Una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo que está conformado por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Además, fue el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fungió como viceministro de Hacienda en el periodo del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

A finales de octubre, Chamorro estuvo en El Salvador y conversó con esta revista sobre las perspectivas de la consolidación de un oposición que pueda vencer al régimen orteguista en las próximas elecciones. Para él, estas futuras elecciones tendrían características de un plebiscito, pues será una consulta ciudadana para saber si los nicaragüenses quieren estar en democracia o seguir con una dictadura que ha dejado muertos, exiliados y cierre de medios de comunicación.

Para esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaría un informe elaborado por una comisión especial encargada de documentar lo ocurrido en este país centroamericano, sin embargo, este informe tuvo un atraso.

Con los recientes despliegues militares, los chilenos dicen que han vuelto al tiempo de la dictadura. En Nicaragua ustedes viven la misma situación desde abril del año pasado. ¿En qué focaliza usted el declive de las democracias en América Latina?

En el desconecte que hay entre gobernantes y gobernados. Creo que las lecciones que nos han dado, primero, los procesos electorales en América Latina, han sido hacia un cambio. Si notamos las tendencias de los resultados en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia, en todas ellas se vio un proceso electoral donde la población rechazó al gobernante y va por un cambio. Eso creo que tiene una implicancia importante y también se nota un interés de desprenderse de los extremos.Menciono, por ejemplo, el caso de este joven que fue electo alcalde de Medellín (Daniel Quinteros) en el pleno centro uribista, viene de una clase trabajadora, pero esforzado. Estudió, llegó a la Kennedy (Harvard Kennedy School of Government, EE.UU.), tiene un máster en negocio, educado, fue viceministro. Muestra de que es posible, en las sociedades latinoamericanas, tener ascenso socioeconómico, social y tener capacidad de llegar a cargos públicos.

A lo que está pasando en los países latinoamericanos, yo le llamaría, más que ser una lucha ideológica entre izquierdas y derecha, una lucha por la reivindicación de los gobernados, de exigirle a la clase política que atienda las necesidades de la población. El caso chileno es un caso emblemático también, aunque ahí no hay proceso electoral, pero hay un proceso de protesta. En ese proceso de protesta se nota la ausencia en el liderazgo de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, se parece mucho al movimiento auto convocado en Nicaragua, donde no hay en la vanguardia un partido político, sino que está un movimiento juvenil. En el caso de Nicaragua, fueron los jóvenes los que se revelaron y lo hicieron de una manera muy similar al caso chileno. Sin embargo, yo creo que el caso chileno no es una protesta en contra o para cambiar el sistema de libre mercado que predomina en Chile, sino es para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero la respuesta de Piñera fue muy atinada, de pedir disculpas, perdón, como clase política gobernante, por la falta de visión de la clase política chilena y ese paquete de políticas sociales, creo que viene a iniciar, ojalá, un proceso de atención en lo que el modelo se ha quedado un poco corto, que es una política social más incluyente y que llene las aspiraciones de la juventud.

En este momento clave para la región, ¿qué papel deben asumir los jóvenes en cambiar la forma de hacer política?

Esta rebelión de abril de 2018 comienza, precisamente, con una rebelión de estudiantes y de juventud que se lanza a las calles por la incapacidad de Ortega de resolver las aspiraciones, las necesidades de la juventud, que luego se traduce en un movimiento social mucho más amplio, que incluye, no solamente los estudiantes, sino que también incluye población en general, campesinos, que venían con una lucha anti proyecto canal interoceánico desde hace varios años, y empieza a formarse este descontento. Se realiza la rebelión de abril, se llama a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal. Nos llaman a esta mesa de negociación, sin existir la Alianza Cívica, y fue precisamente la mesa de la negociación la que nos provoca o la que genera esta Alianza Cívica que ahora ya tiene más de 17 meses de formación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se caracteriza por tener una participación fuerte de cinco movimientos juveniles, estudiantiles, principalmente, pero también está el movimiento campesino, está la intelectualidad, hay representantes de la costa Caribe, hay representantes de los sindicatos y hay representantes del sector privado. Esa es una alianza bien inusual en estas luchas sociales, y es inusual, porque las condiciones de represión y de dictadura que existe en Nicaragua son inusuales. La dictadura en de Ortega es, probablemente la dictadura, no solamente que ha amasado más poder en Nicaragua, que es un país de dictaduras, hemos tenido más de 10 dictaduras en 200 años, es brutal, una dictadura con una represión muy por encima de lo que otras dictaduras han hecho, hay más de 328 muertos por el uso letal de las armas.

Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales.

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A inicios de octubre, con otros opositores orteguistas, usted estuvo en San Salvador reunido con la comisión de alto nivel de la OEA para contarle todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Para noviembre esta comisión debe presentar un informe de esto. ¿Qué espera la oposición de este informe cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que «Ortega gobierna Nicaragua, pero Maduro reprime Venezuela»?

Ortega reprime en Nicaragua, Ortega es una dictadura. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, en Nicaragua hay una dictadura represiva. Eso a todas luces está demostrado. De hecho, si uno ve en la cantidad de asesinados que existió en Nicaragua, en términos absolutos y relativos, es mayor a la de Venezuela. El reporte de la Comisión de Alto Nivel será el 13 de noviembre, que se cumplen los 75 días de mandado que se le dio a la Comisión. Nosotros esperamos que en esta Comisión de Alto Nivel, que ya es la segunda instancia que la OEA ha puesto a trabajar -la primera fue el grupo de 12 países, el grupo de trabajo, que fue formado en agosto de 2018-. El grupo de la comisión especial se formó a partir de la Asamblea General de Medellín, que fue en julio de este año, y ahí mandata a escribir este reporte.

Nosotros creemos que ya aquí se están agotando los canales y las vías de la OEA. Está, por un lado, la posibilidad de la aplicación del artículo 21 (De la Carta Democrática Interamericana), que es la suspensión de Nicaragua, pero también existen otras alternativas. Veremos qué dice la comisión, qué recomienda la comisión de la OEA. En este momento es muy prematuro adelantarse a lo que pueda decir, pero sí podemos hablar desde el punto de vista nuestro. Como Alianza Cívica hemos impulsado mucho la idea, y espero que la comisión especial lo retome, de la importancia que tiene las reformas electorales. En Nicaragua existe un sistema electoral totalmente corrupto. Existe un desprestigio total a la institución electoral, a diferencia de muchos países americanos. En la mayoría de los países latinoamericanos no se duda si se roban o no se roban los votos, o hay fraudes electorales; en el caso de Nicaragua, no se discute si hay fraude o no, eso está clarísimo. Nadie defiende, ni siquiera los sandinistas mismos, defienden la integridad del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a encuestas que se han hecho durante años. Está comprobada la comisión delitos electorales y de fraudes electorales.

A nosotros nos interesa muchísimo el adelanto de las elecciones e impulsar un plan de reformas electorales que le traigan y lo devuelvan al ciudadano nicaragüense la confianza en el sistema electoral, que actualmente no la tiene.

¿Desde la oposición ya inició este plan de reformas electorales?

Sí, estos planes de reforma, en realidad, tienen varios años de estarse gestando. Comenzaron haciéndolos los partidos políticos, que son los más conocedores de los procesos. La Alianza, una organización joven, ha retomado cada uno de los planteamientos y en este momento estamos en un proceso de homologar todas las propuestas y hay bastante congruencia en lo que se debe hacer como reformas electorales.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha hablado también de la constitución de una coalición para poder ganar las elecciones a Ortega. ¿Cómo se está consolidando esta coalición?

La Alianza Cívica ha sido una organización clave en este proceso, opositora a Ortega. Siempre hemos planteado la necesidad de resolver este problema vía elecciones. Al cerrar las puertas de la mesa de la negociación, en julio de este año, cuando el gobierno no llegó a la convocatoria que nos hiciera la Asamblea General de la OEA, al llamarnos a ambas partes del conflicto y sentarnos, estamos planteando, replanteando, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión estratégica de trabajar en la formación de esta coalición.

Esta coalición tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin distingos de ninguna índole, porque, precisamente, la represión que se dio en Nicaragua fue una represión contra personas que tenían distintas característica ideológicas, no fue un ataque a uno en particular, sino que fue generalizada. Lo que tenemos ahí es una situación de que esta elección debe de tener unas características de orden más plebiscitaria. Se debe parecer más a un plebiscito, decir no más dictadura y un cambio hacia la democracia. No va a tener, creemos nosotros, un tinto de debate ideológico, sino va a ser democracia versus dictadura. En ese sentido creemos nosotros que es muy factible conseguir una unidad, una unión entre todas las distintas organizaciones políticas, porque el objetivo es precisamente estar unificado.

La economía nicaragüense, según las últimas proyecciones del Banco Mundial, decreció -5 % en 2019. El año pasado, cuando se dio la crisis, el decrecimiento fue del -3.8 %. ¿Qué postura está asumiendo el sector empresarial ante el régimen Ortega-Murillo?

Es una postura de la necesidad de resolver el problema a través del diálogo político. La caída económica, que ha sido la peor crisis que ha estancado a Nicaragua en las últimas décadas, no se resuelve con políticas económicas, se resuelve precisamente con un diálogo político adecuado, honesto, que trate de resolver los problemas políticos, que son el origen de la crisis actual. No es a través de medidas económicas, como está pretendiendo el gobierno, que se va a solucionar el problema, hay un problema político. Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales. De hecho, el gobierno firmó un acuerdo, el 28 de marzo, en el cual aceptaba que se estaban violando derechos a la manifestación, a la reunión, derecho a portar la bandera nacional, incluso, y esos derechos, el gobierno firmó que los iba a restituir, y hasta el día de hoy no han sido restituidos.

Todavía hay medios de comunicación cerrados, como el caso de 100 % Noticias y todavía hay periodistas como Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, que está transmitiendo desde el exilio. Entonces no es cierto que las condiciones estén dadas, que estén normales, como ellos lo están planteando.

¿Puede la oposición y la comunidad internacional obligar a Ortega a celebrar elecciones presidenciales y que los resultados signifiquen la recuperación de la democracia en Nicaragua?

Ortega está obligado a hacerlo, por Constitución. Él es un dictador, pero si no llama a elecciones, estaría todavía violentando más. Él ha dicho que, incluso, está de acuerdo con reformas electorales, como lo estamos nosotros, solo que tiene que ser unas reformas electorales producto de un diálogo, y no de medidas unilaterales, porque solo va a ser cambio cosmético que le van a beneficiar a él. Hay temas fundamentales que se tienen que hablar, como la reelección presidencial, que ha sido problema histórico en Nicaragua, que ha fomentado el caudillismo. Yo estoy convencido que una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega, que nunca ha llegado arriba del 38 % en ninguna elección. En las elecciones donde ganó el doctor Alemán (José Arnoldo Alemán) y el ingeniero Bolaños (Enrique José Bolaños), el voto del sandinismo no llegó al 35 %. Y en el caso de cuando ganó, fue porque el voto liberal se partió en dos partes iguales y él obtuvo el 38 %, más un cambio constitucional que hizo, eso le permitió subir a la presidencia, pero nosotros creemos que después de todo lo pasado, Ortega ha perdido muchos seguidores, porque precisamente mucha de la represión ha sido en contra de los sandinistas mismos. Entonces, creo que si aquí se permiten condiciones electorales adecuadas, condiciones para poder hacer una elección justa, transparentes, y por eso es importante la observación electoral, Ortega no tiene chance de ganar.

El 14 de octubre la Unión Europa adoptó una serie de medidas a aplicar contra violaciones de derechos humanos, cometidas por individuos o instituciones, pero entiendo que hasta la fecha, estas medidas no se han ejecutado, pese a que organismos registran, usted lo ha dicho también, la muerte de 328 personas en Nicaragua. ¿Cómo recibió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta noticia?

Nosotros creemos que es importante que a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, que están documentados, que están registrados, y que se sabe con ciencia cierta el involucramiento de fuerzas paramilitares, paraestatales, en el uso letal de la fuerza, estos responsables que, en muchos de los casos, a nivel de jefaturas, están identificados, deben de ser sancionados por la comunidad internacional.

Esto ha comenzado. No solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. Obviamente la Unión Europea, por ser una entidad multinacional, tiene un proceso un poco distinto y antes de pasar al proceso de sanciones específicas, tiene que aprobar un marco general de sanciones y eso es lo que estamos en este momento. En este momento, la Unión Europea no ha llegado a sancionar a individuos específicos y creemos nosotros que esto ejerce presión.

Las sanciones generales contra el pueblo nicaragüense, creemos que ayudan muy poco, no ayudan para nada a la solución del problema político. No estamos a favor de que la Unión Europea modifique el acuerdo comercial en Nicaragua, por ejemplo. Eso sería, más bien, afectar de manera general. Y aquí lo que se quiere es conseguir qué violadores de derechos humanos sean sancionados.

Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela.

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Encarcelamiento de periodistas, cierre de medios y también castigo a los periódicos críticos al régimen. De seguir así la crisis, ¿cómo se agravarían las amenazas a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua?

La libertad de expresión está en su peor momento en la historia de Nicaragua. Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela. Miguel Mora, Lucía Pineda estuvieron más de 10 meses en cárcel, y tenemos, aproximadamente, 70 periodistas que están actualmente en el exilio. Algunos de ellos acá en El Salvador.

Realmente la situación de derechos humanos, derechos individuales y derechos a la información están en el peor momento en las últimas décadas. Ortega ha cercenado estos derechos de una manera abrupta, a punta de cárcel, confiscación, destierro y asesinato. Porque hay periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, un periodista, incluso, de tendencia sandinista, que fue asesinado en las manifestaciones, mientras cubría un evento en Bluefields.

El régimen todavía no liberta a todos los presos políticos y algunos que ya han sido liberados, al igual que líderes opositores, denuncian el acecho u acoso de las autoridades en sus casos. En los acuerdos logrados entre el gobierno y la alianza, quedaron pendientes acciones a ejecutar por parte del gobierno, entre estas la liberación de todos los presos y la restitución de las libertades públicas. Si esto no se cumple, ¿la oposición se niega a dialogar y esperará unas posibles elecciones?

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Esos dos acuerdos no han sido cumplidos a la totalidad. Todavía quedaron presos políticos de las listas conciliadas, en cárcel, lo cual atestigua sobre la falta de interés y respeto al acuerdo firmado. Ese es el primer acuerdo, el de liberación de todos los presos políticos. Y los presos que han sido excarcelados, o sea, estas personas sufren asedio y sufren continuos ataques y persecuciones con motorizados, paramilitares que llegan a sus casos, tomas de fotos, etc. Inclusive, el día de hoy, la Asociación de Madres de Abril está denunciando el acoso a los familiares de los asesinados. Estamos hablando de profanación de tumbas con pintas, diciéndoles que son terroristas, que no pudieron ni podrán. Tenemos fotos de estas cosas. A este nivel de maldad llega esta dictadura, de agarrar a los familiares de los asesinados, y profanar las tumbas de los asesinados.

Y está también al acuerdo del 28 de marzo, precisamente, ese segundo, de restitución de derechos y garantías constitucionales, donde hay 18 puntos que ellos no los han cumplido. El día sábado pasado, precisamente, tuvimos una manifestación donde no se nos permitió marchar en las calles.

Una hora para salvar la vida de una parturienta

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Claudia Alexandra Lone está sentada en una de las bancas de este pasillo del Hospital Nacional Santa Gertrudis, en San Vicente. En sus manos, y apoyado en sus piernas, sostiene un ampo en el que archiva documentos que pertenecen al Comité de Morbimortalidad del hospital. Entre los documentos hay una serie de boletas del año pasado, cada una rotulada con el título «Seguimiento del manejo del choque hemorrágico Código Rojo» y selladas por el Centro Obstétrico.

Lone, la coordinadora del comité y jefa del Departamento de Anestesiología de este hospital, horas antes ha alzado su voz, cambiaba de posición en el sillón el que estaba sentada y hacía ademanes, para contar, desde una oficina administrativa, cómo abril de 2013 cambió la rutina del personal de este lugar, cuando, en dos semanas, tuvieron que atender 13 hemorragias severas, ocurridas después de partos.

No pudieron controlar siete y remitieron a las mujeres al antiguo Hospital Nacional de la Mujer, en San Salvador. Dos murieron. Una de ellas en la ambulancia, entre los 66 kilómetros que separan a San Vicente de la capital. Y para entonces, todos en San Vicente decían que en el Santa Gertrudis mataban a embarazadas y que no fueran a tener a sus hijos ahí, recuerda.

Emergencia. Para advertir al hospital que hay una mujer con hemorragia postparto severa, existen dos números a los cuales llamar y que directamente conectan con un parlante. 

El Comité de Morbimortalidad nació en 2012 por órdenes del Ministerio de Salud (Minsal) por las hemorragias severas postparto que este hospital atendía cuando aún no existía la estrategia Código Rojo.

Lone muestra 12 de las boletas del registro del comité. Son parte de los 23 casos que el hospital logró resolver el año pasado con el código, una estrategia que necesita, como mínimo, la intervención de un ginecólogo, un anestesista, un médico ayudante y una enfermera para salvar de una rápida muerte a una mujer que, tras el parto, sufre una hemorragia severa.

Cada boleta tiene el nombre de la paciente, su edad, la hora a la que ingresó a la sala donde la atendieron, la hora en la que fue activado el código, quién la atendió, el estado que mostró durante la intervención del equipo y el tiempo que este se llevó en desactivar el código.

Entre los casos está el de una niña de 16 años que sufrió la hemorragia después de un parto por cesárea, la cual fue causada por atonía uterina: su útero, como debe suceder después de un parto, no se contrajo, sino que se distendió y esto generó la complicación. La intervención médica duró 30 minutos.

Pionera. Claudia Alexandra Lone adaptó el Código Rojo en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, en 2013, dos años antes que la estrategia fuera lineamiento a nivel nacional.

Otro caso es el de una mujer de 28 años a quien la hemorragia le comenzó porque hubo un sangramiento de varices en el segmento del útero después del parto. Ella fue atendida en 26 minutos. Ninguna sobrepasó la hora, que es el tiempo en el que hay un 90 % de riesgo que la mujer muera, explica Lone. Por esto, a la primera hora de intervención le llaman la hora de oro.

El equipo de Código Rojo cuenta con esta hora para salvar a la paciente. El cronómetro empieza a correr cuando la enfermera, el ginecólogo o el anestesista que está a cargo de la supervisión de la madre, que recién ha dado a luz, observa que su frecuencia cardíaca es anormal -mayor a los 60 o 100 latidos por minutos-, y nota que está cansada, con temperatura fría y sudoración.

