La esperanza puesta en un tanque de oxígeno

Fotografía de La Prensa Gráfica – Archivo

En San Salvador, en la 25 avenida norte, la gente, adentro de sus carros, forma largas filas para esperar por uno, dos o más tanques de oxígeno medicinal. Serán unos 30 o 50 autos, la cantidad varía entre las primeras horas de la mañana y el mediodía, a las afueras de una empresa de equipos e insumos médicos. Ahí, como primero en la fila, está Reynaldo, un hombre calvo con una barba de candado, una calzoneta comando y una camisa negra que hace alusión a una banda de thrash metal.

Para ser el primero, Reynaldo, ha tenido que madrugar. Espera desde la cinco de la mañana para poder ser atendido a las 8:00 am. Aguarda en su carro y lo acompaña, en el asiento del pasajero, un tanque vacío de 370 pc, el cilindro de mayor cantidad, para cargar oxígeno medicinal. Su madre, una mujer de 66 años, tiene problemas para respirar. Su saturación de oxígeno, según Reynaldo, alcanza el 82% cuando esta debe rondar, al menos, entre el 95% y 100%. Ella siente, dice, algo así como un fuerte y constante «apretujón» en su pecho. Y eso la mantiene cansada y sin habla.

«Lo primero que le dio fue la fiebre de 38 grados, la tos; luego, vino el cansancio que fue de a poco. Aunque llegó un momento en que se quedó sin aire y me la tuve que traer de emergencia», cuenta Reynaldo.

La emergencia -la madrugada del 25 de Junio- obligó a Reynaldo a viajar con su madre hasta el Hospital Nacional Zacamil, en el municipio de Mejicanos, pero no fue atendida. Eran dos o tres médicos para un océano de pacientes que no alcanzaban a llegar hasta la sala de emergencia y esperaban en el parqueo del lugar. El espacio había colapsado ante el incremento de los casos por coronavirus que, según las cifras oficiales, ya alcanzan los 8,566. Y, la semana pasada, superó los 13 mil.

En una entrevista radial, Francisco Alabí, ministro de salud, aseguró que el sistema y la red de atención para el tratamiento del covid-19 «está al 100%». Esto a pesar de mantener por tres meses una declaratoria de emergencia que desembocó en una cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo y restricciones de movilidad que limitaban la circulación de los ciudadanos a fechas específicas, de acuerdo al número de identidad, hasta el 16 de junio.

Alabí también enfatizó en lo necesario que es conocer tratamiento y evolución de un paciente que llega con una dificultad respiratoria y necesidad de oxígeno al sistema de salud: «Los hospitales tienen el oxígeno necesario en relación a la capacidad que tienen las áreas hospitalarias, pero no para cada salvadoreño que se contagie», expresó Alabí en su momento.

En El Salvador, los pacientes con covid-19 son atendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e Intermedios. Una capacidad instalada de UCIS que a nivel nacional, de acuerdo al gobierno, ronda las 105 camas. Una cantidad que se distribuye en: 21 unidades en el Hospital Nacional Rosales, 20 en Hospital de Niños Benjamín Bloom, 15 en Hospital Militar Central, 15 en Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Saldaña, seis en Hospital Nacional Zacamil y cuatro en el Hospital Nacional San Rafael.

Sin embargo, el Ministerio de Salud detalla que la cantidad de pacientes en estado crítico es de más de 500 personas, mientras que otras 1,000 se encuentran graves. Lo que supone un total 1,500 salvadoreños para 105 camas. Es decir, el sistema de salud tiene, de momento, una capacidad para atender menos del 10 % de estos casos.

Larga espera. La gente espera por horas para poder comprar tanques de oxígeno en la capital.

Cuando su madre no fue atendida, Reynaldo decidió instalar su propia UCI en su hogar. Preparó un cuarto para aislar a su madre con dos tanques de oxígeno de 370 pc, una cánula nasal, agua destilada, un vaso humidificador, una cama y un médico disponible por teléfono. También canceló un depósito por los cilindros por $452 y compró un regulador de aire por $250. Y paga, diariamente, por la carga de oxígeno -en cada tanque- $26.39. Un gasto que se suma a la cuenta de sus tarjetas de crédito.

“Los cilindros de oxígeno no se alquilan, como se informaba recientemente, y básicamente el procedimiento es dejar un depósito en garantía (varía el monto de acuerdo a cada presentación), ya que los cilindros son propiedad de INFRASAL y no se venden, el único que en algún momento puede comprarse es el cilindro de 23 PC (que es fácil de mover para viajes), en el caso que se tenga existencias. Por lo anterior, el depósito único (no es mensual) por cilindro será devuelto íntegramente con IVA si es antes de los tres meses, y sin IVA después de los tres meses (se paga a Hacienda)”, explica René Montiel, gerente de mercadeo y comunicaciones de Grupo Infrasal.

