«La cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos»

Fotografía de entrevistada
María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica.

María Rodríguez Tochetti es una especialista en temas penitenciarios que ha trabajado, desde hace 30 años, dentro del sistema carcelario en Uruguay y también ha impulsado, junto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las Reglas de Bangkok en América Latina. Para Tochetti, el camino para garantizar el trato digno de las reclusas es aún muy complicado ya que, por años, el tema ha sido invisibilizado por los gobiernos de la región.

La experta asegura que para abordar la realidad penitenciaria es necesario contar con un enfoque de género, un panorama que, por hoy, es muy difícil debido a que el 93% de los detenidos, en América Latina, son hombres. Esto genera que el sistema sea diseñado para la población masculina y no la femenina.

En El Salvador, las reclusas, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados. Para Tochetti esta es una característica de toda la región porque las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente y donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, ella considera que la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo surge su interés por trabajar con las privadas de libertad en la región?

Toda mi carrera y desarrollo profesional ha sido dentro del sistema penitenciario de Uruguay y en organismos internacionales que trabajan en materia carcelaria. Nunca tuve un trabajo que no fuera de esto, tengo un profundo orgullo de ser penitenciaria y me presento como tal, antes de hacerlo como abogada, pienso que es una bella profesión que no tiene una valoración social.

He tratado de darle mucho tiempo, mucha cabeza, corazón al tema de las mujeres privadas de libertad. Es una de las temáticas donde más he trabajado y escrito. Fue así como estuve vinculada con la redacción de las Reglas de Bangkok y su implementación en la región. Desde hace un año y medio llegué a El Salvador con dos objetivos: entender el otro lado de la cárcel y abordar la realidad penitenciaria con un enfoque sistémico. Uno que ve más allá y observa que los problemas de la prisión no se resuelven en ella.

Hablando de desafíos y de mirar desde una visión de 360 grados. ¿Cómo ha sido esa transición de trabajar desde lo estatal, en Uruguay, y llegar a El Salvador?

Trabajar en El Salvador fue para mí algo decisivo; profesionalmente me resultaba extremadamente interesante laborar acá. El fenómeno de las maras y pandillas es un hecho que caracteriza la realidad penitenciaria en el triángulo norte . Este es un desafío que no lo comparten otros gobiernos de la región. Uno puede tener muchos años de experiencia, pero entender -cuál es el rol que la cárcel cumple en la pandilla- es un reto enorme.

Las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: “por qué es diferente”. Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

¿En qué ámbitos ha focalizado el trabajo con las privadas de libertad?

El trabajar con mujeres privadas de libertad es un tema fundamental, porque se analiza: ¿cuál es el impacto de la detención en las mujeres y sus familias?. Debemos entender cuál es el impacto, a nivel social, ya que, muchas veces, son las mujeres las que sostienen a la familia y están al frente del cuido de sus hijos.

El daño que la prisión le causa a los hombres y a las mujeres es absolutamente diferente. El problema es que las mujeres privadas de libertad, en América Latina, representan un bajo porcentaje. Hablamos del 6 o 7%, en promedio, en relación al total de los hombres reclusos: 93%. Esto hace pensar que las detenidas son pocas y que no resultan un problema.

Con la invisibilización del problema, ¿a qué circunstancias se enfrentan las internas en la región?

Los sistemas penitenciarios concentran la atención en el 93% de la población reclusa, es decir, en los hombres. La cárcel olvida la necesidades de las mujeres. Esto lo vemos, por ejemplo, en los centros penales. Es difícil encontrar en nuestra región cárceles diseñadas para mujeres. Y alguien puede decir: ¿Pero es necesario una cárcel para mujeres?. Pues claro que sí, las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: «por qué es diferente». Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Fotografías de José Cardona

En 2019, el CICR difundió con las autoridades de seguridad y centros penales las Reglas de Bangkok. ¿De qué trata esta norma?

Este es el instrumento más importante que la ONU ha aprobado, desde 2010, y fue el primer documento que puso sobre la mesa, precisamente eso, la necesidad de mejorar las condiciones y el trato digno de las mujeres en las cárceles del mundo. Las reglas visibilizan el principio de la equidad: el darle -a cada uno- según lo que necesita. El principio básico de las reglas es «lograr la igualdad, real, o equidad». Hay que partir de las necesidades particulares de las mujeres para, luego, atender sus exigencias especiales.

Las mujeres, en su mayoría, cometen delitos menos violentos y son poco reincidentes, entonces, las reglas dicen: analicemos el perfil de las mujeres y el tipo de delito que cometen, estudiemos sus responsabilidades familiares, veamos sus historias de victimización ya que muchas han sido abusadas, coaccionadas o sufren una dependencia afectiva. Ante estas circunstacias, las reglas proponen buscar medidas alternativas para evitar la prisión.

De momento, el país está frente a un estado de emergencia por la pandemia mundial del coronavirus. ¿Está preparado el sistema carcelario para atender casos?

El mundo no está preparado para la pandemia y lo que estamos viendo de Europa nos demuestra que nadie está listo para un suceso de estas características y rapidez. Los sistemas penitenciarios son un espacio muy hostil y delicado para una enfermedad como el COVID-19. Estamos hablando de espacios hacinados en todos los países de Latinoamérica, estamos hablando de lugares donde no siempre tenemos el mejor sistema de salud, donde tenemos carencia, ahora imaginemos esto en la cárcel. Estamos conscientes de que la población privada de libertad son personas con especial situación de vulnerabilidad ante esta pandemia. Esto nos obliga a tomar medidas absolutamente focalizadas y especiales.

Fotografía de José Cardona

¿Se pueden idear medidas preventivas, efectivas, a pesar del hacinamiento carcelario que enfrentan las internas?

A nosotros nos parece que una medida para la reducción del hacinamiento es: el priorizar a las poblaciones vulnerables frente al coronavirus. Se debe atender a las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas y respiratorias. Ellas pueden ser consideradas para algún tipo de beneficio penitenciario, según el marco de la ley. Vemos que algunos países lo están considerando.

En Chile, por ejemplo, están pensado en el indulto humanitario para personas en fase terminal o las adultas mayores. Esto puede evitar el hacinamiento y reducir el daño del virus. De momento, es lo que podemos sugerir, pero esto no depende exclusivamente del sistema penitenciario también parte de los operadores de justicia.

Se ha dicho que los más vulnerables, frente a la pandemia del coronavirus, son los adultos mayores, pero dentro de las cárceles de mujeres no solo hay ancianas también hay menores de seis meses hasta los cinco años. ¿Cómo debe proceder el sistema penitenciario frente a estos casos?

El sistema penitenciario tomará todas las medidas necesarias para poner el interés superior del niño como algo central. Afortunadamente, los pequeños están en un lugar que reúne buenas condiciones. Hay que ver si algunas mujeres -por su perfil y avance de su condena- pueden acceder a cumplir la condena bajo un beneficio penitenciario y así cuidar a sus hijos.

¿Cómo suplir las necesidades de salud, una vez se confirme casos por coronavirus en el país, aún con la falta de medicamentos, disponibilidad de agua y permisos de salidas para las reclusas?

Nosotros estamos viendo, en términos generales, qué sugerencias podemos dar a los sistemas penitenciarios con base a la experiencia que tenemos. Hay temas que tendrán que ser resueltos en propia marcha, por eso, es importante el apoyo que podamos dar. Es un gran reto para el sistema penitenciario.

¿Cómo garantizar el derecho a la equidad, no discriminación y un trato digno de las internas, aún sin adoptar medidas como las Reglas de Bangkok?

Lo primero es que el personal conozca y entienda que las mujeres tienen necesidades particulares y diferentes. Se necesita comprensión y abordar la realidad con un enfoque de género.

Fotografía de José Cardona

¿El Salvador cuenta con esta sensibilización de género dentro del sistema carcelario?

Estamos trabajando en ello. La cárcel es un espejo amplificado de lo que pasa en la sociedad. No es un mundo aparte, los procesos van en paralelo.

El perfil de las mujeres que guardan prisión en elpaís, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados, esto genera un desconocimiento de sus derechos y falta de acceso a la justicia. ¿Qué hace el Estado para mejorar la condición de estas mujeres?

Esta es una característica de toda América Latina. Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo superar esa cultura punitiva de que toda acción necesita un castigo y no una medida alternativa?

El Salvador es el país que tiene la segunda tasa más alta de encarcelamiento en el mundo. La tasa promedio, a nivel mundial, es de 150 por cada 100.000 habitantes. El país tiene un índice de 600 personas. Es una nación que encierra, para evitarlo, debemos de sensibilizar a la gente para que entienda que esta no es la forma. La sociedad debe comprender que el derecho penal no solamente consagra la pena, sino que, también nos da medidas alternativas que son efectivas. La cárcel es una sanción que tiene que utilizarse como última instancia.

¿Cuáles son estas medidas alternativas?

El arresto domiciliario o los brazaletes son opción. Cuando una persona utiliza un brazalete, ella viene y va de forma controlada, sin que nada afecte su fuente de trabajo. Y si tiene otros problemas, se le puede buscar terapia o grupos de apoyo. También se puede apostar por los trabajos de utilidad pública como: cuidar a ancianos o niños para reparar el daño. No todas las mujeres cometen delitos graves.

Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas.

Fue hace un año, que el gobierno anunció tres centros de detención exclusivos para mujeres, antes, solo se contaba con cárcel de mujeres en Ilopango. ¿Es suficiente?

Como las mujeres son una población menor, generalmente, lo que se tiene es solo una cárcel exclusiva para mujeres. La sugerencia es que se diseñen cárceles de mujeres regionalizadas, espacios en otras provincias para atender a las reclusas. De momento, lo que se hace es que, en una cárcel de hombres, se genera un anexo, un lugarcito al lado para atender a las privadas de libertad. En el caso de El Salvador, como es un país muy pe queño, es muy complicado pensar en crear prisiones de mujeres -en todos los departamentos- es muy costoso. Este tema no es tan evidente o grave como en países como Honduras o Colombia donde solo hay tres prisiones y los familiares deben viajar por 10 horas para visitar a las internas.

¿Qué sucede con las mujeres que son detenidas mientras esperan juicio?

En América Latina hemos normalizado mandar presas a las personas que tiene presunción de inocencia. Tenemos países que van del 25% al 70% de presos preventivos. Ciudadanos en prisión que aún están siendo investigados y de los que no se tiene certeza sobre su culpabilidad. La prisión preventiva es una medida cautelar y se usa cuando realmente tengo sospechas de que la persona se va a fugar o que va a amenazar a un testigos y entorpecer la prueba. Si esos requisitos no se dan, los acusados tienen que esperar en libertad.

¿Qué medidas ha implementado El Salvador para adecuarse a las Reglas de Bangkok?

Por el momento, se debe trabajar para que cada empleado -del sector de justicia y penitenciario- conozca las reglas. Yo no le puede exigir a un sistema carcelario, o a un Estado, que cumpla si ellos no conocen el documento. Es importante seguir capacitando y llevar las normas a los diversos espacios.

De momento, ¿cuáles son la medidas con las que cuenta El Salvador para el trato de las reclusas?

Uno de los avances que hemos detectado es la visibilización, la aceptación de que trabajar con mujeres implica un enfoque diferencial. El que exista tres centros de detención, exclusivos para mujeres, es una medida muy positiva. También es importante destacar que los niños -que están con su madre en la prisión- se encuentran en la granja de Izalco, Sonsonate, un espacio más amigable y diferente al que tenían, hace unos años, en Ilopango.

¿Qué países de Latinoamérica han adoptado las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas?

Costa Rica.

Fotografía de José Cardona

¿Cuáles han sido los resultados luego de acatar las medidas?

Costa Rica ha tenido los mayores avances y ha hecho, inclusive, una modificación legal -en un artículo de su Ley de Drogas- donde establece la posibilidad de aminorar las penas para las mujeres tras ser expuestas a una situación de vulnerabilidad, extrema pobreza o coacción para cometer el hecho. Esta medida es un ejemplo de las primeras acciones con enfoque de género en la región.

¿En qué deben trabajar los Estados?

Yo pienso que se debe trabajar en la prevención. Se tiene que crear políticas públicas que eviten la delincuencia y criminalidad. También se deben crear normas que gestionen los sistemas penitenciarios con enfoque de género. A 10 años de la Reglas de Bangkok creemos que el tema está sobre la mesa, pero que todavía queda mucho por caminar en América Latina.

La discriminación laboral contra la mujer escapa al registro

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Cuando Elena fue contratada como investigadora en institución pública de derechos humanos creyó que había encontrado el empleo ideal. Podía poner en práctica sus conocimientos como abogada. Llegó con muchas ilusiones y expectativas, sobre todo, porque era la oportunidad para materializar su compromiso con la causa. Era septiembre de 2018.

Dos años después, como si estuviese en una corte, Elena lee en voz alta su carta de renuncia: «Esta decisión me ha llevado mucho tiempo de reflexión, porque ingrese al proyecto con mucha motivación, pero poco a poco esto fue apagándose por una serie de situaciones de acoso laboral», dice sentada en un restaurante de comida rápida en San Salvador.

Con el tiempo, si algo aprendió bien fue a dar alegatos, así que, en la mesa, recitando, Elena cuenta las razones que la obligaron a dejar su empleo. Con la renuncia y las denuncias como pruebas de los maltratos de su jefe, la joven se concentra en señalar una de las causas: su edad y su género.

Al ser una institución nueva, el equipo de investigación era conformado por mujeres jóvenes que continuaban formándose en técnicas relacionadas con el objetivo de la institución. Su jefe, con experticia en el temática, era quien debía de coordinar e instruir al grupo para crear un plan de trabajo, pero esto no sucedió.

A disgusto con su «poca experiencia», su jefe convertía cada reunión de trabajo en un campo de batalla donde Elena era bombardeada con gritos y reproches cómo: «¿Tiene usted las competencia para ejercer esta labor?».

Cansada de escuchar los mismos señalamientos y familiarizada con la palabra acoso laboral -actos de violencia psicológica en el lugar de trabajo-, Elena puso una demanda ante el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

«Nuestro jefe inmediato bloquea el trabajo, al no gestionar recursos técnicos y logísticos para el buen desempeño de nuestras labores; descalifica de manera verbal y públicamente el trabajo, en especial razón, por nuestra edad y condición de mujer», puntualiza la denuncia presentada por Elena, en 2019, al ISDEMU.

Su denuncia tuvo poco eco, nadie respondió ante sus señalamientos, ni los altos mandos de su entidad creyeron en que los incidentes podían darse en un lugar que tiene como base la defensa de los derechos humanos.

Como Elena, otras 685 mujeres se vieron afectadas, entre enero de 2018 a mayo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos del país, expresó en su informe preliminar: la prevalencia de la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH, en el año 2018, el país atendió 1,020 denuncias por violencia en el ámbito laboral. El 60% de estas demandas corresponden a casos de acoso laboral o sexual.

«Recuerdo el día en el que tuve hacer mi primer peritaje, debía anotar cada detalle y la forma en la que habían sido ubicado todo. Para no cometer ningún error pedí asesoría y así asegurarme de que todo lo que había descrito era lo correcto, mi jefe no dudó en preguntarme si realmente ‘yo tenía las capacidades para hacer el estudio técnico’», cuenta Elena.

En su momento, Elena se cuestionó si denunciar era lo correcto, sobre todo en un país donde tener un empleo parece más un privilegio que un derecho. Uno que en cifras se traduce, aproximadamente, a 1.8 millones de salvadoreños sin trabajo u ocupación. Y donde ser una persona asalariada es mucho más complejo para las mujeres.

En El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, la tasa de la Población Económicamente Inactiva (PEI) asciende al 38.7%. De este porcentaje, las más afectadas son las mujeres encabezar el 75.7% de la PEI en 2018.