Ante estos signos comienza a diagnosticar las causas por las que puede producirse la hemorragia: un útero distendido, como en el caso de la niña de 16 años; desgarros vaginales, restos placentarios o alteraciones de la coagulación.

Cuando se identifica la causa del sangrado postparto, el que está a cargo de la supervisión de la paciente debe marcar una de las dos extensiones que enlazan directamente con el parlante que se escucha en todo el hospital, para el día es la 2516 y para la noche es la 2219. Y anunciar que hay un Código Rojo en la sala de operaciones, de emergencia obstétrica, de partos o en maternidad.

Desde ese momento, el laboratorio clínico del hospital deja de recibir muestras de exámenes de otras áreas y se enfoca solo en las muestras que recibirá de la paciente a intervenir, hasta que el código termine. Mientras que el equipo de médicos llega a la sala donde está la emergencia para iniciar la intervención.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal.

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EL CÓDIGO ROJO comenzó a implementarse desde 2006 en Colombia y ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue una respuesta sistematizada, de un equipo capacitado, a las hemorragias maternas postparto, hemorragias en las que una mujer, luego de 24 horas de haber dado a luz, pierde aproximadamente 1000 mililitros, en una velocidad de más de 150 mililitros por minuto, y esto que puede llevarla a la muerte.

La OMS establece que la hemorragia después del parto es la principal causa de muerte materna en los países de bajos ingresos. Una validación a este código, realizada en 2013 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía, posicionó a Asia y África como los lugares con más muertes de este tipo, seguidos de América Latina.

Para la OMS, la mayoría de estas emergencias pueden evitarse por medio del uso preventivo de agentes uterotónicos -que sirven para inducir el parto y evitar las hemorragias- y con un tratamiento apropiado. En San Vicente, el hospital tiene que mantener el Código Rojo con el presupuesto que anualmente le asigna el Estado, no tiene una línea presupuestaria para su ejecución.

Sin embargo, el compromiso de los estados de evitar las muertes maternas también es parte del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecía que, para 2015, debía reducirse en tres cuartas partes la mortalidad materna y que debía haber acceso universal a la salud sexual reproductiva. Algo que el país todavía no ha alcanzado.

Una hora. Luego de la llamada reportando un Código Rojo, el equipo llega a la sala de la emergencia y tiene una hora para salvar a una mujer de una hemorragia postparto.

Entre 2010 y 2015, el quinquenio previo a que el Minsal ordenara que el Código Rojo fuera una estrategia implementada en todos los hospitales públicos y los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la cifra oficial de muertes maternas fue de 411. En 2014, la hemorragia postparto encabezó las causas de estas muertes. Estuvo encima de los trastornos hipertensivos y las infecciones.

«Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja”, reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

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AL TIEMPO que pasa entre el minuto 1 y 20 de la intervención con la estrategia Código Rojo se le conoce como «reanimación». En toda la estrategia es el ginecólogo el que asume la dirección del equipo. El anestesista se encarga, entre otras funciones, de darle oxígeno a la paciente, a través de una cánula conectada a la nariz, monitorea su frecuencia cardíaca y su tensión arterial.

Las enfermeras, o el resto del equipo disponible que pueden sumarse a la emergencia, colocan catéteres en las venas de las mujeres, donde luego ellas recibirán sangre, medicina o suero. También, uno del grupo, se encarga de llenar la boleta -como las que Lone muestra- para registrar el tiempo en el que fue ejecutado el código y para que quede sirva como respaldo al análisis que el equipo hará después sobre su trabajo.

En este periodo es que el ginecólogo realiza, bajo anestesia, un masaje uterino. A la paciente se le aplican tres tipos de medicamentos: intravenosos, intramusculares e intrarrectal para frenar la hemorragia. Y dependiendo del estado, se decide si habrá una transfusión de sangre.

Si la emergencia sobrepasa los 20 minutos y la madre aún no es estabilizada, el equipo debe analizar qué complicaciones se avecinan: la necesidad de una histerectomía (extracción del útero), una falla renal o el envío a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Mujer, ya que el Hospital Santa Gertrudis no tiene los recursos para una unidad de este tipo. Y sí, la muerte siempre es, también, una posibilidad.

Hasta la primera semana de octubre, de acuerdo con Lone, el último Código Rojo que se había activado en el hospital sucedió en la segunda semana de septiembre. Se trató de una intervención, tras un parto vaginal, que comenzó a las 5:58 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. En este caso, la madre no dejó de sangrar por más de una hora y el equipo consideró la histerectomía. Aunque se evitó el sangrado severo, seguía sangrando por gotas, y por esto fue remitida a la UCI, a San Salvador.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal. Y aquí radicaba la falla, ya que ellos no sabían diagnosticar las complicaciones ni podían determinar la cantidad de sangre que las mujeres perdían.

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Lone señala que la otra muerte ocurrida ese año fue porque la paciente tenía preeclampsia grave y la presión muy alta. Cuando nació su bebé, por cesárea, inició una hemorragia que no pudieron controlar por no hacer una histerectomía. «Como médico general, puedo hacer cesárea, pero no puedo hacer una histerectomía», aclara. Y así arribaron, también, a la necesidad de un trabajo en equipo.

En 2013, ella, como parte de la Sociedad de Anestesiólogos de El Salvador, había recibido un taller sobre el colapso materno, impartido por la Sociedad de Anestesiólogos de Colombia, en el que abordaron cinco patologías básicas en las embarazadas. Uno de los contenidos fue la estrategia iniciada en el país Sudamericano, el Código Rojo. Ella adaptó la estrategia a la realidad que pasaba en el Hospital Nacional Santa Gertrudis y esta comenzó a ser implementada desde junio 2013.

Estaba consciente que necesitaba que hubiese personal que supiera diagnosticar y tratar a tiempo los signos y síntomas de las hemorragias postparto severas, y evitar de esta forma la complicación de las pacientes. Ahora, en el hospital trabajan nueve ginecólogos en el día y dos en el turno de la noche. El equipo ya sabe cómo reaccionar ante estas emergencias que no pudieron enfrentar en 2013.

Revisión. Cada caso atendido con el Código Rojo lleva al equipo a realizar un análisis de su intervención. En la fotografía, el personal practica con una muñeca bautizada como Nohelya.

Desde que la estrategia fue implementada, de acuerdo con cifras del hospital, hasta la fecha, ya no han vuelto a remitir siete casos en un año. 2014 y 2015 fueron los años que le siguieron en remisiones, con 4 casos cada uno. En lo que va de 2019, solo han remitido uno.

Lone muestra en una computadora las fotografías de los talleres que realizó con el personal antes de implementar la estrategia y que todavía sigue realizando dos veces por año, antes de turnos de vacaciones. En estas fotografías, escondidas entre varias carpetas, está Nohelya, la muñeca que les regalaron para las prácticas y con las que el equipo aparece rodeando una camilla, aplicando simulación de oxígeno, sangre, suero y llenando las boletas. También hay una persona que sumerge una sábana blanca en un huacal, para mancharla de colorante rojo, un ejercicio que les ayudó a medir la sangre que puede perder una mujer en una hemorragia, que antes de emergencia el personal no sabía cómo calcular.

La efectividad de la estrategia hizo que le equipo del Hospital Santa Gertrudis ganara en 2017 el Premio a la Mejor Práctica, que era administrado por la Presidencia de la República. El jurado evaluó la organización del equipo y la coordinación para implementar el Código Rojo a partir del modelo colombiano.

Talleres. La efectividad del Código Rojo ha requerido una preparación constante del equipo por medio de talleres. Estos son realizados dos veces por año, antes de turnos de vacaciones.

«Son agujeros que intentan tapar una herida muy profunda sobre la sexualidad de hombres y mujeres», opina Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) sobre la estrategia Código Rojo. Para ella, aunque en El Salvador ha habido reducción de la mortalidad materna, preocupa que no existan mecanismos para evitar la violencia sexual que sufren las mujeres.

Dice que pese a que haya 3 de 10 niñas con embarazos forzosos, dentro del Minsal, estos no son registrados como violencia sexual. Por lo tanto, señala, primero debe reconocerse este contexto en el que las mujeres son vistas como «envases de la sexualidad y la reproducción» frente a los hombres, y estos, además, «invaden» sus cuerpos.

«Es una lucha que siempre se ha traído. Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja», reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

Reina dice que en la zona rural de El Salvador, todavía hay hombres que no dejan que las mujeres asistan a las consultas prenatales cuando están embarazadas y, cuando llegan, lo hacen a un sistema de salud que necesita fortalecerse. Esta combinación representa serias complicaciones. Por lo tanto, dice, tarde o temprano la educación sexual tiene que abordarse para toda la población, porque: «Lo que hoy sucede es que hay niñas teniendo niños».

Con sus años de experiencia, Lone ha identificado que la mayoría de mujeres a las que han atendido por hemorragias postparto severas en el hospital son de la zona rural de San Vicente, quienes, además, tienen a varios hijos en un solo parto. Cuenta que cuando a algunas de ellas les ha preguntado si se va a esterilizar, responden que no, porque su pareja no las deja. Mientras que conoce de otros casos, que si bien no han sido atendidos bajo el Código Rojo, pueden tener complicaciones en el parto, porque las mujeres no asisten a sus controles prenatales. Todavía hay muchos mitos alrededor de la sexualidad, dice.

«En el área rural, aquí tenemos todavía pleno siglo XX: mujeres con 14, 19, 20 hijos. Uno no cree, pero todavía tenemos casos. La gente todavía cree en ‘los hijos que Dios me dé’», señala Lone, y cita los casos de las madres que murieron en la hemorragia postparto en aquel abril de 2013 y dejaron a varios hijos solos. «¿A quién dejamos vivo? ¿Cómo queda ese niño huérfano? ¿Cómo queda el padre con seis o siete hijos?». Para Lone es duro seguirse haciendo estas preguntas.

Maternidad. Esta es la sala de maternidad, donde una mujer ya es considerada fuera de peligro tras un parto. Sin embargo, Claudia Lone no descarta que puedan atender una hemorragia.

Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

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UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

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ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

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LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

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ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

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UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.

El encarcelamiento no hace que nuestras comunidades sean más seguras

Eddie Bocanegra, Experto en prevención de violencia.

Eddie Bocanegra trabaja en la prevención de violencia y en cómo abordar los traumas que esta genera. Su historia lo ha llevado a enfocarse en las comunidades que más sufren la violencia en Chicago, la ciudad estadounidense más poblada del estado de Illinois. Desde 2017 es el director senior del programa READI Chicago, de la organización Heartland Alliance, donde le apuesta a construir una sociedad segura y con oportunidades.

Es hijo de padres migrantes, originarios de Nuevo León, en México, que se instalaron en La Villita, una comunidad de Chicago. Eddie creció en medio de vecinos, quienes en su mayoría también eran migrantes mexicanos y que, como sus padres, trabajaban en varios oficios para sobrevivir. En su comunidad conoció a las pandillas. Se les unió a los 14 años, justo un año después de haber visto el asesinato de un joven. Dice que consideraba que las pandillas tenían un «orgullo y autoestima grande», y pensó que en ellas podía encontrar voz y respaldo.

En 1994, a sus 18 años, fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio, pero, para entonces, la ley establecía que podía cumplir solo la mitad de su condena. Pasó detenido 14 años y tres meses. En prisión, Eddie estudió bachillerato y también recibió diversas clases, como cocina y arte. Al salir, aceptó el trabajo de «interruptor» de violencia en poblaciones adultas de Chicago, como parte del programa CeaseFire. Su experiencia, junto a la de otros dos como él, fue retratada en el documental The Interruptors. Además, estudió una licenciatura en economía en la Universidad Estatal de Luisiana, una licenciatura en trabajo social en la Universidad del Noroeste de Illinois y cursó la maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago.

“Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente”.

Eddie ha liderado varios programas de prevención de violencia, de lucha contra la desigualdad social y a favor de la reinserción de las personas que estuvieron en la cárcel. Actualmente es miembro del comité del Consejo de Liderazgo de Justicia Juvenil y de la junta de la Iniciativa de Justicia Juvenil, ambos de Illinois, y es administrador del Consejo de Justicia Criminal.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, conoció El Salvador. Visitó el penal de Apanteos, en Santa Ana, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. También se reunió con diferentes representantes del sistema penitenciario, con 12 empresarios del consejo empresarial de la agencia internacional Catholic Relief Services, con estudiantes de psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y con el grupo Constructores de Paz, de la micro región El Bálsamo, para conocer sobre la reinserción social y rehabilitación que, acá, mínimamente se realiza.

Su percepción del sistema penitenciario salvadoreño -el segundo con más presos en el mundo- es que carece de recursos para rehabilitar. A esto le suma que no existe comunicación entre los sectores sociales que pueden potenciar la reinserción, y que hay gente que, en las cárceles, quiere sanar, pero no sabe cómo hacerlo.

Más que un lugar donde se restringen los derechos civiles de una persona, ¿qué debería significar una cárcel?

Ha habido bastantes estudios que dicen que encerrar a la gente no va a causar que tu comunidad sea más segura. También sabemos que no hay ningún beneficio para la sociedad encerrar a la gente y solamente encerrarla, porque la persona va a salir de un punto por otro. Me imagino que estás en tus 20. El día de mañana, si Dios quiere y si tú quieres, vas a tener un hijo. ¿Te imaginas si ahorita una persona cae presa y el juez dice: «Te vamos a sentenciar a 30 años, 25 años», y mañana tienes un hijo? Esa persona va a salir en 25 años. Tu hijo va a tener 25 años. Tú ya vas a tener como 50. La persona que va a pasar por más, que va a tener que lidiar con las consecuencias, va a ser tu hijo.

Estados Unidos ahorita es el país que más encarcela personas en todo el mundo. Yo creo, si no estoy equivocado, que el segundo país es El Salvador. Hemos hecho un gran error, porque las políticas, las leyes que se construyeron en los 60’s, en los 70’s, en los 80’s, fueron, muchas veces, a base del racismo. Es por eso que en las cárceles de los Estados Unidos se ve a mucha gente de raza negra y de raza latina, pero en estos últimos ocho, nueve años, 10 años, el Gobierno americano ha reconocido que no podemos ya encerrar a más gente, que no es un buen retorno de inversión ni nada bueno sale de eso, porque el 95 % de la gente va a salir para atrás. 95 % de la gente en el estado de Illinois sale. Los datos los tengo porque siempre estoy diciendo eso.

Fotografía de Ángel Gómez

¿A qué me refiero? Si no hay ningún recurso y si solamente las personas están sentenciadas en la cárcel con 10, 20, 30 años como castigo, no van a salir bien. Van a salir más traumadas de lo que entraron. Diría que si el Gobierno está corriendo las penitenciarías, las cárceles, como si fueran un negocio, el Gobierno está invirtiendo de una manera que no le va a dar nada. Es un negocio que va a caer en bancarrota, tarde o temprano. La gente que está en las cárceles no es gente que viene de comunidades como Santa Elena (Antiguo Cuscatlán), viene de comunidades como la IVU.

En mayo del año pasado, según la cadena de noticias BBC, en Estados Unidos, había 2.16 millones de personas presas en cárceles federales y locales. Por cada 100,000 habitantes hubo 655 encarcelados. Mientras que El Salvador, a inicios del año pasado, era el segundo país con más reos, con un total de 39,274. Es decir, que por cada 100,000 habitantes tuvo a 614 detenidos, de acuerdo con un informe de World Prison Brief que citó la cadena de noticias.

Cuando salió de prisión, ¿qué fue lo que le motivó a usted para trabajar con comunidades vulnerables a la violencia y también apostarle a la reinserción social?

Antes de que saliera de la penitenciaría, estuve tomando clases. Traté de hacer todo lo posible con los recursos que se me estaban ofreciendo, y el último año, antes que saliera, como en 2007, a principios de 2008, comencé a escribir planes de negocios. Dije «voy a vender, voy a poner un puesto pequeño, afuera, en la calle y voy a vender hot dogs. Y los voy a vender enfrente de la cárcel» (que estaba por mi casa, por donde yo crecí, que es una comunidad que se llama La Villita, porque en el lugar, en Chicago, hay casi 80 % de mexicanos). En esa comunidad está una de las cárceles más grandes en Estados Unidos, que se llama Cook County Jail. A la misma vez dije «yo quiero ver la manera de cómo ayudar a otra gente, especialmente a otros jóvenes». Y afortunadamente, uno de mis primos en ese tiempo, y todavía sigue, era un oficial de seguimiento de libertad condicional juvenil. Cuando le dije «primo, quiero hacer esto». Me dice «ok, ¿sabes qué? Hay un programa donde yo mando mucho a mis jóvenes, a lo mejor tú puedes ser un mentor». Yo dije «ah, está bien». Comencé ahí de voluntario como por tres meses, hasta que finalmente una persona de CeaseFire, un programa contra la violencia, pero enfocado más a los adultos, no en los jóvenes, dijo: «Hey, Eddie, tengo un trabajo para ti». Yo le dije «está bien». La semana que sigue, otra vez, me veo con los jóvenes, me dice «hey, tengo un trabajo para ti». Le dije «yo no quiero hacer lo que están haciendo ustedes. Yo estoy bien», porque me estaba alistando también en la escuela. Y al tercer mes, como al mes después, me dice «¿por qué no quieres hacer eso? Te estoy dando un trabajo, te voy a pagar por lo que estás haciendo ahorita. La misma cosa te voy a pagar». Ya para entonces dije «sería bueno que llegara el trabajo para ayudarle a mi primo» (con el que me estaba quedando, en su casa). Tomé el trabajo y trabajé ahí por tres años y medio, como interruptor de violencia.

Es más, hay un documental que se llama The Interruptors, que ganó muchos premios, muchos reconocimientos internacionales, y ese documental me dio la plataforma de seguir esa carrera. Aparte de eso, saqué mi maestría en la Universidad de Chicago, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos, y eso también me dio otra plataforma de no hacer una historia solamente, sino que tener esas credenciales para decir que una persona como yo puede superarse.

¿Cuál es la importancia de que en uno de los países más violentos como El Salvador exista cohesión entre las instituciones del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil para asumir la prevención de la violencia?

Si nomás una institución, si solamente el Gobierno se encarga de eso, no vamos a ir muy lejos. Por otra parte, si solamente dejamos que las empresas se encarguen de eso, tampoco ellas pueden. Si el Gobierno y los residentes, los ciudadanos de El Salvador, quieren un país que sea menos violento, se va a requerir que todas esas instituciones comiencen a hablarse una a la otra, cada cosa que estén haciendo. Si van a hablar sobre las escuelas, tienen que haber elementos de la violencia ahí, cómo compartir esto. Si están trabajando sobre pólizas u hospitales, por ejemplo, también tienen que haber elementos con enfoque sobre la violencia.

