Carta Editorial

La empatía es esa acción de ponernos en los zapatos de otro, dicho de manera muy, pero muy simplificada. Pues esa práctica, en los países poco dados al respeto a los derecho humanos es muy difícil de masificar. Porque no aplica solo con las personas a las que tendemos a ver como iguales. Es, de hecho, mucho más necesario tender estos puentes con aquellos a los que creemos inferiores. Porque sí, pese a los discursos edulcorados, hay un montón de gente a la que esta sociedad ve de menos. En primerísimo lugar de esta lista de prescindibles, están los privados de libertad.

En esta escala de valores alterada y corrupta, las mujeres llevan la de perder. Con una población que sobrepasa varias veces su capacidad instalada y con un presupuesto que no da lugar a nada más que a la miseria, el sistema carcelario de este país sigue sumando a los problemas en lugar de a las soluciones. Pareciera que a esta nuestra sociedad le gusta pensar que una vez ingresan a algún centro penal, las personas mueren, desaparecen, abandonan sus derechos o se esfuman. Pero no es así. Existen. Y si se sigue con la práctica de no ponerles la atención adecuada, de lugares como ese seguirán saliendo más dificultades que personas capaces de volver a empezar después de pagar lo justo por sus errores.

En esta entrevista que la periodista Wendy Hernández le hace a María Rodríguez Tochetti, asesora de temas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, hay un análisis oportuno de cómo las soluciones no pueden llegar de la mano de la improvisación ni de la revancha. Es necesario entender que nadie nace para criminal. Y que, pese a las sentencias, nadie, nunca, pierde su calidad de ser humano. Somos, todos, eso: iguales.

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Miriam Geraldine Aldana está a la cabeza de una de las instituciones con más demanda en el país: la Procuraduría General de la República (PGR). Aldana está por cerrar su primer año como procuradora. Desde la experiencia acumulada en este tiempo, reconoce cuáles son las principales carencias de este, que es el lugar al que se acude en busca representación legal cuando no se tiene dinero para un servicio privado.

La PGR tiene un nicho extenso de trabajo que va desde procesos laborales hasta otros más especializados, como la atención de casos de violencia contra la mujer. Así como es de amplio el campo de acción, también deberían ser los recursos, dado que esta es la única opción para los que no tienen cómo pagar. Mantener en números rojos a la PGR, también significa colocar como inaccesible la justicia en este país.

La privatización de los servicios como estos es también una forma de violencia. Es una que se agrava en los casos de mayor vulnerabilidad. En esta entrevista con el periodista Stanley Luna, Aldana hace cuentas y detalla que, por ejemplo, en áreas tan sensibles como la defensoría penal, hay solo 260 abogados públicos para defender 60,333 casos a escala nacional. La carga de trabajo y de retraso alcanza grandes dimensiones.

La PGR, tan necesaria para el bienestar de miles de personas, entre ellas los niños beneficiarios de las cuotas alimenticias, ha estado sobreviviendo con parches presupuestarios. Y esto ha incidido directamente en la calidad de servicio que se brinda. Aldana explica en esta ocasión cómo han cambiado los procesos y qué medidas se han ejecutado para poder trabajar con más agilidad. Una cosa es la burocracia y otra muy diferente es someter a una institución a funcionar con una cantidad de recursos muy inferior a la que los usuarios merecen.

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Las violencias de este país parecen cíclicas y todas las veces mal entendidas, mal asumidas y mal enfrentadas. Ninguna es nueva, pero cada una es cada vez más grande y complicada porque no se han aplicado soluciones que apelen a procesos educativos. No se ha buscado empoderar a quienes más las sufren, por principio.

Tener un conocimiento pleno de los derechos y deberes propios así como de lo que los otros, como particulares o instituciones, están obligados a cumplir es el principio de la justicia. Es darle a la gente herramientas para que se convierta en un ente que, con su denuncia, ayude a mejorar todo el sistema. Las situaciones descritas en el reportaje de la periodista Wendy Hernández guardan una relación directa con esto.

