Eddie Bocanegra es un hijo de migrantes mexicanos que tiene 11 años dedicándose a la prevención de violencia en las comunidades más vulnerables de Chicago, en Estados Unidos. Hace dos semanas visitó El Salvador para entablar diálogo con diferentes sectores y conocer sobre los esfuerzos de rehabilitación y reinserción que, acá, mínimamente se realizan. En esta entrevista, Bocanegra, un expandillero, deja sus conclusiones de la visita: este país no acepta que las pandillas sean parte de la sociedad, no conoce ni reconoce que quien ha cometido un delito tiene la oportunidad de sanar y que el sistema penitenciario –uno de los más saturados en el mundo- carece de recursos para una verdadera rehabilitación.

El encarcelamiento no hace que nuestras comunidades sean más seguras

Una entrevista de Stanley Luna

Fotografías de Ángel Gómez

Eddie Bocanegra, Experto en prevención de violencia.

Eddie Bocanegra trabaja en la prevención de violencia y en cómo abordar los traumas que esta genera. Su historia lo ha llevado a enfocarse en las comunidades que más sufren la violencia en Chicago, la ciudad estadounidense más poblada del estado de Illinois. Desde 2017 es el director senior del programa READI Chicago, de la organización Heartland Alliance, donde le apuesta a construir una sociedad segura y con oportunidades.

Es hijo de padres migrantes, originarios de Nuevo León, en México, que se instalaron en La Villita, una comunidad de Chicago. Eddie creció en medio de vecinos, quienes en su mayoría también eran migrantes mexicanos y que, como sus padres, trabajaban en varios oficios para sobrevivir. En su comunidad conoció a las pandillas. Se les unió a los 14 años, justo un año después de haber visto el asesinato de un joven. Dice que consideraba que las pandillas tenían un «orgullo y autoestima grande», y pensó que en ellas podía encontrar voz y respaldo.

En 1994, a sus 18 años, fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio, pero, para entonces, la ley establecía que podía cumplir solo la mitad de su condena. Pasó detenido 14 años y tres meses. En prisión, Eddie estudió bachillerato y también recibió diversas clases, como cocina y arte. Al salir, aceptó el trabajo de «interruptor» de violencia en poblaciones adultas de Chicago, como parte del programa CeaseFire. Su experiencia, junto a la de otros dos como él, fue retratada en el documental The Interruptors. Además, estudió una licenciatura en economía en la Universidad Estatal de Luisiana, una licenciatura en trabajo social en la Universidad del Noroeste de Illinois y cursó la maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago.

“Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente”.

Eddie ha liderado varios programas de prevención de violencia, de lucha contra la desigualdad social y a favor de la reinserción de las personas que estuvieron en la cárcel. Actualmente es miembro del comité del Consejo de Liderazgo de Justicia Juvenil y de la junta de la Iniciativa de Justicia Juvenil, ambos de Illinois, y es administrador del Consejo de Justicia Criminal.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, conoció El Salvador. Visitó el penal de Apanteos, en Santa Ana, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. También se reunió con diferentes representantes del sistema penitenciario, con 12 empresarios del consejo empresarial de la agencia internacional Catholic Relief Services, con estudiantes de psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y con el grupo Constructores de Paz, de la micro región El Bálsamo, para conocer sobre la reinserción social y rehabilitación que, acá, mínimamente se realiza.

Su percepción del sistema penitenciario salvadoreño -el segundo con más presos en el mundo- es que carece de recursos para rehabilitar. A esto le suma que no existe comunicación entre los sectores sociales que pueden potenciar la reinserción, y que hay gente que, en las cárceles, quiere sanar, pero no sabe cómo hacerlo.

Más que un lugar donde se restringen los derechos civiles de una persona, ¿qué debería significar una cárcel?

