A los desaparecidos se los traga la tierra

Entre enero de 2018 hasta octubre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) ha localizado unas 139 fosas clandestinas en El Salvador. La mayoría de estos hallazgos ha sido producto de la información proveniente de un testigo criteriado: una persona que ha participado en delitos y, a cambio de beneficios, ha decidido colaborar con identificar los lugares de donde han sido inhumadas las víctimas. Muchos de estos restos humanos se convierten en la respuesta a las plegarias de las familias de personas desaparecidas.

Fotografías de Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Samuel observa la tumba de su hermano. Lo enterró hace dos meses. Saúl Turbín fue despedido por su familia en el cementerio municipal de Tacuba, Ahuachapán. Así terminó una angustia que se había prolongado por tres años. Durante todo ese tiempo, Saúl, un soldado, fue parte del listado de personas desaparecidas.

Su madre, padre y hermanos le encontraron un amargo significado a la palabra «consuelo» cuando los huesos de Saúl fueron recuperados de un cementerio clandestino. La Fiscalía General de la República (FGR) dio con este lugar solo después de que un testigo criteriado -alguien que participó en el delito y entrega información a cambio de beneficios en el proceso- señalara el lugar exacto en donde el joven de 24 años fue enterrado por pandilleros.

En El Salvador, entre enero de 2018 y octubre de 2019, se han localizado alrededor de 96 cementerios clandestinos a escala nacional, y en ellos, se han identificado 139 fosas clandestinas, de acuerdo a información de la Unidad Fiscal Antipandillas y delitos de Homicidio de la FGR y oficinas fiscales de todo el país.

A pocos días de haber conmemorado el día de los difuntos, la tumba de Saúl aún conserva las flores celestes, blancas y azules con las que Juana decoró el espacio donde ahora descansa su hijo.

Armar el rompecabezas de lo que sucedió previo a la desaparición de Saúl no fue fácil. Pasaron tres años y una gran cantidad de procedimientos y averiguaciones para que Juana y Samuel conocieran con detalle cómo vivió Saúl sus últimas horas.

Cuando Saúl desapareció el 10 de octubre de 2016, el joven viajaba junto a otros tres compañeros que se destacaban como soldados en la Brigada de Artillería de San Juan Opico, La Libertad. Sin conocer mucho la ciudad de San Salvador, los soldados se reunieron en la capital para partir juntos hasta instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), en Ilopango. Ahí, los jóvenes estaban anotados para recibir una capacitación necesaria para poder formar parte de una misión especial en el continente africano

Para Saúl, era poco habitual viajar a San Salvador. No conocía ni de calles ni sobre rutas de buses que lo llevaran hasta Ilopango y la FAS.

Al llegar a la ciudad, Saúl y sus compañeros abordaron, por error, un bus que los llevó hasta Ilopango, pero que los adentró en la dirección equivocada: Vista al Lago, una zona residencial controlada por las pandillas.

Fue ese el lugar donde los cuatro soldados fueron vistos por última vez. De acuerdo con la FGR, en Vista al Lago, los pandilleros privaron de libertad a los jóvenes y los asesinaron. Enterraron sus restos entre las montañas que rodean la comunidad.

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UN SOPLO

«Cuando tenemos el relato o la confesión previa del pandillero, nuestro enfoque es, precisamente, establecer los hechos, lugar, día, hora y determinar quién es la persona que fue privada de libertad, el lugar donde fue privada de libertad e inhumada de manera clandestina. Lo primero que hacemos es verificar en fiscalía si existe denuncia de privación de libertad», detalla Guadalupe Echeverría, directora de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas de la FGR.

Al buscar dentro de la base datos de denuncias por privación de libertad, se indaga sobre las posibles coincidencias entre algún reporte y las características de la víctima que ha sido inhumana dentro del algún cementerio clandestino, explica Echeverría. De encontrar similitudes, la FGR cita nuevamente a los familiares para que puedan brindar información más específica.

Si hay coincidencia entre los datos proporcionados por la familia y las características de la persona localizada en una fosa clandestina; la FGR pide una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) de algún familiar de la víctima para compararla con los restos. Así se determina con certeza genética que se trata de la misma persona que busca esa familia.

Sin que haya una denuncia interpuesta ante las autoridades, es imposible que se pueda establecer una relación entre los restos localizados y las personas que buscan a un familiar desaparecido. Y, de no existir colaboración de un miembro de la pandilla, tampoco se puede determinar el cómo, cuándo y dónde están las fosas que esconden cuerpos.

En el caso de Juana y Samuel las respuestas llegaron luego de que Saúl fuese identificado en uno de los 57 cementerios clandestinos ubicados en 2019.

«Saber el lugar en donde estaba mi hijo no fue fácil. Me hubiese conformado con verlo agonizando con una enfermedad que Dios le dio, pero con él lo que hicieron fue una muerte a la fuerza», dice Juana.