A cualquier persona acostumbrada a que se le respeten sus derechos fundamentales le parecería irracional que le toque realizar labores que atenten en contra de su integridad física y emocional. Pero acá, decirlo en voz alta es, prácticamente, señalar con el dedo a una gran cantidad de situaciones laborales violentas que se camuflan como normales. No es normal discriminar. Pero 30 de cada 100 mujeres se han visto afectadas por actos discriminatorios en su espacios de trabajo.

Y estos son cálculos tímidos. De acuerdo con el Observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), las mujeres en El Salvador se enfrentan a acciones de violencia laboral como la inequidad salarial, amenazas de despidos por permisos, cese de su contrato por maternidad o por edad.

Y en este contexto, los espacios para denunciar, lejos de abrirse, se cierran. Desde octubre, la unidad que se encargaba de atender este tipo de denuncias desapareció. Este es un mensaje peligroso para todos aquellos que están conscientes de que hace falta dar muchos pasos para alcanzar la dignidad laboral en este país.

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El sistema anda mal. La idea de contar con juzgados especializados para atender la violencia contra la mujer es muy buena. La intención, destacable. Pero sin un plan estratégico detrás, las buenas intenciones se mueren de hambre. Y es lo que ha sucedido en este caso. La mora judicial y la impunidad en los casos de violencia relacionada con género son altísimas.
El periodista Stanley Luna aborda en el reportaje de esta edición cómo esta falta de recursos se convierte en un trampolín que eleva la posibilidad de que, pese a colocar denuncia e iniciar un proceso legal, al final no se encuentre a ningún responsable. Ya que, entre tanta carencia, por ejemplo, aumenta la posibilidad de que el plazo de dos años de detención se cumpla sin llegar a establecer sentencia, esto deriva en el que cualquier persona acusada quede en libertad.
Esto no es una excepción. Pasa con casos que han llamado la atención de la opinión pública y han ocupado amplios espacio noticiosos. Y, con mucha más frecuencia, pasa con casos que permanecen en la oscuridad.

Este es un país en la que debería ser fácil entender por qué es necesario legislar de forma específica sobre esos casos de violencia de género. Hay por montones. Debería ser fácil apelar a todas las desventajas que el sistema ofrece para convencer a cualquiera de que urge colocar en el Sistema de Justicia más recursos, pero de forma equitativa. Acá, en donde más se necesitan.
Las mujeres son más de la mitad de la población salvadoreña. Y son las principales víctimas de este fenómeno. Sin embargo hace falta sensibilización. Detrás del colapso en el que están los juzgados que conocen estos casos hay discriminación, subestimación del tamaño del problema, y, sí, desprecio por la vida de las víctimas.

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La Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha estado mermando a las familias centroamericanas desde hace décadas. Este es un flagelo que tiene implicaciones sociales, económicas, laborales y emocionales de altísimo impacto. Y, pese a que es un fenómeno extendido por toda la costa centroamericana del Océano Pacífico, las poblaciones afectadas todavía no han recibido suficiente atención.

Por ahora, es imposible calcular con exactitud la cantidad de muertes relacionadas con esta enfermedad. Los sistemas sanitarios de los países apenas se están preparando para poder elaborar registros que discriminen entre enfermedad renal tradicional, que es la que tiene de base padecimientos como la diabetes y la hipertensión. De la otra, de la que se ensaña con las comunidades agrícolas y que viene dando señales desde hace unos 30 años.

Esta, la no tradicional, tiene un fuerte componente geográfico y social. Está relacionada con dónde y cómo trabaja y reside la gente que termina presentando daños en la función renal. Para el caso, los segmentos en donde más se acumulan casos son pobres. La falta de dinero reduce cualquier posibilidad de eliminar riesgos. Ellos no se pueden mudar para alejarse de condiciones adversas. Tampoco tienen demasiadas opciones de empleo. El acceso al agua potable no está garantizado y los tratamientos médicos siempre están a una distancia importante del lugar en el que viven. Están, prácticamente, cercados.

Esta es la segunda entrega de una serie de cinco reportajes que se enfoca en hacer visible esta epidemia. Hay en Costa Rica, en toda Centroamérica, una cantidad importante de personas a las que no se les está protegiendo y no se les está respetando su derecho a la salud. Caen por montones en una enfermedad que es demandante y degenerativa; lo hacen con el mínimo de recursos y, lo más cruel de todo, bajo un grueso manto de silencio.

