Las loras no se alejan, se extinguen

Conservación. La lora nuca amarilla es una de las especies en peligro del extinción a escala nacional e internacional. Se está acabando.Pedro Murcia cuenta las aves que vuelan sobre él. Identifica a los chontes, garzones blancos, a los sopes comunes o los de cabeza roja. Mira cómo una bandada de 100 pericos chocoyos depredan una milpa. Espera, en un amplio campo de aproximadamente cinco manzanas, para alertar sobre el vuelo de una especie que, según Pedro, se observa a eso de las cinco o seis de la tarde por los manglares de la isla Montecristo, en la bocana del río Lempa, departamento de Usulután.

Pedro observa y escucha atento. Aunque varias aves pasan por el lugar, él espera por una en particular. Una de la que, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), solo le quedan unos 500 ejemplares a escala nacional. Y que, de acuerdo con el último listado oficial de especies de vida silvestre amenazadas o en peligro, corre un alto riesgo de desaparecer: la lora nuca amarilla.

Debido a la reducción de su especie, ver a más de dos loras pasar se considera algo inusual. Pero en esta zona de la bocana del río Lempa, escuchar y ver al ave puede ser recurrente ya que las loras se alimentan de las marañoneras del lugar y descansan en los árboles de mangle.

Mientras el sol baja, Pedro dice que no es un experto, pero sí sabe que pronto las aves descenderán para descansar en el manglar.

Desde 1998, según el listado oficial de fauna y especies amenazadas o en peligro de extinción de El Salvador, la lora nuca amarilla está catalogada como un ave en peligro de extinción debido a su comercio ilegal y destrucción de su hábitat.

En el país, la lora nuca amarilla, es una especie codiciada por su tamaño, plumaje y,sobre todo, porque desde polluelo el ave puede aprender a imitar el habla de un humano. Y, aunque la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en su artículo 27, inciso A, indique que «matar, destruir, dañar o comercializar con especies de la vida silvestre en peligro o amenazadas de extinción representa una falta grave que puede ser sancionada con una multa que va desde los 10 a los 100 salarios mínimos», hay quienes se dedican aún a comercializar las especies.

A escala mundial, la lora nuca amarilla también está en peligro de desaparecer, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la lora se encuentra dentro de la lista roja de las especies amenazadas por la UICN; un indicador que muestra el estado crítico de la biodiversidad en el mundo.

Fotografía de Ángel Gómez

«Las loras se comunican con vocalizaciones roncas», alerta Pedro, mientras pide «estar atentos» a su canto, ya que el sonido ensordecedor de los pericos chocoyos puede confundir a quienes esperan por la lora.

En la isla Montecristo, ver a más de una lora volar por el manglar no es casualidad. En el país, el hábitat de la lora nuca amarilla, en los últimos 20 años, estuvo en los bosques secos tropicales. Pero debido a la disminución significativa de los bosques, el ave se ha adaptado -para su sobrevivencia- a ecosistemas como los del manglar, al encontrar mucho más bosque ininterrumpido.

De acuerdo con el MARN y su inventario nacional de bosques, por hoy, El Salvador solo cuenta con un 29.3 % (624,376 hectáreas) de bosques. Y estimó que, entre el año 2000 hasta el 2010, se perdieron unas 138 mil hectáreas de bosque debido a la expansión agrícola, deforestación y crecimiento urbano.

Dentro del ecosistema, la lora nuca amarilla es una ingeniera que reforesta los bosques de manera natural al dispersar la semilla de los frutos que come. De desaparecer, los ecosistemas perderían a una especie que se encarga de regenerar la diversidad en estos bosques.

En el país, la situación de la lora nuca amarilla es crítica. Aún no hay un plan nacional para su conservación, se carece de estudios para la recuperación de la especie y tampoco hay un programa para su monitoreo.

Esto a pesar de que la lora ha estado por más de de diez años en el listado de las especies en peligro de extinción; y se ubica, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como una especie prioritaria para el estudio de las poblaciones actuales que contribuyan al establecimiento de acciones de protección, conservación y restauración de sus hábitats.

De acuerdo con el MARN y su inventario nacional de bosques, por hoy, El Salvador solo cuenta con un 29.3 % (624,376 hectáreas) de bosques. Y estimó que, entre el año 2000 hasta el 2010, se perdieron unas 138 mil hectáreas de bosque debido a la expansión agrícola, deforestación y crecimiento urbano.

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LA ISLA MONTECRISTO es uno de los lugares donde sus habitantes han aprendido a convivir con la lora nuca amarilla, pero no ha sido precisamente por un estudio o por un plan nacional para la recuperación de la especie. La preocupación de la comunidad por perder los recursos naturales los ha llevado a cuidar las diversas especies que habitan en la isla.

Óscar González, miembro del Comité de Medio Ambiente de la isla Montecristo, asegura que hace 10 años, la situación de la isla era crítica. Las tortugas marinas, los punches, y el cangrejo azul desaparecían debido a la extracción desmedida de los recursos del manglar.

Esta situación los llevó a idear un programa que pudiera equilibrar sus necesidades junto a los medios de vida. Así que la comunidad desarrolló un Plan Local de Aprovechamiento Sostenible (PLAS) y lineamientos para la conservación y extracción moderada de punches, cangrejos, tortugas marinas y madera de mangle.

Según Óscar, estas prácticas de conservación han incidido en el respeto de las demás especies que viven en el manglar. Por hoy, es un logro que, sin un plan de conservación ideado para la lora nuca amarilla; solo dos personas, de 160 habitantes de isla, cuenten con dos loras como mascota.

Diversidad. Los pelícanos pardos son algunas de las especies que pueden observarse en la isla Montecristo, bocana del río Lempa, Usulután.

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VERÓNICA ES DUEÑA DE «BARBIE», una lora nuca amarilla que ha aprendido imitarla con un «¡urra muñequita, urra lorita preciosa!» en la isla Montecristo.

Cuando Verónica explica de los motivos que la llevan a mantener a Barbie como su mascota, le ganan más sus emociones que buenas razones. «Ella es mi muñeca preciosa», repite Verónica.

Y, aunque Verónica está consciente de que la lora nuca amarilla corre el riesgo de desaparecer por completo, asegura que para Barbie, regresar a su hábitat, implicaría un riesgo al haber permanecido domesticada por más de tres años.

Para José Argueta, técnico ambiental de la Asociación Mangle, una organización que trabaja desde hace 10 años en la isla Montecristo y que se enfoca en la conservación del manglar y sus especies, es necesario que dentro PLAS, se incluya a la lora nuca amarilla para tener un control más estricto de la protección de su especie.

«Según el acuerdo 259 del MARN y los lineamientos bases del PLAS. Para incluir otra especie, es necesario hacer estudios de cómo se mueven las especies dentro del ecosistema, se deben realizar un análisis reproductivo, conocer la importancia de la lora y su hábitat; y saber cuál es el alimento que el ave consume dentro del manglar», dice Argueta.

Sin embargo, el escenario para la lora nuca amarilla sigue siendo el mismo, sin conocer a la especie, sin un estudio, sin un monitoreo, no puede hacerse mucho.

En el caso de la lora nuca amarilla, un estudio de recuperación de la especie, implicaría conocer cuántas aves hay, cuántos son los nidos activos de manera natural y cuáles son los lugares que ocupa la lora para su reproducción.

Y el monitoreo de la especie, consistiría en un seguimiento de semanas, meses o años, de cómo se comporta la población, cuánto es su tamaño poblacional, y cuáles son los árboles donde las loras se alimentan.

Vivero. La isla Montecristo cuenta con un vivero de tortugas marinas para la conservación de la especie.

Para Alex Hasbún, asesor técnico del despacho del MARN, el panorama para la recuperación integral de la fauna y sus ecosistemas, es como «un barco que se hunde», debido a que los procesos sociales no son sostenible con los medios de vida.

«Cuando hablamos de recuperación de ecosistemas, hablamos de una ‘recuperación holística’. No podemos recuperar solo una especie, se necesita recuperar el todo. El ecosistema necesita de todo el sistema balanceado de fauna y flora para poder producir y ser efectivo. Tampoco se trata de repoblar o hacer decomisos. Se debe estudiar a las especies. Necesitamos hacer un diagnóstico y actualizar poblaciones fauna y flora», explica Hasbún.

Según Hasbún, al trabajar desde una visión holística, se puede pensar en planes que contemplen la reproducción genética de las especies en peligro, un monitoreo y control de las especies, y ofrecer alternativas económicas para evitar la comercialización ilegal y reforzar la educación ambiental.

Sin embargo, uno de los retos que tiene la institución para este 2020 es la reducción del presupuesto con el que funcionará . Solo para la restauración y conservación de ecosistemas críticos y paisajes, el MARN contará con $1,746,385, tan solo $300,000 más que el año anterior.

Por el momento, el MARN no cuenta con un plan concreto para la conservación de la lora nuca amarilla.

Protección. La isla Montecristo cuenta con proyectos de convervación de las especies como el cangrejo azul, punche y tortuga marina.

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MIENTRAS CAE LA TARDE, Pedro ha contado ya más de cuatro loras nuca amarilla, tal como lo predijo, las loras vuelan bajo y se comunican a través de ruidos roncos.

Aunque la isla no se acostumbra al saqueo de nidos de lora nuca amarilla. Hay otras partes como en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, donde los comerciantes ilegales irrumpen los nidos de la lora.

Dentro del CITES, un pacto internacional entre Estados, para la protección, conservación y comercialización de ciertas especies -que no amenacen su supervivencia-, la lora nuca amarilla se ubica en el apéndice I de la Convención, es decir, no puede ser comercializada bajo ningún fin.

En el apéndice II y III del CITES, las especies pueden ser comercializadas bajo un control estricto de permisos de exportación e importación; y un número limitado de especies que no representen un desbalance en la flora y fauna silvestre.

Alimento. Un habitante de la isla Montecristo muestra las semillas de marañón que han sido devoradas por la lora nuca amarilla.

Es difícil, sin embargo, tener un control estricto de las especies que entran y salen del territorio desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como la dependencia encargada de dar cumplimiento a las funciones y sanciones del CITES.

«Aunque el CITES hable de Comercio Internacional, no todas las especies silvestres son declaradas en los puntos de control; y es acá cuando se da el tráfico ilícito. Por tanto, al estar dentro del territorio, se involucran otras autoridades como la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el MARN para el control», detalla Andrea María Chinchilla, jefa de la unidad del CITES.

El MAG tampoco tiene control de los saqueos de las especies en la vida silvestre.

En El Salvador, según el MARN, aproximadamente, 254 especies se encuentran en peligro de extinción y otras 200 más están amenazadas.

“Aunque el CITES hable de Comercio Internacional, no todas las especies silvestres son declaradas en los puntos de control y es acá cuando se da el tráfico ilícito. Por tanto, al estar dentro del territorio, se involucran otras autoridades como la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el MARN para el control”, detalla Andrea María Chinchilla, jefa de la unidad del CITES.

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EL PERICÓN VERDE es un ave muy parecida a lora nuca amarilla. Su plumaje, altura de 35 centímetros y vistosidad hacen que muchos estén atraídos por comprar a la especie y mantenerla en cautiverio.

Según el Manual de identificación de especies de fauna y flora incluidas en los apéndices CITES, el pericón verde es un ave que se encuentra amenazada. Pero puede ser comercializada bajo un control estricto al ubicarse en el apéndice II de la Convención.

En una tarde de finales de octubre, Ricardo Ibarra, biólogo de la Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL), se dedica a estudiar al pericón verde dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).

