la resolución por cuya demora fue denunciado. No ha habido respuesta por parte de Santa Ana, un juzgado que el año pasado recibió un total de 309 casos.

La Oficina de Información y Respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de que entre enero de 2018 y julio 2019, hubo 83 denuncias en la cámara porque los jueces tardaron en entregar resoluciones. En julio de 2018 fue presentada más de la tercer parte de las denuncias.

Tres de estas denuncias las ha presentado la FGR por el caso de Abarca, asegura la fiscal Sagastume, ya que esta es la única alternativa legal para que el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer en San Salvador programe una fecha para la audiencia preliminar antes que se venza el plazo de la detención provisional de Urbina. Pero, dice, la jueza de este tribunal ha manifestado que no puede hacerlo, porque está saturada de trabajo.

«No es culpa de la jueza. ¿Cómo se le ocurre a la Corte hacer solo un juzgado de instrucción para que tenga competencia de siete departamentos del país, la mitad del país, y aparte de eso, de un tema que ellos tenían estadísticas del ingreso de violencia de la mujer y sabían que eran estadísticas elevadas?», cuestiona Sagastume.

La fiscal menciona que las juezas de instrucción, por la carga laboral, han llegado a remitir los expedientes desde sus juzgados hasta los de sentencia, a los 23 meses que un proceso ha iniciado. Es decir, la FGR y los defensores solo tienen mes para llegar a una sentencia, antes de que al acusado se le venza la detención provisional.

“Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar

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La jueza ha tenido que venir a trabajar los fines de semana para salir con todo el trabajo que tiene. Es una de las tres juezas Especializadas de Instrucción que hay a nivel nacional, pero prefiere no identificarse. Es la 1 de la tarde de un viernes y acaba de almorzar, pero antes tuvo que juzgar.

Todas las mañanas, esta jueza ha ideado una mecánica de trabajo: programa las audiencias intrafamiliares, de las que tiene más casos, entre las 8:00 de la mañana a 9:30, para luego quedarse con otras audiencias.

«Hemos hecho lo humanamente imposible para que no exista un desbordamiento de la jurisdicción aquí. El personal ha sido muy sensibilizado en la materia y pues ha dado hasta más de lo que puede dar un empleado», dice, pero acepta que su despacho tiene mora en los casos.

Los primeros dos Juzgados Especializados de la Mujer, de instrucción y sentencia, nacieron en San Salvador, en julio de 2017. Fue hasta enero de 2018 que comenzaron a funcionar dos más de instrucción y sentencia, en San Miguel y Santa Ana, autorizados para atender procesos de los cuatro departamentos de la zona oriental y los tres de la zona occidental, respectivamente.

Son los tres Juzgados Especializados de Instrucción, donde aún está el caso de Abarca, los que, de acuerdo con información oficial de la CSJ, tienen mayor carga laboral. Y es que ellos fueron creados para recibir diferentes tipos de procesos.

En su decreto de creación, la Asamblea Legislativa estableció que estos tres juzgados conocieran los 11 delitos especiales de la LEIV, que como el de Abarca y Ayala, fueron presentados por la FGR en un juzgado no especializado y luego fueron remitidos a los tribunales de la mujer.

Los juzgados también conocen cinco delitos específicos del Código Penal y casos en los que existe un delito del Código Penal mezclado con los 11 delitos de la LEIV. Por ejemplo, una mujer que haya sufrido de lesiones, pero que antes de ser lesionada también haya sido víctima de expresiones de violencia. De forma similar también funciona aquí la Ley de Delitos Informáticos.

A esto se suma que la posibilidad que tienen estos tribunales para procesar hechos de violencia intrafamiliar, decretar medidas de protección a las víctimas e imponer y dar seguimiento a medidas cautelares cuando exista discriminación a la mujer motivada por el género. Esta última función de los juzgados está basada en la Ley de Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, de la que todavía no hay un procedimiento como tal.

Saturación. El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador realiza hasta seis audiencias por día. En la pizarra está la programación del tribunal para una semana de febrero.

Es toda esta cantidad de procesos que están aptos para recibir lo que diferencia a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer con los de sentencia. Los últimos conocen los casos penales que le envían los Especializados de Instrucción de la Mujer. También pueden hacerlo los juzgados comunes de instrucción, solo cuando los jueces analizan que un caso que llega a sus tribunales, hasta entonces, no ha sido considerado violencia de género, pero sí lo es.

Aunque el decreto de creación de los Juzgados Especializados de la Mujer estableció que estos estaban facultados de conocer casos relacionados con la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar cuando la víctima fuera mujer y esto no implicara un delito, la jueza de instrucción dice que los juzgados de familia y de paz de la zona donde trabaja, que ya conocían de estos hechos, comenzaron a mandarles todos los casos a su tribunal con la idea de que fuera ella quien los resolviera.

No pasó solo en esa zona, Juárez conoce de casos de mujeres que fueron remitidas desde los juzgados de paz de la zona central y paracentral y desde los juzgados de familia, para el especializado de instrucción de San Salvador, con la excusa que en esta sede las atenderían mejor.

Esto hizo que la CSJ, el 20 de octubre de 2018, enviara una circular a los jueces de familia y de paz, en la que les indicó que después de un estudio había determinado que, gran parte de la saturación de los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, se debía al envío de las denuncias por violencia intrafamiliar, cuando ellos también eran responsables de no solo recibirlas, sino de tramitarlas hasta que el proceso terminara.

Más allá de las competencias de los juzgados, Juárez señala lo que esto significa para la realidad de una mujer que sufre violencia y necesitaba ayuda del juzgado más cercano. «¿Qué va a pasar? Ella va a ir a un juez de paz, le va a pedir auxilio, él le va a decir que no. Sencillamente va a regresar a la casa y va a favorecer la impunidad», dice, y asegura que ante la carga laboral, las juezas de instrucción priorizan los casos donde todavía no hay un hecho consumado y se enfocan en aquellos en donde hay un potencial riesgo feminicida, pero no debería ser así.

El informe de 2018 de la SNDVM señala que ese año, los juzgados emitieron 3,483 medidas de protección para que los victimarios no se acercaran a la casa, al lugar de trabajo o de estudio de las víctimas. Este acercamiento, que representa un 8 % del total de causas de la aprobación de las medidas, significa riesgo para un feminicidio, pero es la medida que menos otorgan los jueces, apunta Juárez.

La abogada, además, se refiere a la EHPM de 2017, que arrojó que el 94 % de las víctimas de violencia dijeron no confiar en el sistema, porque este fue incapaz de detectar la violencia por sí solo, cuando le corresponde de oficio, pero lo hace hasta cuando ya hay denuncias.

Desde ORMUSA se apuesta a tener centralizado un sistema de alerta temprana, para presentarlo a la PNC y así esta institución pueda identificar cuando un hombre esté incumpliendo medidas de protección a la víctima. «La apuesta de ORMUSA es que haya mujeres vivas, que no las asesinen», dice Juárez.