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La historia debe ser tratada con delicadeza. Nunca esto ha sido más cierto como cuando esa historia está escrita en papel y es tan antigua como la misma república. El Archivo General de la Nación es la institución encargada de velar por el acervo documental de este país. La responsabilidad otorgada está clara. Lo que no aparece por ningún lados es el recurso humano y material que necesario para ejecutar.
La Ley del Archivo General de la Nación detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660. Pero conservar es una ciencia cuya práctica exige materiales. Y en el Archivo Genera de esta nación no hay papel, cuchillas, estampadoras o guillotinas. No hay cómo ejercer.

No es raro que a este país se le pase por alto la conservación. Ya en esta revista hemos hablado de los monumentos que a la vista de todos se desmorona más por la desidia que por el paso del tiempo. Si esos que son grandes y están expuestos no han tenido cómo llamar la atención, peor suerte pueden correr documentos importantes para la historia que permanecen ocultos en uno de los edificios del centro histórico que, ironía aparte, más se fotografían.

En el reportaje nacional de esta edición, la periodista Wendy Hernández hace un acercamiento a esas páginas amarillentas en las que está escrito este país y que se van desintegrando sin que haya llegado aquí una forma distinta de política pública que otorgue la importancia debida a las lecciones del pasado. Mientras, vamos sin rumbo.

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El talento necesita un ambiente favorable y los recursos básicos para que alcance el desarrollo. Sin eso, las posibilidades de alcanzar plenitud se reducen de forma drástica. En el país, no se duda de la capacidad de los individuos que aparecen incluso en los lugares más insospechados. Pero los obstáculos que se le imponen a cualquiera que se atreva a soñar con pulir esos dones aquí mismo son, a veces, demasiado.

El daño causado por décadas de políticas raquíticas en el arte y la cultura es, a estas alturas, enorme. Lo grave es que no parece que la dirección de esas políticas vaya a tomar el giro que se necesita. El Centro Nacional de Artes (CENAR) está hace rato en una espiral de desidia y deterioro. Este reportaje del periodista Stanley Luna es una radiografía de cómo funciona ese ente con apenas el mínimo de recursos.

Y no se trata de una cuestión solamente presupuestaria. Se trata de un desprecio sistemático a las ramas artísticas. Lejos de encumbrar sus virtudes como reparadoras naturales de los tejidos sociales, se ha tendido a verlas como cuna de ideas políticas, de compadrazgos revolucionarios, y ahí se les ha dejado, para que se sequen.

Una generación de artistas aporta identidad. Acá se han perdido ya muchas en el laberinto de intentar hallar instrucción y acompañamiento para desarrollarse. Se han perdido otras más en el esfuerzo gigante por conseguir rentabilidad. El del CENAR es un ejemplo muy doloroso de una iniciativa bien intencionada que se extravió en la burocracia y en lo limitado del pensamiento de a quienes les ha tocado trazar las directrices presupuestarias y administrativas. Ese lugar pudo haberse convertido en el corazón vibrante de una capital muy sedienta de figuras ejemplares.

Cuesta tener esperanza, pero ojalá aún no sea demasiado tarde para rescatar lo que queda.

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El acceso oportuno a un servicio de calidad en salud es un derecho de lo más básico. A partir del cumplimiento de esto, se construyen otros aspectos del desarrollo. Si se está sano, en el concepto más amplio posible, se puede estudiar, trabajar y, con suficiente apoyo, soñar.

Por increíble que parezca, en los 21 mil kilómetros que forman El Salvador, hay zonas a las que el sistema público de salud no se ha podido instalar. Ahí, las personas se ven obligadas a recorrer cualquier cantidad de kilómetros para poder ellas acercarse a lo que por derecho les corresponde.

Un sistema que obliga a las personas más vulnerables a hacer tantos esfuerzos para tener acceso a algo que debe estar garantizado es, a todas luces, un sistema violento. Es un sistema que perpetúa la inequidad y mantiene vivas unas barreras económicas y sociales que lo único que hace es daño a un tejido ya muy lastimado.