La encuesta también demuestra la gran diferencia entre los motivos que obligan a hombres y mujeres a no tener -activamente- un empleo. Las salvadoreñas que no forman parte de la fuerza laboral se dedican a los quehaceres del hogar mientras que los hombres se ocupan de estudiar.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

Julia Aguilar, economista especializada en la temática del cuido y participación laboral y sindical de mujeres, enfatiza en que el sistema económico está basado en garantizar condiciones precarias para las mujeres.

«Las mujeres están ocupadas, principalmente, en actividades de comercio y servicio. En este rubro, cada empleada es vinculada con los quehaceres del hogar, con la limpieza, atención de las personas y la cocina. Es un área pagada, pero con tan poca valoración social. ‘¿por qué las mujeres no buscan otras opciones?’, dicen muchos. Pocos entienden que, a pesar de buscar, no hay otras opciones para ellas en el campo laboral», sostiene Aguilar.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

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Sin alternativas y en búsqueda de soluciones, Elena acudió a la institución, que por hoy, es la más buscada para gestionar el cumplimiento de los derechos laborales: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). De acuerdo con ORMUSA, la entidad es un referente debido a que los mecanismos administrativos del MTPS, no implican una acción legal en contra del empleador, lo que evita represalias, como el despido, para el trabajador.

En diciembre de 2019, un mes antes de su renuncia, Elena llegó hasta la oficinas del MTPS para dar aviso de los abusos de su jefe. Pero buscar un espacio para establecer una denuncia, de momento, también es un terreno complejo. La oficina que se ocupaba de atender los casos por acoso laboral, inequidad salarial y actos discriminatorios desapareció -desde septiembre- de la Dirección General de Inspección de la entidad.

De aquella tarde, Elena aún recuerda la desesperación con la que llegó hasta las oficinas del MTPS para que alguien hiciera algo por ella. Las cartas de recibido -por cada denuncia- y su testimonio eran su única garantía para comprobar que algo sucedió, pero eso no valió.

«Me dijeron que no podían atender mi caso porque el ministerio no podía atender a empleadas de una institución estatal y que en esos casos solo podía actuar la PDDH«, asegura Elena.

En una pausa, en un respiro para continuar con su historia y no perder ningún detalle, Elena toma nota y dice: pregunté si podía regresar al ministerio si las cosas empeoraban y me respondieron que no podían conocer mi caso bajo ninguna circunstancia.

Por este tipo de omisiones, Ormusa, cree que es necesario contar con una unidad capacitada como la que existió por 11 años en el Ministerio de Trabajo. Carmen Urquilla, del programa de justicia laboral y económica de la organización, indica que no hay argumento que valide «el suprimir» un espacio especializado para la prevención de actos discriminatorios. Y es que, la mayoría de empleados, no cuentan con una acreditación en el tema de género.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

La necesidad de un espacio, como la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, es mucho más evidente cuando la DYGESTIC señala que: son 1.8 millones de mujeres las que se mantienen activas dentro del campo laboral y que, de este aproximado, al menos, 30 de cada 100 se han visto afectadas por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La violencia laboral no es un tema nuevo, pero se hace poco para combatirlo. El Salvador tuvo la oportunidad, a mediados de 2019, de ratificar el Convenio 190 de la OIT -durante la Conferencia Mundial del Trabajo- en Suecia; un acuerdo que reafirma la tutela de los Estados frente a los problemas del acoso y la violencia en el ámbito laboral. A pesar de ello, el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, se abstuvo de votar.

La votación estuvo dividida ya que el Consejo Superior del Trabajo, conformado por el gobierno, la empresa privada y la representación sindical, no logró un acuerdo. El sector privado emitió su sufragio en contra del convenio y la parte sindical estuvo a favor.

En un informe de inicios de noviembre, Rolando Castro, ministro de trabajo, detalla a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, las razones que llevaron al gobierno a abstenerse del Convenio 190 de la OIT.

«No se hicieron las consultas tripartitas previas a la discusión del convenio. Ante las posiciones opuestas de la parte empleadora y la trabajadora, se consideró que la manera más inclusiva y adecuada de abordar la discusión es a través del Consejo Superior del Trabajo. En ese espacio se debe consensuar la visión de la parte empleadora y la de los trabajadores», sostiene Castro.

Entre las justificaciones, el Ministro de Trabajo aseguró que la abstención no implica que el convenio no pueda ratificarse. Pero hasta la fecha, El Salvador permanece como uno de los Estados que no han validado el Convenio 190 dentro del sistema de la OIT.

La Red Feminista frente a la violencia en contra la mujeres asegura que es preocupante el retroceso de los derechos humanos que enfrentan las mujeres, especialmente, porque existen recortes importantes en el presupuesto general de la nación para tutelar y erradicar la violencia en 2020.

Entre esos recortes está la reducción al presupuesto de los programas de salud en el primer nivel atención y protección social como: bono para educación. También se eliminó el plan de fortalecimiento para la salud de la mujer y se reasignaron al nuevo ministerio de desarrollo social, los proyectos y recursos de la extinta Secretaría de Inclusión Social.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

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LAS AFECTACIONES QUE SE INVISIBILIZAN

Previo a su renuncia, Elena fue diagnosticada con depresión debido a que el ambiente laboral se le hizo insostenible.

«La situación afectó directamente mi autoestima profesional, trascendió al ámbito personal y familiar, por lo que me vi obligada a recurrir a asistencia psicológica», sostiene Elena.

El boletín estadístico más reciente del Ministerio de Economía, sobre los impactos de la violencia en las mujeres en sus espacios de trabajo, expone que las mujeres sufren repercusiones físicas, psicológicos y en otros aspectos de la vida cotidiana debido a los abusos en el ámbito laboral.

En promedio, 436 mil mujeres han sido afectadas por la violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo a lo largo de su vida. De acuerdo con el documento, lo más frecuente -en las mujeres víctimas de una agresión- es la pérdida o el cambio de empleo, seguido de efectos emocionales como la depresión o miedo.

A pesar de la cantidad de mujeres que se enfrentan a la violencia laboral, Rhina Juárez del Centro de Atención Legal de ORMUSA, asegura que es preocupante la falta de denuncia, pero sobre todo el desconocimiento de las mujeres por identificar el problema.

«La gente tiende a tolerar la violencia, no es que les guste, pero la necesidad del empleo las obliga a hacerlo. En nuestro último estudio sobre la percepción de la violencia laboral contra las mujeres, notamos que pocas logran caer en cuenta de lo que sucede en términos conceptuales. De 1,092 mujeres encuestadas, solo 282 identificaron el acoso laboral y otras 204 precisaron en qué es discriminación de género», asegura Juárez.

Sin ayuda, la única solución para Elena fue renunciar a su trabajo. Decidió que otro empleo, con mucha menos paga, era la oportunidad para huir de los malos tratos que enfrentaba.

«El acoso laboral se normaliza tanto que hasta quienes dicen llamarse defensores de derechos humanos lo ejercen», concluye Elena.

Ilustración de Moris Aldana

Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran

Fachada del Palacio Nacional de El Salvador
Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran.

El Archivo General de la Nación custodia los documentos históricos de El Salvador, archivos que datan desde 1653, papeles que dan cuenta de los cimientos de la República, que tejen los recuerdos de la Colonia y la Federación Centroamericana. Es un espacio que preserva los lienzos fotográficos de los mandatarios de la época y la arquitectura del centro histórico y la nación en los últimos 60 años.

Un registro documental que también se nutre de colecciones privadas como la del escritor Alberto Masferrer, el ex presidente Maximiliano Hernández Martínez y series de instituciones bancarias y portuarias -ya extintas- como el Banco Industrial de El Salvador, Banco Nacional de El Salvador y la Compañía de Puerto El Triunfo.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

Son aproximadamente, 12 millones de folios que no pueden ser evaluados. Una extensión que se asemeja a calles repletas de documentos, tanta como la distancia desde el centro de San Salvador hasta el municipio de San Marcos.

Dar vida nuevamente al papel requiere de una suma delicadeza y de una infinidad de caricias. Cada documento es como un rompecabezas. Unir cada hoja, cada letra, es un desafío que depende de la antigüedad de la pieza y de reconstruir la obra lo más parecido a su estado original.

Cada hoja debe ser restaurada con base a sus niveles de pH debido a que cada documento contiene diferentes niveles de acidez, tipo tinta, composición química, pigmentos y sales de hierro.

Algo esencial para intervenir los archivos de la nación frente a su antigüedad y base de tintas ferrogálicas que devoran el papel.

Restaurar también supone tratar los archivos con materiales libres de acidez, insumos como pegamentos, adhesivos, pliegos de papel japonés con distintas bases para los injertos -un proceso donde se imita nuevamente la hoja y se reconstruyen las partes que faltan del documento-, y equipos para hidratar, encapsular, coser y reintegrar el papel.

Han sido años de descuido, años que su director, Luis Huezo Mixco reconoce en un memorándum como respuesta a una solicitud de información que pide a detalle el plan de restauración de los últimos dos años: 2018 y 2019.

El director del AGN escribe que -en 2018- no hubo ni un solo trabajo de restauración. Además asegura que, a inicios de 2019, el archivo general comenzó hacer un trabajo de recuperación luego de 11 años y múltiples solicitudes para adquirir materiales.

Anaqueles con los archivo general de la nación
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

«El área estaba inactiva por carencia de materiales desde 2008. La prioridad fue, entonces, gestionar la compra de materiales en el extranjero. Como se verá, posteriormente, en los documentos que se incluyen en este mismo informe», asegura Mixco.

Ese año se elaboraron 450 cajas protectoras cuya compra fue local. Estos fueron productos que no estaban hechos del mejor material, pues cada estuche fue elaborado con bases de cartón compuestas por altos niveles de acidez. Y es que, en El Salvador, no hay ningún proveedor nacional que cuente con insumos para restaurar debido a que los costos son muy elevados y nadie ve mercado en la restauración.

En los últimos años, tampoco hubo un presupuesto definido para el AGN, el archivo general contaba con un fondo circulante que no sobrepasaba los $600. Un monto que también era compartido con la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Los fondos del AGN, en este gobierno, dependen de la Dirección General de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones (DIGIADE) del Ministerio de Cultura. Para este 2020, MICULTURA cuenta con un presupuesto de $21 millones.

De esta cantidad, según el documento oficial, se ha destinado $18 millones para los servicios de protección, conservación, formación y difusión del arte y cultura. En este detalle no se precisa la cantidad con la que funcionará el Archivo General de la Nación.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

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No había pega para empastar, tampoco cuchillas, ni tablas para cortar. Ante la falta de estampadoras de papel, se ocupaban cintas adhesivas para identificar los documentos. La guillotina estaba escondida, porque «era demasiado grande» y cualquier empleado podría sufrir algún percance. Tampoco habían pesas adecuadas que aplastaran el papel, las disponibles eran unas hechas a bases de baterías de vehículo desechadas, plomo perjudicial para el humano y también para los documentos.

Denise, una especialista en la restauración documental, que llegó al archivo más grande del país para darle vida nuevamente al papel, tenía, literalmente, que sacar dinero de su bolsa y comprar los materiales para recuperar los documentos. Era julio de 2018. El año en el que el AGN, la institución encargada del patrimonio documental de El Salvador, no restauró ni un solo folio por la falta de materiales.

En aquel tiempo, Denise y el equipo de restauración -conformado por solo un restaurador a medio tiempo-, se las ingeniaban para recuperar un poco del patrimonio documental. Su capacidad se puso a prueba cuando tuvo que intervenir un diario oficial de 1876.

Cuando habla de curar un periódico antiguo, Denise, no calla. Habla con suavidad y acaricia una servilleta como si se tratara de un diario de la época. Repite cada que puede su propia norma.

Archivo histórico en restauración
Daño. El AGN no cuenta con un área de restuación documental. En 2018, la institución no restauró ni un solo documento a falta de material y personal.

Primero se limpia, luego se calca, se dibuja sobre la hoja, se hace una especie de fotocopia para restaurar lo roto y se encuaderna. 400 hojas fueron conservadas luego de que, Denise, ideara una fórmula con engrudo, pegamento de madera, papel de arroz y cartón piedra.

Bajo el anonimato, restauradores de papel coinciden en que se trabaja con carencias. Agregan que es necesario -un taller de restauración nacional- un espacio que esté equipado y conformado por biólogos, químicos, laboratoristas clínicos ya que «recuperar el papel va más que allá que una página rota». Y es que, tratar un documento, también requiere descifrar la causa de su aspecto amarillento, la cantidad de insectos que pueden alimentarse del papel y de las mezclas químicas que puede resistir cada manuscrito.

En su estancia de siete meses por el AGN, bajo la promesa de que sería contratada como restauradora a tiempo completo, Denise solo pudo empastar 10 libros e intervenir aquel diario oficial de 1876. No se le dio prioridad a su función. Su retiro del archivo general, se dio luego de que su trabajo no fuera remunerado y se congelara la plaza.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

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El panorama sigue igual en el AGN. El único restaurador apenas alcanza a verificar los pasillos del Palacio Nacional para dar una que otra sugerencia a sus compañeros sobre cómo conservar.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

Este archivo custodia la historia de «la cultura de varias generaciones» y es, por hoy, el centro de gestión documental de mayor proporción en el país. En este espacio, según la norma, se debe de conservar, restaurar, clasificar, describir, e inventariar el tesoro cultural documental.

En 2019, el Archivo General de la Nación pudo realizar su primera compra por $10,000 a través de una empresa nacional. En este pedido, el AGN adquirió materiales básicos para la restauración, entre ellos, pliegos de papel japonés con distintas bases para injertos, adhesivo libre de ácido y pegamento a base de metil celulosa.

Archivos históricos
Antigüedad. Los archivos históricos de El Salvador datan, según el Ministerio de Cultura,desde 1653.

A pesar de este primer intento por recuperar los documentos, la única persona con potestad dentro del AGN, tras 15 años como restaurador, no duda en responder: «La institución aún está en pañales». Y explica que, no solo se requieren insumos, también es necesario realizar un diagnóstico ambiental, determinar la temperatura, humedad, medir los niveles de contaminación, precisar la cantidad de organismos como el moho, hongos e insectos que acaban con el papel.

«Eso no más es el engaño. Yo por eso ya les dije a la gente que para procesos de restauración se necesita los equipos», asegura.

Luego de una consulta por archivos de 1932, es evidente que los procesos de restauración marchan lento. Un documento de la condición jurídica del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez se despedaza. No hay usuario que pueda concentrarse entre una tapa dañada que pareciera que el mismo papel se la traga y las páginas que apenas alcanzan a estar empastadas por una tira de adhesivo transparente.

Entre las instrucciones del AGN reza el tratar «delicadamente» los documentos. Se puede tomar fotografías, pero no manchar, ni destruir. Aunque la regla fue rota en libro de Martínez. En la portada se lee, a lápiz, un «cod 82″ para identificar la pasta.

Anaqueles con archivos
Sin condiciones. El Palacio Nacional no reune las condiciones para preservar los archivos históricos de El Salvador.

En algunos espacios -de los fondos documentales- aún hay hojas sueltas, rotas, amarillentas, toldos de papel kraft que «protegen» los documentos y rótulos de cartón señalizados con marcador para ubicar los pasillos de cada archivo.

El secretismo, con respecto al problema, impera desde el Ministerio de Cultura, esta institución no autorizó, luego de un mes de insistencia, ni una sola entrevista para conversar con los empleados y su director sobre los métodos de restauración. Hasta el cierre de este reporte no se otorgó ninguna respuesta.

«Entre más color mucho más es la acidez del papel», esta frase se repite como un mandamiento entre los especialistas de papel, pero en el AGN las cajas protectoras a primera vista son de color marrón y cada fondo funciona bajo las consideraciones de cada archivista.

Sin respuesta del Ministerio de Cultura, con respecto a la protección de los archivos históricos dentro del AGN, lo más cercano a la visión del gobierno es el plan Cuscatlán. En el ramo de cultura se menciona brevemente el resguardo de archivos. En tres líneas se lee: «Promoveremos la reestructuración, digitalización, reordenamiento y reubicación de los archivos históricos según los lineamientos de las normativas nacionales e internacionales».

