Un ecosistema marino limitado a su hallazgo

Pasto marino

Mediodía. A esta hora los moluscos conocidos como cascos de burro están bajo el fango y los pescadores ya se han ido a sus casas. En el playón solo quedan tres jóvenes que todavía buscan jaibas. Dos están a un costado de la barca que han usado ese día, donde tienen un barril de plástico, partido a la mitad, que sirve como recipiente para depositarlas. Jorge Mejía atrapa las jaibas y Miguel Yanes ayuda a acomodar las canastas y los changales, los instrumentos a base de hilo de trasmallo que sirven para pescarlas.

Han sido siete horas de pesca y ahora se preparan para ir a la casa, pero aclaran que aquí no hay hora para pescar. Siempre están las condiciones para hacerlo. «Hay unas 10 libras», dice Miguel, señalando las jaibas vivas que, por gusto, luchan por salir del barril. Miguel aprovecha para decir lo ricas que saben en sopa o guisadas con tomate, y con tortillas.

A unos 20 metros de donde están, el agua comienza a empozarse. La marea está subiendo, pero todavía deja a la vista pequeñas hojas verdes, parecidas a la grama de un campo de fútbol, que ellos han visto desde hace años. No saben cómo se llaman, tampoco cuándo las vieron por primera vez. «Ya tiene años de andar eso allá. Tiempazo«, dice Jorge. «Eso» es pasto marino: un complejo ecosistema que la ciencia descubrió en El Salvador hasta hace 11 años. Se ha extendido por diferentes partes de la Bahía de Jiquilisco, en Usulután, como en este lugar, la isla Rancho Viejo.

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Wilfredo López había vuelto de estudiar una maestría en Gestión de Ecosistemas Marinos de la Universidad de Alicante, en España. Allá, José Luis Sánchez, su tutor, lo había incitado a que buscara pastos marinos en El Salvador. «Yo siento que han de haber en tu país. Hay que buscar», le dijo. Aquel joven quedó con la terquedad de encontrarlos, porque había pasado los seis años de su carrera de Biología pensando que acá no existían.

En 2009, Wilfredo tenía 28 años y trabajaba, con un grupo de biólogos, en un proyecto sobre tortugas de carey con la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental. El grupo había escuchado de pobladores y guarda recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre unas plantas que no eran comunes. «Hay una cosa que parece cultivo de arroz», también le había dicho Óscar Carranza, un biólogo que, en más de una ocasión, vio las plantas cuando recorría la zona.

El grupo, liderado por Wilfredo, visitó el Golfo La Perra, en la Bahía de Jiquilisco. Vio que en lugar había tortugas prietas que se alimentaban de unas hojas. Al llegar al golfo, Wilfredo palpó las plantas y las analizó. A simple vista, no le parecieron algas marinas: tenían hojas, tallos y raíces. No encajaban en las características de un alga. Supo, entonces, que no estaba solo frente a una especie que no había visto antes en El Salvador, sino frente a todo un ecosistema.

Así comenzaron los trámites de permisos ambientales en MARN para continuar con los estudios. Fueron días de trabajo fijando muestras y revisándolas en el laboratorio del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador, donde dispusieron de equipo. Wilfredo contactó a su tutor y le envió fotografías de la punta de las hojas. José Luis le confirmó que se trataba de pastos marinos. Pero faltaba descubrir cuál era la especie.

Wilfredo se empecinó en leer guías de identificación taxonómica. «No le hallo. No entiendo qué especie será esa», se dijo por días. Había visto otros tipos de pastos: plantas grandes, no pequeñas, de centímetros, como las del Golfo La Perra. Al inicio supuso que podrían ser dos tipos de plantas, una de ellas Halodule wrightii, que, sabía, crecía en el Océano Atlántico.

Tenía razón, se trataba de Halodule wrightii. José Luis le dijo que se había creído que esa planta solo crecía en el Océano Atlántico, pero también crece en el Pacífico.

El biólogo temía que cuestionaran su hallazgo. Por un tema de malinchismo, dice esta mañana, en un café, al recordar aquel viaje. Enseña, en su computadora, un álbum de fotos de las plantas, de las mediciones que hicieron en los pastos para los estudios y algunos de los animales encontrados en las hojas y en el lodo. Calcula que antes de descubrir el ecosistema, este tenía 10 años de existencia.

Distribución. La pradera marina está distribuida en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco, entre ellas, el Golfo La Perra. La fotografía muestra la zona en la que Wilfredo López y su grupo la descubrieron.

 

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Los pastos marinos o praderas marinas son plantas que crecen donde hay mareas bajas, como en la Bahía de Jiquilisco. Forman todo un ecosistema que le sirve de hogar a diferentes especies de moluscos, crustáceos y equinodermos.

La bióloga salvadoreña Olga Tejada realizó la investigación «Praderas Submarinas de Bocas del Toro, Panamá», publicada en 2014, en la que dice que los pastos marinos representan menos del 0.2 % de los océanos del mundo y que anualmente toman el 10 % de carbono enterrado en sedimentos oceánicos. Almacenan dos veces más carbono que los bosques terrestres.

Alrededor del mundo, Wilfredo dice que la ciencia ha descubierto entre siete y ocho especies de pastos. Los hay de diferentes tamaños y extensiones. Los pastos que él y su equipo descubrieron siguen siendo los únicos de los que se sabe en el país. Según sus investigaciones, hasta la fecha hay 27 especies de invertebrados que ahí habitan, como cangrejos y almejas . Otros animales viven pegados a las hojas, pero de ellos todavía no conoce el nombre.

Algunas especies prefieren el lodo en el que nacen los pastos, otras prefieren las hojas o ambos lugares, como las conchas, dice; porque, cuando están en la etapa de cría, se pegan a las hojas o a los tallos y, cuando están adultas, se despegan y bajan al lodo.

Las hojas de los pastos, además, de acuerdo con datos del MARN, son, en un 62 %, la dieta de las tortugas prietas, aquellas que los científicos siguieron para descubrir el ecosistema.

En 2017, un grupo de científicas, entre ellas unas representantes del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES), publicó un estudio que estableció que el tipo de pasto que hay en el país, Halodule wrightii, se extiende en seis áreas de la Bahía de Jiquilisco: el Golfo La Perra, las islas Rancho Viejo y Corral de Mulas, y en El Golfito, La Chepona y El Bajón. Este estudio se basó en el trabajo previo que había hecho Wilfredo desde 2009.

Wilfredo dice que estudió la especie en los primeros dos lugares, además de El Icaco y El Tular, y supo de la extensión de los pastos en las demás áreas, pero estas no formaron parte de las muestras.

Las científicas tomaron como muestra el Golfo La Perra y Corral de Mulas, donde concluyeron que había una extensión de esta especie de 27.1 km 2, 26 en el golfo y 1.1 km2 en la isla. En estos lugares, establecieron que hay 22 especies de invertebrados.

El lugar donde está ubicada la pradera marina es un Área de Conservación Natural y ha sido reconocido como un sitio Ramsar. Es el Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, una bahía que abarca seis municipios de Usulután y que alberga diversidad de especies animales y vegetales. El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) asegura que ahí se encuentra la mitad de los manglares del país.

La bahía, desde 2007, también es una Reserva de Biósfera que está amparada bajo el Programa sobre Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un nombramiento como este implica que exista conservación de toda la biodiversidad para que sea sostenible, que haya investigación, desarrollo económico y educación. Pero los pastos marinos, por hoy, apenas son conocidos y las instituciones del Estado todavía no le dan el valor científico que merecen.

“Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está”, recuerda Enrique Barraza, exjefe de Humedales del MARN e investigador especializado en la conservación de la

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«Cuando yo estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, recuerdo que me dijeron: ‘Mire, vamos a ver una planta que ha aparecido’. Y dijimos: ‘Sí, aquí está una planta’, pero hasta ahí llegamos, no le dimos la importancia debida. Nunca pensamos que iba a ser una pradera marina, porque la idea de la pradera marina es que son unas plantas frondosas, con las hojas grandes, gruesas y todo eso, cubierto en grandes extensiones, en zonas próximas a los corales. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero esta del Pacífico es diferente, es delgadita, es pequeñita y aquí está», recuerda Enrique Barraza, investigador especializado en la conservación de la biodiversidad acuática y exjefe de la Unidad de Humedales del MARN. Él también tiene todo un álbum de fotografías, que muestra esta mañana para explicar mejor el ecosistema.

Enrique -el primer exfuncionario al que Wilfredo le comunicó sobre el hallazgo de la pradera marina, porque para entonces era el referentes de los sitios Ramsar en El Salvador- dice que, aunque la pradera marina que está en la Bahía de Jiquilisco es la única descubierta a la fecha, recuerda que hace 15 años vio una en la Barra de Santiago, en Ahuachapán, pero desapareció. Cree que esto sucedió porque, en esa zona, la fuerte lluvia erosiona la costa y la arena comienza a cubrir lo que encuentra a su paso.

El especialista explica que las praderas marinas son ecosistemas que tienen una fijación un sedimento suave y que, en parte, ayudan a evitar la erosión en la costa. Además, representan una función importante ante el cambio climático, porque son sumideros de carbono. En el país aún no se sabe cuál es la tasa de incorporación de carbono que ha absorbido la pradera marina.

Las plantas, dice, viven en un fondo horizontal, con una leve pendiente que permita que reciban luz para hacer fotosíntesis. Son de aguas calmadas, claras y saladas. Las que están en el Golfo La Perra son cubiertas, máximo, por un aproximado de 2.5 metros cuando la marea está alta.

Enrique trabaja como investigador en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Ahí conserva muestras de las hojas de Halodule wrightii bajo refrigeración y en frascos con alcohol. Las tomó en agosto del año pasado. Sobre una mesa pone 18 frascos con hojas del pasto y extrae, con una pinza, una de las más grandes. Dice que una planta completa puede llegar a medir 20 centímetros.

Espera enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, en Estados Unidos, para un análisis genético de la especie y así conocer si la pradera que hay en El Salvador tiene similitudes con otras que están en el Pacífico panameño, costarricense y suramericano, o si se trata de una especie única. También para saber si el pasto está relacionado con un especie ancestral en común.

Sin embargo, al investigador le aqueja la burocracia que existe para enviarlas. Ya tiene los permisos ambientales para hacerlo, pero el proceso está detenido porque el Banco Central de Reserva le ha pedido, como si fuera un comerciante, facturas y permisos del Ministerio de Hacienda.

Los científicos todavía no saben cómo se reproduce la pradera marina en El Salvador. Wilfredo dice que las praderas marinas, en general, tienen dos formas de hacerlo. Una es por medio de la extensión de sus raíces, y la otra, por medio de semillas que permiten que otras plantas germinen. Él, de momento, todavía no le ha visto flores a los pastos de la Bahía de Jiquilisco, pero dice que la teoría indica que sus flores salen entre marzo o abril. Enrique se inclina por la primera forma de reproducción.

En su investigación, Olga advirtió que, a escala mundial, los pastos marinos han disminuidos en un 29 % desde hace décadas. Pero a Enrique le da la impresión que, en El Salvador, los pastos se están extendiendo debido a la contaminación, a la química del agua y al cambio climático. Una colega mexicana le dijo lo mismo.

biodiversidad acuática.

“Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla” señala Wilfredo López.

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Leonel Rivas está en el Golfo La Perra, el lugar donde fueron localizados los primeros hallazgos de la pradera marina. Al fondo se observa toda la sierra Tecapa-Chinameca, que se extiende desde Berlín, Usulután, hasta San Miguel.

La lancha en la que Leonel ha viajado nueve kilómetros, desde Puerto Parada, está aparcada a unos 50 metros. De donde está, todavía falta un kilómetro para llegar a tierra firme. Aquí, con la marea baja, hay fango y pasto de donde salen cangrejos pequeños, conchas y caracoles. Al estar descalzo y permanecer fijo en un solo lugar, se siente el cosquilleo de pequeños animales.

«Puede ser que en este espacio no hubo pasto hace un tiempo. Se concentró en otra parte, pero llegó algo que no le gustaba y se vino para acá», dice Leonel, quien desde 2009 es uno de los guarda recursos del MARN. Su trabajo consiste en hacer patrullajes por toda la Bahía de Jiquilisco. Sabe que en unas horas el agua llegará a 2.5 metros, pero ahora, con el agua que llega hasta unos cinco centímetros, puede observarse, sin ninguna dificultad, la pradera marina. Por donde está la lancha, aclara, hay más pasto inundado del que todavía no se ha investigado el tamaño.

A un lado de Leonel, Daysi Herrera se agacha para tocar el fango y remover el agua, que rápido se vuelve oscura. Escarba, saca lodo, pero quiere palpar arena. La encuentra después de haber escarbado unos tres centímetros. A ella le asusta el alga que se ve entre las hojas de la pradera, que el color de sus plantas no sea verde claro, sino un verde apagado, y que al remover exista mucho sedimento y poca arena.

El nombre del alga que está sobre las plantas se llama caulerpa. Enrique tiene fotos de ella sobre los pastos. Dice que una colega norteamericana se asustó al verlas, porque es un alga que usualmente se asocia a la contaminación por la abundancia de fertilizantes, pero que está en la parte pacha del golfo, al adentrare al agua, desaparece.

Estudio. Enrique Barraza tiene muestras de los pastos marinos para enviarlas a un laboratorio de San Diego, California, Estados Unidos.

«Ella decía que van a desaparecer (los pastos)». Y yo no sé. Puede ser un ciclo, habría que ir a echar un vistazo. Esas fotos son de agosto, época lluviosa. Eso no debería estar ahí, porque eso es una carga extra, le quita espacio para la fotosíntesis a la plantita, pero puede ser una competencia de poca profundidad, algo natural. Pero también puede estar alimentado por la contaminación, por fertilizantes que recibe la Bahía de Jiquilisco«, dice.

Daysi, bióloga de FIAES y quien ha trabajado en diferentes proyectos en la zona, explica que los pastos marinos son un complemento del manglar y de los arrecifes para que exista una pesca sostenible. Sin embargo, acepta que actualmente no hay consciencia de las poblaciones aledañas al ecosistema sobre el cuido de los pastos, como sí lo hay con los manglares.

Insiste en que su protección también depende de buenas prácticas agrícolas, porque de esta forma se evitaría que la bahía –un lugar de agua quieta y que no alcanza grandes profundidades- sea contaminada por todo el sedimento que baja de las cuencas mediana y alta de la sierra Tecapa-Chinameca, donde hay municipios que cultivan granos básicos y caña de azúcar. En esta bahía también desemboca el río Gran de San Miguel, que recorre más de 10 municipios.

Por esa razón, Daysi remueve el agua y escarba, porque le preocupa que, en algún momento, la cantidad de sedimento supere a la arena de la bahía, y esto se convierta en un peligro para la pradera y las especies que en ella habitan.

Asentamientos. Las personas aledañas a las zonas donde hay pastos marinos aún no toman consciencia de la importancia de este ecosistema.

«Si se acaba la pradera, se acaba el hábitat de las especies. Así de simple. Ahí puede estar la cura del cáncer, la cura de un montón de enfermedades. Hay mucho qué hacer, el problema es que la investigación es lenta y no la pagan, y no podemos dedicarnos solo a eso. Y hay que estar haciendo un montón de proyectos para poder trabajarla. Nosotros hacemos investigación en nuestro tiempo libre o cuando nos está pagando una institución para hacerla», señala Wilfredo, quien trabaja investigaciones independientes, y además, es parte de la Asociación Territorios Vivos El Salvador.

El biólogo dice que la pradera marina podría estar vulnerable si existe una tala de manglares en la zona y los pastos quedan soterrados, porque habría sedimentación y también contaminación. Pero Enrique suma más peligros: la contaminación por fertilizantes, un derrame de hidrocarburos y la presencia de animales que no pertenezcan al ecosistema, como un cerdo, que está escarbando, que él fotografió cerca del Golfo La Perra, donde al igual que en la isla Rancho Viejo, hay asentamientos humanos. Cuenta que también ha visto a vacas en el pasto.

«(Las personas) no la conocen, no le han puesto coco. No saben que es algo diferente. Las autoridades, en conjunto, deberían estar ahí notificando que esto es único en el país», enfatiza Barraza.

Doris Nieto, de la Asociación de Municipios ASIBAHIA, que trabaja en el plan de ordenamiento territorial en municipios de la Bahía de Jiquilisco, dice que aún desconocen la cantidad de habitantes que hay en los lugares con asentamientos y donde hay registros de pastos marinos. La ha solicitado al Ministerio de Salud, que, por su trabajo comunitario, tiene un registro poblacional, pero el ministerio ha negado entregarla.

El MARN no cuenta con estudios propios sobre la pradera marina. La primera vez que expuso de su existencia a escala mundial fue en el Cuarto Informe al Convenio sobre Diversidad Biológica en El Salvador, en 2010, y partió de la documentación que recopiló Barraza. Lo reconoce el técnico en Biotecnología y Restauración de Ecosistemas de este ministerio, Carlos Rivera.

Características. Las hojas de los pastos marinos puedenmedir hasta 20 centímetros. Prefieren aguas calmadas y saladas, como las de la Bahía de Jiquilisco.

Carlos, para precisar la extensión de los pastos y el número de especies que viven en ellos, recurre a mediciones contempladas informe publicado en 2017 por las científicas independientes y el MUHNES. Agrega que, en Rancho Viejo, hay 4.12 km2 de pastos; en El Bajón, 0.26 km2; y en La Chepona, 4.12 km2.

«Esa es la cobertura estimada, que hay a la fecha, considerando que, por supuesto, son ecosistemas fluctuantes y cuyas fronteras varían dependiendo de la época del año y otros factores», dice. Por esto precisa que los datos tienen que corroborarse.

Según el técnico del MARN, como la pradera está dentro del Complejo Ramsar Bahía de Jiquilisco, existe un plan de manejo del humedal, creado el año pasado, que falta «interiorizarlo», pero que incluye regulaciones relacionadas con las zonas núcleos de todo el ecosistema. Para esto, indica, hay un comité. «Usted no va a encontrar una referencia directa a esto (la pradera marina)», justifica, y dice que esto es por la variedad de ecosistemas de la bahía, pero que todo está «armonizado» para su conservación.

Señala, además, que hay un Plan de Desarrollo Local Sostenible, proyectado hacia 2031, del cual ya existe un comité de Reserva de Biósfera destinado, entre otras actividades, a educar para evitar la contaminación de las cuencas media y alta, la contaminación de desechos sólidos y a tratar de mejorar los mecanismos de vertidos de residuos líquidos, como el caso de los estanques camaroneros. A esto, añade los patrullajes realizados en conjunto con instituciones, gobiernos locales y la Policía Nacional Civil.

Falta por descubrir particularidades de la pradera marina. Su reproducción y los demás animales que la ocupan de casa. Y, como dice su Wilfredo, «quizá ahí esté la cura del cáncer u otra enfermedad». Hoy es solo un hallazgo esperanzador.

Posible peligro. Por el momento, los pastos marinos están cubiertos por una alga asociada a la contaminación de las aguas. Faltan estudios que indiquen si esta podría causarles daños con el tiempo.