Ha habido bastantes estudios que dicen que encerrar a la gente no va a causar que tu comunidad sea más segura. También sabemos que no hay ningún beneficio para la sociedad encerrar a la gente y solamente encerrarla, porque la persona va a salir de un punto por otro. Me imagino que estás en tus 20. El día de mañana, si Dios quiere y si tú quieres, vas a tener un hijo. ¿Te imaginas si ahorita una persona cae presa y el juez dice: «Te vamos a sentenciar a 30 años, 25 años», y mañana tienes un hijo? Esa persona va a salir en 25 años. Tu hijo va a tener 25 años. Tú ya vas a tener como 50. La persona que va a pasar por más, que va a tener que lidiar con las consecuencias, va a ser tu hijo.

Estados Unidos ahorita es el país que más encarcela personas en todo el mundo. Yo creo, si no estoy equivocado, que el segundo país es El Salvador. Hemos hecho un gran error, porque las políticas, las leyes que se construyeron en los 60’s, en los 70’s, en los 80’s, fueron, muchas veces, a base del racismo. Es por eso que en las cárceles de los Estados Unidos se ve a mucha gente de raza negra y de raza latina, pero en estos últimos ocho, nueve años, 10 años, el Gobierno americano ha reconocido que no podemos ya encerrar a más gente, que no es un buen retorno de inversión ni nada bueno sale de eso, porque el 95 % de la gente va a salir para atrás. 95 % de la gente en el estado de Illinois sale. Los datos los tengo porque siempre estoy diciendo eso.

Fotografía de Ángel Gómez

¿A qué me refiero? Si no hay ningún recurso y si solamente las personas están sentenciadas en la cárcel con 10, 20, 30 años como castigo, no van a salir bien. Van a salir más traumadas de lo que entraron. Diría que si el Gobierno está corriendo las penitenciarías, las cárceles, como si fueran un negocio, el Gobierno está invirtiendo de una manera que no le va a dar nada. Es un negocio que va a caer en bancarrota, tarde o temprano. La gente que está en las cárceles no es gente que viene de comunidades como Santa Elena (Antiguo Cuscatlán), viene de comunidades como la IVU.

En mayo del año pasado, según la cadena de noticias BBC, en Estados Unidos, había 2.16 millones de personas presas en cárceles federales y locales. Por cada 100,000 habitantes hubo 655 encarcelados. Mientras que El Salvador, a inicios del año pasado, era el segundo país con más reos, con un total de 39,274. Es decir, que por cada 100,000 habitantes tuvo a 614 detenidos, de acuerdo con un informe de World Prison Brief que citó la cadena de noticias.

Cuando salió de prisión, ¿qué fue lo que le motivó a usted para trabajar con comunidades vulnerables a la violencia y también apostarle a la reinserción social?

Antes de que saliera de la penitenciaría, estuve tomando clases. Traté de hacer todo lo posible con los recursos que se me estaban ofreciendo, y el último año, antes que saliera, como en 2007, a principios de 2008, comencé a escribir planes de negocios. Dije «voy a vender, voy a poner un puesto pequeño, afuera, en la calle y voy a vender hot dogs. Y los voy a vender enfrente de la cárcel» (que estaba por mi casa, por donde yo crecí, que es una comunidad que se llama La Villita, porque en el lugar, en Chicago, hay casi 80 % de mexicanos). En esa comunidad está una de las cárceles más grandes en Estados Unidos, que se llama Cook County Jail. A la misma vez dije «yo quiero ver la manera de cómo ayudar a otra gente, especialmente a otros jóvenes». Y afortunadamente, uno de mis primos en ese tiempo, y todavía sigue, era un oficial de seguimiento de libertad condicional juvenil. Cuando le dije «primo, quiero hacer esto». Me dice «ok, ¿sabes qué? Hay un programa donde yo mando mucho a mis jóvenes, a lo mejor tú puedes ser un mentor». Yo dije «ah, está bien». Comencé ahí de voluntario como por tres meses, hasta que finalmente una persona de CeaseFire, un programa contra la violencia, pero enfocado más a los adultos, no en los jóvenes, dijo: «Hey, Eddie, tengo un trabajo para ti». Yo le dije «está bien». La semana que sigue, otra vez, me veo con los jóvenes, me dice «hey, tengo un trabajo para ti». Le dije «yo no quiero hacer lo que están haciendo ustedes. Yo estoy bien», porque me estaba alistando también en la escuela. Y al tercer mes, como al mes después, me dice «¿por qué no quieres hacer eso? Te estoy dando un trabajo, te voy a pagar por lo que estás haciendo ahorita. La misma cosa te voy a pagar». Ya para entonces dije «sería bueno que llegara el trabajo para ayudarle a mi primo» (con el que me estaba quedando, en su casa). Tomé el trabajo y trabajé ahí por tres años y medio, como interruptor de violencia.