Ricardo observa las aves, apunta los rumbos de llegada, analiza su pose y las escucha. «Hay que cuidar los bosques, pero es importante apostarle a las ciudades sostenibles y generar condiciones para la fauna», dice Ibarra.

Cuido. La preocupación de la comunidad por perder los recursos naturales los ha llevado a cuidar las diversas especies que habitan en la isla.

Desde hace dos años, a falta de un estudio que analizara la cantidad, comportamiento, los rumbos, consumo de alimentos y dormideros del pericón verde, FUNZEL implementó un programa de tres años para monitorear a la especie.

Debido a la degradación de los bosques, la especie ha buscado jardines arbolados extensos que puedan suplir a un gran bosque. Por esta razón, al biólogo le parece necesario reforestar áreas con árboles frutales nativos para que la especie pueda sobrevivir en la ciudad.

A diferencia de la lora nuca amarilla, el pericón verde es fácil de observar, en esta tarde, se estima que, alrededor de unos 6,000 pericones, descienden a los árboles de eucalipto, laurel de la India y maquilishuat para descansar.

Uno de los mayores riesgos que enfrenta la especie, es la destrucción de su hábitat en la ciudad. De talar muchos más árboles, el pericón verde tendría que movilizarse a zonas mucho más lejanas para conseguir su alimento, lo que implicaría un desgaste para las aves.

Cosecha. Un agricultor de la isla Montecristo explica que la lora nuca amarilla se alimenta de la cosecha de marañón.

Ver volar a esta ave en libertad, aún es un privilegio. Sin embargo, la población de pericón verde puede reducirse debido al saqueo de sus nidos y demanda de la especie a nivel local.

Por el momento, no hay una propuesta de un programa de conservación que se enfoque en el pericón verde. «Aún hace falta generar más información sobre la especie, para hablar de un programa, se necesita investigar sobre las rutas por donde se desplaza la especie», concluye Ibarra.

La isla Montecristo empieza esconderse entre la noche que cae. Luego de dos horas, Pedro pudo contar a unas 14 loras nuca amarilla. Con poca luz, él está convencido en que es hora de retirarse, las aves ya se ocultan entre los árboles de mangle.

Consciente en que ver volar a la lora nuca amarilla es un privilegio que pocos pueden tener, y que la isla Montecristo se ha vuelto un lugar preciado para observar a la especie, Pedro propone volver.

«Si Dios lo permitiera, por allá en el verano, en enero y febrero, pueden darse una pasadita por acá. Así ustedes podrán regresar y comprobar cómo es la vida de la lora por acá», asegura Pedro.

Marañoneras. La lora nuca amarilla es vista por los habitantes entre las marañoneras de la isla.

Los niños que no tienen qué comer

Fotografía de Ángel Gómez

Selena amamanta a su hijo Josué, un bebé de nueve meses que se afianza al pecho de su madre. Selena cuenta que desde que su hijo nació, en diciembre de 2018, al niño le ha costado ganar peso y ha crecido poco.

Josué es un bebé pequeño, sus manitas, sus piernas y su cuerpo aparentan las de un niño de tres meses. Y su peso y tamaño, están de la edad de dos meses, ya que apenas alcanza las 8.81 libras cuando debería llegar a las 19. Selena dice que el diagnóstico de su hijo, desde hace cuatro meses, es desnutrición severa.

La desnutrición crónica o severa, es una condición que se genera debido a la escasez de vitaminas y nutrientes en el cuerpo, como el hierro, yodo, vitamina A, ácido fólico y proteínas. Esta condición genera en los niños la falta de crecimiento según su edad, afecta su capacidad intelectual y puede propiciar el desarrollo de otros padecimientos.

La Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud (MINSAL), registró en 2018, a través del Sistema Morbimortalidad y Estadísticas Vitales- SIMMOW, 10,959 casos por desnutrición crónica e identificó que son los niños y niñas menores de cinco años la población más vulnerable. De los diez mil casos reportados, 8,962 corresponden a menores de cinco años.

Y sobre los casos correspondientes a este año, el MINSAL ha consolidado de enero a agosto de 2019, 5,880 reportes de niños con desnutrición crónica.

Selena asegura que con la llegada de Josué, ahora son 12 miembros en la familia. Por el momento, es su padre quien ayuda con los ingresos mensuales al trabajar como asistente de albañilería en San Salvador. Su salario de $200 mensuales cubre apenas los gastos para la alimentación.

Un sueldo que según Selena alcanza para los huevos, aceite, frijoles, arroz, azúcar, y café. Lo demás, su familia lo consigue de la cosecha de maíz y de la crianza de una o dos gallinas que puede dar para más huevos o «una sopita».

Según el el MINSAL, el problema de la desnutrición crónica prevalece en las familias con escasos recursos económicos y pocas condiciones para su desarrollo, como el acceso a agua potable, letrinización, higiene en los alimentos, vivienda, entre otros factores.

«La comida la compramos por poco, por poquito, porque no hay chance de comprar en grandes cantidad. No nos faltan los frijoles con arroz, y un par de huevitos», dice Selena.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que para el desarrollo humano y la seguridad nutricional, es necesario el acceso físico, social y económico a los alimentos que satisfacen las necesidades diarias de la población.

En el caso de Selena, una madre soltera, sin empleo y dedicada al hogar, su alimentación y la de Josué depende de la ayuda económica que le den sus padres. Y al ser parte de un grupo familiar grande, la comida se raciona entre 10 personas.

“La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones”, Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL.

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La casa de Selena se encuentra en la zona rural del cantón El Jícaro, al sur del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Para llegar hasta su comunidad, hay que atravesar una zona montañosa, andar por unas calles que aún no están pavimentadas y cruzar un río que en la época lluviosa crece e impide el paso.

Su hogar, es una pequeña casa de adobe, con tres cuartos y tres camas donde duermen más de dos personas apretujadas; con una cocina que está rodeada por pequeños cultivos maíz y chipilín.

La última encuesta nacional de salud, que identifica la situación nutricional de la niñez, por medio del Censo de Tallas en escolares de primer grado, indicó que en 2016, los departamentos más afectados por la desnutrición crónica fueron: Ahuachapán, Morazán, Sonsonate, Cuscatlán y la Paz.

Elda Carolina Guerra, nutricionista y colaboradora técnica de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MINSAL, explica que desde el sistema de salud, el tratamiento por desnutrición crónica depende de la gravedad de los casos y de dónde la madre ha solicitado la atención.

Si el caso es identificado por un promotor de salud, el niño deberá ser referido a la Unidad de Salud o Eco Familiar de la comunidad, donde se determinará por medio de dos especialistas, un pediatra y un nutricionista, el grado de desnutrición del menor. De no padecer otra enfermedad, el niño quedará en control ambulatorio en la Unidad o Eco Familiar.

Pero si los niños enfrentan otras complicaciones de salud debido a la desnutrición, los pequeños serán referidos a los hospitales nacionales para un tratamiento de recuperación que puede variar de tres a seis meses.

«La desnutrición crónica en los primeros dos años vida trae un daño irreversible en el crecimiento del niño. Su talla se ve afectada y este es un aspecto que no se puede recuperar. Si un niño dejó de crecer dos centímetros en sus primeros dos años de vida, el menor ya no lo recuperará. Otras de las secuelas, es el daño al sistema inmunológico para combatir enfermedades e infecciones», explica Guerra.

Debido a su condición, Josué no ha crecido lo suficiente y, a su edad, ya ha sufrido complicaciones por la desnutrición, hace unos meses tuvo neumonía por sus bajas defensas.

«Al niño le gusta mucho el pecho», dice Selena. Y, mientras sostiene a su hijo, muestra la cartilla de control que le han dado en el Eco Familiar de la comunidad.

En el gráfico de crecimiento de su cartilla de control, Josué está en la curva DS (desnutrición severa). Desde hace cuatro meses, Josué se mantiene en el mismo punto, no desciende y tampoco sube de los 4 kilogramos.

Esta tendencia, según su cartilla de control, apunta a que su tratamiento no es el adecuado.

Selena asegura que en el Eco Familiar, a Josué lo han tratado con hierro. Mientras que a ella le han indicado que debe de «alimentar bien» a su bebé.

Fotografía de Ángel Gómez

«Para el desayuno me dijeron que le esté dando un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya y lo acompañe con guineo y de refrigerio de las diez, un puré de zanahoria y para el almuerzo pollo, luego plátano para las tres de la tarde y en la cena frijoles licuados y pipianes con crema», cuenta Selena.

David Sandoval, promotor de salud de los cantones El Jícaro y El Carrizal de Tacuba, asegura que el caso de Josué es uno de los más delicados de la comunidad. También dice que el problema de la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona. Luego de 16 años de trabajar y vivir en lugar, asegura que anualmente identifica, al menos, a 12 niños con este problema.

«Aquí a la gente solo se le dice cómo puede hacer para alimentar a su hijo. Se le dan recomendaciones; pero aquí, la realidad es que la gente sobrevive a la gracia de Dios», expresa Sandoval.

De acuerdo, con Michelle Tobar, doctora del Eco Familiar del cantón El Jícaro, uno de los problema en este sector de Tacuba, es de que las familias se enfrentan a una pobreza extrema y las madres tienen a su cuidado hasta a diez hijos, lo que hace aún más difícil la ración de alimentos para los niños.

«Acá, las madres, a veces, se presentan al Eco Familiar con su doceavo embarazo y una ‘cola’ de niños desnutridos. La mayoría de niños menores de tres años acá van con tendencia de desnutrición. Erradicar esta condición en este cantón es muy difícil por los recursos económicos, acá la gente se alimenta de lo que hay», dice Tobar.

Debido a la desnutrición severa de Josué, el niño ha sido referido al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom para su control.

Selena, explica que, por el momento, los doctores del Hospital Bloom atienden a Josué por su padecimiento de hidrocefalia. Aún el niño no ha sido atendido para controlar su problema de nutrición.

Para conocer sobre la atención médica que brinda el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a los niños con problemas de desnutrición severa, se solicitó una entrevista a través de la unidad de comunicaciones con el director del hospital, pero hasta el cierre de este reportaje, no se concretó una entrevista.

Al caso de Josué también se suma el de Rubén y Henry, dos niños que sufren de desnutrición severa, y que a diferencia de Josué han sido internados por una organización no gubernamental para tratar su problema.

Atención. El promotor de salud del cantón El Jícaro, en el municipio de Tacuba, asegura que la desnutrición severa es muy común en los niños de la zona.

Rubén es un niño de un año y cinco meses que pertenece al cantón de Cara Sucia, municipio San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán. En una mañana de inicios de octubre, Rubén recibe su fisioterapia para recuperar la movilidad y superar su retraso motor.

Su fisioterapista lo pone en su andadera para que pueda dar pasos y saltar. Luego viene la terapia del habla. Debido a su condición de desnutrición severa, Rubén no ha podido decir sus primeras palabras. Su doctor asegura que es parte de las secuelas por su problema de nutrición.

Rubén está internado en una organización que ayuda a los niños y niñas con problemas de desnutrición severa en San Salvador. Desde hace cuatro meses, el 27 de mayo de 2019, el pequeño fue ingresado para su recuperación y reside en la fundación.

Su madre una joven de 22 años, ha llegado un sábado para ver a Rubén, aunque los días de visita son los jueves, Ana María ha decidido llegar ese día para poder celebrar junto a su hijo el día del niño. Su presupuesto solo le alcanza para viajar un día a la semana a San Salvador.