Guadalupe Lobos, vicepresidente del Comité Memoria del Mundo en El Salvador, un organismo creado -desde 1999- por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) para identificar los fondos documentales más importantes del país, asegura que no ha existido voluntad política ni interés de los gobiernos de turno para restaurar y conservar los archivos históricos que son parte del patrimonio.

Lobos, también como ex directora del AGN, considera que a escala de país no hay ninguna ley que respalde o empuje con fuerza el tema de la custodia y protección de los patrimonios históricos y únicos.

«La Ley Especial de Protección al Patrimonio está, pero lo que dice es una generalidad. El enfoque con el que ha trabajado el Ministerio de Cultura siempre ha sido bajo la declaratoria de bienes muebles e inmuebles. No hemos llegado a la parte del patrimonio documental. Es una plana pendiente. Se debe oficializar la propuesta para evitar el robo y el saqueo de archivos históricos que no cuentan con la protección y son patrimonio partidos», enfatiza.

La necesidad de un plan de restauración dentro del AGN no es nuevo. Un informe especial de gestión ambiental de la Corte de Cuentas la República determinó, en 2017, que el Archivo General de la Nación no contaba con un proyecto de conservación y recuperación de documentos históricos.

Mesa para estudiar
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

Esta situación llevó a que la Corte de Cuentas sugiriera el diseño de planes para la conservación, restauración, clasificación y descripción de los folios.

Luego de dos años, el director del AGN, válida un plan de restauración con base a un proyecto de preservación documental. Un proceso que difiere con la recuperación de archivos. La conservación se basa en un trabajo preventivo, en frenar el daño, a través de la limpieza, empastado y cuido de los documentos, pero no en recuperar.

Este plan, elaborado en febrero de 2018 y vigente para 2020, señala que: el personal está desactualizado en prácticas modernas de preservación, la falta de un manual de procesos técnicos aplicables, la ausencia de un inventario de materiales para la restauración y la indiferencia de las necesidades del AGN «a causa del desconocimiento sobre el rol del archivo general en la preservación del patrimonio».

En el archivo de la nación se respira más que incertidumbre. Los empleados alertan que en el sótano, donde se guarda el fondo de la Corte de Cuentas, el aire llevan más que polvo y se aspira moho. Los deshumidificadores de aire se echan andar tres veces por semana y no todos funcionan.

Instalar nuevos equipos supone un reto. Sobre todo porque el Palacio Nacional es parte del patrimonio desde 1980 y no es un edificio administrado por el AGN. Es decir, el monumento no puede ser intervenido, ni modificado por ningún motivo. Con los años, esto también ha afectado al AGN para la conservación de los archivos.

El Palacio Nacional, de acuerdo con un ex subdirector del AGN, no reúne las condiciones para albergar documentos. En primer lugar porque ya no hay espacio para más archivos y, en segundo, porque los daños en la instalación son serios. En invierno hay goteras, cambios de temperatura, poca iluminación y existe el peligro de colapso frente a un terremoto.

Estas condiciones frenan los avances para acceder a la información documental del AGN. El proceso de clasificación, catalogación y restauración es lento. Sin un orden, no hay oportunidad de conocer toda la información disponible dentro del archivo.

El centro histórico palpita con cada una de sus edificaciones, con su gente, su bullicio. El Palacio Nacional es una de las obras que se ubica en el corazón de la ciudad de San Salvador, un monumento que se destaca por su arquitectura y sus 100 años de antigüedad. Un tesoro que cobra vida cada mañana, cada tarde, cuando sus aceras se convierten en un lugar para estar, descansar o contemplar la majestuosidad de la catedral.

Aunque muchos se ven atraídos por un Palacio Nacional que se ilumina y atrae a los turistas y a su mismo pueblo, al final de una tarde, el Archivo General de la Nación con suerte recibe a cuatro usuarios al día. De momento, el AGN trabaja con lo que puede y tiene.

Aún cuando supone un gran reto pensar en el futuro, sin poder controlar todo lo del presente, la dirección del AGN asegura que entre los planes está el diseñar un espacio para un nuevo archivo. Uno que cumpla con los estándares y sea ideado junto a especialistas del Archivo General de la Nación de Costa Rica, los mayores referentes centroamericanos en la gestión documental.

Folios del archivo general de la nacion
Materiales. El AGN no contó con insumos para la restauración de documentos por 11 años.

El largo viaje de Flor para conseguir salud

Fotografía de Javier Aparicio

Desde que el centro de salud a cargo de un Equipo Comunitario de Salud Familiar (ECOSF) dejó de funcionar en el caserío de Los Rosales, Flor debe caminar por más de una hora para poder llegar hasta la clínica más cercana en el municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate.

Flor tiene cuatro meses de embarazo y corre el riesgo de perder a su hijo. Los médicos le han prohibido caminar, «agitarse» o hacer cualquier tipo de actividad que ocupe mucho esfuerzo. Su cuadro es de alto riesgo. Pero sin clínicas de salud cerca, ella debe hacer todo lo contrario para cumplir con sus controles prenatales.

En el caserío Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre. Este cierre no es el único, según una contraloría del Foro Nacional de Salud, una organización creada -con la reforma de salud de 2010- para auditar la atención y los servicios de salud del sistema público. Otros 10 ECOSF han dejado de brindar consultas médicas en comunidades de San Salvador y Santa Ana.

Esta misma contraloría de finales de 2019 señaló que el Ministerio de Salud justificó los cierres señalando la falta de personal, instalaciones inadecuadas y problemas de seguridad.

Los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) fueron creados, luego de la reforma de salud en 2010, para garantizar el acceso a los servicios de salud en zonas donde la atención no llegaba. Comunidades lejanas donde a sus habitantes les era difícil movilizarse hasta los hospitales debido a la falta de recursos y la extrema pobreza.

Los 578 ECOSF que funcionan a nivel nacional tienen por sede las Unidades Comunitarias de Salud de Familiar (UCSF). UCSF que, de acuerdo con los lineamientos de técnicos de los Ecos Familiares, deben ubicarse en el lugar de mayor accesibilidad, puntos geográficamente cercanos para las familias que no tienen acceso a los servicios médicos por la lejanía de sus comunidades en zonas rurales o urbanas.

Este modelo de salud familiar, en el primer nivel de atención, también fue ideado para tratar el 80% de las enfermedades que enfrentan los salvadoreños, entre ellas, el dengue, zika, chikungunya y padecimientos como la hipertensión, diabetes y problemas respiratorios.

El ECOSF de Agua Chuca, en Los Rosales, se ha esfumado. El modelo que se implementó desde hace unos ochos años en la comunidad no funciona más. Y, sin explicaciones de las autoridades de salud, el centro de salud cerró.

En Los Rosales, donde el transporte apenas llega y la solución para poder andar es caminar entre calles sin pavimentar, de perderse entre los polvos de tierra, de subir y bajar angostas veredas, de madrugar y salir entre las 4:30 o 5:00 am para llegar un poco antes de la siete y coger cupo para la consulta médica, no hay quien se ocupe de atender a los enfermos.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. «son más de 1,000 personas», asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

Los ECOS Familiares responden a un modelo de atención ideado por el gobierno del FMLN hace 10 años para extender los servicios y priorizar el acceso a la salud en comunidades con una tasa de extrema pobreza. Son equipos comunitarios que, por cada centro de salud, asisten a 3,000 personas en el área rural y cubren, en promedio, a otras 7,000 en la zona urbana.

Acá, en el caserío de Los Rosales, el ECOSF era un privilegio, uno que les ayudaba a tratar su salud y no caminar por horas. Ahora, las opciones son pocas, para conseguir salud toca pagar o ir a pie.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. “son más de 1,000 personas”, asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

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En Los Rosales, Flor sigue preocupada: «Los doctores dicen que puedo perder el bebé. Puedo tener un aborto y no habrá forma de que el bebé sobreviva».

Por hoy, no hay quien se ocupe de los pacientes, ni del mantenimiento del lugar. A Flor tampoco le llegan las razones que justifiquen el cierre del centro de salud.

El Ministerio de Salud, por el momento, no ha hecho una declaración oficial del por qué algunas sedes, a cargo de los equipos comunitarios, han cerrado. Hasta el cierre de este reportaje, el equipo de comunicaciones del MINSAL, no respondió a las múltiples solicitudes de entrevista.

Para este 2020, el presupuesto de salud registró un recorte de $33 millones. Esto solo en el rubro del primer nivel de atención. Nivel en el que se inyectan los fondos para el funcionamiento de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y los ECOSF.

El recorte de los fondos en el primer nivel, no coincide con la estrategia de salud del nuevo gobierno. De acuerdo con el plan Cuscatlán, los equipos de salud comunitarios contarán con nuevas instalaciones, recursos humanos, insumos y tecnología para garantizar la atención de las familias. Pero esto no pasará en el primer año de mandato.

La situación se vuelve más preocupante en el caserío Los Rosales y lugares aledaños del municipio de Cuisnahuat. La disminución del presupuesto en la zona occidentales el más alto entre la región central, paracentral y oriental. Este año, el primer nivel de atención en occidente funcionará con $10 millones menos.

Las autoridades de salud tampoco han dado detalle de los cierres a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Desde el parlamento se solicitó un informe por la falta de atención en tres ECOSF de la zona central. Una medida que ha afectado, desde octubre, a unas 4,000 personas de las comunidades: Los Letona, Santa Gertrudis y el cantón Las Flores en San Martín.

«La Comisión de Salud acordó, desde noviembre, dar seguimiento a la situación de las comunidades afectadas en San Martín. Los cierres son un retroceso para la atención de salud en el primer nivel. Esto podría impactar en los indicadores salud de la mortalidad materna e infantil», afirma María Elizabeth Gómez, presidenta de la Comisión de Salud.

A estas comunidades, la falta de servicios de salud los ha llevado a recibir atención médica hasta los hospitales de San Bartolo o Cojutepeque. Lugares mucho más lejos del centro del municipio. Los afectados no pueden viajar hacia lugares donde tienen prohibido llegar.

Viajar hasta Cuisnahuat es cansado. A los caminos de tierra solo los adornan terrenos áridos y uno que otro cultivo de caña. No hay lugar para descansar, ni sombra que apacigüe los rayos de sol. Y frente al calor sofocante, no queda más que acelerar el paso para llegar al destino cuanto antes.

Con una barriga de cuatro meses de embarazo, Flor se las arregla para ir y venir a pesar de que el trayecto no sea fácil. De lo contrario, tendría que pagar unos $10 para que un camión la lleve hasta Cuisnahuat, una cantidad que la joven no tiene.

Orlando, presidente de la ADESCO, explica que otros seis caseríos se ven afectados por la falta de consultas médicas. También señala que los más perjudicados son los niños y niñas que recibían controles de niño sano, los adultos mayores con problemas para movilizarse, las mujeres embarazadas y las personas con pocos recursos que accedían a medicamentos gratis.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que la atención primaria, bajo un sistema integral de servicios con enfoque familiar y comunitario, contribuye a la cobertura y el acceso universal a la salud de las poblaciones más vulnerables.

Sin atención. En el caserío de Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre.

«Estas medidas, además de favorecer el acceso y la calidad de atención, provocan nuevas economías para los hogares que ya no tienen la necesidad de realizar grandes desplazamientos. Con este sistema de salud, las familias logran resolver localmente sus necesidades en salud», asegura la OPS en su informe «El Salvador en el camino hacia la Cobertura Universal de Salud».

Sin atención, los habitantes del caserío y zonas aledañas optan por quedarse en casa. Los recursos económicos limitan a muchos. Sobre todo, a las familias que sobreviven de la cosecha de maíz, maicillo, banano, tomate, frijoles y el ganado.

Camino a su hogar, Flor señala que aquel espacio «desolado» era donde ella solía recibir su control prenatal. «A solo unos 10 minutos a pie».

La falta de servicios de salud también afecta a Francisca Elías y a sus dos pequeños de tres años. Sin atención, los gemelos han dejado sin continuidad sus controles de niño sano.

Además, la situación de Francisca ha empeorado desde que uno de sus gemelos enfrenta complicaciones en su ojo izquierdo. Pero sin dinero y sin transporte, no puede hacer mucho.

«Con ellos no puedo caminar. Los niños siempre piden que uno los cargue. Antes, para mí, era mucho más fácil. Estábamos a la par de donde atendía el equipo comunitario. Ahora, uno debe levantarse a las cinco de la mañana, o mucho más antes, para ir a Cuisnahuat. Sin dinero se hace difícil, así que debemos esperar», dice Francisca.

De acuerdo con el Foro Nacional de Salud, la falta de atención en los ECOSF ubicados en Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, es preocupante. Esto debido a que el municipio está catalogado con un alto índice de extrema pobreza. Un porcentaje del 52.40 %, según el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

Morena Murillo, experta en temas de salud y coordinadora de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, asegura que los cierres de los ECOSF son un retroceso para el acceso de salud de familias que antes no contaban con los servicios.

«En los lugares donde nunca hubo servicios de salud, necesitas garantizar que el modelo de atención comunitaria se mantenga. Necesitas fortalecer ese sistema de atención, no cerrarlo. Los cierres son contraproducente para las familias de escasos recursos. También complicará la atención en otros niveles ya que el 80% de las enfermedades que padecen los salvadoreños pueden ser tratables en el primer nivel de atención», aclara Murillo.

Tratamiento. Sin atención médica, los afectados han dejado sin continuidad sus controles médicos. Tampoco obtienen sus medicamentos.

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Francisca y Flor no solo han perdido sus controles médicos. Los afectados con el cierre ya no cuentan con medicina gratuita, tampoco tienen servicios de curación o vacunación.

Amilcar Pintín, secretario de la ADESCO del caserío Los Rosales, asegura que las autoridades de salud -en Cuisnahuat– se reservan la información sobre lo que pasará con el ECOSF.

«Simplemente dicen que es una orden del gobierno central. Aseguran que no hay personal, ni médico que pueda atender a los pacientes. Antes contábamos con una farmacia, un consultorio de salud, camillas y un área ambulatoria», explica Pintín.

Ante los cierres, el coordinador de los ECOSF del municipio de Cuisnahuat, Mauricio Macua dice poco. Macua asegura que no está autorizado para hablar sobre el tema.

«Para nadie es una mentira la deficiencia que han tenido todos los gobiernos. Este gobierno no será el único. Todos tenemos deficiencias. Pero con respecto a la situación de los ECOSF, no podemos darle ninguna información. Puede concertar una cita con el Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral. Él podrá darle más detalles», expresó Macua.

Hasta el cierre de este reportaje, tampoco hubo una respuesta del Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

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A SAN PEDRO Y A LA HACIENDA TASULATH TAMPOCO LLEGAN LOS SERVICIOS DE SALUD

A 7 kilómetros y medio, al poniente de Cuisnahuat, la situación es diferente. El ECOSF del Caserío El Palmar no ha cerrado, pero la asistencia médica es deficiente. La atención tampoco llega a las comunidades lejanas como San Pedro y la Hacienda Tasulath.

El ECOSF del Caserío El Palmar es un espacio modesto. Solo hay un consultorio y lo demás del lugar se divide entre archiveros, unas cuantas cortinas hospitalarias, paredes que sirven como carteleras de anuncios y un estante para los expedientes médicos.

Carmely Guerrero, coordinadora de la Unidad Comunitaria, asegura que, a pesar del poco personal, el ECOSF no ha dejado de brindar atención. Guerrero sostiene que las actividades «se retomaron» luego de las festividades de fin de año, en la segunda semana de enero.

El problema del caserío El Palmar y las comunidades aledañas es que el centro de salud comunitario atiende dos veces por semana. Los martes y jueves. Así que la opción de los habitantes para tratar cualquier enfermedad se reduce a estos dos días. En lo que resta de la semana no hay médico que atienda alguna emergencia.