La ilegítima ruta de los desechos humanos que el ISSS avaló

Fotografía de archivo LPG.

Alma Sánchez le pidió la placenta de su último parto al doctor que la asistió en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Ilamatepec, en Soyapango. Era 2009, y ella, tal como le había aconsejado una abuela indígena, quería sembrar la placenta junto a un árbol, en una maceta, para que el árbol creciera con su hija. Pero el ISSS no quiso entregársela.

En mayo de 2008 había sido aprobada la Norma Técnica Salvadoreña para el Manejo de Desechos Bioinfecciosos (NSO), que establecía que todos los lugares que generaran desechos provenientes de humanos estaban obligados a cumplir una lista de requisitos para tratarlos hasta que no fueran peligrosos para la salud. La norma fue sustituida siete años después por un reglamento.

Sin embargo, el informe de la Corte de Cuentas de la República, con fecha de julio de 2019, revela que, entre enero de 2014 y diciembre de 2018, fechas en las que la institución contralora auditó al ISSS y le dio seguimiento para que cumpliera irregularidades, este todavía no contaba con permisos ambientales para trasladar, en carros institucionales, los restos biológicos generados en sus hospitales.

Los desechos anatomopatológicos, entre los cuales se encuentran las placentas, las amputaciones y las piezas derivadas de tejidos humanos, son generados, principalmente, en los hospitales. Son parte de los desechos conocidos como bioinfecciosos y merecen un tratamiento especial para evitar que quienes los manipulen puedan contaminarse: el personal que los traslada requiere de un vestuario de protección y contar con un esquema de vacunación y exámenes. Mientras que las piezas deben ser trasladadas en unidades destinadas solo para este uso, con furgones herméticos y con un sistema de refrigeración.

Estos desechos contienen agentes microbiológicos, virus y bacterias que pueden causar daños a la salud. Aún así, el ISSS los sacó de los hospitales en carros institucionales, no aptos para el traslado.

«Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud», explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

“Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción”, José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS.

Buendía aclara que las enfermedades que pueden adquirirse de estos desechos dependerán de las cargas patógenas de estos y del sistema inmunológico de la persona. Por ejemplo, una persona puede adquirir la bacteria de la salmonella o enfermarse de fiebre tifoidea. Pero hay otras formas de contaminación, indica: un desecho de este tipo extrae líquidos que pueden filtrarse en el suelo y llegar a los mantos acuíferos, puede contaminar el aire o la contaminación puede propagarse a una comunidad por medio de moscas.

«(La contaminación) se puede ir a cualquier medio receptor, llámelo agua, aire, suelo, biodiversidad y a nosotros, como parte de la biodiversidad», advierte Sánchez, quien es consultora ambiental y por cinco años fue fiscal ambiental.

La especialista explica que, en términos ambientales, El Salvador está más vulnerable que otros países centroamericanos, porque los demás tienen hasta cuatro veces más del territorio salvadoreño, pero no la cantidad de población que hay acá. Sumado a que dos cuencas importantes que alimentan al país nacen afuera, la del río Lempa y la del río Goascorán. Por lo tanto, dimensiona que este escenario complicaría una contaminación.

«Obviamente no contábamos con ese permiso, porque la obtención del permiso para el transporte, tratamiento y disposición final de las piezas anatomopatológicas requiere de la compra de vehículos especializados sólo para esa actividad. El Seguro Social no contaba con esos vehículos en ese momento y en respuesta al señalamiento de la Corte, se le planteó la elaboración de un plan de acción», aceptó, el 18 de diciembre, el biólogo José Israel Chávez, jefe de la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, una sección que, él mismo dijo, funciona como Unidad Ambiental, porque previo a la auditoría de la CCR, el ISSS no tenía esta dependencia.

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UNA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA

Los traslados de las piezas anatomopatológicos que hizo el ISSS sin permisos ambientales representan una violación sistemática a la legislación salvadoreña que regula cómo deben manejarse los desechos considerados como peligrosos para la salud.

El Reglamento Técnico Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos (RTS), sustituto de la NSO, delega al Ministerio de Salud (MINSAL) la responsabilidad de monitorear su cumplimiento. También el Código de Salud, en su artículo 284, enumera las infracciones graves a la salud que debe aplicar el MINSAL. Una de ellas es que un establecimiento no cumpla con las medidas que prevengan la contaminación del medio ambiente o que puedan dañar la vida o la salud de las personas, y que tiene como sanción el cierre dicho establecimiento.

Evelyn Castro de Somoza, de la Unidad Ambiental del MINSAL, dijo, el 23 de diciembre pasado, que para entonces no habían recibido «reclamos» relacionados con el hallazgo de la CCR, pese a que explicó que previo a que un reporte así llegue al ministerio, la verificación del cumplimiento del marco legal sanitario en clínicas públicas y privadas inicia con Sistema Básico de Salud Local; luego la información pasa a nivel regional y por último llega a nivel central.

Aunque el RTS no hace referencia a los desechos anatomopatológicos -piezas grandes de tejidos humano-, solo a los desechos patológicos –las muestras pequeñas-, Castro de Somoza aseguró que el tratamiento para ambas es similar. La única diferencia es que, entre los desechos patológicos, se incluyen láminas de vidrio con mínimas muestras de exámenes de tejidos, que son manejadas dentro de la clasificación de desechos bioinfecciosos corto punzantes.

José Luis Rodríguez, abogado de la Dirección de Salud Ambiental del MINSAL, aceptó que este ministerio sí tienen injerencia en los traslados de las piezas anatomopatológicas que, de acuerdo con la CCR, el ISSS siguió realizando después de la auditoría de 2015, pero no en lo ocurrido antes, bajo la justificación que todavía no había entrado en vigencia el RTS. Pero antes del reglamento fue aplicable la NSO.

Estas no son las únicas normativas en el tema y el MINSAL tampoco es la única institución que debe velar por las condiciones ambientales y de salubridad proveniente de desechos biológicos. La Ley de Medio Ambiente obliga a las personas o instituciones que generen, transporten y traten, hasta su disposición final, sustancias, residuos o desechos peligrosos, cuenten con un permiso ambiental. Y para esto debe haber una regulación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el MINSAL, el Ministerio de Economía y las municipalidades.

La ley, además, dice que es una falta grave que comiencen actividades que requieran permisos ambientales sin tenerlos. Pero desde 2015, el MARN no puede aplicar las sanciones, porque estas fueron declaradas inconstitucionales por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa todavía no hace las respectivas reformas.

Tratamiento. Los desechos hospitalarios contienen alta contaminación que puede causar virus, infecciones y otras enfermedades. Por eso requieren de un tratamiento especial.

Revista Séptimo Sentido consultó a la Unidad de Comunicaciones del MARN si durante los años que la CCR le auditó al ISSS hubo un monitoreo del traslado de las piezas anatomopatológicas en los carros institucionales del ISSS, pero no hubo respuesta.

El Salvador también cuenta desde 2010 con la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo, cuya aplicación debe monitorear el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y así evitar riesgos fisiológicos y psicológicos al personal de instituciones públicas y privadas.

«La Unidad de Medio Ambiente (del MTPS) me presenta cada dos meses sus informes y hasta el momento no nos ha presentado ningún informe referente a eso. Esperamos de que al cierre del año se pueda estar llevando a cabo eso», dijo el 7 de diciembre pasado el ministro de Trabajo, Rolando Castro, al consultarle si el MTPS había iniciado una investigación al ISSS por la falta de permisos ambientales para trasladar las piezas biológicas al cementerio.

El pasado viernes se le consultó a la Unidad de Comunicaciones del MTPS si ya habían sido presentados los informes y si estos contemplaban lo establecido en la auditoría de la CCR. La unidad dijo no tener noticias y pidió enviar un correo con la pregunta al despacho del ministerio. El correo fue enviado, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

“Cuando la persona que hace el manejo de estos desechos tiene contacto con un desecho bioinfeccioso que no ha sido bien tratado, obviamente hay proliferación de carga bacteriana, patógena, que puede producirle una enfermedad y eso puede hacer una contaminación en todo el centro de salud”, explica Carlos Alberto Buendía, químico y farmacéutico del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD).

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EL PLAN SOLO PARA UN HOSPITAL

Una vez un área hospitalaria origine desechos anatomopatológicos, el RTS dice que deben guardarse en envases o embalajes rojos cerrados que deben ser retirados inmediatamente a un sitio de acopio central interno que reúna condiciones de bioseguridad. Ahí no deben permanecer más de un día. De no ser recogidos por el transporte externo, deben ser pre tratados químicamente y retirados dos días después.

Para el servicio de recolección externo de desechos, el reglamento exige que la empresa que contratada esté autorizada por el MARN, que los furgones sean de uso exclusivo para esta actividad. Además, que se identifiquen con el logo de la empresa y con el símbolo universal de los desechos bioinfecciosos.

Esta revista encontró tres versiones públicas de contrataciones libres que el ISSS hizo a empresas que transportan los desechos bioinfecciosos, les dan tratamiento y las llevan a sitios de disposición final. Las contrataciones, licitadas públicamente bajo la referencia 2G18000070, ocurrieron entre el 12 de noviembre de 2018 y el 11 de diciembre de 2018, y tienen vigencia por 15 meses.

Las empresas contratadas fueron Transportes Hernández Rodríguez, S.A. de C.V., para dar servicios en la zona metropolitana de San Salvador y en la zona central del país; Transae, S.A. de C.V., para cubrir el área oriental; y Biocam, S.A. de C.V., para la zona occidental. Todas, según un listado de servicios de transporte autorizados para el tratamiento de desechos peligrosos del MARN, cuentan con permisos ambientales.

Fuera del hospital, los desechos deben pasar por métodos que eliminen la contaminación en lugares conocido como celdas de seguridad, que pueden estar en los rellenos sanitarios, y que por obligación deben ser impermeabilizadas, de acceso restringido, con un plan de riesgo, con control de insectos y vectores, y aptos para evacuar gases.

Solo después de este proceso, las piezas anatomopatológicas pueden tratarse como desechos comunes, aunque el RTS también da la posibilidad que sean enterradas en cementerios públicos o privados previa autorización del MINSAL.

El transporte externo de desechos bioinfecciosos, explica Buendía, cobra por kilogramo. Y la eliminación de las cargas patógenas las hace con químicos esterilizantes o sometiendo los desechos bioinfecciosos a altas temperaturas. En CENSALUD, cuenta, lo que hacen para tratarlos es someterlos a temperaturas de hasta 121 grados Celsius durante 15 minutos, en recipientes metálicos conocidos como autoclaves.

José Israel Chávez dijo que el plan de acción que el ISSS presentó a los auditores de la CCR tras la auditoría debía desarrollarse en los tres años siguientes y contemplaba la ejecución de los permisos ambientales para el traslado de los desechos anatomopatológicos. Pero la falta de permisos fue señalada nuevamente por los auditores en el seguimiento de auditoría de julio del año pasado.

Traslado. Previo al traslado externo, los desechos provenientes de humanos deben almanenzarse por un día en un acopio interno, luego llevados a celdas de seguridad o cementerios.

Chávez sostuvo que, a mediados de 2019, establecieron que el Hospital Materno Infantil 1° de Mayo era el que más requería del servicio de transporte, porque atiende entre 16 y 20 partos por día, pero que la CCR les dijo que era necesario tener ese servicio en todos los hospitales. En estos, de acuerdo con la Sección de Políticas y Gestión Ambiental del ISSS, se genera menos del 1 % de desechos anatomopatológicos.

Al ver el costo que implicaba contar con un transporte especializado por cada hospital, sumado a los trámites para la obtención de permisos ambientales, Chávez dijo que el ISSS decidió contratar a empresas ya autorizadas por el MARN, para la recolección y tratamiento de los desechos, y asegura que así trabajan los hospitales del ISSS desde el 1 de julio pasado.

Pero Alma Sánchez considera que las repercusiones legales por los traslados de desechos anatomopatológicos que el ISSS realizó sin permisos ambientales son «una casuística sumamente grande», porque tendría que revisarse el Código de Salud, la Ley de Medio Ambiente, e incluso, pudiera constituir un delito ambiental, si por ejemplo, supone, el furgón donde fueron trasladados los desechos fue lavado y el personal evacuó el agua en ríos, o la echó en un colector de aguas lluvias o un colector sanitario sin contar con los permisos de ANDA.

Ella recalca que es importante que el tema de los desechos se aborde de forma global, conforme a cada uno de los residuos contemplados en el CRETIB, un acrónimo que clasifica los residuos de acuerdo a su peligrosidad y en el cual se basó el Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos, del 2000, que exigía la Ley de Medio Ambiente.

Sin embargo, la especialista dice que, desde 1998, cuando entró en vigencia la ley, El Salvador no tiene criterios para crear estadísticas de cumplimiento ambiental y tampoco ha creado protocolos o procesos que ayuden a consolidar indicadores ambientales.

En el caso del manejo de los desechos bioinfecciosos, dice, si quisieran crearse indicadores ambientales, tendrían que consolidarse datos del MINSAL, del MARN y probablemente del catastro de las alcaldías, porque las municipalidades tienen información más detallada sobre aquellos lugares que generan estos desechos. Pero es el MARN el que tiene que liderar este trabajo.

Distintivo. Todo transporte que traslade desechos bioinfecciosos debe distinguirse con el símbolo universal de estos, el que se aprecia en la parte trasera del furgón de la fotografía.

«Tengo una necesidad primaria de crear memoria gráfica»

Renacho Melgar, dibujante, pintor y muralista

De creerse un rockstar, pasó a no pintar durante un año y medio. Renacho Melgar tenía 24 años, recién volvía de Cuba y tenía planes de viajar a México a una exposición. Antes, ya había recorrido Centroamérica como mochilero y se había ganado la vida vendiendo sus dibujos en el centro de Costa Rica. Pero, entonces, un diagnóstico de cáncer y una operación lo detuvieron. Verse emplazado por la vulnerabilidad de su ser físico lo llevó a caer en cuenta de que, hasta ese momento, «no había hecho nada para construir su memoria, su legado». Así, comenzó un proceso en el que no solo buscaba una cura, sino que una transformación.

Hoy, le invaden las ganas por volver visible, a través del color, lo que la cotidianidad ha hecho invisible. Lo hace en su Estudio Jaguar, que está en una casa rodeada de pinos, en las afueras de La Palma, Chalatenango. También lo ha hecho en carretones de vendedores ambulantes y en paredes de países latinoamericanos y europeos. Su mural más reciente lo pintó en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en conmemoración a los 30 años del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.

A sus 13 años, Renacho quiso ser pandillero. Había crecido rodeado de pandillas, en el Proyecto Santa Teresa, en San Martín, pero recuerda que su mamá, una sindicalista, lo salvó con libros y educación. Aunque a veces extraña San Salvador y sus calles, desde este pueblo montañoso, le es fiel a la rutina que le dejó aquel diagnóstico de cáncer: pintar todos los días. Trabaja entre 12 y 13 horas para construir. Cuando no está pintando, está leyendo, o si no, viendo alguna conferencia de su interés.

Dice que tiene dos tipos de obras, las comerciales, que le ayudan a estar solvente para dedicarse a las otras, las que reflejan su cosmovisión de mundo y sus posturas políticas. Una de estas obras va tomando vida en un óleo que está en la pared izquierda del Estudio Jaguar. Es Zeus acostado en una cama, convirtiéndose en cisne, y un fauno observándolo. Forma parte de Retaguardia, una serie que piensa exponer el otro año y que consiste en un recorrido por la literatura europea clásica que ama, pero en escenarios contemporáneo en los que él se convierte en un personaje. «Es un homenaje a mi ego», señala.

Renacho Melgar
Renacho Melgar

Después de crecer y vivir en la ciudad, hoy vive en un pueblo. ¿Se siente más cómodo creando acá?

Extraño la ciudad, extraño el cine, extraño ir a poder comprar libros, extraño ir a meterme a los usados y encontrarme cosas. Extraño la ciudad, porque al final, soy una rata urbana. Me he criado tanto en la ciudad y me influye tanto. Mis discursos siguen manteniendo la ciudad, retratando tanto la ciudad. Soy como un jaguar urbano que se esconde en las esquinas de una ciudad maldita, pero también vivir aquí hace que no estés con el miedo, con la zozobra. Después de vivir en Ecuador, después de vivir en Sudamérica, aprendí a caminar sin miedo. Toda Latinoamérica es violenta, pero en El Salvador la vida cuesta una cora, y en cualquier lugar del mundo te pueden robar, pero solo en El Salvado hay premeditación, dolo y alevosía, porque se necesita demostrar que sos malo.

Siento que aún no es mi momento para regresar, quizá me estoy recargando baterías, porque hay pequeños lugares que tengo vigiados desde hace como cinco años que quiero pintar, que quiero volverlos visibles y quiero jugar en la ciudad, pero quizá es necesario salir un rato. Es necesario salir, tomarse un tiempo.

Desde que comenzó a dibujar y pintar, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que por primera vez se sintiera satisfecho con una obra?

Mi abuela vivía en Los Ranchos, camino a San Alejo, La Unión. Casi siempre éramos mi abuela, mi abuelo y yo, y mi hermana ayudándole a ella a hacer pan, porque hacía pan para la navidad. Recuerdo una vez que me robé un tizón y me fui a hacer un dibujo en una pared de abobe con cal, habré tenido nueve años. Hice un Miguel Ángel, pero de Las tortugas ninjas, y aprendí que podía dibujar desde la memoria. Ese momento solo lo puedo igualar a cuando viví en Ecuador y me dejaron hacer un mural a lápiz en el Museo de Arte Contemporáneo. Me sentí sabrozón, sobre todo porque lo dibujé a mano alzada. Fueron como 14 días de dibujo, de mucho dibujo. Era una performance, era un happening, pero seguía siendo yo. Eran dos discursos en uno, que se unían, y ahí aprendí que mi oficio es ser dibujante, ser pintor. Puedo hacer un montón de cosas, pero mi columna vertebral es el dibujo.

Siempre he dicho que cuando llevás (tu obra) al público es como un ciclo hidrológico, porque te retroalimenta todo lo que dice el público, el transeúnte, el observador. En ese momento, había regresado a mi gráfica.

Yo sí le agradezco mucho a Edwin Ayala y a Alfredo Catalán, sobre todo al maestro Catalán, que me dieron una herramienta, que me dieron un machete, y puedo ir de aquí a donde sea, a machetear el monte. Y voy a tener trabajo, porque soy feliz con mi lápiz, soy feliz con mi pincel. Dejé de creer en cánones y dejé de responder a gremios, estéticas, solo confío en mis caprichos. Lo que pinto es lo que me da la gana, con lo que yo me siento satisfecho con lo que puedo generar discurso.

Solo compartiendo el diálogo y el conocimiento vamos a construir un petate generacional. Esto somos, aquí vamos, pero de lo contrario, casaca.

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¿En qué momento llega esa necesidad de generar este discurso, pero ya de una forma colectiva, cuando ocupa las paredes para intervenirlas?