Ana María cuenta que al año de nacido, Rubén no subía de peso y tampoco crecía. El niño a los doce meses vomitaba todo lo comía. Y fue, por una complicación en los bronquios que la joven se enteró que su hijo enfrentaba problemas de desnutrición.

Recursos. La desnutricióncrónica prevalece en las familias con pocas condiciones económicas.

Rubén fue diagnosticado, a principios del 2019, con desnutrición severa y fue referido inmediatamente por la Unidad de Salud de Cara Sucia a la Fundación Vínculo de Amor.

La madre de Rubén cuenta que el proceso ha sido difícil ya que lleva separada de su hijo cuatro meses. Sin embargo, considera que es la opción más oportuna debido a que ella y a su esposo, no tienen los recursos para su dieta de recuperación.

El programa de nutrición para los niños y las niñas consiste en leche de fórmula, carnes rojas, pollo, pescado, papillas de frutas y verduras que contengan yodo y hierro.

Xiomara Ocho, doctora de la Fundación Vínculo de Amor, detalla que en 2019, la organización ha atendido 34 niños por desnutrición severa. Asegura que la mayoría de casos vienen referidos de hospitales nacionales y unidades de salud, luego que, los promotores, doctores y enfermeras «han identificado que el niño se ha estancado en el peso y no ha presentado mejoría en su recuperación».

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

En 2018, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018- 2028), tras identificar que la desnutrición crónica, el incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas se deben a los problemas de malnutrición en la sociedad salvadoreña.

De acuerdo con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Estado trabajará con los gobiernos locales, instituciones públicas y comunidades para mejorar «progresivamente» la disponibilidad de alimentos a la población y se trabajará en la atención integral para la nutrición de los salvadoreños.

Sin embargo, al consultar al CONASAN sobre los avances de la política e implementación de programas para la atención integral en la nutrición, no se obtuvo ninguna respuesta. Se intentó agendar una entrevista con la directora ejecutiva, Daysi de Márquez, pero hasta el cierre del reportaje no se consignó un espacio en su agenda.

El papá de Henry también ha llegado a la celebración del día del niño en San Salvador. Henry es un bebé de nueves meses que pesa las 12.63 libras y aparenta la edad de un niño de seis meses.

A su edad, Henry debería de pasar las 19 libras. Por esta razón, desde septiembre, él ha ingresado al programa de nutrición de la fundación. Debido a su poco peso, los músculos Henry son débiles y no puede gatear.

Alexander, su padre dice que ha madrugado para poder llegar a las 9:00 de la mañana hasta esta parte del centro de San Salvador. Salir desde el cantón San José Primero, en San Martín, le lleva alrededor de unas tres horas.

Nutrición. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.. El país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los niños menores de cinco años.

Cuando Alexander habla sobre las causas de la desnutrición de Henry, explica que a pesar de sus esfuerzos tiene problemas para conseguir un empleo. Su ingreso mensual es de $40. Un sueldo que debe alcanzar para su esposa, su otro hijo de siete años y su bebé de nueve meses.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), asegura que en la lucha contra la desnutrición infantil, los gobiernos deben reforzar el trabajo de prevención, realizar intervenciones durante los 1.000 días del embarazo y atender a los niños de manera integral en los primeros dos años de vida.

En el caso de Rubén y Henry, se estima que su recuperación se dé en unos cuatro meses o más. En ese tiempo, la fundación instruye a la familia para que se adecue el hogar de acuerdo a sus recursos y puedan recibir a los pequeños en un mejor ambiente.

La realidad de Josué es otra. Selena es madre es soltera y en su hogar, las mujeres se dedican a atender los hijos. Así que a falta de un programa de nutrición que atienda su hijo, una organización local de Tacuba, ayuda a Selena con la compra de un suplemento nutricional que contenga hierro, zinc, ácido fólico, harina de maíz y soya para recuperar a Josué.

Sin ello, Selena depende de los ingresos de su padre y de la cosecha para alimentar a su hijo.

Recuperación. Seis niños se recuperan de la desnutrición severa. Una organización no gubernamental ayuda a su tratamiento nutricional.

Gilberto regresó sin un pie

Fotografía de Ángel Gómez

Gilberto Jiménez abordó La Bestia, un tren de carga que usan los migrantes centroamericanos para evitar unos 50 controles migratorios y atravesar sin ningún costo México. A Gilberto lo impulsó la certeza de que el tren lo acercaría a su destino en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Hace cinco meses, decidió que, para acabar con sus problemas económicos, migraría. Con poco dinero se las arregló para partir solo y sin un coyote. A los seis días de haber partido, estaba en Tenosique, Tabasco, México, y desde ahí se movilizó en La Bestia.

Pero, un día, a media mañana, el transporte hizo una estación en el estado de Huimanguillo, Tabasco. Ahí, las patrullas de migración mexicana esperaban sorprender a los migrantes.

Durante la redada, Gilberto intentó escapar, corrió en dirección al tren y se resbaló. Su pie izquierdo quedó atorado entre los rieles mientras La Bestia retrocedía. Aquella mañana del 11 de mayo de 2019, Gilberto perdió el pie izquierdo.

De enero a septiembre de 2019, según los registros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), cinco salvadoreños, entre ellos Gilberto, regresaron a El Salvador con una amputación luego de sufrir un accidente en ruta hacia Estados Unidos.

Además, entre 2013 y 2018, 22 migrantes salvadoreños que se dirigían a Estados Unidos sufrieron accidentes que les ocasionaron una amputación. Y, de acuerdo con el CIRC, en México, otros 25 salvadoreños fueron atendidos por una mutilación en esos años.

Estas cifras, sin embargo, son parciales debido a que muchos migrantes deciden permanecer en la clandestinidad por temor a ser deportados.

Entre milpas. Jiménez vive en Las Marías, Morazán, una comunidad que está a cuatro horas de la capital. Para llegar a su casa hay que recorrer milpas.

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Entre las milpas de elote, cultivos de ayote, frijoles y un camino que conduce hasta las montañas del sur-este del departamento de Morazán, se encuentra el hogar de Gilberto.

En Las Marías, Morazán, una comunidad que está a unas cuatro horas de la capital, Gilberto ha construido su casa al final de una montaña a la que se llega caminando entre unas estrechas veredas.

Cuando Gilberto construyó su hogar jamás imaginó que, al faltarle un pie, ese camino sería su primer obstáculo para su recuperación. Para subir o bajar necesita que alguien lo cargue o lo vigile mientras da pequeños pasos con sus muletas.

Desde su repatriación, el 11 de junio de 2019, Gilberto regresó con complicaciones de salud. Su muñón, que es la parte del cuerpo que queda luego de la amputación, se infectó y tuvo que viajar por doce horas en autobús con su herida aún sangrando.

«Cuando regresé a El Salvador nos trasladaron al lugar donde llevan a los migrantes deportados, en la Chacra, ahí un encargado de migración escuchó mi historia y me dijo que tenía que ir a la Unidad de Salud para que me curaran y eso fue todo», cuenta Gilberto.

Denuncia que, desde el accidente, el consulado de El Salvador en México hizo muy poco por él. En el hospital, el cónsul lo visitó solo una vez para entregarle un kit de asistencia humanitaria. Tampoco pudo ayudarlo para que estuviera ingresado hospital de Villahermosa, Tabasco, durante su recuperación. Así que durmió los últimos 10 días en un albergue.

Según la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador, los consulados deben de velar por la protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes que residen o se encuentran de manera ilegal fuera del país.

La Bestia. Hace cinco meses, Gilberto Jiménez resbaló de La Bestia para huir de una redada de la patrulla de migración. Su pie izquierdo quedó atorado en los rieles del tren. Lo perdió en ese accidente.

En el artículo 109, la ley consular detalla que la función del cónsul, en caso de que un salvadoreño se encuentre «desvalido» o «enfermo», es tramitar la admisión de los salvadoreños en los establecimientos públicos de beneficencia para su atención y recuperación.

Además, en su artículo 110, señala que «es deber de los funcionarios consulares facilitar la repatriación de los salvadoreños que se encuentren en su distrito y concederles moderados auxilios».

En el caso de Gilberto esto no sucedió, regresó sin que nadie verificara su estado de salud.

El informe sobre personas migrantes amputadas, gravemente lesionadas o enfermas del CICR, en 2013, señala que, en los países del Triángulo Norte, es necesario fortalecer la coordinación del proceso de repatriación entre las autoridades migratorias y los representantes consulares ya que, a menudo, es meramente administrativa y no verifican las condiciones de salud de sus migrantes al emitir los documentos de viaje.

Recostado en su hamaca y con «pinky», su perro aguacatero que siempre lo acompaña. Gilberto recuerda que antes de migrar, escuchó sobre los peligros del camino y de abordar La Bestia, entre ellos, los asaltos, secuestros y el ser mutilados por el tren al tropezar o no subir a tiempo.

A pesar de conocer los riesgos, decidió marcharse. La hipoteca de su hogar, los $7 diarios que ganaba como jornalero y dos hijos, uno de 9 y otro de 5 años, le dieron más razones que miedos.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en El Salvador, entre las causas que obligan a los salvadoreños a migrar está la falta de condiciones económicas y laborales. Otra razón es que las personas huyen debido a la violencia.

Desde su accidente, Gilberto no puede trabajar, a pesar de que su muñón ha sanado, debe someterse a una nueva cirugía debido a que el corte de su amputación atraviesa un nervio. Esto le ha ocasionado una inflamación y la dificultad para su movimiento.

«Mire, aquí, el carcañal me han dejado puesto», dice Gilberto mientras señala su amputación.

Debido a sus complicaciones, Gilberto no ha podido realizar una rehabilitación física que le ayude recuperar el movimiento de su pie izquierdo. Tampoco ha podido pensar en una prótesis para volver a caminar.

Entre las dificultades a las que se enfrentan los migrantes luego de su discapacidad, está que no cuentan con un programa de atención en salud especial que les garantice la continuidad en su tratamiento, rehabilitación y acceso a una prótesis.

Registros. Como Gilberto, el CICR registró, entre enero y septiembre de 2019, cinco casos de migrantes salvadoreños que volvieron con amputaciones por accidentes.

El Estado ha reconocido, por medio de la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, elaborada en 2017, que es necesario promover y diseñar programas de desarrollo local y nacional enfocados en educación, vivienda digna, seguridad, oportunidades laborales y salud integral a través del fortalecimiento jurídico, institucional y financiero de las instituciones gubernamentales vinculadas a la población migrante.

El Ministerio de Justicia Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), a través del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Ministerio de Salud (MINSAL); Ministerio de Educación (MINED); Ministerio de Economía (MINEC); y el Instituto Salvadoreño para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) son algunas de las instituciones públicas que pueden cooperar con la atención.

Además, en su eje estratégico B1, numeral 10, la política enuncia que para la protección y atención de la población salvadoreña migrante en tránsito, es fundamental «brindar una atención especializada a población migrante con discapacidad resultante de accidentes durante el tránsito». Pero por el momento, no hay ningún plan especial.

El Consejo Nacional para la protección y desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTE), que es la entidad encargada de elaborar, canalizar y verificar el cumplimiento de esta política y de todas las relacionadas a migración y desarrollo, no da respuesta sobre las acciones concretas en las que se ha trabajo para cumplir con la protección y atención de los migrantes retornados con una lesión.

Por medio de la oficina de comunicaciones del CONMIGRANTE, el director ejecutivo «sugería» que la persona indicada para conversar sobre los programas de atención al migrante retornado era la directora de la Dirección de Atención al Migrante (DAMI) de la DGME. Sin embargo, a los días, se acordó una entrevista que fue suspendida a último momento.

“Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo”, asegura Marleny Mancía.

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En un intento por caminar, Gilberto muestra como su amputación se enrojece al dar unos pasos. Asegura que, desde que regresó, no fue atendido por el personal de migración para verificar su condición física.

Al llegar, fue trasladado a la DAMI, un espacio donde se asiste a los migrantes que vuelven desde las fronteras de México o Estados Unidos. Ahí, según Gilberto solo se le entrevistó para conocer los motivos que lo llevaron a migrar. Luego le extendieron una referencia para la curación de su amputación en una Unidad de Salud.

De acuerdo con el Programa Integral de Inserción para la población salvadoreña retornada del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), para el recibimiento de los migrantes en la DAMI, la DGME, en un primer momento, debe identificar a las personas que necesitan atención médica y luego ser atendidas por MINSAL de acuerdo a su condición de salud.

Salvador Gutiérrez, Jefe de Misión Adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en El Salvador, asegura que entre los desafíos para la recepción de migrantes retornados, está el seguimiento de los casos luego del retorno.

Única. La Escuela de Órtesis y Prótesis de la UDB es la única con acreditación internacional de la Sociedad Internacional de Ortesis y Prótesis.

«Es necesario reforzar toda la oferta institucional porque la persona lo que busca es una respuesta rápida a su problema. Es necesario mantener un seguimiento y cubrir programas de atención en salud», dice Gutiérrez.

Gilberto no ha sido el único que sufrió la indiferencia del Estado. Melany Mancía, una joven de 19 años, regresó hace tres años sin su pie izquierdo cuando solo tenía 17.

Por teléfono, Marleny explica que es imposible visitarla en el municipio de San Antonio Pajonal, en Santa Ana. El río que está cerca de su comunidad se ha desbordado y ha imposibilitado el paso.

Sin poder recordar las fechas exactas, Marleny solo sabe que su accidente ocurrió en 2016. El coyote la subió a un camión que la llevaría hasta una de las fronteras de Estados Unidos. En el vehículo también viajaban otros siete migrantes que iban apretujados por el poco espacio.

La sobrecarga hizo que el camión volcara y en el accidente, Marleny perdió su pie izquierdo que quedó atrapado en los fierros del vehículo.

«Regresé a El Salvador con 17 años, ya tengo 19, fue muy difícil porque yo era una niña. Pensé que no iba a recuperarme o volver a caminar. Me deprimí mucho. El Estado no me ayudó. Fue por el CICR que pude ser atendida acá. Al venir, no recuerdo siquiera que me hicieran una entrevista, como las que dicen que hacen cuando uno regresa. Mi familia llegó al aeropuerto por mí y fue así como yo regresé a casa. No hubo alguien que me preguntara cómo había llegado o si necesitaba algo», asegura Marleny.

Desde que regresó, la recuperación de Marleny ha costado mucho. En los últimos dos años y medio le han realizado más de tres cirugías, ha sufrido infecciones y aún le cuesta movilizarse al hospital y al centro de rehabilitación. A parte del camino, que es difícil para andar, debe de costear su idas al hospital.

Sin recursos, Marleny ha solicitado la ayuda de la Alcaldía de su municipalidad para poder viajar.

«Mi vida era mejor antes. Me fui porque quería salir adelante, pero no salió como esperaba. Hoy, con la prótesis, he vuelto a tener una esperanza, pero no es igual, muchas cosas no han cambiado. Siempre están las dificultades económicas», dice Marleny y se despide.

Ayuda. Los estudiantes de la UDB ayudan a fabricar las órtesis y prótesis para reducir los costos a los usuarios.

A falta de una política pública que atienda las necesidades inmediatas en salud para los migrantes retornados, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), una organización no gubernamental que trabaja con migrantes retornados, expresa que hay una falta de comprensión de la realidad de las personas que retornan.

«El Salvador es uno de los pocos países de la región que no tiene presupuesto para atender un programa de salud y migración. Es necesario brindar una asistencia post retorno. No se puede dedicar un esfuerzo solo al día de la llegada de los migrantes», destaca Ríos.

En Honduras, los casos de migrantes amputados sobrepasan a los de El Salvador, hasta la fecha, según la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS), se contabilizan aproximadamente las 600 víctimas.

En la nación hondureña, la visibilización del fenómeno de parte de los migrantes retornados ha ayudado a contabilizar los casos de personas con una discapacidad.

En este país, los retornados han formado una organización para personas con discapacidad como la Asociación de Migrantes retornados con discapacidad (AMIREDIS) y han logrado que el Estado estudie la creación de políticas públicas para los migrantes amputados.

Por hoy, Marleny cuenta con una prótesis que fue costeada por el programa del CIRC. Con el tiempo, ella necesitará de una nueva prótesis. Pero la joven asegura que de seguir con las dificultades económicas, no podrá costear el cambio que se requiere cada tres o cuatro años.

Los precios para acceder a una prótesis varían entre los $500 a $1,000. Todo depende de la zona de la amputación.

Prueba. José Marín llegó una mañana de finales de septiembre a probarse sus nuevas piernas a la Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB).

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José Marín ha llegado para probar sus nuevas piernas. Está en a Escuela de Ortesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco (UDB), en Soyapango. Ansioso, espera sentado frente a una barras paralelas donde dará sus primeros pasos.

Primero, los técnicos ajustan las prótesis a sus piernas. Luego, dos estudiantes colocan los tenis azules que él ha llevado para comenzar nuevamente a andar. Al inicio, José expresa que siente molestias. Las zapatillas le han quedado muy apretadas.

En mayo, José Marín corrió tras La Bestia y tropezó. El cansancio de caminar por más de 43 kilómetros para poder abordar el tren en Chahuites, Oaxaca, en México le pasó factura. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

Una de las estudiantes, que nota la emoción de José por volver a caminar, se quita sus zapatos y le sugiere probar con los ella. Él y el personal ríen al ver que se tratan de unas zapatillas rosa. Las coge para practicar.

«Hoy sí. Hoy, luego de cuatro meses, me iré caminando, pensé que esto no iba ser posible», dice sonriente. Y una vez hecho el cambio, José da sus primeros pasos.En un principio, se apoya de la barra con sus dos manos; luego, emocionado logra hacerlo con una sola mano.

Primeros pasos. Con sus nuevas piernas, José Marín, comenzó a andar. Al inicio manifestó molestias, porque unas zapatillas que andaba le quedaban muy apretadas.

«En dos semanas usted podrá caminar sin ayuda», le explica Gilberto Abarca, encargado de la Escuela de Ortesis y Prótesis. Sin muchos ajustes, José está listo para regresar a casa caminando, se despide de la silla de ruedas y saluda a sus nuevas compañeras, dos muletas que le ayudarán a recuperar el paso.

El caso de José, es muy diferente a la de Gilberto y Marleny. Luego del accidente, el Estado respondió. Lo mediático del caso en redes sociales y la difusión del vídeo que registra su accidente, lo ayudó.

Desde su regreso, hace cuatro meses, José ha podido recibir terapias en el Hospital San Rafael, el MINSAL le ha dado seguimiento a su caso y desde Cancillería se ayuda con la movilización.

Al consultar a Cancillería sobre el seguimiento de otros casos de migrantes retornados con una discapacidad, como los de Gilberto y Marleny, la institución no da respuesta. El técnico encargado de verificar la atención a José aseguró que, para dar detalles sobre el trabajo que se realiza, necesitaba contar con una autorización. Sin embargo hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo declaraciones.

José también es parte del programa del CICR que se encarga de otorgar prótesis a migrantes lesionados. Luego de cuatro meses él puede,nuevamente, andar.

Migrante. En mayo pasado, el salvadoreño corrió tras La Bestia y tropezó. El accidente lo dejó sin sus dos piernas.

El Estado, por el momento, solo ayuda con la movilización y logística para su atención. De ser necesaria una prótesis los casos son remitidos al CICR.

Para Gilberto la realidad es otra. Su necesidad fue tan grande que, a través de los medios de comunicación, solicitó donaciones económicas para continuar con su tratamiento y acabar, al menos, con su dolor.

«Yo no duermo. Me angustia esta situación. Mi familia dependía de mí y ahora estamos viviendo de lo nos da la gente. Mi esposa no puede trabajar porque cuida de mí. Ella también debe atender a nuestros hijos de 9 y 7 años. Duele pasar por esto y que nadie lo ayude», relata Gilberto.

Mientras tanto, Gilberto adeuda la hipoteca de su hogar y está en riesgo de perderla. No puede saldar la deuda a través de su seguro, debido a que el banco asegura que el beneficio solo aplica en caso de muerte.

Respuesta. A diferencia de otros casos, a José Marín el Estado sí le respondió cuando regresó a El Salvador.

Angélica no migra, huye

Ilustración de Moris Aldana

Angélica recibió la llamada de un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) que le advirtió que ella y su familia estaban en peligro. Alguien los estaba buscando para asesinarlos. Ella, sus dos hijos y su madre huyeron de su hogar con lo que tenían puesto y nada más.

Aquella tarde, Angélica apenas venía de enterrar a sus dos hijas que fueron asesinadas por los mismos que ahora los estaban amenazando. Aún sin poder asimilar la pérdida, la familia escapó sin tener un lugar a donde ir. Era mediados de 2017.

Dos años después, en una mañana de finales junio, Angélica se prepara para migrar. Junto a ella partirán sus dos hijos y su madre. Son alrededor de las 9:30 de la mañana. Hace unas pocas horas, abandonaron una casa de resguardo para la protección de víctimas y testigos de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).

Ella empaca, en prisas, lo poco que le queda y se despide de sus hermanas y sobrinas que, cree, nunca volverá a ver. Huye de la delincuencia y de un Estado que no la pudo proteger.

Entre marzo de 2018 y abril de 2019, 634 personas se desplazaron de manera forzada a causa de la violencia de acuerdo con las instituciones estatales. Sin embargo, lo que domina este fenómeno es el subregistro. La gente se va en silencio.

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Esta mañana es la primera vez, en un año y medio, que Angélica sale con un poco de libertad. Camina apurada y mira para todos lados desconfiada. Se ha bajado de un vehículo en el que, como mínimo, le ha dado unas cinco vueltas a la cuadra. Los pandilleros, los que mataron a sus hijas y luego amenazaron al resto de su familia, aún la buscan.

Antes de partir, Angélica ha decidido conversar sobre lo que la ha obliga a migrar. Solo tiene una hora para hablar. Dentro de poco, su vuelo despegará.

En una oficina que se ha acomodado como un salón de entrevistas, Angélica cuenta que, a mediados de 2017, perdió a sus hijas.

Angélica aún lo cuenta incrédula, sin poder comprender el porqué. Explica que la tarde en que desaparecieron, ellas salieron de estudiar y se reunieron con una amiga que les regalaría un par de pantalones y camisas. Luego de eso, no supo más.

Fabiola, una niña de ocho años y Marcela, de 20, estuvieron desaparecidas. Pero antes de que Angélica pudiera hacer una denuncia para iniciar la búsqueda, ella se enteró por la noticias que una niña y una joven con las características de sus hijas, habían sido localizadas por la PNC en un predio baldío.

Angélica entró en negación. No quiso creer que la noticia estuviera relacionada con la desaparición de sus hijas. Así que marcó y marcó el número de celular de su hija mayor.

La hermana de Angélica, al ver las noticias, se movilizó al lugar para saber si aquella dos personas eran, en verdad, sus sobrinas. Unas cuantas horas después, regresó con la confirmación de que las de las noticias sí eran Fabiola y Marcela.