«En los hospitales a uno solo le avisan para ir a recoger el cuerpo. Así que me han dado todas las instrucciones para el tratamiento del covid-19 desde casa», dice Reynaldo mientras enciende su automóvil e ingresa a las instalaciones, tras cuatro horas de espera, para recargar un tanque. Un procedimiento que luego de dos semanas se ha materializado en una suma de $1,800.

La tasa de casos por coronavirus apunta un ascenso. Esto ha coincidido con el aumento de la demanda de tanques medicinales de oxígeno que rondan los precios de $6.05 por la carga del cilindro de 23 pc y un depósito de $84.75; $19.21 por un tanque de 220 pc y $226 de depósito; mientras que el de 110 pc equivale a un recargo de $11.24 y $158.26 por depósito.

“El tiempo y la creciente demanda han causado colas en la sala de venta de la Colonia Médica (ahora ya tenemos separado el servicio para particulares (esquina frente al Guadalupano), con eso hemos agilizado sustancialmente el servicio, que se suma a la aplicación de un estricto protocolo de desinfección de los cilindros para resguardar la salud de nuestros colaboradores, y la de nuestros clientes”, agrega el gerente Montiel, en nombre de Infrasal.

 

En fila de peatones está Sonia. Una mujer de 60 años que espera sentada bajo un árbol de Laurel, el único, que da un poco de sombra entre una jungla de pavimento a la que solo le adornan clínicas, farmacias y oficinas administrativas. Escondida detrás de su doble mascarilla de tela negra narra que, hace solo una semana, adquirió un tanque de oxígeno que le ayudaría asistir a su esposo luego de que el seguro privado dejó costear el tratamiento por covid-19.

En esta mañana, Sonia comenta que su esposo empezó con unas fiebres, «tosecitas» y un cansancio al andar: «En el hospital me le dijeron que era covid-19, pero no sé. No sé si le hicieron pruebas. El doctor solo me pidió un tanque de 220 pc para empezarlo a tratar en la casa, porque el tratamiento ahí era muy caro».

Con las indicaciones del médico, Sonia pudo reunir lo del depósito y la carga de oxígeno, pero no tenía para más. Así que ha vuelto por el depósito tras no utilizar el cilindro, cree que este día, podrán transferir a su esposo hacia un centro de atención del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

«No me lo pueden dar con ese cansancio. Me dijeron que este tanque le iba a durar 24 horas. No lo podía pagar. Me dijeron que me lo van a mandar para allá», susurra Sonia mientras se levanta y llega su turno para entrar.

“En los hospitales a uno solo le avisan para ir a recoger el cuerpo. Así que me han dado todas las instrucciones para el tratamiento del covid-19 desde casa”, dice Reynaldo mientras enciende su automóvil e ingresa a las instalaciones, tras cuatro horas de espera, para recargar un tanque. Un procedimiento que luego de dos semanas se ha materializado en una suma de $1,800.

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Debido al colapso del sistema de salud para la atención de pacientes bajo sospecha de covid-19, algunos enfermos han tenido que esperar, al menos, dos o cuatro días para ser atendidos en Unidades de Salud de la red pública o centro médicos del ISSS. De acuerdo a Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, hay pacientes con oxígeno en espacios que no son hospitalarios mientras aguardan un cupo para ser trasladados.

«Hemos sido informados de que todo el sistema está saturado. No solo son los hospitales, también son las unidades médicas del seguro social y las unidades de salud», asegura el Presidente del Colegio Médico. Entonces, ¿Con qué cuenta el gobierno para combatir la pandemia?

En cadena nacional, hace poco más de un mes, el presidente Nayib Bukele, inauguró el Hospital El Salvador. Un espacio que, de acuerdo con el mandatario, contará, de manera gradual, con 1,000 camas UCIS y otras 1,000 de cuidados intermedios. Aunque, de momento, en su primera fase, solo dispone de 400 unidades: 105 para cuidados intensivos y 295 de uso intermedio. Un número de camas que aliviaría la saturación del sistema. A pesar de ello, solo se ha recibido un «número limitado» de enfermos de covid-19 previamente referidos por los hospitales nacionales.

La idea es absorber a los pacientes que están graves en la primera etapa, aseguró Manuel Bello, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Salvador: «Estas 400 camas equipadas se usarán de forma gradual. No es conveniente recibir la misma cantidad de pacientes cuando se comienza un proyecto de este nivel. Tampoco cuando el personal se va adaptando a las instalaciones», explicó Bello en una entrevista televisiva.