Sin un médico, los lunes, miércoles y viernes, los habitantes del caserío El Palmar deben arreglárselas para caminar o pagar $20 por un camión que los lleve hasta Cuisnahuat.

En los días sin consultas, el equipo de salud familiar, según Guerrero, debe trasladarse hasta los caseríos más alejados. Comunidades que ubican a unas tres o cuatro horas del ECOSF de El Palmar, entre ellas, San Pedro y la Hacienda Tasulath.

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

«Mi hijo va creciendo a la voluntad de Dios. Esta es la realidad de uno de pobre. Antes, los médicos venían, se acercaban al caserío, pero desde hace meses nadie viene», cuenta Abelardo.

Afectados. Los cierres han afectado a las mujeres embarazadas, a los niños y niñas que recibían controles de niño sano y a los adultos mayores con problemas para movilizarse.

La organización de Profesionales para la Transformación de El Salvador (PROES) aclara que hay deterioro evidente del sistema de salud debido al «paulatino abandono» del modelo de atención comunitario.

«El aumento de enfermedades se debe a la poca atención y abordaje intersectorial centrado en la persona, la familia y la comunidad. Esta fue la esencia de la reforma de salud que tuvo impactos positivos en indicadores como la reducción de la mortalidad infantil y baja de la mortalidad materna. La misma OPS reconoce que la reforma colocó a El Salvador entre los países de América Latina con más avances de salud», explica PROES.

A otros tres kilómetros y medio, la situación pinta igual, la Hacienda Tasulath es un caserío olvidado por el equipo comunitario de El Palmar. Al camino solo lo adornan los peñones y los cultivos de caña. Reina la ausencia y las pocas ganas de aventurarse a un viaje de cuatros horas a pie.

Ada Luz Rivas es una mujer de 72 años que vive en la Hacienda Tasulath. A su edad, la anciana asegura que a pesar de sus dolencias y de una artritis que solo puede empeorar, no viajará más. Luz ha optado por esperar. Aguarda a que, luego de cinco meses, el equipo comunitario cumpla con sus jornadas médicas en lugar.

«Quisiera que hubiese una clínica en el caserío para pasar consulta. A veces, uno está bien grave y tiene que pagar para que lo lleven. Y si uno no pasa consulta, no viaja, hay que arreglárselas para comprar pastillas e ir pasando la enfermedad», dice Luz.

Ante la ausencia del ECOSF en los caseríos de San Pedro y la Hacienda Tasulath, la promotora de salud de El Palmar asegura que «es difícil llegar con poco personal». La Unidad Comunitaria solo cuenta con una doctora, una enfermera, un auxiliar y una promotora de salud.

Por el momento, frente los problemas de atención, el ECOSF de El Palmar ampliará sus horarios para cubrir más consultas médicas. Lunes, miércoles y viernes.

La medida no beneficia a los caseríos de San Pedro y la Hacienda. Un día más de atención en El Palmar, representa, en teoría, un día menos para las jornadas médicas en las zonas retiradas.

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Para Flor las soluciones no llegan. Luego de tres meses, se le hace incierto saber lo que sucederá con el ECOSF del caserío Los Rosales.

«Nos han dicho que debido a la insistencia de las familias, el ECOSF atenderá una vez por semana. Esto lo ha prometido el director de la Unidad de Salud de Cuisnahuat«, cuenta.

La solución sigue siendo insuficiente para Flor y las demás familias. Una consulta por semana no bastará para atender a los pacientes de los siete caseríos. Y limitar la asistencia médica bajo un sistema de cupos -no podrá garantizar- que todos sean atendidos por la prioridad de sus casos.

Ausencia. A las comunidades de San Pedro y la Hacienda Tasulath no llega la atención médica.

«Vivimos en crisis hídrica en términos de calidad, cantidad y acceso»

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Andrés Mckinley es un estadounidense nacido en Boston que, desde hace 40 años, reside en El Salvador. Un país del que según Mckinley, se ha enamorado tras conocer la lucha de los salvadoreños por la justicia social.

Desde los años 80, Mckinley ha trabajado con las comunidades del país en su desarrollo local y sustentabilidad. Pero desde hace 15 años, el norteamericano se ha especializado en el estudio de las industrias extractivas y el agua. Uno de los tema que considera clave para el país. Pero sin una normativa, que regule el acceso, calidad y distribución del agua, asegura que las repercusiones sociales y ambientales son alarmantes.

Es necesario idear una nueva forma de hacer política en este país, una que sea menos conflictiva, que entienda los intereses legítimos de otros sectores y busque alternativas.

Según el experto, en términos ambientales, la nación está al borde de una crisis hídrica debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación de las aguas superficiales y la falta de acceso al recurso. Y considera que, si este panorama no cambia -de inmediato-, la esperanza de viabilidad en el país, será mucho menor a lo planteado, en 2016, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Es decir, a El Salvador le quedarían menos de 80 años para que sea sostenible.

Además, el académico sostiene que organismos internacionales como la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también han alertado sobre esta crisis hídrica y sobre la amenaza de que el país no pueda responder a la demanda humana frente a la escasez del agua.

A pesar de este escenario, en los últimos 13 años, los diputados que han sido parte de la Comisión Medio Ambiente y Cambio Climático no han podido aprobar una Ley General de Aguas.

Por hoy, Mckinley trabaja con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y con ellos ha propuesto iniciativas para garantizar el derecho humano al agua y su institucionalidad dentro de una política general.

¿Qué lo ha motivado a quedarse en El Salvador?

En El Salvador están los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo mejor de la humanidad está aquí, pero lo peor también. Existen personas que son capaces de hacer cosas que son difíciles de entender. Gente que daña o mata por poco. Otras que solo miran sus intereses y no piensan en los demás.

Pero en este país, también hay personas que están dispuestas a defender los intereses de la mayoría como: San Romero, Rutilio Grande y los sacerdotes jesuitas. Por gente así, uno empieza a enamorarse de este lugar. Y cuando uno comienza a entender sobre sus luchas, se enamora. Y cuando uno se enamora, no deja ir, se enraiza.

Yo estoy aquí por el amor al pueblo y poco a poco me les he unido a su lucha.

¿Cómo encaja en esto la exigencia de una normativa que regule y reconozca el derecho humano al agua?

En esta lucha por el agua hay actores invisibles. Existe gente en esta sociedad que no quiere regular el recurso, porque ellos ya tienen resuelto su problema con el agua. Mientras que las grandes mayorías necesitan de su regulación para poder tener acceso a ella.

Como especialista, habla mucho sobre la crisis hídrica que enfrenta el país.

Vivimos en crisis hídrica en términos de calidad, cantidad y acceso. Pero como todas las demás crisis, a veces , nos acostumbramos a vivir en ella.

En términos de cantidad de agua, hay un estudio de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que detalla que, durante en los últimos 20 años, todos los ríos más importantes de El Salvador han bajado su caudal entre el 15 y 70%.

Lo anterior, es un dato que se debe tomar en cuenta, pero aún sin datos, cuando uno viaja por El Salvador y lo recorre, nota como los ríos van desapareciendo. Yo, en 40 años de vivir aquí, lo he visto. Cuando he cruzado por el río Lempa, a veces, me he dicho: ¿Ese es el gran río Lempa del que se habla tanto en El Salvador?.

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Sin duda, hay una escasez. Ahora vemos con mucha más frecuencia como las comunidades están saliendo a las calles para protestar por la falta de agua.

Con respecto al acceso, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) asegura que la institución pierde el 50% de las aguas que procesa, extrae y envía al sector urbano. Esto debido a que se enfrentan con problemas de tecnología y fallas en las tuberías .

La PDDH no ha sido la única que se ha pronunciado, organismos internacionales como la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también han planteado que el país está al borde de un estrés hídrico y que no habrá suficiente agua para responder a la demanda de los salvadoreños.

Cuando la disponibilidad del agua llega a los 1,700 metros cúbicos por persona, al año, se considera que ya existe un estrés hídrico. Según los análisis de estos organismos, El Salvador tiene como disponibilidad de agua entre: 1,750 a 2,000 metros cúbicos de agua por persona al año.

Estamos al límite.

Sí, estamos al borde, por muy poco. Esto lo dice la CEPAL, El Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial de Agua que es una asociación enorme de organizaciones sociales, gobiernos e instituciones. No es gente radical, no es gente con una agenda. Son personas con un análisis científico y ellos han planteado esto.

En comparación a otras naciones, nosotros estamos al borde. Por ejemplo, Belice cuenta con 64,000 o 65,000 metros cúbicos de agua por persona al año. Nicaragua, sino me equivoco, tiene como 35,000. Guatemala tiene 12,000. Mientras que El Salvador tiene entre: 1,750 a 2,000 de metros cúbicos de agua por persona al año.

Sin duda, hay una escasez. Ahora vemos con mucha más frecuencia como las comunidades están saliendo a las calles para protestar por la falta de agua.

Es espantoso pensar que la toma de decisión, sobre uno de los temas más estratégicos para El Salvador, está en manos de gente que no sabe de medio ambiente.

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Una vez el país esté inmerso en esta crisis, ¿qué nos espera?

La batalla por el agua, frente a una crisis, vendrá en forma de: ¿cuál será la prioridad para el uso de agua?. Nosotros insistimos en que se debe priorizar en lo doméstico, en su uso diario. Pero otros sectores puede que insistan en que se utilice para la agricultura y se priorice en la industria o en la generación de energía, el turismo. Todos estos subsectores de agua pueden terminar compitiendo para el uso de los recursos.

Por esta razón, nosotros insistimos en que el agua debe ser un bien público y debe ser visto como un derecho humano. Un derecho que debe de ser administrado por el Estado.

Por 13 años, la discusión sobre una Ley General de Aguas se ha mantenido en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por cuatro períodos, no ha podido llegar a un acuerdo. ¿A qué cree usted que se debe esta negativa de no aprobar, por años, una normativa?

Aquí hay una lucha de intereses. Y en ella, tenemos a los actores visibles que son los partidos políticos, los movimientos sociales, la iglesia, la UCA. Todos somos visibles, estamos ahí, moviéndonos, haciendo propuestas. Pero es la gran empresa la que no quiere que exista una regulación del agua.

Sin una institucionalidad adecuada, las grandes empresas han logrado monopolizar el recurso. Lo tienen garantizado. Son ellos los que quieren preservar esta situación.

Cada vez que la Comisión de Medio Ambiente se ha acercado a lograr acuerdos, el proceso se interrumpe, como en 2013.

Para ese período, los diputados consensuaron más de 80 artículos.

Sí, en 2013, la Comisión presidida por el diputado, Francis Zablah estaba llegando a acuerdos. Se estaban basando en una propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentada en 2012. En su momento, los diputados y diputadas empezaron a debatir y aprobaron 91 artículos, excluyeron los artículos de la institucionalidad porque nunca han podido ponerse de acuerdo con el ente rector, pero estaban avanzado.

¿Será posible que en esta legislatura se llegue a un consenso y finalmente se tenga ley?

Durante el transcurso de los años, las comisiones de medio ambiente han dejado mucho que desear. Pero la comisión actual borró el tema de la mesa cuando hizo un intento de pasar la Ley Integral de Agua, pero esto no fue posible ya que la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Universidad de El Salvador (UES) y la iglesia se pronunciaron, salieron a las calles.

Ellos anularon rápido esa decisión porque vieron una reacción inmediata de desaprobación de parte de la población. Para la comisión iba a ser dañino políticamente aprobar esa ley y un ente rector con mayor representación del sector privado cerca de las elecciones.

Ellos tiene el poder de decidir, ellos pueden pasar la ley que quieran porque tienen los votos, pero no tienen poder de influencia en la ciudadanía… no tienen el poder de la calle.

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Ahora, con las elecciones que se avecinan, ¿qué sucederá?

Vamos acercándonos a otra coyuntura electoral. Aquello fue una prueba de «a ver si podemos hacer esto y salir bien», pero no les fue posible. Aunque a mí me preocupa otro elemento.

¿Cuál?

En mi opinión esta comisión no ha tenido la capacidad. No solo es falta de voluntad, también es falta de capacidad. Han tenido cinco propuestas y no han podido formular una ley de concertación para esta nación. Esta es una gran falta de capacidad legislativa. Ellos no están legislando.

Desde 2017, El Salvador cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica. ¿Qué incidió en los diputados?

Al principio, cuando la minería quería entrar al país, nadie sabía sobre el tema. Yo trabajaba en una organización que conocía sobre la minería. Teníamos programas en Indonesia, Estados Unidos y América del Sur. Viajé a Perú, Ecuador, Colombia para conocer al respecto. En su momento, era un reto trasladar ese conocimiento a las comunidades. Tuvimos que enseñar y decir: ¿Esto es algo bueno para ustedes o algo malo?

En esta lucha tuvimos que construir un sujeto político. La gente se empoderó, movilizó y hubo un despertar.

Andrés Mckinley, Especialista en temas de agua y minería.

Sin un consenso y sin una ley, ¿a qué nos enfrentamos?

El escenario que tenemos es de una comisión de medio ambiente con poca capacidad de concertar. Es espantoso pensar que la toma de decisión, sobre uno de los temas más estratégicos para El Salvador, está en manos de gente que no sabe de medio ambiente. Es espantoso pensar en ello. Pero nadie le da la dimensión que debe. Por hoy, no hay otro tema en el país que sea tan importante como el medio ambiente y el agua.

Por el momento, pienso que la comisión está en espera de la propuesta del gobierno. La misma Presidenta de la comisión ha dicho que está esperando esa propuesta. Por nuestra parte, nosotros estamos dialogando con el MARN para poder garantizar los principios de institucionalidad en esta iniciativa.

Hablando del papel del gobierno, el ministro de medio ambiente, Fernando López ha expresado que el Estado es quien debe regular el agua; también ha dicho que es importante incluir a la empresa privada, siempre y cuando el Estado esté al frente del ente rector.

Uno debe tomar siempre en cuenta los intereses del otro. La empresa privada tiene intereses legítimos, no todo es malo. Aquí en la UCA, por ejemplo, no decimos que todo lo que plantea la empresa privada es malo. La empresa privada está haciendo lo que debe hacer la empresa privada, defendiendo sus intereses. Mientras que nosotros estamos defendiendo los intereses de la población y la nación en su totalidad, ya que este país no tiene una viabilidad sin agua. La misma empresa tiene que despertar y reconocer de que sin agua no hay empresa privada.

Es necesario idear una nueva forma de hacer política en este país, una que sea menos conflictiva, que entienda los intereses legítimos de otros sectores y busque alternativas.

En el tema del agua, ¿cuáles serían estas alternativas?

Si usted analiza la propuesta de la UCA, nosotros le hemos dado una participación grande al sector privado, acá, en el Comité Consultivo; pero cero acá, en el ente rector. Ellos pueden opinar, incidir, dialogar, proponer, pero no decidir.

Cuando Nayib Bukele dice que la empresa privada debe participar, yo estoy de acuerdo. Pero debe ser en el Comité Consultivo, no en la junta directiva, que es donde está el poder de decisión del agua. Hay que entender estas dos diferencias: entre influir y decidir.

¿Cómo funciona la institucionalidad del agua en América Latina?

En estos países existen diferentes formas de garantizar la participación de la empresa privada, pero no está en el ente rector. Ni en Estados Unidos sucede esto. Hace unos siete meses, vino una experta que explicaba sobre la institucionalidad del agua en Sudáfrica y Estados Unidos, países que sufren grandes problemas de agua, y yo le pregunté: ¿En estos países las empresas exigen su participación en el ente rector de agua?. Ella respondió que no. Me dijo que no conocía ningún caso.

La poca participación ciudadana en estos temas supone un gran reto, ¿cómo esto puede cambiar? ¿qué se necesita?