Lo que yo he visto esta última semana es la necesidad de cómo arreglar el sistema penal. Lo que he visto o he escuchado, porque no exactamente lo he visto de la gente, pero lo que he escuchado, es que la gente aquí en El Salvador no quiere ver a esa gente que está en las pandillas como parte de la sociedad.

Hay un discurso de odio, incluso de funcionarios públicos.

Sí, pero también lo que he visto es cómo cada grupo con el que hemos hablado está como en su propia isla, como que no se están comunicando entre ellos mismos. Algunos tienen buenas ideas, pero no se están hablando. El Gobierno está hablando con las ONG, el Gobierno está hablando con las empresas; las empresas no están hablando con las universidades y el Gobierno no está hablando tampoco con los directores de los penales, especialmente con los de los juveniles. Para mí esa es una oportunidad que se está perdiendo, si no puede haber un enfoque de cómo coordinar esas conversaciones y cómo podemos hablar para comenzar, no solamente el diálogo, pero pasos que se pueden hacer para cambiar algunos sistemas.

¿Usted ha conocido sobre el programa Yo Cambio? ¿Cuál es su valoración general de este programa?

Lo he escuchado y parece que es uno de los mejores programas, pero también parece que el Gobierno lo acaba de parar. Conocí a muchos muchachos de ese programa, que están adentro y los que han estado afuera también, después de salir. Sin leer los datos, solo puedo dar mi opinión de lo que he visto, parece que la estrategia y la manera en la que ese programa está implementado hace mucho sentido. Las personas que conocí, que han estado encarceladas, pero ya salieron, que ya son libres y que fueron parte de este programa, son personas a las que también se les ve que quieren encontrar la manera de cómo ayudar. Para mí, tuvo un impacto en esas personas. Yo diría que ese programa, por lo que he visto, sin leer los datos, parece un programa que debería ser más replicado o apoyado.

El modelo del programa Yo Cambio fue institucionalizado en las cárceles salvadoreñas en 2014, luego de cuatro años de prueba en el penal de Apanteos. El programa, sobre el cual el actual Gobierno dijo que haría una reingeniería y aún no se pronuncia al respecto, contemplaba, en la administración pasada del FMLN, diferentes talleres para los internos, incluso la creación de bandas musicales en los penales. Sin embargo, entre sus deficiencias estaba que no contaba con una línea presupuestaria, sino que funcionaba con fondos extraídos de una contribución especial, y que no incluyó a la población pandillera reclusa. Pese a que era el único programa estatal, dentro de las cárceles las iglesias también han trabajado en el proceso de rehabilitación.

Fotografía de Ángel Gómez

¿Cómo deberían diseñarse para nuestros países los programas eficientes de reinserción bajo un enfoque de derechos humanos?

La verdad es que me da mucha vergüenza y me da mucha pena cuando menciono que estuve en el penal, cuando menciono que tomé la vida de una persona, pero la razón por la que lo hago es porque necesito que el Gobierno y que la sociedad vean que las personas que están en los penales pueden cambiar cuando tienen los recursos apropiados. No importa qué clase de monstruo la gente piense que esa persona es. Cuando tiene el apoyo, cuando tiene los recursos y cuando hay esperanza que el día que salga puede haber algo, esta persona puede cambiar. Pero lo que yo he visto también, aquí, en El Salvador es que eso casi no existe, y yo hablaría sobre mi programa. Con el READI Chicago estoy en cuatro comunidades en la ciudad de Chicago, cuatro de las más violentas en la ciudad. Para darte los contextos, Chicago tiene 77 comunidades, pero, aunque tengo este programa, cada comunidad es un poco diferente. Diría que este país es diferente a Estados Unidos, las comunidades son muy diferentes una a otra, y las pandillas también son muy diferentes la una de la otra, aunque hay cosas en común.

Una recomendación que yo daría es cómo se puede hacer un estudio, por ejemplo, sobre las razones por las que los jóvenes se meten a las pandillas y las razones del por qué la persona que las deja, ya después de hacer su tiempo en la penitenciaría, regresa, porque parece que esos número están muy altos. Yo me preguntaría ¿por qué no hacer unos estudios para mejor entender el por qué? Las políticas van a comenzar a ser unas recomendaciones bajo estudios, qué clase de leyes deberían de cambiar, por ejemplo, o qué clase de programas podrían existir para prevenir que una persona regrese al penal o tal vez que una persona comience a ir al penal, pero sobre esas cosas la gente de El Salvador es la que tiene la respuesta. Lo que también puedo decir es que hay muchos programas como READI Chicago, donde hay elementos estudiados y trabajados, que a lo mejor puedan incorporar, pero todo eso depende de los estudios que se hagan para ver cuáles son los retos y cuáles son las razones que están causando que la gente se venga para atrás, para la prisión, o que la sociedad o las comunidades, al final, no la acepten.

Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente. Y lo que yo noté en mis visitas en las cárceles juveniles y adultas, y ojalá que apuntes esto, es todo el potencial que existe en el penal y con el que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo exactamente lo que es nada, solamente los ponemos a barrer, a limpiar y eso es todo en algunos programas que vi, pero también fui a un penal bajo (de población) y mejor, ya me imagino cómo están los demás.

En 2015, la Community Renewal Society, donde usted trabajó, propuso un proyecto para eliminar las barreras que existían para que la personas con antecedentes penales optaran por un empleo en las escuelas de Chicago. Cuando una persona ha estado en prisión y sale, la sociedad todavía carga contra ella un estigma. ¿Cómo comenzar a sensibilizar a la población con este tema? ¿Y cómo el Estado debe abrir espacios para incorporarles a la vida laboral?

Lo que sabemos es que es un hecho que el encarcelamiento de personas no hace que nuestras comunidades sean más seguras o mejores. La investigación nos dice esto. También sabemos que excluir a grupos marginados no nos ayuda a construir una comunidad próspera. Las personas deben rendir cuentas, pero debe haber un punto en el que alguien ha pagado el precio de su error. Nadie en nuestra sociedad es perfecto y las personas que causaron daño deberían tener la oportunidad de encontrar formas de recuperarse y retribuir a las personas que les han quitado. Una manera de hacer esto es por medio de relaciones que no nos permitan ver las cosas simplemente en blanco y negro, sino ver el gris en medio. Las leyes tienen que cambiar y la comunidad necesita comprender cuáles son los hechos.

Históricamente El Salvador le ha apostado a la represión y no a la prevención del delito. De seguir así, ¿qué consecuencias a largo plazo usted prevé en un Estado punitivo, y con presencia de pandillas, como este?

Entiendo en el mundo de las políticas que, normalmente e históricamente, se ha visto que si la persona dice «vamos a tener leyes más fuertes, vamos a encarcelar a más gente, vamos a hacer esto, porque así es como vamos a remover a todos los delincuentes», la mayoría de las personas dicen «no, si esa persona va a ser buen presidente o esta persona va a ser buen alcalde». Pero el tiempo ha cambiado, por eso digo que, un buen ejemplo es cómo Estados Unidos está cambiando las leyes que se hicieron hace 20, 30, 40 años, porque ya está viendo que eso no está funcionado. La sociedad tiene que entender que esa no es la mejor manera y los políticos tienen que ser más valientes de reconocer qué es lo que nos están diciendo los estudios y tener una posición al respecto, enfocada en los estudios que se han hecho. Pero también se necesita a la sociedad, a las asociaciones, escuelas y todo eso, que empujen para adelante para que se cambien esas leyes.

Fotografía de Ángel Gómez

En 2016, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas a las que llamó «extraordinarias», que según los diputados y el Gobierno de turno reducirían la inseguridad. Sin embargo, en el marco de estas medidas aumentaron las detenciones masivas en zonas donde los jóvenes y la población en general son vulnerables a la violencia. Estas detenciones saturaron más las cárceles. ¿Cómo podemos hablar de resiliencia en medio de todos estos planes represivos?

Tarde o temprano, la población carcelaria estará explotando y fuera de control, y en los próximos años veremos la consecuencia colateral de esas decisiones. Estados Unidos es el mayor ejemplo. A principios de la década del 2000, se crearon leyes que hacen que las familias estén separadas y generaciones de niños pierdan la confianza en la aplicación de la ley. Creo que debemos entender por qué sucedió esto y por qué Estados Unidos ahora está cambiando sus políticas.

Tras la aprobación de las medidas extraordinarias, comenzaron las detenciones masivas en las comunidades. Esto saturó a los juzgados especializados, unos juzgados que nacieron en 2007 para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado. Su característica principal es que en un solo caso pueden procesar a más de 100 personas, y esto, no va acorde a los plazos que el Código Procesal Penal regula para delitos que se procesan en un juzgado común. Los jueces especializados solicitaron a los diputados, en junio pasado, que ampliaran los plazos para resolver, pero su petición no fue solventada. Mientras que solo entre junio y julio, en el primer mes que el actual Gobierno implementó el Plan de Control Territorial, hubo 2,031 capturas, según reportó la Policía Nacional Civil.

Usted se ha reunido esta semana con empresarios. ¿Cuál es la percepción que se lleva de cómo ellos entienden el tema de la rehabilitación y reinserción social?

Lo que te puedo decir es que, por lo regular, casi la mayoría dijo que sí se necesita, pero la lucha está en que la sociedad no los quiere recibir de regreso como parte de ella. Hay empresas que dice «ok», porque hubo unos ejemplos que se dieron ayer (jueves 3 de octubre), dijeron: «Yo he contratado personas que han estado en el penal, pero también estoy con un negocio. Entonces, si no llegan a tiempo, las corro, pero yo reconozco que la necesidad existe y que también necesitamos trabajadores que trabajen en ese espacio». Eso fue por lo regular lo que escuché. Lo que te digo es que eran como unas 12 empresas que estaban ahí. ¿Dónde están las demás? ¿Por qué el cargo nomás se basa en 12? Tal vez haya más, ¿verdad? Pero ese cargo o esa responsabilidad no solamente debería ser de unas cuantas, sino de todas las empresas. Tienen que tener una parte de presencia, porque la violencia les afecta también a ellos y sus negocios. No está bien que nomás una docena de empresas estén envueltas en eso, y yo diría que es parte de cómo también el Gobierno puede darles trabajo a ellos, porque el Gobierno es una asociación más grande.

El mar que traga comunidades

Fotografías de Franklin Zelaya y Ángel Gómez

José Hernández todavía se acuerda de aquella madrugada de 2015. Eran las 2 de la mañana cuando el mar pasó arrasando su casa de lámina. Desde temprano, él y sus vecinos habían visto la marea alta y las grandes olas que no les daban zozobra. Pero José, un pescador con 49 años encima y toda una vida en la costa, sabe que el mar enfurecido nunca da tiempo. Y, esa vez, tampoco lo hizo. No les dio tiempo a las 30 familias que perdieron sus casas en el fuerte oleaje que hubo en la playa El Espino.

«Cuando viene, no da chance de desarmar las casas», dice, subido en una bicicleta que tiene en la parte delantera una carreta, en la entrada del terreno que cuida y donde, al fondo, ha hecho su casa. Viste con una camisa azul y un pantalón de sastre negro. Se prepara para ir a dejar, a una actividad de la iglesia apostólica en la que se reúne, frescos y comida que esta mañana preparan seis mujeres.

Este es el mismo terreno en el que, hace cuatro años, el mar destruyó su casa. Le ha tocado a él, como a otros habitantes de la playa, retroceder unos 30 metros para vivir. Ellos han tenido que hacer una nueva calle, porque la que había, también se la comió el mar. Al igual que unos cocoteros de los que solo quedan troncos.

La nueva calle atraviesa los terrenos que dejaron de ser playa y se convirtieron en mar. El agua ya llega hasta acá, y eso, a José, le inquieta, porque no sabe cuándo volverá a pasarle lo mismo que en 2015. «Y cuando llegue allá, ¿a saber para dónde vamos a agarrar?», se pregunta, señalando hacia atrás, a su casa, a la orilla de un manglar. Antes que el mar le botara la casa de lámina, en 1998, el Mitch, al menos le dio tiempo para que desarmar otra que tenía y que era de palma.

La única barrera que protege a las personas del mar, asegura, está desplegada a dos kilómetros a la derecha. Se trata de piedras que la alcaldía de Jucuarán mandó a colocar en la parte más turística de la playa u otras que han colocado quienes han podido, pero los otros kilómetros restantes, dice, están desprotegidos.

“Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica Enrique Barraza, experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática.

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La playa El Espino es una isla barra de 11.7 kilómetros de extensión, ubicada en el municipio de Jucuarán, en Usulután, que, por sus característica, con el tiempo, puede hacerse más ancha o estrecharse. En los últimos 70 años, esta playa ha sufrido transformaciones que, además de deberse a fenómenos naturales, corresponden al impacto ambiental, los cuales ya han sido documentados por el Estado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó en 2012 un estudio en el que estableció que, entre 1949 y 2009, la línea costera de El Espino retrocedió 144 metros. Cada año hubo una disminución de la costa de 2.40 metros. Esto, señala, ha sido a causa de la fuerte erosión en la zona, que puede aumentar en el futuro, ya que el daño al ecosistema continuaba hasta la fecha en la que fueron difundidos los hallazgos.

El MARN dice que en la parte donde hoy rompen las olas, antes hubo asentamientos humanos. De acuerdo con los testimonios que recopiló para este estudio, las intervenciones comenzaron a mediados del siglo pasado, cuando en la playa se instalaron dos haciendas: la Chepona y la San Luis, y también fueron sustituidos los espesos bosques de mangle y la vegetación natural por cocoteros y otros cultivos agrícolas. La actividad atrajo a los pobladores para ofrecer su mano de obra. Otros fueron atraídos por la pesca.

Sin embargo, a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, con el incremento del turismo, iniciaron las construcciones de hoteles y restaurantes. Y con estos, siguieron los daños al ecosistema.

Erosión. La erosión en las playas ocurre cuando el mar se lleva más arena de la que trae, dejando vulnerable a las comunidades que viven en la costa.

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«Cuando yo estaba pequeño, El Espino, esta playa, estaba bien lejos. Esta isla llegaba allá, por donde se viene haciendo el primer tumbo», relata Adalberto Blandón, un hombre de 53 años que, con dos ayudantes, levanta una ramada a la orilla del nuevo camino que la comunidad ha hecho, por si hay algún turista que pase y se interese en alquilarla. Es agricultor, pero también se gana la vida de este trabajo.

Frente a él, dice, hace tiempos hubo una manzana y media de playa que el mar ya se comió. Por estos días aquí revientan los tumbos en la noche, pero adelante, a unos 10 metros de distancia, han quedado las señas de una casa, con un muro alto, que él cuidaba. Se trata de unos pedazos de pared, que no miden ni un metro de alto, y que cada vez el mar va arrastrando. Era una propiedad privada que, después de sus límites, todavía tenía más playa. Pero hace años este terreno ya cedió al mar.

La casa solo duró en pie 15 años, recuerda Adalberto, porque ocho días después de que el Mitch golpeó El Espino, el oleaje fuerte la botó. A su paso, también se llevó tres casas, incluida la suya, y aterró el estero con deslaves que empozaron el agua dulce.

El hombre, con un sombrero y una camisa de manga larga con los dos primeros botones sueltos, dice que el mar no ha parado de crecer desde hace años. Hace 26 años también se unió con el estero, que está atrás, a 60 metros de distancia; y a 40 minutos de este lugar, formó una media bocana a la que le llaman La Angostura, que no dejaba que las personas cruzaran de un lado a otro cuando se llenaba.

Cuenta que cuando el mar botó las casas que estaban a la orilla de lo que antes era playa, pidieron ayuda al alcalde de Jucuarán. Pero la ayuda no llegó hasta ahí, porque de ese lado no hay mucho turismo. Para referirse al abandono en el que, dice, están, muestra la lámpara de alumbrado público arruinada que cuelga de lado sobre un poste. Está sujeta solo por un cable y deteriorada por la sal.

Destrucción. Esta fue una de las casas afectadas por el mar de fondo de 2015, en el caserío Bola de Monte, del cantón Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

La organización Oikos Solidaridad, que trabaja en la zona oriental del país, señala que en El Espino hay afectación porque todo lo que baja del volcán Chaparrastique, en San Miguel, va a parar al mar. Esto incluye los desechos de los agricultores, quienes, dice, no realizan buenas prácticas, lo que contribuye a aumentar la erosión y el nivel del mar.

«Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica en su oficina, en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Enrique Barraza.

Restos. En la playa El Espino hubo construcciones donde ahora hay mar. La fotografía corresponde a los restos de una casa a la que las olas arrebataron ocho días después del huracán Mitch, en 1998.

Barraza es investigador asociado al área de Recursos Acuáticos de la UFG. Es experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática. Le apasiona el mar y explorar El Salvador. Lo hace en el terreno, pero esta mañana explora las costas del país a través de Google Earth. Su oficina está en la esquina de un salón. Tiene dos mesas y dos estantes. En uno, hay recipientes de crustáceos que pretende estudiar.

Sobre una de las mesas hay una linterna marina que el instituto recién acaba de comprar. Antes de comenzar a viajar online en las costas, la retira y la coloca cerca de los crustáceos. Sobre esta mesa también hay un pez de cerámica y la alfombrilla para el mouse tiene plasmada una playa. Detrás de Barraza, un afiche enmarcado en el que aparecen los peces de mayor importancia comercial en Centroamérica.

El Salvador tiene 338 kilómetros de costa. En el occidente, las playas comienzan en la desembocadura del río Paz, en la frontera con Guatemala, en Ahuachapán; y terminan en oriente, en La Unión, en el Golfo de Fonseca. La mayor parte de las playas se formó por medio de depósitos de arena que, pasados miles de años, el mar hizo en las rocas. Por esto se les conoce como barra de arena.

Protección. Para protegerse del impacto de las olas, la alcaldía, y quienes pueden, han colocado piedras alrededor de la playa El Espino y así evitar que el mar se lleve, de a poco, las construcciones.

Las playas de barra de arena, según Barraza, se caracterizan porque, al igual que las bocanas, son inestables en el tiempo. Sucede en el país y en el mundo. Para explicarlo, acude a Google Earth, se posiciona en el mapa de El Salvador y señala las líneas que dividen el mar de las playas.

Las dunas -pequeñas elevaciones de arena que están a la orilla de la playa, donde hay vegetación, y que sirven como barrera para evitar las marejadas y que el viento arrastre sedimentos- han sido destruidas en la mayor parte del litoral salvadoreño, dice.

