A los desaparecidos se los traga la tierra

Ilustración de Moris Aldana

Samuel observa la tumba de su hermano. Lo enterró hace dos meses. Saúl Turbín fue despedido por su familia en el cementerio municipal de Tacuba, Ahuachapán. Así terminó una angustia que se había prolongado por tres años. Durante todo ese tiempo, Saúl, un soldado, fue parte del listado de personas desaparecidas.

Su madre, padre y hermanos le encontraron un amargo significado a la palabra «consuelo» cuando los huesos de Saúl fueron recuperados de un cementerio clandestino. La Fiscalía General de la República (FGR) dio con este lugar solo después de que un testigo criteriado -alguien que participó en el delito y entrega información a cambio de beneficios en el proceso- señalara el lugar exacto en donde el joven de 24 años fue enterrado por pandilleros.

En El Salvador, entre enero de 2018 y octubre de 2019, se han localizado alrededor de 96 cementerios clandestinos a escala nacional, y en ellos, se han identificado 139 fosas clandestinas, de acuerdo a información de la Unidad Fiscal Antipandillas y delitos de Homicidio de la FGR y oficinas fiscales de todo el país.

A pocos días de haber conmemorado el día de los difuntos, la tumba de Saúl aún conserva las flores celestes, blancas y azules con las que Juana decoró el espacio donde ahora descansa su hijo.

Armar el rompecabezas de lo que sucedió previo a la desaparición de Saúl no fue fácil. Pasaron tres años y una gran cantidad de procedimientos y averiguaciones para que Juana y Samuel conocieran con detalle cómo vivió Saúl sus últimas horas.

Cuando Saúl desapareció el 10 de octubre de 2016, el joven viajaba junto a otros tres compañeros que se destacaban como soldados en la Brigada de Artillería de San Juan Opico, La Libertad. Sin conocer mucho la ciudad de San Salvador, los soldados se reunieron en la capital para partir juntos hasta instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), en Ilopango. Ahí, los jóvenes estaban anotados para recibir una capacitación necesaria para poder formar parte de una misión especial en el continente africano

Para Saúl, era poco habitual viajar a San Salvador. No conocía ni de calles ni sobre rutas de buses que lo llevaran hasta Ilopango y la FAS.

Al llegar a la ciudad, Saúl y sus compañeros abordaron, por error, un bus que los llevó hasta Ilopango, pero que los adentró en la dirección equivocada: Vista al Lago, una zona residencial controlada por las pandillas.

Fue ese el lugar donde los cuatro soldados fueron vistos por última vez. De acuerdo con la FGR, en Vista al Lago, los pandilleros privaron de libertad a los jóvenes y los asesinaron. Enterraron sus restos entre las montañas que rodean la comunidad.

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UN SOPLO

«Cuando tenemos el relato o la confesión previa del pandillero, nuestro enfoque es, precisamente, establecer los hechos, lugar, día, hora y determinar quién es la persona que fue privada de libertad, el lugar donde fue privada de libertad e inhumada de manera clandestina. Lo primero que hacemos es verificar en fiscalía si existe denuncia de privación de libertad», detalla Guadalupe Echeverría, directora de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas de la FGR.

Al buscar dentro de la base datos de denuncias por privación de libertad, se indaga sobre las posibles coincidencias entre algún reporte y las características de la víctima que ha sido inhumana dentro del algún cementerio clandestino, explica Echeverría. De encontrar similitudes, la FGR cita nuevamente a los familiares para que puedan brindar información más específica.

Si hay coincidencia entre los datos proporcionados por la familia y las características de la persona localizada en una fosa clandestina; la FGR pide una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) de algún familiar de la víctima para compararla con los restos. Así se determina con certeza genética que se trata de la misma persona que busca esa familia.

Sin que haya una denuncia interpuesta ante las autoridades, es imposible que se pueda establecer una relación entre los restos localizados y las personas que buscan a un familiar desaparecido. Y, de no existir colaboración de un miembro de la pandilla, tampoco se puede determinar el cómo, cuándo y dónde están las fosas que esconden cuerpos.

En el caso de Juana y Samuel las respuestas llegaron luego de que Saúl fuese identificado en uno de los 57 cementerios clandestinos ubicados en 2019.

«Saber el lugar en donde estaba mi hijo no fue fácil. Me hubiese conformado con verlo agonizando con una enfermedad que Dios le dio, pero con él lo que hicieron fue una muerte a la fuerza», dice Juana.