La jueza de instrucción que habló con la Revista Séptimo Sentido sostiene que la violencia de género no se está atacando, porque la realidad demuestra que la violencia intrafamiliar puede terminar con la muerte de una mujer. Pero ella apunta a la falta de preparación de los fiscales para representar a las víctimas. «La Fiscalía está en deuda con las víctimas de violencia de género. La Fiscalía no investiga, y sé que tienen una saturación de carga increíble, que las de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y la Mujer son unas unidades que tienen un sin fin de casos, pero si se judicializa uno se deben realizar todas las diligencias para que no se le mande un mal anuncio a la sociedad: pegarle a una mujer y aquí no pasó nada», aclara la juzgadora.

Cuenta que su tribunal ha estado inconforme, dos veces, con decisiones que han tomado fiscales, avaladas por sus superiores, que dejan en desventaja a las víctimas ante el sistema. Una de ellas está relacionada con la petición de sobreseimiento definitivo en un caso de lesiones, que por el vínculo entre la víctima y el victimario, debieron ser agravadas, pero no fue así.

En este caso, la FGR dijo que la víctima ya no deseaba continuar con el proceso, pero desde la institución que tiene el monopolio investigativo en el país, no se analizó el círculo de la violencia que ella sufría y que, por aquel momento, la víctima estaba en la etapa de luna de miel y había perdonado a su victimario, señala la juzgadora.

Uno de los problemas que ORMUSA ha identificado en los juzgados especializados, específicamente en los de San Salvador, es que su carga laboral no les permite que haya calidad en sus resoluciones, como la hubo cuando iniciaron a funcionar: fundamentadas bajo una perspectiva de género y desde el derecho antidiscriminatorio, y con la aplicación de estándares internacionales de protección a derechos humanos. Además, a criterio de Juárez, hay resoluciones de la Cámara Especializada de la Mujer que favorecen la impunidad, porque revierten decisiones de los tribunales aplicando las leyes comunes y no enfocadas en la violencia de género.

En esto coincide Sagastume. «Yo sí he visto resoluciones de la Cámara Especializada que me las podría haber hecho cualquier cámara penal. Sin perspectiva de género, sin ver la vulnerabilidad de la víctima», aduce.

Según Sagastume, en algunos casos no han podido hacer uso de cámaras Gesell, necesarias para que la víctima se sienta en un ambiente agradable para declarar y no esté viendo a su victimario. Lo hacen, dice, basados en el artículo 57 de la LEIV, que establece que la víctima puede dar su testimonio en condiciones especiales y de protección, con el objetivo de evitar el sufrimiento de las víctimas, quienes a veces pasan hasta dos años en los procesos judiciales por la carga de los juzgados.

Pero para la fiscal, el tribunal superior entiende que esto se trata de una prueba anticipada que la FGR pide y deja entrever que el ministerio público no va a tener disponible a la víctima durante el proceso. Les ha llegado a pedir como requisito que la solicitud del uso de la cámara Gesell esté amparado en el peritaje psicológico de las víctimas, cuando muchos de estos peritajes ni siquiera lo valoran como una opción para que la víctima declare.

El 18 de enero de 2018, la mamá de Carla Ayala llegó a Casa Presidencia para entregarle una carta al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en la que exigió esfuerzos para encontrar a su hija y que esto no fuera un caso más sin respuesta.

La PNC, en septiembre de ese año, dijo, todavía sin base científica, que los restos encontrados en el caserío Los Ríos eran de Ayala. Oficialmente la institución también señaló que había sido la misma madre de Ayala que había reconocido prendas de ella en la escena.

Estas declaraciones hicieron que, un sábado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) montara una conferencia de prensa, en la cual su director, José María Tojeira, calificó de show y poco responsable lo que la policía estaba haciendo. Arnau Baulenas, abogado de este instituto, insistió en que no era justo para la familia de Ayala que se estuvieran haciendo especulaciones.

El IDHUCA es el acusador particular en el caso de Ayala y ha pedido a la PNC que indemnice a la familia de la agente. Ya el 20 de noviembre del año pasado, Baulenas advertía que era alarmante que el caso de Ayala todavía no terminara.

Contra el reloj. La sobrecarga de los tribunales especializados conlleva a que los plazos de detención de los acusados se venzan y ellos queden en libertad, sujetos al proceso solo con medidas.

«El acompañamiento es determinante, porque no es solamente estar ahí al lado de la mujer, sino que la mujer siente como ese apoyo, porque se va a enfrentar con la persona en un medio en que muchas veces es intimidante: una mesa donde está un juez, está el denunciado que le ha propiciado violencia, que puede ser por años», dice Marta Bessy Chacón, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR es una de las instituciones estatales que dan acompañamiento psicológico y legal a las mujeres que son víctimas de violencia, además de prestarles el servicio de representación legal en los procesos. Hasta el momento cuenta con 50 personas, entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, que forman equipos especializados para brindar este servicio en las 15 de las 18 procuradurías auxiliares que hay a nivel nacional.

La PGR puede remitir a mujeres que sufren violencia a los tribunales especializados, cuenta la socióloga Beraliz Argueta.

Argueta, la única en su rama dentro del único equipo multidisciplinario que trabaja para estos juzgados, habla que no dan abasto con todas sus responsabilidades por la carga que hay en los tribunales. El grupo, que además, está conformado por cuatro psicólogos, un educador y tres trabajadores sociales, fue contratado por la CSJ con la idea que ayudaran a los juzgados, entre otras responsabilidades, haciendo diferentes tipos de informes que, no son pruebas en los procesos judiciales, pero que les ayuda a las juezas a analizar el contexto en el que vive una mujer que es víctima de violencia.

Parte de sus funciones también consiste en verificar la necesidad de medidas de protección que piden las mujeres a los juzgados y verificar que, una vez otorgadas, el hombre denunciado las cumpla. Pero esto requiere tiempo y recursos, y el equipo estaba atendiendo solo hasta el 17 de febrero la tercera parte de todos los casos que trabajaron en 2019. Son más de 60 casos que tienen que atender los psicólogos y trabajadores sociales, cinco casos por semana.

En papel ha quedado la existencia de más equipos multidisciplinarios que estableció el decreto de creación de los juzgados especializados. Ante esta carencia, la jueza de instrucción a la que entrevistó esta revista, se auxilia de trabajadores sociales de los juzgados de familia. Ellos, sin embargo, comenzaron trabajando peritajes sin ningún enfoque de género, dice.

Argueta señala que el gobierno de Nayib Bukele no ha dado prioridad a las mujeres víctimas de violencia. Para explicarlo mejor, se refiere al despido de la mayoría de los colaboradores de las Oficinas Locales de Atención a las Víctimas, que es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de donde ellos remitían a mujeres para que contaran con asesoría legal.

Juárez retoma el SNDVM de 2018, que revela que la inversión del todas las carteras de Estado para las mujeres es de menos del 1 % del Presupuesto General de la Nación, por lo que considera que esto se trata de un problema masivo y sistemático.