Cuando vivíamos en San Salvador (con Gabriela Meléndez, su esposa) teníamos el taller sobre la 1ª calle poniente y salíamos a pintar. Nadie nos identificaba. Teníamos el estudio detrás del atrio de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. La gente se perdía y en La bola de oro (un bar del centro de San Salvador que se incendió) había una puerta hermosa. Yo le pregunté a la señora si me daba chance de pintarla. Quería hacer algo ahí y terminé pintando la puerta, pero en el proceso de pintar la puerta, pasó alguien y me dijo: «¿Te puedo ayudar?». «Sí, tomá«. Antes hacía eso, casi que solo con Gabi. Como eran figuritas, con Gabi ponía amarillo, amarillo, amarillo, y ella lo rellenaba. Ya era un método de control sobre la pieza, y cuando apareció un montón de gente, me pareció lógico utilizar el mismo método que con mi esposa. Suelo llamarlo el manejo del color pin pon, porque pongo uno aquí y me alejo. Pongo otro, y poco a poco, voy saturando. Incluso hasta hacía chiste de que el cáncer hizo metástasis, pero con mi gráfica, porque ahora ves que saturo todo. Pero de ahí, la gente empezó a participar.

No soy franco parlante, pero en París pinté un mural como de 40 metros cuadrados con 600 niños y niñas. Fue como un ciclón tener a 40 niños de un solo, y al no hablar, era marcar color, pero ahí surgió la necesidad de una metodología para que la gente pintara conmigo. Luego, en Milán, pinté otro con la gente en la calle. Pero digamos que son dos murales previos que me permitieron crear un método.

Llevar el arte al espacio público es una forma de acercarlo a la gente que quizá nunca ha tenido el tiempo de contemplar una pintura, pero ¿cuántas veces se ha metido en problemas por intervenir una pared? Precisamente vi, en su Instagram, que en Ecuador un banco se quejaba porque usted estaba interviniendo una pared sin permiso.

El spray traduce vandalismo. No sé por qué, no me preguntés por qué, pero lo traduce hacia la policía. Cada vez que estoy pintando algo en la calle, cuando veo pasar a un policía, automáticamente agarro una brocha, lo que estoy traduciéndole al policía es que soy pintor. Mi lectura es que porque están acostumbrados a ver a la gente que anda haciendo rótulos, que están trabajando con la brocha y es como «ah, bueno, si es brocha y es lento, quizá tiene permiso». Casi nunca tengo permiso, y te digo, casi nunca. Tengo una pieza sobre la 3ª avenida norte, yo pensé siempre que la casa estaba abandonada. Gabriela y yo nos fuimos a pintar puertas media luna y de pronto veo a una viejita que sale, cuando ya estábamos por terminar. Se pone lentes y me dice: «Mire, la próxima vez, pídame permiso. Le saco una silla».

Siento que el universo, el estatus de artista o de pintor, lo otorga la gente desde otra óptica. Nosotros siempre estamos pintando en energía de felicidad, la gente recibe también ese tipo de energía y un proceso químico, muy loco. Es más, a ese banco llegó la policía, mi estatus era de migrante, pero yo estaba tan tranquilo y tan feliz pintando, que el mismo policía llamó y les dijo: «Que no venga la patrulla. Él es muy educado». Es el tipo de energía con el que te manejás en la ciudad. Para mí, pintar es un estado de ánimo y eso es lo que vos le traducís a la sociedad. La gente te ve tan feliz pintando que te dice si puede pintar.

Renacho Melgar
Renacho Melgar

Borges decía que el «arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara». ¿Cómo era ese espejo antes que a usted le diagnosticaran cáncer y cómo es ahora?

Era un chicle, entre rockstar y un chihuahua rabioso. Te digo un chihuahua, porque un chihuahua es tembloroso y siempre está ladrando. Yo era eso, me molestaban los triunfos de los demás, tenía ese síndrome de creer que yo era tan bueno y que él era malo. Era horroroso. Al final, eran esos conflictos no resueltos, esos complejos no resueltos, porque sobre todo eran complejos de inferioridad más de superioridad.

Aprendí a llevarme bien con mi reflejo, a aceptar a mi reflejo, a aceptar que así soy, que soy odioso por momentos, pero también puedo ser sumamente amoroso; que soy explosivo, pero también entendí que soy bien pasivo y bien apasionado. Siempre he vivido en un constante huracán, pero que lo genero yo con mis malas decisiones, con mis conflictos, con mis contradicciones. Yo creo que para ser parte de un colectivo, tenés que saber quién sos como individuo, porque si no te vas a enajenar y vas a absorber la obra de los demás, y vas a ser los demás. Vos tenés que aprender a ser fiel a vos, a tu obra, a lo que viene de vos, lo que querés decir, sobre todo, lo que te preocupa.

La UES sigue siendo, prácticamente, la única universidad que tiene la carrera de Artes Plásticas con opción Pintura, pero aún así, varios alumnos se quejan por la falta de visión que tiene sobre el arte, ¿qué nos dice esto de un país que cada año expulsa a artistas por la carencia de espacios formativos y que, además, no les reconoce como profesionales?

Es más fácil invisibilizar. «Somos la Escuela de Arte, los únicos que formamos». ¿Y la Don Bosco? ¿Y el proyecto en artes de Jóvenes Talentos de la Tecnológica? ¿Y la Mónica Herrera? ¿Y la Matías? ¿Y CORPROSER, algo que tiene la alcaldía frente a la Sala Nacional? ¿Y el proceso formativo de los policías? ¿Por qué no hablamos de todos esos? Tenemos miedo, porque tenemos miedo que nos quiten nuestros pequeños espacios y, sobre todo, los personajes que se han enquistado en plataformas que te venden, llamémoslo el set, el mood de ser artista.

Hay un montón de plataformas, me niego a ese ostracismo de decir que solo en un espacio se están produciendo el conocimiento artístico de las futuras generaciones, me niego, porque cuando todos los espacios se nos negaron a mi generación, tuvimos que construir una plataforma y lo hicimos, y estamos bien, y ya no somos los grandes como mi colectivo, Colectivo Urbano. No estamos juntos, pero creamos una plataforma y mucha gente empezó a copiar el ritmo de trabajo de esa plataforma, nuestro ritmo de trabajo se volvió algo, para bien o para mal, pero me niego a creer que solo un espacio tiene el santo real, porque hay un montón de realidades. Somos ese chicle, somos esa sopa de frijoles que todavía se está moviendo y nos estamos cocinando, y hay frijolitos que ya están aguaditos, pero hay otros que están bien duros. Pero seguimos ahí, y ser rostro de país es un proceso colectivo.

Detalle del taller

¿Qué pasa cuando en este proceso colectivo existe invisibilización hacia la obra de otros artistas? ¿Qué pasaría si algún existiera un gremio artístico unificado? Porque de momento, veo que las generaciones de artistas y los gremios artísticos están desconectados unos de los otros.

Yo sí siento esa necesidad. La plataforma del arquitecto es, para mí, que antes de ser Renacho, reconozco a Dagoberto Nolasco, reconozco a Alex Chuchilla, reconozco a Guillermo Araujo, y paralelo, reconozco a Sara Boulogne, reconozco al Loquillo de León, reconozco a Efraín Cruz. Me veo reflejado en esa generación, me veo reflejado en las mismas inquietudes, en los mismos procesos, en las mismas dolencias, en los mismos miedos, en los mismos complejos. Tenemos que llegar a que los creadores contemporáneos se den cuenta que hay toda una plataforma del arquitecto, esa es la única forma de darnos cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos.

A mí me preocupa mucho que se muera Antonio Bonilla y que lo único que recordemos de él sea que era un borracho. Ese hombre es uno de los intelectuales más vergones del país, con el que podés hablar desde Bob Espoja, te podés saltar a la escuela alemana (Escuela de Frankfurt) y hablar de Walter Benjamín, y que siempre está leyendo. O hablar con Julio Reyes Yazbek, que me parece otro intelectual. Con él podés hablar de la Bauhaus. Es necesario que se escriba una historia, no tenemos esa historia escrita.

Tenemos que aprender a dialogar con los demás sin la obra, o si querés con la obra, hacer ejercicios de comunicación, como que la gente te pregunte y sea sincera: «Mirá, ¿y vos por qué siempre hacés ese tipo de cosas?». Esa sinceridad. Necesitamos estar claros de lo que podemos dar como creadores. Es necesario crear estos círculos de diálogos, espacios generacionales y que empecemos a hablar más allá. Solo compartiendo el diálogo y el conocimiento vamos a construir un petate generacional. Esto somos, aquí vamos, pero de lo contrario, casaca.

Siempre he dicho que cuando llevás (tu obra) al público es como un ciclo hidrológico, porque te retroalimenta todo lo que dice el público, el transeúnte, el observador”

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Varias de sus pinturas son una mezcla de cotidianidad, sincretismo y cosmovisión indígena. En el mural que hizo en la UCA, por una parte, están los jesuitas, Monseñor Romero, Elba, Celina; pero por otro lado hay un tigre, un venado, un Quetzalcoatl, un historiante, un jaguar. ¿Cómo surgen estas conexiones en su arte?

Mi primer historiante lo pinté en el 2003, mi primer cuadro al óleo fue un historiante en San Martín y me han acompañado por esa necesidad. Mi madre me inculcó esa necesidad de regresar a la tradición oral, de construir memoria histórica, pero memoria colectiva, desde la abuela que te cuenta un cuento, desde Salarrué que se inventa palabras. Siento que tenemos que recrear a nuestros grandes. Tenemos que abrazar nuestra identidad geopolítica, geocultural, no llenarla con vacíos. Mucho de lo que pasa es que la gente tiende a llenar esos vacíos, absorbiendo otras cosas, pero porque no se ha creado, y esta palabra no existe y me voy a atrever a reconfiguarla, porque es una construcción personal, memoria gráfica. Tengo una necesidad primaria de crear memoria gráfica. De crear siete imágenes del Cipitío, ocho, nueve, 10 posibilidades del Cipitío, y de la Siguanaba. Que no sea solo el Cipitío del Canal 10, sino que también sea el Cipitío que tenga los pies para atrás. Siento la necesidad de crear memoria gráfica para construir identidad. ¿Cuánta gente te dice «no es que aquí no hay»? Sí hay, pero como los procesos del sistema educativo no te lo enseñan, como la universidad no te lo enseña y como tu mamá está tan empecinada en que tengás dinero para zapatos. Es tan rápida la vida, que no la conocés, pero sí tenemos que acercarnos, buscar formas.

En toda su trayectoria, ¿lleva cuenta de las veces que ha pintado a Monseñor Romero y cuáles son las particularidades de cada una de estas pinturas? La última pintura de él que he visto es la que está en el mural de la UCA.

Creo que he dibujado unos 70 Romeros, bocetos rápidos de Romero. Antes hacía, con mis figuritas, una aureola alrededor de Romero, pero luego mutó y las figuritas se empezaron a comer a Romero. El ojo se empezó a transformar y empezaron a salir de Romero. Destruir esa imagen sacra, el Romero que siempre está quieto, me permitió jugar con él y me permitió tomarme unas libertades bien cabronas, como una vez pinté un Romero jaguar. Era muy loco, porque yo estaba proponiendo dos paralelas religiosas, las religión prehispánica y a monseñor. Es más, lo hice para una Semana Santa, era un mural. Casi me cuelgan en Quezaltetepeque. A partir de ese, que se llamaba Sinfonía para Monseñor Romero y Tláloc, empecé a hibridarlo y ese híbrido me gustó. Empecé a jugar con una imagen de Romero desde otro fenómeno religioso, político, más enraizado, más desde esa idea de renacer en mi pueblo. Empecé a jugar con él y empecé a jugar con sus ojos. Esa idea mutó tanto que en algún momento, en Milán, pinté un Monseñor Romero que tenía una mitra, que era una mazorca, y empecé a hacer un monseñor Romero con un corazón que era atravesado por un torogoz. Empecé a reconfigurar a Romero y toda la iconografía alrededor de Romero hacia el maíz, y se volvió una necesidad continua. Para la idea de la mitra, hablé con Camilo Ravey: «Me gusta tu ilustración, ¿me permitís apropiármela?».

He puesto el rostro de Romero en un pandillero, han sido muchos tiempos para llegar al Romero del mural este, porque, con el mural, quería hacer un parteaguas de Monseñor Romero, antes y después, como mi cáncer, y ese era Rutilio Grande. Como todo, era el maíz, pero en medio de donde está el corazón, hice un grano de maíz en forma de corazón y era Rutilio Grande. El mismo proceso que me ha llevado a mí a deconstruir a Romero y a construirlo, se lo quería llevar a la gente y resultó sin que yo se los dijera: «Ah, es Rutilio Grande». Semiótica pura. Creo que en la construcción de imágenes, ese es el grave problema de los que pintamos, se nos olvida que también nuestras imágenes pueden ser poéticas, pueden ser metafóricas. Podés jugar con eso, darle a la gente esa herramienta. Digamos que este del mural es como cerrar un círculo con Romero, no sé si voy a hacer otro o no. Este Romero creo que es el resultado de todos esos que he hecho, y es diferente.

Ver a un Romero en un pandillero no es algo de todos los días ¿Qué impresiones causó?

No era un Romero pandillero, era un pandillero que tenía tatuado a Romero en el corazón. En ese momento estaba trabajando la serie de De hijos suyos podernos llamar, que siempre aparece cada cierto tiempo, regresa esa necesidad estética. Creo que era un homenaje a Monseñor Romero, justo para el 24 de marzo. Y todos eran bien contemplativos, excepto el de Gonzalo Vásquez, que era un Monseñor Romero con audífono, era como un DJ. Era el más cínico de todos.

Siempre me ha molestado la idea de lo sacro, lo sacralizado, que solo llegás a contemplarlo y a rendirle pleitesías. Después de una búsqueda entre la estética sacra y las pandillas, quería que este Romero generara un impacto. De pandillas estamos hablando de la virgen de Guadalupe, Las manos de Durero, que son también bien repetitivas; el «Dios mío, perdóname por mi vida loca», o así podríamos acercarnos a todas estas estéticas de pandillas que se repiten.

Te estoy hablando de que eso fue unos seis años antes que se beatificara a Monseñor Romero. Se me ocurrió: «Bueno, y si la MS tuviera un santo, ¿fuera un santo salvatrucho? Si la virgen de Guadalupe es parte de la estética de los 18, y si un pandillero te ve con una virgen de Guadalupe, automáticamente traduce que sos del otro bando, ¿qué pasaría si tuviéramos uno salvadoreño?». Esa inquietud, que no fue respondida con la pieza, que solo lo hice como tatuaje, se lo tatué en el corazón al pandillero. Esa imagen pequeña tenía como dos pulgadas en todo el cuadro. El cuadro era como de 90 x 70, pero solo era un Romero chiquito. Todo mundo la vio y unas señoras pidieron que me excomulgaran, otra le pegó con una escoba al cuadro. Jamás les dije que era mío. Mi familia también me escribió. Uno de mis primos me dijo que no sabía cómo sentirse con la imagen que había construido, porque, por un lado, sentía que era verdad; pero por el otro, era Romero. Era esa ambivalencia de sentimientos alrededor de Romero. Eso catapultó o repercutió mi obra, de tal forma, que empecé a usar imágenes con ese sentido.

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

Camila Díaz llegó a pedir trabajo a la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans) el martes 29 de enero de este año. Camila quería alejarse del trabajo sexual y Mónica Linares, la directora de esta organización que promueve los derechos de la población LGBTI en El Salvador, recuerda haberle ofrecido que se inscribiera en un programa en el que recibiría clases y, luego, podría comenzar un pequeño negocio. Un camino largo, complicado, que Camila aceptó. Pero que no pudo recorrer. La mataron antes de poder dejar la calle.

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. «Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya», le dijo a las 11:21 de la noche.

Horas después, a las 3 de la madrugada, Camila fue privada de libertad por tres policías del 911, entre la 23 calle Poniente y la 25 avenida Norte de San Salvador, cerca del Policlínico de la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes justificaron su presencia diciendo que una persona había llamado al sistema y había reportado que ella estaba haciendo desorden, por eso, personal del policlínico la tenía ya esposada.

Los agentes Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín la subieron a la cama de la patrulla. Jaime Geovany Mendoza manejó el carro, que inició el recorrido desde ese lugar hasta el kilómetro 5/2 de la prolongación del bulevar Constitución, donde, media hora después, Camila fue arrojada de la patrulla en marcha. En el camino, Avelar y Valentín la iban golpeando. Hay escenas que quedaron grabadas en cámaras de videovigilancia y que la fiscalía maneja como pruebas.

Moribunda, Camila fue trasladada al Hospital Rosales, a las 5 de la mañana, luego de que personas que transitaban en carro sobre el bulevar, donde quedó tirada, reportaron que una mujer pedía ayuda desde una acera. La FGR dice que una patrulla del 911 llegó al lugar y también una ambulancia de Fosalud, que llevó a Camila al hospital. Tenía golpes en cara, en abdomen, en piernas y en la espalda. Los golpes que recibió esa madrugada le provocaron hemorragias y, durante tres días, mientras el país se preparaba para las elecciones presidenciales, ella se debatió entre la vida y la muerte.

El domingo 3 de febrero de 2019, el día de las elecciones, Camila murió sola en el hospital, a las 5 de la mañana. Desde la noche su privación de libertad, su mejor amiga, con quien además ella compartía casa, se preocupó porque no había llegado a dormir y comenzó a buscarla, hasta que en una delegación policial le indicaron que en Hospital Rosales había ingresado una persona con las características de Camila.

Esta amiga, dice Mónica, llegó a Aspidh Arcoiris Trans a pedirle que le acompañara al hospital. Hallaron a Camila, su cuerpo ya estaba en la morgue. La amiga se encargó de contactar a la mamá, la única que podía reclamar el cuerpo.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional define los crímenes de odio como actos, que en su mayoría, son realizados con saña y que pretenden causar daño a la integridad de una persona o acabar con su vida. Son motivados por la intolerancia y la discriminación a grupos vulnerables, como la población LGBTI.

De los 22 asesinatos de mujeres trans que la Federación Salvadoreña LGBTI registra desde 2017 a la fecha, el caso de Camila ha sido el único presentado en los juzgados como un homicidio agravado que fue motivado por odio a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Esta, y el agravante del delito de amenazas por las mismas razones, fueron dos reformas que la Asamblea Legislativa hizo al Código Penal en septiembre de 2015.

Sin embargo, en el expediente del caso consta que fue el juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, quien en la audiencia inicial contra los tres policías capturados hizo este razonamiento, porque la FGR no lo explicó explícitamente en su acusación.

Aunque la reforma legislativa ya cumplió cuatro años, las organizaciones que conforman la Federación han denunciado que la FGR sigue clasificando los asesinatos de acuerdo a los genitales de las víctimas e invisibilidad su orientación sexual, su identidad y expresión de género.

Mónica señala que ante la ausencia de un registro oficial, históricamente han sido las organizaciones las que se han encargado de sistematizar los crímenes, con la deficiencia que ellas parten de monitoreo de noticias, no de un relato de los hechos como el que hacen las autoridades en otros casos. Desde 1996 a la fecha, cuentan más de 500 crímenes.