El Espino no es la excepción, por eso está más vulnerable a mareas altas y a tormentas fuertes, como ocurrió en el huracán Mitch, cuando arrasó con las casas de los lugareños. Para el experto, esta es la playa en donde, posiblemente, está más visible la erosión en las costas del país. Más arena deja la playa y esta no es igual a la que trae el mar.

De acuerdo con el estudio realizado por el MARN, entre las causas del proceso de erosión en El Espino provocadas por el hombre están las construcciones, donde chochan las olas y extraen arena, no permitiendo que su energía corra a la cara de la playa; la deforestación de la vegetación natural, que ayudaba a retener los sedimentos -descomposición de los materiales- más finos; y la construcción de las represas del Río Lempa y sistemas de riego en el río Grande de San Miguel que, con su actividad, hacen que se pierda parte del sedimento que llegaba a la costa, sumado a que en sus cauces hay extracción de arena.

Aunque el investigador Barraza indica que la erosión en las costas es natural y que las playas están en constante cambio por el movimiento que el mar y el viento producen en los sedimentos, advierte que el cambio climático está acelerando los procesos. A esto se agregan factores como la deforestación en la cobertura boscosa alrededor de los ríos que desembocan en los mares, que provoca que ya no haya retención de las lluvias y un cauce suave, sino que puede generar hasta inundaciones.

Lo ejemplifica, en su computadora, mostrando dos fotografías satelitales de la desembocadura del río Jiboa. Son de 1957 y de 2019. En la primera se observa mayor cobertura boscosa, mientras que, en la segunda, esta ha ido disminuyendo, sustituida por cultivos y viviendas. Y además, la bocana del río desplazada más a la derecha, lo que hace que, cuando el río crece, inunde a las comunidades de la zona.

El Grupo Intergubernamental de Experto sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas Medio Ambiente, publicó el Quinto Informe de Evaluación sobre el cambio climático en 2014, concluyendo que el ser humano es el causante del mismo.

El informe estableció que, entre 1901 y 2010, el nivel medio mundial del mar subió 19 centímetros y que los océanos se han expandido por el derretimiento de hielo. Además, determinó que, por las emisiones de gases de efecto invernadero, posiblemente la temperatura mundial -la cual entre 1800 y 2012, incrementó 0.85°- siga en aumento y con ella los océanos se calienten y el hielo continúe derritiéndose.

Por lo tanto, según las estimaciones, en 2065, el nivel medio del mar aumentará entre 24 y 30 centímetros; y en 2100, 63 centímetros, respecto a los años de referencia, que son 1986-2005.

“Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo”, explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

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Josué López no estaba en su casa el 2 de mayo de 2015. Andaba con su primo apagando un incendio a kilómetros de la playa El Botoncillo, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Cuando llegó, al presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitaria de esta comunidad, le costó reconocer el paisaje. Encontró inundado el terreno donde estaba su casa y su familia ya había sido evacuada a una escuela que sirvió de albergue en el municipio guatemalteco de Moyuca, vecino de El Salvador. Perdieron todo, y en medio de la angustia, la alcaldía del municipio ahuachapaneco les dio la espalda, dice.

Tres meses después, Josué encontró su cocina enterrada en el manglar, donde fueron a parar muchas de las cosas de las 210 familias afectadas en el caserío El Botoncillo y Bola del Monte, a quienes las olas no les dieron paz durante cuatro días.

«A esta altura nadie se puede imaginar todo lo que sufrimos y todo lo que destruyó el mar en esa fecha, porque ya del 2015 a 2019, aquí se ve como que así era», cuenta Josué a un lado de donde una vez fue su casa. La casa de ladrillo a la que le faltan paredes y no ha podido reconstruir, porque la pesca, dice, se ha puesto mala y no alcanza para pagar las deudas que tiene.

Cuando habla mira al horizonte, donde antes que el mar destruyera a la comunidad y parte de su manglar, habían más de 200 metros de playa: afuera de su casa tenía los tapescos en los que secaba el pescado, más allá había un surco de árboles de botoncillo, un bordo, un basurero y una cancha de fútbol playa. Y atrás, pozos de agua dulce, que ya son de agua salada. Todo lo cambió el mar.

Ahora, cuando la marea está alta, para evitar que las olas que impactan se lleven la arena, ha tirado basura, como palmas secas y plástico, a la par de donde están los restos de su casa y metros enfrente donde ha construido dos casas con palma, vena de coco y horcones de botoncillo. Dice que el mismo aire va enterrando la basura y esto crea una barrera.

En mayo de 2015 las costas salvadoreñas fueron afectadas por el mar de fondo, un fenómeno que ocurre entre mayo y noviembre, y que provoca olas de hasta 10 metros de altura. El fuerte oleaje se debe a las lluvias ocurridas en el Océano Índico, entre diciembre y febrero, e inicia en el Océano Pacífico cuando termina la época seca y comienza la lluviosa.

Desde esa fecha, la vida ya no es igual en la comunidad. Tras el mar de fondo, en el manglar, que se extiende hasta el cantón de Garita Palmera, el canal perdió su hondura y su anchura. Lo cuenta Rigoberto Monge, el vicepresidente de la Asociación de la Microcuenca Marino Costera de la Zona Sur de Ahuachapán y primo de Josué.

Rigoberto está frente a un canal que, dice, años atrás tenía una profundidad de un metro. Pero, cuando el mar sobrepasó la playa y entró por la bocana, comenzó a matar a los manglares. Enfrente hay palos de mangle pequeños, que fueron sembrados después que la comunidad excavó los canales, porque todo quedó aterrado de arena y lodo. También hay troncos de árboles que se secaron. Ante él saltan los camarones y los pescados conocidos como chimberitas, en el poco de agua que se niega a morir.

«Eso quedó como si no había existido estero, como si no había existido río, porque todo lo llenó de arena», relata. Y recuerda que, antes de 2015, la bocana del caserío El Botoncillo pasaba destapada de seis a cinco años, lo que permitía que el agua fluyera libremente y bañara el manglar. Ahora se tapa una o dos veces por año. A veces la alcaldía de San Francisco Menéndez les envía una máquina para extraer arena, pero, sino, la comunidad la saca con palas y azadones.

Los bosques de manglar previenen las erosiones en las costas y son barreras naturales ante las inundaciones. En ellos viven crustáceos y peces, que contribuyen a la economía de los lugareños. Para que los bosques estén vivos, necesitan 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce, porque con los flujos de estas dos aguas, los árboles constantemente están subiendo y bajando. De lo contrario, se quedan estancados y se pudren. Y mueren los animales.

Manglares. Con el aumento del mar, también incrementa la salinidad. Esto afecta a los bosques de manglar, que necesitan que corra en sus canales 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce.

El manglar de El Botoncillo es parte del sitio Ramsar Complejo Barra de Santiago. Estos sitios son ecosistemas de importancia internacional, por ser humedales únicos, que almacenan dióxido de carbono y que les sirven de hogar a especies migratorias.

Caminando a un lado de la bocana, donde se observan más árboles de mangle descubiertos de agua, entre la frontera de El Salvador y Guatemala, este mediodía Rigoberto lamenta que el escenario no sea el de años anteriores, con canales profundos y anchos. Que ya no lleguen a este lugar las aguas del río Paz, que evitaban la arena acumulada en la bocana y la salinidad en el estero, y que además, ayudaban a que hubiese un flujo de agua. Así, es imposible que no se acumule el agua salada en el bosque y se contamine. Antes no pasaba, con las seis horas de llenado y otras seis de vaciado.

«Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo», explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Ramírez, el encargado de la UNES de monitorear la zona sur de Ahuachapán, indica que fenómenos hidrometeorológicos, como el mar de fondo, tienden a ser constantes por el cambio climático y esto conlleva al aumento de los niveles de mar. Sobre todo en esa parte de la zona de occidental, donde ha habido un cambio de uso de suelo y cada vez hay más monocultivo de caña.

Después de lo que ocurrió en 2015, la UNES comenzó a implementar un monitoreo hidroclimático que consiste en extraer agua de los pozos de la zona para saber cuánta agua tienen, vincular su cantidad a la sequía, a la ausencia de lluvia o la extracción para la riega de caña. También hay un monitoreo de lluvia, en conjunto con el MARN, para saber cuándo es tiempo para cultivar o reforestar el manglar; y hay un monitoreo para medir la salinidad, acidez y el oxígeno del manglar. Pero la comunidad se ve amenazada.

Un informe que el MARN y la UNES realizaron en 2016 señala que en los últimos 40 años, se ha transformado el manglar de Garita Palmera, que debería ser pantanoso y con ramificaciones hidrológica. Ha sido afectado porque la microcuenca El Aguacate, un brazo del río Paz, que lleva agua hasta el manglar, ha servido como canal de riego para cañales. Esto lo descubrieron las comunidades y comenzaron acciones contra empresarios. Pero el agua de este río, cuyo curso fue desviado por el huracán Fifi, en 1974, para el territorio guatemalteco, sigue sin llegar a la costa salvadoreña.

Ramírez sostiene que la producción de caña afecta los ecosistemas y a las poblaciones vulnerables, como El Botoncillo, y que, por ello, es necesario que el MARN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería regulen los permisos ambientales. Ya que, con estas actividades, hay una repercusión en el aumento de los niveles del mar, sumado al cambio climático. También apunta a la necesidad de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad de las comunidades ante los intereses empresariales. Voceros oficiales de una empresa cañera dijeron a esta revista que el sector no tiene incidencia en la cuenca desde hace dos años.

En la entrada de la bocana, Rigoberto espera que, un día, los casi dos metros de arena que trajo el mar de fondo, en 2015, puedan ser drenados en donde una vez fue un estero fluyente. Aunque esto no sería suficiente para recuperar el bosque de manglar, ante un río que ya no es de ellos, de la comunidad, y un mar que va creciendo y se traga todo lo que encuentra.

Una bomba de tiempo entre las paredes de la PNC

Ilustración de La Prensa Gráfica – Fotografías cortesía

Durante los últimos cinco meses de 2014, la Unidad de Archivo Central de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó sin papel higiénico. Así consta en un expediente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

La Dirección General de Previsión Social del MTPS hizo, el 15 de agosto de ese año, una visita técnica a esta instalación policial, ubicada sobre la 1.ª avenida norte, de San Salvador. Le dio 18 recomendaciones a cumplir, porque la PNC estaba violando la Ley General de Previsión de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Entre las recomendaciones estaba comprar el papel higiénico, proveerles a los policías agua purificada y comprar cinco escaleras que serían utilizadas para alcanzar documentos.

Hasta el 23 de diciembre de ese año, cuando el expediente contiene la última observación del MTPS, la PNC no había comprado papel higiénico y tampoco había comprado las escaleras.

Tras la primera visita del ministerio, en un intento por solventar las infracciones a la ley, existió un intercambio de correspondencia a nivel interno de la PNC que se prolongó hasta el 24 de octubre. Pero la justificación siempre fue la misma: no había dinero para comprar papel.

Veinte días después de la visita, el 4 de septiembre, la jefa de Administración de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC) envió un memorándum al encargado del Fondo Circulante de la PNC en el que le pedía que compraran papel higiénico. La respuesta llegó ese día por parte de la encargada de la caja chica de la UAC que, en resumen, le dijo que los recursos no podían utilizarse para comprar bienes o servicios de carácter urgente, porque así lo establecían las normas de aplicación de fondos circulantes y montos fijos de la institución. «Por lo que la compra de papel higiénico queda sin efecto por ser un recurso planificado y no de carácter urgente», concluyó en el memorándum.

Desde agosto hasta la última página anexa al documento, fechada en diciembre, no hubo, de parte de la corporación policial, manera de hacer llegar papel higiénico a 60 de sus agentes que laboran la Unidad de Archivo Central, ubicada en la capital.

En 2019, la historia se repite. El MTPS consigna que las faltas a la Ley de Previsión de Riegos persisten, sobre todo en la carencia de un plan de emergencias y evacuación en las instalaciones policiales, algo que está regulado en el artículo 8 de la ley.

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LA CARENCIA

El olor a orín es fuerte en este baño de hombres. Hay pedazos de papel higiénico depositados en un basurero, pero no hay papel limpio para usar, solo han quedado en una pared las señas de un portarrollos. La suciedad se come la taza del inodoro azul, al que, además, le falta la tapa del tanque. Para sustituirla, alguien ha puesto una tabla pintada de verde que se ha mojado y ya tiene hongos. Alguien también ha puesto -al otro lado de la ventana de solaire, que está en la pared derecha de este cuarto- un pedazo de lámina. Es una forma de guardar la privacidad en este lugar que no mide más de dos metros cuadrados.

En la parte izquierda del baño hay un espacio para ducharse. El tragante no tiene tapadera y está en medio de nueve hileras de cerámica celeste y una hilera de ladrillos verdes en forma de L por donde avanza el sarro hasta trepar a las paredes y más en donde está la perilla para abrir el grifo.

El baño es de un puesto policial que funciona en una casa de dos plantas en Mejicanos que, si no fuera por una patrulla y dos motocicletas que esta mañana están estacionadas enfrente, de lejos pasaría como una casa más. De cerca, se distingue porque en la puerta principal tiene el letrero: Departamento de Tránsito Terrestre. Es el puesto de PNC que cubre todos los hechos relacionados con tránsito entre Mejicanos y Ciudad Delgado, el municipio vecino.

Las carencias de recursos en las instalaciones de la PNC no son nuevas y MTPS ya las ha documentado en las visitas técnicas que realiza para verificar si se cumple la Ley de Previsión de Riesgos.

Esta ley, aprobada en 2010, da parámetros de cómo deben ser las condiciones de infraestructura y salud ocupacional en las que tienen que trabajar los colaboradores de instituciones públicas y las empresas. Para su cumplimiento, en teoría, el MTPS realiza inspecciones y da recomendaciones sobre las infracciones leves, graves y muy graves a la ley. Si estas no se solventan, hay multas para el empleador que van desde los cuatro salarios mínimos hasta 28 salarios mínimos.

Revista Séptimo Sentido obtuvo, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del MTPS, los informes que el ministerio ha realizado a partir de visitas a las instalaciones policiales, entre 2016 y marzo de 2019. Estos dan cuenta de las violaciones la Ley de Prevención de Riesgos, lo que también pone en peligro la salud de los policías.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y la falta de sillas cómodas para trabajar. El ministerio también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

Mientras que en la delegación central de la PNC, en San Salvador, recomendó que hubiese apilamiento seguro de materiales de trabajo, como el control de evidencias. Estas son las pruebas que los investigadores recopilan en las escenas de delitos para resolver los casos judiciales y que, de dañarse, ya no sirven.

Esta revista solicitó durante un mes, y por diferentes medios, entrevistas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro; y con un encargado de Prevención de Riesgos Ocupacionales de la PNC, para conocer qué acciones se están realizando para mejorar la salud ocupacional de los policías. Pero hasta el cierre del reportaje, los equipos de Comunicaciones de ambas instituciones no dieron respuesta.

“Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y ahí esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice Marvin Orellana, líder de ANPES.

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LA SANIDAD

Los policías, como para advertir que no sirve el tanque del inodoro, han puesto dentro de este una escoba y una botella partida con la que sugieren agarrar agua de la pila que está a un lado. A esta, que es la subdelegación de Rosario de Mora, al sur de San Salvador, el MTPS también le recomendó que hiciera suministro de papel higiénico. Fue en una visita hecha el 13 de noviembre de 2017, pero dos años después, en una mañana de junio, el baño sigue sin papel. Y el inodoro que una vez fue blanco, ya es amarillo.

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos dice que los lugares de trabajo deben cumplir con condiciones de estructura (pasillos, paredes, techos, asientos, comedores, dormitorios, servicios sanitarios, instalaciones eléctricas, entre otros) que garanticen la seguridad e higiene ocupacional de los colaboradores ante riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades.

También indica que cada institución o empresa que tenga más de 15 trabajadores, o cuando la Dirección General de Previsión Social del MTPS lo sugiera, cuente con comités de Seguridad y Salud Ocupacional, que son los encargados de prevenciones de riesgos.

La PNC, según su Unidad de Comunicaciones, tiene comités en cada una de las instalaciones. Sin embargo, en los informes consultados, el MTPS sugirió conformar estos comités a puestos con más personal policial como la División Central de Investigaciones y la División de Tránsito Terrestre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada 19 de noviembre el Día del Retrete, porque, sostiene, que este salva vidas al evitar que las heces humanas propaguen enfermedades mortales. Sin embargo, advierte que a nivel mundial hay una crisis de saneamiento. En 2017, la organización presentó el informe «Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene», realizado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que reveló que 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen un saneamiento seguro.

El informe, además, señala que la deficiencia de estos servicios y el agua tienen relación con la transmisión de enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería y la hepatitis A.

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LA COSTUMBRE

Marvin Orellana es policía desde hace 22 años y es el vocero oficial de la Asociación Nacional de Policías de El Salvador (ANPES), que nació hace un año y se organiza a nivel de redes sociales para exigir los derechos del personal policial. Marvin está claro que la Constitución, en su artículo 47, le prohibe a los policías y a la Fuerza Armada el derecho a asociarse o formar sindicatos.

Él trabaja como investigador en la subdelegación policial del barrio San Jacinto, una subdelegación en la que trabajan aproximadamente 120 policías. A diferencia de otras instalaciones policiales, a simple vista, en esta las condiciones de infraestructura parecen variar: los escritorios y las sillas están en buen estado, el baño está aseado, e incluso, hay aire acondicionado. Y dentro de la delegación hay una cafetería y una dispensadora de bebidas.

La subdelegación San Jacinto cubre este barrio de la zona sur de San Salvador y su competencia llega hasta los límites de la ciudad capital con Panchimalco, San Marcos y Soyapango, y cierta parte del Centro Histórico, del lado del bulevar Venezuela. Para hacerlo tienen asignadas cinco patrullas, pero de estas, solo una «medio funciona», dice Orellana, por eso también hacen los patrullajes a pie. Otro de los problemas a los que él se refiere esta tarde de junio es que si las agentes, quienes tienen su dormitorio en la segunda planta de la subdelegación, no se bañan a las 3:30 de la mañana, no logran agarrar agua y les toca acarrearla desde la primera planta.

«Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice.

Según Orellana, los policías no reciben un inmueble en malas condiciones para laborar, sino que el cuido depende del personal. Para él, en la institución existen otras preocupaciones, como la falta de aumentos salariales, la falta continua de ascensos a otras categorías policiales y el acceso a una pensión digna.

El último aumento que recibieron los policías fue de $50 dólares, en 2007, cuando también se incorporó a la Ley de la Carrera Policial (LCP) el escalafón que reciben cada cuatro años. La cantidad del escalafón varía según el nivel al que pertenezcan. Un policía que recién ingresa a la institución recibe un salario de $424 menos los descuentos. Según la ley, su escalafón representa el 6 % de este monto, que equivale a $28, menos descuentos.