Tenemos que aumentar nuestro poder. Tenemos que empoderarnos. En primer lugar, pienso que se debe realizar un trabajo constante con la ciudadanía para mantenerla informada. También es importante educar e informar a través de los medios de comunicación porque esto fortalecerá la postura de los ciudadanos. Ya que estamos frente a una lucha de ideas. Entre una verdad o una mentira.

A los desaparecidos se los traga la tierra

Ilustración de Moris Aldana

Samuel observa la tumba de su hermano. Lo enterró hace dos meses. Saúl Turbín fue despedido por su familia en el cementerio municipal de Tacuba, Ahuachapán. Así terminó una angustia que se había prolongado por tres años. Durante todo ese tiempo, Saúl, un soldado, fue parte del listado de personas desaparecidas.

Su madre, padre y hermanos le encontraron un amargo significado a la palabra «consuelo» cuando los huesos de Saúl fueron recuperados de un cementerio clandestino. La Fiscalía General de la República (FGR) dio con este lugar solo después de que un testigo criteriado -alguien que participó en el delito y entrega información a cambio de beneficios en el proceso- señalara el lugar exacto en donde el joven de 24 años fue enterrado por pandilleros.

En El Salvador, entre enero de 2018 y octubre de 2019, se han localizado alrededor de 96 cementerios clandestinos a escala nacional, y en ellos, se han identificado 139 fosas clandestinas, de acuerdo a información de la Unidad Fiscal Antipandillas y delitos de Homicidio de la FGR y oficinas fiscales de todo el país.

A pocos días de haber conmemorado el día de los difuntos, la tumba de Saúl aún conserva las flores celestes, blancas y azules con las que Juana decoró el espacio donde ahora descansa su hijo.

Armar el rompecabezas de lo que sucedió previo a la desaparición de Saúl no fue fácil. Pasaron tres años y una gran cantidad de procedimientos y averiguaciones para que Juana y Samuel conocieran con detalle cómo vivió Saúl sus últimas horas.

Cuando Saúl desapareció el 10 de octubre de 2016, el joven viajaba junto a otros tres compañeros que se destacaban como soldados en la Brigada de Artillería de San Juan Opico, La Libertad. Sin conocer mucho la ciudad de San Salvador, los soldados se reunieron en la capital para partir juntos hasta instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), en Ilopango. Ahí, los jóvenes estaban anotados para recibir una capacitación necesaria para poder formar parte de una misión especial en el continente africano

Para Saúl, era poco habitual viajar a San Salvador. No conocía ni de calles ni sobre rutas de buses que lo llevaran hasta Ilopango y la FAS.

Al llegar a la ciudad, Saúl y sus compañeros abordaron, por error, un bus que los llevó hasta Ilopango, pero que los adentró en la dirección equivocada: Vista al Lago, una zona residencial controlada por las pandillas.

Fue ese el lugar donde los cuatro soldados fueron vistos por última vez. De acuerdo con la FGR, en Vista al Lago, los pandilleros privaron de libertad a los jóvenes y los asesinaron. Enterraron sus restos entre las montañas que rodean la comunidad.

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UN SOPLO

«Cuando tenemos el relato o la confesión previa del pandillero, nuestro enfoque es, precisamente, establecer los hechos, lugar, día, hora y determinar quién es la persona que fue privada de libertad, el lugar donde fue privada de libertad e inhumada de manera clandestina. Lo primero que hacemos es verificar en fiscalía si existe denuncia de privación de libertad», detalla Guadalupe Echeverría, directora de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas de la FGR.

Al buscar dentro de la base datos de denuncias por privación de libertad, se indaga sobre las posibles coincidencias entre algún reporte y las características de la víctima que ha sido inhumana dentro del algún cementerio clandestino, explica Echeverría. De encontrar similitudes, la FGR cita nuevamente a los familiares para que puedan brindar información más específica.

Si hay coincidencia entre los datos proporcionados por la familia y las características de la persona localizada en una fosa clandestina; la FGR pide una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) de algún familiar de la víctima para compararla con los restos. Así se determina con certeza genética que se trata de la misma persona que busca esa familia.

Sin que haya una denuncia interpuesta ante las autoridades, es imposible que se pueda establecer una relación entre los restos localizados y las personas que buscan a un familiar desaparecido. Y, de no existir colaboración de un miembro de la pandilla, tampoco se puede determinar el cómo, cuándo y dónde están las fosas que esconden cuerpos.

En el caso de Juana y Samuel las respuestas llegaron luego de que Saúl fuese identificado en uno de los 57 cementerios clandestinos ubicados en 2019.

«Saber el lugar en donde estaba mi hijo no fue fácil. Me hubiese conformado con verlo agonizando con una enfermedad que Dios le dio, pero con él lo que hicieron fue una muerte a la fuerza», dice Juana.

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TODO ANTE LAS CÁMARAS

Samuel recuerda el día que reconoció a su hermano. Fue hace cinco meses. Le bastó ver una fotografía con la camisa azul a rayas negras, los tenis grises con franjas negras y un jeans azul para reconocer la vestimenta con la que Saúl salió el 10 de octubre de 2016.

Esta fue la primera pista que su familia tuvo después de mucho tiempo. Para ese momento, Samuel ya había andado innumerables caminos en busca de su hermano. Ya había formado, por ejemplo, un grupo de búsqueda que en tres ocasiones recorrió las zonas montañosas de Vista al Lago.

Entre esas búsquedas, Samuel recuerda que estuvo muy cerca de donde fue hallado su hermano. Lo buscaba en la zona, sí. Pero nunca quiso relacionar los hechos. Nunca quiso hacerse a la idea que bajo la tierra que pisaba podía estar su hermano. La angustia crea pasillos complejos.

En mayo de 2019, la familia del soldado Turbín supo que, en Vista al Lago, se encontraban las osamentas de Saúl; y en Septiembre, luego de una prueba de ADN entre la sangre de Juana y el fémur de su hijo, el Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó la identidad.

Frente a medios de comunicación, personas del IML y el Fiscal General, Juana y Samuel recibieron los restos de Saúl.

Los médicos forenses explicaron a detalle lo que sucedió, según el rastro en los huesos de Saúl, el joven murió a causa de fracturas cervicales con arma blanca.

Samuel recuerda que en una caja blanca estaban los restos de Saúl. Ahí frente a los medios, los médicos del IML armaron hueso por hueso los esqueletos de su hermano. Le mostraron el cráneo, el fémur, los brazos, los dientes, las manos y también le indicaron a dónde fue herido el soldado.

«Nos enseñaron las osamentas y lo trasladaron de una caja a otra. El doctor me habló y me explicó qué era cada hueso. Me enseñó el cráneo, su columna vertebral y me explicó cómo había muerto», dice Samuel.

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CÓMO DESENTERRAR INFORMACIÓN

Ante el hallazgo de un cementerio clandestino, el escenario para la recuperación del cuerpo, restos humanos u osamentas no es una escena que se procese como un asesinato común. Para determinar qué fue lo que sucedió se necesita de estudios antropológicos, es decir, un estudio de los huesos que ayude a darle identidad a la persona que se encuentra en la fosa clandestina.

El estudio antropológico determinará el sexo, la talla, edad y por qué razón murió. En El Salvador, la necesidad de más médicos forenses con bases antropológicas se vuelve evidente. Ante la cantidad de cementerios clandestinos, la demanda de especialistas crece, pero, por el momento, el equipo del IML solo cuenta con siete personas que pueden responder a la demanda.

A las bases antropológicas también debe sumarse el conocimiento arqueológico. Las herramientas, la forma de excavar, de entrar al terreno, la documentación e investigación previa es importante para determinar lo que sucedió.

Erick Rodríguez es uno de los médicos forenses con estudios antropológicos y arqueológicos con los que cuenta el IML. En una tarde mientras exhuma unas osamentas del conflicto armado en Cacaopera, Morazán, da cuenta de por qué que es necesario formar a más personal para responder a la demanda de inhumaciones de los desaparecidos por violencia actual. «He dejado de hacer el estudio de los huesos dentro del laboratorio, porque he pasado durante las últimas dos semanas en exhumaciones. Lo ideal sería que una persona estuviera recuperando restos y la otra en el laboratorio, pero en esta zona del oriente del país, soy el único que puede hacer ambas cosas».

Además, considera necesario implementar una ley de desaparecidos, un banco de datos genéticos, trabajar en una entrega digna de los restos e implementar un sistema actualizado para procesar la información de todos las personas que son reportadas como desaparecidas.

Un sistema, según Erick, como el que utiliza Colombia para la búsqueda de desaparecidos por violencia actual. El Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) es una plataforma tecnológica en la cual se registran de manera permanente los reportes de personas desaparecidas e información de cadáveres sometidos a autopsias.

Cementerios clandestinos

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EL DOLOR QUE MUTA

Juana ha tenido que darle nombre a lo que, en verdad, no lo tiene. En su casa, rodeada de ruidos de gallinas y de árboles que susurran con el viento, esta mujer hace un enorme intento por explicarse cómo muta un dolor. «Ya saber el lugar dónde está ayuda, pero para mí no es fácil ver que pasan los días, pasan los meses y saber que uno ya no tiene esperanza de encontrarlo vivo». No puede, por ahora, contar cómo era su hijo. Es algo que se le atora en el pecho y no sale.

Ha encontrado, tras tres años de búsquedas, algo que se podría parecer a una tregua, pero que nunca va a ser paz. «La mente ya no mantiene eso de estar pensando en qué lugar estarán si estuvieran vivos. Todo eso ya uno no lo piensa, se acaba al haberlos enterrado. Pero sigue siendo difícil».

Las loras no se alejan, se extinguen

Conservación. La lora nuca amarilla es una de las especies en peligro del extinción a escala nacional e internacional. Se está acabando.Pedro Murcia cuenta las aves que vuelan sobre él. Identifica a los chontes, garzones blancos, a los sopes comunes o los de cabeza roja. Mira cómo una bandada de 100 pericos chocoyos depredan una milpa. Espera, en un amplio campo de aproximadamente cinco manzanas, para alertar sobre el vuelo de una especie que, según Pedro, se observa a eso de las cinco o seis de la tarde por los manglares de la isla Montecristo, en la bocana del río Lempa, departamento de Usulután.

Pedro observa y escucha atento. Aunque varias aves pasan por el lugar, él espera por una en particular. Una de la que, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), solo le quedan unos 500 ejemplares a escala nacional. Y que, de acuerdo con el último listado oficial de especies de vida silvestre amenazadas o en peligro, corre un alto riesgo de desaparecer: la lora nuca amarilla.

Debido a la reducción de su especie, ver a más de dos loras pasar se considera algo inusual. Pero en esta zona de la bocana del río Lempa, escuchar y ver al ave puede ser recurrente ya que las loras se alimentan de las marañoneras del lugar y descansan en los árboles de mangle.

Mientras el sol baja, Pedro dice que no es un experto, pero sí sabe que pronto las aves descenderán para descansar en el manglar.

Desde 1998, según el listado oficial de fauna y especies amenazadas o en peligro de extinción de El Salvador, la lora nuca amarilla está catalogada como un ave en peligro de extinción debido a su comercio ilegal y destrucción de su hábitat.

En el país, la lora nuca amarilla, es una especie codiciada por su tamaño, plumaje y,sobre todo, porque desde polluelo el ave puede aprender a imitar el habla de un humano. Y, aunque la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en su artículo 27, inciso A, indique que «matar, destruir, dañar o comercializar con especies de la vida silvestre en peligro o amenazadas de extinción representa una falta grave que puede ser sancionada con una multa que va desde los 10 a los 100 salarios mínimos», hay quienes se dedican aún a comercializar las especies.

A escala mundial, la lora nuca amarilla también está en peligro de desaparecer, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la lora se encuentra dentro de la lista roja de las especies amenazadas por la UICN; un indicador que muestra el estado crítico de la biodiversidad en el mundo.

Fotografía de Ángel Gómez

«Las loras se comunican con vocalizaciones roncas», alerta Pedro, mientras pide «estar atentos» a su canto, ya que el sonido ensordecedor de los pericos chocoyos puede confundir a quienes esperan por la lora.

En la isla Montecristo, ver a más de una lora volar por el manglar no es casualidad. En el país, el hábitat de la lora nuca amarilla, en los últimos 20 años, estuvo en los bosques secos tropicales. Pero debido a la disminución significativa de los bosques, el ave se ha adaptado -para su sobrevivencia- a ecosistemas como los del manglar, al encontrar mucho más bosque ininterrumpido.

De acuerdo con el MARN y su inventario nacional de bosques, por hoy, El Salvador solo cuenta con un 29.3 % (624,376 hectáreas) de bosques. Y estimó que, entre el año 2000 hasta el 2010, se perdieron unas 138 mil hectáreas de bosque debido a la expansión agrícola, deforestación y crecimiento urbano.

Dentro del ecosistema, la lora nuca amarilla es una ingeniera que reforesta los bosques de manera natural al dispersar la semilla de los frutos que come. De desaparecer, los ecosistemas perderían a una especie que se encarga de regenerar la diversidad en estos bosques.

En el país, la situación de la lora nuca amarilla es crítica. Aún no hay un plan nacional para su conservación, se carece de estudios para la recuperación de la especie y tampoco hay un programa para su monitoreo.

Esto a pesar de que la lora ha estado por más de de diez años en el listado de las especies en peligro de extinción; y se ubica, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como una especie prioritaria para el estudio de las poblaciones actuales que contribuyan al establecimiento de acciones de protección, conservación y restauración de sus hábitats.

De acuerdo con el MARN y su inventario nacional de bosques, por hoy, El Salvador solo cuenta con un 29.3 % (624,376 hectáreas) de bosques. Y estimó que, entre el año 2000 hasta el 2010, se perdieron unas 138 mil hectáreas de bosque debido a la expansión agrícola, deforestación y crecimiento urbano.

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LA ISLA MONTECRISTO es uno de los lugares donde sus habitantes han aprendido a convivir con la lora nuca amarilla, pero no ha sido precisamente por un estudio o por un plan nacional para la recuperación de la especie. La preocupación de la comunidad por perder los recursos naturales los ha llevado a cuidar las diversas especies que habitan en la isla.

Óscar González, miembro del Comité de Medio Ambiente de la isla Montecristo, asegura que hace 10 años, la situación de la isla era crítica. Las tortugas marinas, los punches, y el cangrejo azul desaparecían debido a la extracción desmedida de los recursos del manglar.

Esta situación los llevó a idear un programa que pudiera equilibrar sus necesidades junto a los medios de vida. Así que la comunidad desarrolló un Plan Local de Aprovechamiento Sostenible (PLAS) y lineamientos para la conservación y extracción moderada de punches, cangrejos, tortugas marinas y madera de mangle.

Según Óscar, estas prácticas de conservación han incidido en el respeto de las demás especies que viven en el manglar. Por hoy, es un logro que, sin un plan de conservación ideado para la lora nuca amarilla; solo dos personas, de 160 habitantes de isla, cuenten con dos loras como mascota.

Diversidad. Los pelícanos pardos son algunas de las especies que pueden observarse en la isla Montecristo, bocana del río Lempa, Usulután.

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VERÓNICA ES DUEÑA DE «BARBIE», una lora nuca amarilla que ha aprendido imitarla con un «¡urra muñequita, urra lorita preciosa!» en la isla Montecristo.

Cuando Verónica explica de los motivos que la llevan a mantener a Barbie como su mascota, le ganan más sus emociones que buenas razones. «Ella es mi muñeca preciosa», repite Verónica.

Y, aunque Verónica está consciente de que la lora nuca amarilla corre el riesgo de desaparecer por completo, asegura que para Barbie, regresar a su hábitat, implicaría un riesgo al haber permanecido domesticada por más de tres años.

Para José Argueta, técnico ambiental de la Asociación Mangle, una organización que trabaja desde hace 10 años en la isla Montecristo y que se enfoca en la conservación del manglar y sus especies, es necesario que dentro PLAS, se incluya a la lora nuca amarilla para tener un control más estricto de la protección de su especie.