Por medio de una solicitud, la Unidad de Acceso a la Información de la FGR dijo que, entre septiembre de 2015 y octubre de 2019, se han judicializado 22 casos de homicidios agravados cometidos contra personas de la población LGBTI. Pero no especificó si este agravante es bajo la reforma legislativa.

La reforma abrió paso para que la FGR investigue los crímenes contra la población LGBTI con los agravantes delictivos agregados, pero todavía no existe una política penal ni un protocolo que sirvan como lineamiento a los fiscales para probarle a los jueces que quienes cometieron los crímenes se basaron en la intolerancia u odio hacia las víctimas.

En el caso de los feminicidios, la creación de una legislación contra la violencia de género, ha permitido que la FGR cuente con lineamientos específicos y con un equipo capacitado para comprobar que entre las características particulares de estos crímenes, previo a la muerte, la víctima sufrió antecedentes de violencia.

El informe Violencia contra las Personas LGBTI en América, publicado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el promedio de vida para una mujer trans en la región es entre 30 a 35 años. Camila tenía 32 años cuando fue asesinada. A ellas, dice la comisión, la violencia, los prejuicios y la discriminación social, aún dentro de las familias, no les permiten acceder a la educación, a la salud a un mercado laboral formal. Todos estos factores las vuelven vulnerables a diversas formas de violencia. A esto se suma la falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante esta carencia de oportunidades e invisibilización social, es difícil que una persona trans en el país pueda acceder a un trabajo o a una educación formal. Por esto es que en el caso de las mujeres trans, como Camila, la única forma de ganarse la vida es a través del trabajo sexual o un negocio, como el que ella hubiese creado después de recibir clases.

El Salvador sigue sin contar con una Ley de Identidad de Género que permita que las personas trans sean reconocidas según su identidad de género y no con el nombre asignado al nacer, que aparece en el DUI y que es usado hasta por las instituciones de justicia cuando abren investigaciones o judicializan crímenes. La exdiputada efemelenista Lorena Peña presentó un anteproyecto de ley, en marzo del año pasado, pero la propuesta sigue engavetada.

Josué Godoy, diputado de ARENA y quien forma parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, la que tiene que discutir este anteproyecto, señala que la aprobación de esta ley es importante, pero que su discusión iniciará luego que se discutan reformas a la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. «Creo que es prioritaria desde el hecho que estamos viendo que es una comunidad que está siendo vulnerada de sus derechos, que la están matando. Creo que tenemos que dejar de lado agendas de partidos, o agendas personales, para legislar para todos los salvadoreño», dice Godoy.

El Decreto 56 permitió la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, en 2010, que estaba bajo la Secretaría de Inclusión Social, una secretaría que dependía de la Presidencia. Esta dirección era un vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Ejecutivo, y de esa forma permitía crear acciones a favor de la población LGBTI. Pero en la administración de Nayib Bukele, la secretaría fue eliminada y el gobierno designó sus funciones al Ministerio de Cultura, como parte de la Unidad de Género que ya existía, pero que ahora se llamada Unidad de Género y Diversidad. Una decisión que la Federación Salvadoreña LGBTI ha calificado como un retroceso.

«Con la caída de la dirección hay retroceso. La secretaría, en teoría, queda, pero absorbida por Cultura. Ahora se llama Unidad Género y Diversidad, hasta ahí, pero no dice diversidad sexual. Eso quiere decir que son un montón de temas más, no se está hablando de diversidad sexual. Queda en el limbo, en el aire, con quién vamos a hablar, qué vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer», sostiene Mónica.

 

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatssapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. “Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya”, le dijo a las 11:21 de la noche.

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LA INSTITUCIÓN AUSENTE

Entre octubre y noviembre fueron asesinadas tres mujeres trans. Anahí Rivas fue arrastrada desde un carro por el bulevar Los Héroes, la madrugada de sábado 26 de octubre, mientras ejercía el trabajo sexual; el 9 de noviembre, Jade Díaz, una lideresa comunitaria, fue hallada asesinada en el río Torola, en Morazán, tras tres días de estar desaparecida; mientras que el 17 de noviembre, Victora fue asesinada en el barrio San Martín, en el cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. En todas las escenas, las autoridades encontraron señales de tortura. Hasta el momento no hay personas capturadas.

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre estos asesinatos y llamó a las autoridades salvadoreñas a investigarlos. Les recordó que la transfobia es uno de los agravantes que implementó la legislación en 2015. Además, pidió medidas urgentes para prevenir más crímenes basados en odio y prejuicio contra la población LGBTI.

El viernes 29 de noviembre, Jeylyn Beckers, una mujer trans, llevaba dos días de desaparecida. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó que ella fue vista por última vez a las 3 de la mañana del pasado miércoles sobre el bulevar Los Héroes. Esa noche ella había salido con un grupo de amigos. Hasta el viernes por la tarde, no había sido localizada. La PDDH pidió reportes al Instituto de Medicina Legal (IML) y la PNC, pero estas instituciones no tenían registros de personas con las características de Jeylyn. Amigos de ella tampoco la habían encontrado en tres hospitales de San Salvador.

«Ya se dio una reforma normativa, la del 2015, y no ha pasado nada. Tenés casos de violencia grosera, violencia increíble de odio manifiesto, que no ha sido categorizada como tal en la Fiscalía General de la República», señala Carlos Rodríguez, el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

La PDDH, dice Rodríguez, ha registrado desde 2009 hasta la fecha, 31 asesinatos contra la población LGBTI. Doce más que los ya contemplados en el informe que la institución publicó en 2017, el Primer Informe Situacional sobre Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBTI.

La mayoría de las víctimas han sido mujeres trans. Según este informe, el 52.2 % de ellas son víctimas de amenazas de muerte o de violencia basada en la transfobia y en la extorsión que les es impuesta por las pandillas en el trabajo sexual. También, de todos los sectores de la diversidad sexual, son las más afectadas por su expresión de género y porque están expuestas en las calles.

Rodríguez aclara que los casos que conoce la PDDH fueron abiertos de oficio, a través de noticias que monitorearon en medios de comunicación, avisos recibidos por organizaciones LGBTI, aliados de las organizaciones o amigos de las víctimas. En los casos, explica, sobre todo en los crímenes contra las personas trans, las familias no denuncian por la discriminación que las víctimas sufrieron en sus casas por su identidad y expresión de género.

Sin embargo, Rodríguez dice que esta sistematización de casos es una tarea que le corresponde a la FGR, pero no lo hace. En estos 10 últimos años, el reporte de PDDH refleja que hay casos que ya están archivados en la FGR, no trascendieron a judicializarse.

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UNA PLEGARIA

Un grupo de activistas da la bienvenida en el lobby del Teatro de Cámara Roque Dalton. Entre el grupo, una mujer se encarga de preguntarle a cada persona que llega si tiene a un ser querido asesinado. Si la respuesta es sí, pide anotar el nombre de la víctima en una hoja que está sobre una mesa.

En la terraza de este teatro, visibles para los transeúntes, resaltan varias banderas arcoíris y banderas rosadas con celeste, la bandera de la comunidad trans. Aquí, adentro del teatro, las únicas luces encendidas son las del escenario. El ambiente es sereno y poco a poco comienza a llegar la gente. Algunos llegan solos, otros en parejas, en familia o con amigos.

Es sábado 22 de junio y está por comenzar la Plegaria Rosa. Desde 2012, este evento se realiza una semana antes de la marcha por la diversidad sexual, para exigirle al Estado que investigue todos los crímenes impunes contra la población LGBTI.

En el escenario, hay una pantalla que reproduce noticias sobre todos los crímenes cometidos contra esta población. También, en el centro, hay un altar y una rosa sostenida por dos pilares pequeños. No es una flor natural, es de papel. Atrás hay seis velas encendidas.

Entre los puntos de la agenda, una madre que asiste a la Iglesia Anglicana es presentada por un ministro que acaba de dar un mensaje sobre el amor al prójimo. Ella y su hijo suben al escenario. La madre testifica cómo fue su proceso para aceptar a su hijo cuando él le dijo que era gay. Habla de la importancia del amor y la tolerancia en la familia, y también de los prejuicios que existen en torno a la población LGBTI. Los asistentes asienten con la cabeza a sus palabras y cuando termina de hablar, el teatro se llena de aplausos.

Cuando la tarde cae, llega la hora de salir del teatro y tomar en el lobby una vela que será encendida en la terraza. Los asistentes suben a la terraza. Hay personas con encendedores que acercan la llama a las velas envueltas en faroles blancos y morados. Hay abrazos, ojos cerrados y manos tomadas de otras manos. Es el momento de recordar a ese familiar, a ese amigo o ese conocido asesinado, cuyo nombre fue escrito en la página, a la entrada del teatro. A medida que las velas su juntan a la orilla del escenario, la luz aumenta.

Los carros circulan alrededor del teatro. En la calle, aquel acto llama la atención de quienes van de paso. También de un grupo de policías que, desde afuera de una patrulla, observan callados y curiosos. «En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré», cantan los congregados. La alabanza termina. Frente a las velas encendidas, que son luz y calor, hay lágrimas. La Plegaria Rosa ha acabado. El nombre de Camila Díaz ya forma parte de la lista de asesinatos.

“La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque él era como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba”, recuerda Mónica Linares sobre el fiscal que atendió la denuncia por el asesinato de Camila Díaz.

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SIN DÓNDE IR

Luego de la muerte de Camila, Mónica acompañó a su amiga a denunciar su asesinato a la oficina fiscal de Soyapango, donde, dice que el fiscal que les atendió no tomó ni apuntes sobre los datos que le dieron. Mónica le sugirió que, ya que la privación de libertad de Camila había sido en una zona transitada de San Salvador, tendrían que haber cámaras que documentaran lo sucedido, por lo tanto, esta debía ser una de las primeras diligencias de investigación que la institución tenía que hacer antes que los videos se borraran.

«La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque era él como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba», recuerda Mónica.

Días después, ella dice que cambiaron al fiscal asignado al caso y el que retomó la investigación le envió una carta en la que le pedía que citara en las oficinas de Aspidh Arcoiris Trans a personas que hubiesen sido testigos del crimen de Camila, un trabajo propio de las autoridades. Ella se negó.

Mónica dice que el caso de Camila se ha convertido en simbólico porque hay detenidos y estos son agentes de seguridad pública. Para la PDDH también es un caso «ejemplarizante», porque la institución tiene registros de la violencia a la que Camila fue sometida años antes de su muerte y por la cual las autoridades nunca hicieron nada.

El procurador Rodríguez dice que, cuando la FGR abrió un expediente de investigación por el caso de Camila, decía que su muerte había sido culposa, a causa de un atropellamiento. Sin embargo, los procuradores encargados del caso consultaron con los médicos del Hospital Rosales que la atendieron, y aunque ellos no se atrevían a dar la opinión de un forense, aseguraron que los golpes que ella presentaba no eran propios de un atropellamiento. Fue así que la FGR cambió el delito de homicidio culposo a homicidio agravado.

Semanas después del asesinato, la FGR no tenía a ningún presunto responsable. Pero de acuerdo con la PDDH, desde hace años, Camila era víctima de lesiones, amenazas de violencia por parte de policías, pandilleros y personas particulares, las cuales denunció a la FGR y la PNC, pero nunca recibió un acompañamiento.

Ante este peligro, en 2014, ella migró a México, donde le dieron la residencia en 2015. El 8 de agosto de 2017 cruzó, junto a una amiga, la frontera con Estados Unidos. Se entregó a las autoridades migratorias y, para solicitar asilo, les expuso los antecedentes de violencia que había sufrido en El Salvador, pero ellas se negaron a creerle y Camila estuvo detenida por tres meses en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California. Fue deportada en diciembre de ese año y regresó al país en donde, 13 meses después, la asesinaron. Todos estos hechos forman parte de una resolución que la PDDH está por publicar.

En mayo del año pasado, la FGR creó la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad. De acuerdo con Mónica, en la administración de Douglas Meléndez, la Federación Salvadoreña LGBTI nunca tuvo una reunión con él. Tampoco ha tenido reuniones con el actual fiscal general, Raúl Melara, quien solo a través de Twitter se pronunció por la muerte de Anahí y el martes pasado dijo que trabajan en protocolos de investigación para esclarecer los crímenes contra esta población.

El 31 de octubre, cuando la Federación montó una conferencia para pronunciarse por los 20 crímenes contra mujeres trans registrados en los últimos tres años, hasta esa fecha, y la desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual, exigió a Melara que aprobara una política penal y un protocolo para atender estos casos. Ambos documentos fueron trabajados desde mayo entre las organizaciones, la FGR, PNC y el IML, con apoyo de un proyecto de cooperación internacional, aseguró una persona cercana a este proceso, pero quien no quiso identificarse.

Ella dijo que el protocolo de investigación aún está en la etapa de validación, pero que la política penal ya está lista y solo está a la espera de la firma de Melara para que se apruebe, ya que se la entregaron hace semanas. La titular de la nueva dirección fiscal, Marina de Ortega, por su parte, confirmó el 8 de noviembre que el grupo de fiscales aún revisando la política y el protocolo antes de remitirlos a Melara.

Contrario a la postura de las organizaciones LGBTI, De Ortega justificó que la dirección, conformada por cuatro fiscales que brindan asistencia técnica, capacita a otros fiscales sobre cómo investigar los delitos bajo los agravantes de las reformas de 2015.

«Estas investigaciones tienen un componente diferente a la investigación tradicional de homicidios en otra modalidad, porque acá nosotros tenemos que buscar ese prejuicio, ese odio a la orientación, a la expresión o identidad de género, la saña con la cual el delito se ha cometido, antecedentes del agresor, el por qué esta persona tiene ese sentimiento de odio para esta persona», dijo. Pero en la relación de los hechos del caso de Camila, la FGR ni siquiera menciona la violencia, documentada por la PDDH, que ella sufrió años previos a su muerte.

Camila tenía 14 años de no vivir con su familia. Cuando su mamá llegó a retirar su cuerpo al Hospital Rosales, lo llevó hasta un municipio de la zona paracentral del país, donde fue su entierro.

«De vez en cuando sueño que llega a la casa y me habla», le ha dicho la señora a un psicólogo forense. A la FGR le ha dicho que no sabe por qué la mataron de esa forma, si Camila no se metía con nadie, pero no descarta que fue por ser una persona diferente.

Una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo que está conformado por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Además, fue el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fungió como viceministro de Hacienda en el periodo del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

A finales de octubre, Chamorro estuvo en El Salvador y conversó con esta revista sobre las perspectivas de la consolidación de un oposición que pueda vencer al régimen orteguista en las próximas elecciones. Para él, estas futuras elecciones tendrían características de un plebiscito, pues será una consulta ciudadana para saber si los nicaragüenses quieren estar en democracia o seguir con una dictadura que ha dejado muertos, exiliados y cierre de medios de comunicación.

Para esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaría un informe elaborado por una comisión especial encargada de documentar lo ocurrido en este país centroamericano, sin embargo, este informe tuvo un atraso.

Con los recientes despliegues militares, los chilenos dicen que han vuelto al tiempo de la dictadura. En Nicaragua ustedes viven la misma situación desde abril del año pasado. ¿En qué focaliza usted el declive de las democracias en América Latina?

En el desconecte que hay entre gobernantes y gobernados. Creo que las lecciones que nos han dado, primero, los procesos electorales en América Latina, han sido hacia un cambio. Si notamos las tendencias de los resultados en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia, en todas ellas se vio un proceso electoral donde la población rechazó al gobernante y va por un cambio. Eso creo que tiene una implicancia importante y también se nota un interés de desprenderse de los extremos.Menciono, por ejemplo, el caso de este joven que fue electo alcalde de Medellín (Daniel Quinteros) en el pleno centro uribista, viene de una clase trabajadora, pero esforzado. Estudió, llegó a la Kennedy (Harvard Kennedy School of Government, EE.UU.), tiene un máster en negocio, educado, fue viceministro. Muestra de que es posible, en las sociedades latinoamericanas, tener ascenso socioeconómico, social y tener capacidad de llegar a cargos públicos.

A lo que está pasando en los países latinoamericanos, yo le llamaría, más que ser una lucha ideológica entre izquierdas y derecha, una lucha por la reivindicación de los gobernados, de exigirle a la clase política que atienda las necesidades de la población. El caso chileno es un caso emblemático también, aunque ahí no hay proceso electoral, pero hay un proceso de protesta. En ese proceso de protesta se nota la ausencia en el liderazgo de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, se parece mucho al movimiento auto convocado en Nicaragua, donde no hay en la vanguardia un partido político, sino que está un movimiento juvenil. En el caso de Nicaragua, fueron los jóvenes los que se revelaron y lo hicieron de una manera muy similar al caso chileno. Sin embargo, yo creo que el caso chileno no es una protesta en contra o para cambiar el sistema de libre mercado que predomina en Chile, sino es para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero la respuesta de Piñera fue muy atinada, de pedir disculpas, perdón, como clase política gobernante, por la falta de visión de la clase política chilena y ese paquete de políticas sociales, creo que viene a iniciar, ojalá, un proceso de atención en lo que el modelo se ha quedado un poco corto, que es una política social más incluyente y que llene las aspiraciones de la juventud.

En este momento clave para la región, ¿qué papel deben asumir los jóvenes en cambiar la forma de hacer política?

Esta rebelión de abril de 2018 comienza, precisamente, con una rebelión de estudiantes y de juventud que se lanza a las calles por la incapacidad de Ortega de resolver las aspiraciones, las necesidades de la juventud, que luego se traduce en un movimiento social mucho más amplio, que incluye, no solamente los estudiantes, sino que también incluye población en general, campesinos, que venían con una lucha anti proyecto canal interoceánico desde hace varios años, y empieza a formarse este descontento. Se realiza la rebelión de abril, se llama a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal. Nos llaman a esta mesa de negociación, sin existir la Alianza Cívica, y fue precisamente la mesa de la negociación la que nos provoca o la que genera esta Alianza Cívica que ahora ya tiene más de 17 meses de formación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se caracteriza por tener una participación fuerte de cinco movimientos juveniles, estudiantiles, principalmente, pero también está el movimiento campesino, está la intelectualidad, hay representantes de la costa Caribe, hay representantes de los sindicatos y hay representantes del sector privado. Esa es una alianza bien inusual en estas luchas sociales, y es inusual, porque las condiciones de represión y de dictadura que existe en Nicaragua son inusuales. La dictadura en de Ortega es, probablemente la dictadura, no solamente que ha amasado más poder en Nicaragua, que es un país de dictaduras, hemos tenido más de 10 dictaduras en 200 años, es brutal, una dictadura con una represión muy por encima de lo que otras dictaduras han hecho, hay más de 328 muertos por el uso letal de las armas.

Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales.

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A inicios de octubre, con otros opositores orteguistas, usted estuvo en San Salvador reunido con la comisión de alto nivel de la OEA para contarle todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Para noviembre esta comisión debe presentar un informe de esto. ¿Qué espera la oposición de este informe cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que «Ortega gobierna Nicaragua, pero Maduro reprime Venezuela»?

