«El sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades»

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

En mayo, Miriam Geraldine Aldana cumple un año de haber sido elegida como titular de la Procuradora General de la República (PGR). Preside una de las instituciones a la que más acuden los salvadoreños que no tienen cómo pagarse un servicio privado y necesitan de acompañamiento o representación legal en procesos de diferente tipo, entre laborales y atención especializada a la mujer. Pero es una institución que no da abasto con todo el trabajo que tiene encima.

En un país con 7 millones de habitantes, según proyecciones basadas en el último censo poblacional de 2007, la institución que defiende a los pobres cuenta con un presupuesto de 34 millones y 16 procuradurías auxiliares distribuidas en los 14 departamentos. Hay áreas como la defensoría penal, en las cuales, admite Aldana, el número de expedientes sobrepasa por mucho a la capacidad del personal de la PGR. Para muestra: hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a nivel nacional.

Las tres administraciones anteriores de la PGR, bajo la tutela de Sonia Cortez de Madriz, fueron criticadas por diferentes sectores de la sociedad. En junio del año pasado, con meses en su cargo, Aldana rindió por primera vez cuenta a los diputados sobre la mora que encontró en la institución. En esta entrevista destaca que una de las líneas de trabajo incorporadas es la defensoría pública para aquellos acusados que están ausentes en un proceso judicial, algo que no existía y no garantizaba el acceso a la justicia. Además de apostarle a una defensoría especializada para las mujeres procesadas por el sistema por casos como las complicaciones obstétricas.

Sobre estos casos, en particular, Aldana dice que debe analizarse el entorno en el que las mujeres pasaron de ser víctimas de un contexto violento a victimarias. Sin embargo, defiende estar a favor de la vida y no apoya las cuatro causales del aborto presentadas a la Asamblea Legislativa en 2018.

¿Qué significó para usted, la primera y entonces única Jueza de Extinción de Dominio, asumir las riendas de una institución que tienen entre sus funciones, un poco aparte de las funciones que realizaba, brindar servicios de acompañamiento y representación legal a los salvadoreños?

En verdad no estaba alejada. El sistema de justicia es garantizar el acceso a la justicia, solo que lo estoy haciendo desde otro ámbito, porque garantizar el acceso a la justicia es generar igualdad de condiciones entre las partes. Siempre estuve relacionada con el tema de la justicia, no solamente como jueza de extinción, sino con toda la carrera judicial que yo ya había hecho por 17 años anteriores. Simplemente estoy dándole una mirada distinta y creo que esa experiencia que tuve dentro el Órgano Judicial es lo que me permite poder ver con muchísimas más claridad cómo llegar a convencer a un funcionario, cómo llegar a presentarle una teoría del caso y una teoría fáctica y jurídica, complementaria, creíble, que en verdad partiera de un principio de verdad real, que hiciera uso de libertad probatoria, que pudiera venir a hacer crítica a partir del control de la legalidad, que la obtención de la prueba que se podía facilitar en el Órgano Judicial se hiciera con estricto apego al respeto de los derechos fundamentales. Lo que le está pidiendo la Corte Interamericana (a la PGR), a partir de la sentencia de Agapito Ruano, es defensa pública efectiva, no es solo representación, es hacerlo de forma efectiva, y para que la representación sea efectiva, realmente lo que se necesita es tener claridad de cuáles son los hechos debatidos, cómo voy a cuestionar los hechos debatidos o a presentar mi propia versión sobre los hechos y buscar las herramientas probatorias que resulten venir a ser más idóneas.

Nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos y lo logramos.

¿Cómo encontró a la Procuraduría General de la República tras haber sido dirigida por tres periodos por Sonia Cortez de Madrid, una exfuncionaria cuestionada de sus labores por diferentes sectores? En la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, en junio del año pasado, usted habló de 9,000 expedientes que no estaban resueltos en las diferentes áreas de trabajo.

Es importante señalar que el sistema general de las instituciones del Estado presenta severas precariedades. La institución históricamente había manejado cifras que le disminuyen la capacidad operativa. En todo ese cúmulo histórico en el que todos los años la Procuraduría General de la República tenía que acudir al Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa, a permitir recibir refuerzos presupuestarios para poder terminar un año, trajo consigo en colocarle en esas condiciones un poco caóticas en la que se encontraba. La primera de ellas referida a los tiempos de respuesta, que es el punto sobre el que usted está en este momento consultado. Los tiempos de respuesta razonables son aquellos que, de acuerdo a los manuales o a la instructivos, debían de cumplirse para nosotros poder dar una respuesta a las pretensiones que se presentaban. En las áreas más crítica de la procuraduría, resultaba venir a ser la unidad de atención o defensa a los derechos del trabajador, que es la Unidad Laboral, y por el otro lado, también, en el espacio de atención de derechos reales y personales que brinda la institución, porque había demasiada carga por persona, por abogado, por abogada defensora que asignaba el tema. Estamos hablando de una cantidad determinada de 9,000 expedientes en mora.

¿Cuáles fueron las primeras medidas?

Durante este casi un año al frente de la procuraduría, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo. Segundo, clasificar cuáles eran las pretensiones y cuáles eran los tiempos más críticos con los que nos enfrentábamos y cuáles eran algunas situaciones que solamente meritaba el terminar de complementar información jurisdiccional o información administrativa y luego proceder a un archivo. Se adoptó un modelo de un acompañamiento itinerante por un equipo de profesionales del despacho principal y del despacho adjunto general para comenzar a hacer las visitas a las procuradurías auxiliares que presentaban más demora. Por ello, se atendió primero San Salvador, que dependía mucho del número de usuarios, usuarias que atendemos, eso es obvio. El segundo de ellos fue Santa Tecla y en un tercer momento nos encontramos, en este instante, atendiendo Zacatecoluca, porque era la tercera procuraduría auxiliar con más carga de trabajo en la defensa de los derechos del trabajador. Eso ha posibilitado disminuir un aproximado de casi 3,000 expedientes en esta labor de acompañamiento. Hicimos una reingeniería acompañado de los procuradores auxiliares en esas unidades, para también ir viendo cuál era la carga de trabajo de otras unidades, que podían venir, a lo mejor, a quitar un elemento para aprovechar sus competencias y reforzar esas unidades en las que estamos.

Eso fue lo primero, partir de un diagnóstico real de qué encontramos en la procuraduría, qué capacidad humana teníamos, cuáles eran las competencias de ese elemento humano que se encontraba ya dentro de la procuraduría y comenzar a hacer esos reacomodos. Entonces las primeras unidades que fueron atendidas fueron las unidades críticas. Todavía nos hace falta muchísimo más. Tal como lo hemos dicho en la Asamblea Legislativa, con ese incremento de los 4.2 millones de dólares que se nos terminó asignando adicionalmente para este año, vamos a hacer un plan de atención para la reducción de la mora por seis meses con el reacomodo de nuestro personal y con la contratación de auxiliaría jurídica o de auxiliarías administrativas que nos ayuden a disminuir esa cantidad tan elevada que aún hay de expedientes. Esa fue una de las áreas.

Fotografía de Franklin Zelaya

¿Qué sigue en la hoja de ruta?

La siguiente de las áreas donde hubo necesidad de comenzar a trabajar fuerte fue la de saldos acumulados, fondos de terceros. La procuraduría ha cumplido 81 años de existencia. En este tiempo, hasta el año 2010, todo el tema de asignación de cuotas alimenticias y del pago de ellas se hacía manuscrito, en libros, en registros, lo que traía consigo es que el obligado a pagar alimentos iba al banco, traía el abono, el comprobante del abono. Aquí se le recibía, después procedíamos a hacer la conciliación bancaria en papel, después de corroborada esa situación se procedía a hacerle el depósito y a notificar que el depósito estaba hecho, pero la falibilidad humana puede ser grande cuando lo llevamos en ese sistema. Eso trajo el acumulado de 2.3 millones de dólares de impago o de mora en la entrega de las cuotas alimenticias. Comenzamos a trabajar también con el equipo de fondos de terceros. Volvimos a trabajar en conjunto, las procuradurías adjuntas de Familia, procuraduría adjunta de Niñez, apoyando este tema de fondos de terceros. Y nos fijamos metas que creíamos alcanzables. Primero, que nos correspondía entregar el aguinaldo propio para los meses de diciembre, que es cuando lo esperan todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra primera meta fue poder entregar dos millones de dólares solo en concepto de aguinaldos para este año y lo logramos. Y en la cantidad de saldos acumulados a diciembre del año anterior, hemos logrado disminuir 400,000 dólares. Ahora solo tenemos un poco más de 1.8 millones.

¿Cuántas personas encontró usted en la Unidad Laboral cuando vino a la PGR? Ya mencionaba que ha habido un refuerzo de personal, ¿de cuánto ha sido?

En el área laboral, en general, tenemos dos categorías, una es de defensores o defensoras, que todos son abogados de la república, y otros que son auxiliares jurídicos, pero en general, la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador solamente tiene 56 defensores públicos a nivel nacional y solo el número de expedientes con los que contábamos entre los seis defensores públicos suman 14,807 expedientes. Solo ahí usted denota que hay una gran cantidad de trabajo asignado por cada uno de los defensores. De todos ellos, estos son expedientes activos, o sea, procesos o administrativos o jurisdiccionales que hay que asistirles, pero se brindaron adicionalmente a eso, 16,654 asesorías por este mismo equipo de defensores. Se brindaron 2,498 asistencias en la Oficina Especializada de Contencioso Administrativo y Amparo, que es un área de especialización de la Unidad de la Defensa de los Derechos del Trabajador, y con toda esa gestión que se ha realizado, se asisten a los 55 tribunales con competencia en el ámbito laboral. Había que repensarnos, porque hasta el año pasado no teníamos más que la cifra presupuestaria que ya traía consigo un déficit de 700 mil dólares solo para el pago de las obligaciones. No había posibilidades de contratación. Ahora con el refuerzo presupuestario, la elevación de su techo, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos permita poder venir a hacer una transferencia del rubro 54, que es de bienes y servicios, al rubro 51, que es remuneraciones, para hacer las mínimas contrataciones, pero hacerlas para que vayan a reforzar en algunas procuradurías auxiliares críticas con la contratación de nuevos defensores. La idea de manejar el tema de las auxiliarías jurídicas para que nos ayuden solo a disminución de moras jurídicas y administrativas, porque ahí es donde hemos visto que nos encontramos con esos embudos que no nos permiten darle celeridad a la tramitación.

Sobre esta asistencia pública efectiva, también uno de los servicios más demandados de la PGR es la representación legal en los procesos penales. Datos oficiales de la institución muestran que hasta 2018, la PGR tenía 285 defensores públicos a nivel nacional. ¿Esto ha cambiado? ¿Qué consecuencias tiene que haya poco personal en la violación sistemática de derechos humanos dentro del Órgano Judicial?

El número de defensores públicos ha disminuido. Yo encuentro un acumulado de 260 defensores a nivel nacional. La carga de trabajo sigue siendo alta. Se refleja hasta diciembre del año 2019, para estandarizar los datos que estamos aportando, de 25 mil expedientes manejados dentro de este pequeño grupo de defensores. Estos 25 mil expedientes solo estaban en Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y 60,333 expedientes en trámites ordinarios, en el proceso común y los procesos especiales, que regula el Código Procesal Penal. Con este pequeño grupo que toca asistir, de acuerdo a nuestros datos, en 723 sedes judiciales con competencia penal, todas las audiencias. Y note que las audiencias no solo son las tres grandes audiencias que regulan nuestro código, además de la inicial, las audiencias de reconocimiento de personas, anticipos probatorios, revisiones de medidas cautelares, las preliminares, la eventual realización de diligencias como inspecciones, reconstrucciones de los hechos, a todas esas hay que ir y con eso le agrego un dato adicional más: hasta ese momento, la procuraduría contaba con un resurtivo del despacho en el que se decía que la asistencia solo la brindábamos a los imputados presentes, a los imputados sometidos al juzgamiento; sin embargo, su servidora, justamente por tener la perspectiva del ámbito judicial, me permite tener una visión, además que poseo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, me permitió poder hacer una interpretación del artículo 11 inciso primero de la Constitución; el 2, inciso primero, del mismo cuerpo normativo; el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la sentencia de Agapito Ruano, y adopté una decisión en junio del año pasado, en el que di la directriz para que la asistencia no solamente se diera al imputado presente, sino también al imputado ausente. Y eso tiene una explicación sencilla: con mucha mayor razón, el control de la legalidad de las diligencias que realice el Estado, a través de fiscalía y la policía, tienen que ser controladas por un defensor, tiene que verificar si el levantamiento de la evidencia del escenario delictivo se hizo con la debida garantía de cadena de custodia, si la intimación, que implica en ocasiones publicaciones en periódicos de circulación nacional y en el diario oficial, se hizo cumpliendo con las exigencias propias del código. Es explicar de manera clara y comprensible los hechos que se le acusan, no solo las calificaciones jurídicas, verificar si un anticipo probatorio, si un reconocimiento de personas que se podía haber hecho, si en verdad en esa fila de personas se encontraban aquellas parecidas, como lo ordena el código; si tenían características similares, que hubiera un interrogatorio previo a la persona que estaba acudiendo venir a hacer el reconocimiento, para poder advertir si había un ánimo espurio, si había un ánimo mal intencionado, si había un interés preciso para poder perjudicar al imputado.

¿A qué se le paunta en este contexto?

Todo eso ha traído otra vez la necesidad de repensar un poco la labor de la defensoría e irle apuntando, para el año 2020, en la especialización, porque Manuela, que es otra recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuela y otros versus Estado de El Salvador, nos ha dicho algo adicional, nos ha dicho «mire, el personal de la procuraduría necesita especializarse». Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y que significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición ahora de victimaria. Ella necesariamente requiere que el defensor, la defensora, conozca el entorno, sepa cuál es la interpretación de las normas desde la perspectiva de protección de derechos humanos de la mujer y pueda venir a preparar esto, la defensa pública efectiva. La procuraduría tiene dos grandes áreas de atención a la mujer cuando está vinculada al ámbito penal, el área de la Unidad de la Atención Especializada a la Mujer (UAEM); y por supuesto, el ámbito de la defensoría pública.

En una audiencia, usted se podría encontrar con que UAEM estaba representando, estaba, más bien, acompañando a la señora en su condición de imputada, pero desde su posición como mujer, pero no tenía intervención judicial, ni siquiera era una asistente no letrado para que pudiera venir a ayudarle al abogado defensor que tenía en la articulación de la defensa pública efectiva. Era un contrasentido, porque teníamos dos elementos valiosos, formados, uno en el ámbito penal, uno en el ámbito de atención de la mujer, pero ninguno de los dos tenía la posibilidad de venir a preparar estrategias de defensa de forma conjunta. Para el año 2020, la nueva línea de trabajo es que justamente hablemos, no solamente de especialización. Hemos revisado una serie de diplomados, apoyados por el proyecto justicia y dignidad, en el que la especialización está orientada a la violencia obstétrica, la especialización de un equipo de defensores y defensoras. Pero ahora, además, a la hora de preparar la defensa pública efectiva, se sienta con UAEM, platica con UAEM, le ayuda a UAEM a poder venir a identificar qué factores económicos, sociales, culturales, religiosos, lo que sea, puede servirle para colocar en el contexto al juez y darse cuenta que han sido las condiciones del entorno las que propiciaron que ahora ella se convierta en una imputada; cuando, en verdad, resulta venir a ser la víctima de todo este sistema y de todo el entorno en el que lamentablemente ella ha tenido que verse relacionada, producto de la violencia, y no solamente en violencias obstétricas: hay delitos de homicidios, víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar, y ellas son las que terminan siendo acusadas de las lesiones, del intento de homicidio o de los homicidios de sus parejas.

Manuela es un caso de violencia obstétrica que fue conocido a través de la procuraduría y significa representar a una mujer que, probablemente, sea víctima del entorno económico, cultural, social, y a la que el sistema está colocando en su condición, ahora, de victimaria.

¿Qué esperan para este año?

Para el año 2020, estamos trabajando un nuevo sistema de información informática que nos permita, con el apoyo ahora de la cooperación chilena, y del PNUD, generar un sistema de alertas. Porque con esta cantidad de expedientes asignados a una sola persona, razonablemente, se le puede pasar un plazo, razonablemente se le olvida que tiene una audiencia, razonablemente se le olvida interponer un recurso. El PNUD, acompañado de la cooperación chilena, nos va a ayudar a generar sistemas de alertas tempranas, que en el equipo informático asignado pueda venir a decírsele «alerta, cinco días para interponer o preparar su recurso, porque en cinco días se le vence».

Esto es un apoyo, esto creo que es importante, el defensor o la defensora tiene que sentirse apoyado y el apoyo no solamente tiene que ver con remuneraciones, que es un tema que también ya le contaré qué estamos haciendo con ello, porque cuando se comparaba los salarios de defensores, frente a fiscales, es una diferencia sustancial enorme.

¿En qué porcentaje anda la diferencia?

No hemos tenido el aval mediante la modificación de la Ley de Salarios que hemos presentado al Ministerio de Hacienda, con salarios hasta de 895 dólares y agentes fiscales especializados pueden andar arriba de los 1,500. Entonces estaban ganando casi la mitad de lo que puede ganar un fiscal. Ya no digamos un fiscal de un área de un área especializada, estamos hablando de los fiscales de los delitos comunes. Eso también tenía que ver, no solamente cruzaba con carga de trabajo, sino con incentivos laborales, sabemos que no es el mismo, pero en ese tema hemos hecho también otro avances, me parece que sumamente importante, porque la procuraduría tiene una planta de 1,420 empleados, las remuneraciones en el ámbito de los abogados, no me meteré al ámbito de no abogado, era de 56 categorías salariales diferentes, que en el ámbito penal teníamos 22, en el ámbito laboral teníamos 14, en el ámbito de medicación teníamos 6 categorías, y los salarios iban entre 895 y 1,615, el que mejor ganaba en la institución. A pesar de los dos refuerzos presupuestarios solo para remuneraciones, que brindó la Asamblea Legislativa en los períodos anteriores, la distribución se hizo de manera igualitaria, no equitativa, porque la remuneración igualitaria es que tenemos 50 dólares, somos cuatro los que estamos aquí, entonces los distribuimos por parte iguales, pero si lo hago equitativamente, yo tengo que entrar a ver cuánto gana usted.

Hemos presentado a Hacienda una propuesta de manera tal que lo hagamos dentro de mi trienio, que es mi obligación inicial. Para el año 2020 estamos generando 520 plazas en ajustes salariales, y de las 56 categorías salariales, estamos propiciando que se disminuyan a 3 categorías de manera inicial, solo con la planta de abogados y abogadas en condición de defensor o defensora pública.

Mencionaba el caso de Manuela, un caso icónico en El Salvador de las mujeres que siguen teniendo complicaciones obstétricas y luego son procesadas por el sistema de justicia. Como titular de la institución que se encarga de velar por las garantías de un proceso judicial, ¿cuál es su postura respecto a las cuatro causales del aborto que se han presentado en su momento a la Asamblea Legislativa?

Cualquier institución del Estado está obligada por mandato constitucional, derivadas del artículo 1 de la Constitución, a garantizar la vigencia de todos los derechos que ahí se contemplan, entre ellos, el derecho a la vida. El Estado tiene que venir a saber cómo atender, cómo garantizar el derecho a la vida, porque note que los problemas fundamentales que se presentan alrededor del tema es que la adolescente, la mujer, la persona que termina viniendo a generar sus estados de preñez en ella, por cualquier causa, no es atendida por el Estado. Ante la falta de atención, porque resultó venir a ser víctima de una violación, por ejemplo, de un miembro de una estructura pandilleril, el Estado la abandona, el Estado no la acompaña, el Estado no la informa, el Estado no vela por ella. El tomar una decisión de saber qué hacer con el producto, que, finalmente, resulta venir a ser un ser humano, forma parte de las responsabilidades del Estado. La procuraduría tomó la iniciativa de convocar, junto con otras organizaciones de Naciones Unidas y organismos cooperantes vinculados al tema, tanto de niñez como de mujer, de comenzar a revisar el sistema de atención, no solo de niñez, sino de atención a mujeres. Porque note la diferencia que podría ser si nosotros contamos con un sistema diferente: si a esta mujer o a esta adolescente víctima de una agresión de cualquier tipo, se le acompaña, se le explica qué es la paternidad, se le explica que finalmente también es un ser humano el que está dentro de su vientre, ella estaría en condiciones de tomar una decisión totalmente autónoma. ¿Qué quiere hacer con el bebé? ¿Entregarlo en adopción? ¿Dejárselo bajo la figura de tutoría? ¿Dejarlo bajo un cuidador? Porque el Sistema Nacional de Atención a la Niñez, y en particular, bajo el modelo de la LEPINA, también está diciendo Estado, usted debe de garantizar los derechos del nasciturus, usted tiene también que proteger los derechos del niño, la niña que está todavía por nacer.

Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General de la República

Ya que menciona los derechos humanos y tomando en cuenta que en el país, por ejemplo, nunca ha habido una política de educación sexual, ¿considera entonces válido que una mujer que ha sido víctima de una violación cargue por nueve meses a una persona? Estamos hablando de secuelas psicológicas en la vida de esa mujer.