El Órgano Judicial es el órgano que más dinero dispone del presupuesto, alcanzando el 6 %. El monto para operar en el 2020 es de $302, 250,265. Más de la mitad de está destinado a la administración de justicia. De acuerdo con la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador contará con una jueza interina que recibirá los nuevos procesos, al tiempo que la actual jueza atienda los ya ingresados. Esto, asegura la Unidad de Comunicaciones de la institución, será a partir del 1 de abril.

La funcionaria también dice que se tiene previsto que, en agosto, haya dos juzgados más de instrucción en San Salvador, y dependiendo del flujo de procesos, se cree otro de sentencia.

«Creo que si se lograra capacitar a todos los jueces con enfoque de género, el fenómeno (la saturación) se erradicaría», señala la jueza de instrucción entrevistada, y habla esfuerzos desde la CSJ y el Consejo Nacional de la Judicatura para capacitar a los jueces.

El juicio sobre el caso de la agente Carla Ayala está programa para que inicie el 16 de marzo. En el caso de Jocelyn Abarca, todavía es incierto cuándo será la audiencia preliminar. Mientras, más mujeres que están siendo víctimas de violencia se avocan a un sistema saturado, que no está a la altura del problema.

Un Centro Nacional de Artes reducido al mínimo

Fotografías de Stanley Luna/ Ericka Chávez

El grupo de 10 estudiantes preparó la intervención y vistió de negro. No hubo escenario ni telones, más que la sala «Carlos Cañas» y enojo, mucho. Era enero de 2015 y el Centro Nacional de Artes (CENAR) abría las inscripciones anuales para las escuelas de Teatro, Música y Artes Visuales. Pero aquel grupo irrumpió ese salón, donde dos docentes entrevistaban a aspirantes y les explicaban los pasos para ingresar a la institución.

«Siempre que me pregunto que cuándo habrá maestros, ellos siempre me responden ‘no sé, no sé, no sé’. Y así pasan los días y yo perdiendo clases, y ellos contestando ‘no sé, no sé, no sé’… Están perdiendo el tiempo pensando, pensando, pensando. Por lo que más quieran, ¿hasta cuándo?», cantaron, los 10, en coro, la adaptación de Quizá, quizá, quizá, del cubano Osvaldo Farré, para reclamar por qué la dirección del CENAR no les decía a ellos, alumnos del segundo y tercer año del diplomado de la Escuela de Teatro, cuándo y quiénes ocuparían las plazas que dejaron dos profesores que, en 2014, abandonaron la institución para convertirse en funcionarios públicos y la de otro profesor que se fue a Australia.

El grupo subió a la segunda planta. Entró a la oficina de Marta Rosales, la entonces directora del CENAR, y se plantó frente a su escritorio. Le cantó. Rosales no atendió a los estudiantes y simuló hacer una llamada telefónica, pero ellos dejaron, en las gradas, una pancarta que decía: «Exigimos maestros». A los días la pancarta ya no estaba. Tampoco había maestros.

En junio de 2014, Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia de la República acompañado de artistas y académicos que ocuparían las direcciones de la entonces Secretaría de Cultura (SECULTURA), e hizo promesas en el ámbito cultural que, por años, creyeron los artistas. La más rimbombante fue su acreditación legal, algo que el gremio exige desde hace décadas y que no obtuvo en los dos gobiernos del FMLN.

Pero mientras el segundo gobierno de izquierda hablaba de dignificar a los artistas, en el CENAR, las condiciones para los estudiantes eran otras. «Mis expectativas estaban bajando. Desde que empecé eran súper altas, al segundo (año) bajaron un montón, porque fue un gran cambio. Entonces adaptarse fue difícil, pero teníamos que hacerlo», cuenta Mariam Santamaría, una de los 10 alumnos que se manifestaron en la sala «Carlos Cañas».

Cubículos. No todos los cubículos de la Escuela de Música tienen aire acondicionado. Los alumnos tienen que abrir las puertas para ensayar, lo que interrumpe las labores de otras escuelas.

Santamaría tenía 19 años, y sentada en una grada del anfiteatro del parque Cuscatlán, dice que a esa edad no sabía cómo plantear soluciones, pero que decidió organizarse con sus compañeros de teatro para hablar con Rosales -no recuerda si antes o después de manifestarse-. Rosales es musicóloga e investigadora, por esto la consideraron una persona idónea para consultarle qué pasaría con el CENAR y cuándo habría una acreditación artística. «No se nos dio un panorama muy esperanzador. Dijo que en unos cinco años», recuerda. Y la acreditación no ha llegado.

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IMPROVISACIÓN

Habla bajo. Prefiere el anonimato. En el salón donde está hay dos pianos gastados por el uso y el tiempo, desafinados, y a uno le falta una tecla. No los ocupa para sus clases, pero a veces los necesita, porque en la Escuela de Música del CENAR solo hay un piano y teclados. Sobre estos pianos, que están a su izquierda, no se acuerda qué país los donó ni en qué año, supone que fue Japón. Lo que sí sabe es que valen entre $5,000 y $6,000.

El maestro lleva en su mano un folder con su planificación didáctica, pero en las primeras páginas del documento está la lista de los materiales que ha pedido a la dirección del CENAR, y que a una semana de comenzar las clases, no le han entregado. Entre la lista, pide un aparato para reproducir CD, plumones, toallas para que sus alumnos las mojen con alcohol y se limpien las manos después de los ensayos, y pliegos de papel bond. Otra vez pide los pliegos que durante cinco años le han negado.

«Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo», dice el maestro, conteniendo el ímpetu con el que quiere quejarse, porque irónicamente no le dan el material y lo regañan si se lo pide a los alumnos.

Desuso. Este es un piano en desuso, pero que puede repararse. Está en uno de los salones de clase.

Para este año lectivo, que comenzó el pasado lunes, el profesor dice que la Escuela de Música espera un aproximado de 200 alumnos repartidos en los instrumentos de violín, piano y percusión, entre otros, pero aunque ha escuchado comentarios sobre un presupuesto que puede desembolsar el Ministerio de Cultura (MICULTURA) para comprar nuevos instrumentos, no le asombra, ya que asegura que en el CENAR no hay cuerdas de piano y hay instrumentos que, como los pianos a su izquierda, están viejos y la administración prefiere botarlos o regalarlos, en lugar de preservarlos.

Su tono de voz se vuelve melancólico cuando habla de un piano-arpa que sacaron a un predio baldío que está al otro lado de este edificio. Es aquí cuando recalca que el área administrativa de una institución como esta debe saber de arte.

El CENAR es un centro de formación en artes que depende directamente del MICULTURA. De sus tres escuelas, Música y Teatro tienen cursos regulares que durante tres años y son impartidos de lunes a viernes. Los alumnos de Teatro tienen como requisito de graduación presentar un montaje. Artes Visuales imparte talleres que pueden durar desde uno a dos años. La mensualidad por las clases es de $15.

Sin embargo, quien estudia en el CENAR solo recibe un diploma de graduación que no equivale a nada desde un nivel de educación formal, por muy bueno que haya sido el alumno en sus clases. Este es un privilegio que sigue siendo solo de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de El Salvador (UES).