Ortega reprime en Nicaragua, Ortega es una dictadura. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, en Nicaragua hay una dictadura represiva. Eso a todas luces está demostrado. De hecho, si uno ve en la cantidad de asesinados que existió en Nicaragua, en términos absolutos y relativos, es mayor a la de Venezuela. El reporte de la Comisión de Alto Nivel será el 13 de noviembre, que se cumplen los 75 días de mandado que se le dio a la Comisión. Nosotros esperamos que en esta Comisión de Alto Nivel, que ya es la segunda instancia que la OEA ha puesto a trabajar -la primera fue el grupo de 12 países, el grupo de trabajo, que fue formado en agosto de 2018-. El grupo de la comisión especial se formó a partir de la Asamblea General de Medellín, que fue en julio de este año, y ahí mandata a escribir este reporte.

Nosotros creemos que ya aquí se están agotando los canales y las vías de la OEA. Está, por un lado, la posibilidad de la aplicación del artículo 21 (De la Carta Democrática Interamericana), que es la suspensión de Nicaragua, pero también existen otras alternativas. Veremos qué dice la comisión, qué recomienda la comisión de la OEA. En este momento es muy prematuro adelantarse a lo que pueda decir, pero sí podemos hablar desde el punto de vista nuestro. Como Alianza Cívica hemos impulsado mucho la idea, y espero que la comisión especial lo retome, de la importancia que tiene las reformas electorales. En Nicaragua existe un sistema electoral totalmente corrupto. Existe un desprestigio total a la institución electoral, a diferencia de muchos países americanos. En la mayoría de los países latinoamericanos no se duda si se roban o no se roban los votos, o hay fraudes electorales; en el caso de Nicaragua, no se discute si hay fraude o no, eso está clarísimo. Nadie defiende, ni siquiera los sandinistas mismos, defienden la integridad del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a encuestas que se han hecho durante años. Está comprobada la comisión delitos electorales y de fraudes electorales.

A nosotros nos interesa muchísimo el adelanto de las elecciones e impulsar un plan de reformas electorales que le traigan y lo devuelvan al ciudadano nicaragüense la confianza en el sistema electoral, que actualmente no la tiene.

¿Desde la oposición ya inició este plan de reformas electorales?

Sí, estos planes de reforma, en realidad, tienen varios años de estarse gestando. Comenzaron haciéndolos los partidos políticos, que son los más conocedores de los procesos. La Alianza, una organización joven, ha retomado cada uno de los planteamientos y en este momento estamos en un proceso de homologar todas las propuestas y hay bastante congruencia en lo que se debe hacer como reformas electorales.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha hablado también de la constitución de una coalición para poder ganar las elecciones a Ortega. ¿Cómo se está consolidando esta coalición?

La Alianza Cívica ha sido una organización clave en este proceso, opositora a Ortega. Siempre hemos planteado la necesidad de resolver este problema vía elecciones. Al cerrar las puertas de la mesa de la negociación, en julio de este año, cuando el gobierno no llegó a la convocatoria que nos hiciera la Asamblea General de la OEA, al llamarnos a ambas partes del conflicto y sentarnos, estamos planteando, replanteando, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión estratégica de trabajar en la formación de esta coalición.

Esta coalición tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin distingos de ninguna índole, porque, precisamente, la represión que se dio en Nicaragua fue una represión contra personas que tenían distintas característica ideológicas, no fue un ataque a uno en particular, sino que fue generalizada. Lo que tenemos ahí es una situación de que esta elección debe de tener unas características de orden más plebiscitaria. Se debe parecer más a un plebiscito, decir no más dictadura y un cambio hacia la democracia. No va a tener, creemos nosotros, un tinto de debate ideológico, sino va a ser democracia versus dictadura. En ese sentido creemos nosotros que es muy factible conseguir una unidad, una unión entre todas las distintas organizaciones políticas, porque el objetivo es precisamente estar unificado.

La economía nicaragüense, según las últimas proyecciones del Banco Mundial, decreció -5 % en 2019. El año pasado, cuando se dio la crisis, el decrecimiento fue del -3.8 %. ¿Qué postura está asumiendo el sector empresarial ante el régimen Ortega-Murillo?

Es una postura de la necesidad de resolver el problema a través del diálogo político. La caída económica, que ha sido la peor crisis que ha estancado a Nicaragua en las últimas décadas, no se resuelve con políticas económicas, se resuelve precisamente con un diálogo político adecuado, honesto, que trate de resolver los problemas políticos, que son el origen de la crisis actual. No es a través de medidas económicas, como está pretendiendo el gobierno, que se va a solucionar el problema, hay un problema político. Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales. De hecho, el gobierno firmó un acuerdo, el 28 de marzo, en el cual aceptaba que se estaban violando derechos a la manifestación, a la reunión, derecho a portar la bandera nacional, incluso, y esos derechos, el gobierno firmó que los iba a restituir, y hasta el día de hoy no han sido restituidos.

Todavía hay medios de comunicación cerrados, como el caso de 100 % Noticias y todavía hay periodistas como Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, que está transmitiendo desde el exilio. Entonces no es cierto que las condiciones estén dadas, que estén normales, como ellos lo están planteando.

¿Puede la oposición y la comunidad internacional obligar a Ortega a celebrar elecciones presidenciales y que los resultados signifiquen la recuperación de la democracia en Nicaragua?

Ortega está obligado a hacerlo, por Constitución. Él es un dictador, pero si no llama a elecciones, estaría todavía violentando más. Él ha dicho que, incluso, está de acuerdo con reformas electorales, como lo estamos nosotros, solo que tiene que ser unas reformas electorales producto de un diálogo, y no de medidas unilaterales, porque solo va a ser cambio cosmético que le van a beneficiar a él. Hay temas fundamentales que se tienen que hablar, como la reelección presidencial, que ha sido problema histórico en Nicaragua, que ha fomentado el caudillismo. Yo estoy convencido que una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega, que nunca ha llegado arriba del 38 % en ninguna elección. En las elecciones donde ganó el doctor Alemán (José Arnoldo Alemán) y el ingeniero Bolaños (Enrique José Bolaños), el voto del sandinismo no llegó al 35 %. Y en el caso de cuando ganó, fue porque el voto liberal se partió en dos partes iguales y él obtuvo el 38 %, más un cambio constitucional que hizo, eso le permitió subir a la presidencia, pero nosotros creemos que después de todo lo pasado, Ortega ha perdido muchos seguidores, porque precisamente mucha de la represión ha sido en contra de los sandinistas mismos. Entonces, creo que si aquí se permiten condiciones electorales adecuadas, condiciones para poder hacer una elección justa, transparentes, y por eso es importante la observación electoral, Ortega no tiene chance de ganar.

El 14 de octubre la Unión Europa adoptó una serie de medidas a aplicar contra violaciones de derechos humanos, cometidas por individuos o instituciones, pero entiendo que hasta la fecha, estas medidas no se han ejecutado, pese a que organismos registran, usted lo ha dicho también, la muerte de 328 personas en Nicaragua. ¿Cómo recibió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta noticia?

Nosotros creemos que es importante que a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, que están documentados, que están registrados, y que se sabe con ciencia cierta el involucramiento de fuerzas paramilitares, paraestatales, en el uso letal de la fuerza, estos responsables que, en muchos de los casos, a nivel de jefaturas, están identificados, deben de ser sancionados por la comunidad internacional.

Esto ha comenzado. No solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. Obviamente la Unión Europea, por ser una entidad multinacional, tiene un proceso un poco distinto y antes de pasar al proceso de sanciones específicas, tiene que aprobar un marco general de sanciones y eso es lo que estamos en este momento. En este momento, la Unión Europea no ha llegado a sancionar a individuos específicos y creemos nosotros que esto ejerce presión.

Las sanciones generales contra el pueblo nicaragüense, creemos que ayudan muy poco, no ayudan para nada a la solución del problema político. No estamos a favor de que la Unión Europea modifique el acuerdo comercial en Nicaragua, por ejemplo. Eso sería, más bien, afectar de manera general. Y aquí lo que se quiere es conseguir qué violadores de derechos humanos sean sancionados.

Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela.

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Encarcelamiento de periodistas, cierre de medios y también castigo a los periódicos críticos al régimen. De seguir así la crisis, ¿cómo se agravarían las amenazas a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua?

La libertad de expresión está en su peor momento en la historia de Nicaragua. Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela. Miguel Mora, Lucía Pineda estuvieron más de 10 meses en cárcel, y tenemos, aproximadamente, 70 periodistas que están actualmente en el exilio. Algunos de ellos acá en El Salvador.

Realmente la situación de derechos humanos, derechos individuales y derechos a la información están en el peor momento en las últimas décadas. Ortega ha cercenado estos derechos de una manera abrupta, a punta de cárcel, confiscación, destierro y asesinato. Porque hay periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, un periodista, incluso, de tendencia sandinista, que fue asesinado en las manifestaciones, mientras cubría un evento en Bluefields.

El régimen todavía no liberta a todos los presos políticos y algunos que ya han sido liberados, al igual que líderes opositores, denuncian el acecho u acoso de las autoridades en sus casos. En los acuerdos logrados entre el gobierno y la alianza, quedaron pendientes acciones a ejecutar por parte del gobierno, entre estas la liberación de todos los presos y la restitución de las libertades públicas. Si esto no se cumple, ¿la oposición se niega a dialogar y esperará unas posibles elecciones?

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Esos dos acuerdos no han sido cumplidos a la totalidad. Todavía quedaron presos políticos de las listas conciliadas, en cárcel, lo cual atestigua sobre la falta de interés y respeto al acuerdo firmado. Ese es el primer acuerdo, el de liberación de todos los presos políticos. Y los presos que han sido excarcelados, o sea, estas personas sufren asedio y sufren continuos ataques y persecuciones con motorizados, paramilitares que llegan a sus casos, tomas de fotos, etc. Inclusive, el día de hoy, la Asociación de Madres de Abril está denunciando el acoso a los familiares de los asesinados. Estamos hablando de profanación de tumbas con pintas, diciéndoles que son terroristas, que no pudieron ni podrán. Tenemos fotos de estas cosas. A este nivel de maldad llega esta dictadura, de agarrar a los familiares de los asesinados, y profanar las tumbas de los asesinados.

Y está también al acuerdo del 28 de marzo, precisamente, ese segundo, de restitución de derechos y garantías constitucionales, donde hay 18 puntos que ellos no los han cumplido. El día sábado pasado, precisamente, tuvimos una manifestación donde no se nos permitió marchar en las calles.

Una hora para salvar la vida de una parturienta

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Claudia Alexandra Lone está sentada en una de las bancas de este pasillo del Hospital Nacional Santa Gertrudis, en San Vicente. En sus manos, y apoyado en sus piernas, sostiene un ampo en el que archiva documentos que pertenecen al Comité de Morbimortalidad del hospital. Entre los documentos hay una serie de boletas del año pasado, cada una rotulada con el título «Seguimiento del manejo del choque hemorrágico Código Rojo» y selladas por el Centro Obstétrico.

Lone, la coordinadora del comité y jefa del Departamento de Anestesiología de este hospital, horas antes ha alzado su voz, cambiaba de posición en el sillón el que estaba sentada y hacía ademanes, para contar, desde una oficina administrativa, cómo abril de 2013 cambió la rutina del personal de este lugar, cuando, en dos semanas, tuvieron que atender 13 hemorragias severas, ocurridas después de partos.

No pudieron controlar siete y remitieron a las mujeres al antiguo Hospital Nacional de la Mujer, en San Salvador. Dos murieron. Una de ellas en la ambulancia, entre los 66 kilómetros que separan a San Vicente de la capital. Y para entonces, todos en San Vicente decían que en el Santa Gertrudis mataban a embarazadas y que no fueran a tener a sus hijos ahí, recuerda.

Emergencia. Para advertir al hospital que hay una mujer con hemorragia postparto severa, existen dos números a los cuales llamar y que directamente conectan con un parlante. 

El Comité de Morbimortalidad nació en 2012 por órdenes del Ministerio de Salud (Minsal) por las hemorragias severas postparto que este hospital atendía cuando aún no existía la estrategia Código Rojo.

Lone muestra 12 de las boletas del registro del comité. Son parte de los 23 casos que el hospital logró resolver el año pasado con el código, una estrategia que necesita, como mínimo, la intervención de un ginecólogo, un anestesista, un médico ayudante y una enfermera para salvar de una rápida muerte a una mujer que, tras el parto, sufre una hemorragia severa.

Cada boleta tiene el nombre de la paciente, su edad, la hora a la que ingresó a la sala donde la atendieron, la hora en la que fue activado el código, quién la atendió, el estado que mostró durante la intervención del equipo y el tiempo que este se llevó en desactivar el código.

Entre los casos está el de una niña de 16 años que sufrió la hemorragia después de un parto por cesárea, la cual fue causada por atonía uterina: su útero, como debe suceder después de un parto, no se contrajo, sino que se distendió y esto generó la complicación. La intervención médica duró 30 minutos.

Pionera. Claudia Alexandra Lone adaptó el Código Rojo en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, en 2013, dos años antes que la estrategia fuera lineamiento a nivel nacional.

Otro caso es el de una mujer de 28 años a quien la hemorragia le comenzó porque hubo un sangramiento de varices en el segmento del útero después del parto. Ella fue atendida en 26 minutos. Ninguna sobrepasó la hora, que es el tiempo en el que hay un 90 % de riesgo que la mujer muera, explica Lone. Por esto, a la primera hora de intervención le llaman la hora de oro.

El equipo de Código Rojo cuenta con esta hora para salvar a la paciente. El cronómetro empieza a correr cuando la enfermera, el ginecólogo o el anestesista que está a cargo de la supervisión de la madre, que recién ha dado a luz, observa que su frecuencia cardíaca es anormal -mayor a los 60 o 100 latidos por minutos-, y nota que está cansada, con temperatura fría y sudoración.

Ante estos signos comienza a diagnosticar las causas por las que puede producirse la hemorragia: un útero distendido, como en el caso de la niña de 16 años; desgarros vaginales, restos placentarios o alteraciones de la coagulación.

Cuando se identifica la causa del sangrado postparto, el que está a cargo de la supervisión de la paciente debe marcar una de las dos extensiones que enlazan directamente con el parlante que se escucha en todo el hospital, para el día es la 2516 y para la noche es la 2219. Y anunciar que hay un Código Rojo en la sala de operaciones, de emergencia obstétrica, de partos o en maternidad.

Desde ese momento, el laboratorio clínico del hospital deja de recibir muestras de exámenes de otras áreas y se enfoca solo en las muestras que recibirá de la paciente a intervenir, hasta que el código termine. Mientras que el equipo de médicos llega a la sala donde está la emergencia para iniciar la intervención.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal.

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EL CÓDIGO ROJO comenzó a implementarse desde 2006 en Colombia y ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue una respuesta sistematizada, de un equipo capacitado, a las hemorragias maternas postparto, hemorragias en las que una mujer, luego de 24 horas de haber dado a luz, pierde aproximadamente 1000 mililitros, en una velocidad de más de 150 mililitros por minuto, y esto que puede llevarla a la muerte.

La OMS establece que la hemorragia después del parto es la principal causa de muerte materna en los países de bajos ingresos. Una validación a este código, realizada en 2013 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía, posicionó a Asia y África como los lugares con más muertes de este tipo, seguidos de América Latina.

Para la OMS, la mayoría de estas emergencias pueden evitarse por medio del uso preventivo de agentes uterotónicos -que sirven para inducir el parto y evitar las hemorragias- y con un tratamiento apropiado. En San Vicente, el hospital tiene que mantener el Código Rojo con el presupuesto que anualmente le asigna el Estado, no tiene una línea presupuestaria para su ejecución.

Sin embargo, el compromiso de los estados de evitar las muertes maternas también es parte del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecía que, para 2015, debía reducirse en tres cuartas partes la mortalidad materna y que debía haber acceso universal a la salud sexual reproductiva. Algo que el país todavía no ha alcanzado.

Una hora. Luego de la llamada reportando un Código Rojo, el equipo llega a la sala de la emergencia y tiene una hora para salvar a una mujer de una hemorragia postparto.

Entre 2010 y 2015, el quinquenio previo a que el Minsal ordenara que el Código Rojo fuera una estrategia implementada en todos los hospitales públicos y los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la cifra oficial de muertes maternas fue de 411. En 2014, la hemorragia postparto encabezó las causas de estas muertes. Estuvo encima de los trastornos hipertensivos y las infecciones.

«Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja”, reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

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AL TIEMPO que pasa entre el minuto 1 y 20 de la intervención con la estrategia Código Rojo se le conoce como «reanimación». En toda la estrategia es el ginecólogo el que asume la dirección del equipo. El anestesista se encarga, entre otras funciones, de darle oxígeno a la paciente, a través de una cánula conectada a la nariz, monitorea su frecuencia cardíaca y su tensión arterial.

Las enfermeras, o el resto del equipo disponible que pueden sumarse a la emergencia, colocan catéteres en las venas de las mujeres, donde luego ellas recibirán sangre, medicina o suero. También, uno del grupo, se encarga de llenar la boleta -como las que Lone muestra- para registrar el tiempo en el que fue ejecutado el código y para que quede sirva como respaldo al análisis que el equipo hará después sobre su trabajo.

En este periodo es que el ginecólogo realiza, bajo anestesia, un masaje uterino. A la paciente se le aplican tres tipos de medicamentos: intravenosos, intramusculares e intrarrectal para frenar la hemorragia. Y dependiendo del estado, se decide si habrá una transfusión de sangre.

Si la emergencia sobrepasa los 20 minutos y la madre aún no es estabilizada, el equipo debe analizar qué complicaciones se avecinan: la necesidad de una histerectomía (extracción del útero), una falla renal o el envío a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Mujer, ya que el Hospital Santa Gertrudis no tiene los recursos para una unidad de este tipo. Y sí, la muerte siempre es, también, una posibilidad.

Hasta la primera semana de octubre, de acuerdo con Lone, el último Código Rojo que se había activado en el hospital sucedió en la segunda semana de septiembre. Se trató de una intervención, tras un parto vaginal, que comenzó a las 5:58 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. En este caso, la madre no dejó de sangrar por más de una hora y el equipo consideró la histerectomía. Aunque se evitó el sangrado severo, seguía sangrando por gotas, y por esto fue remitida a la UCI, a San Salvador.

Antes de junio de 2013, las respuestas a estas emergencias no eran así. Tras las dos muertes de abril de ese año y las visitas de un grupo de auditores del Minsal, Lone cuenta que el Comité de Morbimortalidad se reunió para saber en qué estaba fallando el hospital y detectaron que no tenían ginecólogos para los turnos nocturnos, sino que los partos eran atendidos por médicos generales, desde las tres de la tarde, que es la hora a la que se retira de los hospitales públicos la mayoría del personal. Y aquí radicaba la falla, ya que ellos no sabían diagnosticar las complicaciones ni podían determinar la cantidad de sangre que las mujeres perdían.