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TODO ANTE LAS CÁMARAS

Samuel recuerda el día que reconoció a su hermano. Fue hace cinco meses. Le bastó ver una fotografía con la camisa azul a rayas negras, los tenis grises con franjas negras y un jeans azul para reconocer la vestimenta con la que Saúl salió el 10 de octubre de 2016.

Esta fue la primera pista que su familia tuvo después de mucho tiempo. Para ese momento, Samuel ya había andado innumerables caminos en busca de su hermano. Ya había formado, por ejemplo, un grupo de búsqueda que en tres ocasiones recorrió las zonas montañosas de Vista al Lago.

Entre esas búsquedas, Samuel recuerda que estuvo muy cerca de donde fue hallado su hermano. Lo buscaba en la zona, sí. Pero nunca quiso relacionar los hechos. Nunca quiso hacerse a la idea que bajo la tierra que pisaba podía estar su hermano. La angustia crea pasillos complejos.

En mayo de 2019, la familia del soldado Turbín supo que, en Vista al Lago, se encontraban las osamentas de Saúl; y en Septiembre, luego de una prueba de ADN entre la sangre de Juana y el fémur de su hijo, el Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó la identidad.

Frente a medios de comunicación, personas del IML y el Fiscal General, Juana y Samuel recibieron los restos de Saúl.

Los médicos forenses explicaron a detalle lo que sucedió, según el rastro en los huesos de Saúl, el joven murió a causa de fracturas cervicales con arma blanca.

Samuel recuerda que en una caja blanca estaban los restos de Saúl. Ahí frente a los medios, los médicos del IML armaron hueso por hueso los esqueletos de su hermano. Le mostraron el cráneo, el fémur, los brazos, los dientes, las manos y también le indicaron a dónde fue herido el soldado.

«Nos enseñaron las osamentas y lo trasladaron de una caja a otra. El doctor me habló y me explicó qué era cada hueso. Me enseñó el cráneo, su columna vertebral y me explicó cómo había muerto», dice Samuel.

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CÓMO DESENTERRAR INFORMACIÓN

Ante el hallazgo de un cementerio clandestino, el escenario para la recuperación del cuerpo, restos humanos u osamentas no es una escena que se procese como un asesinato común. Para determinar qué fue lo que sucedió se necesita de estudios antropológicos, es decir, un estudio de los huesos que ayude a darle identidad a la persona que se encuentra en la fosa clandestina.

El estudio antropológico determinará el sexo, la talla, edad y por qué razón murió. En El Salvador, la necesidad de más médicos forenses con bases antropológicas se vuelve evidente. Ante la cantidad de cementerios clandestinos, la demanda de especialistas crece, pero, por el momento, el equipo del IML solo cuenta con siete personas que pueden responder a la demanda.

A las bases antropológicas también debe sumarse el conocimiento arqueológico. Las herramientas, la forma de excavar, de entrar al terreno, la documentación e investigación previa es importante para determinar lo que sucedió.

Erick Rodríguez es uno de los médicos forenses con estudios antropológicos y arqueológicos con los que cuenta el IML. En una tarde mientras exhuma unas osamentas del conflicto armado en Cacaopera, Morazán, da cuenta de por qué que es necesario formar a más personal para responder a la demanda de inhumaciones de los desaparecidos por violencia actual. «He dejado de hacer el estudio de los huesos dentro del laboratorio, porque he pasado durante las últimas dos semanas en exhumaciones. Lo ideal sería que una persona estuviera recuperando restos y la otra en el laboratorio, pero en esta zona del oriente del país, soy el único que puede hacer ambas cosas».

Además, considera necesario implementar una ley de desaparecidos, un banco de datos genéticos, trabajar en una entrega digna de los restos e implementar un sistema actualizado para procesar la información de todos las personas que son reportadas como desaparecidas.

Un sistema, según Erick, como el que utiliza Colombia para la búsqueda de desaparecidos por violencia actual. El Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) es una plataforma tecnológica en la cual se registran de manera permanente los reportes de personas desaparecidas e información de cadáveres sometidos a autopsias.