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TODO ANTE LAS CÁMARAS

Samuel recuerda el día que reconoció a su hermano. Fue hace cinco meses. Le bastó ver una fotografía con la camisa azul a rayas negras, los tenis grises con franjas negras y un jeans azul para reconocer la vestimenta con la que Saúl salió el 10 de octubre de 2016.

Esta fue la primera pista que su familia tuvo después de mucho tiempo. Para ese momento, Samuel ya había andado innumerables caminos en busca de su hermano. Ya había formado, por ejemplo, un grupo de búsqueda que en tres ocasiones recorrió las zonas montañosas de Vista al Lago.

Entre esas búsquedas, Samuel recuerda que estuvo muy cerca de donde fue hallado su hermano. Lo buscaba en la zona, sí. Pero nunca quiso relacionar los hechos. Nunca quiso hacerse a la idea que bajo la tierra que pisaba podía estar su hermano. La angustia crea pasillos complejos.

En mayo de 2019, la familia del soldado Turbín supo que, en Vista al Lago, se encontraban las osamentas de Saúl; y en Septiembre, luego de una prueba de ADN entre la sangre de Juana y el fémur de su hijo, el Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó la identidad.

Frente a medios de comunicación, personas del IML y el Fiscal General, Juana y Samuel recibieron los restos de Saúl.

Los médicos forenses explicaron a detalle lo que sucedió, según el rastro en los huesos de Saúl, el joven murió a causa de fracturas cervicales con arma blanca.

Samuel recuerda que en una caja blanca estaban los restos de Saúl. Ahí frente a los medios, los médicos del IML armaron hueso por hueso los esqueletos de su hermano. Le mostraron el cráneo, el fémur, los brazos, los dientes, las manos y también le indicaron a dónde fue herido el soldado.

«Nos enseñaron las osamentas y lo trasladaron de una caja a otra. El doctor me habló y me explicó qué era cada hueso. Me enseñó el cráneo, su columna vertebral y me explicó cómo había muerto», dice Samuel.

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CÓMO DESENTERRAR INFORMACIÓN

Ante el hallazgo de un cementerio clandestino, el escenario para la recuperación del cuerpo, restos humanos u osamentas no es una escena que se procese como un asesinato común. Para determinar qué fue lo que sucedió se necesita de estudios antropológicos, es decir, un estudio de los huesos que ayude a darle identidad a la persona que se encuentra en la fosa clandestina.

El estudio antropológico determinará el sexo, la talla, edad y por qué razón murió. En El Salvador, la necesidad de más médicos forenses con bases antropológicas se vuelve evidente. Ante la cantidad de cementerios clandestinos, la demanda de especialistas crece, pero, por el momento, el equipo del IML solo cuenta con siete personas que pueden responder a la demanda.

A las bases antropológicas también debe sumarse el conocimiento arqueológico. Las herramientas, la forma de excavar, de entrar al terreno, la documentación e investigación previa es importante para determinar lo que sucedió.

Erick Rodríguez es uno de los médicos forenses con estudios antropológicos y arqueológicos con los que cuenta el IML. En una tarde mientras exhuma unas osamentas del conflicto armado en Cacaopera, Morazán, da cuenta de por qué que es necesario formar a más personal para responder a la demanda de inhumaciones de los desaparecidos por violencia actual. «He dejado de hacer el estudio de los huesos dentro del laboratorio, porque he pasado durante las últimas dos semanas en exhumaciones. Lo ideal sería que una persona estuviera recuperando restos y la otra en el laboratorio, pero en esta zona del oriente del país, soy el único que puede hacer ambas cosas».

Además, considera necesario implementar una ley de desaparecidos, un banco de datos genéticos, trabajar en una entrega digna de los restos e implementar un sistema actualizado para procesar la información de todos las personas que son reportadas como desaparecidas.

Un sistema, según Erick, como el que utiliza Colombia para la búsqueda de desaparecidos por violencia actual. El Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) es una plataforma tecnológica en la cual se registran de manera permanente los reportes de personas desaparecidas e información de cadáveres sometidos a autopsias.

Cementerios clandestinos

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EL DOLOR QUE MUTA

Juana ha tenido que darle nombre a lo que, en verdad, no lo tiene. En su casa, rodeada de ruidos de gallinas y de árboles que susurran con el viento, esta mujer hace un enorme intento por explicarse cómo muta un dolor. «Ya saber el lugar dónde está ayuda, pero para mí no es fácil ver que pasan los días, pasan los meses y saber que uno ya no tiene esperanza de encontrarlo vivo». No puede, por ahora, contar cómo era su hijo. Es algo que se le atora en el pecho y no sale.

Ha encontrado, tras tres años de búsquedas, algo que se podría parecer a una tregua, pero que nunca va a ser paz. «La mente ya no mantiene eso de estar pensando en qué lugar estarán si estuvieran vivos. Todo eso ya uno no lo piensa, se acaba al haberlos enterrado. Pero sigue siendo difícil».

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