Fotografías de Franklin Zelaya / Cortesía

Lone señala que la otra muerte ocurrida ese año fue porque la paciente tenía preeclampsia grave y la presión muy alta. Cuando nació su bebé, por cesárea, inició una hemorragia que no pudieron controlar por no hacer una histerectomía. «Como médico general, puedo hacer cesárea, pero no puedo hacer una histerectomía», aclara. Y así arribaron, también, a la necesidad de un trabajo en equipo.

En 2013, ella, como parte de la Sociedad de Anestesiólogos de El Salvador, había recibido un taller sobre el colapso materno, impartido por la Sociedad de Anestesiólogos de Colombia, en el que abordaron cinco patologías básicas en las embarazadas. Uno de los contenidos fue la estrategia iniciada en el país Sudamericano, el Código Rojo. Ella adaptó la estrategia a la realidad que pasaba en el Hospital Nacional Santa Gertrudis y esta comenzó a ser implementada desde junio 2013.

Estaba consciente que necesitaba que hubiese personal que supiera diagnosticar y tratar a tiempo los signos y síntomas de las hemorragias postparto severas, y evitar de esta forma la complicación de las pacientes. Ahora, en el hospital trabajan nueve ginecólogos en el día y dos en el turno de la noche. El equipo ya sabe cómo reaccionar ante estas emergencias que no pudieron enfrentar en 2013.

Revisión. Cada caso atendido con el Código Rojo lleva al equipo a realizar un análisis de su intervención. En la fotografía, el personal practica con una muñeca bautizada como Nohelya.

Desde que la estrategia fue implementada, de acuerdo con cifras del hospital, hasta la fecha, ya no han vuelto a remitir siete casos en un año. 2014 y 2015 fueron los años que le siguieron en remisiones, con 4 casos cada uno. En lo que va de 2019, solo han remitido uno.

Lone muestra en una computadora las fotografías de los talleres que realizó con el personal antes de implementar la estrategia y que todavía sigue realizando dos veces por año, antes de turnos de vacaciones. En estas fotografías, escondidas entre varias carpetas, está Nohelya, la muñeca que les regalaron para las prácticas y con las que el equipo aparece rodeando una camilla, aplicando simulación de oxígeno, sangre, suero y llenando las boletas. También hay una persona que sumerge una sábana blanca en un huacal, para mancharla de colorante rojo, un ejercicio que les ayudó a medir la sangre que puede perder una mujer en una hemorragia, que antes de emergencia el personal no sabía cómo calcular.

La efectividad de la estrategia hizo que le equipo del Hospital Santa Gertrudis ganara en 2017 el Premio a la Mejor Práctica, que era administrado por la Presidencia de la República. El jurado evaluó la organización del equipo y la coordinación para implementar el Código Rojo a partir del modelo colombiano.

Talleres. La efectividad del Código Rojo ha requerido una preparación constante del equipo por medio de talleres. Estos son realizados dos veces por año, antes de turnos de vacaciones.

«Son agujeros que intentan tapar una herida muy profunda sobre la sexualidad de hombres y mujeres», opina Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) sobre la estrategia Código Rojo. Para ella, aunque en El Salvador ha habido reducción de la mortalidad materna, preocupa que no existan mecanismos para evitar la violencia sexual que sufren las mujeres.

Dice que pese a que haya 3 de 10 niñas con embarazos forzosos, dentro del Minsal, estos no son registrados como violencia sexual. Por lo tanto, señala, primero debe reconocerse este contexto en el que las mujeres son vistas como «envases de la sexualidad y la reproducción» frente a los hombres, y estos, además, «invaden» sus cuerpos.

«Es una lucha que siempre se ha traído. Sí se nos exige a nosotros como organismos médicos el buen trato, y obviamente eso nosotros lo hacemos, la calidad y todo, pero no atacan la causa. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos son un tema tabú, la planificación involucra aspectos religiosos y muchas cosas que se respetan, no estamos diciendo que no, pero cuando se ve la coyuntura de nuestra sociedad actual, realmente esto nos deja en desventaja», reconoce el director del Hospital Nacional Santa Gertrudis, Reinaldo Reina.

Reina dice que en la zona rural de El Salvador, todavía hay hombres que no dejan que las mujeres asistan a las consultas prenatales cuando están embarazadas y, cuando llegan, lo hacen a un sistema de salud que necesita fortalecerse. Esta combinación representa serias complicaciones. Por lo tanto, dice, tarde o temprano la educación sexual tiene que abordarse para toda la población, porque: «Lo que hoy sucede es que hay niñas teniendo niños».

Con sus años de experiencia, Lone ha identificado que la mayoría de mujeres a las que han atendido por hemorragias postparto severas en el hospital son de la zona rural de San Vicente, quienes, además, tienen a varios hijos en un solo parto. Cuenta que cuando a algunas de ellas les ha preguntado si se va a esterilizar, responden que no, porque su pareja no las deja. Mientras que conoce de otros casos, que si bien no han sido atendidos bajo el Código Rojo, pueden tener complicaciones en el parto, porque las mujeres no asisten a sus controles prenatales. Todavía hay muchos mitos alrededor de la sexualidad, dice.

«En el área rural, aquí tenemos todavía pleno siglo XX: mujeres con 14, 19, 20 hijos. Uno no cree, pero todavía tenemos casos. La gente todavía cree en ‘los hijos que Dios me dé’», señala Lone, y cita los casos de las madres que murieron en la hemorragia postparto en aquel abril de 2013 y dejaron a varios hijos solos. «¿A quién dejamos vivo? ¿Cómo queda ese niño huérfano? ¿Cómo queda el padre con seis o siete hijos?». Para Lone es duro seguirse haciendo estas preguntas.

Maternidad. Esta es la sala de maternidad, donde una mujer ya es considerada fuera de peligro tras un parto. Sin embargo, Claudia Lone no descarta que puedan atender una hemorragia.

Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

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UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

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ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

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LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

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ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

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UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.

El encarcelamiento no hace que nuestras comunidades sean más seguras

Eddie Bocanegra, Experto en prevención de violencia.

Eddie Bocanegra trabaja en la prevención de violencia y en cómo abordar los traumas que esta genera. Su historia lo ha llevado a enfocarse en las comunidades que más sufren la violencia en Chicago, la ciudad estadounidense más poblada del estado de Illinois. Desde 2017 es el director senior del programa READI Chicago, de la organización Heartland Alliance, donde le apuesta a construir una sociedad segura y con oportunidades.

Es hijo de padres migrantes, originarios de Nuevo León, en México, que se instalaron en La Villita, una comunidad de Chicago. Eddie creció en medio de vecinos, quienes en su mayoría también eran migrantes mexicanos y que, como sus padres, trabajaban en varios oficios para sobrevivir. En su comunidad conoció a las pandillas. Se les unió a los 14 años, justo un año después de haber visto el asesinato de un joven. Dice que consideraba que las pandillas tenían un «orgullo y autoestima grande», y pensó que en ellas podía encontrar voz y respaldo.

En 1994, a sus 18 años, fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio, pero, para entonces, la ley establecía que podía cumplir solo la mitad de su condena. Pasó detenido 14 años y tres meses. En prisión, Eddie estudió bachillerato y también recibió diversas clases, como cocina y arte. Al salir, aceptó el trabajo de «interruptor» de violencia en poblaciones adultas de Chicago, como parte del programa CeaseFire. Su experiencia, junto a la de otros dos como él, fue retratada en el documental The Interruptors. Además, estudió una licenciatura en economía en la Universidad Estatal de Luisiana, una licenciatura en trabajo social en la Universidad del Noroeste de Illinois y cursó la maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago.

“Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente”.

Eddie ha liderado varios programas de prevención de violencia, de lucha contra la desigualdad social y a favor de la reinserción de las personas que estuvieron en la cárcel. Actualmente es miembro del comité del Consejo de Liderazgo de Justicia Juvenil y de la junta de la Iniciativa de Justicia Juvenil, ambos de Illinois, y es administrador del Consejo de Justicia Criminal.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, conoció El Salvador. Visitó el penal de Apanteos, en Santa Ana, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. También se reunió con diferentes representantes del sistema penitenciario, con 12 empresarios del consejo empresarial de la agencia internacional Catholic Relief Services, con estudiantes de psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y con el grupo Constructores de Paz, de la micro región El Bálsamo, para conocer sobre la reinserción social y rehabilitación que, acá, mínimamente se realiza.

Su percepción del sistema penitenciario salvadoreño -el segundo con más presos en el mundo- es que carece de recursos para rehabilitar. A esto le suma que no existe comunicación entre los sectores sociales que pueden potenciar la reinserción, y que hay gente que, en las cárceles, quiere sanar, pero no sabe cómo hacerlo.

Más que un lugar donde se restringen los derechos civiles de una persona, ¿qué debería significar una cárcel?

Ha habido bastantes estudios que dicen que encerrar a la gente no va a causar que tu comunidad sea más segura. También sabemos que no hay ningún beneficio para la sociedad encerrar a la gente y solamente encerrarla, porque la persona va a salir de un punto por otro. Me imagino que estás en tus 20. El día de mañana, si Dios quiere y si tú quieres, vas a tener un hijo. ¿Te imaginas si ahorita una persona cae presa y el juez dice: «Te vamos a sentenciar a 30 años, 25 años», y mañana tienes un hijo? Esa persona va a salir en 25 años. Tu hijo va a tener 25 años. Tú ya vas a tener como 50. La persona que va a pasar por más, que va a tener que lidiar con las consecuencias, va a ser tu hijo.

Estados Unidos ahorita es el país que más encarcela personas en todo el mundo. Yo creo, si no estoy equivocado, que el segundo país es El Salvador. Hemos hecho un gran error, porque las políticas, las leyes que se construyeron en los 60’s, en los 70’s, en los 80’s, fueron, muchas veces, a base del racismo. Es por eso que en las cárceles de los Estados Unidos se ve a mucha gente de raza negra y de raza latina, pero en estos últimos ocho, nueve años, 10 años, el Gobierno americano ha reconocido que no podemos ya encerrar a más gente, que no es un buen retorno de inversión ni nada bueno sale de eso, porque el 95 % de la gente va a salir para atrás. 95 % de la gente en el estado de Illinois sale. Los datos los tengo porque siempre estoy diciendo eso.

Fotografía de Ángel Gómez

¿A qué me refiero? Si no hay ningún recurso y si solamente las personas están sentenciadas en la cárcel con 10, 20, 30 años como castigo, no van a salir bien. Van a salir más traumadas de lo que entraron. Diría que si el Gobierno está corriendo las penitenciarías, las cárceles, como si fueran un negocio, el Gobierno está invirtiendo de una manera que no le va a dar nada. Es un negocio que va a caer en bancarrota, tarde o temprano. La gente que está en las cárceles no es gente que viene de comunidades como Santa Elena (Antiguo Cuscatlán), viene de comunidades como la IVU.

En mayo del año pasado, según la cadena de noticias BBC, en Estados Unidos, había 2.16 millones de personas presas en cárceles federales y locales. Por cada 100,000 habitantes hubo 655 encarcelados. Mientras que El Salvador, a inicios del año pasado, era el segundo país con más reos, con un total de 39,274. Es decir, que por cada 100,000 habitantes tuvo a 614 detenidos, de acuerdo con un informe de World Prison Brief que citó la cadena de noticias.

Cuando salió de prisión, ¿qué fue lo que le motivó a usted para trabajar con comunidades vulnerables a la violencia y también apostarle a la reinserción social?

Antes de que saliera de la penitenciaría, estuve tomando clases. Traté de hacer todo lo posible con los recursos que se me estaban ofreciendo, y el último año, antes que saliera, como en 2007, a principios de 2008, comencé a escribir planes de negocios. Dije «voy a vender, voy a poner un puesto pequeño, afuera, en la calle y voy a vender hot dogs. Y los voy a vender enfrente de la cárcel» (que estaba por mi casa, por donde yo crecí, que es una comunidad que se llama La Villita, porque en el lugar, en Chicago, hay casi 80 % de mexicanos). En esa comunidad está una de las cárceles más grandes en Estados Unidos, que se llama Cook County Jail. A la misma vez dije «yo quiero ver la manera de cómo ayudar a otra gente, especialmente a otros jóvenes». Y afortunadamente, uno de mis primos en ese tiempo, y todavía sigue, era un oficial de seguimiento de libertad condicional juvenil. Cuando le dije «primo, quiero hacer esto». Me dice «ok, ¿sabes qué? Hay un programa donde yo mando mucho a mis jóvenes, a lo mejor tú puedes ser un mentor». Yo dije «ah, está bien». Comencé ahí de voluntario como por tres meses, hasta que finalmente una persona de CeaseFire, un programa contra la violencia, pero enfocado más a los adultos, no en los jóvenes, dijo: «Hey, Eddie, tengo un trabajo para ti». Yo le dije «está bien». La semana que sigue, otra vez, me veo con los jóvenes, me dice «hey, tengo un trabajo para ti». Le dije «yo no quiero hacer lo que están haciendo ustedes. Yo estoy bien», porque me estaba alistando también en la escuela. Y al tercer mes, como al mes después, me dice «¿por qué no quieres hacer eso? Te estoy dando un trabajo, te voy a pagar por lo que estás haciendo ahorita. La misma cosa te voy a pagar». Ya para entonces dije «sería bueno que llegara el trabajo para ayudarle a mi primo» (con el que me estaba quedando, en su casa). Tomé el trabajo y trabajé ahí por tres años y medio, como interruptor de violencia.

Es más, hay un documental que se llama The Interruptors, que ganó muchos premios, muchos reconocimientos internacionales, y ese documental me dio la plataforma de seguir esa carrera. Aparte de eso, saqué mi maestría en la Universidad de Chicago, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos, y eso también me dio otra plataforma de no hacer una historia solamente, sino que tener esas credenciales para decir que una persona como yo puede superarse.

¿Cuál es la importancia de que en uno de los países más violentos como El Salvador exista cohesión entre las instituciones del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil para asumir la prevención de la violencia?

Si nomás una institución, si solamente el Gobierno se encarga de eso, no vamos a ir muy lejos. Por otra parte, si solamente dejamos que las empresas se encarguen de eso, tampoco ellas pueden. Si el Gobierno y los residentes, los ciudadanos de El Salvador, quieren un país que sea menos violento, se va a requerir que todas esas instituciones comiencen a hablarse una a la otra, cada cosa que estén haciendo. Si van a hablar sobre las escuelas, tienen que haber elementos de la violencia ahí, cómo compartir esto. Si están trabajando sobre pólizas u hospitales, por ejemplo, también tienen que haber elementos con enfoque sobre la violencia.

Lo que yo he visto esta última semana es la necesidad de cómo arreglar el sistema penal. Lo que he visto o he escuchado, porque no exactamente lo he visto de la gente, pero lo que he escuchado, es que la gente aquí en El Salvador no quiere ver a esa gente que está en las pandillas como parte de la sociedad.

Hay un discurso de odio, incluso de funcionarios públicos.

Sí, pero también lo que he visto es cómo cada grupo con el que hemos hablado está como en su propia isla, como que no se están comunicando entre ellos mismos. Algunos tienen buenas ideas, pero no se están hablando. El Gobierno está hablando con las ONG, el Gobierno está hablando con las empresas; las empresas no están hablando con las universidades y el Gobierno no está hablando tampoco con los directores de los penales, especialmente con los de los juveniles. Para mí esa es una oportunidad que se está perdiendo, si no puede haber un enfoque de cómo coordinar esas conversaciones y cómo podemos hablar para comenzar, no solamente el diálogo, pero pasos que se pueden hacer para cambiar algunos sistemas.

¿Usted ha conocido sobre el programa Yo Cambio? ¿Cuál es su valoración general de este programa?

Lo he escuchado y parece que es uno de los mejores programas, pero también parece que el Gobierno lo acaba de parar. Conocí a muchos muchachos de ese programa, que están adentro y los que han estado afuera también, después de salir. Sin leer los datos, solo puedo dar mi opinión de lo que he visto, parece que la estrategia y la manera en la que ese programa está implementado hace mucho sentido. Las personas que conocí, que han estado encarceladas, pero ya salieron, que ya son libres y que fueron parte de este programa, son personas a las que también se les ve que quieren encontrar la manera de cómo ayudar. Para mí, tuvo un impacto en esas personas. Yo diría que ese programa, por lo que he visto, sin leer los datos, parece un programa que debería ser más replicado o apoyado.

El modelo del programa Yo Cambio fue institucionalizado en las cárceles salvadoreñas en 2014, luego de cuatro años de prueba en el penal de Apanteos. El programa, sobre el cual el actual Gobierno dijo que haría una reingeniería y aún no se pronuncia al respecto, contemplaba, en la administración pasada del FMLN, diferentes talleres para los internos, incluso la creación de bandas musicales en los penales. Sin embargo, entre sus deficiencias estaba que no contaba con una línea presupuestaria, sino que funcionaba con fondos extraídos de una contribución especial, y que no incluyó a la población pandillera reclusa. Pese a que era el único programa estatal, dentro de las cárceles las iglesias también han trabajado en el proceso de rehabilitación.

Fotografía de Ángel Gómez

¿Cómo deberían diseñarse para nuestros países los programas eficientes de reinserción bajo un enfoque de derechos humanos?

La verdad es que me da mucha vergüenza y me da mucha pena cuando menciono que estuve en el penal, cuando menciono que tomé la vida de una persona, pero la razón por la que lo hago es porque necesito que el Gobierno y que la sociedad vean que las personas que están en los penales pueden cambiar cuando tienen los recursos apropiados. No importa qué clase de monstruo la gente piense que esa persona es. Cuando tiene el apoyo, cuando tiene los recursos y cuando hay esperanza que el día que salga puede haber algo, esta persona puede cambiar. Pero lo que yo he visto también, aquí, en El Salvador es que eso casi no existe, y yo hablaría sobre mi programa. Con el READI Chicago estoy en cuatro comunidades en la ciudad de Chicago, cuatro de las más violentas en la ciudad. Para darte los contextos, Chicago tiene 77 comunidades, pero, aunque tengo este programa, cada comunidad es un poco diferente. Diría que este país es diferente a Estados Unidos, las comunidades son muy diferentes una a otra, y las pandillas también son muy diferentes la una de la otra, aunque hay cosas en común.

Una recomendación que yo daría es cómo se puede hacer un estudio, por ejemplo, sobre las razones por las que los jóvenes se meten a las pandillas y las razones del por qué la persona que las deja, ya después de hacer su tiempo en la penitenciaría, regresa, porque parece que esos número están muy altos. Yo me preguntaría ¿por qué no hacer unos estudios para mejor entender el por qué? Las políticas van a comenzar a ser unas recomendaciones bajo estudios, qué clase de leyes deberían de cambiar, por ejemplo, o qué clase de programas podrían existir para prevenir que una persona regrese al penal o tal vez que una persona comience a ir al penal, pero sobre esas cosas la gente de El Salvador es la que tiene la respuesta. Lo que también puedo decir es que hay muchos programas como READI Chicago, donde hay elementos estudiados y trabajados, que a lo mejor puedan incorporar, pero todo eso depende de los estudios que se hagan para ver cuáles son los retos y cuáles son las razones que están causando que la gente se venga para atrás, para la prisión, o que la sociedad o las comunidades, al final, no la acepten.

Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente. Y lo que yo noté en mis visitas en las cárceles juveniles y adultas, y ojalá que apuntes esto, es todo el potencial que existe en el penal y con el que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo exactamente lo que es nada, solamente los ponemos a barrer, a limpiar y eso es todo en algunos programas que vi, pero también fui a un penal bajo (de población) y mejor, ya me imagino cómo están los demás.

En 2015, la Community Renewal Society, donde usted trabajó, propuso un proyecto para eliminar las barreras que existían para que la personas con antecedentes penales optaran por un empleo en las escuelas de Chicago. Cuando una persona ha estado en prisión y sale, la sociedad todavía carga contra ella un estigma. ¿Cómo comenzar a sensibilizar a la población con este tema? ¿Y cómo el Estado debe abrir espacios para incorporarles a la vida laboral?

Lo que sabemos es que es un hecho que el encarcelamiento de personas no hace que nuestras comunidades sean más seguras o mejores. La investigación nos dice esto. También sabemos que excluir a grupos marginados no nos ayuda a construir una comunidad próspera. Las personas deben rendir cuentas, pero debe haber un punto en el que alguien ha pagado el precio de su error. Nadie en nuestra sociedad es perfecto y las personas que causaron daño deberían tener la oportunidad de encontrar formas de recuperarse y retribuir a las personas que les han quitado. Una manera de hacer esto es por medio de relaciones que no nos permitan ver las cosas simplemente en blanco y negro, sino ver el gris en medio. Las leyes tienen que cambiar y la comunidad necesita comprender cuáles son los hechos.

Históricamente El Salvador le ha apostado a la represión y no a la prevención del delito. De seguir así, ¿qué consecuencias a largo plazo usted prevé en un Estado punitivo, y con presencia de pandillas, como este?

Entiendo en el mundo de las políticas que, normalmente e históricamente, se ha visto que si la persona dice «vamos a tener leyes más fuertes, vamos a encarcelar a más gente, vamos a hacer esto, porque así es como vamos a remover a todos los delincuentes», la mayoría de las personas dicen «no, si esa persona va a ser buen presidente o esta persona va a ser buen alcalde». Pero el tiempo ha cambiado, por eso digo que, un buen ejemplo es cómo Estados Unidos está cambiando las leyes que se hicieron hace 20, 30, 40 años, porque ya está viendo que eso no está funcionado. La sociedad tiene que entender que esa no es la mejor manera y los políticos tienen que ser más valientes de reconocer qué es lo que nos están diciendo los estudios y tener una posición al respecto, enfocada en los estudios que se han hecho. Pero también se necesita a la sociedad, a las asociaciones, escuelas y todo eso, que empujen para adelante para que se cambien esas leyes.

Fotografía de Ángel Gómez

En 2016, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas a las que llamó «extraordinarias», que según los diputados y el Gobierno de turno reducirían la inseguridad. Sin embargo, en el marco de estas medidas aumentaron las detenciones masivas en zonas donde los jóvenes y la población en general son vulnerables a la violencia. Estas detenciones saturaron más las cárceles. ¿Cómo podemos hablar de resiliencia en medio de todos estos planes represivos?

Tarde o temprano, la población carcelaria estará explotando y fuera de control, y en los próximos años veremos la consecuencia colateral de esas decisiones. Estados Unidos es el mayor ejemplo. A principios de la década del 2000, se crearon leyes que hacen que las familias estén separadas y generaciones de niños pierdan la confianza en la aplicación de la ley. Creo que debemos entender por qué sucedió esto y por qué Estados Unidos ahora está cambiando sus políticas.

Tras la aprobación de las medidas extraordinarias, comenzaron las detenciones masivas en las comunidades. Esto saturó a los juzgados especializados, unos juzgados que nacieron en 2007 para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado. Su característica principal es que en un solo caso pueden procesar a más de 100 personas, y esto, no va acorde a los plazos que el Código Procesal Penal regula para delitos que se procesan en un juzgado común. Los jueces especializados solicitaron a los diputados, en junio pasado, que ampliaran los plazos para resolver, pero su petición no fue solventada. Mientras que solo entre junio y julio, en el primer mes que el actual Gobierno implementó el Plan de Control Territorial, hubo 2,031 capturas, según reportó la Policía Nacional Civil.

Usted se ha reunido esta semana con empresarios. ¿Cuál es la percepción que se lleva de cómo ellos entienden el tema de la rehabilitación y reinserción social?

Lo que te puedo decir es que, por lo regular, casi la mayoría dijo que sí se necesita, pero la lucha está en que la sociedad no los quiere recibir de regreso como parte de ella. Hay empresas que dice «ok», porque hubo unos ejemplos que se dieron ayer (jueves 3 de octubre), dijeron: «Yo he contratado personas que han estado en el penal, pero también estoy con un negocio. Entonces, si no llegan a tiempo, las corro, pero yo reconozco que la necesidad existe y que también necesitamos trabajadores que trabajen en ese espacio». Eso fue por lo regular lo que escuché. Lo que te digo es que eran como unas 12 empresas que estaban ahí. ¿Dónde están las demás? ¿Por qué el cargo nomás se basa en 12? Tal vez haya más, ¿verdad? Pero ese cargo o esa responsabilidad no solamente debería ser de unas cuantas, sino de todas las empresas. Tienen que tener una parte de presencia, porque la violencia les afecta también a ellos y sus negocios. No está bien que nomás una docena de empresas estén envueltas en eso, y yo diría que es parte de cómo también el Gobierno puede darles trabajo a ellos, porque el Gobierno es una asociación más grande.

El mar que traga comunidades

Fotografías de Franklin Zelaya y Ángel Gómez

José Hernández todavía se acuerda de aquella madrugada de 2015. Eran las 2 de la mañana cuando el mar pasó arrasando su casa de lámina. Desde temprano, él y sus vecinos habían visto la marea alta y las grandes olas que no les daban zozobra. Pero José, un pescador con 49 años encima y toda una vida en la costa, sabe que el mar enfurecido nunca da tiempo. Y, esa vez, tampoco lo hizo. No les dio tiempo a las 30 familias que perdieron sus casas en el fuerte oleaje que hubo en la playa El Espino.

«Cuando viene, no da chance de desarmar las casas», dice, subido en una bicicleta que tiene en la parte delantera una carreta, en la entrada del terreno que cuida y donde, al fondo, ha hecho su casa. Viste con una camisa azul y un pantalón de sastre negro. Se prepara para ir a dejar, a una actividad de la iglesia apostólica en la que se reúne, frescos y comida que esta mañana preparan seis mujeres.

Este es el mismo terreno en el que, hace cuatro años, el mar destruyó su casa. Le ha tocado a él, como a otros habitantes de la playa, retroceder unos 30 metros para vivir. Ellos han tenido que hacer una nueva calle, porque la que había, también se la comió el mar. Al igual que unos cocoteros de los que solo quedan troncos.

La nueva calle atraviesa los terrenos que dejaron de ser playa y se convirtieron en mar. El agua ya llega hasta acá, y eso, a José, le inquieta, porque no sabe cuándo volverá a pasarle lo mismo que en 2015. «Y cuando llegue allá, ¿a saber para dónde vamos a agarrar?», se pregunta, señalando hacia atrás, a su casa, a la orilla de un manglar. Antes que el mar le botara la casa de lámina, en 1998, el Mitch, al menos le dio tiempo para que desarmar otra que tenía y que era de palma.

La única barrera que protege a las personas del mar, asegura, está desplegada a dos kilómetros a la derecha. Se trata de piedras que la alcaldía de Jucuarán mandó a colocar en la parte más turística de la playa u otras que han colocado quienes han podido, pero los otros kilómetros restantes, dice, están desprotegidos.

“Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica Enrique Barraza, experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática.

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La playa El Espino es una isla barra de 11.7 kilómetros de extensión, ubicada en el municipio de Jucuarán, en Usulután, que, por sus característica, con el tiempo, puede hacerse más ancha o estrecharse. En los últimos 70 años, esta playa ha sufrido transformaciones que, además de deberse a fenómenos naturales, corresponden al impacto ambiental, los cuales ya han sido documentados por el Estado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó en 2012 un estudio en el que estableció que, entre 1949 y 2009, la línea costera de El Espino retrocedió 144 metros. Cada año hubo una disminución de la costa de 2.40 metros. Esto, señala, ha sido a causa de la fuerte erosión en la zona, que puede aumentar en el futuro, ya que el daño al ecosistema continuaba hasta la fecha en la que fueron difundidos los hallazgos.

El MARN dice que en la parte donde hoy rompen las olas, antes hubo asentamientos humanos. De acuerdo con los testimonios que recopiló para este estudio, las intervenciones comenzaron a mediados del siglo pasado, cuando en la playa se instalaron dos haciendas: la Chepona y la San Luis, y también fueron sustituidos los espesos bosques de mangle y la vegetación natural por cocoteros y otros cultivos agrícolas. La actividad atrajo a los pobladores para ofrecer su mano de obra. Otros fueron atraídos por la pesca.

Sin embargo, a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, con el incremento del turismo, iniciaron las construcciones de hoteles y restaurantes. Y con estos, siguieron los daños al ecosistema.

Erosión. La erosión en las playas ocurre cuando el mar se lleva más arena de la que trae, dejando vulnerable a las comunidades que viven en la costa.

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«Cuando yo estaba pequeño, El Espino, esta playa, estaba bien lejos. Esta isla llegaba allá, por donde se viene haciendo el primer tumbo», relata Adalberto Blandón, un hombre de 53 años que, con dos ayudantes, levanta una ramada a la orilla del nuevo camino que la comunidad ha hecho, por si hay algún turista que pase y se interese en alquilarla. Es agricultor, pero también se gana la vida de este trabajo.

Frente a él, dice, hace tiempos hubo una manzana y media de playa que el mar ya se comió. Por estos días aquí revientan los tumbos en la noche, pero adelante, a unos 10 metros de distancia, han quedado las señas de una casa, con un muro alto, que él cuidaba. Se trata de unos pedazos de pared, que no miden ni un metro de alto, y que cada vez el mar va arrastrando. Era una propiedad privada que, después de sus límites, todavía tenía más playa. Pero hace años este terreno ya cedió al mar.

La casa solo duró en pie 15 años, recuerda Adalberto, porque ocho días después de que el Mitch golpeó El Espino, el oleaje fuerte la botó. A su paso, también se llevó tres casas, incluida la suya, y aterró el estero con deslaves que empozaron el agua dulce.

El hombre, con un sombrero y una camisa de manga larga con los dos primeros botones sueltos, dice que el mar no ha parado de crecer desde hace años. Hace 26 años también se unió con el estero, que está atrás, a 60 metros de distancia; y a 40 minutos de este lugar, formó una media bocana a la que le llaman La Angostura, que no dejaba que las personas cruzaran de un lado a otro cuando se llenaba.

Cuenta que cuando el mar botó las casas que estaban a la orilla de lo que antes era playa, pidieron ayuda al alcalde de Jucuarán. Pero la ayuda no llegó hasta ahí, porque de ese lado no hay mucho turismo. Para referirse al abandono en el que, dice, están, muestra la lámpara de alumbrado público arruinada que cuelga de lado sobre un poste. Está sujeta solo por un cable y deteriorada por la sal.

Destrucción. Esta fue una de las casas afectadas por el mar de fondo de 2015, en el caserío Bola de Monte, del cantón Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

La organización Oikos Solidaridad, que trabaja en la zona oriental del país, señala que en El Espino hay afectación porque todo lo que baja del volcán Chaparrastique, en San Miguel, va a parar al mar. Esto incluye los desechos de los agricultores, quienes, dice, no realizan buenas prácticas, lo que contribuye a aumentar la erosión y el nivel del mar.

«Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica en su oficina, en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Enrique Barraza.

Restos. En la playa El Espino hubo construcciones donde ahora hay mar. La fotografía corresponde a los restos de una casa a la que las olas arrebataron ocho días después del huracán Mitch, en 1998.

Barraza es investigador asociado al área de Recursos Acuáticos de la UFG. Es experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática. Le apasiona el mar y explorar El Salvador. Lo hace en el terreno, pero esta mañana explora las costas del país a través de Google Earth. Su oficina está en la esquina de un salón. Tiene dos mesas y dos estantes. En uno, hay recipientes de crustáceos que pretende estudiar.

Sobre una de las mesas hay una linterna marina que el instituto recién acaba de comprar. Antes de comenzar a viajar online en las costas, la retira y la coloca cerca de los crustáceos. Sobre esta mesa también hay un pez de cerámica y la alfombrilla para el mouse tiene plasmada una playa. Detrás de Barraza, un afiche enmarcado en el que aparecen los peces de mayor importancia comercial en Centroamérica.

El Salvador tiene 338 kilómetros de costa. En el occidente, las playas comienzan en la desembocadura del río Paz, en la frontera con Guatemala, en Ahuachapán; y terminan en oriente, en La Unión, en el Golfo de Fonseca. La mayor parte de las playas se formó por medio de depósitos de arena que, pasados miles de años, el mar hizo en las rocas. Por esto se les conoce como barra de arena.

Protección. Para protegerse del impacto de las olas, la alcaldía, y quienes pueden, han colocado piedras alrededor de la playa El Espino y así evitar que el mar se lleve, de a poco, las construcciones.

Las playas de barra de arena, según Barraza, se caracterizan porque, al igual que las bocanas, son inestables en el tiempo. Sucede en el país y en el mundo. Para explicarlo, acude a Google Earth, se posiciona en el mapa de El Salvador y señala las líneas que dividen el mar de las playas.

Las dunas -pequeñas elevaciones de arena que están a la orilla de la playa, donde hay vegetación, y que sirven como barrera para evitar las marejadas y que el viento arrastre sedimentos- han sido destruidas en la mayor parte del litoral salvadoreño, dice.

El Espino no es la excepción, por eso está más vulnerable a mareas altas y a tormentas fuertes, como ocurrió en el huracán Mitch, cuando arrasó con las casas de los lugareños. Para el experto, esta es la playa en donde, posiblemente, está más visible la erosión en las costas del país. Más arena deja la playa y esta no es igual a la que trae el mar.

De acuerdo con el estudio realizado por el MARN, entre las causas del proceso de erosión en El Espino provocadas por el hombre están las construcciones, donde chochan las olas y extraen arena, no permitiendo que su energía corra a la cara de la playa; la deforestación de la vegetación natural, que ayudaba a retener los sedimentos -descomposición de los materiales- más finos; y la construcción de las represas del Río Lempa y sistemas de riego en el río Grande de San Miguel que, con su actividad, hacen que se pierda parte del sedimento que llegaba a la costa, sumado a que en sus cauces hay extracción de arena.

Aunque el investigador Barraza indica que la erosión en las costas es natural y que las playas están en constante cambio por el movimiento que el mar y el viento producen en los sedimentos, advierte que el cambio climático está acelerando los procesos. A esto se agregan factores como la deforestación en la cobertura boscosa alrededor de los ríos que desembocan en los mares, que provoca que ya no haya retención de las lluvias y un cauce suave, sino que puede generar hasta inundaciones.

Lo ejemplifica, en su computadora, mostrando dos fotografías satelitales de la desembocadura del río Jiboa. Son de 1957 y de 2019. En la primera se observa mayor cobertura boscosa, mientras que, en la segunda, esta ha ido disminuyendo, sustituida por cultivos y viviendas. Y además, la bocana del río desplazada más a la derecha, lo que hace que, cuando el río crece, inunde a las comunidades de la zona.

El Grupo Intergubernamental de Experto sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas Medio Ambiente, publicó el Quinto Informe de Evaluación sobre el cambio climático en 2014, concluyendo que el ser humano es el causante del mismo.

El informe estableció que, entre 1901 y 2010, el nivel medio mundial del mar subió 19 centímetros y que los océanos se han expandido por el derretimiento de hielo. Además, determinó que, por las emisiones de gases de efecto invernadero, posiblemente la temperatura mundial -la cual entre 1800 y 2012, incrementó 0.85°- siga en aumento y con ella los océanos se calienten y el hielo continúe derritiéndose.

Por lo tanto, según las estimaciones, en 2065, el nivel medio del mar aumentará entre 24 y 30 centímetros; y en 2100, 63 centímetros, respecto a los años de referencia, que son 1986-2005.

“Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo”, explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

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Josué López no estaba en su casa el 2 de mayo de 2015. Andaba con su primo apagando un incendio a kilómetros de la playa El Botoncillo, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Cuando llegó, al presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitaria de esta comunidad, le costó reconocer el paisaje. Encontró inundado el terreno donde estaba su casa y su familia ya había sido evacuada a una escuela que sirvió de albergue en el municipio guatemalteco de Moyuca, vecino de El Salvador. Perdieron todo, y en medio de la angustia, la alcaldía del municipio ahuachapaneco les dio la espalda, dice.

Tres meses después, Josué encontró su cocina enterrada en el manglar, donde fueron a parar muchas de las cosas de las 210 familias afectadas en el caserío El Botoncillo y Bola del Monte, a quienes las olas no les dieron paz durante cuatro días.

«A esta altura nadie se puede imaginar todo lo que sufrimos y todo lo que destruyó el mar en esa fecha, porque ya del 2015 a 2019, aquí se ve como que así era», cuenta Josué a un lado de donde una vez fue su casa. La casa de ladrillo a la que le faltan paredes y no ha podido reconstruir, porque la pesca, dice, se ha puesto mala y no alcanza para pagar las deudas que tiene.

Cuando habla mira al horizonte, donde antes que el mar destruyera a la comunidad y parte de su manglar, habían más de 200 metros de playa: afuera de su casa tenía los tapescos en los que secaba el pescado, más allá había un surco de árboles de botoncillo, un bordo, un basurero y una cancha de fútbol playa. Y atrás, pozos de agua dulce, que ya son de agua salada. Todo lo cambió el mar.

Ahora, cuando la marea está alta, para evitar que las olas que impactan se lleven la arena, ha tirado basura, como palmas secas y plástico, a la par de donde están los restos de su casa y metros enfrente donde ha construido dos casas con palma, vena de coco y horcones de botoncillo. Dice que el mismo aire va enterrando la basura y esto crea una barrera.

En mayo de 2015 las costas salvadoreñas fueron afectadas por el mar de fondo, un fenómeno que ocurre entre mayo y noviembre, y que provoca olas de hasta 10 metros de altura. El fuerte oleaje se debe a las lluvias ocurridas en el Océano Índico, entre diciembre y febrero, e inicia en el Océano Pacífico cuando termina la época seca y comienza la lluviosa.

Desde esa fecha, la vida ya no es igual en la comunidad. Tras el mar de fondo, en el manglar, que se extiende hasta el cantón de Garita Palmera, el canal perdió su hondura y su anchura. Lo cuenta Rigoberto Monge, el vicepresidente de la Asociación de la Microcuenca Marino Costera de la Zona Sur de Ahuachapán y primo de Josué.