En marzo de 2016, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, los policías y soldados que realizan funciones de seguridad pública, y custodios de penales comenzaron a recibir un bono trimestral de $150, este se ha ido en aumento, de $200, $300 y hoy es de $400. Sin embargo, el problema que Orellana ve con los bonos es que estos no le dan garantía a un agente que vive entre pandillas y quiere comprar una casa en otra zona, porque el dinero no forma parte de su salario. Igual sucede, dice, con el régimen de disponibilidad, el dinero que los policías reciben para alimentación, que es entre $130 y $190.

Días antes que Nayib Bukele ganara la Presidencia, en enero, se reunió con representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía. El secretario general de este movimiento, Marvin Reyes, confirma la reunión y muestra dos hojas con 16 puntos que Bukele firmó. Entre estos está su compromiso con la mejora de la infraestructura de las instalaciones policiales, el aumento del salario de los policías y la promoción de ascensos. De esto, dice Reyes, aún no hay nada.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, el precio de la canasta básica en El Salvador es de $200 para la zona urbana y de $144 para la zona rural. Con ingresos como los que recibe un policía en la categoría de agente, el puesto más bajo dentro de la PNC, este no puede costearse los recursos que la institución le adeuda en su trabajo, por ejemplo, papel higiénico por cinco meses.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y de aseo en los baños, así como la falta de sillas cómodas para trabajar y la infiltración de agua lluvia en las instalaciones policiales a causa de goteras; el ministerio de Trabajo también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

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EL DESENCANTO

Aarón recuerda que aquel jueves 20 de junio, el día que comenzó el de Seguridad del nuevo Gobierno, el Plan de Control Territorial (PCT), lo sacaron de la subdelegación donde trabajaba y lo llevaron a una delegación policial de la zona central del país, donde se reunió con policías de otras subdelegaciones y de áreas como la Unidad de Mantenimiento del Orden, de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales y de la División de Armas y Explosivos. Antes de ese día, él no sabía nada de lo que tendría que hacer, la explicación que les dio un jefe policial fue simple: los habían llamado para formar parte del nuevo plan de seguridad, pero de una vez les advirtió que no los quería ver durmiendo en la delegación.

«Ningún ‘cuilio’ voy a permitir que duerma en la delegación», cuenta Aarón, vía teléfono, que les sentenció el jefe. No tenían dónde dormir, así que tuvieron que esperar hasta las 11:30 de la noche que un camión llevara, desde San Salvador, colchonetas. Esa noche, y durante otras dos semanas, ocuparon la casa comunal del cantón donde hoy están destacados, pero fueron sacados de ahí, dice, porque los lugareños necesitaban usarlo para otras actividades propias de la comunidad.

Desde entonces, el grupo que comenzó con 90 policías y soldados, y hoy ya sobrepasa los 100, planteó tomarse alguna casa abandonada para establecerse, también fue ilusionado por sus superiores con que la alcaldía del municipio le pagaría el alquiler de casas. Nada de eso se concretó y el personal comenzó a segresarse en subgrupos: un grupo vive en dos casas que ya eran utilizadas por la PNC, pero estaban abandonadas; otro alquila una casa que es pagada de su dinero, incluidos los recibos de agua y luz; a un tercer grupo, un señor les ha dado donde vivir sin cobrarles nada. Lo mismo sucede con el lugar donde está Aarón: una empresa les ha permitido a él y a otros cinco colegas instalarse en un cuarto con sus colchonetas.

El 4 de julio la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno la reasignación de $31 millones para implementar la primera fase del PCT. La propuesta que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó a los diputados fue que de esa cantidad, $3 millones serían destinados para la alimentación de 2,500 policías y otros $6,048,000 para la de los 5,040 soldados que participan del plan. Cada uno tendría que recibir, mensualmente y hasta diciembre, $200 para su alimentación.

Lo que ha pasado es que, mientras los soldados reciben los $200, a los policías el Gobierno les ha dado un complemento al régimen que ya recibían. Es decir, que si recibían $130 o $190, les ha dado solo $70 o $10.

Esto lo confirman el agente Orellana y Aarón, que accedió a hablar a cambio que no se revele su nombre. A él, dice, solo le dieron $70 y todavía no sabe cuándo le darán completo el dinero que un día le prometieron.

Lejos del discurso oficial sobre la funcionalidad del PCT, los policías y soldados que fueron desplegados a la misma zona que Aarón, todavía esperan los catres que las autoridades les prometieron un día. Duermen en el suelo, sobre una colchoneta, que, de tanto usarla, se está desgastando, cuenta el policía.

Orellana dice que así como en el caso de Aarón, los policías que fueron seleccionados de delegaciones, subdelegaciones u otras áreas policiales para el PCT, llegaron a otras instalaciones en las que ya no había cupo para más personal y eso ha generado condiciones precarias, pero ellos necesitan esos espacios para dormir, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas.

«Es obvio que va a ser una lucha, porque no nos vamos a dejar», adelanta, desde la delegación de San Jacinto, Orellana cuando habla de violaciones laborales a las que se ven sometidos y el temor de sus colegas a organizarse por la prohibición constitucional que existe. Lo que pasa con los policías que forman parte del plan de seguridad es, dice, solo una «bomba de tiempo», porque ya hay algunos que se están quejando y que hablan de manifestarse.

Un espejo inestable llamado laguna de Alegría

Laguna de Alegría, Usulután

De aquella llenura quedaron secuelas: las marcas de la laguna crecida en el espacio donde hoy quedan visibles restos de azufre y las piedras, las porterías oxidadas de una antigua cancha de fútbol y una escuela que tuvo que trasladarse a una propiedad privada para seguir en funciones cuando faltaban dos meses para que terminara el año escolar. Veintiséis centímetros de agua azufrada se acumularon en esta escuela pública.

Los carros se quedaban en la entrada, no podían, como lo hacían antes, darle la vuelta al cráter del volcán Tecapa. El nivel del agua había aumentado tanto que podía cubrir la cama de un pick up. En una parte del volcán, las mesas que son ocupadas para pícnic también quedaron cubiertas de agua. Y quienes querían pasar un día en familia, cocinar y descansar debían atreverse a bordear la laguna, metiéndose en algunas partes del bosque.

La laguna de Alegría –la que una vez la poetisa chilena Gabriela Mistral bautizó como «la esmeralda de América», por el verde de sus aguas volcánicas– había crecido y todo El Salvador mantuvo, por un rato, los ojos fijos en ella. Tiempo después, la olvidó.

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La laguna con una sirena

Un brujo que mintió por venganza se enamoró de una joven que se llamó Xiri, pero ella no le correspondió. Fue por el siglo XII, cuando, cuentan, el volcán Tecapa entró en erupción. El brujo era parte de un grupo de invasores que asesinó a la familia de Xiri; enojado, fingió que predecía el futuro y que, para calmar su furia, el Tecapa necesitaba un sacrificio humano. Eligió a Xiri, quien tenía por mascota un ave, y la llevó a las laderas del volcán.

El sacrificio estaba a punto de consumarse, pero el ave comenzó a cantar y su canto fue suficiente para que el Tecapa llorara y parara su erupción. Sus lágrimas formaron la laguna de Alegría y desde entonces Xiri se convirtió en la sirena que hoy habita sus profundidades.

En 2012, dos artistas, Paola Lorenzana y Memo Araujo, que trabajaron por años proyectos culturales en Alegría, realizaron una caminata para colocar en una de las rocas del cráter una Xiri hecha y estructurada con piedras que donaron los habitantes de la ciudad. Hoy, la sirena está dañada, no tiene parte de su cara ni de sus pechos.

El nombre de Xiri, en la cultura popular, se relaciona con los hombres que se han ahogado en la laguna, pues otra de las leyendas habla de que en ese espejo de agua solo han muerto hombres jóvenes. Es Xiri la que los llama, dicen, los retiene en el fondo de la laguna y los expulsa después.

Carlos Mendoza, uno de los guarda recursos del volcán Tecapa, recuerda el caso de un joven que hace unos años subió a una de las piedras casi cubiertas por el agua, a la orilla de la laguna. Era una tarde a finales de año, volvía de cortar café de una de las fincas del volcán y decidió dar un paseo con su hermano. El joven se resbaló de la piedra y quedó pegado en el azufre bajo el agua. Así murió ahogado en minutos.

Mendoza es el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitario (ADESCO) del caserío Los Mendoza, uno de los cinco caseríos que pertenecen al cantón San Juan, ubicado a 2 kilómetros del casco urbano de Alegría, y donde está la laguna. Es un joven taciturno que conoce la zona, sus caminos, sus veredas, a los animales y a las plantas que conviven ahí.

“No tenemos reporte histórico, de la conquista para acá, no existe ningún escrito ni nada que nos permita decir que el volcán ha entrado en erupción. Se conoce que hace unos 700 años el volcán El Hoyón –que está en la parte oeste de la laguna de Alegría o de Tecapa, y es un pequeño cráter– tuvo un periodo eruptivo”, aclara Eduardo Gutiérrez, coordinador del Área de Vulcanología del MARN.

Esta mañana camina por una vereda que hace una semana fue a limpiar de maleza, en la ladera sur del Tecapa. Desde acá, cuando los árboles no cubren el paisaje, se ve la laguna, ese cuerpo de agua pequeño a la orilla de una zona blanca donde una vez hubo agua, pero hoy hay piedras de diferentes tamaños y marcas de azufre.

Hace cuatro años hubo un incendio que acabó con un bosque de pinos en esta ladera del volcán. El incendio, según la Alcaldía de Alegría, consumió 50 manzanas. Comenzó en las faldas del volcán y subió toda la pendiente. Comenzó a las 2 de la mañana del 2 de marzo de 2015, un día después de las elecciones de alcaldes y diputados, recuerda Mendoza. Las llamas salieron del caserío Nieto González, a 1.5 kilómetros de distancia de donde hoy lo cuenta. Desde lo alto del volcán, señala a lo lejos, una casa para ubicar que atrás de ella fue el punto de inicio.

«Al final, la naturaleza pagó algo que no debía», lamenta, porque en Alegría suponen que el culpable fue un político de un partido diferente al que en esa ocasión ganó las elecciones municipales, pero nada se investigó.

Bosque submontano. El volcán Tecapa tiene una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Al bosque que crece en este tipo de altura se le denomina submontano.

El incendio paró hasta que, a las 5 de la tarde, llegó la Fuerza Aérea a tirar agua de un helicóptero. Antes de esto, los habitantes del Nieto González subieron con cántaros para intentar apagar las llamas, que, por suerte, no dañaron sus casas.

En ese incendio, Mendoza vio morir pinos y también encontró a una mazacuata, una de las serpientes más comunes en la zona, sujeta y calcinada en un árbol. Dice que por cómo la encontró colgada, el animal daba la impresión que quería huir y no pudo.

Entre el 26 y el 30 de septiembre de 2010, El Salvador sufrió la tormenta tropical Matthew, que luego fue degradada a depresión tropical y produjo un temporal lluvioso que dejó inundaciones y deslizamientos en varias zonas del país.

La estación meteorológica ubicada en Santiago de María, en el departamento de Usulután, con la que el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) monitorea el comportamiento de la lluvia en municipios de la zona norte de ese departamento, registró para entonces un acumulado de 253.5 milímetros de precipitación. Fue la zona donde llovió más en todo el país.

Si se parte de que el SNET determinó que el promedio histórico de lluvia fue un acumulado de 1,800 milímetros en todo el país –superados en 2010 por el paso de la tormenta–, en esa zona llovió en cada día del temporal casi tres veces más del promedio diario de toda la época lluviosa. Fue en ese año, según estudios realizados días después de la tormenta, que la laguna incrementó su nivel de agua desde abril a octubre de 1.55 a 2.35 metros. Otro estudio determinó que también había existido un incremento de agua similar en 1957.

Asentamiento. El caserío Nieto González está dentro de la zona que la Alcaldía de Alegría propuso en 2011 para que fuera declarada área natural protegida. Ahí viven unas 200 personas.

Para la geología, el volcán Tecapa es un volcán joven que fue formado hace aproximadamente 100,000 años por las grandes erupciones de un volcán que estuvo en Berlín, que hizo una caldera y dio origen al complejo volcánico Berlín-Tecapa, donde también está el volcán El Hoyón y el Cerro Pelón. Así lo dice un estudio que Jasmin Raymund, un canadiense experto en energía geotérmica e hidrología, realizó en 2001 con fines geotérmicos. Lo hizo para la LaGeo, una empresa de CEL, que extrae energía geotérmica en la zona de Alegría y Berlín.

Para el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), lo que sucedió en octubre de 2010, cuando incrementó el nivel del agua de la laguna de Alegría, no fue que el volcán se inflara, sino que hubo una precipitación de lluvia. Esta laguna, explica Eduardo Gutiérrez, el coordinador del Área de Vulcanología de ese ministerio, no se alimenta de ningún afluente natural cercano que la llene, se alimenta de agua lluvia infiltrada, que no puede penetrar en los materiales porosos del volcán.

“Pareciera ser como si por dentro hay una corriente, como si tuvieras aquí la laguna y de pronto todo se colara, se fuera por un tubo, y toda el agua se perdió. Entonces como que está conectado a un río subterráneo y de pronto el río subterráneo disminuye de cantidad y la laguna se seca. El río aumenta y la laguna se llena. Coincide que los años que ha llovido muchísimo se desborda y llega hasta la escuela, pero en la mayoría de tiempo permanece bien pequeña”, señala el biólogo Néstor Herrera.

Desde que el MARN comenzó a monitorear la laguna de Alegría todavía no sabe cuánto tiene de profundidad, tampoco las características de su cámara magmática. Los lugareños que trabajan en la laguna hablan de 28 metros de profundidad, pero aún no hay estudios oficiales por la falta de recursos.

En uno de los edificios del MARN está el Centro Integrado de Monitoreo y Amenazas, el lugar donde se observa el comportamiento de la lluvia, los vientos, la tierra y los volcanes.

Para monitorear los volcanes, a través de equipo científico y tecnológico, hay tres personas que trabajan en conjunto con otros expertos para analizar los sismos y los deslaves.

El monitoreo volcánico consiste en detectar si hay alguna anomalía en un volcán, identificar las zonas que podría tener más impacto si existiera una erupción y en tener un sistema de alerta temprana con alcaldías y con la Dirección General de Protección Civil, por si es necesario evacuar a las personas.

«No tenemos reporte histórico, de la conquista para acá, no existe ningún escrito ni nada que nos permita decir que el volcán ha entrado en erupción. Se conoce que hace unos 700 años el volcán El Hoyón –que está en la parte oeste de la laguna de Alegría o de Tecapa, y es un pequeño cráter– tuvo un periodo eruptivo», aclara Eduardo Gutiérrez, en el espacio asignado al Área de Vulcanología, en el lado izquierdo de esta sala.

Bruja. La laguna de Alegría, según la tradición popular, es conocida como laguna bruja, ya que en época lluviosa se seca, pero en época seca se llena. Para los lugareños es un lugar misterioso.

Del equipo, el geoquímico Francisco Montalvo es el encargado de monitorear el comportamiento del volcán Tecapa y, por lo tanto, de su laguna cratérica. Esto lo hace de tres a cuatro meses por año. Montalvo es un hombre callado que está sentado frente a una computadora donde almacena gráficas y mapas que indican el comportamiento del volcán. Cuando se trata de volcanes, habla con propiedad de ese ser vivo que estudia. Lo hace sin pausas.

Antes de entrar en detalles, aclara que el comportamiento del Tecapa es similar al comportamiento del resto de volcanes activos que monitorean. Cuenta que su trabajo consiste en medir las temperaturas de la laguna, los niveles de agua y, desde hace dos años, también analiza la composición química de los gases de las fumarolas o las grietas que existe en el cráter.

Laguna de Alegría

Luego recolecta el agua, la lleva a un laboratorio y ahí analiza su nivel de cloruro, sulfato, sodio y potasio, para determinar los tipos de gases que el Tecapa está emitiendo, y así establecer si el volcán está tranquilo o si está incrementando su actividad. Al agua también le analiza su acidez (pH), que ronda entre los 1.7, 1.8 y 2.5, lo que indica que es ácida y de carácter volcánico; y su vapor, esto lo hacen con otro equipo del MARN.

Gutiérrez, por su parte, prefiere comparar la reacción del volcán cuando presenta un comportamiento fuera de lo normal con una persona que se comienza a sentir mal de salud y va donde un médico, y que al llegar al consultorio le hace saber que está irritada. El médico le hace el diagnóstico, y pese a que aún no identifique los signos que posteriormente vendrán, lo trata. El volcán es el enfermo dando señales de una posible enfermedad, los médicos son ellos.

Él muestra en una computadora una gráfica que representa las variaciones que han existido desde 2003, cuando el MARN comenzó a monitorear sistemáticamente el volcán, hasta el 29 de julio de este año, la última visita realizada. Se observan temperaturas que van desde los 50 hasta los 100 grados centígrados. El 29 de julio la temperatura fue de 72 grados.

El sulfato y el cloro son dos gases que están en el interior de la Tierra y acompañan al magma. Son los gases a los que, de acuerdo con Gutiérrez, les gusta ponerle atención, porque hacen relación entre estos y el nivel de volumen de la laguna. Las emanaciones de gases del volcán, dice, son las que aumentan el sulfato, y esto hace que la laguna tenga agua de color verde.

Laguna de Alegría

Para entender la combinación de estos gases, Gutiérrez pone otro ejemplo: si hay un vaso con agua al que se le ha mezclado una cucharada de azúcar y este se saca al sol, el agua va a comenzar a evaporarse, pero el azúcar no se va a mover. Por lo tanto, al medir nuevamente su nivel con el del agua, habrá más azúcar en relación con el agua.

Algo similar sucede con la laguna, si se comparan los niveles altos y subientes del espejo de agua se determina que la relación de dichos gases no ha cambiado. El Tecapa se mantiene dentro de un comportamiento normal de un volcán.

«Pareciera ser como si por dentro hay una corriente, como si tuvieras aquí la laguna y de pronto todo se colara, se fuera por un tubo, y toda el agua se perdió. Entonces como que está conectado a un río subterráneo y de pronto el río subterráneo disminuye de cantidad y la laguna se seca. El río aumenta y la laguna se llena. Coincide que los años que ha llovido muchísimo se desborda y llega hasta la escuela, pero en la mayoría de tiempo permanece bien pequeña», señala el biólogo Néstor Herrera, al referirse al comportamiento que históricamente ha tenido la laguna de Alegría, que forma parte del inventario de humedales del MARN.