La salud en las zonas más castigadas tiene que ser una prioridad para el gobierno y para la sociedad en general. No se puede postergar y tampoco se puede retroceder. El tema que la periodista Wendy Hernández ha construido para esta edición da cuenta de cómo un cambio que puede tener argumentos administrativos termina siendo una cuestión de carácter vital entre personas a las que el sistema, por tradición, ha marginado. El verdadero impacto del cierre de 11 centros de salud a cargo de Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF), a finales del año pasado, es algo que no solamente se mide en números. Una clínica abierta por más horas, un profesional de la medicina que llega hasta la comunidad y no a la inversa, un lote de medicamentos, todo tiene un valor que se magnifica en la vulnerabilidad de los beneficiarios.

Ninguna explicación aquí es suficiente para justificar que una mujer con un embarazo de riesgo sea obligada a hacer un recorrido más largo para encontrar lo que ella y la criatura en su vientre tienen que tener asegurado: salud.

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La enfermedad renal crónica lleva décadas instalada en las casas de los agricultores. Y acá no importa si hablamos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o El Salvador. Esta enfermedad ha demostrado que no conoce fronteras. De lo que sí da cuenta es de desigualdad y silencio.

En esta edición, arranca una serie de reportajes que busca, de la mano de los datos y los hallazgos científicos, contar las enormes dimensiones que ha llegado a tener este problema para las familias marcadas por la escasez de recursos para hacerle frente al escenario tan complejo que impone esta enfermedad.

Con el apoyo de la Fundación Bertha, con sede en Londres, Inglaterra, como un socio externo para hacer posible la investigación, en estas publicaciones el principal objetivo es el de hacer la tarea de llegar a dar voz a las personas a las que les ha tocado apostar el cuerpo en función de que la tierra produzca tanto como pueda y, con ellos, crezca la productividad de los países. Así, han terminado siendo consumidos por una dinámica injusta en la que han sido los que más han perdido. Han acabado como protagonistas de una historia cruel de pobreza y enfermedad.

En contraste, los gobiernos y todos los que han reportados ganancias basadas en el esfuerzo campesino, no han hecho lo que les correspondía para atajar las consecuencias de esta epidemia. La desidia ha derivado en que el drama de miles de personas afectadas por la enfermedad ha sido silenciado, pese a las evidentes características sociales que unen a los diagnosticados y que la ciencia ya se ha encargado de delimitar bien.

Lo que sucede en la costa del Océano Pacífico de Centroamérica es, en toda regla, un caso grave de discriminación. La gente está sufriendo un serio daño en los riñones y ha faltado quien ponga atención a este flagelo colectivo.

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Esta vez es un pasto. Es uno marino, que tiene propiedades muy valiosas, al menos las que se pueden reconocer hasta ahora. Porque hace falta más investigación para poder otorgarle a este descubrimiento una justa dimensión. El Salvador mantiene escondidos una serie de tesoros, se podría decir. Y no, no es una frase bonita, porque significa que ha faltado voluntad o recursos para darlos a conocer al mundo. Y ha faltado, más importante aún, conocimiento para poder aprovechar lo que se tiene.

En el reportaje de esta edición, el periodista Stanley Luna cuenta cómo, gracias a la curiosidad y perseverancia de una persona, fue posible identificar áreas de pasto marino en la Bahía de Jiquilisco. Casi cada paso que se ha dado en esta investigación ha sido producto de ese mismo empuje que han tenido otros científicos que saben que están ante un descubrimiento de una gran magnitud. Ojalá el interés por la ciencia fuera masivo. Ojalá recibiera los recursos que reciben otras áreas. Ojalá aquí el foco estuviera en educar más en ciencia y no en armas.

Una educación distinta también ayudaría a acelerar mecanismos de protección que, por ahora, no se están ejecutando. Todo lo que sabemos es que en la Bahía de Jiquilisco, en El Salvador, hay pasto marino, pero hace falta hacer más estudios para determinar cómo se reproduce. Ante todo, también hace falta destinar recursos para protegerlo, porque, en la ignorancia, este hallazgo está a merced de cualquiera.

Muchas cosas cambiarían por acá si la ciencia tuviera más voz en la toma de decisiones. Si se le abrieran más espacios. Si se formara a la gente para valorarla y seguirla con entusiasmo.