El maestro de música dice que en su escuela ha existido un curso al que le llaman extensivo, que puede durar más de tres años, pero nunca se sobrepasa este tiempo, porque el alumno se desanima al creer que no está estudiando para nada, por no haber una acreditación. El curso está siendo revisado por la coordinación de la escuela.

El presupuesto destinado al MICULTURA para 2020 es de $22 millones 595 mil 775, y de este total, se destinarán $18 millones 548 mil 380, entre otros rubros, a la formación, producción y difusión de la cultura y el arte, según el documento oficial del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Además del CENAR, la otra institución estatal encargada de la formación artística es la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié.

Escultura. Este es el taller de producción de esculturas del CENAR. El área de escultura, además de este espacio, tiene dos salones, en los cuales a veces hay clases simultáneas.

Si se compara el presupuesto de MICULTURA con el del Ministerio de Gobernación y con la Fuerza Armada, existe una diferencia radical de $44 millones y $149 millones, respectivamente. El arte en este país no es prioridad.

Como el de música, una parte de la planta docente del CENAR está conformada por un aproximado de 30 maestros graduados del extinto Bachillerato en Artes, un bachillerato histórico creado con la reforma educativa de 1968, en plena dictadura militar, cuando el exministro de Educación Walter Béneke diversificó la oferta académica en educación media: hubo música, artes plásticas, artes escénicas y bachillerato académico.

Los alumnos no pagaban nada por estudiar en este bachillerato, y para los que venían del interior del país a San Salvador, había un albergue. Por la mañana los estudiantes recibían clases académicas y por la tarde clases artísticas. Salían acreditados por el Ministerio de Educación como artistas y como docentes.

En la segunda planta de este edificio, donde está la Escuela de Música, hay varias puertas cerradas en todo el pasillo. Son los cubículos que fueron diseñados para que los estudiantes de música practicaran solos o con sus tutores. Un espacio reducido y apropiado para concentrarse. Pero el aire acondicionado se arruinó hace años y los estudiantes mejor abren las puertas para ensayar.

«La institución no está adecuada para ser un Centro Nacional de Artes y música, porque las paredes deberían estar bien acústicas, bien selladas. No hay ninguna. La fachada tienen», apunta el maestro de música.

“Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo”, dice el maestro de música.

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DEMAGOGIA

La Escuela de Teatro fue convocada en el salón «Carlos Cañas» para recibir una placa de reconocimiento por su trayectoria. Los alumnos no la querían, querían buena infraestructura y utilería para sus obras. Cuando Homero López, maestro de la escuela, pasó a recibirla, de entre el público, comenzaron a levantarse los estudiantes de Teatro. «Para que no duela, pongan duelas», «Si quieren personajes, pongan maquillajes», repitieron para darle voz a los mensajes que también estaban plasmados en carteles que sostenían.

Un alumno, vestido de maestro de ceremonia, llevaba una placa que decía «Demagogia». Otra alumna le puso enfrente un cartel exigiendo materiales. El maestro de ceremonia tomó el cartel, lo rompió y le dio la placa. El grupo de estudiantes pasó al frente. Luego se fue.

En 2015, ya había pasado un mes de clase y todavía los alumnos de la Escuela de Teatro no sabían quiénes sustituirían a los tres maestros que se habían ido un año antes. Después de la segunda manifestación, se enteraron que había sido aprobado el contrato para dos nuevos maestros, dice Santamaría. Por lo demás, siguieron necesitando los materiales que pedían. Algunos de sus compañeros optaron por irse de la escuela.

Por esos días, recuerda que se encontraron en el CENAR al exsecretario de Cultura, Ramón Rivas, a quien le pidieron que les ayudara reparando las duelas de los salones de teatro, le pidieron maquillaje y vestuario. Él prometió ayudarles, pero la ayuda estatal nunca llegó.

«Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así», señala Santamaría.

Fue así también cuando montaron, en tercer año, la obra que eligieron para su proyecto de graduación: La ciudad sitiada, de la española Laila Ripol. El maestro que les dirigió donó parte del material para la escenografía. Lo demás corrió por cuenta de los ocho alumnos del montaje y lo complementaron con la utilería de la institución.

Hoy, Santamaría tiene 24 años y es una artista que brilla. En 2017, junto a otra actriz, ganó el Premio Ovación, premio que otorga la Fundación Poma a un proyecto artístico para financiarlo. También ha sido la asistente de dirección de dos obras, una a cargo del Teatro del Azoro y otra a cargo de La Cachada Teatro, y ha actuado en un corto documental. Aunque dice que el teatro que conoció en el CENAR no era lo que buscaba, reconoce que estudiar los tres años le dio disciplina y bagaje.

Clases. Salón práctico de escultura. Aquí los alumnos realizan los modelajes de las obras y los docentes ocupan pizarra de yeso para sus clases.

LAS DUELAS

Homero López abre la puerta de uno de los salones con duelas. Es un salón en el que caben hasta 30 personas, se ocupa para clases, pero también para los montajes de la Escuela de Teatro. La madera del suelo está con pequeños hoyos, y entre los orificios que separan a una tabla de otra, hay polvo. No todas las luces de este salón encienden.

Minutos antes, en su oficina, López ha dicho que esta duela tiene más de 10 años de haber sido instalada y que, al consultar, sale mejor sustituirla que repararla, pero es caro y ninguna administración gubernamental ha respondido para hacerlo. No es la única necesidad de esta escuela, también, sostiene, falta utilería y vestuario, pero usualmente trabajan con donaciones, materiales que ellos ponen o que da el MICULTURA. Los teatreros no tienen una caja chica de la cual disponer para sus montajes.

«Es bien difícil para el grupo. Es bien difícil para el maestro, porque toca sacar del bolsillo, toca rebuscarse, ¿no? Entonces sería lo ideal (tener caja chica) y es lo que la institución está buscando. Hay tanto de fondos para el espectáculo, a sabiendas que va a ser un fondo considerable, modesto, pero con el cual vamos a poder trabajar. Pero el tener algunas limitantes se le ha encontrado algunas ventajas también. El hecho de ingeniártelas a crear con poco, o sea, con desechos prácticamente», dice López, que además de ser docente de Teatro, fue coordinador ad honorem por 10 años en la Escuela de Teatro, una función que solo interrumpió por tres años.

Tiene 65 años y es uno de los exbachilleres en Arte. Habla con elocuencia sobre teatro y formación artística. Al terminar su bachillerato, en 1975, estudió una maestría en Kiev, Ucrania, y se desempeñó como docente de teatro en México y en dos universidades de El Salvador. En marzo, López cumple 17 años de ser maestro en la Escuela del Teatro.

El CENAR debe tener coordinadores por cada una de las escuelas. De acuerdo con López, el limitado presupuesto ha impedido la contratación de un coordinador que se dedique meramente a esta función, y resalta el problema de que algunos coordinadores o directores de la institución han sido trasladados o removidos a un puesto dentro del ministerio y por el mismo salario, y así se quedan sin personal, porque cuando solicitan a un maestro, tampoco hay presupuesto para hacerlo.