Rigoberto está frente a un canal que, dice, años atrás tenía una profundidad de un metro. Pero, cuando el mar sobrepasó la playa y entró por la bocana, comenzó a matar a los manglares. Enfrente hay palos de mangle pequeños, que fueron sembrados después que la comunidad excavó los canales, porque todo quedó aterrado de arena y lodo. También hay troncos de árboles que se secaron. Ante él saltan los camarones y los pescados conocidos como chimberitas, en el poco de agua que se niega a morir.

«Eso quedó como si no había existido estero, como si no había existido río, porque todo lo llenó de arena», relata. Y recuerda que, antes de 2015, la bocana del caserío El Botoncillo pasaba destapada de seis a cinco años, lo que permitía que el agua fluyera libremente y bañara el manglar. Ahora se tapa una o dos veces por año. A veces la alcaldía de San Francisco Menéndez les envía una máquina para extraer arena, pero, sino, la comunidad la saca con palas y azadones.

Los bosques de manglar previenen las erosiones en las costas y son barreras naturales ante las inundaciones. En ellos viven crustáceos y peces, que contribuyen a la economía de los lugareños. Para que los bosques estén vivos, necesitan 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce, porque con los flujos de estas dos aguas, los árboles constantemente están subiendo y bajando. De lo contrario, se quedan estancados y se pudren. Y mueren los animales.

Manglares. Con el aumento del mar, también incrementa la salinidad. Esto afecta a los bosques de manglar, que necesitan que corra en sus canales 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce.

El manglar de El Botoncillo es parte del sitio Ramsar Complejo Barra de Santiago. Estos sitios son ecosistemas de importancia internacional, por ser humedales únicos, que almacenan dióxido de carbono y que les sirven de hogar a especies migratorias.

Caminando a un lado de la bocana, donde se observan más árboles de mangle descubiertos de agua, entre la frontera de El Salvador y Guatemala, este mediodía Rigoberto lamenta que el escenario no sea el de años anteriores, con canales profundos y anchos. Que ya no lleguen a este lugar las aguas del río Paz, que evitaban la arena acumulada en la bocana y la salinidad en el estero, y que además, ayudaban a que hubiese un flujo de agua. Así, es imposible que no se acumule el agua salada en el bosque y se contamine. Antes no pasaba, con las seis horas de llenado y otras seis de vaciado.

«Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo», explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Ramírez, el encargado de la UNES de monitorear la zona sur de Ahuachapán, indica que fenómenos hidrometeorológicos, como el mar de fondo, tienden a ser constantes por el cambio climático y esto conlleva al aumento de los niveles de mar. Sobre todo en esa parte de la zona de occidental, donde ha habido un cambio de uso de suelo y cada vez hay más monocultivo de caña.

Después de lo que ocurrió en 2015, la UNES comenzó a implementar un monitoreo hidroclimático que consiste en extraer agua de los pozos de la zona para saber cuánta agua tienen, vincular su cantidad a la sequía, a la ausencia de lluvia o la extracción para la riega de caña. También hay un monitoreo de lluvia, en conjunto con el MARN, para saber cuándo es tiempo para cultivar o reforestar el manglar; y hay un monitoreo para medir la salinidad, acidez y el oxígeno del manglar. Pero la comunidad se ve amenazada.

Un informe que el MARN y la UNES realizaron en 2016 señala que en los últimos 40 años, se ha transformado el manglar de Garita Palmera, que debería ser pantanoso y con ramificaciones hidrológica. Ha sido afectado porque la microcuenca El Aguacate, un brazo del río Paz, que lleva agua hasta el manglar, ha servido como canal de riego para cañales. Esto lo descubrieron las comunidades y comenzaron acciones contra empresarios. Pero el agua de este río, cuyo curso fue desviado por el huracán Fifi, en 1974, para el territorio guatemalteco, sigue sin llegar a la costa salvadoreña.

Ramírez sostiene que la producción de caña afecta los ecosistemas y a las poblaciones vulnerables, como El Botoncillo, y que, por ello, es necesario que el MARN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería regulen los permisos ambientales. Ya que, con estas actividades, hay una repercusión en el aumento de los niveles del mar, sumado al cambio climático. También apunta a la necesidad de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad de las comunidades ante los intereses empresariales. Voceros oficiales de una empresa cañera dijeron a esta revista que el sector no tiene incidencia en la cuenca desde hace dos años.

En la entrada de la bocana, Rigoberto espera que, un día, los casi dos metros de arena que trajo el mar de fondo, en 2015, puedan ser drenados en donde una vez fue un estero fluyente. Aunque esto no sería suficiente para recuperar el bosque de manglar, ante un río que ya no es de ellos, de la comunidad, y un mar que va creciendo y se traga todo lo que encuentra.

Una bomba de tiempo entre las paredes de la PNC

Ilustración de La Prensa Gráfica – Fotografías cortesía

Durante los últimos cinco meses de 2014, la Unidad de Archivo Central de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó sin papel higiénico. Así consta en un expediente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

La Dirección General de Previsión Social del MTPS hizo, el 15 de agosto de ese año, una visita técnica a esta instalación policial, ubicada sobre la 1.ª avenida norte, de San Salvador. Le dio 18 recomendaciones a cumplir, porque la PNC estaba violando la Ley General de Previsión de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Entre las recomendaciones estaba comprar el papel higiénico, proveerles a los policías agua purificada y comprar cinco escaleras que serían utilizadas para alcanzar documentos.

Hasta el 23 de diciembre de ese año, cuando el expediente contiene la última observación del MTPS, la PNC no había comprado papel higiénico y tampoco había comprado las escaleras.

Tras la primera visita del ministerio, en un intento por solventar las infracciones a la ley, existió un intercambio de correspondencia a nivel interno de la PNC que se prolongó hasta el 24 de octubre. Pero la justificación siempre fue la misma: no había dinero para comprar papel.

Veinte días después de la visita, el 4 de septiembre, la jefa de Administración de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC) envió un memorándum al encargado del Fondo Circulante de la PNC en el que le pedía que compraran papel higiénico. La respuesta llegó ese día por parte de la encargada de la caja chica de la UAC que, en resumen, le dijo que los recursos no podían utilizarse para comprar bienes o servicios de carácter urgente, porque así lo establecían las normas de aplicación de fondos circulantes y montos fijos de la institución. «Por lo que la compra de papel higiénico queda sin efecto por ser un recurso planificado y no de carácter urgente», concluyó en el memorándum.

Desde agosto hasta la última página anexa al documento, fechada en diciembre, no hubo, de parte de la corporación policial, manera de hacer llegar papel higiénico a 60 de sus agentes que laboran la Unidad de Archivo Central, ubicada en la capital.

En 2019, la historia se repite. El MTPS consigna que las faltas a la Ley de Previsión de Riegos persisten, sobre todo en la carencia de un plan de emergencias y evacuación en las instalaciones policiales, algo que está regulado en el artículo 8 de la ley.

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LA CARENCIA

El olor a orín es fuerte en este baño de hombres. Hay pedazos de papel higiénico depositados en un basurero, pero no hay papel limpio para usar, solo han quedado en una pared las señas de un portarrollos. La suciedad se come la taza del inodoro azul, al que, además, le falta la tapa del tanque. Para sustituirla, alguien ha puesto una tabla pintada de verde que se ha mojado y ya tiene hongos. Alguien también ha puesto -al otro lado de la ventana de solaire, que está en la pared derecha de este cuarto- un pedazo de lámina. Es una forma de guardar la privacidad en este lugar que no mide más de dos metros cuadrados.

En la parte izquierda del baño hay un espacio para ducharse. El tragante no tiene tapadera y está en medio de nueve hileras de cerámica celeste y una hilera de ladrillos verdes en forma de L por donde avanza el sarro hasta trepar a las paredes y más en donde está la perilla para abrir el grifo.

El baño es de un puesto policial que funciona en una casa de dos plantas en Mejicanos que, si no fuera por una patrulla y dos motocicletas que esta mañana están estacionadas enfrente, de lejos pasaría como una casa más. De cerca, se distingue porque en la puerta principal tiene el letrero: Departamento de Tránsito Terrestre. Es el puesto de PNC que cubre todos los hechos relacionados con tránsito entre Mejicanos y Ciudad Delgado, el municipio vecino.

Las carencias de recursos en las instalaciones de la PNC no son nuevas y MTPS ya las ha documentado en las visitas técnicas que realiza para verificar si se cumple la Ley de Previsión de Riesgos.

Esta ley, aprobada en 2010, da parámetros de cómo deben ser las condiciones de infraestructura y salud ocupacional en las que tienen que trabajar los colaboradores de instituciones públicas y las empresas. Para su cumplimiento, en teoría, el MTPS realiza inspecciones y da recomendaciones sobre las infracciones leves, graves y muy graves a la ley. Si estas no se solventan, hay multas para el empleador que van desde los cuatro salarios mínimos hasta 28 salarios mínimos.

Revista Séptimo Sentido obtuvo, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del MTPS, los informes que el ministerio ha realizado a partir de visitas a las instalaciones policiales, entre 2016 y marzo de 2019. Estos dan cuenta de las violaciones la Ley de Prevención de Riesgos, lo que también pone en peligro la salud de los policías.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y la falta de sillas cómodas para trabajar. El ministerio también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

Mientras que en la delegación central de la PNC, en San Salvador, recomendó que hubiese apilamiento seguro de materiales de trabajo, como el control de evidencias. Estas son las pruebas que los investigadores recopilan en las escenas de delitos para resolver los casos judiciales y que, de dañarse, ya no sirven.

Esta revista solicitó durante un mes, y por diferentes medios, entrevistas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro; y con un encargado de Prevención de Riesgos Ocupacionales de la PNC, para conocer qué acciones se están realizando para mejorar la salud ocupacional de los policías. Pero hasta el cierre del reportaje, los equipos de Comunicaciones de ambas instituciones no dieron respuesta.

“Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y ahí esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice Marvin Orellana, líder de ANPES.

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LA SANIDAD

Los policías, como para advertir que no sirve el tanque del inodoro, han puesto dentro de este una escoba y una botella partida con la que sugieren agarrar agua de la pila que está a un lado. A esta, que es la subdelegación de Rosario de Mora, al sur de San Salvador, el MTPS también le recomendó que hiciera suministro de papel higiénico. Fue en una visita hecha el 13 de noviembre de 2017, pero dos años después, en una mañana de junio, el baño sigue sin papel. Y el inodoro que una vez fue blanco, ya es amarillo.

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos dice que los lugares de trabajo deben cumplir con condiciones de estructura (pasillos, paredes, techos, asientos, comedores, dormitorios, servicios sanitarios, instalaciones eléctricas, entre otros) que garanticen la seguridad e higiene ocupacional de los colaboradores ante riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades.

También indica que cada institución o empresa que tenga más de 15 trabajadores, o cuando la Dirección General de Previsión Social del MTPS lo sugiera, cuente con comités de Seguridad y Salud Ocupacional, que son los encargados de prevenciones de riesgos.

La PNC, según su Unidad de Comunicaciones, tiene comités en cada una de las instalaciones. Sin embargo, en los informes consultados, el MTPS sugirió conformar estos comités a puestos con más personal policial como la División Central de Investigaciones y la División de Tránsito Terrestre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada 19 de noviembre el Día del Retrete, porque, sostiene, que este salva vidas al evitar que las heces humanas propaguen enfermedades mortales. Sin embargo, advierte que a nivel mundial hay una crisis de saneamiento. En 2017, la organización presentó el informe «Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene», realizado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que reveló que 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen un saneamiento seguro.

El informe, además, señala que la deficiencia de estos servicios y el agua tienen relación con la transmisión de enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería y la hepatitis A.

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LA COSTUMBRE

Marvin Orellana es policía desde hace 22 años y es el vocero oficial de la Asociación Nacional de Policías de El Salvador (ANPES), que nació hace un año y se organiza a nivel de redes sociales para exigir los derechos del personal policial. Marvin está claro que la Constitución, en su artículo 47, le prohibe a los policías y a la Fuerza Armada el derecho a asociarse o formar sindicatos.

Él trabaja como investigador en la subdelegación policial del barrio San Jacinto, una subdelegación en la que trabajan aproximadamente 120 policías. A diferencia de otras instalaciones policiales, a simple vista, en esta las condiciones de infraestructura parecen variar: los escritorios y las sillas están en buen estado, el baño está aseado, e incluso, hay aire acondicionado. Y dentro de la delegación hay una cafetería y una dispensadora de bebidas.

La subdelegación San Jacinto cubre este barrio de la zona sur de San Salvador y su competencia llega hasta los límites de la ciudad capital con Panchimalco, San Marcos y Soyapango, y cierta parte del Centro Histórico, del lado del bulevar Venezuela. Para hacerlo tienen asignadas cinco patrullas, pero de estas, solo una «medio funciona», dice Orellana, por eso también hacen los patrullajes a pie. Otro de los problemas a los que él se refiere esta tarde de junio es que si las agentes, quienes tienen su dormitorio en la segunda planta de la subdelegación, no se bañan a las 3:30 de la mañana, no logran agarrar agua y les toca acarrearla desde la primera planta.

«Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos», dice.

Según Orellana, los policías no reciben un inmueble en malas condiciones para laborar, sino que el cuido depende del personal. Para él, en la institución existen otras preocupaciones, como la falta de aumentos salariales, la falta continua de ascensos a otras categorías policiales y el acceso a una pensión digna.

El último aumento que recibieron los policías fue de $50 dólares, en 2007, cuando también se incorporó a la Ley de la Carrera Policial (LCP) el escalafón que reciben cada cuatro años. La cantidad del escalafón varía según el nivel al que pertenezcan. Un policía que recién ingresa a la institución recibe un salario de $424 menos los descuentos. Según la ley, su escalafón representa el 6 % de este monto, que equivale a $28, menos descuentos.

En marzo de 2016, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, los policías y soldados que realizan funciones de seguridad pública, y custodios de penales comenzaron a recibir un bono trimestral de $150, este se ha ido en aumento, de $200, $300 y hoy es de $400. Sin embargo, el problema que Orellana ve con los bonos es que estos no le dan garantía a un agente que vive entre pandillas y quiere comprar una casa en otra zona, porque el dinero no forma parte de su salario. Igual sucede, dice, con el régimen de disponibilidad, el dinero que los policías reciben para alimentación, que es entre $130 y $190.

Días antes que Nayib Bukele ganara la Presidencia, en enero, se reunió con representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía. El secretario general de este movimiento, Marvin Reyes, confirma la reunión y muestra dos hojas con 16 puntos que Bukele firmó. Entre estos está su compromiso con la mejora de la infraestructura de las instalaciones policiales, el aumento del salario de los policías y la promoción de ascensos. De esto, dice Reyes, aún no hay nada.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, el precio de la canasta básica en El Salvador es de $200 para la zona urbana y de $144 para la zona rural. Con ingresos como los que recibe un policía en la categoría de agente, el puesto más bajo dentro de la PNC, este no puede costearse los recursos que la institución le adeuda en su trabajo, por ejemplo, papel higiénico por cinco meses.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y de aseo en los baños, así como la falta de sillas cómodas para trabajar y la infiltración de agua lluvia en las instalaciones policiales a causa de goteras; el ministerio de Trabajo también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

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EL DESENCANTO

Aarón recuerda que aquel jueves 20 de junio, el día que comenzó el de Seguridad del nuevo Gobierno, el Plan de Control Territorial (PCT), lo sacaron de la subdelegación donde trabajaba y lo llevaron a una delegación policial de la zona central del país, donde se reunió con policías de otras subdelegaciones y de áreas como la Unidad de Mantenimiento del Orden, de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales y de la División de Armas y Explosivos. Antes de ese día, él no sabía nada de lo que tendría que hacer, la explicación que les dio un jefe policial fue simple: los habían llamado para formar parte del nuevo plan de seguridad, pero de una vez les advirtió que no los quería ver durmiendo en la delegación.

«Ningún ‘cuilio’ voy a permitir que duerma en la delegación», cuenta Aarón, vía teléfono, que les sentenció el jefe. No tenían dónde dormir, así que tuvieron que esperar hasta las 11:30 de la noche que un camión llevara, desde San Salvador, colchonetas. Esa noche, y durante otras dos semanas, ocuparon la casa comunal del cantón donde hoy están destacados, pero fueron sacados de ahí, dice, porque los lugareños necesitaban usarlo para otras actividades propias de la comunidad.

Desde entonces, el grupo que comenzó con 90 policías y soldados, y hoy ya sobrepasa los 100, planteó tomarse alguna casa abandonada para establecerse, también fue ilusionado por sus superiores con que la alcaldía del municipio le pagaría el alquiler de casas. Nada de eso se concretó y el personal comenzó a segresarse en subgrupos: un grupo vive en dos casas que ya eran utilizadas por la PNC, pero estaban abandonadas; otro alquila una casa que es pagada de su dinero, incluidos los recibos de agua y luz; a un tercer grupo, un señor les ha dado donde vivir sin cobrarles nada. Lo mismo sucede con el lugar donde está Aarón: una empresa les ha permitido a él y a otros cinco colegas instalarse en un cuarto con sus colchonetas.

El 4 de julio la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno la reasignación de $31 millones para implementar la primera fase del PCT. La propuesta que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó a los diputados fue que de esa cantidad, $3 millones serían destinados para la alimentación de 2,500 policías y otros $6,048,000 para la de los 5,040 soldados que participan del plan. Cada uno tendría que recibir, mensualmente y hasta diciembre, $200 para su alimentación.

Lo que ha pasado es que, mientras los soldados reciben los $200, a los policías el Gobierno les ha dado un complemento al régimen que ya recibían. Es decir, que si recibían $130 o $190, les ha dado solo $70 o $10.

Esto lo confirman el agente Orellana y Aarón, que accedió a hablar a cambio que no se revele su nombre. A él, dice, solo le dieron $70 y todavía no sabe cuándo le darán completo el dinero que un día le prometieron.

Lejos del discurso oficial sobre la funcionalidad del PCT, los policías y soldados que fueron desplegados a la misma zona que Aarón, todavía esperan los catres que las autoridades les prometieron un día. Duermen en el suelo, sobre una colchoneta, que, de tanto usarla, se está desgastando, cuenta el policía.

Orellana dice que así como en el caso de Aarón, los policías que fueron seleccionados de delegaciones, subdelegaciones u otras áreas policiales para el PCT, llegaron a otras instalaciones en las que ya no había cupo para más personal y eso ha generado condiciones precarias, pero ellos necesitan esos espacios para dormir, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas.

«Es obvio que va a ser una lucha, porque no nos vamos a dejar», adelanta, desde la delegación de San Jacinto, Orellana cuando habla de violaciones laborales a las que se ven sometidos y el temor de sus colegas a organizarse por la prohibición constitucional que existe. Lo que pasa con los policías que forman parte del plan de seguridad es, dice, solo una «bomba de tiempo», porque ya hay algunos que se están quejando y que hablan de manifestarse.