Por eso precisamente estoy hablando de la necesidad de integrarse por el Estado, porque quienes en algún momento determinado nos volvemos copartícipes de la generación o de la revictimización. Por eso, el enfoque tiene que ser victimológico y el enfoque victimológico significa, por una parte, que la persona que ha sufrido directamente la afectación, pueda ser atendida: asistencia, acompañamiento, asesoría, atención. O sea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho en innumerables decisiones, la 5-2001 fue una sentencia importantísima, porque dijo: «Mire, este es el marco de atención». Estado, ojo, todas las instituciones, pongan atención, porque en cuanto surge la condición de víctima, por la razón que sea, el Estado tiene que articularse para garantizar todo eso. Porque las secuelas de las afectaciones físicas o psicológicas se agravan todavía más cuando el sistema, organizado a través de las distintas instituciones del Estado, y la falta de cultura de la sociedad, lo que provoca es estigma, discriminación, aislamiento, entonces es donde aparece la necesidad, porque la víctima, el conjunto, el principio de Naciones Unidas para la protección de víctimas de delitos y abuso de poder también dice que hay víctimas indirectas. Por supuesto que hay una víctima indirecta en el producto que está dentro del vientre de la madre. También esta víctima necesita ser atendida por parte del Estado. No podemos venir so pena de que el otro fue el responsable de la vulneración a hacer pegar por alguien que también resulta ser víctima de la situación. Por eso, si queremos hacer la atención adecuada, debemos de hacerla desde un enfoque victimológico y desde una perspectiva de protección de derechos humanos. Y la Constitución es clara, es principio de humanidad, respecto a la vida, pero acompañada, para que en su momento puedan tomarse las decisiones que resulten se propias para ellas.

Si bien van a tener que dar acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzado, que hasta junio del año pasado usted decía que había 600 casos que estaban atendiendo en menores, la Asamblea Legislativa no destinó fondos para el funcionamiento de esta ley que ataca el problema. ¿De qué forma esto vendría a sobrecargar su trabajo, si también tomamos en cuenta que usted decía en junio del año pasado que no existe una plataforma especializada para atender este problema en la PGR?

El tema de desplazamiento forzado en la procuraduría estaba siendo atendido, porque era un tema de protección de derechos humanos. Así que independientemente que se contara o no se contara con una Ley de Desplazamiento Forzado, estamos hablando de víctimas de niñez, de víctimas mujeres, de víctimas hombres que también tienen derecho al acceso a la justicia. Con tres profesionales, básicamente, casi que por voluntariado, con un acompañamiento mínimos institucionales comenzaron a atender el fenómeno.

Las personas que han sido atendidas dentro del área del desplazamiento forzado hasta este último informe que se nos colocó era de 446 personas atendidas, de las cuales 230 son niños, niñas y adolescentes, y 216 fueron personas adultas. Estas 446 personas representaban 119 familias que tuvieron que pasar por este lamentable incidente que tener que propiciarse al desplazamiento forzado. Con esa misma cantidad, ese mismo apoyo dinerario, creamos una unidad de atención bajo la generación de una nueva estructura. La procuraduría va a contar, si nos lo habilita el Ministerio de Hacienda, con una sombrilla mucho más grande, crearemos una procuraduría especializada de género y de atención a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, porque ahora son migrantes, ¿mañana qué será? Ahí tenemos cabida para todo y ahí estará desplazamiento forzado.

¿Cuántas solicitudes de adopción han presentado como institución al Juzgado Especializado de la Niñez bajo la Ley Especial de Adopciones, aprobada en 2018?

Bajo la nueva ley solo se han presentado tres solicitudes, porque aunque la ley es muy célere, es una ley con un procedimiento muy expedito, muy sumarial, muchísimo más que la anterior ley, pero lo que tenemos es que hay que agotar y eso también habría que revisarlo. Por ejemplo, en los casos de niños y niñas abandonados, la ley nos obliga, en la línea que le he comentado: primero busque padres biológicos, luego familia ampliada, luego agotar tutorías u otras formas como el cuidador, hasta llegar a la adopción. ¿Entonces qué significa buscar a los padres biológicos? Hacer publicaciones para ver si aparece su padre, su madre biológica, buscar a la familia ampliada, dejar constancia que se hicieron visitas y que se ha logrado determinar que la familia ampliada no reúne esas condiciones en el caso de los niños y las niñas abandonadas, los cuales son representados de forma directa por el procurador o la procuradora, pero ahora pensemos en un niños o niña que está siendo maltratada por su padre, a ellos también hay que solicitarles la determinación de la situación jurídica, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hacer la pérdida de la autoridad parental, documentar que estaba siendo violentado, abusado, descuidado, las razones de maltrato cualesquiera de sus formas y que por tanto hay que romper con el vínculo con sus progenitores. Entonces hay que hacer la pérdida de la autoridad parental, ese es un trámite independiente. El proceso de adopción, como tal, es expedito, pero los proceso o procedimientos administrativos o judiciales para llegar hasta aquí, esos requieren un tiempo, por eso educación. Las personas tienen que educarse, las personas tienen que informarse, las personas tienen que comprender los procedimiento y los responsables de hacerlo que comprendan somos nosotros como instituciones del Estado.

Fachada del edificio de la Procuradoría General de la República

El colapso de los juzgados de la mujer

Fotografía

La noche del 30 de junio de 2018, Jocelyn Abarca salió con un grupo de amigos. En plena reunión, comenzó a recibir varias llamadas y mensajes de Ronald Urbina, su pareja. Contestó algunos, pero al percibirlo enojado, prefirió ya no seguir contestándole. Él, entonces, insistente en controlarla, llamó a sus compañeros de trabajo, a su familia y a su jefe.

Por esto, ni por noche ni al día siguiente, Abarca regresó a su apartamento, en la colonia Altos del Cerro, en Soyapango, donde vivía con Urbina. Lo que se convirtió en el detonante para que Urbina no parara de discutir. Abarca les había contado a sus amigas que quería separarse de él y había llegado al punto de hacer maletas para marcharse, pero él se había opuesto.

Abarca tenía 26 años y era egresada de la carrera de psicología. Con un crédito había comprado un carro y el apartamento donde vivía. Urbina, un distribuidor de agua embotellada, no toleraba que su pareja se superara, dice la investigación fiscal. Se burlaba del grado académico de Abarca y le decía que su título no le iba a servir para nada. Era, además, quien le autorizaba si se pintaba o se cortaba el pelo.

Las discusiones de aquellos días no eran nuevas. Urbina violentaba a Abarca y ya la había intentado asfixiar. Y, entre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de julio, la violencia llegó al límite máximo. Según la FGR, la asesinó de 40 puñaladas en su apartamento y desmembró su cuerpo, del que luego se deshizo entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Usó el carro de Abarca.

Urbina fue capturado el 11 de julio. Cinco días después, fue llevado a la audiencia inicial al Juzgado 11° de Paz de San Salvador, donde las dos fiscales del caso expusieron al juez Omar Hernández que Abarca fue asesinada porque ya no quería seguir en una relación con Urbina, y que esta relación fue desigual, porque él siempre la como vio un objeto de su pertenencia. Abarca había intentado liberarse.

Entre lo que encontraron los fiscales cuando allanaron el apartamento de Abarca estaba el libro «Violencia intrafamiliar, un grito en el silencio», con el cual los fiscales llegaron a presumir que Abarca se documentaba sobre lo que vivía en su relación.

El juez Hernández, por tratarse de un feminicidio agravado, la escala más alta del ciclo de violencia género y contemplado entre los 11 delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV), remitió el caso de Abarca al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador. Pero a cuatro meses que se cumplan los dos años que legalmente Urbina puede estar detenido al ser acusado de un delito grave, todavía no llega la audiencia de instrucción ni hay fecha para realizarla, confirma la FGR.

El equipo con el funciona este juzgado, de acuerdo con información oficial de la CSJ, está conformado por 11 personas: una jueza, un secretario, siete colaboradores judiciales y dos notificadores. Y de los seis Juzgados Especializados de la Mujer que hay en El Salvador, es el más cargado con procesos, porque atiende los siete departamentos de la zona central y paracentral.

En 2018, el tribunal recibió 1,067 casos y 817 más en 2019. El personal labora en una casa que ha sido adaptada para funcionar como un juzgado y como Cámara Especializada de la Mujer, donde las víctimas, los abogados y fiscales que esperan realizar trámites, se sientan en cuatro filas de silla, en una cochera, a la par de una reducida ludoteca.

En este lugar, es imposible que una víctima que lleva un proceso legal no se encuentre con el acusado.

Las flores favoritas de la agente Carla Mayarí Ayala eran los girasoles, estas que sobresalían de entre todas en su entierro, cuando un dispositivo de policías esperó sus restos en un cementerio privado de San Salvador, el 21 de septiembre de 2018.

Ayala había trabajado durante 20 años en la Policía Nacional Civil (PNC), la institución que la despedía sin que hasta entonces, el también colega, Juan Josué Castillo Arévalo, estuviera detenido. Y todavía no lo está.

La agente fue asesinada después de ser privada de libertad en una fiesta navideña del extinto Grupo de Reacción Policial, a finales de diciembre de 2017. El principal sospechoso del crimen es, para la FGR, Castillo Arévalo.

Tras meses de estar desaparecida, las osamentas de Ayala fueron encontradas en septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, en Usulután, el municipio en el que vivía Castillo Arévalo.

Violencia. Los cinco informes sobre hechos de violencia contra la mujer del SNDVM suman, desde 2015 hasta junio 2019, más de 93,000 denuncias por casos de violencia de género.

Durante el entierro, el exdirector de la PNC, Howard Cotto, cerró su discurso con una promesa para la madre de la víctima y familiares: llevar ante la justicia a los responsables del asesinato. Sin embargo, el caso fue judicializado en junio de 2018, y entre los detenidos nunca ha estado Castillo Arévalo.

En este proceso de feminicidio agravado son acusadas 13 personas, entre familiares de Castillo Arévalo y agentes señalados de haber sido cómplices del crimen. Tres de los acusados salieron de la cárcel el 18 de diciembre pasado, cuando el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador realizó una audiencia especial, porque estaba próximo a vencerse el plazo de su detención. Y aunque el juicio ya estaba programado para una semana antes, la juzgadora no lo instaló, porque tuvo que responder escritos presentados por abogados defensores que estaban inconformes con que sus clientes hayan sido enviados a sentencia.

«Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer.

La última Encuesta del Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), de 2018, a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, dice que en el país hay 3,516,910 mujeres, lo que representa el 52.9 % de la población.

Desde 2015 hasta junio de 2019, hay cinco informes sobre hechos de violencia contra las mujeres elaborados por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra Las Mujeres (SNDVM), que retoman cinco indicadores de las instituciones de seguridad y justicia, y del Ministerio de Trabajo: violencia feminicida, física, patrimonial, sexual y laboral.

Todos los informes suman más de 93 mil denuncias, precisa Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), y al menos el de 2019, fue construidos a partir de encuestas que contestaron mujeres mayores de 15 años, de las cuales, 6 de cada 100 dijeron haber denunciado los hechos de los que eran víctimas.

«Si pensáramos que, en realidad, la mayoría atendieran a las campañas famosas de ‘renuncia al silencio’, el sistema estaría colapsado», advierte Juárez.

Con base en el SNDVM, ORMUSA ha determinado que entre enero y junio de 2019, solo 26 % de estas denuncias alcanzaron condenas. En el mismo periodo de 2018, el año en el que Jocelyn Abarca fue asesinada y que fue judicializado el caso de Carla Ayala, la impunidad alcanzó el 77 % de los casos.

La organización ha establecido estos datos a través de la medición de sistema de cargas: cuántos casos ingresaron al sistema en ese tiempo y cuántos el sistema fue capaz de resolver en el mismo periodo.

***

Las autoridades encontraron el cuerpo de Abarca. Estaba desmembrado en seis partes, en una ribera del río Acelhuate, entre la 17 ° avenida sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador. Era el 6 de julio de 2018. Cuatro días después, su cabeza apareció en una quebrada de Antiguo Cuscatlán.

Hasta el 5 de julio, Urbina, la pareja de Abarca, se hizo pasar por ella para comunicarse con su familia a través de Whatsapp. Pero él ya la había matado, dijo en su momento la FGR. Al recibir mensajes poco usuales, la familia de Abarca denunció su desaparición y esta denuncia terminó con la captura de Urbina.

En el allanamiento de la casa de Abarca, la FGR también encontró rastros de sangre, que ya se sometieron a prueba científica, lo que ha fortalecido la hipótesis investigativa de que Urbina fue quien asesinó a la joven en su propio apartamento, sostiene la Coordinadora Nacional de la Mujer de la FGR, Gabriela Sagastume. Pasado más de un año y medio desde que comenzó la investigación, la FGR solo está a la espera que haya una fecha para la audiencia preliminar.

El único freno que existe en un juzgado para extender por un año más la detención de un acusado es cuando ya hay una sentencia y un tribunal superior, en este caso la Cámara Especializada de la Mujer, interviene, mientras los abogados o los fiscales están habilitados a presentar recursos y a esperar su respuesta. De lo contrario, si todavía no hay una sentencia, por ley, los jueces están obligados a liberarlo e imponerle medidas que garanticen que siempre siga siendo parte del proceso judicial. Esto incrementa el riesgo de fuga, dice la fuente judicial que está vinculada a tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer

Agrega que en el tiempo que la Cámara Especializada de la Mujer tiene de funcionar, desde el 3 de enero de 2018, ha atendido hasta el 25 de febrero de este año, menos de 10 casos con detenciones vencidas cuando aún no hay una condena. Esto representa menos del 0.3 % de casos por mes, pero advierte que se convierte en un indicador de que no se está llevando justicia en los plazos legales.

Para respaldar lo que dice, la fuente se refiere a que en la cámara hay denuncias de fiscales y abogados contra los juzgados de instrucción de Santa Ana y San Salvador por demorarse en dar resoluciones. La cámara ha intervenido y, en el 98 % de los casos, ha dado la razón de los atrasos. Ha pedido un informe de lo que sucede a los juzgados, pero de estos, solo ha recibido respuesta del tribunal de la capital, que también envía al mismo tiempo la resolución por cuya demora fue denunciado. No ha habido respuesta por parte de Santa Ana, un juzgado que el año pasado recibió un total de 309 casos.

La Oficina de Información y Respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de que entre enero de 2018 y julio 2019, hubo 83 denuncias en la cámara porque los jueces tardaron en entregar resoluciones. En julio de 2018 fue presentada más de la tercer parte de las denuncias.

Tres de estas denuncias las ha presentado la FGR por el caso de Abarca, asegura la fiscal Sagastume, ya que esta es la única alternativa legal para que el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer en San Salvador programe una fecha para la audiencia preliminar antes que se venza el plazo de la detención provisional de Urbina. Pero, dice, la jueza de este tribunal ha manifestado que no puede hacerlo, porque está saturada de trabajo.

«No es culpa de la jueza. ¿Cómo se le ocurre a la Corte hacer solo un juzgado de instrucción para que tenga competencia de siete departamentos del país, la mitad del país, y aparte de eso, de un tema que ellos tenían estadísticas del ingreso de violencia de la mujer y sabían que eran estadísticas elevadas?», cuestiona Sagastume.

La fiscal menciona que las juezas de instrucción, por la carga laboral, han llegado a remitir los expedientes desde sus juzgados hasta los de sentencia, a los 23 meses que un proceso ha iniciado. Es decir, la FGR y los defensores solo tienen mes para llegar a una sentencia, antes de que al acusado se le venza la detención provisional.

“Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo», sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar

***

La jueza ha tenido que venir a trabajar los fines de semana para salir con todo el trabajo que tiene. Es una de las tres juezas Especializadas de Instrucción que hay a nivel nacional, pero prefiere no identificarse. Es la 1 de la tarde de un viernes y acaba de almorzar, pero antes tuvo que juzgar.

Todas las mañanas, esta jueza ha ideado una mecánica de trabajo: programa las audiencias intrafamiliares, de las que tiene más casos, entre las 8:00 de la mañana a 9:30, para luego quedarse con otras audiencias.

«Hemos hecho lo humanamente imposible para que no exista un desbordamiento de la jurisdicción aquí. El personal ha sido muy sensibilizado en la materia y pues ha dado hasta más de lo que puede dar un empleado», dice, pero acepta que su despacho tiene mora en los casos.

Los primeros dos Juzgados Especializados de la Mujer, de instrucción y sentencia, nacieron en San Salvador, en julio de 2017. Fue hasta enero de 2018 que comenzaron a funcionar dos más de instrucción y sentencia, en San Miguel y Santa Ana, autorizados para atender procesos de los cuatro departamentos de la zona oriental y los tres de la zona occidental, respectivamente.

Son los tres Juzgados Especializados de Instrucción, donde aún está el caso de Abarca, los que, de acuerdo con información oficial de la CSJ, tienen mayor carga laboral. Y es que ellos fueron creados para recibir diferentes tipos de procesos.

En su decreto de creación, la Asamblea Legislativa estableció que estos tres juzgados conocieran los 11 delitos especiales de la LEIV, que como el de Abarca y Ayala, fueron presentados por la FGR en un juzgado no especializado y luego fueron remitidos a los tribunales de la mujer.

Los juzgados también conocen cinco delitos específicos del Código Penal y casos en los que existe un delito del Código Penal mezclado con los 11 delitos de la LEIV. Por ejemplo, una mujer que haya sufrido de lesiones, pero que antes de ser lesionada también haya sido víctima de expresiones de violencia. De forma similar también funciona aquí la Ley de Delitos Informáticos.

A esto se suma que la posibilidad que tienen estos tribunales para procesar hechos de violencia intrafamiliar, decretar medidas de protección a las víctimas e imponer y dar seguimiento a medidas cautelares cuando exista discriminación a la mujer motivada por el género. Esta última función de los juzgados está basada en la Ley de Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, de la que todavía no hay un procedimiento como tal.

Saturación. El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador realiza hasta seis audiencias por día. En la pizarra está la programación del tribunal para una semana de febrero.

Es toda esta cantidad de procesos que están aptos para recibir lo que diferencia a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer con los de sentencia. Los últimos conocen los casos penales que le envían los Especializados de Instrucción de la Mujer. También pueden hacerlo los juzgados comunes de instrucción, solo cuando los jueces analizan que un caso que llega a sus tribunales, hasta entonces, no ha sido considerado violencia de género, pero sí lo es.

Aunque el decreto de creación de los Juzgados Especializados de la Mujer estableció que estos estaban facultados de conocer casos relacionados con la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar cuando la víctima fuera mujer y esto no implicara un delito, la jueza de instrucción dice que los juzgados de familia y de paz de la zona donde trabaja, que ya conocían de estos hechos, comenzaron a mandarles todos los casos a su tribunal con la idea de que fuera ella quien los resolviera.

No pasó solo en esa zona, Juárez conoce de casos de mujeres que fueron remitidas desde los juzgados de paz de la zona central y paracentral y desde los juzgados de familia, para el especializado de instrucción de San Salvador, con la excusa que en esta sede las atenderían mejor.

Esto hizo que la CSJ, el 20 de octubre de 2018, enviara una circular a los jueces de familia y de paz, en la que les indicó que después de un estudio había determinado que, gran parte de la saturación de los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, se debía al envío de las denuncias por violencia intrafamiliar, cuando ellos también eran responsables de no solo recibirlas, sino de tramitarlas hasta que el proceso terminara.

Más allá de las competencias de los juzgados, Juárez señala lo que esto significa para la realidad de una mujer que sufre violencia y necesitaba ayuda del juzgado más cercano. «¿Qué va a pasar? Ella va a ir a un juez de paz, le va a pedir auxilio, él le va a decir que no. Sencillamente va a regresar a la casa y va a favorecer la impunidad», dice, y asegura que ante la carga laboral, las juezas de instrucción priorizan los casos donde todavía no hay un hecho consumado y se enfocan en aquellos en donde hay un potencial riesgo feminicida, pero no debería ser así.

El informe de 2018 de la SNDVM señala que ese año, los juzgados emitieron 3,483 medidas de protección para que los victimarios no se acercaran a la casa, al lugar de trabajo o de estudio de las víctimas. Este acercamiento, que representa un 8 % del total de causas de la aprobación de las medidas, significa riesgo para un feminicidio, pero es la medida que menos otorgan los jueces, apunta Juárez.

La abogada, además, se refiere a la EHPM de 2017, que arrojó que el 94 % de las víctimas de violencia dijeron no confiar en el sistema, porque este fue incapaz de detectar la violencia por sí solo, cuando le corresponde de oficio, pero lo hace hasta cuando ya hay denuncias.

Desde ORMUSA se apuesta a tener centralizado un sistema de alerta temprana, para presentarlo a la PNC y así esta institución pueda identificar cuando un hombre esté incumpliendo medidas de protección a la víctima. «La apuesta de ORMUSA es que haya mujeres vivas, que no las asesinen», dice Juárez.

La jueza de instrucción que habló con la Revista Séptimo Sentido sostiene que la violencia de género no se está atacando, porque la realidad demuestra que la violencia intrafamiliar puede terminar con la muerte de una mujer. Pero ella apunta a la falta de preparación de los fiscales para representar a las víctimas. «La Fiscalía está en deuda con las víctimas de violencia de género. La Fiscalía no investiga, y sé que tienen una saturación de carga increíble, que las de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y la Mujer son unas unidades que tienen un sin fin de casos, pero si se judicializa uno se deben realizar todas las diligencias para que no se le mande un mal anuncio a la sociedad: pegarle a una mujer y aquí no pasó nada», aclara la juzgadora.