Cementerios clandestinos

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EL DOLOR QUE MUTA

Juana ha tenido que darle nombre a lo que, en verdad, no lo tiene. En su casa, rodeada de ruidos de gallinas y de árboles que susurran con el viento, esta mujer hace un enorme intento por explicarse cómo muta un dolor. «Ya saber el lugar dónde está ayuda, pero para mí no es fácil ver que pasan los días, pasan los meses y saber que uno ya no tiene esperanza de encontrarlo vivo». No puede, por ahora, contar cómo era su hijo. Es algo que se le atora en el pecho y no sale.

Ha encontrado, tras tres años de búsquedas, algo que se podría parecer a una tregua, pero que nunca va a ser paz. «La mente ya no mantiene eso de estar pensando en qué lugar estarán si estuvieran vivos. Todo eso ya uno no lo piensa, se acaba al haberlos enterrado. Pero sigue siendo difícil».

Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

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UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

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ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

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LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

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ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

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UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.

Ser niño en el Triángulo Norte y desaparecer

Ilustración de Moris Aldana

No es para llenar ficha de registro. Tampoco es para que forme parte de un cartel de bienvenida. Aquí, en esta sede de un programa de refuerzo escolar ubicado en la zona Occidental de El Salvador, no hay para las formalidades o el despilfarro. Pero, a cada niño que es admitido, le toman una foto. Lo hacen por si desaparece. Por si toca, con esa imagen en mano, buscarlo vivo, entre amigos; o muerto, entre matorrales.

Entre enero y julio de 2019, fueron reportadas como desaparecidas 1,798 personas en sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) en El Salvador. De estas, en medio millar de denuncias la víctima tiene entre 0 y 17 años de edad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño recoge, desde 1989, el concepto de interés superior del niño. De este principio garantista se desprenden medidas especiales de protección a la niñez vulnerable. Entre las que están las alertas inmediatas por desaparición.

En el Triángulo Norte, la región compuesta por tres países que son zona de tránsito y punto de partida de migraciones, estos sistemas de protección, como las amenazas de las que son víctimas los niños y adolescentes, no deberían limitarse por fronteras, así ha quedado escrito en varios informes. Cada uno de los sistemas de alerta inmediata de la región, sin embargo, funciona con separaciones, diferencias y deficiencias.

En El Salvador, la alerta temprana recibió el nombre de Ángel Desaparecido y fue presentada en octubre de 2013, con la promesa de difundir los boletines «en noticieros de televisión, cintillos en programación por cable, mensajes de texto en teléfonos, cortinas radiales, espacios en medios impresos y digitales y difusión por medio de redes sociales». De esto, a la fecha, solo está disponible, con cierta frecuencia, la parte de las redes sociales y algunas vallas en las calles.

La colección de fotos que se expone en la página web de la alerta Ángel Desaparecido da la razón al personal del programa de refuerzo escolar. Las hay borrosas, rotas, con manchas. Hay niños a los que se busca a medio rostro. Marcados, hasta ahí, por la falta de oportunidades. No hubo quien les hiciera un retrato de carita.

«El tema de los desaparecidos, para nosotros, ha sido súper difícil por tema de recursos, porque requiere una investigación que nadie quiere hacer y porque nosotros trabajamos con familias que, aunque ahora sea más fácil por los teléfonos, de verdad, no tienen una foto de sus hijos», cuenta la directora del programa mientras, afuera, un grupo de niñas juega fútbol.

La bulla por el desarrollo de una mañana deportiva es casi ensordecedora. En un rato, los estudiantes se calman y almuerzan todos en mesas colocadas al centro de una terraza, desde donde se puede ver un horario de actividades que va entre el arte, el refuerzo escolar y la ayuda con las tareas. El lugar desde el que habla la directora es una remodelación reciente. Hace poco tiempo consiguieron dinero para poner muebles a esta habitación calurosa. La adecuaron lo mejor que pudieron con colores, cojines, juguetes y un ventilador. Es un cuarto de crisis. Sirve para atender a los niños o a sus familiares cuando «algo pasa». Ese «algo» es violencia intrafamiliar, violencia pandilleril, agresiones sexuales o la desaparición de una persona cercana.

En El Salvador no existe un delito de desaparición ligado a la violencia actual. Así que el grueso de casos que recibe la Fiscalía General de la República se canaliza por el delito de privación de libertad, que es en donde se acumulan, ante la falta de una figura adecuada, estas víctimas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 se han recibido más de millar y medio de denuncias este tipo. De estas, 551 han sido por víctimas entre los cero y los 17 años de edad. Es decir, un 31 % de los desaparecidos ha sido menor de edad.