Añade un problema que para él es universal: la dificultad para encontrar a especialistas en pedagogía artísticas en determinadas áreas, porque pueden haber muchos artistas, dice, pero pocos de ellos pueden ser pedagogos. Por esta razón, las escuelas de arte, incluido el CENAR, cuentan con lo más cercano que tengan para dar clase, como un artista que tiene experiencia en actuación o dirección de teatro, y luego aprende a ejercer la pedagogía.

El pasado jueves, días después de la entrevista con López, diferentes maestros del CENAR confirmaron que las autoridades de la institución hicieron oficial el nombramiento de los coordinadores por cada una de las escuelas. El coordinador de la Escuela de Teatro es el actor Óscar Suncín; el de Artes Visuales, el artista Rolado Chicas; y el de la Escuela de Música, el hondureño Josué Viera, quien en diferentes notas periodística ya aparece como coordinador de esta escuela entre 2018 y 2019.

En 2016, durante el gobierno de Sánchez Cerén, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Cultura, que formalizó en su artículo 86 la creación del Instituto Especializado de Nivel Superior de las Artes en El Salvador, una propuesta de la que el expresidente habló desde su campaña.

Este instituto pretendía la formación profesional de artistas y educadores artísticos, regidos bajo la Ley de Educación Superior, es decir, con miras a su acreditación. Pero pese a que se conformó un comité de cuatro artistas encargados de su diseño, entre ellos Marta Rosales, quien también fue Directora Nacional en Artes, el instituto no se ejecutó.

En octubre de 2016, Rosales, en sintonía con lo que señala López, dijo a la revista Séptimo Sentido que existían deficiencias pedagógicas en el país para implementar licenciaturas artísticas y que había artistas, pero no necesariamente estos eran docentes.

El gobierno de Nayib Bukele, en su Plan Cuscatlán, habla escuetamente sobre la formación «formal y no formal de artistas», y de una actualización y mejoramiento de la calidad y la oferta de la formación en artes.

Esta revista intentó entrevistar a la actual Directora Nacional en Artes, Sara Boulogne, para conocer sobre el presupuesto destinado al CENAR para este año y si este gobierno apuesta a una posible acreditación. Ella pospuso en dos ocasiones la entrevista y el pasado miércoles envió un mensaje a Whatsapp a un periodista de este medio en el que alegó tener una agenda saturada, y dijo que le contactaría cuando tuviera «todo listo para la reunión».

«Los políticos tienen que oír a los técnicos y oír a las personas que saben, y dejarse guiar. En El Salvador hemos tenido, en el área de la cultura, ‘yo lo sé todo, yo lo puedo hacer todo’, ‘eso no debe hacerse así’. Y todo lo deciden como si lo supieran y como si hubieran nacido sabiéndolo», indica la académica, directora de teatro y exdirectora Nacional de Artes, Tatiana de la Ossa, por medio de una videollamada desde Costa Rica.

A inicios de los 2000, De la Ossa presentó al Ministerio de Educación una propuesta para abrir una carrera de teatro en la UES que abarcara las especialidades de esta rama. También estaban pensadas tres maestrías y se pretendía vincular a los alumnos de las diferentes escuelas del CENAR en los procesos creativos. No tuvo respaldo de las autoridades de la época.

A la fecha, De la Ossa dimensiona los alcances que esto hubiera tenido: al menos tres generaciones de licenciados en teatro.

En el CENAR, Homero López asegura que desde abril del año pasado comenzó una revisión de la currícula, la cual fue suspendida por el cambio de gobierno, y fue retomada en diciembre. En esta tarea trabajan Boulogne; el director del CENAR, Walter Rojas, maestros del CENAR y un grupo de consultores contratados por el MICULTURA. López señala que esta especie de FODA les va a llevar a saber qué oferta y modelo educativo necesitan: puede ser un técnico, una escuela superior o un nuevo bachillerato en artes.

«A juzgar por las reuniones que hemos tenido, por lo que ellos nos han dicho (Boulogne y Rojas), por los diálogos que hemos tenido, porque trabajamos como equipo en las reuniones en esto de la currícula, sí hay interés, hay un gran interés por la acreditación. Eso es lo que vemos, lo que sentimos», dice López.

“Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así”, señala Mariam Santamaria.

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MODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD

Llegó en 2013, acompañado de un amigo, cuando estaba en el tercer año de la Licenciatura en Bellas Artes de la UES. Ricardo Flores no quería especializarse en escultura en su carrera, sino en dibujo, pero quería aprender sobre el tallado en piedra. La única opción que tenía era el taller de escultura, en la Escuela de Arte Visual del CENAR, donde ya había asistido otra amiga suya.

En la UES, Flores había cursado tallado en madera y reconstrucción en piedra, por eso quería aprender de una vez a tallar en piedra, pero no pudo. El taller libre al que aplicó está diseñado para dos años, era hasta el segundo que iniciaría el tallado, antes repasaría temas ya vistos en su carrera. No quería hacerlo, y predispuesto, al llegar al CENAR, preparó un portafolio para que los maestros vieran todo lo que podía hacer. «Por mí te pasara de un solo, pero aquí no nos dejan», le dijo una profesora.

Se desilusionó, pero se dijo que las técnicas para tallar piedra que él había observado no eran difíciles. Terminó aprendiendo en su casa, auxiliado de tutoriales.

«Si no es en la UES, en ningún lado, sino en Youtube. En escultura, en el país, solo son las instituciones de libre acceso las que enseñan escultura. Si se da en otras partes, o son estudiantes de forma particular, pero que pasaron por estos lugares (incluido el CENAR), o que lo aprendieron empíricamente. No hay otra universidad que dé escultura», asegura Flores.

A un costado del salón de prácticas, en el salón para clases teóricas, el escultor y docente Edwin Soriano señala una pantalla plana, al hablar sobre los insumos que esta escuela ha ido recibiendo para trabajar. Es una que el CENAR llevó en diciembre pasado. Antes de eso Soriano tenía que dar su clase teórica en otro salón con cañón, que no era de la escuela, y tenía que esperar turno para ocuparlo. De no ser posible, lo que hacía era compartir con sus estudiantes el link de un video y luego armaban tertulias en el CENAR.

Un maestro de Artes Visuales, quien no quiso identificarse, confirmó que el año pasado el MICULTURA desembolsó alrededor de $70,000 para la compra de materiales de esta escuela. No había algo así, dijo, desde 1993, cuando en el gobierno de Alfredo Cristiani fueron inaugurado las instalaciones del CENAR después de una remodelación.

Pero el área de escultura sigue con deficiencias. Tiene solo dos salones, el teórico y el práctico, y afuera, en el patio, está la producción de materiales. A veces los tres lugares están ocupados. Además, existe una contaminación de ruido, porque mientras ellos están tallando piedra, a veces los estudiantes de músicas están practicando. Soriano recuerda que esto no era así hasta antes que se arruinara parte del aire acondicionado y la entonces administradora del edificio dijera que, en lugar del aire, se pusieran ventanas francesas.

