En la región falta asimilar que llegar al poder popular no es un blindaje, es lo contrario, es quedar expuesto al escrutinio público sin tregua ni cuartel.

Carta Editorial

por Glenda Girón, Editora

Hacia atrás. El año que está por acabar ha sido marcado por el retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos en América Latina.

Hace dos años, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunciaba que un retiro abrupto de la institución aumentaría el riesgo de que los grupos que se oponen a un manejo transparente de todo lo público recuperaran terreno. Hoy, Iván Velásquez dirige desde afuera la CICIG, no puede ingresar a Guatemala por designio del presidente Jimmy Morales.

Con la cerrada negativa de Morales a permitir que la CICIG siga en funciones después de septiembre de 2019, se corta un proceso de lucha contra la impunidad que ya había dado certeros golpes a estructuras enquistadas en lo más alto de los poderes estatales. Hay un expresidente y una exvicepresidenta tras las rejas. Pero lo que preocupa no es lo que ya se hizo, sino la continuidad. Guatemala no está lista para seguir sola, menos con los actores que han reaccionado en contra de los logros de esta institución.

Bajo el mando de Velásquez, la CICIG ayudó a fortalecer las instituciones encargadas de buscar justicia. Guatemala se asomó así a crear un ambiente de persecución del crimen de altos vuelos, ese que hace el daño más extensivo y que, por lo general, se sale con la suya porque tiene a su servicio a los poderes del Estado.

En la entrevista que la periodista Valeria Guzmán le hizo, Velásquez habla también sobre la necesidad de crear una institución que facilite las investigaciones de los delitos que involucran a los países del Triángulo Norte. Entre los principales están la trata de personas y el narcotráfico.

Las fronteras entre Guatemala, Honduras y El Salvador son porosas. Y los intentos por separado de fortalecer el combate a los delitos que se permiten en estas zonas no han dado los resultados esperados.

Velásquez deja claro que la lucha contra la corrupción exige gobernantes que no solo hablen de perseguir a otros, sino que estén completamente dispuestos a dejarse examinar y cuestionar hasta el último detalle. En la región falta asimilar que llegar al poder popular no es un blindaje, es lo contrario. Es quedar expuesto al escrutinio público sin tregua ni cuartel. Hacer propio esto y vivirlo sí es un paso en favor de la transparencia y la lucha anticorrupción.

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  • 16 diciembre, 2018 / Carta Editorial de Glenda Girón  (SÉPTIMO SENTIDO)

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