Ilustración de Moris Aldana

A los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras los acorralan problemas como la migración forzada y la violencia. Ambos muy ligados a las desapariciones. Pero, estas desapariciones actuales no tienen cabida en ninguno de los tres códigos penales.

«La desaparición es un ejemplo de cuando importa que aparezca el cuerpo y cuando no importa. Si la desaparición no es delito, entonces es muy ‘útil’, entre comillas, para los actores violentos; lo hace funcional», explica la investigadora y catedrática en el Centro de Latinoamérica y el Caribe, del London School of Economics en Inglaterra, Jenny Pearce, en una entrevista publicada en el medio digital guatemalteco Plaza Pública.

Estos países no han creado el delito ajustado al contexto de cómo esta amenaza ha crecido entre los habitantes. El Salvador y en Guatemala aventajan a Honduras solo en que sus códigos penales tipifican la desaparición forzada, que se distingue por la participación de cuerpos de seguridad estatales.

En el caso de El Salvador, la alerta Ángel Desaparecido es un intento por reducir ese vacío en el que caen las denuncias. Activar una alerta debe implicar compartir información con la Policía Nacional Civil, con la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y con medios de comunicación en las primeras horas de denuncia. Está estipulado que la emergencia alta dure 48 horas, tiempo en las que la institución debería recoger información para realizar un posible rescate y también para investigar y procesar a posibles responsables. Tras este plazo, el aviso no desaparece, se mantiene, en teoría, activo.

Muy lejos de los 551 casos de menores de edad desaparecidos incluidos en los registros de enero a julio de 2019, en la página web, la FGR tiene activas alertas nada más para 25 niños. Para los otros 526, el 95%, la página web no da cuenta ni de cartel ni de alarma. Es en este amplio porcentaje es que caben historias como la de Nelson, un adolescente que ya lleva casi año y medio desaparecido sin que se le haya creado un boletín.

Y el caso de Nelson, al menos, está contado entre los registros de la zona metropolitana de San Salvador. Hay otro grupo aún más silenciado. Estos son los niños que viven al margen del sistema de protección y para los que ni siquiera se ha podido generar una denuncia. Han desaparecido sin dejar rastro. Son casos como los M, A y C, adolescentes todos, que residían en los cordones vulnerables y pobres del interior del país.

M, A y C eran parte del programa de refuerzo escolar. Son de los que forman ese grupo de beneficiarios que, recuerda la directora, se le han desaparecido durante la última década. «Entre las familias que atendemos, el principal problema para buscar un cuerpo es que no tienen fotografías», explica desde el pragmatismo.

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NO PUEDE HABER PRECISIÓN en lo que se publique sobre M. Baste acá comenzar en la misma salita de crisis en el que la directora calcula en tres el porcentaje de niños del programa que han desaparecido sin que se pueda denunciar ante la Policía o ante la Fiscalía.

M vive. Es uno de los dos casos del programa que, recuerda la directora, han podido volver de una desaparición. M todavía no es mayor de edad, y lleva cicatrices que le atraviesan el cuerpo en zonas vitales. Habla suave, despacio, sin alteraciones y, casi siempre, mira hacia cualquier lado, menos a su interlocutor.

Hubo una época en la que M estudiaba y venía al programa. Lo hizo hasta donde pudo. Hasta cuando tuvo que ayudar a su mamá con la venta para pagar la luz, el agua, la casa, y la comida para sus hermanos menores. Así, comenzó a vender ambulante. Así, un mal día, se salió del límite. Llegó al territorio de la pandilla contraria a la que predomina cerca de su casa y fue interceptado.

Pasaron varios días sin que su familia supiera de él. En ese tiempo, fue torturado. Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya habían pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

«Lo primero que hacemos es pasar un aviso a toda la red de apoyo que tenemos», explica la directora y asegura que no obligan a ninguna familia a colocar una denuncia en la Fiscalía o en la Policía, porque, reconoce, es un riesgo. La sede del programa es una especie de tregua en una zona en donde la institucionalidad es la pandilla. Acercarse a una delegación es un riesgo cuyos beneficios es necesario evaluar.