Es más, hay un documental que se llama The Interruptors, que ganó muchos premios, muchos reconocimientos internacionales, y ese documental me dio la plataforma de seguir esa carrera. Aparte de eso, saqué mi maestría en la Universidad de Chicago, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos, y eso también me dio otra plataforma de no hacer una historia solamente, sino que tener esas credenciales para decir que una persona como yo puede superarse.

¿Cuál es la importancia de que en uno de los países más violentos como El Salvador exista cohesión entre las instituciones del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil para asumir la prevención de la violencia?

Si nomás una institución, si solamente el Gobierno se encarga de eso, no vamos a ir muy lejos. Por otra parte, si solamente dejamos que las empresas se encarguen de eso, tampoco ellas pueden. Si el Gobierno y los residentes, los ciudadanos de El Salvador, quieren un país que sea menos violento, se va a requerir que todas esas instituciones comiencen a hablarse una a la otra, cada cosa que estén haciendo. Si van a hablar sobre las escuelas, tienen que haber elementos de la violencia ahí, cómo compartir esto. Si están trabajando sobre pólizas u hospitales, por ejemplo, también tienen que haber elementos con enfoque sobre la violencia.

Lo que yo he visto esta última semana es la necesidad de cómo arreglar el sistema penal. Lo que he visto o he escuchado, porque no exactamente lo he visto de la gente, pero lo que he escuchado, es que la gente aquí en El Salvador no quiere ver a esa gente que está en las pandillas como parte de la sociedad.

Hay un discurso de odio, incluso de funcionarios públicos.

Sí, pero también lo que he visto es cómo cada grupo con el que hemos hablado está como en su propia isla, como que no se están comunicando entre ellos mismos. Algunos tienen buenas ideas, pero no se están hablando. El Gobierno está hablando con las ONG, el Gobierno está hablando con las empresas; las empresas no están hablando con las universidades y el Gobierno no está hablando tampoco con los directores de los penales, especialmente con los de los juveniles. Para mí esa es una oportunidad que se está perdiendo, si no puede haber un enfoque de cómo coordinar esas conversaciones y cómo podemos hablar para comenzar, no solamente el diálogo, pero pasos que se pueden hacer para cambiar algunos sistemas.

¿Usted ha conocido sobre el programa Yo Cambio? ¿Cuál es su valoración general de este programa?

Lo he escuchado y parece que es uno de los mejores programas, pero también parece que el Gobierno lo acaba de parar. Conocí a muchos muchachos de ese programa, que están adentro y los que han estado afuera también, después de salir. Sin leer los datos, solo puedo dar mi opinión de lo que he visto, parece que la estrategia y la manera en la que ese programa está implementado hace mucho sentido. Las personas que conocí, que han estado encarceladas, pero ya salieron, que ya son libres y que fueron parte de este programa, son personas a las que también se les ve que quieren encontrar la manera de cómo ayudar. Para mí, tuvo un impacto en esas personas. Yo diría que ese programa, por lo que he visto, sin leer los datos, parece un programa que debería ser más replicado o apoyado.

El modelo del programa Yo Cambio fue institucionalizado en las cárceles salvadoreñas en 2014, luego de cuatro años de prueba en el penal de Apanteos. El programa, sobre el cual el actual Gobierno dijo que haría una reingeniería y aún no se pronuncia al respecto, contemplaba, en la administración pasada del FMLN, diferentes talleres para los internos, incluso la creación de bandas musicales en los penales. Sin embargo, entre sus deficiencias estaba que no contaba con una línea presupuestaria, sino que funcionaba con fondos extraídos de una contribución especial, y que no incluyó a la población pandillera reclusa. Pese a que era el único programa estatal, dentro de las cárceles las iglesias también han trabajado en el proceso de rehabilitación.