La operatividad del Hospital El Salvador también se ha limitado al uso de las 105 camas UCIS. Esta construcción que fue agenciada por Nayib Bukele como el hospital «más grande de Latinoamérica» para atender pacientes por covid-19, tampoco da uso completo a los 14 kilómetros instalados de una red de oxígeno y aires médicos para el funcionamiento de, al menos, 1,000 unidades de cuidados intensivos. Algo que se traduce en dos tanques que ocupan 30,000 galones de oxígeno medicinal.

Antonio ha venido en caravana junto a una ambulancia de la municipalidad de Nejapa. Su peregrinación inició desde Soyapango y ha terminado en la colonia médica de San Salvador. El joven asegura que ante las filas interminables por oxígeno -en la capital- decidieron probar suerte en otra sucursal, pero el personal del establecimiento que se encuentra sobre el bulevar del Ejército le informó sobre el desabastecimiento de cilindros de 23 pc.

En busca de alivio. La demanda de tanques de oxígeno creció ante la falta de cupos en los centros asistenciales del país, que están saturados de personas con síntomas de covid-19.

Durante los últimos cinco días, su abuelo ha presentado síntomas de covid-19. «Le falta el aire por una fuerte tos», insiste Antonio. Frente a las imágenes del colapso del sistema, donde mujeres y ancianos esperan en colchonetas en los estacionamientos de los hospitales nacionales, la familia ha decidido aislar a su abuelo y atenderlo con terapias respiratorias en su hogar. Pero les ha sido imposible costear un depósito de $84.75 por el cilindro de 23 pc. Tuvieron que acudir a la clínica comunal para que les prestaran un cilindro -de esa cantidad- sin ningún costo.

Ahora su preocupación ronda en el pago de la carga diaria de oxígeno medicinal: $6.05. Y es que luego de tres meses de cuarentena domiciliar, la familia no ha podido retomar la venta de pupusas en la localidad. Ha sido uno que otro ahorro lo que los ha ayudado a subsistir. Pero se está acabando.

«Tendremos que racionar las terapias», dice Antonio. Luego repite: ¿Qué pasará cuando no haya manera de cargar el cilindro? «Solo Dios con uno».

Con la escalada de casos por coronavirus, el Ministerio de Salud ha dispuesto que la segunda fase de actividades económicas sea pospuesta. Nada más. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa ha propuesto una cuarentena focalizada en los municipios que más reporten contagios. Que -de aprobarse- iniciaría en San Salvador, Santa Tecla y San Miguel. Ante esto, el gobierno ha reiterado que «vetará» la iniciativa del parlamento debido a que el país necesita una nueva «cuarentena total».

Néstor ha llegado «a ciegas» hasta la fila de tanques oxígeno en San Salvador. No tiene una receta médica y tampoco sabe lo que necesita para asistir a su padre con terapias respiratorias. Solo puede describir como al hombre de 55 años se le cierra garganta y se le corta el habla. En esta búsqueda por asistir su propia emergencia por covid-19, Néstor es informado por los ejecutivos de ventas que, con receta, puede conseguir tanques de oxígeno, válvulas, cánulas, agua destilada y humidificadores, pero no de reguladores, que cuestan $250. Esta vez no es por el precio, es por el desabastecimiento ante la demanda de las últimas semanas. Sin ello, le aseguran, es imposible dar una terapia.

«Debemos de resolver por nuestra cuenta. Son nuestros familiares, al final, no importa lo económico», concluye Néstor mientras busca otra opción en redes sociales para asistir a su padre.

En medio de la pandemia, Sara busca a Miguel

Ilustraciones de Moris Aldana y Carlos Aguirre

Miguel salió rumbo a Montelimar en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz, a eso de la una de la tarde luego de una llamada con un cliente que le solicitó gas propano. Su trabajo consistía en entregar productos a domicilio en la misma localidad. Ir y venir con pedidos a los barrios El Carmen, El Calvario y Cuyultitán era una tarea que, en los últimos siete meses, desarrollaba sin problemas en su motocicleta. A pesar de que debía de cruzar territorios entre una pandilla y otra, rivales, para llegar a las comunidades.

Aquella tarde del 9 de abril, Miguel recogió en el despacho de productos, ubicado en el casco urbano de Olocuilta, dos cilindros de gas de 25 libras y se dirigió hacia Montelimar. Al llegar, Miguel se detuvo en un control vehícular para limpiar las llantas de su motocicleta y ser rociado con una mezcla de alcohol y cloro en un ritual de desinfección que adoptó la comunidad para escapar del coronavirus durante la cuarentena domiciliar que inició el 21 de marzo. Ahí fue visto por última vez.