«Activamos las redes sociales anunciando que tenemos a un desaparecido y empezamos a hacer una pequeña labor de investigación con la trabajadora social. Nos acercamos a la gente de las pandillas locales para saber si nos pueden dar alguna información», continúa. La directora cuenta que cuidan a las familias del maltrato que puedan recibir en las instituciones, como la Policía, al obtener respuesta del tipo «era pandillero», si la víctima es niño; o el «ha de estar con el marinovio», si la víctima es niña. Y cuidan también a las familias de correr otros riesgos.

«Ha habido casos en los que hemos logrado saber, preguntando a la gente de aquí cerca, en donde han ido a dejar el cuerpo, pero la familia no lo puede ir a sacar, porque también la matan», en estas situaciones, cuenta la directora, queda dar atención psicológica y acompañar. Lo hacen acá, en la salita de la crisis que ahora, escuchándola, se hace tan indispensable. «El sistema no funciona para personas como las que llegan a nosotros. Si vamos, nos dicen que busquemos en Medicina Legal. Le dicen a la familia que busque a sus niños muertos».

Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya había pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

El hallazgo de un cementerio clandestino hizo que, el 16 de septiembre, el fiscal general de la república, Raúl Melara viajara al cantón Guarumal, en Villa Lourdes, municipio de Colón, a unos 20 kilómetros de la capital. Ahí, ante una tierra que oculta los restos de quizá seis, quizá ocho, quizá 20 personas, el fiscal afirmó en rueda de prensa: «Detrás de cada víctima, hay una familia que sufre». Se refería a las desapariciones, un tema al que decidió darle atención desde poco después de haber asumir el cargo, en enero de este año. En Twitter, es uno de los principales promotores de la etiqueta #CadaPersonaCuenta.

En el cementerio clandestino Melara explicó que la institución está trabajando en establecer convenios con las empresas de telefonía para que las alertas lleguen a toda la red celular. «Queremos que esto llegue a todas las personas a lo largo y ancho del país y, de alguna manera, poder facilitar no solo la denuncia de cementerios clandestinos, como lo estamos viendo hoy, sino también poder encontrar a personas con vida», dijo.

A M lo hallaron así, con vida. Pero fue un mero asunto de la suerte de que no se desangró y la casualidad de que, ese día, en ese momento, alguien que pasaba por esos matorrales lo vio y dio aviso. M fue llevado a un hospital como un desconocido. Pese a que era evidente su corta edad, no se buscó a su familia. La madre de él lo encontró por sus medios.

Ilustración de Moris Aldana

Tras varios meses ingresado, M fue dado de alta. Aunque desde ese episodio ya pasaron años, M todavía no es mayor de edad. Las secuelas no solo son las cicatrices, también habla desde la falta de miedo a la muerte. ¿Qué más le puede pasar después de haber sido abandonado en la calle como si fuera restos?

Le preocupa, sí que le cuesta hacer pipí. Porque le duele. Le molesta. Sus cicatrices en cuello y pecho son gruesas, largas, inflamadas, desmoralizantes. Pero desde que salió aquella vez del hospital, nunca volvió a ver a un médico para recibir tratamiento para sus lesiones físicas o emocionales.

Aunque no forme parte de esos 2,625 menores de edad víctimas de privación de libertad reportados entre enero de 2016 y julio de 2019 en la Fiscalía, M lo está. Porque M debe limitarse a moverse solo entre las cuatro o cinco cuadras cercanas a su casa para que, los que ya le hicieron daño la primera vez, no vengan a terminar de matarlo. En este perímetro, no hay un centro de salud. Sí hay una delegación de la PNC, pero de muy poco le sirve.

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LA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO tiene letra pequeña. «Si él o la adolescente deciden por voluntad propia abandonar su hogar por problemas familiares o rebeldía, no aplicará para activar la alerta», se lee en una sección al estilo «preguntas frecuentes» que está colgada en la página web.

Lo que sigue se lee como advertencia, descargo, exceso de sinceridad o indicativo de arbitrariedad: «Tome en cuenta que la activación de la alerta queda bajo el análisis de la Fiscalía General de la República quien debe definir la modalidad del delito, según las leyes y la Constitución».

Nelson Alexander López salió enojado. Lo reconoce su madre. Ese 26 de abril de 2018, tuvo un desencuentro con su padre porque quería una cantidad de dinero que le fue negada. Y, entonces, se fue, dejó aquel taller en donde laboraban ambos. Desde ese día, su familia ha seguido todos los pasos que ha podido para que el Estado les ayude a buscarlo.

