Carta Editorial
Si las leyes que nos definen a todos como iguales fueran palabra viva, una discapacidad física no debería ser razón para la exclusión educativa o social.
Al margen de lo que digan las leyes, la educación sigue siendo un privilegio en El Salvador, es eso que pocos alcanzan en plenitud. Y es uno en el que la exclusión no llega dada solo por dinero. También hay limitaciones de territorio, de distancia, de instalaciones y de acceso. A veces, recibir educación en este país se parece más a una carrera de obstáculos.
Y pasar por esta carrera se vuelve todavía más difícil cuando se es parte de una minoría. El reportaje que abre esta edición, escrito por Valeria Guzmán, describe todos esos mecanismos por medio de los cuales se les ha negado históricamente a las personas sordas el derecho a superarse por medio de la educación formal.
El reportaje internacional es una colaboración del periódico La Nación, de Costa Rica, y cuenta todas las vicisitudes que pasan las personas pequeñas en un mundo que no les concede ninguna adaptación. Mucho de lo que han logrado, de acuerdo con el texto, es fruto de un esfuerzo propio o familiar. Algo que es destacable, pero que no se puede calificar como idóneo.
Si las leyes que nos definen a todos como iguales fueran palabra viva, una discapacidad física no debería ser razón para la exclusión educativa o social. Sin embargo, en El Salvador hay solo cinco centros escolares para no oyentes. Están ubicados en San Salvador, San Miguel, Sonsonate, Santa Ana y Cuscatlán. Todas zonas urbanas, lo que supone para quienes se encuentren en la periferia una distancia que muchas veces es insalvable por tiempo o por dinero.
No se puede ver con ojos románticos los esfuerzos enormes que logran hacer algunos sin despertar la conciencia de que esos esfuerzos se podrían aprovechar mejor si los servicios funcionaran como debieran. Gran parte de lo que nos tiene hundidos en los últimos puestos de los indicadores sobre desarrollo es la insuficiente inversión en educación pública. Esta ha sido la fórmula con la que un derecho básico ha acabado convertido en privilegio.