Cuenta que su tribunal ha estado inconforme, dos veces, con decisiones que han tomado fiscales, avaladas por sus superiores, que dejan en desventaja a las víctimas ante el sistema. Una de ellas está relacionada con la petición de sobreseimiento definitivo en un caso de lesiones, que por el vínculo entre la víctima y el victimario, debieron ser agravadas, pero no fue así.

En este caso, la FGR dijo que la víctima ya no deseaba continuar con el proceso, pero desde la institución que tiene el monopolio investigativo en el país, no se analizó el círculo de la violencia que ella sufría y que, por aquel momento, la víctima estaba en la etapa de luna de miel y había perdonado a su victimario, señala la juzgadora.

Uno de los problemas que ORMUSA ha identificado en los juzgados especializados, específicamente en los de San Salvador, es que su carga laboral no les permite que haya calidad en sus resoluciones, como la hubo cuando iniciaron a funcionar: fundamentadas bajo una perspectiva de género y desde el derecho antidiscriminatorio, y con la aplicación de estándares internacionales de protección a derechos humanos. Además, a criterio de Juárez, hay resoluciones de la Cámara Especializada de la Mujer que favorecen la impunidad, porque revierten decisiones de los tribunales aplicando las leyes comunes y no enfocadas en la violencia de género.

En esto coincide Sagastume. «Yo sí he visto resoluciones de la Cámara Especializada que me las podría haber hecho cualquier cámara penal. Sin perspectiva de género, sin ver la vulnerabilidad de la víctima», aduce.

Según Sagastume, en algunos casos no han podido hacer uso de cámaras Gesell, necesarias para que la víctima se sienta en un ambiente agradable para declarar y no esté viendo a su victimario. Lo hacen, dice, basados en el artículo 57 de la LEIV, que establece que la víctima puede dar su testimonio en condiciones especiales y de protección, con el objetivo de evitar el sufrimiento de las víctimas, quienes a veces pasan hasta dos años en los procesos judiciales por la carga de los juzgados.

Pero para la fiscal, el tribunal superior entiende que esto se trata de una prueba anticipada que la FGR pide y deja entrever que el ministerio público no va a tener disponible a la víctima durante el proceso. Les ha llegado a pedir como requisito que la solicitud del uso de la cámara Gesell esté amparado en el peritaje psicológico de las víctimas, cuando muchos de estos peritajes ni siquiera lo valoran como una opción para que la víctima declare.

El 18 de enero de 2018, la mamá de Carla Ayala llegó a Casa Presidencia para entregarle una carta al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en la que exigió esfuerzos para encontrar a su hija y que esto no fuera un caso más sin respuesta.

La PNC, en septiembre de ese año, dijo, todavía sin base científica, que los restos encontrados en el caserío Los Ríos eran de Ayala. Oficialmente la institución también señaló que había sido la misma madre de Ayala que había reconocido prendas de ella en la escena.

Estas declaraciones hicieron que, un sábado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) montara una conferencia de prensa, en la cual su director, José María Tojeira, calificó de show y poco responsable lo que la policía estaba haciendo. Arnau Baulenas, abogado de este instituto, insistió en que no era justo para la familia de Ayala que se estuvieran haciendo especulaciones.

El IDHUCA es el acusador particular en el caso de Ayala y ha pedido a la PNC que indemnice a la familia de la agente. Ya el 20 de noviembre del año pasado, Baulenas advertía que era alarmante que el caso de Ayala todavía no terminara.

Contra el reloj. La sobrecarga de los tribunales especializados conlleva a que los plazos de detención de los acusados se venzan y ellos queden en libertad, sujetos al proceso solo con medidas.

«El acompañamiento es determinante, porque no es solamente estar ahí al lado de la mujer, sino que la mujer siente como ese apoyo, porque se va a enfrentar con la persona en un medio en que muchas veces es intimidante: una mesa donde está un juez, está el denunciado que le ha propiciado violencia, que puede ser por años», dice Marta Bessy Chacón, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR es una de las instituciones estatales que dan acompañamiento psicológico y legal a las mujeres que son víctimas de violencia, además de prestarles el servicio de representación legal en los procesos. Hasta el momento cuenta con 50 personas, entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, que forman equipos especializados para brindar este servicio en las 15 de las 18 procuradurías auxiliares que hay a nivel nacional.

La PGR puede remitir a mujeres que sufren violencia a los tribunales especializados, cuenta la socióloga Beraliz Argueta.

Argueta, la única en su rama dentro del único equipo multidisciplinario que trabaja para estos juzgados, habla que no dan abasto con todas sus responsabilidades por la carga que hay en los tribunales. El grupo, que además, está conformado por cuatro psicólogos, un educador y tres trabajadores sociales, fue contratado por la CSJ con la idea que ayudaran a los juzgados, entre otras responsabilidades, haciendo diferentes tipos de informes que, no son pruebas en los procesos judiciales, pero que les ayuda a las juezas a analizar el contexto en el que vive una mujer que es víctima de violencia.

Parte de sus funciones también consiste en verificar la necesidad de medidas de protección que piden las mujeres a los juzgados y verificar que, una vez otorgadas, el hombre denunciado las cumpla. Pero esto requiere tiempo y recursos, y el equipo estaba atendiendo solo hasta el 17 de febrero la tercera parte de todos los casos que trabajaron en 2019. Son más de 60 casos que tienen que atender los psicólogos y trabajadores sociales, cinco casos por semana.

En papel ha quedado la existencia de más equipos multidisciplinarios que estableció el decreto de creación de los juzgados especializados. Ante esta carencia, la jueza de instrucción a la que entrevistó esta revista, se auxilia de trabajadores sociales de los juzgados de familia. Ellos, sin embargo, comenzaron trabajando peritajes sin ningún enfoque de género, dice.

Argueta señala que el gobierno de Nayib Bukele no ha dado prioridad a las mujeres víctimas de violencia. Para explicarlo mejor, se refiere al despido de la mayoría de los colaboradores de las Oficinas Locales de Atención a las Víctimas, que es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de donde ellos remitían a mujeres para que contaran con asesoría legal.

Juárez retoma el SNDVM de 2018, que revela que la inversión del todas las carteras de Estado para las mujeres es de menos del 1 % del Presupuesto General de la Nación, por lo que considera que esto se trata de un problema masivo y sistemático.

El Órgano Judicial es el órgano que más dinero dispone del presupuesto, alcanzando el 6 %. El monto para operar en el 2020 es de $302, 250,265. Más de la mitad de está destinado a la administración de justicia. De acuerdo con la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador contará con una jueza interina que recibirá los nuevos procesos, al tiempo que la actual jueza atienda los ya ingresados. Esto, asegura la Unidad de Comunicaciones de la institución, será a partir del 1 de abril.

La funcionaria también dice que se tiene previsto que, en agosto, haya dos juzgados más de instrucción en San Salvador, y dependiendo del flujo de procesos, se cree otro de sentencia.

«Creo que si se lograra capacitar a todos los jueces con enfoque de género, el fenómeno (la saturación) se erradicaría», señala la jueza de instrucción entrevistada, y habla esfuerzos desde la CSJ y el Consejo Nacional de la Judicatura para capacitar a los jueces.

El juicio sobre el caso de la agente Carla Ayala está programa para que inicie el 16 de marzo. En el caso de Jocelyn Abarca, todavía es incierto cuándo será la audiencia preliminar. Mientras, más mujeres que están siendo víctimas de violencia se avocan a un sistema saturado, que no está a la altura del problema.

Un Centro Nacional de Artes reducido al mínimo

Fotografías de Stanley Luna/ Ericka Chávez

El grupo de 10 estudiantes preparó la intervención y vistió de negro. No hubo escenario ni telones, más que la sala «Carlos Cañas» y enojo, mucho. Era enero de 2015 y el Centro Nacional de Artes (CENAR) abría las inscripciones anuales para las escuelas de Teatro, Música y Artes Visuales. Pero aquel grupo irrumpió ese salón, donde dos docentes entrevistaban a aspirantes y les explicaban los pasos para ingresar a la institución.

«Siempre que me pregunto que cuándo habrá maestros, ellos siempre me responden ‘no sé, no sé, no sé’. Y así pasan los días y yo perdiendo clases, y ellos contestando ‘no sé, no sé, no sé’… Están perdiendo el tiempo pensando, pensando, pensando. Por lo que más quieran, ¿hasta cuándo?», cantaron, los 10, en coro, la adaptación de Quizá, quizá, quizá, del cubano Osvaldo Farré, para reclamar por qué la dirección del CENAR no les decía a ellos, alumnos del segundo y tercer año del diplomado de la Escuela de Teatro, cuándo y quiénes ocuparían las plazas que dejaron dos profesores que, en 2014, abandonaron la institución para convertirse en funcionarios públicos y la de otro profesor que se fue a Australia.

El grupo subió a la segunda planta. Entró a la oficina de Marta Rosales, la entonces directora del CENAR, y se plantó frente a su escritorio. Le cantó. Rosales no atendió a los estudiantes y simuló hacer una llamada telefónica, pero ellos dejaron, en las gradas, una pancarta que decía: «Exigimos maestros». A los días la pancarta ya no estaba. Tampoco había maestros.

En junio de 2014, Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia de la República acompañado de artistas y académicos que ocuparían las direcciones de la entonces Secretaría de Cultura (SECULTURA), e hizo promesas en el ámbito cultural que, por años, creyeron los artistas. La más rimbombante fue su acreditación legal, algo que el gremio exige desde hace décadas y que no obtuvo en los dos gobiernos del FMLN.

Pero mientras el segundo gobierno de izquierda hablaba de dignificar a los artistas, en el CENAR, las condiciones para los estudiantes eran otras. «Mis expectativas estaban bajando. Desde que empecé eran súper altas, al segundo (año) bajaron un montón, porque fue un gran cambio. Entonces adaptarse fue difícil, pero teníamos que hacerlo», cuenta Mariam Santamaría, una de los 10 alumnos que se manifestaron en la sala «Carlos Cañas».

Cubículos. No todos los cubículos de la Escuela de Música tienen aire acondicionado. Los alumnos tienen que abrir las puertas para ensayar, lo que interrumpe las labores de otras escuelas.

Santamaría tenía 19 años, y sentada en una grada del anfiteatro del parque Cuscatlán, dice que a esa edad no sabía cómo plantear soluciones, pero que decidió organizarse con sus compañeros de teatro para hablar con Rosales -no recuerda si antes o después de manifestarse-. Rosales es musicóloga e investigadora, por esto la consideraron una persona idónea para consultarle qué pasaría con el CENAR y cuándo habría una acreditación artística. «No se nos dio un panorama muy esperanzador. Dijo que en unos cinco años», recuerda. Y la acreditación no ha llegado.

***

IMPROVISACIÓN

Habla bajo. Prefiere el anonimato. En el salón donde está hay dos pianos gastados por el uso y el tiempo, desafinados, y a uno le falta una tecla. No los ocupa para sus clases, pero a veces los necesita, porque en la Escuela de Música del CENAR solo hay un piano y teclados. Sobre estos pianos, que están a su izquierda, no se acuerda qué país los donó ni en qué año, supone que fue Japón. Lo que sí sabe es que valen entre $5,000 y $6,000.

El maestro lleva en su mano un folder con su planificación didáctica, pero en las primeras páginas del documento está la lista de los materiales que ha pedido a la dirección del CENAR, y que a una semana de comenzar las clases, no le han entregado. Entre la lista, pide un aparato para reproducir CD, plumones, toallas para que sus alumnos las mojen con alcohol y se limpien las manos después de los ensayos, y pliegos de papel bond. Otra vez pide los pliegos que durante cinco años le han negado.

«Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo», dice el maestro, conteniendo el ímpetu con el que quiere quejarse, porque irónicamente no le dan el material y lo regañan si se lo pide a los alumnos.

Desuso. Este es un piano en desuso, pero que puede repararse. Está en uno de los salones de clase.

Para este año lectivo, que comenzó el pasado lunes, el profesor dice que la Escuela de Música espera un aproximado de 200 alumnos repartidos en los instrumentos de violín, piano y percusión, entre otros, pero aunque ha escuchado comentarios sobre un presupuesto que puede desembolsar el Ministerio de Cultura (MICULTURA) para comprar nuevos instrumentos, no le asombra, ya que asegura que en el CENAR no hay cuerdas de piano y hay instrumentos que, como los pianos a su izquierda, están viejos y la administración prefiere botarlos o regalarlos, en lugar de preservarlos.

Su tono de voz se vuelve melancólico cuando habla de un piano-arpa que sacaron a un predio baldío que está al otro lado de este edificio. Es aquí cuando recalca que el área administrativa de una institución como esta debe saber de arte.

El CENAR es un centro de formación en artes que depende directamente del MICULTURA. De sus tres escuelas, Música y Teatro tienen cursos regulares que durante tres años y son impartidos de lunes a viernes. Los alumnos de Teatro tienen como requisito de graduación presentar un montaje. Artes Visuales imparte talleres que pueden durar desde uno a dos años. La mensualidad por las clases es de $15.

Sin embargo, quien estudia en el CENAR solo recibe un diploma de graduación que no equivale a nada desde un nivel de educación formal, por muy bueno que haya sido el alumno en sus clases. Este es un privilegio que sigue siendo solo de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de El Salvador (UES).

El maestro de música dice que en su escuela ha existido un curso al que le llaman extensivo, que puede durar más de tres años, pero nunca se sobrepasa este tiempo, porque el alumno se desanima al creer que no está estudiando para nada, por no haber una acreditación. El curso está siendo revisado por la coordinación de la escuela.

El presupuesto destinado al MICULTURA para 2020 es de $22 millones 595 mil 775, y de este total, se destinarán $18 millones 548 mil 380, entre otros rubros, a la formación, producción y difusión de la cultura y el arte, según el documento oficial del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Además del CENAR, la otra institución estatal encargada de la formación artística es la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié.

Escultura. Este es el taller de producción de esculturas del CENAR. El área de escultura, además de este espacio, tiene dos salones, en los cuales a veces hay clases simultáneas.

Si se compara el presupuesto de MICULTURA con el del Ministerio de Gobernación y con la Fuerza Armada, existe una diferencia radical de $44 millones y $149 millones, respectivamente. El arte en este país no es prioridad.

Como el de música, una parte de la planta docente del CENAR está conformada por un aproximado de 30 maestros graduados del extinto Bachillerato en Artes, un bachillerato histórico creado con la reforma educativa de 1968, en plena dictadura militar, cuando el exministro de Educación Walter Béneke diversificó la oferta académica en educación media: hubo música, artes plásticas, artes escénicas y bachillerato académico.

Los alumnos no pagaban nada por estudiar en este bachillerato, y para los que venían del interior del país a San Salvador, había un albergue. Por la mañana los estudiantes recibían clases académicas y por la tarde clases artísticas. Salían acreditados por el Ministerio de Educación como artistas y como docentes.

En la segunda planta de este edificio, donde está la Escuela de Música, hay varias puertas cerradas en todo el pasillo. Son los cubículos que fueron diseñados para que los estudiantes de música practicaran solos o con sus tutores. Un espacio reducido y apropiado para concentrarse. Pero el aire acondicionado se arruinó hace años y los estudiantes mejor abren las puertas para ensayar.

«La institución no está adecuada para ser un Centro Nacional de Artes y música, porque las paredes deberían estar bien acústicas, bien selladas. No hay ninguna. La fachada tienen», apunta el maestro de música.

“Uno improvisa o trae su material. El año pasado solo me dieron tres o cuatro plumones, porque dijeron que el Ministerio (de Cultura) no había dado materiales para nadie y cuando llegué a pedir allá, me dijeron que ya no había, no tenían, y los plumones hasta secos. A los alumnos les pedí y me consiguieron, sino yo los consigo”, dice el maestro de música.

***

DEMAGOGIA

La Escuela de Teatro fue convocada en el salón «Carlos Cañas» para recibir una placa de reconocimiento por su trayectoria. Los alumnos no la querían, querían buena infraestructura y utilería para sus obras. Cuando Homero López, maestro de la escuela, pasó a recibirla, de entre el público, comenzaron a levantarse los estudiantes de Teatro. «Para que no duela, pongan duelas», «Si quieren personajes, pongan maquillajes», repitieron para darle voz a los mensajes que también estaban plasmados en carteles que sostenían.

Un alumno, vestido de maestro de ceremonia, llevaba una placa que decía «Demagogia». Otra alumna le puso enfrente un cartel exigiendo materiales. El maestro de ceremonia tomó el cartel, lo rompió y le dio la placa. El grupo de estudiantes pasó al frente. Luego se fue.

En 2015, ya había pasado un mes de clase y todavía los alumnos de la Escuela de Teatro no sabían quiénes sustituirían a los tres maestros que se habían ido un año antes. Después de la segunda manifestación, se enteraron que había sido aprobado el contrato para dos nuevos maestros, dice Santamaría. Por lo demás, siguieron necesitando los materiales que pedían. Algunos de sus compañeros optaron por irse de la escuela.

Por esos días, recuerda que se encontraron en el CENAR al exsecretario de Cultura, Ramón Rivas, a quien le pidieron que les ayudara reparando las duelas de los salones de teatro, le pidieron maquillaje y vestuario. Él prometió ayudarles, pero la ayuda estatal nunca llegó.

«Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así», señala Santamaría.

Fue así también cuando montaron, en tercer año, la obra que eligieron para su proyecto de graduación: La ciudad sitiada, de la española Laila Ripol. El maestro que les dirigió donó parte del material para la escenografía. Lo demás corrió por cuenta de los ocho alumnos del montaje y lo complementaron con la utilería de la institución.

Hoy, Santamaría tiene 24 años y es una artista que brilla. En 2017, junto a otra actriz, ganó el Premio Ovación, premio que otorga la Fundación Poma a un proyecto artístico para financiarlo. También ha sido la asistente de dirección de dos obras, una a cargo del Teatro del Azoro y otra a cargo de La Cachada Teatro, y ha actuado en un corto documental. Aunque dice que el teatro que conoció en el CENAR no era lo que buscaba, reconoce que estudiar los tres años le dio disciplina y bagaje.

Clases. Salón práctico de escultura. Aquí los alumnos realizan los modelajes de las obras y los docentes ocupan pizarra de yeso para sus clases.

LAS DUELAS

Homero López abre la puerta de uno de los salones con duelas. Es un salón en el que caben hasta 30 personas, se ocupa para clases, pero también para los montajes de la Escuela de Teatro. La madera del suelo está con pequeños hoyos, y entre los orificios que separan a una tabla de otra, hay polvo. No todas las luces de este salón encienden.

Minutos antes, en su oficina, López ha dicho que esta duela tiene más de 10 años de haber sido instalada y que, al consultar, sale mejor sustituirla que repararla, pero es caro y ninguna administración gubernamental ha respondido para hacerlo. No es la única necesidad de esta escuela, también, sostiene, falta utilería y vestuario, pero usualmente trabajan con donaciones, materiales que ellos ponen o que da el MICULTURA. Los teatreros no tienen una caja chica de la cual disponer para sus montajes.

«Es bien difícil para el grupo. Es bien difícil para el maestro, porque toca sacar del bolsillo, toca rebuscarse, ¿no? Entonces sería lo ideal (tener caja chica) y es lo que la institución está buscando. Hay tanto de fondos para el espectáculo, a sabiendas que va a ser un fondo considerable, modesto, pero con el cual vamos a poder trabajar. Pero el tener algunas limitantes se le ha encontrado algunas ventajas también. El hecho de ingeniártelas a crear con poco, o sea, con desechos prácticamente», dice López, que además de ser docente de Teatro, fue coordinador ad honorem por 10 años en la Escuela de Teatro, una función que solo interrumpió por tres años.

Tiene 65 años y es uno de los exbachilleres en Arte. Habla con elocuencia sobre teatro y formación artística. Al terminar su bachillerato, en 1975, estudió una maestría en Kiev, Ucrania, y se desempeñó como docente de teatro en México y en dos universidades de El Salvador. En marzo, López cumple 17 años de ser maestro en la Escuela del Teatro.

El CENAR debe tener coordinadores por cada una de las escuelas. De acuerdo con López, el limitado presupuesto ha impedido la contratación de un coordinador que se dedique meramente a esta función, y resalta el problema de que algunos coordinadores o directores de la institución han sido trasladados o removidos a un puesto dentro del ministerio y por el mismo salario, y así se quedan sin personal, porque cuando solicitan a un maestro, tampoco hay presupuesto para hacerlo.

Añade un problema que para él es universal: la dificultad para encontrar a especialistas en pedagogía artísticas en determinadas áreas, porque pueden haber muchos artistas, dice, pero pocos de ellos pueden ser pedagogos. Por esta razón, las escuelas de arte, incluido el CENAR, cuentan con lo más cercano que tengan para dar clase, como un artista que tiene experiencia en actuación o dirección de teatro, y luego aprende a ejercer la pedagogía.

El pasado jueves, días después de la entrevista con López, diferentes maestros del CENAR confirmaron que las autoridades de la institución hicieron oficial el nombramiento de los coordinadores por cada una de las escuelas. El coordinador de la Escuela de Teatro es el actor Óscar Suncín; el de Artes Visuales, el artista Rolado Chicas; y el de la Escuela de Música, el hondureño Josué Viera, quien en diferentes notas periodística ya aparece como coordinador de esta escuela entre 2018 y 2019.