«Todavía se me revuelven las tripas de solo recordar. No podía creer que fueran ellas. Esa misma noche, salí para el Instituto de Medicina Legal. Ahí me tocó reconocer a mis hijas», dice Angélica.

Así que, cuando el investigador llamó y los alertó de que los pandilleros «venían por ellos», Angélica no dudó en tomar lo que estuviera al alcance y marcharse junto con hijos y madre.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Cuando la familia huyó, dejaron casa, ropa, mascotas, trabajo; como la mayoría de víctimas de desplazamiento forzado. Sin hogar y con miedo, Angélica acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por ayuda.

Ante la petición, la FGR solo le dio la garantía de custodiar su hogar con agentes de seguridad, mientras ellos iniciaban las investigaciones por el asesinato de sus dos hijas. Ante el riesgo de que la vigilancia les diera más problemas. Angélica se negó a aceptar esta opción. Buscó ayuda de organizaciones sociales y solo interpuso la denuncia por los asesinatos.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar con la mayor discreción posible.

El Informe Preliminar de Registros sobre desplazamiento forzado de la PDDH, de 2017, detalla que «es muy común que la denuncia ocurra solo hasta después de haber agotado los recursos personales, familiares y las redes de relaciones sociales de las víctimas».

Angélica también agotó sus recursos. Junto a sus dos hijos y su madre se mantuvieron nómadas entre cuartos de hotel que costearon organizaciones sociales. Luego, durante siete meses, permanecieron en un albergue temporal hasta que decidieron que era tiempo de que el Estado respondiera por su calidad de desplazados.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Esta mañana, Angélica ha venido a la entrevista acompañada de uno de sus hijos, un joven de 24 años que desea platicar sobre los abusos que recibieron de parte del Estado cuando fueron «protegidos» en el programa de víctimas y testigos de la UTE.

Angélica y Mario recuerdan que, meses atrás, sin medidas cautelares, la UTE solo ofreció proteger a quien realizó la denuncia, ningún otro miembro de la familia podía ingresar al programa. La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT), no incluye a las víctimas en general, solo considera a las personas que son parte de un proceso judicial.

Al conocer las medidas de la CIDH, sin embargo, la UTE tuvo que hacer una excepción.

Cuando la familia ingresó al programa, en noviembre de 2017, Mario tenía 22 años, estaba recién graduado de bachillerato e iniciaba su vida laboral.

Su otro hermano tenía apenas seis años. Estaba a meses de iniciar su preparatoria y su abuela, una mujer de 74 años, se dedicaba a cuidar de sus nietos pequeños mientras Angélica trabajaba.

Mario asegura que antes de aceptar ser protegidos por la UTE, «ellos se la pintaron bonito», le aseguraron que contaban con todo lo necesario para protegerlos, pero no fue así.

En el resguardo, su hermano cumplió los ochos años y nunca recibió un refuerzo escolar. No tuvo la oportunidad de cursar ningún grado académico. A pesar de que la LEPVT, en su artículo 13 literal I, dice que se debe facilitar a víctimas y testigos la permanencia en el sistema educativo.

En cambio, Mario solicitó ser parte de talleres de formación técnica vocacional para contar con otras acreditaciones, pero no fue posible. La UTE no respondió a sus solicitudes. Esto a pesar de que la UTE y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) tienen un acuerdo, desde 2018, para que las personas dentro del régimen de protección a víctimas y testigos sean parte de procesos de capacitación profesional.

«Ahí, en la UTE, no están cumpliendo con protección. A uno, de víctima, solo le dan seguridad», asegura Angélica.

Hace énfasis en lo insalubre de la comida que recibían. «Si no estaba crudo, lo servían descompuesto». En los almuerzos, cuenta, era común el pollo;, pero, en toda su estancia, no recuerda ni una sola vez que la comida se sirviera en buen estado.

Además, en la semana, a la familia se entregaba un garrafón de agua, uno que debían racionar porque debían compartir la mitad con otras personas del hogar.

La atención médica tampoco era la adecuada. La familia debía esperar horas para trasladarse a un centro asistencial u hospital. No importaba la emergencia. En una ocasión, la madre de Angélica tuvo que esperar desde la 1:30 pm hasta 5:00 pm para que la llevaran a un hospital. Ese día, la gravedad fue tal, que la señora quedó ingresada.

La familia también solicitó en varias ocasiones, atención psicológica, pero no la recibieron. La psicóloga que los visitaba unas cuanta veces al mes, respondió a su petición y les dijo que ella solo estaba designada para realizar talleres generales y no para dar terapias o consultas a las víctimas o testigos.

Ante las condiciones, Mario denunció en tres ocasiones, a través de escritos, la situación que vivía el resguardo.

«Me quedé con esas notas que mandamos. Cada denuncia llevaba unas 2 o 3 páginas detallando los abusos», recalca Mario.

Lo que terminó por agravar su situación fue que, dentro del espacio, no solo habían víctimas de desplazamiento forzado. La familia convivió con testigos criteriados que podían, todavía, tener vínculo con la pandilla que los perseguía.

Un testigo criteriado, es una persona que confiesa su participación en un delito y aporta pruebas testimoniales o documentales que ayudan a establecer responsabilidades de otros implicados, a cambio de una reducción de pena o el beneficio de libertad.

«La UTE lo que hace es revolver a la gente. Ahí, un corre peligro. Al principio, estuvimos en una casa sola; pero, luego, fueron llegando más. Metieron a un señor que era un criteriado. Lo supimos porque él mismo contaba las cosas», reitera Mario.

Julio Magaña, Coordinador Nacional de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que trabaja con las víctimas de desplazamiento forzada, asegura que el sistema está creado para proteger testigos y no víctimas. «Esto es un gran vacío en la ley. No pueden estar mezclados víctimas y testigos en un mismo resguardo».

LAS MEDIDAS CAUTELARES

Antes de acudir a la CIDH, la familia también agotó los recursos legales y presentó una demanda de amparo, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde señalaron una serie de omisiones atribuidas a instituciones del Estado para su protección y garantía de justicia.

El amparo fue admitido hasta que la CIDH dictó medidas cautelares, en noviembre de 2017. Tres meses después de que se presentó el recurso.

La CIDH, luego de conocer el caso de Angélica, en octubre de 2017, concluyó que ella y su familia enfrentaban una situación de urgencia y gravedad frente al asesinato de sus dos hijas, las amenazas de la pandilla, la falta de un espacio seguro y medidas efectivas de protección por parte del Estado.

«Los integrantes de la familia se encuentran una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. El grupo familiar habría abandonado su residencia habitual, y buscando protección en diversos albergues para evitar un atentado en contra de sus vidas. Se solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar», detalla el comunicado de la CIDH sobre las medidas.

Sin un decreto legislativo, el Estado respondió a la medidas y acopló la LEPVT y el programa de Protección a Víctimas y Testigos, que está a cargo de la UTE, para proteger a Angélica y su familia.

A pesar de ello, en el informe de seguimiento que presentó el Estado salvadoreño a la CIDH, a solo un mes de aplicar las medidas cautelares, el gobierno solicitó a la Comisión levantar las medidas al asegurar que la «institucionalidad se encontraba operativa y que el Estado se mantenía supervisando a las instituciones responsables para cumplir las disposiciones».

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares aún siguen activas de parte de la CIDH.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

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De historia en historia, aquella mañana, Angélica y Mario llegaron a la misma conclusión: los pandilleros siempre los busca y el Estado siempre les falla.

En ese año y medio, el gobierno nunca les dio una opción para su reubicación, tampoco les propuso otra sola solución, aparte del encierro, y no les dio garantía de justicia por el asesinato de sus familiares.

«Hasta esta fecha, junio de 2019, no hay justicia. Mis hijos no han podido estudiar y yo no he podido trabajar. Queremos retomar nuestras vidas por duro que sea, pero ya no puede ser acá. Aquí no tenemos ninguna garantía», concluyó Angélica.

En El Salvador, por el momento, el único mecanismo de protección al que pueden recurrir las víctimas de desplazamiento forzado es la LEPVT. No hay otro respaldo. El Estado sigue sin crear una política pública, a favor de los desplazados.

Recientemente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha retomado el estudio de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado, luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera la sentencia 411- 2017 y ordenara al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas.

La discusión sobre la ley, sin embargo, es lenta. Los diputados llevan cuatro lunes, desde el mes de agosto, reescribiendo apartados de los primeros cinco artículos. Los parlamentarios aún deben revisar y aprobar 64 artículos.

En una de esas sesiones de la Comisión, los diputados discutían y concluían que para tener una propuesta de ley especial ‘pasaría un tiempo’ y no podían tomárselo a la ligera. Aunque ya ha pasado un año desde que la Sala emitió la sentencia.

Entre los diputados que conforman la Comisión están: Mario Tenorio, de Gana; Alejandrina Castro, Bonner Belloso y Ricardo Velásquez Parker, de Arena; Jorge Uriel Mazariego, del PDC; Eileen Romero y José Antonio Almendáriz, del PCN y Cristina Cornejo, del FMLN.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

«Es preocupante no tener una legislación especial que brinde los lineamientos y garantías para los desplazados internos. La vulneración que sufren las víctimas del fenómeno es más grande ya que no hay restitución de derechos fundamentales», expresa Fernández.

Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la Violencia (MCDF), a 100 días del gobierno de Nayib Bukele, ha solicitado que el Presidente se pronuncie a favor de una ley para las víctimas del fenómeno y que tipifique el delito de desplazamiento forzado, de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

De aquella mañana, ya han pasado dos meses. Angélica partió ese mismo día de El Salvador. Se marchó sin la esperanza de volver y migró porque el Estado no le supo responder.

El camino entre separar basura y organizar un movimiento por el trabajo digno

Cada viernes a las 7:30 de la noche, los recicladores de base de Ciudad Futura, del municipio de Cuscatancingo, se reúnen en la casa comunal para charlar sobre su jornada laboral durante la semana. Unas 30 personas, a veces más, conversan sobre los horarios que cumplen para separar y recolectar material reutilizable que, por lo general, va de 5:00 de la mañana hasta las 6 de la tarde; también estudian el manejo adecuado de los desechos sólidos, como puede reciclarse y qué puede ser tóxico; analizan los precios de compra y venta que se manejan en el mercado; y revisan los perfiles de quiénes pueden ser parte de la junta directiva para conformar el Movimiento Nacional de Recicladores.

En esos viernes, también charlan sobre por qué se hacen llamar recicladores de base y llegan a la conclusión de que el nombre dignifica su oficio, como el de cualquier otra profesión; como doctor, profesor, ingeniero o arquitecto.

Su trabajo consiste en recolectar y separar, entre los contenedores de basura, materiales que pueden reutilizarse: latas, botellas de plástico, cartones, cobre, hierro, aluminio, celulares, computadoras y comercializarse en el mercado industrial.

Desde hace dos años, los trabajadores han tomado la decisión de organizarse para mejorar sus condiciones laborales.

Entre quienes han decidido encabezar la lucha está América Sarmiento. Esta mujer de 50 años, es reconocida como la representante del incipiente Movimiento Nacional de Recicladores. «Una mañana encontré, entre los papeles que compramos, un libro que por título llevaba ‘¿Cómo ser una líder?’. Mire cómo es la vida, ese día me quedé pensando y llegué a la conclusión de que ser una buena líder es no pasarse de lista y pensar en el bien común, porque no me gustan las injusticias».

En un jueves de mediados de agosto, América Sarmiento está sentada como todas las mañanas afuera de su almacén de reciclaje en Ciudad Futura. La mujer está limpiando motores de ventiladores, les saca el cobre; también limpia botellas de plástico y las separa por colores.