«La modernidad y la contemporaneidad vinieron y el CENAR estuvo asilado. Es porque se le quitó la acreditación ya con el Ministerio de Educación y también se le quitó la autonomía, semi autonomía financiera y la relativa autonomía que tenía como gestión. Entonces no tenemos autonomía de gestión y financiera, eso nos ha llevado al borde, un poco, del descuido por parte de los ministerios matrices», dice Soriano.

Él tiene 18 años de dedicarse a la docencia en el CENAR, donde dice que no había recibido una capacitación relacionada con pedagogía y arte, hasta noviembre. Antes los capacitaban en otros temas, como los administrativos.

Soriano, graduado del extinto Bachillerato en Artes, también ha cursado diferentes residencias artísticas en el extranjero, una de ellas la Escola Massana, en España, donde tuvo la oportunidad de conocer un convenio que esta tenía con la Universidad Autónoma de Barcelona, que consistía en que estudiantes de la universidad llegaban a la otra instancia a realizar sus prácticas y tenían la posibilidad de salir acreditados como licenciados o con un máster.

Él, recuerda, intentó hacer algo parecido hace años, cuando buscó nexos con la UES. Alumnos de la universidad llegaban al CENAR para explorar de qué forma hacían los convenios, porque en la Escuela de Visual dice que hay infraestructura y conocimiento técnico, mientras que la UES tiene conocimiento teórico y acreditación, aunque reconoce que también carece del presupuesto que deberían corresponder a una escuela de artes, ya que estas son caras, pero necesarias para el desarrollo cultural del país.

El escultor dice que, de acuerdo con lo que ha escuchado en las reuniones con autoridades del CENAR, se está apostando a una acreditación encaminada a una escuela superior, pero que actualmente no están las condiciones para esto, a menos que existan convenios con universidades. Y si se está revisando la currícula, se tienen que llevar al CENAR docentes con maestrías, doctorados, especializados en artes, pero de estos no hay muchos. Lo ve un poco increíble, porque se trata de una apuesta a corto plazo.

«Yo creo que está bien, pero hay que ver, hay que medir. Como decía mi abuela: ‘hay que medir el bocado que te vas a tragar. Hay que ser más realistas’», sugiere.

Un ecosistema marino limitado a su hallazgo

Pasto marino

Mediodía. A esta hora los moluscos conocidos como cascos de burro están bajo el fango y los pescadores ya se han ido a sus casas. En el playón solo quedan tres jóvenes que todavía buscan jaibas. Dos están a un costado de la barca que han usado ese día, donde tienen un barril de plástico, partido a la mitad, que sirve como recipiente para depositarlas. Jorge Mejía atrapa las jaibas y Miguel Yanes ayuda a acomodar las canastas y los changales, los instrumentos a base de hilo de trasmallo que sirven para pescarlas.

Han sido siete horas de pesca y ahora se preparan para ir a la casa, pero aclaran que aquí no hay hora para pescar. Siempre están las condiciones para hacerlo. «Hay unas 10 libras», dice Miguel, señalando las jaibas vivas que, por gusto, luchan por salir del barril. Miguel aprovecha para decir lo ricas que saben en sopa o guisadas con tomate, y con tortillas.

A unos 20 metros de donde están, el agua comienza a empozarse. La marea está subiendo, pero todavía deja a la vista pequeñas hojas verdes, parecidas a la grama de un campo de fútbol, que ellos han visto desde hace años. No saben cómo se llaman, tampoco cuándo las vieron por primera vez. «Ya tiene años de andar eso allá. Tiempazo«, dice Jorge. «Eso» es pasto marino: un complejo ecosistema que la ciencia descubrió en El Salvador hasta hace 11 años. Se ha extendido por diferentes partes de la Bahía de Jiquilisco, en Usulután, como en este lugar, la isla Rancho Viejo.

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Wilfredo López había vuelto de estudiar una maestría en Gestión de Ecosistemas Marinos de la Universidad de Alicante, en España. Allá, José Luis Sánchez, su tutor, lo había incitado a que buscara pastos marinos en El Salvador. «Yo siento que han de haber en tu país. Hay que buscar», le dijo. Aquel joven quedó con la terquedad de encontrarlos, porque había pasado los seis años de su carrera de Biología pensando que acá no existían.

En 2009, Wilfredo tenía 28 años y trabajaba, con un grupo de biólogos, en un proyecto sobre tortugas de carey con la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental. El grupo había escuchado de pobladores y guarda recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre unas plantas que no eran comunes. «Hay una cosa que parece cultivo de arroz», también le había dicho Óscar Carranza, un biólogo que, en más de una ocasión, vio las plantas cuando recorría la zona.

El grupo, liderado por Wilfredo, visitó el Golfo La Perra, en la Bahía de Jiquilisco. Vio que en lugar había tortugas prietas que se alimentaban de unas hojas. Al llegar al golfo, Wilfredo palpó las plantas y las analizó. A simple vista, no le parecieron algas marinas: tenían hojas, tallos y raíces. No encajaban en las características de un alga. Supo, entonces, que no estaba solo frente a una especie que no había visto antes en El Salvador, sino frente a todo un ecosistema.

Así comenzaron los trámites de permisos ambientales en MARN para continuar con los estudios. Fueron días de trabajo fijando muestras y revisándolas en el laboratorio del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador, donde dispusieron de equipo. Wilfredo contactó a su tutor y le envió fotografías de la punta de las hojas. José Luis le confirmó que se trataba de pastos marinos. Pero faltaba descubrir cuál era la especie.

Wilfredo se empecinó en leer guías de identificación taxonómica. «No le hallo. No entiendo qué especie será esa», se dijo por días. Había visto otros tipos de pastos: plantas grandes, no pequeñas, de centímetros, como las del Golfo La Perra. Al inicio supuso que podrían ser dos tipos de plantas, una de ellas Halodule wrightii, que, sabía, crecía en el Océano Atlántico.

Tenía razón, se trataba de Halodule wrightii. José Luis le dijo que se había creído que esa planta solo crecía en el Océano Atlántico, pero también crece en el Pacífico.

El biólogo temía que cuestionaran su hallazgo. Por un tema de malinchismo, dice esta mañana, en un café, al recordar aquel viaje. Enseña, en su computadora, un álbum de fotos de las plantas, de las mediciones que hicieron en los pastos para los estudios y algunos de los animales encontrados en las hojas y en el lodo. Calcula que antes de descubrir el ecosistema, este tenía 10 años de existencia.

Distribución. La pradera marina está distribuida en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco, entre ellas, el Golfo La Perra. La fotografía muestra la zona en la que Wilfredo López y su grupo la descubrieron.

 

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Los pastos marinos o praderas marinas son plantas que crecen donde hay mareas bajas, como en la Bahía de Jiquilisco. Forman todo un ecosistema que le sirve de hogar a diferentes especies de moluscos, crustáceos y equinodermos.