Fuente: Fiscalía General de la República

«Se puso la denuncia, pero no la recibieron. Yo le dije al papá de mi hijo que volviera a ir, que fuera a que se lo buscaran inmediatamente, por ser un menor de edad. Aún así, le dijeron que no, que tenía que esperar», cuenta la madre de Nelson. El primer lugar en el que intentaron avisarle a las instituciones de que Nelson estaba desaparecido fue una delegación de la PNC ubicada en Santa Tecla, a menos de 10 kilómetros de San Salvador.

La madre de Nelson forma parte de una organización que reúne a más como ella: madres que buscan a sus hijos a contracorriente del sistema y, esta mañana, es parte de una actividad realizada por varios comités de búsqueda en el marco del Día de la Desaparición Forzada en donde se habla, también, de los resultados del Protocolo de Acción Urgente (PAU).

Este documento fue presentado en diciembre de 2018 como una manera de regir las actuaciones institucionales desde el primer momento en que se presenta una denuncia por desaparición. Es un esfuerzo respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por rescatar la posibilidad de acción en las primeras horas. «Las actuaciones previstas en el Protocolo se realizarán con la debida diligencia y de una manera ágil y oportuna. Se evitarán obstáculos que impidan o dilaten injustificadamente la búsqueda de la persona desaparecida», se lee en el punto titulado «Celeridad».

Para Nelson, las palabras del protocolo no llegaron a tiempo. En ese abril de 2018, la que investigó hasta que encontró videos en los que se mira a Nelson caminando por una plaza fue su madre. Ella fue hasta esa plaza y habló con la gente del lugar, hasta que halló a una vendedora que, tras ver la foto, le dijo que sí lo había visto. Con eso grabado en su celular, cuenta afuera del salón de eventos en un hotel capitalino, volvió a la delegación policial. «Mire cómo va caminando, ve», dice que le dijo un agente en referencia a una manera de andar que estaba relacionando, ahí, frente a ella, con las pandillas.

El día siguiente, la madre de Nelson regresó a la plaza a solicitar los videos originales, pero le dijeron que habían sido borrados. También volvió a hablar con la vendedora, quien no quiso involucrarse en un proceso de investigación. «Y yo digo que si le hubieran dado seguimiento, las autoridades hubieran visto que ahí estaba. Hubieran preguntado a la gente de cerca, algo, no sé, hubieran buscado pistas».

Entre la desaparición y esta entrevista, han pasado un año y cuatro meses en los que la familia no ha sabido nada de Nelson. Cuando esta madre le llama al detective que en la actualidad tiene asignado el caso, lo que logra es que él le pregunte si ella ha conseguido alguna pista nueva que permita reactivar la investigación.

«Niños desaparecidos en Centroamérica» es un análisis que ya advierte un vacío: «Las agencias del orden público con frecuencia consideran que los casos de niños fugados suelen resolverse solos y, en consecuencia, les dan poca prioridad, a menos que existan pruebas contundentes de que el niño está en peligro inminente. A menudo, la mayor parte de los casos de niños desaparecidos son niños fugados, y ellos también merecen la atención de los organismos encargados del orden público». El estudio está respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF).

El Protocolo de Acción Urgente ha venido a ser como una guía que faltaba para definir quién es quién en la búsqueda. Mientras que a la Fiscalía le corresponde dirigir la investigación, a la policía le toca «impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, identificar y aprehender a los autores o partícipes y recoger las pruebas». Con Nelson, dice su madre, esto no ha sucedido así.

La madre de Nelson quiere que se conozca el nombre de su hijo y que se le ayude a buscarlo, pero no quiere que se publique el de ella. Tiene miedo. Intenta proteger a su otros dos hijos. La pregunta, trillada, pero necesaria es cómo se siente viviendo en esa disyuntiva.

-Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

Ser madre es buscar a uno, sin perder a los otros.

Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

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«LA PRINCIPAL LIMITANTE que tienen los sistemas de alerta de cada país es que su alcance es solo nacional», reconoce la jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), Violeta Olivares. Ella, para compartir información de casos transnacionales prefiere hacer uso de grupos de What’sapp con otros fiscales de la región, porque la gestión se hace más expedita.