«Azul, verde, transparente… de este plástico que se recoge pueden hacerse guacales, sillas, vasos, cántaros. Todo se puede reutilizar», dice América.

En Ciudad Futura, según América, hay más de 30 recicladores de base que se enfrentan a las mismas condiciones que Eduardo. No cuentan con un seguro médico, ni cotizan una pensión económica para su jubilación y mucho menos cuentan con un equipo para el manejo de residuos.

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Para América es una jornada atareada y ya son pasadas las diez de la mañana. Su almacén es un espacio donde se compra el material reciclable para luego comercializarlo con proveedores industriales.

Un señor ha llegado con unos cuantos marcos de ventana que América compra como aluminio. «Estos marcos deben limpiarse… hay que quitar todo lo que no sea del mismo material. El aluminio no puede mezclarse con el hierro porque sería tóxico para el humano. De acá pueden sacarse moldes para ollas, cacerolas», le dice,

Al rato, otro cliente, «el moreno», un reciclador de base que llega a vender dos televisores para «juntar lo del almuerzo». Dentro de la bodega de reciclaje, mientras espera por la paga, Eduardo Yanes aprovecha para platicar sobre su jornada y las pocas condiciones con las que cuenta para realizar su trabajo en los contenedores de basura de Ciudad Futura.

Eduardo hace un recuento de cuántas veces ha sufrido un accidente por no tener unos guantes y encontrar entre los desechos pedazos de vidrio o agujas de jeringas, levanta las manos y señala sus heridas, una cortada de más de 5 centímetros en su palma derecha y otras más en su brazo derecho.

A su circunstancia, le suma que carece de un espacio para guardar o separar el material, así que no le queda más que hacerlo en la calle o su hogar. Y cuando logra reunir una buena cantidad de material, su ganancia baja porque debe arreglárselas para conseguir un camión para transportar el producto.

Condiciones. La falta de un espacio digno para trabajar obliga, muchas veces, a los recicladores a almacenar material en sus hogares.

«El reciclador vive de la basura», asegura Yanes, y es que para los recicladores este oficio es una luz y un medio de subsistencia en un país con pocas oportunidades laborales. Así que, luego de 17 años de trabajar como pepenador, no le queda duda de que su labor debe ser reconocida como un empleo más.

De los televisores, Eduardo logró juntar dos dólares y centavos que ya le alcanzan para almorzar y proveer a su esposa e hijo de un plato de comida. Se despide. Y en su bicicleta regresa a los contenedores para terminar con su jornada laboral.

Luego de escuchar a su compañero, América repite una y otra vez, que es necesario que a los recicladores se les reconozca a través de políticas públicas. «El reciclaje es un empleo, es nuestra vida y fuente de ingreso. También tenemos que luchar para que los hijos de los recicladores cuenten con mejores condiciones».

En Ciudad Futura, según América, hay más de 30 recicladores de base que se enfrentan a las mismas condiciones que Eduardo. No cuentan con un seguro médico, ni cotizan una pensión económica para su jubilación y mucho menos cuentan con un equipo para el manejo de residuos.

América insiste en que es necesario cerrar el almacén y dar una vuelta por la comunidad para conocer a otros recicladores.

Entre los pasajes de Ciudad Futura 1 y 2, Victor Melgar y Aracely Orellana han hecho de su hogar una bodega de reciclaje, aunque no era su propósito. La falta de un espacio digno para trabajar, los ha obligado a acaparar material. Y es que para los pepenadores vender unas cuantas libras de plástico o material ferroso no da para sobrevivir. Así que necesitan hacerse de una gran cantidad para rondar, al menos, el salario mínimo.

Cuando Victor y Aracely ven llegar a América a su hogar, no pueden evitar preguntar sobre cómo va el tema de la planta de separación de residuos que está a unos cuantos kilómetros de Cuscatancingo.

América les asegura que una vez legalizado el Movimiento Nacional de Recicladores, lucharán porque la planta vuelva a funcionar.

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UNA PLANTA OCIOSA

A unos 20 minutos de Ciudad Futura, dentro de Cuscatancingo, hay un planta de separación de residuos que ayudaría a los recicladores a aligerar su trabajo, pero ha dejado de funcionar.

El espacio de 900 metros cuadrados está equipado con maquinaria para clasificar el material reciclable, entre ellas, tres bandas separadoras de plástico, un molino para picar este mismo material, una presa hidráulica para compactar el cartón y el papel, básculas y un camión para transportar 4.2 toneladas. Todo lo que les falta a Eduardo, a Víctor, a Aracely y a la propia América.

De funcionar, la planta ayudaría a los recicladores a reducir costos para la movilización, venta y almacenamiento de material; disminuiría su jornada laboral de más de ocho horas diarias; y sería una fuente de empleo entre los mismos pepenadores.

La planta se creó en 2013 con el proyecto «Buenas prácticas de emprendedurismo social y Ecogestión» (RESSOC). Una iniciativa del Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS), que según la OPAMSS, se estableció para fortalecer el trabajo de los recicladores en el tratamiento y venta de residuos en los municipios de Cuscatancingo, Apopa, Ayutuxtepeque, Mejicanos y el departamento de San Salvador.

Sin embargo, sobre el cierre el COAMSS/OPAMSS da poco detalle. De acuerdo con Jorge Henríquez, subdirector de Desarrollo Social y Económico de la OPAMSS, la suspensión de operaciones se debe a razones técnicas y no políticas.

«Hemos tenido que pensar en cómo mejorar los procesos de producción y ver en qué estado se encuentra la maquinaria, eso nos ha llevado tiempo. Esta es la razón porque la planta ha dejado de funcionar por un año y medio. Además estamos buscando fondos luego de que concluimos dos proyectos con la Cooperación Española», asegura Henríquez.

La planta de separación de residuos es una empresa de Economía Mixta del Área

Metropolitana de San Salvador (ECOESAMMS) que según Henríquez, está bajo el control de una parte pública, que es representada por el COAMSS y las Alcaldías de Cuscatancingo y Apopa; y una parte privada que está bajo la tutela de las cooperativas de recicladores de Cuscatancingo, Apopa, Mejicanos, Ayutuxtepeque y San Salvador. «Esta junta directiva es la que toma todas las decisiones», asegura.

Sin embargo, hasta el momento, los recicladores de Ciudad Futura desconocen a qué se debe el cierre. Como representante de los pepenadores, América manifiesta que desde la Alcaldía de Cuscatancingo también hay resistencia para abrir la planta.

Al solicitar información a la Alcaldía de Cuscatancingo sobre el paro de operaciones

de la planta, la alcaldesa Heicy Flores dijo a través de su asistente de comunicaciones que «ella no tiene mucha injerencia en el tema y que se consulte directamente con la empresa que está a cargo de la planta: ECOESAMMS».

Desde el Movimiento Nacional de Recicladores, América y sus compañeros han insistido en que la planta vuelva a funcionar. Pero lo que hace difícil esta petición, es que el movimiento aún está conformándose y no cuentan con una legitimación.

Sin planta, América cree necesario seguir organizando a los recicladores a nivel nacional para legalizar el movimiento de los pepenadores.

Plástico. América Sarmiento compra botellas de plástico que, luego, pueden ser reutilizadas para fabricar guacales o sillas.

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De vuelta en el almacén, otra clienta espera por América. Es una señora de la comunidad que pregunta de cuánto es la paga por unos trozos de acero inoxidable. De libra en libra, la mujer consigue unos cuatro dólares. Mientras pesa el material, América aprovecha la oportunidad para hablar sobre el reciclaje inclusivo.

«Mire de esto se trata el modelo de reciclaje inclusivo, de integrar, hacer parte a los recicladores de las actividades comerciales con la compra y venta de materiales reciclables. A esto le apostará el Movimiento Nacional Recicladores. Muy pronto trabajaremos de la mano con la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo», detalla Sarmiento.

Jadira Vivanco, coordinadora de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), asegura que la organización está trabajando, desde el 2011, en el reconocimiento de la labor de los recicladores en los sistemas urbanos de reciclaje, ya que han identificado que en el continente son más de dos millones de personas las que se dedican a esta labor y viven de la actividad.

«Desde la IRR es importante que los diferentes gobiernos reconozcan la labor de los recicladores de base, pues son estos trabajadores los que alimentan las cadenas de intermediación de la comercialización de los materiales, es decir, entre las empresas y sus proveedores», ilustra la coordinadora regional.

Según Vivanco, replicar el modelo en El Salvador implicaría, en términos económicos y ambientales, reducir costos operativos para la creación de rellenos

Almacén de reciclaje. En Ciudad Futura, Cuscatancingo, los recicladores cuentan con un espacio donde compran y venden material reciclable.

sanitarios, ya que, entre más se recicle, habrá menos necesidad de pensar en la creación de este servicio. Además, disminuiría los costos sociales que implica un botadero entre las comunidades y reduciría los pasivos ambientales, como la contaminación de la tierra.

Como modelo de negocio, el reciclaje inclusivo trabajaría para que las empresas produzcan menos desechos y generen mayor aprovechamiento sobre los residuos.

En cambio, Silvia Quiroa, directora Ejecutiva del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), considera que, en el país, es necesario un programa de cero basura para reducir a gran escala la generación de desechos.

«Cuando hablamos de reciclaje, lo que estamos diciendo es ‘generemos más desechos porque ahí están las alternativas para reciclar ese tipo de material’, pero, en realidad, esto también está generando un impacto importante ambiental. Esto hay que decirlo, porque si nosotros creemos que con el reciclaje resolvemos el tema del mal manejo de los desechos sólidos», concluye Quiroa.

Colombia, uno de los países que se ha sumado a la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, ha logrado que los recicladores de base sean reconocidos y remunerados por su trabajo. En 2016, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó el decreto 596 que formaliza el oficio.

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El día cae y América se prepara para regresar a casa, una que hace solo cuatro meses, gracias a su trabajo como recicladora, ha podido comprar. Antes de partir, hace hincapié en que, desde los distintos sectores de la sociedad, se debe valorar el trabajo de sus compañeros y que no debe ser menospreciado.

«El siguiente paso es realizar un censo nacional para saber cuántas personas se dedican al reciclaje. Necesitamos unificar esfuerzos entre los recicladores que no están organizados para poder conformar la junta directiva del Movimiento Nacional de Recicladores. Buscaremos la legalización para poder canalizar nuestras demandas y exigir que se nos reconozca dentro del sector laboral», dice América.

El oficio también le ha ayudado a sacar adelante a sus tres hijos y pagar sus estudios de bachillerato en mecánica automotriz y desarrollo de software. América asegura que, de no ser recicladora, sería cocinera, pero de haber sido así, cree que no hubiese tenido la oportunidad de trabajar y dar a sus a sus hijos más oportunidades que las que ella tuvo.

Materiales. En el almacén de reciclaje se compran cartones, botellas de plástico, cobre, hierro. La paga varía según los precios del mercado nacional.

Una revolución que se desmorona

Daño. La estructura que sostiene al “Chulón” presenta fisuras. De su base también se desprende material.

Un hombre se está desfigurando. Ya ha perdido su mano izquierda, su pie derecho. De a poco, se va quedando sin sus dedos, sin sus brazos, sin sus piernas, sin su rostro. Cada parte de su cuerpo va cayendo a pedazos, de piedra en piedra. Y a la vista pública, al final de una avenida en San Salvador, sin que nadie le preste atención, «el Chulón» –gigante del tamaño de un edificio de cinco pisos, monumento a La Revolución de 1948 y edificado en 1955– se cae.