Para la geología, el volcán Tecapa es un volcán joven que fue formado hace aproximadamente 100,000 años por las grandes erupciones de un volcán que estuvo en Berlín, que hizo una caldera y dio origen al complejo volcánico Berlín-Tecapa, donde también está el volcán El Hoyón y el Cerro Pelón. Así lo dice un estudio que Jasmin Raymund, un canadiense experto en energía geotérmica e hidrología, realizó en 2001 con fines geotérmicos.

Para Herrera, es probable que la laguna funcione así: el volcán Tecapa hizo erupción, pero hubo una roca que cerró. Los materiales de esta se hicieron impermeables y cayó el agua durante cientos de años y llegó un espejo de agua, que se hundió en un 10 %.

En una pendiente donde antes hubo cafetales y que está ubicada en la ladera externa del volcán Tecapa, cercana al casco urbano de Alegría, hay construcciones de casas en una parcelación y en una lotificación. Para hacer esas casas, asegura el coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Alegría, Mauricio Hernández, los dueños no solicitaron permisos.

Según Hernández, han abierto expedientes de estos casos después de recibir una alerta del MARN e inspeccionar la zona, ya que ninguna de las construcciones tiene los permisos de ese ministerio, de la alcaldía, del Ministerio de Agricultura y tampoco del Ministerio de Vivienda. Por el momento, las obras –que además están en una zona de riesgo por deslaves y en un municipio donde son frecuentes los sismos por su composición volcánica– están paralizadas.

Este tipo de construcciones, dice el biólogo Néstor Herrera, generan especulaciones, porque si más personas ven que en este sector hay casas, van a querer vivir ahí también, lo que implicaría mayor extracción de un manto acuífero que, de momento, no se sabe si está conectado con la laguna.

Él hace una comparación con un estudio que realizó en 1998 en la laguna Verde, en Apaneca, Ahuachapán, cuando había cuatro bombas que directamente le extraían agua. Veintiún años después, dice, hay seis bombas y el espejo de agua se ha reducido aproximadamente en un 30 %. De tal forma que prevé que en 20 años más, la laguna estará seca.

Planos. Este es uno de los dos planos de las construcciones que han comenzado sin autorización en las faldas del Tecapa. La zona donde ya hay inmuebles es propensa a deslaves.

Luis Castillo, experto en física y geofísica y profesor de la Universidad de El Salvador, señala que tras formarse la laguna, el espejo de agua se fue llenando con la precipitación en los diferentes ciclos hidrólogos por siglos. También comparte la idea de que esta no puede ser la única forma en que se llene, debido a que en algunos casos, un lago o una laguna cratérica tiene un sistema hidrotermal subterráneo que puede alimentarle de agua que se recicla en otros volcanes o en elevaciones cercanas, y que llegue hasta el espejo.

De acuerdo con Castillo, si en los tiempos precolombinos en la zona de Alegría hubo asentamientos es porque los habitantes buscaron condiciones mínimas para vivir, como el agua. Aunque, dice, en ese lugar no observa esto, así que posiblemente se pobló por lo fértil que es la tierra o por la siembra del café.

Actualmente la Alcaldía de Alegría y el MARN gestionan declarar la laguna y parte del volcán Tecapa como área natural protegida, tras una petición de convertir 303 hectáreas en monumento natural. En 2011, el MARN hizo una precalificación, pero todavía falta que la alcaldía compruebe a las autoridades ambientales que la laguna es propiedad municipal y falta estudiar la zona para determinar si el ecosistema encaja dentro la categoría planteada.

Con el paso de los años, los abuelos de Alegría no dejan de contar las historias acerca de la laguna y sus características. Otra de las leyendas que sobrevive al tiempo es que esta laguna, así como otras, la formó un brujo que se encargaba de robar lagunas. El hombre volaba sobre el cráter del volcán Tecapa y llevaba un huevo: en la mitad había una laguna de agua dulce y en la otra mitad agua azufrada. Por accidente, el huevo se le cayó y se quebró en el cráter del lado donde estaba el agua azufrada, y así nació aquel espejo de agua.

Sus aguas crecen en la época seca y disminuyen en la época lluviosa. Por eso en algún tiempo la llamaron la laguna bruja. Era misteriosa y lo sigue siendo. Alguien que no conozca su comportamiento desde la ciencia no se explica qué sucede con aquel espejo azufrado que se resiste a morir.

Construcciones. Estas son parte de las casas construidas sin permiso en una de las laderas del volcán Tecapa, cerca del casco urbano de Alegría.

Una radio para educar sin límites ni etiquetas

Fotografías de Franklin Zelaya

«Desde que el mundo es mundo, la diversidad sexual ha existido. Lesbianas, bisexuales, gays hemos estado en todas partes, en todos los momentos de la humanidad», dice Néstor Urquilla, un activista LGBTI, al inicio de una entrevista transmitida por la Radio Victoria, el martes 4 de junio de 2019.

Urquilla habla esta tarde de los gays y lesbianas dentro de la exguerrilla salvadoreña. Sobre ellos dice que, aunque no aceptaron públicamente su orientación y expresión de género por temor a ser reprimidos, fueron violentados de diferentes formas. Y que en el caso de los hombres gays, uno de los castigos fue enviarlos frente a los combates para que murieran.

Su mensaje tiene alcance hasta los departamentos de Cabañas, parte de Cuscatlán, San Vicente y Chalatenango, y los departamentos hondureños de Lempira e Intibucá, que son los lugares que cubre Radio Victoria.

Santa Marta es un cantón de Ciudad Victoria, en Cabañas. Sus habitantes tienen la costumbre de escuchar radio. Los jóvenes prefieren conectarse desde sus celulares con planes de datos, pero la mayor parte de adultos lo hace desde aparatos radiales, como Alba Méndez, quien este mediodía escucha «En voz alta», un programa de noticias que es transmitido al mediodía por Radio Victoria, previo al espacio de la entrevista en la que participa Néstor.

Ella lo hace mientras prepara el almuerzo. Deja de palmear en el comal y sale con sillas, desde una casa, al patio que está cubierto por las sombras de árboles que hace varios años plantó con su familia.

«En la radio hablan de que no debemos discriminar a una persona solo porque es lesbiana, porque es gay», dice Alba, y cuenta que, en la comunidad donde vive, sus habitantes son abiertos con la diversidad sexual, y aunque aún hay discriminación hacia la población LGBTI, no se compara a años anteriores. «La radio ha servido mucho en ese sentido, que ha dado la información y la gente la ha tomado en cuenta», señala.

Alba pertenece a la Organización de Mujeres de Santa Marta. Tiene tres hijos –una niña y un niño, mellizos de 10 años– a los que, dice, les enseña a respetar a la población LGBTI. Su hija mayor, de 19 años, vive en Estados Unidos, pero recuerda que cuando vivía en la comunidad tuvo un amigo gay que llegaba a su casa y con el que salía a pasear. Ella no le veía problema a esa relación.

“La radio es una radio para esa gente que ha sido más excluida, que no ha sido tomada en cuenta en diferentes espacios. La radio ha abierto estos espacios, y la comunidad gay en El Salvador ha sido una comunidad muy olvidada, no se le da espacios. Difícilmente en diferentes medios van a aceptar que un gay trabaje”, cuenta Elvis Zavala, miembro del equipo de dirección de la Radio Victoria.

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La radio con la bandera arcoíris

La cabina de radio está frente a esta sala, en la entrada de la casa. En minutos, un grupo de jóvenes estará al aire con el programa «Contacto juvenil». A la derecha de la cabina, al atravesar una puerta que lleva a un pequeño corredor, está la sala de prensa y la sala de producción radial. Entre la una y la otra, arriba, colgada de una pared, hay una bandera arcoíris, a la par de una bandera de El Salvador.

«La radio es una radio para esa gente que ha sido más excluida, que no ha sido tomada en cuenta en diferentes espacios. La radio ha abierto estos espacios, y la comunidad gay en El Salvador ha sido una comunidad muy olvidada, no se le da espacios. Difícilmente en diferentes medios van a aceptar que un gay trabaje», cuenta Elvis Zavala, miembro del equipo de dirección de la Radio Victoria, en la terraza techada de la radio, a una cuadra del parque de Ciudad Victoria.

Elvis era un niño de 12 años cuando vio nacer Radio Victoria, en Santa Marta, aquel 15 de julio de 1993. Tres años después comenzó como periodista. Recuerda que la radio nació por iniciativa de líderes comunitarios que recomendaron crear medios de comunicación como una estrategia para quitar el estigma que pesaba sobre ellos, ya que entre el 17 y 18 de marzo de 1981, miles de personas de la comunidad y zonas aledañas huyeron hacia Honduras por la Operación Tierra Arrasada, en la que el Ejército salvadoreño ejecutó a los campesinos en cifras que oficialmente aún no son contabilizadas.

Actualmente la radio está ubicada en el centro de Ciudad Victoria y en su sala principal tiene cuadros que cronológicamente cuentan en «collage» de fotos la historia del proyecto desde su fundación. Hay dos imágenes que retratan sus inicios: en una, personas que colocan una vara de bambú para instalar un transmisor de 20 watts, que dio cobertura a Santa Marta; y otra, un grupo de periodistas dentro de la casa de bahareque transmitiendo.

La radio dejó de tener la sede en Santa Marta porque, según Elvis, para llegar con la señal hasta otras localidades necesitaba estar en un lugar geográficamente más alto. Subieron hasta Ciudad Victoria, un municipio a 711 metros sobre el nivel del mar. Ahí solo cubrían un par de cuadras del pueblo y a una comunidad cercana, en Santa Marta ya no se escuchaba la radio.

Pasaron cuatro años con la poca cobertura, pero hicieron gestiones y recibieron fondos para comprar un transmisor de 200 watts. Una familia del municipio les dijo que tenía un terreno en el cerro conocido como Las Vueltas del Cerro, siempre en Ciudad Victoria, donde podían instalar torres con el transmisor. Lo hicieron.

Periodistas. La Radio Victoria cuenta con 25 periodistas y una red de corresponsales en los municipios del departamento de Cabañas. Este año cumple 26 años al aire.

Esta tarde cuenta, emocionado, que aquello fue una locura, porque las comunidades ya tenían una radio y se sentían parte de ella. Mandaban cartas para reportar desde dónde les escuchaban, y de esa forman coordinaban encuentros deportivos. Ahora este espacio comunitario también es ocupado para hablar de diversidad sexual.

A diferencia de las radios comerciales, las radios comunitarias funcionan, en su mayoría, a base del voluntariado de sus periodistas, de cooperación internacional, cooperación de personas del lugar donde transmiten o produciendo cuñas a negocios pequeños para generar ingresos.

Radio Victoria cuenta con 25 periodistas y una red de corresponsales en los municipios de Cabañas. Está afiliada a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que aglomera a radios comunitarias de El Salvador. Y desde hace años, cuenta Elvis, el proyecto decidió incluir dentro de su parrilla programática el tema de la diversidad sexual.

Todos los lunes, los equipos de producción y programación de la radio se reúnen para definir la pauta de la semana, y para junio le apuestan mucho a hablar sobre la población LGBTI desde diferentes enfoques. Elvis, además, señala que todos los miembros del proyecto están en constante preparación en temas de género y masculinidades con el objetivo de concientizarse antes de comunicar a las comunidades, y que entre el personal han tenido a personas de la diversidad sexual, que le han ayudado al grupo de periodistas y a la audiencia a informarse.

Como hoy, todos los días de la semana la puerta principal de la radio está abierta para que así la comunidad acceda a la cabina. Si quiere hacer una denuncia o dar un aviso, lo hace sin ninguna burocracia. A esa cabina, dice el periodista, muchas veces han llegado miembros de la población LGBTI a denunciar abusos de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el equipo de la radio no se limita a darles el espacio para la denuncia, también, a través de las coberturas, le da seguimiento al caso si transciende a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR).

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El género es un espectro

—Aquellos géneros que no están dentro del sistema de género binario, hombre-mujer, se le llaman género no binario –dice un hombre.

—¿Y sabías que una persona puede estar inconforme con el género asignado al momento de su nacimiento y prohibirle que se identifique con otro es una violación a su identidad de género? –pregunta una mujer.

Los mensajes están inmersos dentro de una cuña de 44 segundos que fue transmitida en junio en Radio Victoria y en la radio municipal de San Isidro, otro de los municipios de Cabañas. La cuña termina con el mensaje «el género no es binario, es un espectro», y quienes la locutan son Alonso Argueta y Marina Sorto, dos periodistas comunitarios que utilizan la radio como un vehículo para sensibilizar e informar a la población de Cabañas, entre otros temas, acerca de la diversidad sexual.

La cuña es una de las tres que transmitieron por estas radios en junio, pero ellos también son los encargados de producir el microprograma «Educación sin límites», que es transmitido en la radio municipal de San Isidro, todos los miércoles a las 9 de la mañana. En este abordan temáticas como la diversidad sexual, la prevención de la violencia, las ITS y el VIH. Lo hacen en 20 minutos o menos.

Y en el noticiero «En voz alta», de Radio Victoria, tienen espacio para publicar dos notas periodísticas por semana. En la edición del 4 de junio, Marina publicó una sobre la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, anunciada por el presidente Nayib Bukele en la primera semana de su gestión. Para ello entrevistó a diferentes fuentes locales.

El microprograma, las notas y las cuñas son grabados en el pequeño estudio de la Asociación Comité contra el Sida en Cabañas (CoCoSI), una asociación que queda en el cantón El Zapote, a 3 kilómetros de Santa Marta y a 5 de Ciudad Victoria. El estudio está compuesto por dos computadoras –de esas, una que sirve para editar audios–, tres micrófonos, una consola y dos ventiladores. Todo lo han obtenido con ayuda de cooperación internacional. Para aislar el sonido, tres paredes están tapizadas de cartones de huevo. En la única pared que no tiene cartones, hay una pequeña bandera arcoíris.

CoCoSI funciona en una casa en forma de pentágono. Aparte del estudio de grabación, tiene otra oficina levantada con madera, y otras que están a la vista, formadas con escritorios y computadoras. En medio de una de estas oficinas hay pequeñas banderas arcoíris. Ver estos colores alrededor de las paredes, acompañados de mensajes sociales, es común. En una hay un banner que dice «Cero lesbofobia, cero homofobia, cero bifobia, cero transfobia. LGBTI= tú y yo», y siluetas de hombres y mujeres, de diferentes colores, tomados de las manos. En otro banner también hay lazos rojos, símbolo representativo del apoyo a las personas que viven con VIH.

Alonso y Marina comenzaron a trabajar en la asociación luego de haber recibido un taller de prevención de VIH, porque en noveno grado, la escuela de Santa Marta donde estudiaron les pidió horas optativas. Él ya tiene 15 años en la asociación y ella 13. Ninguno ha estudiado periodismo, pero se han formado a través de cursos y talleres.

Teatro. Una de las formas de CoCoSI para informar y sensibilizar a las comunidades es el teatro. Tiene un grupo que se llama Realidad en Escena, conformado por 11 jóvenes.

Ambos forman parte del Programa de Incidencia Social y Política de CoCoSI, en el que se encuentra el área de comunicaciones, y no reducen la diversidad sexual a las siglas LGBTI, sino que prefieren llamarle diversidad sexual o género no binario. Lo hacen así, explica Alonso desde el estudio de radio, porque al decir las siglas etiquetan a la población en lesbiana, gay, trans, bisexual o intersexual, cuando entre un hombre y una mujer existe una cantidad de identidades sexuales que no se ven. «Estamos nuevamente replicando casi los mismos modelos (sociales de sexualidad). Es mejor no poner etiquetas», dice.

Junio fue a escala internacional el mes de la diversidad sexual. Alrededor del mundo hubo actividades de la población LGBTI, entre ellas la marcha por la diversidad sexual, que comúnmente se realiza el último fin de semana del mes.

Para ese mes, CoCoSI destinó todos sus microprogramas a la diversidad sexual. En uno de ellos entrevistaron, vía teléfono, al activista William Hernández, de la Asociación Entre Amigos, quien habló sobre las deficiencias del sistema judicial para investigar los crímenes de odio. En otros hablaron sobre el uso y las diferencias de los términos heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.

Además de trabajar como periodista comunitario, Alonso es parte de un grupo de jóvenes con estudios en Informática que hace cuatro años llevó el internet inalámbrico a Santa Marta; antes de esto lo tenían de forma satelital. Para hacerlo, el grupo compró el servicio de internet a una empresa y en una casa del centro de Sensuntepeque, donde se colocó una antena en una torre, logró enviar señal hasta una antena en el cerro Moidán, ubicado en esta ciudad; y de ahí envió señal a otra antena en el cerro El Zelaque, en Santa Marta.

El periodista explica que entre los planes de la asociación está tener una radio comunitaria en línea y para esto ya comenzaron las reuniones.

CoCoSI nació en agosto de 1999 por iniciativa de Brenda Hubbard, una estadounidense que viajó a El Salvador 10 años antes para trabajar con el Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador Monseñor Romero (COMADRES), un grupo creado por madres y familiares de desaparecidos, presos y víctimas del conflicto, para darse apoyo y buscar a sus parientes.

Hubbard cuenta que ella estaba en Japón y su plan era venir por dos meses a El Salvador, porque quería saber cómo el Gobierno de Estados Unidos invertía sus impuestos en la guerra civil para «matar y desaparecer personas», pero ya lleva 30 años trabajando en el país.

“Todos los días de la semana la puerta principal de la radio está abierta para que así la comunidad acceda a la cabina. Si quiere hacer una denuncia o dar un aviso, lo hace sin ninguna burocracia.”, dice Elvis Zavala, miembro del equipo de dirección de la Radio Victoria.

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El doctor que participa en la radio

Radio Victoria forma parte del plan de trabajo colectivo de Santa Marta, en el que también están involucradas instituciones como la Unidad de Salud y el Complejo Educativo 10 de Octubre de 1987, llamado así por el día en que la comunidad comenzó el retorno a El Salvador.

«Me han invitado a programas relacionados a la salud de la mujer, pero también a programas relacionados con la salud del género no binario», cuenta Salvador Escobar, el director de la unidad de salud de la comunidad al referirse a las invitaciones que ha atendido en programas de Radio Victoria.

La unidad está a la par de una siembra de maíz. En esta atienden entre 60 y 80 pacientes a diario, pero hoy está vacía. El doctor dice que es porque un grupo de excombatientes de la comunidad anda por San Vicente recibiendo la pensión que el Gobierno les entrega cada mes. Su oficina está al final de un pasillo.

