Era pobre, trans y vivía con VIH. Cuando cayó con fiebre y diarrea, buscó atención en el sistema público de salud que, a razón de estar focalizado en reducir el impacto de la pandemia por covid-19, no la admitió. Valeria sufrió exclusión desde que nació, su madre no tuvo cómo tramitarle documentos. Y murió cuando en El Salvador se gobierna sin políticas encaminadas a visibilizar a este sector poblacional.

Las vidas que quedan fuera del sistema

Un reportaje de Stanley Luna

Fotografías de Archivo

Fotografía de Archivo

El cuerpo de Valeria pasó una semana en Medicina Legal. Sus padres no la asentaron en la alcaldía de San Salvador y, sin un documento que respaldara su existencia, su madre no podía retirar su cuerpo de la morgue.

Los funcionarios le propusieron una alternativa. Tenía que presentar un documento de no emisión de nacimiento. Para esto debía, primero, tener las huellas plantares de su hija.

Valeria nació en el antiguo Hospital de Maternidad. Junto con Camila Portillo, activista de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans), la madre de Valeria fue al nuevo Hospital de Maternidad para reclamar el documento, pero el trámite quedó frustrado porque, los servicios administrativos de los hospitales estaban paralizados por la pandemia del covid-19.

Medicina Legal había dado un plazo 15 días para retirar el cuerpo de Valeria. Así que, por medio de Aspidh Arcoíris Trans, se hicieron coordinaciones con el Registro Nacional de las Personas Naturales para que este extendiera, lo más pronto posible, una declaración jurada que comprobara, a los forenses, que la señora que reclamaba el cuerpo de Valeria era su madre.

Una vez el documento fue remitido a la Fiscalía General de la República, la institución dio el aval a Medicina Legal para que entregaran a Valeria. Si este proceso no se hubiera agilizado, su cuerpo hoy estuviera en una fosa común.

Valeria pasó enferma con diarrea y calentura. Murió, a los 24, deshidratada. Su madre gastó el poco dinero que gana del comercio informal para reponerla con sopas y jugos. Antes de que el gobierno declarara la emergencia por el covid-19 y la cuarentena obligatoria, la señora había intentado curarla, la llevó al Hospital San Rafael, en Santa Tecla, pero no quisieron atenderla y tampoco le dieron explicación.

En plena pandemia, Valeria empeoró, pero fue en vano que su madre buscara ayuda en un Fosalud y en la Unidad de Salud del barrio San Jacinto. Tampoco sirvió que le pidiera prestado el teléfono a un vecino para llamar al Hospital San Rafael y suplicar, otra vez, atención para su hija. La respuesta siempre fue la misma: solo atendían emergencias por el nuevo coronavirus.

El 28 de abril por la mañana, la madre de Valeria salió a la calle y paró a un carro patrulla. Hizo que un policía entrara a su casa y pidió, de favor, que le ayudara a llevar a su hija hasta un hospital. El policía llamó a un número y al otro lado hubo una respuesta: que si Valeria estaba muy grave, que mejor muriera naturalmente, ya que estaban enfocados en la pandemia.

Valeria era amiga de Camila. La quería tanto, que hasta le decía mamá. Camila no sabe si aquella respuesta que recibió el agente fue de otros policías o del personal de un hospital. Tampoco sabe si la falta de atención fue por la identidad y expresión de género de Valeria.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

«Hay frustración. Te quedás con esa sensación de impotencia, con ese nudo en la garganta, porque sos parte de la población y también has vivido situaciones similares», sostiene Camila.

En 2016 fueron lanzados los Lineamientos Técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI, vigentes a la fecha y que establecen la atención que el sistema de salud debe brindar a pacientes de la diversidad sexual, especialmente a las mujeres y las mujeres trans.

El documento fue un trabajo entre la extinta Secretaría de Inclusión Social (SIS), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las organizaciones de la sociedad civil. Y, al igual que otras acciones a favor de la población LGBTI, su cumplimiento era verificado por la SIS.

La SIS fue una instancia nacida en el gobierno del expresidente Mauricio Funes y dependía de la Presidencia. A ella estaba adscrita la Dirección de Diversidad Sexual, que tenía entre sus funciones erradicar la violencia y la discriminación contra la población LGBTI en las instituciones públicas.

En el segundo día de su gobierno, Nayib Bukele eliminó la SIS y delegó la Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura, un ministerio que dejó de ser una secretaría en 2018. Con sus nuevas asignaciones, lo único que hizo esta cartera de Estado fue un cambio de nombre. Desde agosto del año pasado, comenzó a llamarse Unidad de Género y Diversidad.