Fotografía de Ángel Gómez

¿Cómo deberían diseñarse para nuestros países los programas eficientes de reinserción bajo un enfoque de derechos humanos?

La verdad es que me da mucha vergüenza y me da mucha pena cuando menciono que estuve en el penal, cuando menciono que tomé la vida de una persona, pero la razón por la que lo hago es porque necesito que el Gobierno y que la sociedad vean que las personas que están en los penales pueden cambiar cuando tienen los recursos apropiados. No importa qué clase de monstruo la gente piense que esa persona es. Cuando tiene el apoyo, cuando tiene los recursos y cuando hay esperanza que el día que salga puede haber algo, esta persona puede cambiar. Pero lo que yo he visto también, aquí, en El Salvador es que eso casi no existe, y yo hablaría sobre mi programa. Con el READI Chicago estoy en cuatro comunidades en la ciudad de Chicago, cuatro de las más violentas en la ciudad. Para darte los contextos, Chicago tiene 77 comunidades, pero, aunque tengo este programa, cada comunidad es un poco diferente. Diría que este país es diferente a Estados Unidos, las comunidades son muy diferentes una a otra, y las pandillas también son muy diferentes la una de la otra, aunque hay cosas en común.

Una recomendación que yo daría es cómo se puede hacer un estudio, por ejemplo, sobre las razones por las que los jóvenes se meten a las pandillas y las razones del por qué la persona que las deja, ya después de hacer su tiempo en la penitenciaría, regresa, porque parece que esos número están muy altos. Yo me preguntaría ¿por qué no hacer unos estudios para mejor entender el por qué? Las políticas van a comenzar a ser unas recomendaciones bajo estudios, qué clase de leyes deberían de cambiar, por ejemplo, o qué clase de programas podrían existir para prevenir que una persona regrese al penal o tal vez que una persona comience a ir al penal, pero sobre esas cosas la gente de El Salvador es la que tiene la respuesta. Lo que también puedo decir es que hay muchos programas como READI Chicago, donde hay elementos estudiados y trabajados, que a lo mejor puedan incorporar, pero todo eso depende de los estudios que se hagan para ver cuáles son los retos y cuáles son las razones que están causando que la gente se venga para atrás, para la prisión, o que la sociedad o las comunidades, al final, no la acepten.

Yo ahorita estoy manejando un programa de $20 millones. He atendido clases en una de las mejores universidades, he hablando en las Naciones Unidas, he cumplido. Soy papá de cinco niñas, pero todo eso es porque gente me dio apoyo, porque la gente me miró y no se enfocó en el error que hice, sino en la potencia que tenía para hacer algo diferente. Y lo que yo noté en mis visitas en las cárceles juveniles y adultas, y ojalá que apuntes esto, es todo el potencial que existe en el penal y con el que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo exactamente lo que es nada, solamente los ponemos a barrer, a limpiar y eso es todo en algunos programas que vi, pero también fui a un penal bajo (de población) y mejor, ya me imagino cómo están los demás.

En 2015, la Community Renewal Society, donde usted trabajó, propuso un proyecto para eliminar las barreras que existían para que la personas con antecedentes penales optaran por un empleo en las escuelas de Chicago. Cuando una persona ha estado en prisión y sale, la sociedad todavía carga contra ella un estigma. ¿Cómo comenzar a sensibilizar a la población con este tema? ¿Y cómo el Estado debe abrir espacios para incorporarles a la vida laboral?

Lo que sabemos es que es un hecho que el encarcelamiento de personas no hace que nuestras comunidades sean más seguras o mejores. La investigación nos dice esto. También sabemos que excluir a grupos marginados no nos ayuda a construir una comunidad próspera. Las personas deben rendir cuentas, pero debe haber un punto en el que alguien ha pagado el precio de su error. Nadie en nuestra sociedad es perfecto y las personas que causaron daño deberían tener la oportunidad de encontrar formas de recuperarse y retribuir a las personas que les han quitado. Una manera de hacer esto es por medio de relaciones que no nos permitan ver las cosas simplemente en blanco y negro, sino ver el gris en medio. Las leyes tienen que cambiar y la comunidad necesita comprender cuáles son los hechos.