La bióloga salvadoreña Olga Tejada realizó la investigación «Praderas Submarinas de Bocas del Toro, Panamá», publicada en 2014, en la que dice que los pastos marinos representan menos del 0.2 % de los océanos del mundo y que anualmente toman el 10 % de carbono enterrado en sedimentos oceánicos. Almacenan dos veces más carbono que los bosques terrestres.

Alrededor del mundo, Wilfredo dice que la ciencia ha descubierto entre siete y ocho especies de pastos. Los hay de diferentes tamaños y extensiones. Los pastos que él y su equipo descubrieron siguen siendo los únicos de los que se sabe en el país. Según sus investigaciones, hasta la fecha hay 27 especies de invertebrados que ahí habitan, como cangrejos y almejas . Otros animales viven pegados a las hojas, pero de ellos todavía no conoce el nombre.

Algunas especies prefieren el lodo en el que nacen los pastos, otras prefieren las hojas o ambos lugares, como las conchas, dice; porque, cuando están en la etapa de cría, se pegan a las hojas o a los tallos y, cuando están adultas, se despegan y bajan al lodo.

Las hojas de los pastos, además, de acuerdo con datos del MARN, son, en un 62 %, la dieta de las tortugas prietas, aquellas que los científicos siguieron para descubrir el ecosistema.

En 2017, un grupo de científicas, entre ellas unas representantes del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES), publicó un estudio que estableció que el tipo de pasto que hay en el país, Halodule wrightii, se extiende en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco: el Golfo La Perra, las islas Rancho Viejo y Corral de Mulas, y en El Golfito, La Chepona y El Bajón. Este estudio se basó en el trabajo previo que había hecho Wilfredo desde 2009.

Wilfredo dice que estudió la especie en los primeros dos lugares, además de El Icaco y El Tular, y supo de la extensión de los pastos en las demás áreas, pero estas no formaron parte de las muestras.

Las científicas tomaron como muestra el Golfo La Perra y Corral de Mulas, donde concluyeron que había una extensión de esta especie de 27.1 km 2, 26 en el golfo y 1.1 km2 en la isla. En estos lugares, establecieron que hay 22 especies de invertebrados.

El lugar donde está ubicada la pradera marina es un Área de Conservación Natural y ha sido reconocido como un sitio Ramsar. Es el Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, una bahía que abarca seis municipios de Usulután y que alberga diversidad de especies animales y vegetales. El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) asegura que ahí se encuentra la mitad de los manglares del país.

La bahía, desde 2007, también es una Reserva de Biósfera que está amparada bajo el Programa sobre Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un nombramiento como este implica que exista conservación de toda la biodiversidad para que sea sostenible, que haya investigación, desarrollo económico y educación. Pero los pastos marinos, por hoy, apenas son conocidos y las instituciones del Estado todavía no le dan el valor científico que merecen.

“Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está”, recuerda Enrique Barraza, exjefe de Humedales del MARN e investigador especializado en la conservación de la

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«Cuando yo estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, recuerdo que me dijeron: ‘Mire, vamos a ver una planta que ha aparecido’. Y dijimos: ‘Sí, aquí está una planta’, pero hasta ahí llegamos, no le dimos la importancia debida. Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está», recuerda Enrique Barraza, investigador especializado en la conservación de la biodiversidad acuática y exjefe de la Unidad de Humedales del MARN. Él también tiene todo un álbum de fotografías, que muestra esta mañana para explicar mejor el ecosistema.

Enrique -el primer exfuncionario al que Wilfredo le comunicó sobre el hallazgo de la pradera marina, porque para entonces era el referentes de los sitios Ramsar en El Salvador- dice que, aunque la pradera marina que está en la Bahía de Jiquilisco es la única descubierta a la fecha, recuerda que hace 15 años vio una en la Barra de Santiago, en Ahuachapán, pero desapareció. Cree que esto sucedió porque, en esa zona, la fuerte lluvia erosiona la costa y la arena comienza a cubrir lo que encuentra a su paso.

El especialista explica que las praderas marinas son ecosistemas que tienen una fijación un sedimento suave y que, en parte, ayudan a evitar la erosión en la costa. Además, representan una función importante ante el cambio climático, porque son sumideros de carbono. En el país aún no se sabe cuál es la tasa de incorporación de carbono que ha absorbido la pradera marina.

Las plantas, dice, viven en un fondo horizontal, con una leve pendiente que permita que reciban luz para hacer fotosíntesis. Son de aguas calmadas, claras y saladas. Las que están en el Golfo La Perra son cubiertas, máximo, por un aproximado de 2.5 metros cuando la marea está alta.

Enrique trabaja como investigador en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Ahí conserva muestras de las hojas de Halodule wrightii bajo refrigeración y en frascos con alcohol. Las tomó en agosto del año pasado. Sobre una mesa pone 18 frascos con hojas del pasto y extrae, con una pinza, una de las más grandes. Dice que una planta completa puede llegar a medir 20 centímetros.

Espera enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, en Estados Unidos, para un análisis genético de la especie y así conocer si la pradera que hay en El Salvador tiene similitudes con otras que están en el Pacífico panameño, costarricense y suramericano, o si se trata de una especie única. También para saber si el pasto está relacionado con un especie ancestral en común.

Sin embargo, al investigador le aqueja la burocracia que existe para enviarlas. Ya tiene los permisos ambientales para hacerlo, pero el proceso está detenido porque el Banco Central de Reserva le ha pedido, como si fuera un comerciante, facturas y permisos del Ministerio de Hacienda.

Los científicos todavía no saben cómo se reproduce la pradera marina en El Salvador. Wilfredo dice que las praderas marinas, en general, tienen dos formas de hacerlo. Una es por medio de la extensión de sus raíces, y la otra, por medio de semillas que permiten que otras plantas germinen. Él, de momento, todavía no le ha visto flores a los pastos de la Bahía de Jiquilisco, pero dice que la teoría indica que sus flores salen entre marzo o abril. Enrique se inclina por la primera forma de reproducción.

En su investigación, Olga advirtió que, a escala mundial, los pastos marinos han disminuidos en un 29 % desde hace décadas. Pero a Enrique le da la impresión que, en El Salvador, los pastos se están extendiendo debido a la contaminación, a la química del agua y al cambio climático. Una colega mexicana le dijo lo mismo.

biodiversidad acuática.

“Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla” señala Wilfredo López.

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Leonel Rivas está en el Golfo La Perra, el lugar donde fueron localizados los primeros hallazgos de la pradera marina. Al fondo se observa toda la sierra Tecapa-Chinameca, que se extiende desde Berlín, Usulután, hasta San Miguel.

La lancha en la que Leonel ha viajado nueve kilómetros, desde Puerto Parada, está aparcada a unos 50 metros. De donde está, todavía falta un kilómetro para llegar a tierra firme. Aquí, con la marea baja, hay fango y pasto de donde salen cangrejos pequeños, conchas y caracoles. Al estar descalzo y permanecer fijo en un solo lugar, se siente el cosquilleo de pequeños animales.