Ni siquiera estar dentro de las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador (MARTE) le ha servido de garantía. En los alrededores del monumento se apila la basura, las colillas de cigarros, las latas, la arena que llega de las construcciones aledañas. Y, de bajo de su estructura, donde también se construyó un templo, ahora se ha vuelto un sótano que funciona como una bodega improvisada.

«El Chulón» también está al lado del Teatro Presidente, un espacio artístico donde las personas llegan por un concierto, recital u obra. Ahí, este hombre que alza la mano en son de libertad se va quedando sin forma.

Las piedras –que forman el todo– de este hombre son retratos que develan la transición política entre 1944 y 1950. Una ola de golpes de Estado que dejó fuera a la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y a los gobiernos de Andrés Ignacio Menéndez, Osmín Aguirre y Salinas, y Salvador Castaneda Castro.

De una revolución que se edificó con las primeras elecciones democráticas en 1950 y la llegada del coronel Óscar Osorio a la presidencia. Un presidente que dio pie a reformas constitucionales que le otorgaron a la mujer su calidad como ciudadana e incluyeron derechos sociales, culturales, de familia y salud pública. Y de un monumento que representa los cimientos de las primeras expresiones del arte salvadoreño.

A sus 64 años, el monumento a La Revolución, no es solo una obra a gran escala, también es historia. Una que los salvadoreños no la nombran como «revolución», sino más bien «el Chulón». Este mismo reconocimiento y valor histórico es lo que lo hace parte del patrimonio cultural de El Salvador sin necesidad de una declaratoria.

Aunque la misma Ley Especial para la Protección del Patrimonio Cultural en su artículo 3 dice que los bienes relacionados con la historia son considerados patrimonio cultural del país.

Daño. La estructura que sostiene al “Chulón” presenta fisuras. De su base también se desprende material.

A pesar de ello, lo que un día fue diseñado por los arquitectos Óscar Reyes y Kurt Shulzs como un espacio público; hoy, está atrapado entre cercos improvisados y lleno de rótulos que advierten que se «prohíbe el paso». Y es que la obra representa un peligro de que sobre algún desafortunado caiga una roca y le reviente la cabeza.

Sin embargo, intentos por restaurar y conservar «el Chulón» han existido. El arquitecto Rafael Alas, encargado de las exhibiciones del MARTE, dice que, en 2009, el museo realizó un diagnóstico con ingenieros, arquitectos y especialistas en restauración para evaluar los daños en el monumento luego de 54 años sin mantenimiento y el peso de dos terremotos en 2001.

Según el documento, el monumento tenía que ser reparado en cada uno de sus bordes debido a las grietas, necesitaba un reforzamiento en su estructura y la restauración del mosaico. Todo de manera urgente.

Pero en 2009, tras gestiones con el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), hoy Ministerio de Cultura, lo único que se pudo pagar fue un reforzamiento de emergencia: dos columnas. Una al lado derecho y otra al izquierdo en la parte posterior del monumento. «No hubo fondo para más», cuenta Alas.

Aunque la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural, en los artículos 5 y 30, dice que el Ministerio de Cultura debe de preservar los bienes culturales por daño o peligro inminente, las autoridades no están cumpliendo, y tampoco dan respuesta sobre cómo se reparará.

La directora nacional del Patrimonio Cultural, María Isaura Arauz, no responde a las interrogantes, y desde la Dirección de Comunicaciones dice que es muy pronto para solventar las dudas y que aún sigue adecuándose a su cargo.

Desde su experiencia en el rescate de la memoria histórica y con 23 años de estar al frente del Museo de la Palabra e Imagen (MUPI), Carlos Henríquez Consalvi cree necesario que en las comunidades y la ciudadanía se impulsen espacios para la creación de políticas públicas a favor de la conservación del patrimonio histórico.

«Entendiendo la importancia que el patrimonio cultural tiene para la conformación de nuestras identidades, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la comprensión de nuestra historia. Por esta razón también llamamos la atención sobre la urgencia de impulsar medidas de restauración y conservación para el mural realizado por el artista Julio Reyes, en el monumento a La Memoria y la Verdad, en el parque Cuscatlán», dice Consalvi.

En este mismo estado se encuentran tres piezas escultóricas elaboradas en 1950 y una plaza conmemorativa a Los Próceres, hecha en 1957 por el artista salvadoreño Valentín Estrada dentro del parque Balboa en Los Planes de Renderos. Musgo, grietas y hongos se hospedan en cada una de ellas.

Monumento a La Revolución
La obra solo ha sido restaurada una vez. Esto fue en 2009 cuando se realizó un reforzamiento de emergencia en la estructura.

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Entre los municipios de San Salvador, Panchimalco y San Marcos a 12 kilómetros de la capital se ubica Los Planes de Renderos, y en el corazón de este, un parque que es considerado unas de las reservas ecológicas más grandes del país, con 40 manzanas de vegetación propias de un bosque tropical: el Balboa.

Construido en 1949, el parque Balboa, el primer espacio hecho para la recreación; conserva piezas escultóricas que solo le llevan un año desde su fundación, 69 para ser exactos. Obras de las que no hay certeza sobre su proceso de conservación y restauración.

Un hombre con el poder de purificar, proveer y preservar la cosecha, Shiutetl –el nombre náhuat para el dios del fuego– está agrietado, su cara se ha partido. Cuando tiene suerte alguien de mantenimiento le limpia un panal de avispas que se niega a dejar de coexistir entre sus brazos.

Sótano. El templo que fue construido bajo el Monumento a La Revolución se ha convertido en una bodega improvisada.

En cambio, la Diosa de la Lluvia ha sido reparada para que una de sus fisuras no crezca, pero no precisamente por manos de un especialista, sino por el mismo personal de mantenimiento del parque. Una mezcla de cemento y una pequeña repellada ha sido la solución.

Entre musgo y pequeñas plantas que quieren crecer entre sus hendiduras está el Dios del Hechizo. Quizá con menos daño o a, simple vista, que solo tiene una fisura en toda la pieza.

Dios del Fuego. La escultura de Valentín Estrada está agrietada de todo el rostro. No hay registros sobre cuando fue la última vez que se restauró.

Cada obra tallada por la manos del escultor Valentín Estrada trata de sobrevivir entre la adversidad del tiempo, entre la historia que poco ha sabido valorar sobre obras que representan el rescate a la identidad y las creencias de una cultura hispanoamericana previa a la conquista española.

Sobre restaurar y regresar una obra lo más parecido a su estética, Jorge Orellana, director del Departamento de Conservación de Bienes Culturales Muebles de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura, conoce muy bien el campo. Considera que para saber sobre el daño que existe en las esculturas es necesario hacer una investigación técnica con especialistas; algo que hasta el momento no se ha hecho, según Orellana.

«Sé que sonará contradictorio, pero muchas veces el musgo ayuda a que este tipo de escultura hecha de piedra reconstruida no se deteriore ante las inclemencias del tiempo. Sin embargo, el problema es que las microraíces del musgo van penetrando la piedra y estas escarban y pueden levantar los cimientos con el paso de los años», dice Orellana.

Diosa de la Lluvia. La obra ha sido reparada por personal de mantenimiento del Parque Balboa. Un repellada de cemento ha sido la solución para que la fisura no crezca.

Otra de las creaciones de Estrada que se deteriora y se oculta entre el bosque del Balboa es la plaza a Los Próceres. Los bustos de Manuel José Arce, José Matías Delgado, Nicolás Aguilar, Manuel Aguilar y Vicente Aguilar ahora son caras desfiguradas con pintura deteriorada. La fuente en forma de alberca que está al centro del monumento ahora es un espacio para expresiones de grafiti.

Estas piezas son parte del patrimonio cultural como bienes artísticos de arte estatuario y escultura, por hoy, no son un referente; pasan ante la vista indiferente de personas que llegan al Balboa y del Estado que no da pie a conservar la historia y proyectarla a sus ciudadanos.

La Ley Especial para la Protección del Patrimonio Cultural, como otras tantas leyes salvadoreñas, se queda simplemente entre la tinta y el papel. Aunque se dice que el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, en El Salvador, muchos de estos lugares con gran valor histórico son abatidos por el tiempo, se caen a pedazos y sucumben en el olvido.

Un equipo salvadoreño de Antropología Forense de papel

Ilustración de Moris Aldana

Yaneth sintió que su propia casa se convirtió en una morgue; y su habitación, en una cámara de almacenamiento de restos. Su computadora estaba llena de imágenes de cuerpos sin tejidos, osamentas, partes de vértebras, fémures, dientes, cráneos, cadáveres con rasgos faciales irreconocibles y textos que advertían que, luego de 10 días, las personas muertas comienzan a oler a carne podrida. Bastó una mañana y una búsqueda en internet para que ella se sintiera una especialista en el proceso de descomposición de un cuerpo.

Esa búsqueda la llenó de insumos, la sacó de dudas. Sobre todo, porque, de encontrar a Kevin, luego de 57 días perdido, esta sería la escena a la que se enfrentaría. Pensaba que su camisa naranja, el pantalón y las zapatillas negras que usaba el 3 de junio, cuando desapareció, ya no le servirían para identificarlo. Así que llegó a la conclusión de que solo una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) le ayudaría.

Yaneth lo busca entre los muertos; entre las alertas de redes sociales que reportan cuerpos tirados en la carretera, en predios; entre las morgues de hospitales; entre las bodegas del Instituto de Medicina Legal (IML), y en terrenos baldíos que, aparte de vegetación, hospedan restos y funcionan como cementerios clandestinos.

A la petición de pruebas de Yaneth, el Estado, de momento, no puede darle una respuesta. Primero, porque el IML solo recoge muestras genéticas por la solicitud de un juez o un fiscal para la investigación de un caso específico; y, segundo, porque el país no cuenta con un banco nacional de perfiles genéticos. O bueno, sí, sí lo tiene.

El 29 de abril, la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior realizó una reforma en la Ley Especial para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y su familia que, entre sus cambios, propone la institucionalización de un banco de perfiles genéticos para la identificación de los desaparecidos a cargo del IML. Esto en su artículo 30, inciso A. El banco que necesita Yaneth para aumentar la posibilidad de encontrar a su sobrino existe, pero solo en papel.

Este banco de perfiles genéticos, de funcionar en este momento, serviría como un espacio para obtener, almacenar y analizar pruebas de ADN (sangre o saliva) de un familiar que busca y de los cuerpos u osamentas que se encuentran. Cada muestra podría ser conservada en un registro digital que, en el caso de encontrar coincidencias de parentesco, alertaría sobre la identificación de un desaparecido.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que, solo en julio, ha recibido más de 190 denuncias de personas desaparecidas. Pero este número no es un reflejo confiable del problema. Muchas personas no denuncian por temor a represalias. En este país, el banco de datos podría ofrecer la posibilidad de contar con un registro único para sistematizar los casos sin, necesariamente, enfrentar un proceso de denuncia. Podría acelerar el amargo consuelo para los familiares de desaparecidos: hallar los restos.

Los lunes

«Vivo o muerto», «vivo o muerto» se repite Yaneth cada que amenace y busca a su sobrino. En una tarde de julio, cuenta que en los últimos días se ha dedicado como una criminalista a escarbar, a mirar a personas que ya no parecen personas dentro de las morgues, y a ponerle, momentáneamente, el nombre de Kevin a cada ‘no identificado’.