Cuando al doctor lo han invitado a hablar sobre el género no binario –prefiere llamarle así en lugar de población LGBTI– se ha enfocado en los derechos de las personas de la diversidad sexual, la discriminación y estigmatización, dice, pero también en los deberes de los trabajadores de salud para atenderles sin ningún prejuicio.

Señala que el personal de la unidad de salud fue capacitado sobre diversidad sexual por CoCoSI, lo que ha permitido que exista un mejor trato a los pacientes de esta población. Desde el año pasado, dice, las personas trans pueden pasar consulta e identificarse con el nombre que ellas han elegido conforme a su identidad de género, no necesariamente con el que aparece en su DUI, y su expresión de género. Como los casos de tres hombres trans que han llegado a consultas.

Para él es importante que desde Radio Victoria todos los días se transmitan cuñas radiales o programas relacionados con la diversidad sexual, porque esto ayuda a sensibilizar a los radioescuchas. Además que la misma radio sea abierta en el tema y tenga dentro de su personal a periodistas LGBTI.

La prevención del VIH, una de las apuestas de CoCoSI, ha ayudado también a visibilizar la necesidad de información sobre este tema en la comunidad. De acuerdo con Salvador, para 2011, diagnosticaron siete casos, pero esto ha tenido una tendencia a la baja. Ahora conocen de cinco, cuatro de ellos diagnosticados en la población LGBTI. Lo cual para él causa alarma porque fueron personas, dice, que no tuvieron la oportunidad de protegerse o no supieron cómo, sin embargo, espera que con la información adecuada el problema se reduzca.

Y apunta a algo esencial para cambiar la perspectiva de estos temas: la educación en todos sus niveles.

Murales. En Santa Marta hay varias casas con murales en contra de la violencia y uno que otro verso. La comunidad trabajaba basada en un plan de desarrollo colectivo.

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Contra el «bullying«

Hace 14 años, un joven dijo que era gay. Estudiaba sexto grado y tenía ataques de ira porque era víctima de «bullying«, recuerda Antonio Beltrán, el director del Complejo Educativo 10 de Octubre de 1987. Era la primera vez que un alumno aceptaba abiertamente su orientación sexual, y la planta docente tuvo que intervenir para que fuera respetado. Hoy, cuando conocen a alumnos de población LGBTI, dice Antonio, los envían a la psicóloga que atiende el área de Salud Mental en la unidad de salud, para que los aconseje y decida qué procesos llevar y si involucra a sus familias.

Antonio es una de las fuentes consultadas por Marina para el material periodístico que envía a Radio Victoria. De las actividades realizadas en alianza con la escuela, Marina recuerda un cine-foro con los padres de familia en el que vieron «Plegarias para Bobby«, una película clásica que trata sobre el suicidio de un joven gay a causa de la intolerancia religiosa de su familia. Ella entrevistó a los asistentes y dice que hubo muchas personas conmovidas.

El complejo educativo tiene 23 secciones, desde kínder hasta bachillerato. Antonio señala que en este lugar los niños asumen tareas como barrer y trapear, porque trabajan contra el prejuicio social que esto solo lo pueden hacer niñas. Y dice que el personal ha sido capacitado en género y también en diversidad sexual. Por ello le apuestan a prevenir el «bullying«.

Recuerda que 10 años antes, hablar de sexualidad era un problema y tuvieron que reunirse hasta con un sacerdote que llegaba celebrar misas a Santa Marta, porque él se oponía a que se hablara de esto. Como planta docente le explicaron que el tema debía ser abordado desde la escuela, porque a los niños y jóvenes no debía escondérseles, sino darles la información necesaria.

«La radio ha sido muy determinante, muy fundamental, para la divulgación de este tipo de contenido», acepta el director, quien considera que, de momento, el público adulto se ha quedado solo como receptor de la información, ya que los programas de Radio Victoria han tenido más enfoque en los jóvenes.

En la parte derecha del muro externo del complejo educativo hay un mural. Es el dibujo de un condón con manos y pies, que tiene un martillo en su mano derecha y está saltando sobre virus. «Úsame, yo te protejo», dice el mensaje que le acompaña.

«Esta es la parte que nos dieron a nosotros para hacer el diseño», sostiene Marina, frente a este mural. Cuenta que hace siete años hicieron una encuesta a escala de Cabañas para conocer qué opinaban las personas sobre el programa que CoCoSI tiene en la radio. La mayoría estaba en contra, porque dijo que abordaban temáticas que ni los niños podían conocer. Con los años esto ha cambiado, dice la periodista.

Educación sexual. La comunidad Santa Marta trabaja en la educación sexual. La comunidad ha logrado reducir en nueve años de 39 % a 9.4 % los embarazos en adolescentes.

Donde el régimen de Ortega no ha podido penetrar es en los medios

Sergio Ramírez, escritor
Sergio Ramírez, escritor

Sergio Ramírez llegó a un salón del piso 15 de un hotel de San José, Costa Rica. Era la mañana del viernes 17 de mayo, el último día del Festival Centroamérica Cuenta, celebrado desde 2012. Al fondo casas y edificios, pero más al fondo, cubierta de nubes, la Cordillera Volcánica Central, que atraviesa 80 kilómetros de este país.

No es casualidad que el festival, que siempre se realizó en Nicaragua y es organizado por un equipo al que pertenece Ramírez, tuviera como sede para 2019 Costa Rica. El año pasado, la sexta edición fue suspendida por la crisis política nicaragüense que estalló el 18 de abril, pero esto no calló a las letras. La nueva edición del festival fue paralela a la Feria Internacional del Libro de San José, y como por costumbre, volvió a juntar en una semana a escritores, periodistas y académicos.

Ramírez es un escritor de 76 años con una vasta trayectoria literaria. Se ha agenciado prestigiosos premios otorgados a escritores en lengua española, como el Premio Internacional de Novela Alfaguara (1998), Premio Casa de las Américas (2000) y el Premio Cervantes (2017).

También tiene un pasado político. En 1977, en este país donde atendió la entrevista, comenzó a encabezar el Grupo de los Doce, como una respuesta contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último Somoza que gobernó Nicaragua hasta julio de 1979 y quien se fue del país con el triunfo de la revolución sandinista. El grupo estaba integrado por empresarios, intelectuales y sacerdotes, y era apoyado por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), del cual él ya es disidente.

Ramírez conoce de cerca a Ortega. Junto con él y otros cuatro nicaragüenses conformaron en 1979 un gobierno transitorio llamado la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que tenía como misión reconstruir a una Nicaragua que había atravesado una dictadura de casi medio siglo. Y de 1985 a 1990 fue su compañero de fórmula, como vicepresidente de la república.

«Son dos etapas muy diferentes», precisó al consultarle sobre cómo ve a la Nicaragua gobernada por el mismo presidente en dos periodos marcados por 16 años de diferencia. Para él, desde que Ortega volvió al poder en 2006, intentó contentar a la población con donativos y «paliativos» por medio de la cooperación venezolana y el dinero del petróleo proveniente de Venezuela, y logró, además, un pacto con la empresa privada y cierto grado de estabilidad política y económica.

Ramírez consideró al gobierno orteguista un «caudillismo cualquiera», además de neoliberal. Un gobierno que pensó que a causa de sus acciones, la población no iba a percibir la ausencia de democracia, ni la falta de libertades públicas, que no iba a registrar las crecientes agresiones contra los movimientos populares y el «candado» contra las universidades estatales para que los estudiantes no se movilizaran. Antes de este escenario, dijo Ramírez, faltaban «pocas chispas» para que todo estallara.

La investigación periodística #Petrofraude, realizada por CONNECTAS en alianza con cinco medios de comunicación, incluido LA PRENSA GRÁFICA, reveló que Nicaragua es el país más beneficiado con Petrocaribe, una alianza petrolera con 14 países afines a Venezuela, creada por Hugo Chávez en 2005.

Tras analizar documentos y consultar diversas fuentes, el equipo de periodistas estableció que bajo un esquema de compensación –que consistía en exportar productos alimenticios a cambio de petróleo–, Nicaragua recibió hasta junio de 2018 más de $3 millones en préstamos petroleros y exportó productos que representaron casi el 80 % de los montos en ese mecanismo, a través de ALBA Alimentos de Nicaragua (Albalinisa). Esto, según los hallazgos, hizo que Ortega sostuviera buenas relaciones con organizaciones agropecuarias vinculas al FSLN, con empresarios locales agroindustriales y centroamericanos.

Ya cuáles son los alcances de la democracia (en El Salvador), si la democracia produce bienestar social, si produce justicia, si produce equilibrios sociales, si la democracia es capaz de acabar con esta realidad oscura de las pandillas juveniles, de la corrupción, del narcotráfico. Eso depende la habilidad del gobernante.

El detonante de la crisis, la polémica reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, incluía el aumento de la tasa de contribución de los trabajadores y empleados. La más cuestionada: los jubilados tendrían que aportar el 5 % del dinero que recibieran de pensión.

Días antes del estallido de la crisis, los jóvenes también habían protestado, recordó Ramírez, en referencia a las acciones que tomaron debido al incendio Reserva Biológica Indio Maíz, que acrecentó el malestar social. Ese incendio no fue atendido de inmediato por el Gobierno y duró 10 días. Arrasó más de 5,000 hectáreas. Los jóvenes, dijo Ramírez, le reclamaron al orteguismo por la pasividad para proteger las áreas forestales en riesgo.

«Estos fueron simplemente detonantes de un malestar muy grande que había, sobre todo, en los jóvenes», sostuvo. Agregó que las nuevas generaciones en Nicaragua están repitiendo en 2019 el itinerario de la resistencia del año pasado, ya que conmemoran los «hitos» de las movilizaciones que comenzaron en abril. Esto lo consideró importante, porque la gente se motiva a continuar con la lucha.

Sergio Ramírez, escritor

El 30 de mayo pasado, por ejemplo, se celebró una misa en la catedral de Managua para conmemorar el asesinato de 19 jóvenes a manos de policías y paramilitares en la llamada «Madre de todas las marchas», la mayor marcha realizada en Nicaragua contra la dictadura Ortega-Murillo desde que comenzó la crisis y que fue convocada por madres que hasta entonces habían perdido a sus hijos.

Desde el 28 de septiembre de 2018 las marchas fueron ilegales, lo que viola el derecho constitucional de las manifestaciones pacíficas. Ramírez opinó que desde entonces ha habido «prudencia en la lucha», ya que la gente quiere prevenir más daños, pero eso no significa que esta lucha esté enterrada. Sin embargo, según el escritor, al haber oportunidad de salir a las calles, la gente lo hará y por miles.

A pesar de la represión, los nicaragüenses comenzaron el uso de una serie de códigos para protestar, como lanzar globos azules y blancos a las calles, los colores de la bandera del país; y en el caso de las mujeres, y algunos hombres, a pintarse los labios con labial rojo. Esto es conocido como «pico rojo» y se hizo famoso en octubre del año pasado, cuando Marlen Chow, una socióloga organizada, se pintó de labial rojo los labios en señal de protesta dentro de la cárcel El Chipotle, donde ella y otras 37 personas fueron llevadas por exigirle al Gobierno que liberara a los presos políticos.

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Medios sin trabas ni cortapisas

El Gobierno y la Alianza Cívica –conformada por estudiantes, agricultores, ambientalistas y empresarios– negociaron en marzo pasado la liberación de los presos políticos. Ortega incumplió la promesa de liberarlos en mayo y el 11 de junio sacó de la cárcel a 54, tres días después que la Asamblea Nacional aprobó una propuesta exprés de Ley de Amnistía que perdonaba las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis.

La Alianza Cívica denunció que todavía falta por libertar a otros 89 presos. El plazo consensuado para hacerlo venció el pasado martes. Sin embargo, un mes antes de estos hechos, Ramírez señaló que las únicas armas de la Alianza Cívica eran la moral y la ética, y si el orteguismo no cumplía con lo que acordó, tocaría seguir presionando. Las negociaciones nunca son fáciles, dijo, más si se trata de un régimen que quiere dilatarlas hasta 2021 –el año de las elecciones– porque no quiere abandonar el poder, sino realizar comicios amañados. Mientras que a la comunidad internacional le compete estar vigilante de lo ocurra en Nicaragua.

Por otra parte, agregó, existe una población desencantada que ya no respalda la fórmula de Ortega-Murillo, sino que quiere ver elecciones libres, presos políticos liberados, el regreso de los nicaragüenses exiliados y el funcionamiento de los medios de comunicación «sin trabas ni cortapisas».

La noche del 13 de diciembre, la policía entró a la fuerza a las instalaciones del periódico El Confidencial, donde también eran producidos los programas «Esta noche» y «Esta semana», medios críticos del régimen dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro. Los policías incautaron computadoras y equipos a periodistas.

«Saquearon nuestra redacción. Un ataque brutal contra la libertad de prensa y libertad de empresa», denunció Chamorro en su cuenta de Twitter la mañana del siguiente día de los hechos. En la misma publicación hizo responsable de ello a Daniel Ortega, por ser el jefe de la policía nacional.

Sergio Ramírez, escritor

Chamorro fue a reclamar por el equipo incautado dos días después de estos hechos a la Policía Nacional de Nicaragua, ubicada en Managua, pero él y el grupo que le acompañaba fueron reprimidos. Días después, en enero, se exilió en Costa Rica.

A finales de diciembre también fueron allanadas las instalaciones del Canal 100 % y fueron detenidos Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de Información de este medio independiente. Fueron acusados de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, y liberados el pasado 11 de junio.

A estos ataques de la prensa se suman la retención de papel para las ediciones de los periódicos impresos La Prensa y El Nuevo Diario, que siguen funcionando con pocos recursos. Más los periodistas, que como Chamorro, se han ido al exilio.

«Donde el Gobierno no ha podido, el régimen no ha podido penetrar, es en los medios, en las redes sociales. Una batalla perdida. Busca cómo contrarrestar control con mentira, con redes falsas, pero ahí está la fortaleza de la difusión de noticias que el régimen quisiera no escuchar», apuntó Ramírez.

De acuerdo con el escritor, la democracia en Nicaragua sufre una amenaza muy grave, porque los medios de comunicación no están funcionando como deberían. Señaló que el hecho que de haya periodistas exiliados lanza una voz de alerta sobre la manera que los mismos medios deben fortalecer sus posibilidades de penetrar en la gente con una alternancia en las redes sociales –menos vulnerables a estos ataques–, dijo, y a acostumbrar al público a informarse con estas plataformas.

Desde que estalló la crisis en Nicaragua, las redes sociales han sido los medios desde los cuales los ciudadanos se han informado, organizado y denunciado la represión del régimen, incluidos los periodistas y académicos. Fue usual ver circulando el #SOSNicaragua en referencia a la señal de socorro. También hubo mujeres y hombres con «el pico rojo» que subían sus fotografías a redes sociales.

A inicios de julio del año pasado, hubo un video que se hizo viral. Eran dos universitarios detrás de una barricada en Managua. «Mamá, mamá, perdóname. Salí a defender mi patria. Te amo», decía una joven llorando. «Si logra ver esto, díganle que la quiero mucho, y que no me arrepiento de nada», le secundaba otro joven con la mira asustada, mientras al fondo se escuchaban gritos y disparos.

La Iglesia católica también ocupó las redes sociales para denunciar. El ex obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua Silvio José Báez lo hizo a través de un Facebook Live con 100 % Noticias, el 27 de abril. Habló, llorando, sobre las torturas a los jóvenes luego de ser capturados por el régimen de Ortega.

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La democracia en El Salvador

Sergio Ramírez, además, se refirió a la realidad salvadoreña previo a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de la república. Sobre él dijo que «tiene una personalidad muy explosiva, muy especial», pero no tiene la posibilidad de imponer sanciones a los medios de comunicación, como en Nicaragua, o quemar radios, cerrar televisoras, exiliar o encarcelar a periodistas, porque en El Salvador funciona un sistema institucional diferente al del régimen orteguista, y si esto ocurriera, no sería tolerado por la sociedad.

Sin embargo, aclaró que nadie está conforme con que exista un choque entre el poder político del gobierno y los medios de comunicación. «Los medios de comunicación, en cualquier contexto, tienen que desarrollar libremente su misión, que es informar y ser críticos. Sin una prensa crítica no hay democracia y yo espero que el nuevo gobierno de El Salvador va a amoldarse a esta realidad», dijo.

En los primeros días de su gestión, Bukele comenzó a usar su cuenta de Twitter como el medio de comunicación unidireccional. Desde el 1.º de junio, cuando fue juramentado como presidente de la república, dio su primera orden a través de esa red. Fue a la Fuerza Armada y consistió en retirar el nombre del comandante del batallón Atlacatl, acusado de perpetrar la masacre en El Mozote, el coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel.

Luego siguieron otras órdenes relacionadas con despidos de familiares de funcionarios o exfuncionarios del FMLN, según Bukele, de diferentes instancias del Gobierno.

Desde afuera de El Salvador, Ramírez dijo que la expectativa de este nuevo gobierno es que la democracia funcione, que el voto popular sea respetado, como lo ha sido desde la firma de los Acuerdos de Paz. Y sostuvo que la misma elección de Bukele es un signo de funcionamiento de la democracia, porque es un tercer candidato que se ha impuesto sobre las fuerzas políticas tradicionales del país, ARENA y el FMLN.

Es una población desencantada (la nicaragüense), que no respalda más esta fórmula (Ortega-Murillo), no respalda más al régimen y quisiera ver unas elecciones verdaderamente libres, quisiera ver a los presos políticos liberados, quisiera ver el regreso de todos los exiliados, el funcionamiento, otra vez, de los medios de comunicación sin una clase de trabas o cortapisa.

Además, el escritor apuntó que él quisiera ver cada vez mejores gobernantes, pero sin los mecanismos de la democracia no se puede hablar de esto. «Ya cuáles son los alcances de la democracia (en El Salvador), si la democracia produce bienestar social, si produce justicia, si produce equilibrios sociales, si la democracia es capaz de acabar con esta realidad oscura de las pandillas juveniles, de la corrupción, del narcotráfico. Eso depende la habilidad del gobernante», señaló.

La postura de Bukele frente al problema de las pandillas es la represión. El 12 de junio, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el mandatario le había dado la orden de reprimir la violencia, y que por su parte, el Gobierno se dedicaría a la prevención.

El pasado martes, el presidente montó una conferencia en la que anunció medidas que incluiría en el Plan de Seguridad presentado a la Asamblea Legislativa. Entre ellas, cortar la comunicación de los reos en centros penales, hacia el exterior, una medida ya implementada tras la aprobación de las medidas extraordinarias. Además, atacar a los financistas de pandillas. Ese día por la noche, subió a Twitter una fotografía donde aparecía reunido con las autoridades de Seguridad Pública y dijo que el jueves a media noche comenzaría el «Proyecto control territorial», que consiste en desplegar a policías y militares en zonas con alto índice de delincuencia.