En 2016, durante el gobierno de Sánchez Cerén, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Cultura, que formalizó en su artículo 86 la creación del Instituto Especializado de Nivel Superior de las Artes en El Salvador, una propuesta de la que el expresidente habló desde su campaña.

Este instituto pretendía la formación profesional de artistas y educadores artísticos, regidos bajo la Ley de Educación Superior, es decir, con miras a su acreditación. Pero pese a que se conformó un comité de cuatro artistas encargados de su diseño, entre ellos Marta Rosales, quien también fue Directora Nacional en Artes, el instituto no se ejecutó.

En octubre de 2016, Rosales, en sintonía con lo que señala López, dijo a la revista Séptimo Sentido que existían deficiencias pedagógicas en el país para implementar licenciaturas artísticas y que había artistas, pero no necesariamente estos eran docentes.

El gobierno de Nayib Bukele, en su Plan Cuscatlán, habla escuetamente sobre la formación «formal y no formal de artistas», y de una actualización y mejoramiento de la calidad y la oferta de la formación en artes.

Esta revista intentó entrevistar a la actual Directora Nacional en Artes, Sara Boulogne, para conocer sobre el presupuesto destinado al CENAR para este año y si este gobierno apuesta a una posible acreditación. Ella pospuso en dos ocasiones la entrevista y el pasado miércoles envió un mensaje a Whatsapp a un periodista de este medio en el que alegó tener una agenda saturada, y dijo que le contactaría cuando tuviera «todo listo para la reunión».

«Los políticos tienen que oír a los técnicos y oír a las personas que saben, y dejarse guiar. En El Salvador hemos tenido, en el área de la cultura, ‘yo lo sé todo, yo lo puedo hacer todo’, ‘eso no debe hacerse así’. Y todo lo deciden como si lo supieran y como si hubieran nacido sabiéndolo», indica la académica, directora de teatro y exdirectora Nacional de Artes, Tatiana de la Ossa, por medio de una videollamada desde Costa Rica.

A inicios de los 2000, De la Ossa presentó al Ministerio de Educación una propuesta para abrir una carrera de teatro en la UES que abarcara las especialidades de esta rama. También estaban pensadas tres maestrías y se pretendía vincular a los alumnos de las diferentes escuelas del CENAR en los procesos creativos. No tuvo respaldo de las autoridades de la época.

A la fecha, De la Ossa dimensiona los alcances que esto hubiera tenido: al menos tres generaciones de licenciados en teatro.

En el CENAR, Homero López asegura que desde abril del año pasado comenzó una revisión de la currícula, la cual fue suspendida por el cambio de gobierno, y fue retomada en diciembre. En esta tarea trabajan Boulogne; el director del CENAR, Walter Rojas, maestros del CENAR y un grupo de consultores contratados por el MICULTURA. López señala que esta especie de FODA les va a llevar a saber qué oferta y modelo educativo necesitan: puede ser un técnico, una escuela superior o un nuevo bachillerato en artes.

«A juzgar por las reuniones que hemos tenido, por lo que ellos nos han dicho (Boulogne y Rojas), por los diálogos que hemos tenido, porque trabajamos como equipo en las reuniones en esto de la currícula, sí hay interés, hay un gran interés por la acreditación. Eso es lo que vemos, lo que sentimos», dice López.

“Yo recuerdo que las cosas que teníamos eran porque los maestros las hacían de material que había quedado de alguien, donaciones que se pedían. Igual, si nosotros queríamos algo, nunca considerábamos la vía de pedirlo. Revisábamos el vestuario que hubiera para ver qué cosas nos podían servir. No considerábamos hacer una carta. No se nos cruzaba por la mente. Eso no lo tomábamos a mal, era parte de la dinámica. Era así”, señala Mariam Santamaria.

***

MODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD

Llegó en 2013, acompañado de un amigo, cuando estaba en el tercer año de la Licenciatura en Bellas Artes de la UES. Ricardo Flores no quería especializarse en escultura en su carrera, sino en dibujo, pero quería aprender sobre el tallado en piedra. La única opción que tenía era el taller de escultura, en la Escuela de Arte Visual del CENAR, donde ya había asistido otra amiga suya.

En la UES, Flores había cursado tallado en madera y reconstrucción en piedra, por eso quería aprender de una vez a tallar en piedra, pero no pudo. El taller libre al que aplicó está diseñado para dos años, era hasta el segundo que iniciaría el tallado, antes repasaría temas ya vistos en su carrera. No quería hacerlo, y predispuesto, al llegar al CENAR, preparó un portafolio para que los maestros vieran todo lo que podía hacer. «Por mí te pasara de un solo, pero aquí no nos dejan», le dijo una profesora.

Se desilusionó, pero se dijo que las técnicas para tallar piedra que él había observado no eran difíciles. Terminó aprendiendo en su casa, auxiliado de tutoriales.

«Si no es en la UES, en ningún lado, sino en Youtube. En escultura, en el país, solo son las instituciones de libre acceso las que enseñan escultura. Si se da en otras partes, o son estudiantes de forma particular, pero que pasaron por estos lugares (incluido el CENAR), o que lo aprendieron empíricamente. No hay otra universidad que dé escultura», asegura Flores.

A un costado del salón de prácticas, en el salón para clases teóricas, el escultor y docente Edwin Soriano señala una pantalla plana, al hablar sobre los insumos que esta escuela ha ido recibiendo para trabajar. Es una que el CENAR llevó en diciembre pasado. Antes de eso Soriano tenía que dar su clase teórica en otro salón con cañón, que no era de la escuela, y tenía que esperar turno para ocuparlo. De no ser posible, lo que hacía era compartir con sus estudiantes el link de un video y luego armaban tertulias en el CENAR.

Un maestro de Artes Visuales, quien no quiso identificarse, confirmó que el año pasado el MICULTURA desembolsó alrededor de $70,000 para la compra de materiales de esta escuela. No había algo así, dijo, desde 1993, cuando en el gobierno de Alfredo Cristiani fueron inaugurado las instalaciones del CENAR después de una remodelación.

Pero el área de escultura sigue con deficiencias. Tiene solo dos salones, el teórico y el práctico, y afuera, en el patio, está la producción de materiales. A veces los tres lugares están ocupados. Además, existe una contaminación de ruido, porque mientras ellos están tallando piedra, a veces los estudiantes de músicas están practicando. Soriano recuerda que esto no era así hasta antes que se arruinara parte del aire acondicionado y la entonces administradora del edificio dijera que, en lugar del aire, se pusieran ventanas francesas.

«La modernidad y la contemporaneidad vinieron y el CENAR estuvo asilado. Es porque se le quitó la acreditación ya con el Ministerio de Educación y también se le quitó la autonomía, semi autonomía financiera y la relativa autonomía que tenía como gestión. Entonces no tenemos autonomía de gestión y financiera, eso nos ha llevado al borde, un poco, del descuido por parte de los ministerios matrices», dice Soriano.

Él tiene 18 años de dedicarse a la docencia en el CENAR, donde dice que no había recibido una capacitación relacionada con pedagogía y arte, hasta noviembre. Antes los capacitaban en otros temas, como los administrativos.

Soriano, graduado del extinto Bachillerato en Artes, también ha cursado diferentes residencias artísticas en el extranjero, una de ellas la Escola Massana, en España, donde tuvo la oportunidad de conocer un convenio que esta tenía con la Universidad Autónoma de Barcelona, que consistía en que estudiantes de la universidad llegaban a la otra instancia a realizar sus prácticas y tenían la posibilidad de salir acreditados como licenciados o con un máster.

Él, recuerda, intentó hacer algo parecido hace años, cuando buscó nexos con la UES. Alumnos de la universidad llegaban al CENAR para explorar de qué forma hacían los convenios, porque en la Escuela de Visual dice que hay infraestructura y conocimiento técnico, mientras que la UES tiene conocimiento teórico y acreditación, aunque reconoce que también carece del presupuesto que deberían corresponder a una escuela de artes, ya que estas son caras, pero necesarias para el desarrollo cultural del país.

El escultor dice que, de acuerdo con lo que ha escuchado en las reuniones con autoridades del CENAR, se está apostando a una acreditación encaminada a una escuela superior, pero que actualmente no están las condiciones para esto, a menos que existan convenios con universidades. Y si se está revisando la currícula, se tienen que llevar al CENAR docentes con maestrías, doctorados, especializados en artes, pero de estos no hay muchos. Lo ve un poco increíble, porque se trata de una apuesta a corto plazo.

«Yo creo que está bien, pero hay que ver, hay que medir. Como decía mi abuela: ‘hay que medir el bocado que te vas a tragar. Hay que ser más realistas’», sugiere.

Un ecosistema marino limitado a su hallazgo

Pasto marino

Mediodía. A esta hora los moluscos conocidos como cascos de burro están bajo el fango y los pescadores ya se han ido a sus casas. En el playón solo quedan tres jóvenes que todavía buscan jaibas. Dos están a un costado de la barca que han usado ese día, donde tienen un barril de plástico, partido a la mitad, que sirve como recipiente para depositarlas. Jorge Mejía atrapa las jaibas y Miguel Yanes ayuda a acomodar las canastas y los changales, los instrumentos a base de hilo de trasmallo que sirven para pescarlas.

Han sido siete horas de pesca y ahora se preparan para ir a la casa, pero aclaran que aquí no hay hora para pescar. Siempre están las condiciones para hacerlo. «Hay unas 10 libras», dice Miguel, señalando las jaibas vivas que, por gusto, luchan por salir del barril. Miguel aprovecha para decir lo ricas que saben en sopa o guisadas con tomate, y con tortillas.

A unos 20 metros de donde están, el agua comienza a empozarse. La marea está subiendo, pero todavía deja a la vista pequeñas hojas verdes, parecidas a la grama de un campo de fútbol, que ellos han visto desde hace años. No saben cómo se llaman, tampoco cuándo las vieron por primera vez. «Ya tiene años de andar eso allá. Tiempazo«, dice Jorge. «Eso» es pasto marino: un complejo ecosistema que la ciencia descubrió en El Salvador hasta hace 11 años. Se ha extendido por diferentes partes de la Bahía de Jiquilisco, en Usulután, como en este lugar, la isla Rancho Viejo.

***

Wilfredo López había vuelto de estudiar una maestría en Gestión de Ecosistemas Marinos de la Universidad de Alicante, en España. Allá, José Luis Sánchez, su tutor, lo había incitado a que buscara pastos marinos en El Salvador. «Yo siento que han de haber en tu país. Hay que buscar», le dijo. Aquel joven quedó con la terquedad de encontrarlos, porque había pasado los seis años de su carrera de Biología pensando que acá no existían.

En 2009, Wilfredo tenía 28 años y trabajaba, con un grupo de biólogos, en un proyecto sobre tortugas de carey con la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental. El grupo había escuchado de pobladores y guarda recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre unas plantas que no eran comunes. «Hay una cosa que parece cultivo de arroz», también le había dicho Óscar Carranza, un biólogo que, en más de una ocasión, vio las plantas cuando recorría la zona.

El grupo, liderado por Wilfredo, visitó el Golfo La Perra, en la Bahía de Jiquilisco. Vio que en lugar había tortugas prietas que se alimentaban de unas hojas. Al llegar al golfo, Wilfredo palpó las plantas y las analizó. A simple vista, no le parecieron algas marinas: tenían hojas, tallos y raíces. No encajaban en las características de un alga. Supo, entonces, que no estaba solo frente a una especie que no había visto antes en El Salvador, sino frente a todo un ecosistema.

Así comenzaron los trámites de permisos ambientales en MARN para continuar con los estudios. Fueron días de trabajo fijando muestras y revisándolas en el laboratorio del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador, donde dispusieron de equipo. Wilfredo contactó a su tutor y le envió fotografías de la punta de las hojas. José Luis le confirmó que se trataba de pastos marinos. Pero faltaba descubrir cuál era la especie.

Wilfredo se empecinó en leer guías de identificación taxonómica. «No le hallo. No entiendo qué especie será esa», se dijo por días. Había visto otros tipos de pastos: plantas grandes, no pequeñas, de centímetros, como las del Golfo La Perra. Al inicio supuso que podrían ser dos tipos de plantas, una de ellas Halodule wrightii, que, sabía, crecía en el Océano Atlántico.

Tenía razón, se trataba de Halodule wrightii. José Luis le dijo que se había creído que esa planta solo crecía en el Océano Atlántico, pero también crece en el Pacífico.

El biólogo temía que cuestionaran su hallazgo. Por un tema de malinchismo, dice esta mañana, en un café, al recordar aquel viaje. Enseña, en su computadora, un álbum de fotos de las plantas, de las mediciones que hicieron en los pastos para los estudios y algunos de los animales encontrados en las hojas y en el lodo. Calcula que antes de descubrir el ecosistema, este tenía 10 años de existencia.

Distribución. La pradera marina está distribuida en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco, entre ellas, el Golfo La Perra. La fotografía muestra la zona en la que Wilfredo López y su grupo la descubrieron.

 

***

Los pastos marinos o praderas marinas son plantas que crecen donde hay mareas bajas, como en la Bahía de Jiquilisco. Forman todo un ecosistema que le sirve de hogar a diferentes especies de moluscos, crustáceos y equinodermos.

La bióloga salvadoreña Olga Tejada realizó la investigación «Praderas Submarinas de Bocas del Toro, Panamá», publicada en 2014, en la que dice que los pastos marinos representan menos del 0.2 % de los océanos del mundo y que anualmente toman el 10 % de carbono enterrado en sedimentos oceánicos. Almacenan dos veces más carbono que los bosques terrestres.

Alrededor del mundo, Wilfredo dice que la ciencia ha descubierto entre siete y ocho especies de pastos. Los hay de diferentes tamaños y extensiones. Los pastos que él y su equipo descubrieron siguen siendo los únicos de los que se sabe en el país. Según sus investigaciones, hasta la fecha hay 27 especies de invertebrados que ahí habitan, como cangrejos y almejas . Otros animales viven pegados a las hojas, pero de ellos todavía no conoce el nombre.

Algunas especies prefieren el lodo en el que nacen los pastos, otras prefieren las hojas o ambos lugares, como las conchas, dice; porque, cuando están en la etapa de cría, se pegan a las hojas o a los tallos y, cuando están adultas, se despegan y bajan al lodo.

Las hojas de los pastos, además, de acuerdo con datos del MARN, son, en un 62 %, la dieta de las tortugas prietas, aquellas que los científicos siguieron para descubrir el ecosistema.

En 2017, un grupo de científicas, entre ellas unas representantes del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES), publicó un estudio que estableció que el tipo de pasto que hay en el país, Halodule wrightii, se extiende en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco: el Golfo La Perra, las islas Rancho Viejo y Corral de Mulas, y en El Golfito, La Chepona y El Bajón. Este estudio se basó en el trabajo previo que había hecho Wilfredo desde 2009.

Wilfredo dice que estudió la especie en los primeros dos lugares, además de El Icaco y El Tular, y supo de la extensión de los pastos en las demás áreas, pero estas no formaron parte de las muestras.

Las científicas tomaron como muestra el Golfo La Perra y Corral de Mulas, donde concluyeron que había una extensión de esta especie de 27.1 km 2, 26 en el golfo y 1.1 km2 en la isla. En estos lugares, establecieron que hay 22 especies de invertebrados.

El lugar donde está ubicada la pradera marina es un Área de Conservación Natural y ha sido reconocido como un sitio Ramsar. Es el Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, una bahía que abarca seis municipios de Usulután y que alberga diversidad de especies animales y vegetales. El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) asegura que ahí se encuentra la mitad de los manglares del país.

La bahía, desde 2007, también es una Reserva de Biósfera que está amparada bajo el Programa sobre Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un nombramiento como este implica que exista conservación de toda la biodiversidad para que sea sostenible, que haya investigación, desarrollo económico y educación. Pero los pastos marinos, por hoy, apenas son conocidos y las instituciones del Estado todavía no le dan el valor científico que merecen.

“Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está”, recuerda Enrique Barraza, exjefe de Humedales del MARN e investigador especializado en la conservación de la

***

«Cuando yo estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, recuerdo que me dijeron: ‘Mire, vamos a ver una planta que ha aparecido’. Y dijimos: ‘Sí, aquí está una planta’, pero hasta ahí llegamos, no le dimos la importancia debida. Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está», recuerda Enrique Barraza, investigador especializado en la conservación de la biodiversidad acuática y exjefe de la Unidad de Humedales del MARN. Él también tiene todo un álbum de fotografías, que muestra esta mañana para explicar mejor el ecosistema.

Enrique -el primer exfuncionario al que Wilfredo le comunicó sobre el hallazgo de la pradera marina, porque para entonces era el referentes de los sitios Ramsar en El Salvador- dice que, aunque la pradera marina que está en la Bahía de Jiquilisco es la única descubierta a la fecha, recuerda que hace 15 años vio una en la Barra de Santiago, en Ahuachapán, pero desapareció. Cree que esto sucedió porque, en esa zona, la fuerte lluvia erosiona la costa y la arena comienza a cubrir lo que encuentra a su paso.

El especialista explica que las praderas marinas son ecosistemas que tienen una fijación un sedimento suave y que, en parte, ayudan a evitar la erosión en la costa. Además, representan una función importante ante el cambio climático, porque son sumideros de carbono. En el país aún no se sabe cuál es la tasa de incorporación de carbono que ha absorbido la pradera marina.

Las plantas, dice, viven en un fondo horizontal, con una leve pendiente que permita que reciban luz para hacer fotosíntesis. Son de aguas calmadas, claras y saladas. Las que están en el Golfo La Perra son cubiertas, máximo, por un aproximado de 2.5 metros cuando la marea está alta.

Enrique trabaja como investigador en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Ahí conserva muestras de las hojas de Halodule wrightii bajo refrigeración y en frascos con alcohol. Las tomó en agosto del año pasado. Sobre una mesa pone 18 frascos con hojas del pasto y extrae, con una pinza, una de las más grandes. Dice que una planta completa puede llegar a medir 20 centímetros.

Espera enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, en Estados Unidos, para un análisis genético de la especie y así conocer si la pradera que hay en El Salvador tiene similitudes con otras que están en el Pacífico panameño, costarricense y suramericano, o si se trata de una especie única. También para saber si el pasto está relacionado con un especie ancestral en común.

Sin embargo, al investigador le aqueja la burocracia que existe para enviarlas. Ya tiene los permisos ambientales para hacerlo, pero el proceso está detenido porque el Banco Central de Reserva le ha pedido, como si fuera un comerciante, facturas y permisos del Ministerio de Hacienda.

Los científicos todavía no saben cómo se reproduce la pradera marina en El Salvador. Wilfredo dice que las praderas marinas, en general, tienen dos formas de hacerlo. Una es por medio de la extensión de sus raíces, y la otra, por medio de semillas que permiten que otras plantas germinen. Él, de momento, todavía no le ha visto flores a los pastos de la Bahía de Jiquilisco, pero dice que la teoría indica que sus flores salen entre marzo o abril. Enrique se inclina por la primera forma de reproducción.

En su investigación, Olga advirtió que, a escala mundial, los pastos marinos han disminuidos en un 29 % desde hace décadas. Pero a Enrique le da la impresión que, en El Salvador, los pastos se están extendiendo debido a la contaminación, a la química del agua y al cambio climático. Una colega mexicana le dijo lo mismo.

biodiversidad acuática.

“Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla” señala Wilfredo López.

***

Leonel Rivas está en el Golfo La Perra, el lugar donde fueron localizados los primeros hallazgos de la pradera marina. Al fondo se observa toda la sierra Tecapa-Chinameca, que se extiende desde Berlín, Usulután, hasta San Miguel.

La lancha en la que Leonel ha viajado nueve kilómetros, desde Puerto Parada, está aparcada a unos 50 metros. De donde está, todavía falta un kilómetro para llegar a tierra firme. Aquí, con la marea baja, hay fango y pasto de donde salen cangrejos pequeños, conchas y caracoles. Al estar descalzo y permanecer fijo en un solo lugar, se siente el cosquilleo de pequeños animales.

«Puede ser que en este espacio no hubo pasto hace un tiempo. Se concentró en otra parte, pero llegó algo que no le gustaba y se vino para acá», dice Leonel, quien desde 2009 es uno de los guarda recursos del MARN. Su trabajo consiste en hacer patrullajes por toda la Bahía de Jiquilisco. Sabe que en unas horas el agua llegará a 2.5 metros, pero ahora, con el agua que llega hasta unos cinco centímetros, puede observarse, sin ninguna dificultad, la pradera marina. Por donde está la lancha, aclara, hay más pasto inundado del que todavía no se ha investigado el tamaño.

A un lado de Leonel, Daysi Herrera se agacha para tocar el fango y remover el agua, que rápido se vuelve oscura. Escarba, saca lodo, pero quiere palpar arena. La encuentra después de haber escarbado unos tres centímetros. A ella le asusta el alga que se ve entre las hojas de la pradera, que el color de sus plantas no sea verde claro, sino un verde apagado, y que al remover exista mucho sedimento y poca arena.

El nombre del alga que está sobre las plantas se llama caulerpa. Enrique tiene fotos de ella sobre los pastos. Dice que una colega norteamericana se asustó al verlas, porque es un alga que usualmente se asocia a la contaminación por la abundancia de fertilizantes, pero que está en la parte pacha del golfo, al adentrare al agua, desaparece.

Estudio. Enrique Barraza tiene muestras de los pastos marinos para enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, Estados Unidos.