Su madre también lo hace. Cada lunes, desde que Kevin no está, Elena llega a la sede del Instituto de Medicina Legal que está en el Centro de Gobierno de San Salvador. Cerca de las 8:30 de la mañana, sin falta, ella hace la misma pregunta: «¿Ha aparecido alguien con características de Kevin?» La respuesta sigue siendo la misma: «No».

En esos lunes, Yaneth narra que su madre recibe más regaños que información. La última vez, alguien en la Oficina de Personas Desaparecidas del IML le pidió «no llegar tanto», y, hasta después, le notificaron «que no había aparecido ningún joven como Kevin».

Entre aquellos lunes, mientras Estela estaba en la sede de Medicina Legal, los diputados, a unos cuantos metros, manoseaban leyes en el Palacio Legislativo. Entre las que tocaron por ese tiempo estuvo la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia.

Ese 29 de abril de 2019, la ley se modificó en los artículos: 1, 2, 4, 10, 12, 27 y 30. Los diputados que firmaron los ajusten fueron: Karina Sosa, Marcela Villatoro, Numan Salgado, Reynaldo López Cardoza, José Luis Urías, Juan Manuel Cornejo, José Édgar Batarse y Alberto Romero.

José Luis Urías, del PCN, votó por la reforma, pero no la recuerda. Este día de julio está sentado en su silla, detrás de una ventanilla. Al ser cuestionado sobre el respaldo que dio a las modificaciones hace apenas un par de meses, el diputado envía a su representante de comunicaciones a buscar detalles para responder a la entrevista.

Minutos después, Urías declara por medio de su vocera que «no conoce la reforma y que, quien manejaba esa información era Reynaldo López Cardoza», su compañero de fracción dentro de la comisión.

Esta ley en realidad fue creada el 17 de marzo de 2011. Los diputados de ese entonces se pusieron de acuerdo para aprobar un instrumento que permitiera crear respuestas a las crecientes demandas de las familias de los migrantes. Y así nació con 44 artículos. El espíritu de la ley consistió en establecer programas de asistencia y protección humanitaria, un fondo especial de repatriaciones y el retorno de heridos, asistencia legal, educación y servicios en salud para la persona migrante y su familia. Con las reformas de este año se buscó que este instrumento incluyera también elementos que ampliaran su terreno de acción. Así, el banco genético no se limita a migrantes desaparecidos, sino que incluye a toda persona desaparecida.

Casi al final del documento de seis páginas en donde se hacen constar las reformas hechas en abril, están detallados los nombres de los 12 diputados que, en teoría, discutieron estas modificaciones. Entre ellos está el de Leonardo Bonilla, el diputado independiente.

Junto a su nombre, no hay firma. Y a dos meses y un poco más de aquello, tampoco recuerda qué pasó. «Desconozco la reforma», responde, y pide «un momento para hacer memoria». Sin poder lograrlo, sugiere que es mejor que se le dé el detalle a través de un mensaje de WhatsApp.

«Si es que fue en abril, como usted lo dice, ya han pasado tres meses. Escríbame y déjeme recordar». El diputado no apoyó la reforma del 29 de abril; pero, en julio, no sabe decir por qué.

Es 15 de julio, lunes. Karina Sosa diputada del FMLN, se dirige a los medios en el lobby de la Asamblea Legislativa. Se pronuncia ante la crisis de salvadoreños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, y exige que el gobierno entrante emita una postura ante las violaciones de los derechos humanos de la administración del presidente Donald Trump. La euforia en su discurso le dura 5 minutos. Luego, corre directo al elevador que la lleva a la reunión de la comisión de relaciones exteriores.

En el ascensor, Sosa explica que la reforma a la ley especial migrante se da en un contexto en donde los derechos humanos de la niñez son violados. «La reforma lo que buscó, concretamente, era incluir a la niñez migrante dentro de su contenido, y así brindarle la protección hacia su camino a Estados Unidos».

Antes de bajar, dice de manera apresurada que el banco de datos de perfiles genéticos «era clave para que las familias pudieran identificar con mayor precisión a quiénes… cuando anuncian que han encontrado a su familiar o estar seguro de que es la persona que decían», y sin aclarar su mensaje, la diputada se marcha.

Cuarenta minutos más tarde, con tres comunicadores que graban su llegada a la comisión, Milena Mayorga, de ARENA, se detiene y se justifica. Cuenta que, el día en que se reformó la ley especial, ella se encontraba fuera del país. Pero asegura que «estaba a favor» de las modificaciones en favor de la niñez. Dice que, en otra entrevista, previamente programada, daría declaraciones sobre el banco de perfiles genéticos.

Las diputadas hacen alusión a una de las principales reformas, específicamente, a la del artículo 2 literal E: «El Estado prestará primordial atención a las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo físico, psicológico, moral y social para la garantía de sus derechos».

Es julio, los noticieros, los periódicos y las redes sociales se llenan de noticias sobre familiares que buscan información acerca del anuncio de que la FGR propone crear una la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas y sobre los hallazgos de dos cementerios clandestinos.

A pesar de toda esta información, los diputados de la comisión de relaciones exteriores parecen alejados de toda coyuntura. Reiteran que no recuerdan nada de una pieza clave en la investigación, como un registro nacional genético.

“Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí”, cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

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UNA CAJA VACÍA

Sin hallazgos, sumergida en angustia y perseguida por imágenes de cuerpos en descomposición, Yaneth busca paz. Así que prepara un funeral sin los restos de Kevin.

La familia se viste de blanco, acompaña el trayecto del carro fúnebre, y realiza una ceremonia. La familia lo llora y lo entierra en una caja vacía, a la que le acompañan un par de rosas, una fotografía y una placa: Kevin Antonio Meléndez Granados (1999-2019).

«Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí», cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

Para montar el banco, el IML necesita un software adecuado para el registro de las muestras, los protocolos de atención, un equipo salvadoreño de antropólogos forenses, de más genetistas, de la especialización de peritos y de la implementación de carreras universitarias enfocadas al estudio forense.

A pesar de la falta de recursos, Doris Luz Galindo, presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del consejo directivo del Instituto de Medicina Legal, asegura que el IML puede asumir la responsabilidad de un registro genético. Y acepta que el presupuesto aún es un factor que deben resolver.

«El IML junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores inyectarán una parte de los fondos, y lo demás se gestionará con la cooperación internacional. Aún no se sabe cuánto y cómo, pero en los próximos días se tendrán que sostener pláticas con el nuevo gobierno para saber cómo se le dará continuidad a este proyecto», explica Galindo.

Sobre qué terreno pisar en la búsqueda de un familiar, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), sabe. Lo ha prendido con el paso de los años, 18 para ser exactos, desde que su hermano migró y ya no apareció.

El tiempo a Luis lo ha convertido en vocero de familiares migrantes que reclaman más protagonismo de parte del Estado para responder a las denuncias. Quién más que una persona que ha buscado por más de una década, para conocer sobre los atropellos que cometen las instituciones al tratar con las víctimas.

Ilustración de Moris Aldana

López cree necesario que dentro del banco nacional de perfiles genéticos se incluya a los familiares de las víctimas.

«El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello», concluye Luis.

Si se habla de desenterrar, decir qué pasó y hacer que los huesos recuperen su identidad, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es un referente. Desde 1984, los antropólogos se han encargado de buscar a los desaparecidos de la dictadura argentina; y de darle nombre a los restos exhumados de la masacre de El Mozote.

Así que, cuando el EAAF fundó en 2010 el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador pensó en los detalles de los que habló Luis. Incluyó a COFAMIDE e integró a instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

También pensó en protocolos de atención, en la toma de la prueba, en la notificación adecuada, en el acompañamiento de los casos, en la atención psicológica, en brindar un informe técnico detallado sobre la prueba científica y lo qué pasó con la víctima.

La experiencia de trabajar con el EAAF, según Beatriz Campos (procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH), les dio insumos para recomendar a los diputados que era necesario un equipo de transición con expertos forenses.

«Vemos positivo que el Estado asuma su rol en la búsqueda de desaparecidos. Pero tenemos temor de que el IML no tenga los estándares necesarios para asumir el registro nacional de perfiles genéticos», dice Campos.

Y hace hincapié en el uso de la terminología, entre llamarlo un banco ‘genético’ y no ‘forense’. En la primera definición, Campos señala que la visión es muy reducida porque solo se enfoca en la toma de las muestras. Mientras que, la segunda, se basa en la atención integral para los familiares de las víctimas.

«Sin la debida transición, es muy aventurado que el IML asuma el banco. La atención a las víctimas y los familiares es lo primordial. Debido a esto, la PDDH ha solicitado una reunión con la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa. Pero hasta el momento no nos han respondido», explica Campos.

La transición de Yaneth y su familia ante la desaparición de Kevin, a los 20 años, es un proceso arbitrario. Han hecho un funeral, pero el luto no está completo. «Vivo o muerto, como sea, pero lo quiero encontrar», repite.

“El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello”, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE).

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UN DIPLOMA

En esta mañana de un miércoles de julio, Yaneth se encuentra en un hotel de San Salvador. Un total de 160 jóvenes están graduándose como asesores de venta, diseñadores gráficos y cocineros. Entre el listado de los graduados aparece Kevin, pero él no está.

En esta ceremonia solo está su tía. Ella recibirá el título en ausencia de Kevin. En medio de risas, fotografías, jóvenes eufóricos, padres y madres orgullosos de ver a sus hijos graduarse está Yaneth, en la primera fila, junto a una silla vacía.

En las palabras de bienvenida se recuerda a Kevin. Llaman a un minuto de aplausos en honor del joven, luego le piden a Yaneth que suba al escenario. «Reciba el título de Kevin como técnico en asesor de ventas», le dice el maestro de ceremonia.

Al bajar, Yaneth se acomoda nuevamente en su silla, observa el diploma y le toma una fotografía, la comparte con su familia y chequea sus redes sociales. Entre las publicaciones que revisa se encuentra con un tuit del fiscal general, Raúl Melara, que dice «cada persona cuenta».

«Me pregunto si, en verdad, este fiscal creará una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas. Nosotros estuvimos pendientes de la información que dio la fiscalía sobre la fosa clandestina que se encontró en Ilopango, en Vista al Lago. Queríamos saber a quiénes habían encontrado, luego supimos que las osamentas eran de unos soldados desaparecidos por 2011. Ahí fue cuando descartamos que Kevin pudiese estar ahí», aclara Yaneth.

El 8 de julio, la FGR convocó a los medios en Vista al Lago, Ilopango, por el hallazgo de una fosa clandestina, donde se encontró 11 cuerpos. En ese cementerio clandestino, Melara se dirigió a la prensa y dijo que la institución crearía una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas, tras registrar, al menos, siete casos por día. «Hay que ponerle cara a todas las personas que han sido desaparecidas y dar respuesta a las familias de las víctimas», decía el fiscal en la conferencia de prensa.

Antes de partir a casa, Yaneth recibe un mensaje. Un conocido le escribe para comentarle que, ayer por la mañana, la PNC encontró un cementerio clandestino, otro, en la colonia Santísima Trinidad, en el municipio de Ayutuxtepeque. Ella responde: «Inmediatamente me comunico con mi madre para que se dé una vuelta en Medicina Legal».

Hasta el momento, a pesar de que la reforma fue aprobada por el pleno legislativo, el 2 de mayo de 2019, y que el decreto entró en vigencia ocho días después, el banco de perfiles genéticos aún sigue siendo solo un proyecto.

«Si no está ahí, vamos a seguir buscándolo. Es lo que nos queda», repite Yaneth, mientras se despide con una sonrisa a medias de la ceremonia de graduación de la que Kevin no pudo sentirse orgulloso.