«Según el acuerdo 259 del MARN y los lineamientos bases del PLAS. Para incluir otra especie, es necesario hacer estudios de cómo se mueven las especies dentro del ecosistema, se deben realizar un análisis reproductivo, conocer la importancia de la lora y su hábitat; y saber cuál es el alimento que el ave consume dentro del manglar», dice Argueta.

Sin embargo, el escenario para la lora nuca amarilla sigue siendo el mismo, sin conocer a la especie, sin un estudio, sin un monitoreo, no puede hacerse mucho.

En el caso de la lora nuca amarilla, un estudio de recuperación de la especie, implicaría conocer cuántas aves hay, cuántos son los nidos activos de manera natural y cuáles son los lugares que ocupa la lora para su reproducción.

Y el monitoreo de la especie, consistiría en un seguimiento de semanas, meses o años, de cómo se comporta la población, cuánto es su tamaño poblacional, y cuáles son los árboles donde las loras se alimentan.

Vivero. La isla Montecristo cuenta con un vivero de tortugas marinas para la conservación de la especie.

Para Alex Hasbún, asesor técnico del despacho del MARN, el panorama para la recuperación integral de la fauna y sus ecosistemas, es como «un barco que se hunde», debido a que los procesos sociales no son sostenible con los medios de vida.

«Cuando hablamos de recuperación de ecosistemas, hablamos de una ‘recuperación holística’. No podemos recuperar solo una especie, se necesita recuperar el todo. El ecosistema necesita de todo el sistema balanceado de fauna y flora para poder producir y ser efectivo. Tampoco se trata de repoblar o hacer decomisos. Se debe estudiar a las especies. Necesitamos hacer un diagnóstico y actualizar poblaciones fauna y flora», explica Hasbún.

Según Hasbún, al trabajar desde una visión holística, se puede pensar en planes que contemplen la reproducción genética de las especies en peligro, un monitoreo y control de las especies, y ofrecer alternativas económicas para evitar la comercialización ilegal y reforzar la educación ambiental.

Sin embargo, uno de los retos que tiene la institución para este 2020 es la reducción del presupuesto con el que funcionará . Solo para la restauración y conservación de ecosistemas críticos y paisajes, el MARN contará con $1,746,385, tan solo $300,000 más que el año anterior.

Por el momento, el MARN no cuenta con un plan concreto para la conservación de la lora nuca amarilla.

Protección. La isla Montecristo cuenta con proyectos de convervación de las especies como el cangrejo azul, punche y tortuga marina.

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MIENTRAS CAE LA TARDE, Pedro ha contado ya más de cuatro loras nuca amarilla, tal como lo predijo, las loras vuelan bajo y se comunican a través de ruidos roncos.

Aunque la isla no se acostumbra al saqueo de nidos de lora nuca amarilla. Hay otras partes como en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, donde los comerciantes ilegales irrumpen los nidos de la lora.

Dentro del CITES, un pacto internacional entre Estados, para la protección, conservación y comercialización de ciertas especies -que no amenacen su supervivencia-, la lora nuca amarilla se ubica en el apéndice I de la Convención, es decir, no puede ser comercializada bajo ningún fin.

En el apéndice II y III del CITES, las especies pueden ser comercializadas bajo un control estricto de permisos de exportación e importación; y un número limitado de especies que no representen un desbalance en la flora y fauna silvestre.

Alimento. Un habitante de la isla Montecristo muestra las semillas de marañón que han sido devoradas por la lora nuca amarilla.

Es difícil, sin embargo, tener un control estricto de las especies que entran y salen del territorio desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como la dependencia encargada de dar cumplimiento a las funciones y sanciones del CITES.

«Aunque el CITES hable de Comercio Internacional, no todas las especies silvestres son declaradas en los puntos de control; y es acá cuando se da el tráfico ilícito. Por tanto, al estar dentro del territorio, se involucran otras autoridades como la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el MARN para el control», detalla Andrea María Chinchilla, jefa de la unidad del CITES.

El MAG tampoco tiene control de los saqueos de las especies en la vida silvestre.

En El Salvador, según el MARN, aproximadamente, 254 especies se encuentran en peligro de extinción y otras 200 más están amenazadas.

“Aunque el CITES hable de Comercio Internacional, no todas las especies silvestres son declaradas en los puntos de control y es acá cuando se da el tráfico ilícito. Por tanto, al estar dentro del territorio, se involucran otras autoridades como la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el MARN para el control”, detalla Andrea María Chinchilla, jefa de la unidad del CITES.

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EL PERICÓN VERDE es un ave muy parecida a lora nuca amarilla. Su plumaje, altura de 35 centímetros y vistosidad hacen que muchos estén atraídos por comprar a la especie y mantenerla en cautiverio.

Según el Manual de identificación de especies de fauna y flora incluidas en los apéndices CITES, el pericón verde es un ave que se encuentra amenazada. Pero puede ser comercializada bajo un control estricto al ubicarse en el apéndice II de la Convención.

En una tarde de finales de octubre, Ricardo Ibarra, biólogo de la Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL), se dedica a estudiar al pericón verde dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).

Ricardo observa las aves, apunta los rumbos de llegada, analiza su pose y las escucha. «Hay que cuidar los bosques, pero es importante apostarle a las ciudades sostenibles y generar condiciones para la fauna», dice Ibarra.

Cuido. La preocupación de la comunidad por perder los recursos naturales los ha llevado a cuidar las diversas especies que habitan en la isla.

Desde hace dos años, a falta de un estudio que analizara la cantidad, comportamiento, los rumbos, consumo de alimentos y dormideros del pericón verde, FUNZEL implementó un programa de tres años para monitorear a la especie.

Debido a la degradación de los bosques, la especie ha buscado jardines arbolados extensos que puedan suplir a un gran bosque. Por esta razón, al biólogo le parece necesario reforestar áreas con árboles frutales nativos para que la especie pueda sobrevivir en la ciudad.

A diferencia de la lora nuca amarilla, el pericón verde es fácil de observar, en esta tarde, se estima que, alrededor de unos 6,000 pericones, descienden a los árboles de eucalipto, laurel de la India y maquilishuat para descansar.

Uno de los mayores riesgos que enfrenta la especie, es la destrucción de su hábitat en la ciudad. De talar muchos más árboles, el pericón verde tendría que movilizarse a zonas mucho más lejanas para conseguir su alimento, lo que implicaría un desgaste para las aves.

Cosecha. Un agricultor de la isla Montecristo explica que la lora nuca amarilla se alimenta de la cosecha de marañón.

Ver volar a esta ave en libertad, aún es un privilegio. Sin embargo, la población de pericón verde puede reducirse debido al saqueo de sus nidos y demanda de la especie a nivel local.

Por el momento, no hay una propuesta de un programa de conservación que se enfoque en el pericón verde. «Aún hace falta generar más información sobre la especie, para hablar de un programa, se necesita investigar sobre las rutas por donde se desplaza la especie», concluye Ibarra.

La isla Montecristo empieza esconderse entre la noche que cae. Luego de dos horas, Pedro pudo contar a unas 14 loras nuca amarilla. Con poca luz, él está convencido en que es hora de retirarse, las aves ya se ocultan entre los árboles de mangle.

Consciente en que ver volar a la lora nuca amarilla es un privilegio que pocos pueden tener, y que la isla Montecristo se ha vuelto un lugar preciado para observar a la especie, Pedro propone volver.

«Si Dios lo permitiera, por allá en el verano, en enero y febrero, pueden darse una pasadita por acá. Así ustedes podrán regresar y comprobar cómo es la vida de la lora por acá», asegura Pedro.

Marañoneras. La lora nuca amarilla es vista por los habitantes entre las marañoneras de la isla.

Los niños que no tienen qué comer

Fotografía de Ángel Gómez

Selena amamanta a su hijo Josué, un bebé de nueve meses que se afianza al pecho de su madre. Selena cuenta que desde que su hijo nació, en diciembre de 2018, al niño le ha costado ganar peso y ha crecido poco.

Josué es un bebé pequeño, sus manitas, sus piernas y su cuerpo aparentan las de un niño de tres meses. Y su peso y tamaño, están de la edad de dos meses, ya que apenas alcanza las 8.81 libras cuando debería llegar a las 19. Selena dice que el diagnóstico de su hijo, desde hace cuatro meses, es desnutrición severa.

La desnutrición crónica o severa, es una condición que se genera debido a la escasez de vitaminas y nutrientes en el cuerpo, como el hierro, yodo, vitamina A, ácido fólico y proteínas. Esta condición genera en los niños la falta de crecimiento según su edad, afecta su capacidad intelectual y puede propiciar el desarrollo de otros padecimientos.

La Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud (MINSAL), registró en 2018, a través del Sistema Morbimortalidad y Estadísticas Vitales- SIMMOW, 10,959 casos por desnutrición crónica e identificó que son los niños y niñas menores de cinco años la población más vulnerable. De los diez mil casos reportados, 8,962 corresponden a menores de cinco años.

Y sobre los casos correspondientes a este año, el MINSAL ha consolidado de enero a agosto de 2019, 5,880 reportes de niños con desnutrición crónica.

Selena asegura que con la llegada de Josué, ahora son 12 miembros en la familia. Por el momento, es su padre quien ayuda con los ingresos mensuales al trabajar como asistente de albañilería en San Salvador. Su salario de $200 mensuales cubre apenas los gastos para la alimentación.

Un sueldo que según Selena alcanza para los huevos, aceite, frijoles, arroz, azúcar, y café. Lo demás, su familia lo consigue de la cosecha de maíz y de la crianza de una o dos gallinas que puede dar para más huevos o «una sopita».

Según el el MINSAL, el problema de la desnutrición crónica prevalece en las familias con escasos recursos económicos y pocas condiciones para su desarrollo, como el acceso a agua potable, letrinización, higiene en los alimentos, vivienda, entre otros factores.

«La comida la compramos por poco, por poquito, porque no hay chance de comprar en grandes cantidad. No nos faltan los frijoles con arroz, y un par de huevitos», dice Selena.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que para el desarrollo humano y la seguridad nutricional, es necesario el acceso físico, social y económico a los alimentos que satisfacen las necesidades diarias de la población.

En el caso de Selena, una madre soltera, sin empleo y dedicada al hogar, su alimentación y la de Josué depende de la ayuda económica que le den sus padres. Y al ser parte de un grupo familiar grande, la comida se raciona entre 10 personas.

“La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones”, Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL.

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La casa de Selena se encuentra en la zona rural del cantón El Jícaro, al sur del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Para llegar hasta su comunidad, hay que atravesar una zona montañosa, andar por unas calles que aún no están pavimentadas y cruzar un río que en la época lluviosa crece e impide el paso.

Su hogar, es una pequeña casa de adobe, con tres cuartos y tres camas donde duermen más de dos personas apretujadas; con una cocina que está rodeada por pequeños cultivos maíz y chipilín.

La última encuesta nacional de salud, que identifica la situación nutricional de la niñez, por medio del Censo de Tallas en escolares de primer grado, indicó que en 2016, los departamentos más afectados por la desnutrición crónica fueron: Ahuachapán, Morazán, Sonsonate, Cuscatlán y la Paz.

Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL, explica que desde el sistema de salud, el tratamiento por desnutrición crónica depende de la gravedad de los casos y de dónde la madre ha solicitado la atención.

Si el caso es identificado por un promotor de salud, el niño deberá ser referido a la Unidad de Salud o Eco Familiar de la comunidad, donde se determinará por medio de dos especialistas, un pediatra y un nutricionista, el grado de desnutrición del menor. De no padecer otra enfermedad, el niño quedará en control ambulatorio en la Unidad o Eco Familiar.

Pero si los niños enfrentan otras complicaciones de salud debido a la desnutrición, los pequeños serán referidos a los hospitales nacionales para un tratamiento de recuperación que puede variar de tres a seis meses.

«La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones», explica Guerra.

Debido a su condición, Josué no ha crecido lo suficiente y, a su edad, ya ha sufrido complicaciones por la desnutrición, hace unos meses tuvo neumonía por sus bajas defensas.

«Al niño le gusta mucho el pecho», dice Selena. Y, mientras sostiene a su hijo, muestra la cartilla de control que le han dado en el Eco Familiar de la comunidad.

En el gráfico de crecimiento de su cartilla de control, Josué está en la curva DS (desnutrición severa). Desde hace cuatro meses, Josué se mantiene en el mismo punto, no desciende y tampoco sube de los 4 kilogramos.

Esta tendencia, según su cartilla de control, apunta a que su tratamiento no es el adecuado.

Selena asegura que en el Eco Familiar, a Josué lo han tratado con hierro. Mientras que a ella le han indicado que debe de «alimentar bien» a su bebé.

Fotografía de Ángel Gómez

«Para el desayuno me dijeron que le esté dando un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya y lo acompañe con guineo y de refrigerio de las diez, un puré de zanahoria y para el almuerzo pollo, luego plátano para las tres de la tarde y en la cena frijoles licuados y pipianes con crema», cuenta Selena.

David Sandoval, promotor de salud de los cantones El Jícaro y El Carrizal de Tacuba, asegura que el caso de Josué es uno de los más delicados de la comunidad. También dice que el problema de la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona. Luego de 16 años de trabajar y vivir en lugar, asegura que anualmente identifica, al menos, a 12 niños con este problema.

«Aquí a la gente solo se le dice cómo puede hacer para alimentar a su hijo. Se le dan recomendaciones; pero aquí, la realidad es que la gente sobrevive a la gracia de Dios», expresa Sandoval.

De acuerdo, con Michelle Tobar, doctora del Eco Familiar del cantón El Jícaro, uno de los problema en este sector de Tacuba, es de que las familias se enfrentan a una pobreza extrema y las madres tienen a su cuidado hasta a diez hijos, lo que hace aún más difícil la ración de alimentos para los niños.

«Acá, las madres, a veces, se presentan al Eco Familiar con su doceavo embarazo y una ‘cola’ de niños desnutridos. La mayoría de niños menores de tres años acá van con tendencia de desnutrición. Erradicar esta condición en este cantón es muy difícil por los recursos económicos, acá la gente se alimenta de lo que hay», dice Tobar.

Debido a la desnutrición severa de Josué, el niño ha sido referido al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom para su control.

Selena, explica que, por el momento, los doctores del Hospital Bloom atienden a Josué por su padecimiento de hidrocefalia. Aún el niño no ha sido atendido para controlar su problema de nutrición.

Para conocer sobre la atención médica que brinda el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a los niños con problemas de desnutrición severa, se solicitó una entrevista a través de la unidad de comunicaciones con el director del hospital, pero hasta el cierre de este reportaje, no se concretó una entrevista.

Al caso de Josué también se suma el de Rubén y Henry, dos niños que sufren de desnutrición severa, y que a diferencia de Josué han sido internados por una organización no gubernamental para tratar su problema.

Atención. El promotor de salud del cantón El Jícaro, en el municipio de Tacuba, asegura que la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona.

Rubén es un niño de un año y cinco meses que pertenece al cantón de Cara Sucia, municipio San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán. En una mañana de inicios de octubre, Rubén recibe su fisioterapia para recuperar la movilidad y superar su retraso motor.

Su fisioterapista lo pone en su andadera para que pueda dar pasos y saltar. Luego viene la terapia del habla. Debido a su condición de desnutrición severa, Rubén no ha podido decir sus primeras palabras. Su doctor asegura que es parte de las secuelas por su problema de nutrición.

Rubén está internado en una organización que ayuda a los niños y niñas con problemas de desnutrición severa en San Salvador. Desde hace cuatro meses, el 27 de mayo de 2019, el pequeño fue ingresado para su recuperación y reside en la fundación.

Su madre una joven de 22 años, ha llegado un sábado para ver a Rubén, aunque los días de visita son los jueves, Ana María ha decidido llegar ese día para poder celebrar junto a su hijo el día del niño. Su presupuesto solo le alcanza para viajar un día a la semana a San Salvador.