«Ella decía que van a desaparecer (los pastos)». Y yo no sé. Puede ser un ciclo, habría que ir a echar un vistazo. Esas fotos son de agosto, época lluviosa. Eso no debería estar ahí, porque eso es una carga extra, le quita espacio para la fotosíntesis a la plantita, pero puede ser una competencia de poca profundidad, algo natural. Pero también puede estar alimentado por la contaminación, por fertilizantes que recibe la Bahía de Jiquilisco«, dice.

Daysi, bióloga de FIAES y quien ha trabajado en diferentes proyectos en la zona, explica que los pastos marinos son un complemento del manglar y de los arrecifes para que exista una pesca sostenible. Sin embargo, acepta que actualmente no hay consciencia de las poblaciones aledañas al ecosistema sobre el cuido de los pastos, como sí lo hay con los manglares.

Insiste en que su protección también depende de buenas prácticas agrícolas, porque de esta forma se evitaría que la bahía –un lugar de agua quieta y que no alcanza grandes profundidades- sea contaminada por todo el sedimento que baja de las cuencas mediana y alta de la sierra Tecapa-Chinameca, donde hay municipios que cultivan granos básicos y caña de azúcar. En esta bahía también desemboca el río Gran de San Miguel, que recorre más de 10 municipios.

Por esa razón, Daysi remueve el agua y escarba, porque le preocupa que, en algún momento, la cantidad de sedimento supere a la arena de la bahía, y esto se convierta en un peligro para la pradera y las especies que en ella habitan.

Asentamientos. Las personas aledañas a las zonas donde hay pastos marinos aún no toman consciencia de la importancia de este ecosistema.

«Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla. Nosotros hacemos investigación en nuestro tiempo libre o cuando nos está pagando una institución para hacerla», señala Wilfredo, quien trabaja investigaciones independientes, y además, es parte de la Asociación Territorios Vivos El Salvador.

El biólogo dice que la pradera marina podría estar vulnerable si existe una tala de manglares en la zona y los pastos quedan soterrados, porque habría sedimentación y también contaminación. Pero Enrique suma más peligros: la contaminación por fertilizantes, un derrame de hidrocarburos y la presencia de animales que no pertenezcan al ecosistema, como un cerdo, que está escarbando, que él fotografió cerca del Golfo La Perra, donde al igual que en la isla Rancho Viejo, hay asentamientos humanos. Cuenta que también ha visto a vacas en el pasto.

«(Las personas) no la conocen, no le han puesto coco. No saben que es algo diferente. Las autoridades, en conjunto, deberían estar ahí notificando que esto es único en el país», enfatiza Barraza.

Doris Nieto, de la Asociación de Municipios ASIBAHIA, que trabaja en el plan de ordenamiento territorial en municipios de la Bahía de Jiquilisco, dice que aún desconocen la cantidad de habitantes que hay en los lugares con asentamientos y donde hay registros de pastos marinos. La ha solicitado al Ministerio de Salud, que, por su trabajo comunitario, tiene un registro poblacional, pero el ministerio ha negado entregarla.

El MARN no cuenta con estudios propios sobre la pradera marina. La primera vez que expuso de su existencia a escala mundial fue en el Cuarto Informe al Convenio sobre Diversidad Biológica en El Salvador, en 2010, y partió de la documentación que recopiló Barraza. Lo reconoce el técnico en Biotecnología y Restauración de Ecosistemas de este ministerio, Carlos Rivera.

Características. Las hojas de los pastos marinos puedenmedir hasta 20 centímetros. Prefieren aguas calmadas y saladas, como las de la Bahía de Jiquilisco.

Carlos, para precisar la extensión de los pastos y el número de especies que viven en ellos, recurre a mediciones contempladas informe publicado en 2017 por las científicas independientes y el MUHNES. Agrega que, en Rancho Viejo, hay 4.12 km2 de pastos; en El Bajón, 0.26 km2; y en La Chepona, 4.12 km2.

«Esa es la cobertura estimada, que hay a la fecha, considerando que, por supuesto, son ecosistemas fluctuantes y cuyas fronteras varían dependiendo de la época del año y otros factores», dice. Por esto precisa que los datos tienen que corroborarse.

Según el técnico del MARN, como la pradera está dentro del Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, existe un plan de manejo del humedal, creado el año pasado, que falta «interiorizarlo», pero que incluye regulaciones relacionadas con las zonas núcleos de todo el ecosistema. Para esto, indica, hay un comité. «Usted no va a encontrar una referencia directa a esto (la pradera marina)», justifica, y dice que esto es por la variedad de ecosistemas de la bahía, pero que todo está «armonizado» para su conservación.

Señala, además, que hay un Plan de Desarrollo Local Sostenible, proyectado hacia 2031, del cual ya existe un comité de Reserva de Biósfera destinado, entre otras actividades, a educar para evitar la contaminación de las cuencas media y alta, la contaminación de desechos sólidos y a tratar de mejorar los mecanismos de vertidos de residuos líquidos, como el caso de los estanques camaroneros. A esto, añade los patrullajes realizados en conjunto con instituciones, gobiernos locales y la Policía Nacional Civil.

Falta por descubrir particularidades de la pradera marina. Su reproducción y los demás animales que la ocupan de casa. Y, como dice su Wilfredo, «quizá ahí esté la cura del cáncer u otra enfermedad». Hoy es solo un hallazgo esperanzador.

Posible peligro. Por el momento, los pastos marinos están cubiertos por una alga asociada a la contaminación de las aguas. Faltan estudios que indiquen si esta podría causarles daños con el tiempo.

La ilegítima ruta de los desechos humanos que el ISSS avaló

Fotografía de archivo LPG.

Alma Sánchez le pidió la placenta de su último parto al doctor que la asistió en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Ilamatepec, en Soyapango. Era 2009, y ella, tal como le había aconsejado una abuela indígena, quería sembrar la placenta junto a un árbol, en una maceta, para que el árbol creciera con su hija. Pero el ISSS no quiso entregársela.

En mayo de 2008 había sido aprobada la Norma Técnica Salvadoreña para el Manejo de Desechos Bioinfecciosos (NSO), que establecía que todos los lugares que generaran desechos provenientes de humanos estaban obligados a cumplir una lista de requisitos para tratarlos hasta que no fueran peligrosos para la salud. La norma fue sustituida siete años después por un reglamento.

Sin embargo, el informe de la Corte de Cuentas de la República, con fecha de julio de 2019, revela que, entre enero de 2014 y diciembre de 2018, fechas en las que la institución contralora auditó al ISSS y le dio seguimiento para que cumpliera irregularidades, este todavía no contaba con permisos ambientales para trasladar, en carros institucionales, los restos biológicos generados en sus hospitales.

Los desechos anatomopatológicos, entre los cuales se encuentran las placentas, las amputaciones y las piezas derivadas de tejidos humanos, son generados, principalmente, en los hospitales. Son parte de los desechos conocidos como bioinfecciosos y merecen un tratamiento especial para evitar que quienes los manipulen puedan contaminarse: el personal que los traslada requiere de un vestuario de protección y contar con un esquema de vacunación y exámenes. Mientras que las piezas deben ser trasladadas en unidades destinadas solo para este uso, con furgones herméticos y con un sistema de refrigeración.

Estos desechos contienen agentes microbiológicos, virus y bacterias que pueden causar daños a la salud. Aún así, el ISSS los sacó de los hospitales en carros institucionales, no aptos para el traslado.

«Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud», explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

“Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción”, José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS.

Buendía aclara que las enfermedades que pueden adquirirse de estos desechos dependerán de las cargas patógenas de estos y del sistema inmunológico de la persona. Por ejemplo, una persona puede adquirir la bacteria de la salmonella o enfermarse de fiebre tifoidea. Pero hay otras formas de contaminación, indica: un desecho de este tipo extrae líquidos que pueden filtrarse en el suelo y llegar a los mantos acuíferos, puede contaminar el aire o la contaminación puede propagarse a una comunidad por medio de moscas.

«(La contaminación) se puede ir a cualquier medio receptor, llámelo agua, aire, suelo, biodiversidad y a nosotros, como parte de la biodiversidad», advierte Sánchez, quien es consultora ambiental y por cinco años fue fiscal ambiental.

La especialista explica que, en términos ambientales, El Salvador está más vulnerable que otros países centroamericanos, porque los demás tienen hasta cuatro veces más del territorio salvadoreño, pero no la cantidad de población que hay acá. Sumado a que dos cuencas importantes que alimentan al país nacen afuera, la del río Lempa y la del río Goascorán. Por lo tanto, dimensiona que este escenario complicaría una contaminación.

«Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción», aceptó, el 18 de diciembre, el biólogo José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, una sección que, él mismo dijo, funciona como Unidad Ambiental, porque previo a la auditoría de la CCR, el ISSS no tenía esta dependencia.

***

UNA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA

Los traslados de las piezas anatomopatológicos que hizo el ISSS sin permisos ambientales representan una violación sistemática a la legislación salvadoreña que regula cómo deben manejarse los desechos considerados como peligrosos para la salud.

El Reglamento Técnico Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos (RTS), sustituto de la NSO, delega al Ministerio de Salud (MINSAL) la responsabilidad de monitorear su cumplimiento. También el Código de Salud, en su artículo 284, enumera las infracciones graves a la salud que debe aplicar el MINSAL. Una de ellas es que un establecimiento no cumpla con las medidas que prevengan la contaminación del medio ambiente o que puedan dañar la vida o la salud de las personas, y que tiene como sanción el cierre dicho establecimiento.

Evelyn Castro de Somoza, de la Unidad Ambiental del MINSAL, dijo, el 23 de diciembre pasado, que para entonces no habían recibido «reclamos» relacionados con el hallazgo de la CCR, pese a que explicó que previo a que un reporte así llegue al ministerio, la verificación del cumplimiento del marco legal sanitario en clínicas públicas y privadas inicia con Sistema Básico de Salud Local; luego la información pasa a nivel regional y por último llega a nivel central.

Aunque el RTS no hace referencia a los desechos anatomopatológicos -piezas grandes de tejidos humano-, solo a los desechos patológicos –las muestras pequeñas-, Castro de Somoza aseguró que el tratamiento para ambas es similar. La única diferencia es que, entre los desechos patológicos, se incluyen láminas de vidrio con mínimas muestras de exámenes de tejidos, que son manejadas dentro de la clasificación de desechos bioinfecciosos corto punzantes.

José Luis Rodríguez, abogado de la Dirección de Salud Ambiental del MINSAL, aceptó que este ministerio sí tienen injerencia en los traslados de las piezas anatomopatológicas que, de acuerdo con la CCR, el ISSS siguió realizando después de la auditoría de 2015, pero no en lo ocurrido antes, bajo la justificación que todavía no había entrado en vigencia el RTS. Pero antes del reglamento fue aplicable la NSO.

Estas no son las únicas normativas en el tema y el MINSAL tampoco es la única institución que debe velar por las condiciones ambientales y de salubridad proveniente de desechos biológicos. La Ley de Medio Ambiente obliga a las personas o instituciones que generen, transporten y traten, hasta su disposición final, sustancias, residuos o desechos peligrosos, cuenten con un permiso ambiental. Y para esto debe haber una regulación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el MINSAL, el Ministerio de Economía y las municipalidades.

La ley, además, dice que es una falta grave que comiencen actividades que requieran permisos ambientales sin tenerlos. Pero desde 2015, el MARN no puede aplicar las sanciones, porque estas fueron declaradas inconstitucionales por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa todavía no hace las respectivas reformas.

Tratamiento. Los desechos hospitalarios contienen alta contaminación que puede causar virus, infecciones y otras enfermedades. Por eso requieren de un tratamiento especial.

Revista Séptimo Sentido consultó a la Unidad de Comunicaciones del MARN si durante los años que la CCR le auditó al ISSS hubo un monitoreo del traslado de las piezas anatomopatológicas en los carros institucionales del ISSS, pero no hubo respuesta.

El Salvador también cuenta desde 2010 con la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo, cuya aplicación debe monitorear el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y así evitar riesgos fisiológicos y psicológicos al personal de instituciones públicas y privadas.

«La Unidad de Medio Ambiente (del MTPS) me presenta cada dos meses sus informes y hasta el momento no nos ha presentado ningún informe referente a eso. Esperamos de que al cierre del año se pueda estar llevando a cabo eso», dijo el 7 de diciembre pasado el ministro de Trabajo, Rolando Castro, al consultarle si el MTPS había iniciado una investigación al ISSS por la falta de permisos ambientales para trasladar las piezas biológicas al cementerio.

El pasado viernes se le consultó a la Unidad de Comunicaciones del MTPS si ya habían sido presentados los informes y si estos contemplaban lo establecido en la auditoría de la CCR. La unidad dijo no tener noticias y pidió enviar un correo con la pregunta al despacho del ministerio. El correo fue enviado, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

“Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud”, explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

***

EL PLAN SOLO PARA UN HOSPITAL

Una vez un área hospitalaria origine desechos anatomopatológicos, el RTS dice que deben guardarse en envases o embalajes rojos cerrados que deben ser retirados inmediatamente a un sitio de acopio central interno que reúna condiciones de bioseguridad. Ahí no deben permanecer más de un día. De no ser recogidos por el transporte externo, deben ser pre tratados químicamente y retirados dos días después.

Para el servicio de recolección externo de desechos, el reglamento exige que la empresa que contratada esté autorizada por el MARN, que los furgones sean de uso exclusivo para esta actividad. Además, que se identifiquen con el logo de la empresa y con el símbolo universal de los desechos bioinfecciosos.

Esta revista encontró tres versiones públicas de contrataciones libres que el ISSS hizo a empresas que transportan los desechos bioinfecciosos, les dan tratamiento y las llevan a sitios de disposición final. Las contrataciones, licitadas públicamente bajo la referencia 2G18000070, ocurrieron entre el 12 de noviembre de 2018 y el 11 de diciembre de 2018, y tienen vigencia por 15 meses.

Las empresas contratadas fueron Transportes Hernández Rodríguez, S.A. de C.V., para dar servicios en la zona metropolitana de San Salvador y en la zona central del país; Transae, S.A. de C.V., para cubrir el área oriental; y Biocam, S.A. de C.V., para la zona occidental. Todas, según un listado de servicios de transporte autorizados para el tratamiento de desechos peligrosos del MARN, cuentan con permisos ambientales.

Fuera del hospital, los desechos deben pasar por métodos que eliminen la contaminación en lugares conocido como celdas de seguridad, que pueden estar en los rellenos sanitarios, y que por obligación deben ser impermeabilizadas, de acceso restringido, con un plan de riesgo, con control de insectos y vectores, y aptos para evacuar gases.

Solo después de este proceso, las piezas anatomopatológicas pueden tratarse como desechos comunes, aunque el RTS también da la posibilidad que sean enterradas en cementerios públicos o privados previa autorización del MINSAL.

El transporte externo de desechos bioinfecciosos, explica Buendía, cobra por kilogramo. Y la eliminación de las cargas patógenas las hace con químicos esterilizantes o sometiendo los desechos bioinfecciosos a altas temperaturas. En CENSALUD, cuenta, lo que hacen para tratarlos es someterlos a temperaturas de hasta 121 grados Celsius durante 15 minutos, en recipientes metálicos conocidos como autoclaves.

José Israel Chávez dijo que el plan de acción que el ISSS presentó a los auditores de la CCR tras la auditoría debía desarrollarse en los tres años siguientes y contemplaba la ejecución de los permisos ambientales para el traslado de los desechos anatomopatológicos. Pero la falta de permisos fue señalada nuevamente por los auditores en el seguimiento de auditoría de julio del año pasado.

Traslado. Previo al traslado externo, los desechos provenientes de humanos deben almanenzarse por un día en un acopio interno, luego llevados a celdas de seguridad o cementerios.

Chávez sostuvo que, a mediados de 2019, establecieron que el Hospital Materno Infantil 1° de Mayo era el que más requería del servicio de transporte, porque atiende entre 16 y 20 partos por día, pero que la CCR les dijo que era necesario tener ese servicio en todos los hospitales. En estos, de acuerdo con la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, se genera menos del 1 % de desechos anatomopatológicos.

Al ver el costo que implicaba contar con un transporte especializado por cada hospital, sumado a los trámites para la obtención de permisos ambientales, Chávez dijo que el ISSS decidió contratar a empresas ya autorizadas por el MARN, para la recolección y tratamiento de los desechos, y asegura que así trabajan los hospitales del ISSS desde el 1 de julio pasado.

Pero Alma Sánchez considera que las repercusiones legales por los traslados de desechos anatomopatológicos que el ISSS realizó sin permisos ambientales son «una casuística sumamente grande», porque tendría que revisarse el Código de Salud, la Ley de Medio Ambiente, e incluso, pudiera constituir un delito ambiental, si por ejemplo, supone, el furgón donde fueron trasladados los desechos fue lavado y el personal evacuó el agua en ríos, o la echó en un colector de aguas lluvias o un colector sanitario sin contar con los permisos de ANDA.

Ella recalca que es importante que el tema de los desechos se aborde de forma global, conforme a cada uno de los residuos contemplados en el CRETIB, un acrónimo que clasifica los residuos de acuerdo a su peligrosidad y en el cual se basó el Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos, del 2000, que exigía la Ley de Medio Ambiente.

Sin embargo, la especialista dice que, desde 1998, cuando entró en vigencia la ley, El Salvador no tiene criterios para crear estadísticas de cumplimiento ambiental y tampoco ha creado protocolos o procesos que ayuden a consolidar indicadores ambientales.

En el caso del manejo de los desechos bioinfecciosos, dice, si quisieran crearse indicadores ambientales, tendrían que consolidarse datos del MINSAL, del MARN y probablemente del catastro de las alcaldías, porque las municipalidades tienen información más detallada sobre aquellos lugares que generan estos desechos. Pero es el MARN el que tiene que liderar este trabajo.

Distintivo. Todo transporte que traslade desechos bioinfecciosos debe distinguirse con el símbolo universal de estos, el que se aprecia en la parte trasera del furgón de la fotografía.

«Tengo una necesidad primaria de crear memoria gráfica»

Renacho Melgar, dibujante, pintor y muralista

De creerse un rockstar, pasó a no pintar durante un año y medio. Renacho Melgar tenía 24 años, recién volvía de Cuba y tenía planes de viajar a México a una exposición. Antes, ya había recorrido Centroamérica como mochilero y se había ganado la vida vendiendo sus dibujos en el centro de Costa Rica. Pero, entonces, un diagnóstico de cáncer y una operación lo detuvieron. Verse emplazado por la vulnerabilidad de su ser físico lo llevó a caer en cuenta de que, hasta ese momento, «no había hecho nada para construir su memoria, su legado». Así, comenzó un proceso en el que no solo buscaba una cura, sino que una transformación.

Hoy, le invaden las ganas por volver visible, a través del color, lo que la cotidianidad ha hecho invisible. Lo hace en su Estudio Jaguar, que está en una casa rodeada de pinos, en las afueras de La Palma, Chalatenango. También lo ha hecho en carretones de vendedores ambulantes y en paredes de países latinoamericanos y europeos. Su mural más reciente lo pintó en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en conmemoración a los 30 años del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.

A sus 13 años, Renacho quiso ser pandillero. Había crecido rodeado de pandillas, en el Proyecto Santa Teresa, en San Martín, pero recuerda que su mamá, una sindicalista, lo salvó con libros y educación. Aunque a veces extraña San Salvador y sus calles, desde este pueblo montañoso, le es fiel a la rutina que le dejó aquel diagnóstico de cáncer: pintar todos los días. Trabaja entre 12 y 13 horas para construir. Cuando no está pintando, está leyendo, o si no, viendo alguna conferencia de su interés.

Dice que tiene dos tipos de obras, las comerciales, que le ayudan a estar solvente para dedicarse a las otras, las que reflejan su cosmovisión de mundo y sus posturas políticas. Una de estas obras va tomando vida en un óleo que está en la pared izquierda del Estudio Jaguar. Es Zeus acostado en una cama, convirtiéndose en cisne, y un fauno observándolo. Forma parte de Retaguardia, una serie que piensa exponer el otro año y que consiste en un recorrido por la literatura europea clásica que ama, pero en escenarios contemporáneo en los que él se convierte en un personaje. «Es un homenaje a mi ego», señala.

Renacho Melgar
Renacho Melgar

Después de crecer y vivir en la ciudad, hoy vive en un pueblo. ¿Se siente más cómodo creando acá?

Extraño la ciudad, extraño el cine, extraño ir a poder comprar libros, extraño ir a meterme a los usados y encontrarme cosas. Extraño la ciudad, porque al final, soy una rata urbana. Me he criado tanto en la ciudad y me influye tanto. Mis discursos siguen manteniendo la ciudad, retratando tanto la ciudad. Soy como un jaguar urbano que se esconde en las esquinas de una ciudad maldita, pero también vivir aquí hace que no estés con el miedo, con la zozobra. Después de vivir en Ecuador, después de vivir en Sudamérica, aprendí a caminar sin miedo. Toda Latinoamérica es violenta, pero en El Salvador la vida cuesta una cora, y en cualquier lugar del mundo te pueden robar, pero solo en El Salvado hay premeditación, dolo y alevosía, porque se necesita demostrar que sos malo.

Siento que aún no es mi momento para regresar, quizá me estoy recargando baterías, porque hay pequeños lugares que tengo vigiados desde hace como cinco años que quiero pintar, que quiero volverlos visibles y quiero jugar en la ciudad, pero quizá es necesario salir un rato. Es necesario salir, tomarse un tiempo.