A es una adolescente, una niña del programa de refuerzo escolar que en su sede tiene una salita de crisis. Está en los 16 años, pero muy lejos de cualquier cosa que se parezca a una fiesta. Un día, cuenta la directora del programa, A dejó de venir y le perdieron la pista. Preguntaron por ella en la zona, pero nadie dio cuenta.

Con la desaparición de A no hubo denuncia. En El Salvador no había nadie de su familia para presentarla. Estuvo desaparecida por meses, al margen de cualquier registro. Un día, por fin, llamó.

A se fue en una de las caravanas que partieron de El Salvador y pretendían llegar a Estados Unidos. Huyó con un hermano apenas mayor de edad, el hijo de este, de tan solo meses de nacido, y otro hermano de menos de 5 años.

Este grupo, formado por un adulto muy joven y tres menores de edad, cruzó fronteras entre El Salvador y Guatemala y entre Guatemala y México. Fue en este último país en donde el único adulto del grupo desapareció.

El 23 y 24 de enero de este año, Guatemala fue la sede de un intercambio de conocimientos en torno a cómo enfrentar las desapariciones en el que participaron más de 50 representantes de instituciones de seguridad pública del Triángulo Norte y, además, México y Colombia.

En esa ocasión, se expusieron avances. Y, de acuerdo con lo publicado en el sitio InfoSegura, Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala, cerró el Foro diciendo que: «El intercambio ha sido una oportunidad para aprender cómo mejorar el registro de personas desaparecidas, evitar errores y ver cómo funcionan otros sistemas».

Pero entre estos tres países hace falta más que intercambio. Claudia Hernández es directora de la Fundación Sobrevivientes, una de las que más empujó que se creara, en 2010, la Alerta Alba Keneth para menores de edad desaparecidos en Guatemala. Desde ahí explica que Guatemala es un corredor por el que pasan migrantes desde toda América Central y, principalmente, de El Salvador y Honduras: «Nuestro país tampoco es muy seguro, hay mucha gente desaparecida cuya última ubicación ha sido aquí, hay mucha niñez migrante que desaparece o se queda sola aquí».

Dos de los temas que más se discutieron en el foro fueron la concentración territorial y el registro de casos. Al respecto, las autoridades de cada país expusieron proyectos que, a siete meses del encuentro, van empezando a verse como deudas.

La más sensible es la de Honduras que, desde marzo de 2018 anunció la creación de la alerta Amber como un «mecanismo para que, en las primeras 24 horas de la desaparición de un menor, se emita una la alerta a través de diversos medios de comunicación», Aunque desde 2015 existe una ley que manda su creación, esta alerta aún no es funcional. Por el momento ninguna autoridad hondureña está elaborando carteles de niños desaparecidos ni hay una ruta para difundirlos.

Solo en 2018, 696 menores de edad se denunciaron como desaparecidos en El Salvador. En Guatemala, en el mismo año, hubo 5,704 alertas Alba Keneth, de las que, al final del año, 1,349 seguían activas. En Honduras, la única institución que registra la desaparición de menores de edad es la Interpol, y, para el año pasado registró 476 casos.

Pero niños como A y sus hermanos escapan a todos esos registros porque, en sus contextos, las denuncias no son una posibilidad. El sistema de protección de la infancia de la región no ha conseguido acercar los recursos a esta parte de la población. Olivares, la fiscal salvadoreña de casos de trata y tráfico de personas, agrega que los menores de edad son la población más vulnerable a ser explotada. «Los adolescentes y los niños son el 60 % de los casos de trata».

Aunque se ha comunicado un par de veces con el personal del programa, la situación de A todavía es indefinida. No se sabe en dónde exactamente están ella, su sobrino y su hermano. No se sabe si están. La directora sospecha que en México y teme que, ahora que otra vez lleva varios días sin comunicarse, haya caído en una red de prostitución o peor. Y ninguna institución del Estado, en ningún país, la está buscando a ella o a su hermano, de menos de cinco años; o a su sobrino, de meses de nacido.

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BYRON Y RODRIGO SON UNA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO ACTIVA. APARECEN EN UN BOLETÍN JUNTO A SU MADRE, PORQUE LOS TRES DESAPARECIERON EN EL SALVADOR CUANDO IBAN DESDE SU CIUDAD NATAL, ZACATECOLUCA, HACIA UN CENTRO TURÍSTICO EN SONSONATE. SON DOS DE LAS 48 ALERTAS ACTIVAS PARA 2018.