Suecy Callejas, la ministra de Cultura, fue entrevistada por un noticiero antes de ser juramentada como funcionaria. En la entrevista del 8 de mayo de 2019, habló de reformas presupuestarias para el ministerio que preside y de gestionar fondos con cooperantes y empresas, ya que, dijo, solo el 8 % del dinero era destinado a las direcciones que dependen del ramo cultura. El resto se va en pago de salarios.

Pese a la responsabilidad que le conlleva trabajar en la implementación de políticas públicas a favor de la población LGBTI, p ara el año 2020, sin embargo, no hubo mucha variación en el presupuesto ministerial. Solo aumentó $1,283 respecto al año 2019, cuando contó con $20,266,40. Después del Ministerio de Medio Ambiente, Cultura es la cartera de Estado con menos presupuesto.

A un año del nuevo gobierno, la PDDH y las organizaciones LGBTI no conocen las propuestas de políticas públicas que serán implementadas en este quinquenio con respecto a la diversidad sexual.

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LA MADRUGADA DEL 22 DE MARZO, horas después de que Bukele ordenara la cuarentena obligatoria por el covid-19, dos mujeres trans fueron detenidas en San Salvador, acusadas de violar la medida gubernamental.

Ellas fueron trasladadas al centro de contención del Instituto Nacional de los Deportes, donde también estaban detenidos siete hombres gais. En ese lugar, había un policía que le dijo al grupo que la pandemia era producto de su estilo de vida.

A través de una organización, las víctimas denunciaron el caso a PDDH, quien pidió un informe al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Hasta ahí, la PDDH supo que seguía vigente una de las políticas creadas en el anterior gobierno a favor de la diversidad sexual. Arriaza Chicas respondió que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública continúa aplicando la Política Institucional para la Atención a la Población LGBTI, una iniciativa de SIS, que desde 2018 está a cargo de la actual Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada.

«La pandemia ha visibilizado la desprotección de la que es víctima la población LGBTI, especialmente los grupos más vulnerables, como las personas adultas mayores y las trabajadoras sexuales», sostiene Jessica Torres, referente de la Procuraduría Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

Torres señala que durante la pandemia han observado que la Unidad de Género y Diversidad, del Ministerio de Cultura, a cargo de Keny Rodríguez, no ha tenido un rol protagónico en las acciones que le corresponden.

Sin instituciones que impulsen políticas públicas para sectores vulnerables como la población LGBTI, son las organizaciones las que, dentro de sus limitantes, asumen parte de las funciones del Estado.

De toda la población LGBTI, la personas trans son las más discriminadas por su identidad y expresión de género. En un país como El Salvador, donde aún no es aprobada una Ley de Identidad de Género, ellas no pueden acceder a un nombre que las identifique, a un empleo formal ni a servicios básicos como salud y educación.

Por esto es que, en el caso de la mayoría de mujeres trans, su única forma de ingreso es el trabajo sexual. Otras viven del comercio informal.

Con la cuarentena obligatoria, que comenzó el 22 de marzo y se prolonga hasta el 6 de junio, las mujeres trans han dejado de recibir ingresos. No todas han sido beneficiadas con el bono de los $300 que dio el gobierno a los afectados por la pandemia del covid-19.

Aspidh Arcoíris Trans se ha encargado de entregar canastas básicas a mujeres trans y hombres gais. Cada día, en su página de Facebook, la asociación sube fotografías de las entregas que realizan en diferentes municipios.

El dinero para las canastas proviene de sus donantes, a quienes también les han pedido redireccionar fondos que inicialmente estaban destinados para eventos que se aplazaron por la pandemia, cuenta la directora de la asociación, Mónica Linares.

Desde Aspidh Arcoíris Trans gestionaron la entrega del bono de $300 para 50 personas, entre mujeres trans y hombres gais. No todos pudieron acceder a este beneficio, pero una gran parte de la población LGBTI lo necesitaba.

La PDDH se ha enterado por las organizaciones de la sociedad civil que esta unidad elabora un censo de mujeres trans para darles un subsidio, pero desconoce si el censo ya fue terminado y si el dinero les fue entregado a las mujeres.

Un censo de este tipo requiere un trabajo minucioso, sobre todo porque El Salvador no cuenta a toda su población desde 2007, y, en aquel momento, no se desagregó a la población LGBTI. Los datos referentes a la diversidad sexual son manejados por las organizaciones de la sociedad civil, pues se carece de registros oficiales, incluso sobre hechos graves, como los crímenes de odio.

El 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado para hacer énfasis en la desprotección en la que se encuentra la población LGBTI, y que aumenta, en el marco de la pandemia del covid-19.