Desde que comenzó a dibujar y pintar, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que por primera vez se sintiera satisfecho con una obra?

Mi abuela vivía en Los Ranchos, camino a San Alejo, La Unión. Casi siempre éramos mi abuela, mi abuelo y yo, y mi hermana ayudándole a ella a hacer pan, porque hacía pan para la navidad. Recuerdo una vez que me robé un tizón y me fui a hacer un dibujo en una pared de abobe con cal, habré tenido nueve años. Hice un Miguel Ángel, pero de Las tortugas ninjas, y aprendí que podía dibujar desde la memoria. Ese momento solo lo puedo igualar a cuando viví en Ecuador y me dejaron hacer un mural a lápiz en el Museo de Arte Contemporáneo. Me sentí sabrozón, sobre todo porque lo dibujé a mano alzada. Fueron como 14 días de dibujo, de mucho dibujo. Era una performance, era un happening, pero seguía siendo yo. Eran dos discursos en uno, que se unían, y ahí aprendí que mi oficio es ser dibujante, ser pintor. Puedo hacer un montón de cosas, pero mi columna vertebral es el dibujo.

Siempre he dicho que cuando llevás (tu obra) al público es como un ciclo hidrológico, porque te retroalimenta todo lo que dice el público, el transeúnte, el observador. En ese momento, había regresado a mi gráfica.

Yo sí le agradezco mucho a Edwin Ayala y a Alfredo Catalán, sobre todo al maestro Catalán, que me dieron una herramienta, que me dieron un machete, y puedo ir de aquí a donde sea, a machetear el monte. Y voy a tener trabajo, porque soy feliz con mi lápiz, soy feliz con mi pincel. Dejé de creer en cánones y dejé de responder a gremios, estéticas, solo confío en mis caprichos. Lo que pinto es lo que me da la gana, con lo que yo me siento satisfecho con lo que puedo generar discurso.

Solo compartiendo el diálogo y el conocimiento vamos a construir un petate generacional. Esto somos, aquí vamos, pero de lo contrario, casaca.

***

¿En qué momento llega esa necesidad de generar este discurso, pero ya de una forma colectiva, cuando ocupa las paredes para intervenirlas?

Cuando vivíamos en San Salvador (con Gabriela Meléndez, su esposa) teníamos el taller sobre la 1ª calle poniente y salíamos a pintar. Nadie nos identificaba. Teníamos el estudio detrás del atrio de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. La gente se perdía y en La bola de oro (un bar del centro de San Salvador que se incendió) había una puerta hermosa. Yo le pregunté a la señora si me daba chance de pintarla. Quería hacer algo ahí y terminé pintando la puerta, pero en el proceso de pintar la puerta, pasó alguien y me dijo: «¿Te puedo ayudar?». «Sí, tomá«. Antes hacía eso, casi que solo con Gabi. Como eran figuritas, con Gabi ponía amarillo, amarillo, amarillo, y ella lo rellenaba. Ya era un método de control sobre la pieza, y cuando apareció un montón de gente, me pareció lógico utilizar el mismo método que con mi esposa. Suelo llamarlo el manejo del color pin pon, porque pongo uno aquí y me alejo. Pongo otro, y poco a poco, voy saturando. Incluso hasta hacía chiste de que el cáncer hizo metástasis, pero con mi gráfica, porque ahora ves que saturo todo. Pero de ahí, la gente empezó a participar.

No soy franco parlante, pero en París pinté un mural como de 40 metros cuadrados con 600 niños y niñas. Fue como un ciclón tener a 40 niños de un solo, y al no hablar, era marcar color, pero ahí surgió la necesidad de una metodología para que la gente pintara conmigo. Luego, en Milán, pinté otro con la gente en la calle. Pero digamos que son dos murales previos que me permitieron crear un método.

Llevar el arte al espacio público es una forma de acercarlo a la gente que quizá nunca ha tenido el tiempo de contemplar una pintura, pero ¿cuántas veces se ha metido en problemas por intervenir una pared? Precisamente vi, en su Instagram, que en Ecuador un banco se quejaba porque usted estaba interviniendo una pared sin permiso.

El spray traduce vandalismo. No sé por qué, no me preguntés por qué, pero lo traduce hacia la policía. Cada vez que estoy pintando algo en la calle, cuando veo pasar a un policía, automáticamente agarro una brocha, lo que estoy traduciéndole al policía es que soy pintor. Mi lectura es que porque están acostumbrados a ver a la gente que anda haciendo rótulos, que están trabajando con la brocha y es como «ah, bueno, si es brocha y es lento, quizá tiene permiso». Casi nunca tengo permiso, y te digo, casi nunca. Tengo una pieza sobre la 3ª avenida norte, yo pensé siempre que la casa estaba abandonada. Gabriela y yo nos fuimos a pintar puertas media luna y de pronto veo a una viejita que sale, cuando ya estábamos por terminar. Se pone lentes y me dice: «Mire, la próxima vez, pídame permiso. Le saco una silla».

Siento que el universo, el estatus de artista o de pintor, lo otorga la gente desde otra óptica. Nosotros siempre estamos pintando en energía de felicidad, la gente recibe también ese tipo de energía y un proceso químico, muy loco. Es más, a ese banco llegó la policía, mi estatus era de migrante, pero yo estaba tan tranquilo y tan feliz pintando, que el mismo policía llamó y les dijo: «Que no venga la patrulla. Él es muy educado». Es el tipo de energía con el que te manejás en la ciudad. Para mí, pintar es un estado de ánimo y eso es lo que vos le traducís a la sociedad. La gente te ve tan feliz pintando que te dice si puede pintar.

Renacho Melgar
Renacho Melgar

Borges decía que el «arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara». ¿Cómo era ese espejo antes que a usted le diagnosticaran cáncer y cómo es ahora?

Era un chicle, entre rockstar y un chihuahua rabioso. Te digo un chihuahua, porque un chihuahua es tembloroso y siempre está ladrando. Yo era eso, me molestaban los triunfos de los demás, tenía ese síndrome de creer que yo era tan bueno y que él era malo. Era horroroso. Al final, eran esos conflictos no resueltos, esos complejos no resueltos, porque sobre todo eran complejos de inferioridad más de superioridad.

Aprendí a llevarme bien con mi reflejo, a aceptar a mi reflejo, a aceptar que así soy, que soy odioso por momentos, pero también puedo ser sumamente amoroso; que soy explosivo, pero también entendí que soy bien pasivo y bien apasionado. Siempre he vivido en un constante huracán, pero que lo genero yo con mis malas decisiones, con mis conflictos, con mis contradicciones. Yo creo que para ser parte de un colectivo, tenés que saber quién sos como individuo, porque si no te vas a enajenar y vas a absorber la obra de los demás, y vas a ser los demás. Vos tenés que aprender a ser fiel a vos, a tu obra, a lo que viene de vos, lo que querés decir, sobre todo, lo que te preocupa.

La UES sigue siendo, prácticamente, la única universidad que tiene la carrera de Artes Plásticas con opción Pintura, pero aún así, varios alumnos se quejan por la falta de visión que tiene sobre el arte, ¿qué nos dice esto de un país que cada año expulsa a artistas por la carencia de espacios formativos y que, además, no les reconoce como profesionales?

Es más fácil invisibilizar. «Somos la Escuela de Arte, los únicos que formamos». ¿Y la Don Bosco? ¿Y el proyecto en artes de Jóvenes Talentos de la Tecnológica? ¿Y la Mónica Herrera? ¿Y la Matías? ¿Y CORPROSER, algo que tiene la alcaldía frente a la Sala Nacional? ¿Y el proceso formativo de los policías? ¿Por qué no hablamos de todos esos? Tenemos miedo, porque tenemos miedo que nos quiten nuestros pequeños espacios y, sobre todo, los personajes que se han enquistado en plataformas que te venden, llamémoslo el set, el mood de ser artista.

Hay un montón de plataformas, me niego a ese ostracismo de decir que solo en un espacio se están produciendo el conocimiento artístico de las futuras generaciones, me niego, porque cuando todos los espacios se nos negaron a mi generación, tuvimos que construir una plataforma y lo hicimos, y estamos bien, y ya no somos los grandes como mi colectivo, Colectivo Urbano. No estamos juntos, pero creamos una plataforma y mucha gente empezó a copiar el ritmo de trabajo de esa plataforma, nuestro ritmo de trabajo se volvió algo, para bien o para mal, pero me niego a creer que solo un espacio tiene el santo real, porque hay un montón de realidades. Somos ese chicle, somos esa sopa de frijoles que todavía se está moviendo y nos estamos cocinando, y hay frijolitos que ya están aguaditos, pero hay otros que están bien duros. Pero seguimos ahí, y ser rostro de país es un proceso colectivo.

Detalle del taller

¿Qué pasa cuando en este proceso colectivo existe invisibilización hacia la obra de otros artistas? ¿Qué pasaría si algún existiera un gremio artístico unificado? Porque de momento, veo que las generaciones de artistas y los gremios artísticos están desconectados unos de los otros.

Yo sí siento esa necesidad. La plataforma del arquitecto es, para mí, que antes de ser Renacho, reconozco a Dagoberto Nolasco, reconozco a Alex Chuchilla, reconozco a Guillermo Araujo, y paralelo, reconozco a Sara Boulogne, reconozco al Loquillo de León, reconozco a Efraín Cruz. Me veo reflejado en esa generación, me veo reflejado en las mismas inquietudes, en los mismos procesos, en las mismas dolencias, en los mismos miedos, en los mismos complejos. Tenemos que llegar a que los creadores contemporáneos se den cuenta que hay toda una plataforma del arquitecto, esa es la única forma de darnos cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos.

A mí me preocupa mucho que se muera Antonio Bonilla y que lo único que recordemos de él sea que era un borracho. Ese hombre es uno de los intelectuales más vergones del país, con el que podés hablar desde Bob Espoja, te podés saltar a la escuela alemana (Escuela de Frankfurt) y hablar de Walter Benjamín, y que siempre está leyendo. O hablar con Julio Reyes Yazbek, que me parece otro intelectual. Con él podés hablar de la Bauhaus. Es necesario que se escriba una historia, no tenemos esa historia escrita.

Tenemos que aprender a dialogar con los demás sin la obra, o si querés con la obra, hacer ejercicios de comunicación, como que la gente te pregunte y sea sincera: «Mirá, ¿y vos por qué siempre hacés ese tipo de cosas?». Esa sinceridad. Necesitamos estar claros de lo que podemos dar como creadores. Es necesario crear estos círculos de diálogos, espacios generacionales y que empecemos a hablar más allá. Solo compartiendo el diálogo y el conocimiento vamos a construir un petate generacional. Esto somos, aquí vamos, pero de lo contrario, casaca.

Siempre he dicho que cuando llevás (tu obra) al público es como un ciclo hidrológico, porque te retroalimenta todo lo que dice el público, el transeúnte, el observador”

***

Varias de sus pinturas son una mezcla de cotidianidad, sincretismo y cosmovisión indígena. En el mural que hizo en la UCA, por una parte, están los jesuitas, Monseñor Romero, Elba, Celina; pero por otro lado hay un tigre, un venado, un Quetzalcoatl, un historiante, un jaguar. ¿Cómo surgen estas conexiones en su arte?

Mi primer historiante lo pinté en el 2003, mi primer cuadro al óleo fue un historiante en San Martín y me han acompañado por esa necesidad. Mi madre me inculcó esa necesidad de regresar a la tradición oral, de construir memoria histórica, pero memoria colectiva, desde la abuela que te cuenta un cuento, desde Salarrué que se inventa palabras. Siento que tenemos que recrear a nuestros grandes. Tenemos que abrazar nuestra identidad geopolítica, geocultural, no llenarla con vacíos. Mucho de lo que pasa es que la gente tiende a llenar esos vacíos, absorbiendo otras cosas, pero porque no se ha creado, y esta palabra no existe y me voy a atrever a reconfiguarla, porque es una construcción personal, memoria gráfica. Tengo una necesidad primaria de crear memoria gráfica. De crear siete imágenes del Cipitío, ocho, nueve, 10 posibilidades del Cipitío, y de la Siguanaba. Que no sea solo el Cipitío del Canal 10, sino que también sea el Cipitío que tenga los pies para atrás. Siento la necesidad de crear memoria gráfica para construir identidad. ¿Cuánta gente te dice «no es que aquí no hay»? Sí hay, pero como los procesos del sistema educativo no te lo enseñan, como la universidad no te lo enseña y como tu mamá está tan empecinada en que tengás dinero para zapatos. Es tan rápida la vida, que no la conocés, pero sí tenemos que acercarnos, buscar formas.

En toda su trayectoria, ¿lleva cuenta de las veces que ha pintado a Monseñor Romero y cuáles son las particularidades de cada una de estas pinturas? La última pintura de él que he visto es la que está en el mural de la UCA.

Creo que he dibujado unos 70 Romeros, bocetos rápidos de Romero. Antes hacía, con mis figuritas, una aureola alrededor de Romero, pero luego mutó y las figuritas se empezaron a comer a Romero. El ojo se empezó a transformar y empezaron a salir de Romero. Destruir esa imagen sacra, el Romero que siempre está quieto, me permitió jugar con él y me permitió tomarme unas libertades bien cabronas, como una vez pinté un Romero jaguar. Era muy loco, porque yo estaba proponiendo dos paralelas religiosas, las religión prehispánica y a monseñor. Es más, lo hice para una Semana Santa, era un mural. Casi me cuelgan en Quezaltetepeque. A partir de ese, que se llamaba Sinfonía para Monseñor Romero y Tláloc, empecé a hibridarlo y ese híbrido me gustó. Empecé a jugar con una imagen de Romero desde otro fenómeno religioso, político, más enraizado, más desde esa idea de renacer en mi pueblo. Empecé a jugar con él y empecé a jugar con sus ojos. Esa idea mutó tanto que en algún momento, en Milán, pinté un Monseñor Romero que tenía una mitra, que era una mazorca, y empecé a hacer un monseñor Romero con un corazón que era atravesado por un torogoz. Empecé a reconfigurar a Romero y toda la iconografía alrededor de Romero hacia el maíz, y se volvió una necesidad continua. Para la idea de la mitra, hablé con Camilo Ravey: «Me gusta tu ilustración, ¿me permitís apropiármela?».

He puesto el rostro de Romero en un pandillero, han sido muchos tiempos para llegar al Romero del mural este, porque, con el mural, quería hacer un parteaguas de Monseñor Romero, antes y después, como mi cáncer, y ese era Rutilio Grande. Como todo, era el maíz, pero en medio de donde está el corazón, hice un grano de maíz en forma de corazón y era Rutilio Grande. El mismo proceso que me ha llevado a mí a deconstruir a Romero y a construirlo, se lo quería llevar a la gente y resultó sin que yo se los dijera: «Ah, es Rutilio Grande». Semiótica pura. Creo que en la construcción de imágenes, ese es el grave problema de los que pintamos, se nos olvida que también nuestras imágenes pueden ser poéticas, pueden ser metafóricas. Podés jugar con eso, darle a la gente esa herramienta. Digamos que este del mural es como cerrar un círculo con Romero, no sé si voy a hacer otro o no. Este Romero creo que es el resultado de todos esos que he hecho, y es diferente.

Ver a un Romero en un pandillero no es algo de todos los días ¿Qué impresiones causó?

No era un Romero pandillero, era un pandillero que tenía tatuado a Romero en el corazón. En ese momento estaba trabajando la serie de De hijos suyos podernos llamar, que siempre aparece cada cierto tiempo, regresa esa necesidad estética. Creo que era un homenaje a Monseñor Romero, justo para el 24 de marzo. Y todos eran bien contemplativos, excepto el de Gonzalo Vásquez, que era un Monseñor Romero con audífono, era como un DJ. Era el más cínico de todos.

Siempre me ha molestado la idea de lo sacro, lo sacralizado, que solo llegás a contemplarlo y a rendirle pleitesías. Después de una búsqueda entre la estética sacra y las pandillas, quería que este Romero generara un impacto. De pandillas estamos hablando de la virgen de Guadalupe, Las manos de Durero, que son también bien repetitivas; el «Dios mío, perdóname por mi vida loca», o así podríamos acercarnos a todas estas estéticas de pandillas que se repiten.

Te estoy hablando de que eso fue unos seis años antes que se beatificara a Monseñor Romero. Se me ocurrió: «Bueno, y si la MS tuviera un santo, ¿fuera un santo salvatrucho? Si la virgen de Guadalupe es parte de la estética de los 18, y si un pandillero te ve con una virgen de Guadalupe, automáticamente traduce que sos del otro bando, ¿qué pasaría si tuviéramos uno salvadoreño?». Esa inquietud, que no fue respondida con la pieza, que solo lo hice como tatuaje, se lo tatué en el corazón al pandillero. Esa imagen pequeña tenía como dos pulgadas en todo el cuadro. El cuadro era como de 90 x 70, pero solo era un Romero chiquito. Todo mundo la vio y unas señoras pidieron que me excomulgaran, otra le pegó con una escoba al cuadro. Jamás les dije que era mío. Mi familia también me escribió. Uno de mis primos me dijo que no sabía cómo sentirse con la imagen que había construido, porque, por un lado, sentía que era verdad; pero por el otro, era Romero. Era esa ambivalencia de sentimientos alrededor de Romero. Eso catapultó o repercutió mi obra, de tal forma, que empecé a usar imágenes con ese sentido.

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

Camila Díaz llegó a pedir trabajo a la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans) el martes 29 de enero de este año. Camila quería alejarse del trabajo sexual y Mónica Linares, la directora de esta organización que promueve los derechos de la población LGBTI en El Salvador, recuerda haberle ofrecido que se inscribiera en un programa en el que recibiría clases y, luego, podría comenzar un pequeño negocio. Un camino largo, complicado, que Camila aceptó. Pero que no pudo recorrer. La mataron antes de poder dejar la calle.

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. «Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya», le dijo a las 11:21 de la noche.

Horas después, a las 3 de la madrugada, Camila fue privada de libertad por tres policías del 911, entre la 23 calle Poniente y la 25 avenida Norte de San Salvador, cerca del Policlínico de la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes justificaron su presencia diciendo que una persona había llamado al sistema y había reportado que ella estaba haciendo desorden, por eso, personal del policlínico la tenía ya esposada.

Los agentes Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín la subieron a la cama de la patrulla. Jaime Geovany Mendoza manejó el carro, que inició el recorrido desde ese lugar hasta el kilómetro 5/2 de la prolongación del bulevar Constitución, donde, media hora después, Camila fue arrojada de la patrulla en marcha. En el camino, Avelar y Valentín la iban golpeando. Hay escenas que quedaron grabadas en cámaras de videovigilancia y que la fiscalía maneja como pruebas.

Moribunda, Camila fue trasladada al Hospital Rosales, a las 5 de la mañana, luego de que personas que transitaban en carro sobre el bulevar, donde quedó tirada, reportaron que una mujer pedía ayuda desde una acera. La FGR dice que una patrulla del 911 llegó al lugar y también una ambulancia de Fosalud, que llevó a Camila al hospital. Tenía golpes en cara, en abdomen, en piernas y en la espalda. Los golpes que recibió esa madrugada le provocaron hemorragias y, durante tres días, mientras el país se preparaba para las elecciones presidenciales, ella se debatió entre la vida y la muerte.

El domingo 3 de febrero de 2019, el día de las elecciones, Camila murió sola en el hospital, a las 5 de la mañana. Desde la noche su privación de libertad, su mejor amiga, con quien además ella compartía casa, se preocupó porque no había llegado a dormir y comenzó a buscarla, hasta que en una delegación policial le indicaron que en Hospital Rosales había ingresado una persona con las características de Camila.

Esta amiga, dice Mónica, llegó a Aspidh Arcoiris Trans a pedirle que le acompañara al hospital. Hallaron a Camila, su cuerpo ya estaba en la morgue. La amiga se encargó de contactar a la mamá, la única que podía reclamar el cuerpo.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional define los crímenes de odio como actos, que en su mayoría, son realizados con saña y que pretenden causar daño a la integridad de una persona o acabar con su vida. Son motivados por la intolerancia y la discriminación a grupos vulnerables, como la población LGBTI.

De los 22 asesinatos de mujeres trans que la Federación Salvadoreña LGBTI registra desde 2017 a la fecha, el caso de Camila ha sido el único presentado en los juzgados como un homicidio agravado que fue motivado por odio a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Esta, y el agravante del delito de amenazas por las mismas razones, fueron dos reformas que la Asamblea Legislativa hizo al Código Penal en septiembre de 2015.

Sin embargo, en el expediente del caso consta que fue el juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, quien en la audiencia inicial contra los tres policías capturados hizo este razonamiento, porque la FGR no lo explicó explícitamente en su acusación.

Aunque la reforma legislativa ya cumplió cuatro años, las organizaciones que conforman la Federación han denunciado que la FGR sigue clasificando los asesinatos de acuerdo a los genitales de las víctimas e invisibiliza su orientación sexual, su identidad y expresión de género.

Mónica señala que ante la ausencia de un registro oficial, históricamente han sido las organizaciones las que se han encargado de sistematizar los crímenes, con la deficiencia que ellas parten de monitoreo de noticias, no de un relato de los hechos como el que hacen las autoridades en otros casos. Desde 1996 a la fecha, cuentan más de 500 crímenes.