La diferencia entre el sistema de El Salvador y el de Guatemala radica en dos puntos: generación y depuración. Guatemala genera una alerta por cada menor de edad desaparecido sin ningún tipo de condición. Este mecanismo se activa al margen de la nacionalidad de la víctima, quiere decir que la población migrante también puede hacer uso de esta herramienta siempre que se presente una denuncia.

En cuando al segundo punto, El Salvador no depura con la misma frecuencia. En la página web de la alerta, el último caso activo tiene fecha del 21 de agosto. Desde ese día, hasta el 21 de septiembre, no se hizo ninguna actualización. En agosto, se subieron solo dos casos nuevos. Y, en julio, tres.

La alerta tiene una cuenta de Twitter con el usuario @AlertaAngelSV. Ahí, entre el 1º y el 15 de septiembre se han compartido los carteles de 13 menores de edad desaparecidos a los que se les colocan etiquetas como #CadaPersonaCuenta y #AlertaAngelDesaparecido. Y se pide ayudar a difundir. Pero no se aclara si estos boletines, como los que están en la página web, han dado pie a todas las comunicaciones interinstitucionales a las que obliga la alerta desde su concepción.

Aún sin que se haya creado un delito a perseguir, en julio de este año comenzó a funcionar la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas (UEPD). De acuerdo con fuentes internas, una de las primeras apuestas de esta unidad ha sido la unificación de datos. Porque ahí en donde la Fiscalía registra que en 2018 recibieron 696 denuncias por menores de edad desaparecidos, la Policía da cuenta de 560. Mientras que, de enero a julio de este año, la Fiscalía registra 551 denuncias; la Policía tiene 367 entre enero y agosto.

Aunque la Fiscalía los mantenga como desaparecidos, a Byron y a Rodrigo ya los encontró la PNC. El caso está archivado bajo el número 7872-2018. Los niños y su madre están bajo custodia policial en Estados Unidos y tramitan una petición de asilo. En la delegación policial del municipio de Zacatecoluca, donde residían, un investigador confirma que fueron localizados en mayo de este año. Su boletín de alerta, sin embargo, sigue catalogado como activo.

De las 5,074 alertas Alba Keneth generadas en Guatemala en 2018, 1, 349 terminaron ese año activas; y, a agosto de 2019, 1,109 continúan en ese estado. Las dos grandes causas de las desapariciones de menores en Guatemala, según Claudia Hernández, de la Fundación Sobrevivientes, son delincuencia y migración. En esto sí guarda similitud con El Salvador.

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DE ENTRE TODO EL DOLOR que supone cada niño del programa que ha desaparecido, la de C es una historia que sobrecoge a la directora. Y lo cuenta así:

-Tenía 11 años. Él venía aquí y me decía «yo no quiero, pero me están diciendo que yo tengo que prepararme para matar y para llevar droga». Hablamos con la mamá par ver cómo sacarlo de aquí de esta zona, o cómo hacer para que se quedara en su casa y no saliera. En ese tiempo, él vendía en los buses. Así que se nos ocurrió ponerlo a elaborar otros productos en su casa y nosotros los vendíamos aquí. Así pasamos como tres años.

Pero no es posible detener el mar con las manos. La directora calla un momento para tomar impulso para contar lo sigue.

-Un día vino y nos dijo que ya no podía más, ya era un muchacho de casi 15 años. Vino y dijo que había tomado la decisión de vender afuera para ayudarle a su mamá. Y nos dijo que venía a despedirse. Nos dijo que no se quería morir sin habernos dicho muchas gracias por ayudarlo. Esa fue la última vez que lo vimos.

De la desaparición de C sí hay una denuncia. Pero no hay una alerta Ángel Desaparecido. Si está vivo, no se sabe dónde. Si ha muerto, no se ha localizado el cadáver. La madre no se ha movido de la zona, por si algún día aparece  información sobre el paradero del adolescente.

La directora explica que buscar a ese 3 % de los niños de su programa que están desaparecidos es «como hacer un trabajo subversivo» en el que colocar una denuncia puede suponer riesgo y en el que, a veces, la información sobre la ubicación de cadáveres la liberan los mismos hechores.

A la madre de C, sin embargo, saber qué pasó con su hijo es un privilegio al que nadie le ha dado acceso.


Este reportaje fue realizado en alianza con CONNECTAS.