«El covid-19 y las medidas adoptadas para contenerlo intensifican las desigualdades y la discriminación. La existencia de leyes de criminalización, por ejemplo, hace que las personas LGBTI sean vulnerables a los abusos de la policía y a los arrestos en detenciones arbitrarias en el contexto de las restricciones de movimiento y toque de queda», indicó la CIDH.

Esta es una realidad de la que no escapa para personas como Valeria. Su exclusión de las políticas públicas ha llevado a que tampoco exista un protocolo estatal de atención durante la pandemia. Quizá si hubiese uno, ella no habría muerto.

La Alcaldía de Ahuachapán designó horarios de salidas para las mujeres y hombres trans de este municipio, y pidió a la PNC y a la Fuerza Armada a respetarlos. Es la única iniciativa que, a nivel nacional y en plena cuarentena, ha sido pensada para este sector.

Además del caso de discriminación en el Instituto Nacional de los Deportes, la PDDH recibió la denuncia de tres hombres trans que cumplían cuarentena en otro centro de contención, en Chalatenango. Estaban en cuarentena en un lugar insalubre y donde también eran discriminados por su identidad y expresión de género.

La PDDH, que en estos días de cuarentena obligatoria tiene la orden de la Sala de lo Constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos, remitió estos hechos al Ministerio de Cultura, pero no hubo mayor respuesta de la Unidad de Género y Diversidad.

«Con llevar esto al Ministerio de Cultura se pierde su enfoque natural, que es eminentemente, de protección a las personas, lo estamos viendo desde un enfoque más cultural», insiste Torres.

Revista Séptimo Sentido solicitó una entrevista con Callejas o Rodríguez para conocer los avances en la Dirección de Género y Diversidad, pero la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Cultura se limitó a decir que están únicamente enfocado en la pandemia.

Valeria era una chica trans. En 2014, cuando buscó acompañamiento de Aspidh Arcoíris Trans, ya le habían diagnosticado VIH. La vida le fue muy difícil. De niña cayó en las drogas y vivía debajo de un paso a desnivel, en el centro de San Salvador. Su vulnerabilidad no le permitió someterse plenamente al tratamiento de retrovirales. Luego, vino la pandemia y no encontró un servicio estatal que la atendiera.

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EN MAYO DE 2010, el gobierno del expresidente Mauricio Funes aprobó el Decreto Ejecutivo 56, enfocado en prevenir la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual en las instituciones públicas que dependían del Ejecutivo.

Linares recuerda que hubo una propuesta de decreto que las organizaciones elaboraron que entregaron a Funes. Esta establecía sanciones para la discriminación de la población LGBTI, pero el decreto que el expresidente lanzó las omitió. El documento sigue vigente, lo que sucede es que ya no está la SIS, la encargada de aplicarlo.

El decreto significó una puerta para visibilizar la discriminación contra los miembros de la diversidad sexual, pero aún no existe en El Salvador una ley que sancione la discriminación. Apenas, en 2015, el Código Penal fue reformado, pero para agravar las amenazas y los homicidios cuando estuvieran motivados por el odio.

La reforma se ha quedado en papel, porque de los más de 600 asesinatos que las organizaciones registran desde 1993 a la fecha, solo el de Camila Díaz, una mujer trans asesinada en 2019, ha sido judicializado con este agravante.

El Decreto Ejecutivo 56 fue difundido por la Dirección de Diversidad Sexual en las diferentes instituciones públicas. Durante los gobiernos del FMLN, esta dirección se encargó de capacitar a personal de diferentes ministerios y tuvo una participación en ferias de empleo para la población LGBTI. También creó un índice sobre la inclusión social dentro de las carteras de Estado.

Camila insiste en que hay documentos que no todos los empleados de las instituciones públicas conocen y por esto no saben cómo atender a los miembros de la diversidad sexual desde un enfoque de derechos humanos, sobre todo a las personas trans. Si pasa con el Decreto Ejecutivo 56, que ya tiene una década de vigencia, duda que no pase con otras acciones inclusivas.

La Dirección de Diversidad Sexual llegó, incluso, a contar con una línea telefónica 132, un call center creado en 2017 y que atendía las denuncias del personal de la diversidad sexual que trabajaba en el sector público y había sufrido algún tipo de discriminación.

Ahora este número el gobierno lo ocupa para atender llamadas de personas que padezcan de alguna enfermedad y necesiten movilizarse, aun así, hay personas que no saben de la extensión o que, como la mamá de Valeria, no cuentan ni con un teléfono para pedir ayuda en una emergencia.