Por medio de una solicitud, la Unidad de Acceso a la Información de la FGR dijo que, entre septiembre de 2015 y octubre de 2019, se han judicializado 22 casos de homicidios agravados cometidos contra personas de la población LGBTI. Pero no especificó si este agravante es bajo la reforma legislativa.

La reforma abrió paso para que la FGR investigue los crímenes contra la población LGBTI con los agravantes delictivos agregados, pero todavía no existe una política penal ni un protocolo que sirvan como lineamiento a los fiscales para probarle a los jueces que quienes cometieron los crímenes se basaron en la intolerancia u odio hacia las víctimas.

En el caso de los feminicidios, la creación de una legislación contra la violencia de género, ha permitido que la FGR cuente con lineamientos específicos y con un equipo capacitado para comprobar que entre las características particulares de estos crímenes, previo a la muerte, la víctima sufrió antecedentes de violencia.

El informe Violencia contra las Personas LGBTI en América, publicado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el promedio de vida para una mujer trans en la región es entre 30 a 35 años. Camila tenía 32 años cuando fue asesinada. A ellas, dice la comisión, la violencia, los prejuicios y la discriminación social, aún dentro de las familias, no les permiten acceder a la educación, a la salud a un mercado laboral formal. Todos estos factores las vuelven vulnerables a diversas formas de violencia. A esto se suma la falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante esta carencia de oportunidades e invisibilización social, es difícil que una persona trans en el país pueda acceder a un trabajo o a una educación formal. Por esto es que en el caso de las mujeres trans, como Camila, la única forma de ganarse la vida es a través del trabajo sexual o un negocio, como el que ella hubiese creado después de recibir clases.

El Salvador sigue sin contar con una Ley de Identidad de Género que permita que las personas trans sean reconocidas según su identidad de género y no con el nombre asignado al nacer, que aparece en el DUI y que es usado hasta por las instituciones de justicia cuando abren investigaciones o judicializan crímenes. La exdiputada efemelenista Lorena Peña presentó un anteproyecto de ley, en marzo del año pasado, pero la propuesta sigue engavetada.

Josué Godoy, diputado de ARENA y quien forma parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, la que tiene que discutir este anteproyecto, señala que la aprobación de esta ley es importante, pero que su discusión iniciará luego que se discutan reformas a la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. «Creo que es prioritaria desde el hecho que estamos viendo que es una comunidad que está siendo vulnerada de sus derechos, que la están matando. Creo que tenemos que dejar de lado agendas de partidos, o agendas personales, para legislar para todos los salvadoreño», dice Godoy.

El Decreto 56 permitió la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, en 2010, que estaba bajo la Secretaría de Inclusión Social, una secretaría que dependía de la Presidencia. Esta dirección era un vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Ejecutivo, y de esa forma permitía crear acciones a favor de la población LGBTI. Pero en la administración de Nayib Bukele, la secretaría fue eliminada y el gobierno designó sus funciones al Ministerio de Cultura, como parte de la Unidad de Género que ya existía, pero que ahora se llamada Unidad de Género y Diversidad. Una decisión que la Federación Salvadoreña LGBTI ha calificado como un retroceso.

«Con la caída de la dirección hay retroceso. La secretaría, en teoría, queda, pero absorbida por Cultura. Ahora se llama Unidad Género y Diversidad, hasta ahí, pero no dice diversidad sexual. Eso quiere decir que son un montón de temas más, no se está hablando de diversidad sexual. Queda en el limbo, en el aire, con quién vamos a hablar, qué vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer», sostiene Mónica.

 

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. “Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya”, le dijo a las 11:21 de la noche.

***

LA INSTITUCIÓN AUSENTE

Entre octubre y noviembre fueron asesinadas tres mujeres trans. Anahí Rivas fue arrastrada desde un carro por el bulevar Los Héroes, la madrugada de sábado 26 de octubre, mientras ejercía el trabajo sexual; el 9 de noviembre, Jade Díaz, una lideresa comunitaria, fue hallada asesinada en el río Torola, en Morazán, tras tres días de estar desaparecida; mientras que el 17 de noviembre, Victora fue asesinada en el barrio San Martín, en el cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. En todas las escenas, las autoridades encontraron señales de tortura. Hasta el momento no hay personas capturadas.

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre estos asesinatos y llamó a las autoridades salvadoreñas a investigarlos. Les recordó que la transfobia es uno de los agravantes que implementó la legislación en 2015. Además, pidió medidas urgentes para prevenir más crímenes basados en odio y prejuicio contra la población LGBTI.

El viernes 29 de noviembre, Jeylyn Beckers, una mujer trans, llevaba dos días de desaparecida. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó que ella fue vista por última vez a las 3 de la mañana del pasado miércoles sobre el bulevar Los Héroes. Esa noche ella había salido con un grupo de amigos. Hasta el viernes por la tarde, no había sido localizada. La PDDH pidió reportes al Instituto de Medicina Legal (IML) y la PNC, pero estas instituciones no tenían registros de personas con las características de Jeylyn. Amigos de ella tampoco la habían encontrado en tres hospitales de San Salvador.

«Ya se dio una reforma normativa, la del 2015, y no ha pasado nada. Tenés casos de violencia grosera, violencia increíble de odio manifiesto, que no ha sido categorizada como tal en la Fiscalía General de la República», señala Carlos Rodríguez, el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

La PDDH, dice Rodríguez, ha registrado desde 2009 hasta la fecha, 31 asesinatos contra la población LGBTI. Doce más que los ya contemplados en el informe que la institución publicó en 2017, el Primer Informe Situacional sobre Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBTI.

La mayoría de las víctimas han sido mujeres trans. Según este informe, el 52.2 % de ellas son víctimas de amenazas de muerte o de violencia basada en la transfobia y en la extorsión que les es impuesta por las pandillas en el trabajo sexual. También, de todos los sectores de la diversidad sexual, son las más afectadas por su expresión de género y porque están expuestas en las calles.

Rodríguez aclara que los casos que conoce la PDDH fueron abiertos de oficio, a través de noticias que monitorearon en medios de comunicación, avisos recibidos por organizaciones LGBTI, aliados de las organizaciones o amigos de las víctimas. En los casos, explica, sobre todo en los crímenes contra las personas trans, las familias no denuncian por la discriminación que las víctimas sufrieron en sus casas por su identidad y expresión de género.

Sin embargo, Rodríguez dice que esta sistematización de casos es una tarea que le corresponde a la FGR, pero no lo hace. En estos 10 últimos años, el reporte de PDDH refleja que hay casos que ya están archivados en la FGR, no trascendieron a judicializarse.

***

UNA PLEGARIA

Un grupo de activistas da la bienvenida en el lobby del Teatro de Cámara Roque Dalton. Entre el grupo, una mujer se encarga de preguntarle a cada persona que llega si tiene a un ser querido asesinado. Si la respuesta es sí, pide anotar el nombre de la víctima en una hoja que está sobre una mesa.

En la terraza de este teatro, visibles para los transeúntes, resaltan varias banderas arcoíris y banderas rosadas con celeste, la bandera de la comunidad trans. Aquí, adentro del teatro, las únicas luces encendidas son las del escenario. El ambiente es sereno y poco a poco comienza a llegar la gente. Algunos llegan solos, otros en parejas, en familia o con amigos.

Es sábado 22 de junio y está por comenzar la Plegaria Rosa. Desde 2012, este evento se realiza una semana antes de la marcha por la diversidad sexual, para exigirle al Estado que investigue todos los crímenes impunes contra la población LGBTI.

En el escenario, hay una pantalla que reproduce noticias sobre todos los crímenes cometidos contra esta población. También, en el centro, hay un altar y una rosa sostenida por dos pilares pequeños. No es una flor natural, es de papel. Atrás hay seis velas encendidas.

Entre los puntos de la agenda, una madre que asiste a la Iglesia Anglicana es presentada por un ministro que acaba de dar un mensaje sobre el amor al prójimo. Ella y su hijo suben al escenario. La madre testifica cómo fue su proceso para aceptar a su hijo cuando él le dijo que era gay. Habla de la importancia del amor y la tolerancia en la familia, y también de los prejuicios que existen en torno a la población LGBTI. Los asistentes asienten con la cabeza a sus palabras y cuando termina de hablar, el teatro se llena de aplausos.

Cuando la tarde cae, llega la hora de salir del teatro y tomar en el lobby una vela que será encendida en la terraza. Los asistentes suben a la terraza. Hay personas con encendedores que acercan la llama a las velas envueltas en faroles blancos y morados. Hay abrazos, ojos cerrados y manos tomadas de otras manos. Es el momento de recordar a ese familiar, a ese amigo o ese conocido asesinado, cuyo nombre fue escrito en la página, a la entrada del teatro. A medida que las velas su juntan a la orilla del escenario, la luz aumenta.

Los carros circulan alrededor del teatro. En la calle, aquel acto llama la atención de quienes van de paso. También de un grupo de policías que, desde afuera de una patrulla, observan callados y curiosos. «En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré», cantan los congregados. La alabanza termina. Frente a las velas encendidas, que son luz y calor, hay lágrimas. La Plegaria Rosa ha acabado. El nombre de Camila Díaz ya forma parte de la lista de asesinatos.

“La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque él era como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba”, recuerda Mónica Linares sobre el fiscal que atendió la denuncia por el asesinato de Camila Díaz.

***

SIN DÓNDE IR

Luego de la muerte de Camila, Mónica acompañó a su amiga a denunciar su asesinato a la oficina fiscal de Soyapango, donde, dice que el fiscal que les atendió no tomó ni apuntes sobre los datos que le dieron. Mónica le sugirió que, ya que la privación de libertad de Camila había sido en una zona transitada de San Salvador, tendrían que haber cámaras que documentaran lo sucedido, por lo tanto, esta debía ser una de las primeras diligencias de investigación que la institución tenía que hacer antes que los videos se borraran.

«La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque era él como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba», recuerda Mónica.

Días después, ella dice que cambiaron al fiscal asignado al caso y el que retomó la investigación le envió una carta en la que le pedía que citara en las oficinas de Aspidh Arcoiris Trans a personas que hubiesen sido testigos del crimen de Camila, un trabajo propio de las autoridades. Ella se negó.

Mónica dice que el caso de Camila se ha convertido en simbólico porque hay detenidos y estos son agentes de seguridad pública. Para la PDDH también es un caso «ejemplarizante», porque la institución tiene registros de la violencia a la que Camila fue sometida años antes de su muerte y por la cual las autoridades nunca hicieron nada.

El procurador Rodríguez dice que, cuando la FGR abrió un expediente de investigación por el caso de Camila, decía que su muerte había sido culposa, a causa de un atropellamiento. Sin embargo, los procuradores encargados del caso consultaron con los médicos del Hospital Rosales que la atendieron, y aunque ellos no se atrevían a dar la opinión de un forense, aseguraron que los golpes que ella presentaba no eran propios de un atropellamiento. Fue así que la FGR cambió el delito de homicidio culposo a homicidio agravado.

Semanas después del asesinato, la FGR no tenía a ningún presunto responsable. Pero de acuerdo con la PDDH, desde hace años, Camila era víctima de lesiones, amenazas de violencia por parte de policías, pandilleros y personas particulares, las cuales denunció a la FGR y la PNC, pero nunca recibió un acompañamiento.

Ante este peligro, en 2014, ella migró a México, donde le dieron la residencia en 2015. El 8 de agosto de 2017 cruzó, junto a una amiga, la frontera con Estados Unidos. Se entregó a las autoridades migratorias y, para solicitar asilo, les expuso los antecedentes de violencia que había sufrido en El Salvador, pero ellas se negaron a creerle y Camila estuvo detenida por tres meses en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California. Fue deportada en diciembre de ese año y regresó al país en donde, 13 meses después, la asesinaron. Todos estos hechos forman parte de una resolución que la PDDH está por publicar.

En mayo del año pasado, la FGR creó la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad. De acuerdo con Mónica, en la administración de Douglas Meléndez, la Federación Salvadoreña LGBTI nunca tuvo una reunión con él. Tampoco ha tenido reuniones con el actual fiscal general, Raúl Melara, quien solo a través de Twitter se pronunció por la muerte de Anahí y el martes pasado dijo que trabajan en protocolos de investigación para esclarecer los crímenes contra esta población.

El 31 de octubre, cuando la Federación montó una conferencia para pronunciarse por los 20 crímenes contra mujeres trans registrados en los últimos tres años, hasta esa fecha, y la desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual, exigió a Melara que aprobara una política penal y un protocolo para atender estos casos. Ambos documentos fueron trabajados desde mayo entre las organizaciones, la FGR, PNC y el IML, con apoyo de un proyecto de cooperación internacional, aseguró una persona cercana a este proceso, pero quien no quiso identificarse.

Ella dijo que el protocolo de investigación aún está en la etapa de validación, pero que la política penal ya está lista y solo está a la espera de la firma de Melara para que se apruebe, ya que se la entregaron hace semanas. La titular de la nueva dirección fiscal, Marina de Ortega, por su parte, confirmó el 8 de noviembre que el grupo de fiscales aún revisando la política y el protocolo antes de remitirlos a Melara.

Contrario a la postura de las organizaciones LGBTI, De Ortega justificó que la dirección, conformada por cuatro fiscales que brindan asistencia técnica, capacita a otros fiscales sobre cómo investigar los delitos bajo los agravantes de las reformas de 2015.

«Estas investigaciones tienen un componente diferente a la investigación tradicional de homicidios en otra modalidad, porque acá nosotros tenemos que buscar ese prejuicio, ese odio a la orientación, a la expresión o identidad de género, la saña con la cual el delito se ha cometido, antecedentes del agresor, el por qué esta persona tiene ese sentimiento de odio para esta persona», dijo. Pero en la relación de los hechos del caso de Camila, la FGR ni siquiera menciona la violencia, documentada por la PDDH, que ella sufrió años previos a su muerte.

Camila tenía 14 años de no vivir con su familia. Cuando su mamá llegó a retirar su cuerpo al Hospital Rosales, lo llevó hasta un municipio de la zona paracentral del país, donde fue su entierro.

«De vez en cuando sueño que llega a la casa y me habla», le ha dicho la señora a un psicólogo forense. A la FGR le ha dicho que no sabe por qué la mataron de esa forma, si Camila no se metía con nadie, pero no descarta que fue por ser una persona diferente.

Una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo que está conformado por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Además, fue el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fungió como viceministro de Hacienda en el periodo del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

A finales de octubre, Chamorro estuvo en El Salvador y conversó con esta revista sobre las perspectivas de la consolidación de un oposición que pueda vencer al régimen orteguista en las próximas elecciones. Para él, estas futuras elecciones tendrían características de un plebiscito, pues será una consulta ciudadana para saber si los nicaragüenses quieren estar en democracia o seguir con una dictadura que ha dejado muertos, exiliados y cierre de medios de comunicación.

Para esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaría un informe elaborado por una comisión especial encargada de documentar lo ocurrido en este país centroamericano, sin embargo, este informe tuvo un atraso.

Con los recientes despliegues militares, los chilenos dicen que han vuelto al tiempo de la dictadura. En Nicaragua ustedes viven la misma situación desde abril del año pasado. ¿En qué focaliza usted el declive de las democracias en América Latina?

En el desconecte que hay entre gobernantes y gobernados. Creo que las lecciones que nos han dado, primero, los procesos electorales en América Latina, han sido hacia un cambio. Si notamos las tendencias de los resultados en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia, en todas ellas se vio un proceso electoral donde la población rechazó al gobernante y va por un cambio. Eso creo que tiene una implicancia importante y también se nota un interés de desprenderse de los extremos.Menciono, por ejemplo, el caso de este joven que fue electo alcalde de Medellín (Daniel Quinteros) en el pleno centro uribista, viene de una clase trabajadora, pero esforzado. Estudió, llegó a la Kennedy (Harvard Kennedy School of Government, EE.UU.), tiene un máster en negocio, educado, fue viceministro. Muestra de que es posible, en las sociedades latinoamericanas, tener ascenso socioeconómico, social y tener capacidad de llegar a cargos públicos.

A lo que está pasando en los países latinoamericanos, yo le llamaría, más que ser una lucha ideológica entre izquierdas y derecha, una lucha por la reivindicación de los gobernados, de exigirle a la clase política que atienda las necesidades de la población. El caso chileno es un caso emblemático también, aunque ahí no hay proceso electoral, pero hay un proceso de protesta. En ese proceso de protesta se nota la ausencia en el liderazgo de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, se parece mucho al movimiento auto convocado en Nicaragua, donde no hay en la vanguardia un partido político, sino que está un movimiento juvenil. En el caso de Nicaragua, fueron los jóvenes los que se revelaron y lo hicieron de una manera muy similar al caso chileno. Sin embargo, yo creo que el caso chileno no es una protesta en contra o para cambiar el sistema de libre mercado que predomina en Chile, sino es para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero la respuesta de Piñera fue muy atinada, de pedir disculpas, perdón, como clase política gobernante, por la falta de visión de la clase política chilena y ese paquete de políticas sociales, creo que viene a iniciar, ojalá, un proceso de atención en lo que el modelo se ha quedado un poco corto, que es una política social más incluyente y que llene las aspiraciones de la juventud.

En este momento clave para la región, ¿qué papel deben asumir los jóvenes en cambiar la forma de hacer política?

Esta rebelión de abril de 2018 comienza, precisamente, con una rebelión de estudiantes y de juventud que se lanza a las calles por la incapacidad de Ortega de resolver las aspiraciones, las necesidades de la juventud, que luego se traduce en un movimiento social mucho más amplio, que incluye, no solamente los estudiantes, sino que también incluye población en general, campesinos, que venían con una lucha anti proyecto canal interoceánico desde hace varios años, y empieza a formarse este descontento. Se realiza la rebelión de abril, se llama a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal. Nos llaman a esta mesa de negociación, sin existir la Alianza Cívica, y fue precisamente la mesa de la negociación la que nos provoca o la que genera esta Alianza Cívica que ahora ya tiene más de 17 meses de formación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se caracteriza por tener una participación fuerte de cinco movimientos juveniles, estudiantiles, principalmente, pero también está el movimiento campesino, está la intelectualidad, hay representantes de la costa Caribe, hay representantes de los sindicatos y hay representantes del sector privado. Esa es una alianza bien inusual en estas luchas sociales, y es inusual, porque las condiciones de represión y de dictadura que existe en Nicaragua son inusuales. La dictadura en de Ortega es, probablemente la dictadura, no solamente que ha amasado más poder en Nicaragua, que es un país de dictaduras, hemos tenido más de 10 dictaduras en 200 años, es brutal, una dictadura con una represión muy por encima de lo que otras dictaduras han hecho, hay más de 328 muertos por el uso letal de las armas.

Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales.

***

A inicios de octubre, con otros opositores orteguistas, usted estuvo en San Salvador reunido con la comisión de alto nivel de la OEA para contarle todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Para noviembre esta comisión debe presentar un informe de esto. ¿Qué espera la oposición de este informe cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que «Ortega gobierna Nicaragua, pero Maduro reprime Venezuela»?

Ortega reprime en Nicaragua, Ortega es una dictadura. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, en Nicaragua hay una dictadura represiva. Eso a todas luces está demostrado. De hecho, si uno ve en la cantidad de asesinados que existió en Nicaragua, en términos absolutos y relativos, es mayor a la de Venezuela. El reporte de la Comisión de Alto Nivel será el 13 de noviembre, que se cumplen los 75 días de mandado que se le dio a la Comisión. Nosotros esperamos que en esta Comisión de Alto Nivel, que ya es la segunda instancia que la OEA ha puesto a trabajar -la primera fue el grupo de 12 países, el grupo de trabajo, que fue formado en agosto de 2018-. El grupo de la comisión especial se formó a partir de la Asamblea General de Medellín, que fue en julio de este año, y ahí mandata a escribir este reporte.

Nosotros creemos que ya aquí se están agotando los canales y las vías de la OEA. Está, por un lado, la posibilidad de la aplicación del artículo 21 (De la Carta Democrática Interamericana), que es la suspensión de Nicaragua, pero también existen otras alternativas. Veremos qué dice la comisión, qué recomienda la comisión de la OEA. En este momento es muy prematuro adelantarse a lo que pueda decir, pero sí podemos hablar desde el punto de vista nuestro. Como Alianza Cívica hemos impulsado mucho la idea, y espero que la comisión especial lo retome, de la importancia que tiene las reformas electorales. En Nicaragua existe un sistema electoral totalmente corrupto. Existe un desprestigio total a la institución electoral, a diferencia de muchos países americanos. En la mayoría de los países latinoamericanos no se duda si se roban o no se roban los votos, o hay fraudes electorales; en el caso de Nicaragua, no se discute si hay fraude o no, eso está clarísimo. Nadie defiende, ni siquiera los sandinistas mismos, defienden la integridad del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a encuestas que se han hecho durante años. Está comprobada la comisión delitos electorales y de fraudes electorales.

A nosotros nos interesa muchísimo el adelanto de las elecciones e impulsar un plan de reformas electorales que le traigan y lo devuelvan al ciudadano nicaragüense la confianza en el sistema electoral, que actualmente no la tiene.

¿Desde la oposición ya inició este plan de reformas electorales?