Históricamente El Salvador le ha apostado a la represión y no a la prevención del delito. De seguir así, ¿qué consecuencias a largo plazo usted prevé en un Estado punitivo, y con presencia de pandillas, como este?

Entiendo en el mundo de las políticas que, normalmente e históricamente, se ha visto que si la persona dice «vamos a tener leyes más fuertes, vamos a encarcelar a más gente, vamos a hacer esto, porque así es como vamos a remover a todos los delincuentes», la mayoría de las personas dicen «no, si esa persona va a ser buen presidente o esta persona va a ser buen alcalde». Pero el tiempo ha cambiado, por eso digo que, un buen ejemplo es cómo Estados Unidos está cambiando las leyes que se hicieron hace 20, 30, 40 años, porque ya está viendo que eso no está funcionado. La sociedad tiene que entender que esa no es la mejor manera y los políticos tienen que ser más valientes de reconocer qué es lo que nos están diciendo los estudios y tener una posición al respecto, enfocada en los estudios que se han hecho. Pero también se necesita a la sociedad, a las asociaciones, escuelas y todo eso, que empujen para adelante para que se cambien esas leyes.

Fotografía de Ángel Gómez

En 2016, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas a las que llamó «extraordinarias», que según los diputados y el Gobierno de turno reducirían la inseguridad. Sin embargo, en el marco de estas medidas aumentaron las detenciones masivas en zonas donde los jóvenes y la población en general son vulnerables a la violencia. Estas detenciones saturaron más las cárceles. ¿Cómo podemos hablar de resiliencia en medio de todos estos planes represivos?

Tarde o temprano, la población carcelaria estará explotando y fuera de control, y en los próximos años veremos la consecuencia colateral de esas decisiones. Estados Unidos es el mayor ejemplo. A principios de la década del 2000, se crearon leyes que hacen que las familias estén separadas y generaciones de niños pierdan la confianza en la aplicación de la ley. Creo que debemos entender por qué sucedió esto y por qué Estados Unidos ahora está cambiando sus políticas.

Tras la aprobación de las medidas extraordinarias, comenzaron las detenciones masivas en las comunidades. Esto saturó a los juzgados especializados, unos juzgados que nacieron en 2007 para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado. Su característica principal es que en un solo caso pueden procesar a más de 100 personas, y esto, no va acorde a los plazos que el Código Procesal Penal regula para delitos que se procesan en un juzgado común. Los jueces especializados solicitaron a los diputados, en junio pasado, que ampliaran los plazos para resolver, pero su petición no fue solventada. Mientras que solo entre junio y julio, en el primer mes que el actual Gobierno implementó el Plan de Control Territorial, hubo 2,031 capturas, según reportó la Policía Nacional Civil.

Usted se ha reunido esta semana con empresarios. ¿Cuál es la percepción que se lleva de cómo ellos entienden el tema de la rehabilitación y reinserción social?

Lo que te puedo decir es que, por lo regular, casi la mayoría dijo que sí se necesita, pero la lucha está en que la sociedad no los quiere recibir de regreso como parte de ella. Hay empresas que dice «ok», porque hubo unos ejemplos que se dieron ayer (jueves 3 de octubre), dijeron: «Yo he contratado personas que han estado en el penal, pero también estoy con un negocio. Entonces, si no llegan a tiempo, las corro, pero yo reconozco que la necesidad existe y que también necesitamos trabajadores que trabajen en ese espacio». Eso fue por lo regular lo que escuché. Lo que te digo es que eran como unas 12 empresas que estaban ahí. ¿Dónde están las demás? ¿Por qué el cargo nomás se basa en 12? Tal vez haya más, ¿verdad? Pero ese cargo o esa responsabilidad no solamente debería ser de unas cuantas, sino de todas las empresas. Tienen que tener una parte de presencia, porque la violencia les afecta también a ellos y sus negocios. No está bien que nomás una docena de empresas estén envueltas en eso, y yo diría que es parte de cómo también el Gobierno puede darles trabajo a ellos, porque el Gobierno es una asociación más grande.

 


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