Mientras que el jueves las autoridades decretaron estado de emergencia en los 28 centros penales del país y el viernes hubo traslado de 1,041 reos a diferentes cárceles, según informó en un comunicado de Twitter la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Pero sobre el combate a la corrupción, hasta el momento, Bukele no ha manifestado ninguna propuesta concreta, pese a los antecedentes por corrupción que tiene el país. Hay un expresidente encarcelado por lavado de dinero (Elías Antonio Saca, 2004-2009), mientras que el primer presidente de la izquierda, Mauricio Funes, acusado de delitos de corrupción, es prófugo de la justicia y se asila en Nicaragua.

Sergio Ramírez, escritor

«Se está creando una literatura que afuera se considera de calidad»

Allan Barrera, escritor salvadoreño

Allan Barrera es un escritor salvadoreño que desde el año pasado vive en la Ciudad de México. Tiene 34 años y el 13 de mayo recibió, en Costa Rica, el VII Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve por su cuento «2 de noviembre». Se convirtió en el segundo salvadoreño que, de forma consecutiva, gana este galardón para escritores jóvenes.

En esta entrevista, el también ganador de dos premios florales en poesía, habla de sus procesos creativos y cómo –para él– es El Salvador en el que le tocó crecer. Este país que, con su cotidianidad, convirtió la infancia y la memoria en sus fuentes de creación.

Para mí, el proyecto político de transformación social excede a la izquierda partidaria y articula a todos los sectores de izquierda del país.

Pero no deja de lado referirse a su paso por la Secretaría de Cultura del FMLN, el partido de izquierda que ayer salió del Gobierno después de una derrota histórica en las elecciones presidenciales de febrero, que solo superó a las elecciones presidenciales de 1994, el año en que por primera vez compitió como partido político.

Allan estuvo en esa secretaría entre 2012 y 2018. Fue parte del equipo que elaboró la Ley de Cultura, aprobada en agosto de 2016. Para él, una de las muchas deudas que deja el FMLN es, precisamente, la apuesta por la cultura. Reconoce que al expresidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua por acusaciones de corrupción, no le importó la cultura. Mientras que en la administración de Salvador Sánchez Cerén, dice, la cultura no fue vista como un eje estratégico y faltó presupuesto y voluntad política para una gestión de largo alcance.

El cuento con el que ganaste es como un diálogo con vos mismo, ¿desde cuánto estabas esperando hablarte así?

Casi nunca pienso que voy a hacer tal cosa. Las cosas van floreciendo a su ritmo, de manera natural. Nunca me imaginé que iba a estar escribiendo relato corto, cuento. El cuento tiene cierto dato autobiográfico, pero también está ficcionalizado con muchas cosas.

Escribir es una experiencia sanatoria. Es un ejercicio que me ha curado. Jacinta Escudos decía que ella nunca podía escribir desde la felicidad y yo, de alguna manera, también soy un poco así, que no puedo escribir desde otro lugar. Siempre escribo desde el dolor. Y sí, suena cliché, pero en vez de pagar un psiquiatra, mejor me siento a escribir. Siempre me ha costado expresar mis cosas con la gente, pero en la escritura se me da más fácil y lo siento como un ejercicio terapéutico.

¿Ya tenías una idea de lo que querías hacer con «2 de noviembre»? ¿Cómo fue el proceso de creación?

Ese cuento a mí me surgió de un tirón. Iba caminando y se me ocurrió que podía escribir un cuento sobre un hijo que tiene remordimiento sobre su madre fallecida y sobre la visita a un cementerio, porque yo, en algunas ocasiones, visité el cementerio de La Bermeja y veía cómo enterraban ahí a los muertos. Es la visita a la tumba de la madre fallecida. Y claro, me salió el cuento en bruto y luego lo pasé puliendo unas tres semanas.

El hecho que El Salvador haya sido ganador dos veces nos dice que hay historias muy interesantes y muy importantes en nuestro país para comunicarlas, para contarlas a los demás países centroamericanos, y que son realidades que exceden lo local. Son realidades que ocupan a toda Centroamérica ahora. También devela que se está creando una literatura que afuera se considera de calidad e historias muy importantes.

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Hay una atmósfera construida por la muerte. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la muerte?

Fue la muerte de mi madre. Y de alguna manera viví un duelo un poco similar a ese. Creo que también, en algún modo, a veces, me da miedo mostrarme frágil, aunque soy frágil.

¿Cómo fue la relación de madre e hijo? ¿Y cómo esta relación ha marcado tu literatura?

La relación con mi madre en los últimos años fue complicada. Entre ella y yo había un muro muy grande que fue la drogadicción de mi hermano, su adicción al crack. Esta terminó destruyendo nuestra familia, y también, por supuesto, la vida de él y la de mi madre. Antes de eso tuvimos una buena relación. Le estoy profundamente agradecido. Ser madre soltera en las circunstancias que le tocaron no fue fácil, y ella asumió toda esa carga sola. Me parece admirable. En cuanto a cómo esta relación mía con ella ha marcado mi literatura, pues la ha marcado mucho. En ese cuento con el que acabo de ganar me inspiré en ella. Y en algunos de mis poemas también está presente.

¿Cómo dimensionás tu infancia a tus 34 años?

En términos creativos, veo mi infancia como una fuente inagotable de materiales literarios. Recurro mucho a ella para escribir. A veces soy muy nostálgico y la idealizo demasiado, y otras veces me duele un poco. Yo crecí solo con mi madre en San Jacinto, en la colonia Santa Marta. Una colonia de clase trabajadora. Tengo muy buenos recuerdos de ese lugar con los amigos con los que crecí, también fui testigo de cómo fue evolucionando la violencia social en esos espacios después de la firma de los Acuerdos de Paz. Pasábamos mucho tiempo en la calle. Recuerdo que la mayoría de padres no tenían muchas proyecciones sobre sus hijos, la meta más alta era graduarse del bachillerato, encontrar un trabajo, tener hijos y ya. Yo me metí a la universidad porque mi hermano, que se había hecho hippie, me convenció de que lo hiciera. Él abandonó la carrera al segundo año, yo me quedé, y de repente estaba escribiendo sobre todo eso.

Ahora que lo veo con el distanciamiento de mi edad, pienso que la infancia es un fantasma que está presente a la hora que escribo.

Según el jurado del Premio Carátula, tu cuento es una metáfora de El Salvador y sus habitantes. ¿Cómo resumís un país, desde tu historia, en 13 páginas?

No había pensando en esa interpretación. Cuando lo escribí, no pensé en una metáfora que resumiera en 13-14 páginas, como dicen ellos, el contexto de no sé qué, ¿de violencia? Pero si mucha gente que está viviendo esto se puede mirar en ese cuento, lo que describo ahí, eso ya es una ganancia y algo que me llena de mucha satisfacción, que la gente pueda mirarse ahí a sí misma, que puedan sentirlo y conmoverse. También que hay un montón de familias que están viviendo eso.

Es el segundo año consecutivo que un salvadoreño gana el Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve, ¿qué nos dice eso del terreno que está ganando el cuento joven en El Salvador y en Centroamérica?

El hecho que El Salvador haya sido ganador dos veces nos dice que hay historias muy interesantes y muy importantes en nuestro país para comunicarlas, para contarlas a los demás países centroamericanos, y que son realidades que exceden lo local. Son realidades que ocupan a toda Centroamérica ahora. También devela que se está creando una literatura que afuera se considera de calidad e historias muy importantes.

¿Cómo te encontraste en el cuento? Antes solo escribías poesía.

Creo que el cuento me ha permitido expresar otras cosas y explorar otras cosas de mí que en la poesía no se me presentaban de la misma manera. Me parece que es un género más versátil en el que uno se puede extender más y en el que uno puede decir más cosas con un lenguaje más referencial.

Aparte, ha sido una experiencia de estar aprendiendo, porque para mí es un género nuevo, y me gusta ver que cada día depuro un poco más, que de alguna manera me vuelvo más limpio y que siento que estoy creciendo un poco en ese género. Cuando veo lo que comencé a escribir de narrativa a lo que estoy escribiendo ahora, veo que hay cierto crecimiento y eso me gusta.

¿Cómo hacés para llevar el proceso de la poesía que es totalmente diferente al proceso de escritura de cuento? ¿Te ves conviviendo con ambos géneros?

Quisiera seguir cultivando los dos géneros. Los dos géneros me gustan. Ahorita me he dedicado más a la narrativa, pero yo quiero seguir escribiendo poesía. Yo no quiero que el narrador termine comiéndose o matando al posible poeta que hay.

¿Por qué?, ¿te da miedo?

A mí me gusta mucho la poesía. Me gusta leer mucha poesía y lo que pasa es que es un género, como te decía, que no lo puedo cultivar… o sea, a veces, puedo pasar 4 horas en un verso. En cambio, en narrativa, yo creo que en 4 horas he redactado unas cuatro páginas. Aunque no estén tan buenas, pero sentís que te has ejercitado. Para escribir poesía siento que tengo que estar como más cerca de mis emociones. Es un género que va imponiendo su propio ritmo en uno.

No son géneros que se excluyen entre sí. Son complementarios. A mí lo que me gustaría sería mezclar. Utilizar ciertos recursos poéticos para mis cuentos. Me gustaría poetizar más mis cuentos.

Pandillas, migración, homicidios, problemas que mencionás en tu cuento, ¿cuáles de estos te golpearon directamente en El Salvador?

Todos. Donde crecí la invitación a volverse pandillero siempre estuvo presente, o te hacías metalero o marero o evangélico. Esas me acuerdo que eran las tres opciones. Un amigo muy querido de infancia, por ejemplo, se hizo pandillero y me tocó ver su transformación de cerca. Finalmente terminó desaparecido. Si se trata de migración, la mitad de mi familia paterna migró en los ochenta a Estados Unidos; y si se trata de homicidios, yo vi varios muertos. Una vez –con una novia que tenía en ese entonces–, era primera vez que la llevaba a mi casa, nos bajamos del bus en la parada de mi colonia y acababan de matar a tiros a un pandillero de otra zona. Todas esas cosas uno las termina normalizando. No me gusta hablar mal del país, pero al final eso es lo que viví y son los resultados de la pobreza y la violencia estructural. Es una violencia que tiene responsabilidades históricas, no es anónima.

Recibiendo premio.

¿Por cuáles de esas tres opciones de vida que mencionás optantes para sobrevivir en tu colonia?

Desde que nací hasta la adolescencia fui adventista, no porque yo quisiera, sino porque mi mamá pertenecía a esa secta. Luego, cuando tenía 16 años, afortunadamente el rock me sacó de ahí y me volví metalero; y más adelante ateo, cuando entré a la UES. Pienso que ese tránsito evitó que yo cayera en esas tentaciones de violencia pandilleril. Recuerdo, por ejemplo, el bachillerato, cuando estudié en un instituto del centro, ubicado a una cuadra del parque Libertad, estaba muy de moda esa rivalidad estúpida de estudiantes de secundaria entre técnicos y nacionales. A la mayoría de compañeros les seducía todo eso. A mí me interesaba muy poco. Yo pertenecía a un grupito de compañeros en el que todos éramos metaleros. En ese tiempo estaba muy de moda los pantalones tumbados, pata de elefante, y nosotros llegábamos con pantalones apretados y botas. Eso hizo que no nos metiéramos en nada, y mejor, porque en esos años el centro era bien complicado.

¿Por qué te fuiste de El Salvador?

Por razones más personales. No me fui huyendo de la violencia ni de la pobreza ni nada de eso.

«Gobierno de mierda» decís en «2 de noviembre», tras hablar de 12 muertos por día. ¿Qué pensás del FMLN como proyecto político? ¿Qué fue de «su lucha por el pueblo» en estos 10 años de gobierno? Estos días está promoviendo, junto con ARENA y desde la Asamblea Legislativa, una ley para no castigar los crímenes de la guerra.

Sí, digo «Gobierno de mierda» para canalizar la rabia e impotencia del personaje de mi cuento.

Antes de responderte a esta pregunta quiero decir que yo trabajé seis años en la Secretaría de Cultura del FMLN, pero antes de eso ya era militante. Siempre he creído que la única manera de cambiar el estado de cosas es organizándose. El FMLN, si bien en estos 10 años, no realizó cambios sociales, económicos y culturales que alteraran la estructura económica ni revirtió el neoliberalismo, sí realizó importantes logros en materia de inversión social e inclusión que beneficiaron a aquellos sectores históricamente marginados por los gobiernos de la derecha. Solo para mencionar algunos: la gratuidad de la UES, el programa de alfabetización, los paquetes escolares, la reforma de salud, el aumento al salario mínimo, la pensión básica universal y toda la infraestructura que deja el MOP.

Estas cosas jamás se hubieran dado con los gobiernos de ARENA. Por su puesto, se va con muchas deudas del Ejecutivo, una de ellas es cultura. Ahora, yo, más que proyecto político, lo veo como un instrumento político. Para mí, el proyecto político de transformación social excede a la izquierda partidaria y articula a todos los sectores de izquierda del país. Por lo que veo desde lejos, el partido ahorita está en una crisis de horizonte político. Hay gente que tiene intereses más corporativos dentro del partido, que lo quieren derechizar, y otra gente que lo quiere hacer regresar a sus valores de izquierda. Yo me ubico más en el segundo grupo. Dependerá mucho de las elecciones internas y de si se está reflexionado sobre un horizonte político alternativo de izquierda. La reflexión clave será, como ya antes había mencionado Julia Évelyn (Martínez), si continuarán asumiendo una posición de resistencia contra el capitalismo o si creen que pueden humanizarlo y acomodarse a él.

Habrá que ver si el nuevo gobierno entrante logra desburocratizar esa institución, cuyo 90% de su presupuesto se va en pagar burocracia y un 10 % en la creatividad de los artistas que son su razón de ser. Y también si logra hacer cumplir aquellos mandatos de la ley de cultura que benefician a los artistas y los trabajadores de la cultura.

En cuanto a la ley que decís que están promoviendo, no sé cuáles serán las justificaciones, pero desde donde lo veo, me parece un error. Ahí lo más importante son las víctimas. Hay mucha gente que todavía tiene heridas abiertas, familiares desaparecidos y masacrados por el ejército, quienes todavía esperan que haya justicia y reparación, y que se sepa la verdad. Pienso que antes que aprobar una ley de esa naturaleza hay que escucharlos a ellos y a los demás organismos de derechos humanos.

¿Ves posible que luego de la apatía de la juventud a la política pueda surgir una nueva izquierda con representatividad política? ¿Quiénes tendrían que liderarla?

Antes que dar por clausurada la representación política del Frente, habrá que ver su reconfiguración después de sus internas. Si esta nueva reconfiguración ya no logra la representación política de las mayorías, supongo que el espacio es propicio para crear otros instrumentos partidarios de izquierda, pero mientras tanto yo preferiría esperar.

Pero en estas internas del FMLN no se le apuesta a la juventud, sino a rostros gastados de la política, como Arístides Valencia y Óscar Ortiz. El primero señalado en investigaciones periodísticas de negociar con pandillas; y el segundo, de tener supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Creés que aún así puede haber una reconfiguración de un partido que obtuvo uno de los peores resultados históricos en las elecciones presidenciales?, ¿o cómo podría levantarse?

Tengo entendido que ellos no son los únicos dos candidatos, pero aún así, preferiría esperar a ver qué rumbo tomará el partido después de las elecciones.

Si, como mencionás, acá la violencia es estructural y tiene causas históricas. ¿Qué opinás de que el partido del que vos fuiste militante aprobó en 2016 una serie de medidas extraordinarias para continuar con la represión de la violencia, que ya venía desde los gobiernos de derecha, y que no haya aceptado las ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no sentar un diálogo y tener el respeto a los derechos humanos como una posible solución a la violencia?

La violencia responde a causas estructurales y tiene responsabilidades históricas. La violencia es un problema que afecta solo a los pobres. Si afectara a los ricos, el problema ya se hubiera resuelto. Yo nunca he conocido a un hijo de rico que se haya hecho marero. Ahora, en cuanto a las medidas extraordinarias, nunca he estado de acuerdo. La política represiva del gobierno del FMLN siempre me pareció un error. Obviamente la situación de violencia y criminalidad en el país es alarmante, pero así como se han empleado estas medidas extraordinarias, se van un montón de jóvenes en la colada que nada que ver. Haber sacado a los militares a la calle y otorgarles el poder para arremeter contra los ciudadanos fue una medida que no solucionó para nada el problema. Supone más bien un retroceso, pues la PNC se fundó después de la guerra, para que la Fuerza Armada dejara de reprimir a la gente. En todo caso, mejor se hubiera ampliado el cuerpo de la PNC.

Los artistas esperaban mucho de los dos gobiernos de izquierda. Sin embargo, en ambos no hubo acciones concretas para respaldarlos. Siguen sin existir espacios para una formación sistemática, que es una de las demandas históricas. En la marcha del 1.º de mayo, por ejemplo, un grupo de artistas señaló que el Ministerio de Cultura les había mentido con la creación del Instituto Superior en Artes y con becas que les ofrecieron para seguirse formando. ¿Qué le pasó al FMLN en estos 10 años? ¿Por qué abandonó a los artistas?

Las expectativas era muy altas y los resultados quizá muy bajos. Lo más importante que deja el FMLN es la Ley de Cultura, que se aprobó durante el último periodo de Salvador Sánchez Cerén. De esta ley se desprende la creación del Instituto Superior en Artes y también de ahí surgió la idea de elevar de rango a la Secretaría de Cultura a ministerio. El problema es que no se le destinó recursos a esta ley, ni tampoco se cumple lo que ahí se estableció, en parte porque no tiene un reglamento claro. A Mauricio Funes no le importó la cultura, y en el periodo de Salvador Sánchez Cerén, quienes tomaban las decisiones en el Ejecutivo, tampoco la vieron como un eje estratégico. Hizo falta destinar más recursos, pero también tener mayor voluntad política en querer desarrollar una gestión estatal de la cultura de largo alcance. Aparte se nombraron personas para que dirigieran la SECULTURA, a quienes, además de presupuesto, les hizo falta creatividad. Habrá que ver si el nuevo gobierno entrante logra desburocratizar esa institución, cuyo 90 % de su presupuesto se va en pagar burocracia y un 10 % en la creatividad de los artistas que son su razón de ser. Y también si logra hacer cumplir aquellos mandatos de la ley de cultura que benefician a los artistas y los trabajadores de la cultura.

Allan Armando Barrera Galdámez