Ana María cuenta que al año de nacido, Rubén no subía de peso y tampoco crecía. El niño a los doce meses vomitaba todo lo comía. Y fue, por una complicación en los bronquios que la joven se enteró que su hijo enfrentaba problemas de desnutrición.

Recursos. La desnutricióncrónica prevalece en las familias con pocas condiciones económicas.

Rubén fue diagnosticado, a principios del 2019, con desnutrición severa y fue referido inmediatamente por la Unidad de Salud de Cara Sucia a la Fundación Vínculo de Amor.

La madre de Rubén cuenta que el proceso ha sido difícil ya que lleva separada de su hijo cuatro meses. Sin embargo, considera que es la opción más oportuna debido a que ella y a su esposo, no tienen los recursos para su dieta de recuperación.

El programa de nutrición para los niños y las niñas consiste en leche de fórmula, carnes rojas, pollo, pescado, papillas de frutas y verduras que contengan yodo y hierro.

Xiomara Ocho, doctora de la Fundación Vínculo de Amor, detalla que en 2019, la organización ha atendido 34 niños por desnutrición severa. Asegura que la mayoría de casos vienen referidos de hospitales nacionales y unidades de salud, luego que, los promotores, doctores y enfermeras «han identificado que el niño se ha estancado en el peso y no ha presentado mejoría en su recuperación».

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

De acuerdo con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Estado trabajará con los gobiernos locales, instituciones públicas y comunidades para mejorar «progresivamente» la disponibilidad de alimentos a la población y se trabajará en la atención integral para la nutrición de los salvadoreños.

Sin embargo, al consultar al CONASAN sobre los avances de la política e implementación de programas para la atención integral en la nutrición, no se obtuvo ninguna respuesta. Se intentó agendar una entrevista con la directora ejecutiva, Daysi de Márquez, pero hasta el cierre del reportaje no se consignó un espacio en su agenda.

El papá de Henry también ha llegado a la celebración del día del niño en San Salvador. Henry es un bebé de nueves meses que pesa las 12.63 libras y aparenta la edad de un niño de seis meses.

A su edad, Henry debería de pasar las 19 libras. Por esta razón, desde septiembre, él ha ingresado al programa de nutrición de la fundación. Debido a su poco peso, los músculos Henry son débiles y no puede gatear.

Alexander, su padre dice que ha madrugado para poder llegar a las 9:00 de la mañana hasta esta parte del centro de San Salvador. Salir desde el cantón San José Primero, en San Martín, le lleva alrededor de unas tres horas.

Nutrición. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.

Cuando Alexander habla sobre las causas de la desnutrición de Henry, explica que a pesar de sus esfuerzos tiene problemas para conseguir un empleo. Su ingreso mensual es de $40. Un sueldo que debe alcanzar para su esposa, su otro hijo de siete años y su bebé de nueve meses.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), asegura que en la lucha contra la desnutrición infantil, los gobiernos deben reforzar el trabajo de prevención, realizar intervenciones durante los 1.000 días del embarazo y atender a los niños de manera integral en los primeros dos años de vida.

En el caso de Rubén y Henry, se estima que su recuperación se dé en unos cuatro meses o más. En ese tiempo, la fundación instruye a la familia para que se adecue el hogar de acuerdo a sus recursos y puedan recibir a los pequeños en un mejor ambiente.

La realidad de Josué es otra. Selena es madre es soltera y en su hogar, las mujeres se dedican a atender los hijos. Así que a falta de un programa de nutrición que atienda su hijo, una organización local de Tacuba, ayuda a Selena con la compra de un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya para recuperar a Josué.

Sin ello, Selena depende de los ingresos de su padre y de la cosecha para alimentar a su hijo.

Recuperación. Seis niños se recuperan de la desnutrición severa. Una organización no gubernamental ayuda a su tratamiento nutricional.

Gilberto regresó sin un pie

Fotografía de Ángel Gómez

Gilberto Jiménez abordó La Bestia, un tren de carga que usan los migrantes centroamericanos para evitar unos 50 controles migratorios y atravesar sin ningún costo México. A Gilberto lo impulsó la certeza de que el tren lo acercaría a su destino en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Hace cinco meses, decidió que, para acabar con sus problemas económicos, migraría. Con poco dinero se las arregló para partir solo y sin un coyote. A los seis días de haber partido, estaba en Tenosique, Tabasco, México, y desde ahí se movilizó en La Bestia.

Pero, un día, a media mañana, el transporte hizo una estación en el estado de Huimanguillo, Tabasco. Ahí, las patrullas de migración mexicana esperaban sorprender a los migrantes.

Durante la redada, Gilberto intentó escapar, corrió en dirección al tren y se resbaló. Su pie izquierdo quedó atorado entre los rieles mientras La Bestia retrocedía. Aquella mañana del 11 de mayo de 2019, Gilberto perdió el pie izquierdo.

De enero a septiembre de 2019, según los registros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), cinco salvadoreños, entre ellos Gilberto, regresaron a El Salvador con una amputación luego de sufrir un accidente en ruta hacia Estados Unidos.

Además, entre 2013 y 2018, 22 migrantes salvadoreños que se dirigían a Estados Unidos sufrieron accidentes que les ocasionaron una amputación. Y, de acuerdo con el CIRC, en México, otros 25 salvadoreños fueron atendidos por una mutilación en esos años.

Estas cifras, sin embargo, son parciales debido a que muchos migrantes deciden permanecer en la clandestinidad por temor a ser deportados.

Entre milpas. Jiménez vive en Las Marías, Morazán, una comunidad que está a cuatro horas de la capital. Para llegar a su casa hay que recorrer milpas.

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Entre las milpas de elote, cultivos de ayote, frijoles y un camino que conduce hasta las montañas del sur-este del departamento de Morazán, se encuentra el hogar de Gilberto.

En Las Marías, Morazán, una comunidad que está a unas cuatro horas de la capital, Gilberto ha construido su casa al final de una montaña a la que se llega caminando entre unas estrechas veredas.

Cuando Gilberto construyó su hogar jamás imaginó que, al faltarle un pie, ese camino sería su primer obstáculo para su recuperación. Para subir o bajar necesita que alguien lo cargue o lo vigile mientras da pequeños pasos con sus muletas.

Desde su repatriación, el 11 de junio de 2019, Gilberto regresó con complicaciones de salud. Su muñón, que es la parte del cuerpo que queda luego de la amputación, se infectó y tuvo que viajar por doce horas en autobús con su herida aún sangrando.

«Cuando regresé a El Salvador nos trasladaron al lugar donde llevan a los migrantes deportados, en la Chacra, ahí un encargado de migración escuchó mi historia y me dijo que tenía que ir a la Unidad de Salud para que me curaran y eso fue todo», cuenta Gilberto.

Denuncia que, desde el accidente, el consulado de El Salvador en México hizo muy poco por él. En el hospital, el cónsul lo visitó solo una vez para entregarle un kit de asistencia humanitaria. Tampoco pudo ayudarlo para que estuviera ingresado hospital de Villahermosa, Tabasco, durante su recuperación. Así que durmió los últimos 10 días en un albergue.

Según la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador, los consulados deben de velar por la protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes que residen o se encuentran de manera ilegal fuera del país.

La Bestia. Hace cinco meses, Gilberto Jiménez resbaló de La Bestia para huir de una redada de la patrulla de migración. Su pie izquierdo quedó atorado en los rieles del tren. Lo perdió en ese accidente.

En el artículo 109, la ley consular detalla que la función del cónsul, en caso de que un salvadoreño se encuentre «desvalido» o «enfermo», es tramitar la admisión de los salvadoreños en los establecimientos públicos de beneficencia para su atención y recuperación.

Además, en su artículo 110, señala que «es deber de los funcionarios consulares facilitar la repatriación de los salvadoreños que se encuentren en su distrito y concederles moderados auxilios».

En el caso de Gilberto esto no sucedió, regresó sin que nadie verificara su estado de salud.

El informe sobre personas migrantes amputadas, gravemente lesionadas o enfermas del CICR, en 2013, señala que, en los países del Triángulo Norte, es necesario fortalecer la coordinación del proceso de repatriación entre las autoridades migratorias y los representantes consulares ya que, a menudo, es meramente administrativa y no verifican las condiciones de salud de sus migrantes al emitir los documentos de viaje.

Recostado en su hamaca y con «pinky», su perro aguacatero que siempre lo acompaña. Gilberto recuerda que antes de migrar, escuchó sobre los peligros del camino y de abordar La Bestia, entre ellos, los asaltos, secuestros y el ser mutilados por el tren al tropezar o no subir a tiempo.

A pesar de conocer los riesgos, decidió marcharse. La hipoteca de su hogar, los $7 diarios que ganaba como jornalero y dos hijos, uno de 9 y otro de 5 años, le dieron más razones que miedos.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en El Salvador, entre las causas que obligan a los salvadoreños a migrar está la falta de condiciones económicas y laborales. Otra razón es que las personas huyen debido a la violencia.

Desde su accidente, Gilberto no puede trabajar, a pesar de que su muñón ha sanado, debe someterse a una nueva cirugía debido a que el corte de su amputación atraviesa un nervio. Esto le ha ocasionado una inflamación y la dificultad para su movimiento.

«Mire, aquí, el carcañal me han dejado puesto», dice Gilberto mientras señala su amputación.

Debido a sus complicaciones, Gilberto no ha podido realizar una rehabilitación física que le ayude recuperar el movimiento de su pie izquierdo. Tampoco ha podido pensar en una prótesis para volver a caminar.

Entre las dificultades a las que se enfrentan los migrantes luego de su discapacidad, está que no cuentan con un programa de atención en salud especial que les garantice la continuidad en su tratamiento, rehabilitación y acceso a una prótesis.

Registros. Como Gilberto, el CICR registró, entre enero y septiembre de 2019, cinco casos de migrantes salvadoreños que volvieron con amputaciones por accidentes.

El Estado ha reconocido, por medio de la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, elaborada en 2017, que es necesario promover y diseñar programas de desarrollo local y nacional enfocados en educación, vivienda digna, seguridad, oportunidades laborales y salud integral a través del fortalecimiento jurídico, institucional y financiero de las instituciones gubernamentales vinculadas a la población migrante.

El Ministerio de Justicia Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), a través del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Ministerio de Salud (MINSAL); Ministerio de Educación (MINED); Ministerio de Economía (MINEC); y el Instituto Salvadoreño para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) son algunas de las instituciones públicas que pueden cooperar con la atención.

Además, en su eje estratégico B1, numeral 10, la política enuncia que para la protección y atención de la población salvadoreña migrante en tránsito, es fundamental «brindar una atención especializada a población migrante con discapacidad resultante de accidentes durante el tránsito». Pero por el momento, no hay ningún plan especial.

El Consejo Nacional para la protección y desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTE), que es la entidad encargada de elaborar, canalizar y verificar el cumplimiento de esta política y de todas las relacionadas a migración y desarrollo, no da respuesta sobre las acciones concretas en las que se ha trabajo para cumplir con la protección y atención de los migrantes retornados con una lesión.

Por medio de la oficina de comunicaciones del CONMIGRANTE, el director ejecutivo «sugería» que la persona indicada para conversar sobre los programas de atención al migrante retornado era la directora de la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) de la DGME. Sin embargo, a los días, se acordó una entrevista que fue suspendida a último momento.

“Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo”, asegura Marleny Mancía.

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En un intento por caminar, Gilberto muestra como su amputación se enrojece al dar unos pasos. Asegura que, desde que regresó, no fue atendido por el personal de migración para verificar su condición física.

Al llegar, fue trasladado a la DAMI, un espacio donde se asiste a los migrantes que vuelven desde las fronteras de México o Estados Unidos. Ahí, según Gilberto solo se le entrevistó para conocer los motivos que lo llevaron a migrar. Luego le extendieron una referencia para la curación de su amputación en una Unidad de Salud.

De acuerdo con el Programa Integral de Inserción para la población salvadoreña retornada del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), para el recibimiento de los migrantes en la DAMI, la DGME, en un primer momento, debe identificar a las personas que necesitan atención médica y luego ser atendidas por MINSAL de acuerdo a su condición de salud.

Salvador Gutiérrez, Jefe de Misión Adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en El Salvador, asegura que entre los desafíos para la recepción de migrantes retornados, está el seguimiento de los casos luego del retorno.

Única. La Escuela de Órtesis y Prótesis de la UDB es la única con acreditación internacional de la Sociedad Internacional de Ortesis y Prótesis.

«Es necesario reforzar toda la oferta institucional porque la persona lo que busca es una respuesta rápida a su problema. Es necesario mantener un seguimiento y cubrir programas de atención en salud», dice Gutiérrez.

Gilberto no ha sido el único que sufrió la indiferencia del Estado. Melany Mancía, una joven de 19 años, regresó hace tres años sin su pie izquierdo cuando solo tenía 17.

Por teléfono, Marleny explica que es imposible visitarla en el municipio de San Antonio Pajonal, en Santa Ana. El río que está cerca de su comunidad se ha desbordado y ha imposibilitado el paso.

Sin poder recordar las fechas exactas, Marleny solo sabe que su accidente ocurrió en 2016. El coyote la subió a un camión que la llevaría hasta una de las fronteras de Estados Unidos. En el vehículo también viajaban otros siete migrantes que iban apretujados por el poco espacio.

La sobrecarga hizo que el camión volcara y en el accidente, Marleny perdió su pie izquierdo que quedó atrapado en los fierros del vehículo.

«Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo», asegura Marleny.

Desde que regresó, la recuperación de Marleny ha costado mucho. En los últimos dos años y medio le han realizado más de tres cirugías, ha sufrido infecciones y aún le cuesta movilizarse al hospital y al centro de rehabilitación. A parte del camino, que es difícil para andar, debe de costear su idas al hospital.

Sin recursos, Marleny ha solicitado la ayuda de la Alcaldía de su municipalidad para poder viajar.

«Mi vida era mejor antes. Me fui porque quería salir adelante, pero no salió como esperaba. Hoy, con la prótesis, he vuelto a tener una esperanza, pero no es igual, muchas cosas no han cambiado. Siempre están las dificultades económicas», dice Marleny y se despide.

Ayuda. Los estudiantes de la UDB ayudan a fabricar las órtesis y prótesis para reducir los costos a los usuarios.

A falta de una política pública que atienda las necesidades inmediatas en salud para los migrantes retornados, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), una organización no gubernamental que trabaja con migrantes retornados, expresa que hay una falta de comprensión de la realidad de las personas que retornan.

«El Salvador es uno de los pocos países de la región que no tiene presupuesto para atender un programa de salud y migración. Es necesario brindar una asistencia post retorno. No se puede dedicar un esfuerzo solo al día de la llegada de los migrantes», destaca Ríos.

En Honduras, los casos de migrantes amputados sobrepasan a los de El Salvador, hasta la fecha, según la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS), se contabilizan aproximadamente las 600 víctimas.

En la nación hondureña, la visibilización del fenómeno de parte de los migrantes retornados ha ayudado a contabilizar los casos de personas con una discapacidad.

En este país, los retornados han formado una organización para personas con discapacidad como la Asociación de Migrantes retornados con discapacidad (AMIREDIS) y han logrado que el Estado estudie la creación de políticas públicas para los migrantes amputados.

Por hoy, Marleny cuenta con una prótesis que fue costeada por el programa del CIRC. Con el tiempo, ella necesitará de una nueva prótesis. Pero la joven asegura que de seguir con las dificultades económicas, no podrá costear el cambio que se requiere cada tres o cuatro años.

Los precios para acceder a una prótesis varían entre los $500 a $1,000. Todo depende de la zona de la amputación.

Prueba. José Marín llegó una mañana de finales de septiembre a probarse sus nuevas piernas a la Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB).

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José Marín ha llegado para probar sus nuevas piernas. Está en a Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB), en Soyapango. Ansioso, espera sentado frente a una barras paralelas donde dará sus primeros pasos.