En el call center, un equipo daba asesorías y buscaba acompañamiento para las víctimas, ya sea a través de instituciones estatales o a través de las organizaciones. Una función mínima, pero que marcó precedentes desde el Ejecutivo.

«Al desaparecer la Secretaría de Inclusión Social, es como decir: ‘esto no es relevante para este gobierno’, y políticamente pasa a ser una población con una minusvalía desde la respuesta del Estado», señala Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA).

Institución. La Secretaría de Inclusión Social funcionó como una dependencia de Presidencia durante los gobiernos del FMLN.

Sylvia Hidalgo, procuradora Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, señala que, en noviembre del año pasado, el procurador Apolonio Tobar pidió un informe a Bukele y a Callejas para saber qué pasaría con las políticas públicas ya implementadas en gobiernos anteriores y el seguimiento al Decreto Ejecutivo 56. Lo que recibieron fue una respuesta ambigua, no de ellos, sino del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

De acuerdo con Jessica Torres, el gobierno se limitó a justificar que había desaparecido la Dirección de Diversidad Sexual, porque estaba dentro de las facultades del Consejo de Ministros. Y que, basados en la Constitución, habían reestructurado el funcionamiento de las SIS y las otras cuatro secretarias que Bukele desapareció, para que existiera una relación con el Plan Cuscatlán.

El Plan Cuscatlán apenas contempla entre sus iniciativas, y sin una estrategia concreta, eliminar la violencia y discriminación contra personas vulnerables, como la población LGBTI. En ningún apartado menciona la supresión de la SIS.

En su informe preliminar de la visita in loco, entre el 2 y el 4 de diciembre del año pasado, la CIDH lamentó la falta institucionalidad y partida presupuestaria para proteger los derechos de la población LGBTI y la falta de otras iniciativas a su favor. Según la comisión, aunque hay un lineamiento de atención en salud, no hay una política de atención especializada.

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EL MINISTERIO DE CULTURA publicó su Plan Operativo Quinquenal en el Portal de Transparencia, en febrero de este año. El documento se describe como un «insumo de política pública creada para dar cumplimento e incidir en la generación de una cultura pacífica, respetuosa de la diversidad e inclusiva de grupos históricamente excluidos».

Una de las propuestas del plan es fortalecer la Unidad de Género y Diversidad que, a la fecha, según la PDDH, solo cuenta con dos colaboradores para hacer todo el trabajo que le competían a la extinta Dirección de Diversidad Sexual.

Para la formulación de este plan -del que no se especifica un presupuesto- no hubo consulta con las organizaciones de la sociedad civil, aclara Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador. Con él coincide Linares. La PDDH ni siquiera sabía, hasta esta semana, de la existencia del plan. No fue un lanzamiento público.

«Un diagnóstico de lo más básico de las políticas ya existentes era importante incluirlo, porque se ha creado en el aire, de qué ha pasado. ¿Se van a retomar, se van a trabajar? Casi pareciera que este está partiendo de cero», opina Zapata.

Tras conocer que las nuevas funciones del Ministerio de Cultura para este quinquenio, en agosto, la Asociación Amate insistió conocer, por medio de la Oficina de Información y Respuesta del ministerio, cuáles serían las implementaciones de políticas públicas a favor de la población LGBTI y cuál sería el presupuesto asignado para la Unidad de Género y Diversidad.

La asociación nunca recibió el plan. Según consta en diferentes solicitudes de información publicadas en el Portal de Transparencia, la justificación fue que el plan estaba en elaboración. Al inicio, cuenta Zapata, les enviaron el presupuesto generalizado para el ramo cultura, pero después, la Oficina de Información y Respuestas les remitió apartado, en el que aparece que la Unidad de Género y Diversidad funcionará con $8,000 este año.

Una de las propuestas del Plan Operativo Quinquenal es el trabajo en el territorio con extensiones del Ministerio de Cultura, como las Casas de la Cultura y Convivencia. Para esto ha sido asignados $900,815 en el 2020, tan solo $820 más que el presupuesto de 2019.

Es una propuesta que les permitiría tener contacto con las alcaldías y así contabilizar a la población LGBTI que hay en los municipios y sus zonas rurales, dice la activista Linares. Algo de lo que, de acuerdo con Zapata, careció la Dirección de Diversidad Sexual, porque limitó su trabajo a San Salvador.

«Realmente nos estamos preparando para una situación más complicada en cuanto a cómo nosotros ejercemos los derechos», dice Zapata. Sin información oficial es difícil para las organizaciones y para toda la población LGBTI saber qué pasará con el trabajo realizado durante una década. Mientras, habrá más necesidades en una población invisible para el Estado.

 


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