«Puede ser que en este espacio no hubo pasto hace un tiempo. Se concentró en otra parte, pero llegó algo que no le gustaba y se vino para acá», dice Leonel, quien desde 2009 es uno de los guarda recursos del MARN. Su trabajo consiste en hacer patrullajes por toda la Bahía de Jiquilisco. Sabe que en unas horas el agua llegará a 2.5 metros, pero ahora, con el agua que llega hasta unos cinco centímetros, puede observarse, sin ninguna dificultad, la pradera marina. Por donde está la lancha, aclara, hay más pasto inundado del que todavía no se ha investigado el tamaño.

A un lado de Leonel, Daysi Herrera se agacha para tocar el fango y remover el agua, que rápido se vuelve oscura. Escarba, saca lodo, pero quiere palpar arena. La encuentra después de haber escarbado unos tres centímetros. A ella le asusta el alga que se ve entre las hojas de la pradera, que el color de sus plantas no sea verde claro, sino un verde apagado, y que al remover exista mucho sedimento y poca arena.

El nombre del alga que está sobre las plantas se llama caulerpa. Enrique tiene fotos de ella sobre los pastos. Dice que una colega norteamericana se asustó al verlas, porque es un alga que usualmente se asocia a la contaminación por la abundancia de fertilizantes, pero que está en la parte pacha del golfo, al adentrare al agua, desaparece.

Estudio. Enrique Barraza tiene muestras de los pastos marinos para enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, Estados Unidos.

«Ella decía que van a desaparecer (los pastos)». Y yo no sé. Puede ser un ciclo, habría que ir a echar un vistazo. Esas fotos son de agosto, época lluviosa. Eso no debería estar ahí, porque eso es una carga extra, le quita espacio para la fotosíntesis a la plantita, pero puede ser una competencia de poca profundidad, algo natural. Pero también puede estar alimentado por la contaminación, por fertilizantes que recibe la Bahía de Jiquilisco«, dice.

Daysi, bióloga de FIAES y quien ha trabajado en diferentes proyectos en la zona, explica que los pastos marinos son un complemento del manglar y de los arrecifes para que exista una pesca sostenible. Sin embargo, acepta que actualmente no hay consciencia de las poblaciones aledañas al ecosistema sobre el cuido de los pastos, como sí lo hay con los manglares.

Insiste en que su protección también depende de buenas prácticas agrícolas, porque de esta forma se evitaría que la bahía –un lugar de agua quieta y que no alcanza grandes profundidades- sea contaminada por todo el sedimento que baja de las cuencas mediana y alta de la sierra Tecapa-Chinameca, donde hay municipios que cultivan granos básicos y caña de azúcar. En esta bahía también desemboca el río Gran de San Miguel, que recorre más de 10 municipios.

Por esa razón, Daysi remueve el agua y escarba, porque le preocupa que, en algún momento, la cantidad de sedimento supere a la arena de la bahía, y esto se convierta en un peligro para la pradera y las especies que en ella habitan.

Asentamientos. Las personas aledañas a las zonas donde hay pastos marinos aún no toman consciencia de la importancia de este ecosistema.

«Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla. Nosotros hacemos investigación en nuestro tiempo libre o cuando nos está pagando una institución para hacerla», señala Wilfredo, quien trabaja investigaciones independientes, y además, es parte de la Asociación Territorios Vivos El Salvador.

El biólogo dice que la pradera marina podría estar vulnerable si existe una tala de manglares en la zona y los pastos quedan soterrados, porque habría sedimentación y también contaminación. Pero Enrique suma más peligros: la contaminación por fertilizantes, un derrame de hidrocarburos y la presencia de animales que no pertenezcan al ecosistema, como un cerdo, que está escarbando, que él fotografió cerca del Golfo La Perra, donde al igual que en la isla Rancho Viejo, hay asentamientos humanos. Cuenta que también ha visto a vacas en el pasto.

«(Las personas) no la conocen, no le han puesto coco. No saben que es algo diferente. Las autoridades, en conjunto, deberían estar ahí notificando que esto es único en el país», enfatiza Barraza.

Doris Nieto, de la Asociación de Municipios ASIBAHIA, que trabaja en el plan de ordenamiento territorial en municipios de la Bahía de Jiquilisco, dice que aún desconocen la cantidad de habitantes que hay en los lugares con asentamientos y donde hay registros de pastos marinos. La ha solicitado al Ministerio de Salud, que, por su trabajo comunitario, tiene un registro poblacional, pero el ministerio ha negado entregarla.

El MARN no cuenta con estudios propios sobre la pradera marina. La primera vez que expuso de su existencia a escala mundial fue en el Cuarto Informe al Convenio sobre Diversidad Biológica en El Salvador, en 2010, y partió de la documentación que recopiló Barraza. Lo reconoce el técnico en Biotecnología y Restauración de Ecosistemas de este ministerio, Carlos Rivera.

Características. Las hojas de los pastos marinos puedenmedir hasta 20 centímetros. Prefieren aguas calmadas y saladas, como las de la Bahía de Jiquilisco.

Carlos, para precisar la extensión de los pastos y el número de especies que viven en ellos, recurre a mediciones contempladas informe publicado en 2017 por las científicas independientes y el MUHNES. Agrega que, en Rancho Viejo, hay 4.12 km2 de pastos; en El Bajón, 0.26 km2; y en La Chepona, 4.12 km2.

«Esa es la cobertura estimada, que hay a la fecha, considerando que, por supuesto, son ecosistemas fluctuantes y cuyas fronteras varían dependiendo de la época del año y otros factores», dice. Por esto precisa que los datos tienen que corroborarse.

Según el técnico del MARN, como la pradera está dentro del Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, existe un plan de manejo del humedal, creado el año pasado, que falta «interiorizarlo», pero que incluye regulaciones relacionadas con las zonas núcleos de todo el ecosistema. Para esto, indica, hay un comité. «Usted no va a encontrar una referencia directa a esto (la pradera marina)», justifica, y dice que esto es por la variedad de ecosistemas de la bahía, pero que todo está «armonizado» para su conservación.

Señala, además, que hay un Plan de Desarrollo Local Sostenible, proyectado hacia 2031, del cual ya existe un comité de Reserva de Biósfera destinado, entre otras actividades, a educar para evitar la contaminación de las cuencas media y alta, la contaminación de desechos sólidos y a tratar de mejorar los mecanismos de vertidos de residuos líquidos, como el caso de los estanques camaroneros. A esto, añade los patrullajes realizados en conjunto con instituciones, gobiernos locales y la Policía Nacional Civil.

Falta por descubrir particularidades de la pradera marina. Su reproducción y los demás animales que la ocupan de casa. Y, como dice su Wilfredo, «quizá ahí esté la cura del cáncer u otra enfermedad». Hoy es solo un hallazgo esperanzador.

Posible peligro. Por el momento, los pastos marinos están cubiertos por una alga asociada a la contaminación de las aguas. Faltan estudios que indiquen si esta podría causarles daños con el tiempo.