Primero, los técnicos ajustan las prótesis a sus piernas. Luego, dos estudiantes colocan los tenis azules que él ha llevado para comenzar nuevamente a andar. Al inicio, José expresa que siente molestias. Las zapatillas le han quedado muy apretadas.

En mayo, José Marín corrió tras La Bestia y tropezó. El cansancio de caminar por más de 43 kilómetros para poder abordar el tren en Chahuites, Oaxaca, en México le pasó factura. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

Una de las estudiantes, que nota la emoción de José por volver a caminar, se quita sus zapatos y le sugiere probar con los ella. Él y el personal ríen al ver que se tratan de unas zapatillas rosa. Las coge para practicar.

«Hoy sí. Hoy, luego de cuatro meses, me iré caminando, pensé que esto no iba ser posible», dice sonriente. Y una vez hecho el cambio, José da sus primeros pasos.En un principio, se apoya de la barra con sus dos manos; luego, emocionado logra hacerlo con una sola mano.

Primeros pasos. Con sus nuevas piernas, José Marín, comenzó a andar. Al inicio manifestó molestias, porque unas zapatillas que andaba le quedaban muy apretadas.

«En dos semanas usted podrá caminar sin ayuda», le explica Gilberto Abarca, encargado de la Escuela de Ortesis y Prótesis. Sin muchos ajustes, José está listo para regresar a casa caminando, se despide de la silla de ruedas y saluda a sus nuevas compañeras, dos muletas que le ayudarán a recuperar el paso.

El caso de José, es muy diferente a la de Gilberto y Marleny. Luego del accidente, el Estado respondió. Lo mediático del caso en redes sociales y la difusión del vídeo que registra su accidente, lo ayudó.

Desde su regreso, hace cuatro meses, José ha podido recibir terapias en el Hospital San Rafael, el MINSAL le ha dado seguimiento a su caso y desde Cancillería se ayuda con la movilización.

Al consultar a Cancillería sobre el seguimiento de otros casos de migrantes retornados con una discapacidad, como los de Gilberto y Marleny, la institución no da respuesta. El técnico encargado de verificar la atención a José aseguró que, para dar detalles sobre el trabajo que se realiza, necesitaba contar con una autorización. Sin embargo hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo declaraciones.

José también es parte del programa del CICR que se encarga de otorgar prótesis a migrantes lesionados. Luego de cuatro meses él puede,nuevamente, andar.

Migrante. En mayo pasado, el salvadoreño corrió tras La Bestia y tropezó. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

El Estado, por el momento, solo ayuda con la movilización y logística para su atención. De ser necesaria una prótesis los casos son remitidos al CICR.

Para Gilberto la realidad es otra. Su necesidad fue tan grande que, a través de los medios de comunicación, solicitó donaciones económicas para continuar con su tratamiento y acabar, al menos, con su dolor.

«Yo no duermo. Me angustia esta situación. Mi familia dependía de mí y ahora estamos viviendo de lo nos da la gente. Mi esposa no puede trabajar porque cuida de mí. Ella también debe atender a nuestros hijos de 9 y 7 años. Duele pasar por esto y que nadie lo ayude», relata Gilberto.

Mientras tanto, Gilberto adeuda la hipoteca de su hogar y está en riesgo de perderla. No puede saldar la deuda a través de su seguro, debido a que el banco asegura que el beneficio solo aplica en caso de muerte.

Respuesta. A diferencia de otros casos, a José Marín el Estado sí le respondió cuando regresó a El Salvador.

Angélica no migra, huye

Ilustración de Moris Aldana

Angélica recibió la llamada de un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) que le advirtió que ella y su familia estaban en peligro. Alguien los estaba buscando para asesinarlos. Ella, sus dos hijos y su madre huyeron de su hogar con lo que tenían puesto y nada más.

Aquella tarde, Angélica apenas venía de enterrar a sus dos hijas que fueron asesinadas por los mismos que ahora los estaban amenazando. Aún sin poder asimilar la pérdida, la familia escapó sin tener un lugar a donde ir. Era mediados de 2017.

Dos años después, en una mañana de finales junio, Angélica se prepara para migrar. Junto a ella partirán sus dos hijos y su madre. Son alrededor de las 9:30 de la mañana. Hace unas pocas horas, abandonaron una casa de resguardo para la protección de víctimas y testigos de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).

Ella empaca, en prisas, lo poco que le queda y se despide de sus hermanas y sobrinas que, cree, nunca volverá a ver. Huye de la delincuencia y de un Estado que no la pudo proteger.

Entre marzo de 2018 y abril de 2019, 634 personas se desplazaron de manera forzada a causa de la violencia de acuerdo con las instituciones estatales. Sin embargo, lo que domina este fenómeno es el subregistro. La gente se va en silencio.

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Esta mañana es la primera vez, en un año y medio, que Angélica sale con un poco de libertad. Camina apurada y mira para todos lados desconfiada. Se ha bajado de un vehículo en el que, como mínimo, le ha dado unas cinco vueltas a la cuadra. Los pandilleros, los que mataron a sus hijas y luego amenazaron al resto de su familia, aún la buscan.

Antes de partir, Angélica ha decidido conversar sobre lo que la ha obliga a migrar. Solo tiene una hora para hablar. Dentro de poco, su vuelo despegará.

En una oficina que se ha acomodado como un salón de entrevistas, Angélica cuenta que, a mediados de 2017, perdió a sus hijas.

Angélica aún lo cuenta incrédula, sin poder comprender el porqué. Explica que la tarde en que desaparecieron, ellas salieron de estudiar y se reunieron con una amiga que les regalaría un par de pantalones y camisas. Luego de eso, no supo más.

Fabiola, una niña de ocho años y Marcela, de 20, estuvieron desaparecidas. Pero antes de que Angélica pudiera hacer una denuncia para iniciar la búsqueda, ella se enteró por la noticias que una niña y una joven con las características de sus hijas, habían sido localizadas por la PNC en un predio baldío.

Angélica entró en negación. No quiso creer que la noticia estuviera relacionada con la desaparición de sus hijas. Así que marcó y marcó el número de celular de su hija mayor.

La hermana de Angélica, al ver las noticias, se movilizó al lugar para saber si aquella dos personas eran, en verdad, sus sobrinas. Unas cuantas horas después, regresó con la confirmación de que las de las noticias sí eran Fabiola y Marcela.

«Todavía se me revuelven las tripas de solo recordar. No podía creer que fueran ellas. Esa misma noche, salí para el Instituto de Medicina Legal. Ahí me tocó reconocer a mis hijas», dice Angélica.

Así que, cuando el investigador llamó y los alertó de que los pandilleros «venían por ellos», Angélica no dudó en tomar lo que estuviera al alcance y marcharse junto con hijos y madre.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

***

Cuando la familia huyó, dejaron casa, ropa, mascotas, trabajo; como la mayoría de víctimas de desplazamiento forzado. Sin hogar y con miedo, Angélica acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por ayuda.

Ante la petición, la FGR solo le dio la garantía de custodiar su hogar con agentes de seguridad, mientras ellos iniciaban las investigaciones por el asesinato de sus dos hijas. Ante el riesgo de que la vigilancia les diera más problemas. Angélica se negó a aceptar esta opción. Buscó ayuda de organizaciones sociales y solo interpuso la denuncia por los asesinatos.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar con la mayor discreción posible.

El Informe Preliminar de Registros sobre desplazamiento forzado de la PDDH, de 2017, detalla que «es muy común que la denuncia ocurra solo hasta después de haber agotado los recursos personales, familiares y las redes de relaciones sociales de las víctimas».

Angélica también agotó sus recursos. Junto a sus dos hijos y su madre se mantuvieron nómadas entre cuartos de hotel que costearon organizaciones sociales. Luego, durante siete meses, permanecieron en un albergue temporal hasta que decidieron que era tiempo de que el Estado respondiera por su calidad de desplazados.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

***

Esta mañana, Angélica ha venido a la entrevista acompañada de uno de sus hijos, un joven de 24 años que desea platicar sobre los abusos que recibieron de parte del Estado cuando fueron «protegidos» en el programa de víctimas y testigos de la UTE.

Angélica y Mario recuerdan que, meses atrás, sin medidas cautelares, la UTE solo ofreció proteger a quien realizó la denuncia, ningún otro miembro de la familia podía ingresar al programa. La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT), no incluye a las víctimas en general, solo considera a las personas que son parte de un proceso judicial.

Al conocer las medidas de la CIDH, sin embargo, la UTE tuvo que hacer una excepción.

Cuando la familia ingresó al programa, en noviembre de 2017, Mario tenía 22 años, estaba recién graduado de bachillerato e iniciaba su vida laboral.

Su otro hermano tenía apenas seis años. Estaba a meses de iniciar su preparatoria y su abuela, una mujer de 74 años, se dedicaba a cuidar de sus nietos pequeños mientras Angélica trabajaba.

Mario asegura que antes de aceptar ser protegidos por la UTE, «ellos se la pintaron bonito», le aseguraron que contaban con todo lo necesario para protegerlos, pero no fue así.

En el resguardo, su hermano cumplió los ochos años y nunca recibió un refuerzo escolar. No tuvo la oportunidad de cursar ningún grado académico. A pesar de que la LEPVT, en su artículo 13 literal I, dice que se debe facilitar a víctimas y testigos la permanencia en el sistema educativo.

En cambio, Mario solicitó ser parte de talleres de formación técnica vocacional para contar con otras acreditaciones, pero no fue posible. La UTE no respondió a sus solicitudes. Esto a pesar de que la UTE y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) tienen un acuerdo, desde 2018, para que las personas dentro del régimen de protección a víctimas y testigos sean parte de procesos de capacitación profesional.

«Ahí, en la UTE, no están cumpliendo con protección. A uno, de víctima, solo le dan seguridad», asegura Angélica.

Hace énfasis en lo insalubre de la comida que recibían. «Si no estaba crudo, lo servían descompuesto». En los almuerzos, cuenta, era común el pollo;, pero, en toda su estancia, no recuerda ni una sola vez que la comida se sirviera en buen estado.

Además, en la semana, a la familia se entregaba un garrafón de agua, uno que debían racionar porque debían compartir la mitad con otras personas del hogar.

La atención médica tampoco era la adecuada. La familia debía esperar horas para trasladarse a un centro asistencial u hospital. No importaba la emergencia. En una ocasión, la madre de Angélica tuvo que esperar desde la 1:30 pm hasta 5:00 pm para que la llevaran a un hospital. Ese día, la gravedad fue tal, que la señora quedó ingresada.

La familia también solicitó en varias ocasiones, atención psicológica, pero no la recibieron. La psicóloga que los visitaba unas cuanta veces al mes, respondió a su petición y les dijo que ella solo estaba designada para realizar talleres generales y no para dar terapias o consultas a las víctimas o testigos.

Ante las condiciones, Mario denunció en tres ocasiones, a través de escritos, la situación que vivía el resguardo.

«Me quedé con esas notas que mandamos. Cada denuncia llevaba unas 2 o 3 páginas detallando los abusos», recalca Mario.

Lo que terminó por agravar su situación fue que, dentro del espacio, no solo habían víctimas de desplazamiento forzado. La familia convivió con testigos criteriados que podían, todavía, tener vínculo con la pandilla que los perseguía.

Un testigo criteriado, es una persona que confiesa su participación en un delito y aporta pruebas testimoniales o documentales que ayudan a establecer responsabilidades de otros implicados, a cambio de una reducción de pena o el beneficio de libertad.

«La UTE lo que hace es revolver a la gente. Ahí, un corre peligro. Al principio, estuvimos en una casa sola; pero, luego, fueron llegando más. Metieron a un señor que era un criteriado. Lo supimos porque él mismo contaba las cosas», reitera Mario.

Julio Magaña, Coordinador Nacional de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que trabaja con las víctimas de desplazamiento forzada, asegura que el sistema está creado para proteger testigos y no víctimas. «Esto es un gran vacío en la ley. No pueden estar mezclados víctimas y testigos en un mismo resguardo».

LAS MEDIDAS CAUTELARES

Antes de acudir a la CIDH, la familia también agotó los recursos legales y presentó una demanda de amparo, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde señalaron una serie de omisiones atribuidas a instituciones del Estado para su protección y garantía de justicia.

El amparo fue admitido hasta que la CIDH dictó medidas cautelares, en noviembre de 2017. Tres meses después de que se presentó el recurso.

La CIDH, luego de conocer el caso de Angélica, en octubre de 2017, concluyó que ella y su familia enfrentaban una situación de urgencia y gravedad frente al asesinato de sus dos hijas, las amenazas de la pandilla, la falta de un espacio seguro y medidas efectivas de protección por parte del Estado.

«Los integrantes de la familia se encuentran una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. El grupo familiar habría abandonado su residencia habitual, y buscando protección en diversos albergues para evitar un atentado en contra de sus vidas. Se solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar», detalla el comunicado de la CIDH sobre las medidas.

Sin un decreto legislativo, el Estado respondió a la medidas y acopló la LEPVT y el programa de Protección a Víctimas y Testigos, que está a cargo de la UTE, para proteger a Angélica y su familia.

A pesar de ello, en el informe de seguimiento que presentó el Estado salvadoreño a la CIDH, a solo un mes de aplicar las medidas cautelares, el gobierno solicitó a la Comisión levantar las medidas al asegurar que la «institucionalidad se encontraba operativa y que el Estado se mantenía supervisando a las instituciones responsables para cumplir las disposiciones».

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares aún siguen activas de parte de la CIDH.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

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De historia en historia, aquella mañana, Angélica y Mario llegaron a la misma conclusión: los pandilleros siempre los busca y el Estado siempre les falla.

En ese año y medio, el gobierno nunca les dio una opción para su reubicación, tampoco les propuso otra sola solución, aparte del encierro, y no les dio garantía de justicia por el asesinato de sus familiares.

«Hasta esta fecha, junio de 2019, no hay justicia. Mis hijos no han podido estudiar y yo no he podido trabajar. Queremos retomar nuestras vidas por duro que sea, pero ya no puede ser acá. Aquí no tenemos ninguna garantía», concluyó Angélica.

En El Salvador, por el momento, el único mecanismo de protección al que pueden recurrir las víctimas de desplazamiento forzado es la LEPVT. No hay otro respaldo. El Estado sigue sin crear una política pública, a favor de los desplazados.

Recientemente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha retomado el estudio de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado, luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera la sentencia 411- 2017 y ordenara al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas.

La discusión sobre la ley, sin embargo, es lenta. Los diputados llevan cuatro lunes, desde el mes de agosto, reescribiendo apartados de los primeros cinco artículos. Los parlamentarios aún deben revisar y aprobar 64 artículos.

En una de esas sesiones de la Comisión, los diputados discutían y concluían que para tener una propuesta de ley especial ‘pasaría un tiempo’ y no podían tomárselo a la ligera. Aunque ya ha pasado un año desde que la Sala emitió la sentencia.

Entre los diputados que conforman la Comisión están: Mario Tenorio, de Gana; Alejandrina Castro, Bonner Belloso y Ricardo Velásquez Parker, de Arena; Jorge Uriel Mazariego, del PDC; Eileen Romero y José Antonio Almendáriz, del PCN y Cristina Cornejo, del FMLN.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

«Es preocupante no tener una legislación especial que brinde los lineamientos y garantías para los desplazados internos. La vulneración que sufren las víctimas del fenómeno es más grande ya que no hay restitución de derechos fundamentales», expresa Fernández.

Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la Violencia (MCDF), a 100 días del gobierno de Nayib Bukele, ha solicitado que el Presidente se pronuncie a favor de una ley para las víctimas del fenómeno y que tipifique el delito de desplazamiento forzado, de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

De aquella mañana, ya han pasado dos meses. Angélica partió ese mismo día de El Salvador. Se marchó sin la esperanza de volver y migró porque el Estado no le supo responder.