Sí, estos planes de reforma, en realidad, tienen varios años de estarse gestando. Comenzaron haciéndolos los partidos políticos, que son los más conocedores de los procesos. La Alianza, una organización joven, ha retomado cada uno de los planteamientos y en este momento estamos en un proceso de homologar todas las propuestas y hay bastante congruencia en lo que se debe hacer como reformas electorales.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha hablado también de la constitución de una coalición para poder ganar las elecciones a Ortega. ¿Cómo se está consolidando esta coalición?

La Alianza Cívica ha sido una organización clave en este proceso, opositora a Ortega. Siempre hemos planteado la necesidad de resolver este problema vía elecciones. Al cerrar las puertas de la mesa de la negociación, en julio de este año, cuando el gobierno no llegó a la convocatoria que nos hiciera la Asamblea General de la OEA, al llamarnos a ambas partes del conflicto y sentarnos, estamos planteando, replanteando, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión estratégica de trabajar en la formación de esta coalición.

Esta coalición tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin distingos de ninguna índole, porque, precisamente, la represión que se dio en Nicaragua fue una represión contra personas que tenían distintas característica ideológicas, no fue un ataque a uno en particular, sino que fue generalizada. Lo que tenemos ahí es una situación de que esta elección debe de tener unas características de orden más plebiscitaria. Se debe parecer más a un plebiscito, decir no más dictadura y un cambio hacia la democracia. No va a tener, creemos nosotros, un tinto de debate ideológico, sino va a ser democracia versus dictadura. En ese sentido creemos nosotros que es muy factible conseguir una unidad, una unión entre todas las distintas organizaciones políticas, porque el objetivo es precisamente estar unificado.

La economía nicaragüense, según las últimas proyecciones del Banco Mundial, decreció -5 % en 2019. El año pasado, cuando se dio la crisis, el decrecimiento fue del -3.8 %. ¿Qué postura está asumiendo el sector empresarial ante el régimen Ortega-Murillo?

Es una postura de la necesidad de resolver el problema a través del diálogo político. La caída económica, que ha sido la peor crisis que ha estancado a Nicaragua en las últimas décadas, no se resuelve con políticas económicas, se resuelve precisamente con un diálogo político adecuado, honesto, que trate de resolver los problemas políticos, que son el origen de la crisis actual. No es a través de medidas económicas, como está pretendiendo el gobierno, que se va a solucionar el problema, hay un problema político. Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales. De hecho, el gobierno firmó un acuerdo, el 28 de marzo, en el cual aceptaba que se estaban violando derechos a la manifestación, a la reunión, derecho a portar la bandera nacional, incluso, y esos derechos, el gobierno firmó que los iba a restituir, y hasta el día de hoy no han sido restituidos.

Todavía hay medios de comunicación cerrados, como el caso de 100 % Noticias y todavía hay periodistas como Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, que está transmitiendo desde el exilio. Entonces no es cierto que las condiciones estén dadas, que estén normales, como ellos lo están planteando.

¿Puede la oposición y la comunidad internacional obligar a Ortega a celebrar elecciones presidenciales y que los resultados signifiquen la recuperación de la democracia en Nicaragua?

Ortega está obligado a hacerlo, por Constitución. Él es un dictador, pero si no llama a elecciones, estaría todavía violentando más. Él ha dicho que, incluso, está de acuerdo con reformas electorales, como lo estamos nosotros, solo que tiene que ser unas reformas electorales producto de un diálogo, y no de medidas unilaterales, porque solo va a ser cambio cosmético que le van a beneficiar a él. Hay temas fundamentales que se tienen que hablar, como la reelección presidencial, que ha sido problema histórico en Nicaragua, que ha fomentado el caudillismo. Yo estoy convencido que una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega, que nunca ha llegado arriba del 38 % en ninguna elección. En las elecciones donde ganó el doctor Alemán (José Arnoldo Alemán) y el ingeniero Bolaños (Enrique José Bolaños), el voto del sandinismo no llegó al 35 %. Y en el caso de cuando ganó, fue porque el voto liberal se partió en dos partes iguales y él obtuvo el 38 %, más un cambio constitucional que hizo, eso le permitió subir a la presidencia, pero nosotros creemos que después de todo lo pasado, Ortega ha perdido muchos seguidores, porque precisamente mucha de la represión ha sido en contra de los sandinistas mismos. Entonces, creo que si aquí se permiten condiciones electorales adecuadas, condiciones para poder hacer una elección justa, transparentes, y por eso es importante la observación electoral, Ortega no tiene chance de ganar.

El 14 de octubre la Unión Europa adoptó una serie de medidas a aplicar contra violaciones de derechos humanos, cometidas por individuos o instituciones, pero entiendo que hasta la fecha, estas medidas no se han ejecutado, pese a que organismos registran, usted lo ha dicho también, la muerte de 328 personas en Nicaragua. ¿Cómo recibió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta noticia?

Nosotros creemos que es importante que a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, que están documentados, que están registrados, y que se sabe con ciencia cierta el involucramiento de fuerzas paramilitares, paraestatales, en el uso letal de la fuerza, estos responsables que, en muchos de los casos, a nivel de jefaturas, están identificados, deben de ser sancionados por la comunidad internacional.

Esto ha comenzado. No solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. Obviamente la Unión Europea, por ser una entidad multinacional, tiene un proceso un poco distinto y antes de pasar al proceso de sanciones específicas, tiene que aprobar un marco general de sanciones y eso es lo que estamos en este momento. En este momento, la Unión Europea no ha llegado a sancionar a individuos específicos y creemos nosotros que esto ejerce presión.

Las sanciones generales contra el pueblo nicaragüense, creemos que ayudan muy poco, no ayudan para nada a la solución del problema político. No estamos a favor de que la Unión Europea modifique el acuerdo comercial en Nicaragua, por ejemplo. Eso sería, más bien, afectar de manera general. Y aquí lo que se quiere es conseguir qué violadores de derechos humanos sean sancionados.

Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela.

***

Encarcelamiento de periodistas, cierre de medios y también castigo a los periódicos críticos al régimen. De seguir así la crisis, ¿cómo se agravarían las amenazas a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua?

La libertad de expresión está en su peor momento en la historia de Nicaragua. Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela. Miguel Mora, Lucía Pineda estuvieron más de 10 meses en cárcel, y tenemos, aproximadamente, 70 periodistas que están actualmente en el exilio. Algunos de ellos acá en El Salvador.

Realmente la situación de derechos humanos, derechos individuales y derechos a la información están en el peor momento en las últimas décadas. Ortega ha cercenado estos derechos de una manera abrupta, a punta de cárcel, confiscación, destierro y asesinato. Porque hay periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, un periodista, incluso, de tendencia sandinista, que fue asesinado en las manifestaciones, mientras cubría un evento en Bluefields.

El régimen todavía no liberta a todos los presos políticos y algunos que ya han sido liberados, al igual que líderes opositores, denuncian el acecho u acoso de las autoridades en sus casos. En los acuerdos logrados entre el gobierno y la alianza, quedaron pendientes acciones a ejecutar por parte del gobierno, entre estas la liberación de todos los presos y la restitución de las libertades públicas. Si esto no se cumple, ¿la oposición se niega a dialogar y esperará unas posibles elecciones?

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Esos dos acuerdos no han sido cumplidos a la totalidad. Todavía quedaron presos políticos de las listas conciliadas, en cárcel, lo cual atestigua sobre la falta de interés y respeto al acuerdo firmado. Ese es el primer acuerdo, el de liberación de todos los presos políticos. Y los presos que han sido excarcelados, o sea, estas personas sufren asedio y sufren continuos ataques y persecuciones con motorizados, paramilitares que llegan a sus casos, tomas de fotos, etc. Inclusive, el día de hoy, la Asociación de Madres de Abril está denunciando el acoso a los familiares de los asesinados. Estamos hablando de profanación de tumbas con pintas, diciéndoles que son terroristas, que no pudieron ni podrán. Tenemos fotos de estas cosas. A este nivel de maldad llega esta dictadura, de agarrar a los familiares de los asesinados, y profanar las tumbas de los asesinados.

Y está también al acuerdo del 28 de marzo, precisamente, ese segundo, de restitución de derechos y garantías constitucionales, donde hay 18 puntos que ellos no los han cumplido. El día sábado pasado, precisamente, tuvimos una manifestación donde no se nos permitió marchar en las calles.

Una hora para salvar la vida de una parturienta

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Claudia Alexandra Lone está sentada en una de las bancas de este pasillo del Hospital Nacional Santa Gertrudis, en San Vicente. En sus manos, y apoyado en sus piernas, sostiene un ampo en el que archiva documentos que pertenecen al Comité de Morbimortalidad del hospital. Entre los documentos hay una serie de boletas del año pasado, cada una rotulada con el título «Seguimiento del manejo del choque hemorrágico Código Rojo» y selladas por el Centro Obstétrico.

Lone, la coordinadora del comité y jefa del Departamento de Anestesiología de este hospital, horas antes ha alzado su voz, cambiaba de posición en el sillón el que estaba sentada y hacía ademanes, para contar, desde una oficina administrativa, cómo abril de 2013 cambió la rutina del personal de este lugar, cuando, en dos semanas, tuvieron que atender 13 hemorragias severas, ocurridas después de partos.

No pudieron controlar siete y remitieron a las mujeres al antiguo Hospital Nacional de la Mujer, en San Salvador. Dos murieron. Una de ellas en la ambulancia, entre los 66 kilómetros que separan a San Vicente de la capital. Y para entonces, todos en San Vicente decían que en el Santa Gertrudis mataban a embarazadas y que no fueran a tener a sus hijos ahí, recuerda.

Emergencia. Para advertir al hospital que hay una mujer con hemorragia postparto severa, existen dos números a los cuales llamar y que directamente conectan con un parlante. 

El Comité de Morbimortalidad nació en 2012 por órdenes del Ministerio de Salud (Minsal) por las hemorragias severas postparto que este hospital atendía cuando aún no existía la estrategia Código Rojo.

Lone muestra 12 de las boletas del registro del comité. Son parte de los 23 casos que el hospital logró resolver el año pasado con el código, una estrategia que necesita, como mínimo, la intervención de un ginecólogo, un anestesista, un médico ayudante y una enfermera para salvar de una rápida muerte a una mujer que, tras el parto, sufre una hemorragia severa.

Cada boleta tiene el nombre de la paciente, su edad, la hora a la que ingresó a la sala donde la atendieron, la hora en la que fue activado el código, quién la atendió, el estado que mostró durante la intervención del equipo y el tiempo que este se llevó en desactivar el código.

Entre los casos está el de una niña de 16 años que sufrió la hemorragia después de un parto por cesárea, la cual fue causada por atonía uterina: su útero, como debe suceder después de un parto, no se contrajo, sino que se distendió y esto generó la complicación. La intervención médica duró 30 minutos.

Pionera. Claudia Alexandra Lone adaptó el Código Rojo en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, en 2013, dos años antes que la estrategia fuera lineamiento a nivel nacional.

Otro caso es el de una mujer de 28 años a quien la hemorragia le comenzó porque hubo un sangramiento de varices en el segmento del útero después del parto. Ella fue atendida en 26 minutos. Ninguna sobrepasó la hora, que es el tiempo en el que hay un 90 % de riesgo que la mujer muera, explica Lone. Por esto, a la primera hora de intervención le llaman la hora de oro.

El equipo de Código Rojo cuenta con esta hora para salvar a la paciente. El cronómetro empieza a correr cuando la enfermera, el ginecólogo o el anestesista que está a cargo de la supervisión de la madre, que recién ha dado a luz, observa que su frecuencia cardíaca es anormal -mayor a los 60 o 100 latidos por minutos-, y nota que está cansada, con temperatura fría y sudoración.

Ante estos signos comienza a diagnosticar las causas por las que puede producirse la hemorragia: un útero distendido, como en el caso de la niña de 16 años; desgarros vaginales, restos placentarios o alteraciones de la coagulación.

Cuando se identifica la causa del sangrado postparto, el que está a cargo de la supervisión de la paciente debe marcar una de las dos extensiones que enlazan directamente con el parlante que se escucha en todo el hospital, para el día es la 2516 y para la noche es la 2219. Y anunciar que hay un Código Rojo en la sala de operaciones, de emergencia obstétrica, de partos o en maternidad.

Desde ese momento, el laboratorio clínico del hospital deja de recibir muestras de exámenes de otras áreas y se enfoca solo en las muestras que recibirá de la paciente a intervenir, hasta que el código termine. Mientras que el equipo de médicos llega a la sala donde está la emergencia para iniciar la intervención.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal.

***

EL CÓDIGO ROJO comenzó a implementarse desde 2006 en Colombia y ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue una respuesta sistematizada, de un equipo capacitado, a las hemorragias maternas postparto, hemorragias en las que una mujer, luego de 24 horas de haber dado a luz, pierde aproximadamente 1000 mililitros, en una velocidad de más de 150 mililitros por minuto, y esto que puede llevarla a la muerte.

La OMS establece que la hemorragia después del parto es la principal causa de muerte materna en los países de bajos ingresos. Una validación a este código, realizada en 2013 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía, posicionó a Asia y África como los lugares con más muertes de este tipo, seguidos de América Latina.

Para la OMS, la mayoría de estas emergencias pueden evitarse por medio del uso preventivo de agentes uterotónicos -que sirven para inducir el parto y evitar las hemorragias- y con un tratamiento apropiado. En San Vicente, el hospital tiene que mantener el Código Rojo con el presupuesto que anualmente le asigna el Estado, no tiene una línea presupuestaria para su ejecución.

Sin embargo, el compromiso de los estados de evitar las muertes maternas también es parte del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecía que, para 2015, debía reducirse en tres cuartas partes la mortalidad materna y que debía haber acceso universal a la salud sexual reproductiva. Algo que el país todavía no ha alcanzado.

Una hora. Luego de la llamada reportando un Código Rojo, el equipo llega a la sala de la emergencia y tiene una hora para salvar a una mujer de una hemorragia postparto.

Entre 2010 y 2015, el quinquenio previo a que el Minsal ordenara que el Código Rojo fuera una estrategia implementada en todos los hospitales públicos y los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la cifra oficial de muertes maternas fue de 411. En 2014, la hemorragia postparto encabezó las causas de estas muertes. Estuvo encima de los trastornos hipertensivos y las infecciones.

«Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja”, reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

***

AL TIEMPO que pasa entre el minuto 1 y 20 de la intervención con la estrategia Código Rojo se le conoce como «reanimación». En toda la estrategia es el ginecólogo el que asume la dirección del equipo. El anestesista se encarga, entre otras funciones, de darle oxígeno a la paciente, a través de una cánula conectada a la nariz, monitorea su frecuencia cardíaca y su tensión arterial.

Las enfermeras, o el resto del equipo disponible que pueden sumarse a la emergencia, colocan catéteres en las venas de las mujeres, donde luego ellas recibirán sangre, medicina o suero. También, uno del grupo, se encarga de llenar la boleta -como las que Lone muestra- para registrar el tiempo en el que fue ejecutado el código y para que quede sirva como respaldo al análisis que el equipo hará después sobre su trabajo.

En este periodo es que el ginecólogo realiza, bajo anestesia, un masaje uterino. A la paciente se le aplican tres tipos de medicamentos: intravenosos, intramusculares e intrarrectal para frenar la hemorragia. Y dependiendo del estado, se decide si habrá una transfusión de sangre.

Si la emergencia sobrepasa los 20 minutos y la madre aún no es estabilizada, el equipo debe analizar qué complicaciones se avecinan: la necesidad de una histerectomía (extracción del útero), una falla renal o el envío a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Mujer, ya que el Hospital Santa Gertrudis no tiene los recursos para una unidad de este tipo. Y sí, la muerte siempre es, también, una posibilidad.

Hasta la primera semana de octubre, de acuerdo con Lone, el último Código Rojo que se había activado en el hospital sucedió en la segunda semana de septiembre. Se trató de una intervención, tras un parto vaginal, que comenzó a las 5:58 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. En este caso, la madre no dejó de sangrar por más de una hora y el equipo consideró la histerectomía. Aunque se evitó el sangrado severo, seguía sangrando por gotas, y por esto fue remitida a la UCI, a San Salvador.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal. Y aquí radicaba la falla, ya que ellos no sabían diagnosticar las complicaciones ni podían determinar la cantidad de sangre que las mujeres perdían.

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Lone señala que la otra muerte ocurrida ese año fue porque la paciente tenía preeclampsia grave y la presión muy alta. Cuando nació su bebé, por cesárea, inició una hemorragia que no pudieron controlar por no hacer una histerectomía. «Como médico general, puedo hacer cesárea, pero no puedo hacer una histerectomía», aclara. Y así arribaron, también, a la necesidad de un trabajo en equipo.

En 2013, ella, como parte de la Sociedad de Anestesiólogos de El Salvador, había recibido un taller sobre el colapso materno, impartido por la Sociedad de Anestesiólogos de Colombia, en el que abordaron cinco patologías básicas en las embarazadas. Uno de los contenidos fue la estrategia iniciada en el país Sudamericano, el Código Rojo. Ella adaptó la estrategia a la realidad que pasaba en el Hospital Nacional Santa Gertrudis y esta comenzó a ser implementada desde junio 2013.

Estaba consciente que necesitaba que hubiese personal que supiera diagnosticar y tratar a tiempo los signos y síntomas de las hemorragias postparto severas, y evitar de esta forma la complicación de las pacientes. Ahora, en el hospital trabajan nueve ginecólogos en el día y dos en el turno de la noche. El equipo ya sabe cómo reaccionar ante estas emergencias que no pudieron enfrentar en 2013.

Revisión. Cada caso atendido con el Código Rojo lleva al equipo a realizar un análisis de su intervención. En la fotografía, el personal practica con una muñeca bautizada como Nohelya.

Desde que la estrategia fue implementada, de acuerdo con cifras del hospital, hasta la fecha, ya no han vuelto a remitir siete casos en un año. 2014 y 2015 fueron los años que le siguieron en remisiones, con 4 casos cada uno. En lo que va de 2019, solo han remitido uno.

Lone muestra en una computadora las fotografías de los talleres que realizó con el personal antes de implementar la estrategia y que todavía sigue realizando dos veces por año, antes de turnos de vacaciones. En estas fotografías, escondidas entre varias carpetas, está Nohelya, la muñeca que les regalaron para las prácticas y con las que el equipo aparece rodeando una camilla, aplicando simulación de oxígeno, sangre, suero y llenando las boletas. También hay una persona que sumerge una sábana blanca en un huacal, para mancharla de colorante rojo, un ejercicio que les ayudó a medir la sangre que puede perder una mujer en una hemorragia, que antes de emergencia el personal no sabía cómo calcular.

La efectividad de la estrategia hizo que le equipo del Hospital Santa Gertrudis ganara en 2017 el Premio a la Mejor Práctica, que era administrado por la Presidencia de la República. El jurado evaluó la organización del equipo y la coordinación para implementar el Código Rojo a partir del modelo colombiano.

Talleres. La efectividad del Código Rojo ha requerido una preparación constante del equipo por medio de talleres. Estos son realizados dos veces por año, antes de turnos de vacaciones.

«Son agujeros que intentan tapar una herida muy profunda sobre la sexualidad de hombres y mujeres», opina Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) sobre la estrategia Código Rojo. Para ella, aunque en El Salvador ha habido reducción de la mortalidad materna, preocupa que no existan mecanismos para evitar la violencia sexual que sufren las mujeres.

Dice que pese a que haya 3 de 10 niñas con embarazos forzosos, dentro del Minsal, estos no son registrados como violencia sexual. Por lo tanto, señala, primero debe reconocerse este contexto en el que las mujeres son vistas como «envases de la sexualidad y la reproducción» frente a los hombres, y estos, además, «invaden» sus cuerpos.

«Es una lucha que siempre se ha traído. Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja», reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

Reina dice que en la zona rural de El Salvador, todavía hay hombres que no dejan que las mujeres asistan a las consultas prenatales cuando están embarazadas y, cuando llegan, lo hacen a un sistema de salud que necesita fortalecerse. Esta combinación representa serias complicaciones. Por lo tanto, dice, tarde o temprano la educación sexual tiene que abordarse para toda la población, porque: «Lo que hoy sucede es que hay niñas teniendo niños».

Con sus años de experiencia, Lone ha identificado que la mayoría de mujeres a las que han atendido por hemorragias postparto severas en el hospital son de la zona rural de San Vicente, quienes, además, tienen a varios hijos en un solo parto. Cuenta que cuando a algunas de ellas les ha preguntado si se va a esterilizar, responden que no, porque su pareja no las deja. Mientras que conoce de otros casos, que si bien no han sido atendidos bajo el Código Rojo, pueden tener complicaciones en el parto, porque las mujeres no asisten a sus controles prenatales. Todavía hay muchos mitos alrededor de la sexualidad, dice.

«En el área rural, aquí tenemos todavía pleno siglo XX: mujeres con 14, 19, 20 hijos. Uno no cree, pero todavía tenemos casos. La gente todavía cree en ‘los hijos que Dios me dé’», señala Lone, y cita los casos de las madres que murieron en la hemorragia postparto en aquel abril de 2013 y dejaron a varios hijos solos. «¿A quién dejamos vivo? ¿Cómo queda ese niño huérfano? ¿Cómo queda el padre con seis o siete hijos?». Para Lone es duro seguirse haciendo estas preguntas.

Maternidad. Esta es la sala de maternidad, donde una mujer ya es considerada fuera de peligro tras un parto. Sin embargo, Claudia Lone no descarta que puedan atender una hemorragia.

Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

***

UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

***

ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

***

LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

***

ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

***

UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.