Quien cuenta esta historia es Sara, la madre de Miguel, una mujer de 40 años a la que el paso de los días, 88 para ser exactos, le ha robado la tranquilidad ante la ausencia de Miguel. Sentada en una hamaca en el pasillo del pupilaje donde vivía su hijo, un pequeño cuarto donde el joven de 21 años acuñaba una cama, unos cajones que ajustaba como ropero y una cocina de mesa, Sara suplica saber: ¿Qué pasó? ¿A dónde está?

En El Salvador, dar respuestas a las súplicas de familias que, como Sara, piden una explicación de cara a la desaparición de un hijo, una hija, un hermano, un sobrino es un terreno complejo. No existe una ley que ayude en la búsqueda ni ampare a los familiares de las víctimas ante su ausencia. Tampoco hay un sistema donde se pueda establecer un reporte -sin necesidad de iniciar una acción legal- para investigar sobre el paradero de las víctimas. Esto hace que muchas familias no se atrevan a denunciar y que las cifras oficiales no den cuenta de estos casos.

De momento, solo hay un documento interinstitucional que da luces a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y otras entidades para activar el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU). Lineamientos que suponen actividades inmediatas y coordinadas para la localización de las víctimas tras el reporte de su desaparición. También se cuenta con una reforma al Código Penal que incluye como delito la «desaparición de personas» con penas de cárcel que rondan los 15 a 25 años.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. «Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar», dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: «¿Quién podría querer dañar a «Miguelito«, si todos lo conocían?».

Que Miguel y su familia fueran reconocidos en los alrededores del municipio, según Sara, era la única garantía que el joven tenía para repartir pedidos en las comunidades de Olocuilta, ya que por años ella, su esposo y Miguel se ocuparon de ser zapateros en el mercado local. Miguel creció en medio de los vendedores, el comercio, las cocineras y los jóvenes de la zona. Fue un anhelo de superación y la caída del negocio lo que lo llevó a buscar otras opciones de empleo.

Sara se mece entre el llanto y la impotencia de no poder hacer mucho para encontrar a su hijo. La cuarentena domiciliar obligatoria y las restricciones de movilidad que limitaban la circulación de los ciudadanos a fechas específicas de acuerdo al número de identidad, ante la emergencia por el covid-19, la privaron de buscar.

Las medidas vigentes -hasta el 16 de junio- con el decreto ejecutivo 29, también suspendieron la marcha del transporte colectivo y sugería que el incumplimiento del confinamiento podía ser motivo para el traslado a un centro de contención. Sara tuvo pocas opciones para indagar. Así que se apoyó en una denuncia formal para encontrar a su hijo.

Esta denuncia, en paralelo a la desaparición, también supone otra pena: que el caso de su hijo no fuera relevante durante la emergencia por covid-19. «Fue hasta el 10 de abril que pudimos levantar la denuncia formal de mi hijo», explica Sara. Y es que, la misma tarde en que Miguel ya no apareció, oficiales de la PNC de Olocuilta le pidieron «esperar la noche» para ver si el joven regresaba a su hogar. En ese momento, relata Sara, los policías de turno hicieron hincapié en que solo estaban atendiendo «situaciones que eran prioridad frente a la pandemia».

Un día después, el 10 abril, tras levantar la denuncia, el PAU se activó y la PNC dio aviso a la Unidad de Vida de la FGR en el departamento de La Paz. Luego con las restricciones de movilidad por la crisis de salud, la Fiscalía quedó en llamar a Sara para realizar una entrevista y levantar el expediente. Pero fue hasta el 12 mayo, un mes después de los hechos, que la entidad solicitó su presencia en la cabecera departamental: Zacatecoluca. Esto a pesar de que el mismo PAU dicta que la primera línea de investigación para dar con el paradero es la recolección de información.

Para dar prioridad a estas denuncias, la Fiscalía General de la República creó -a inicios de julio de 2019- la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas. La urgencia era dar respuesta a un promedio de nueve casos por día. De enero a mayo de 2020, Guadalupe Echeverría, directora de la dependencia fiscal, sostiene que esta media, de momento, se mantiene con cuatro reportes diarios. Una baja que se refleja en el consolidado de los casos durante los últimos cinco meses: 750 personas. Un 51.12 % menos comparado a las cifras de mediados de 2019.

Este consolidado también es el más bajo comparado a los datos de los últimos tres años. Para 2017, según las cifras oficiales de la FGR, las denuncias -en los primeros seis meses- alcanzaron los 1,378 casos; mientras que en 2018 fue de 1,499 y 1,467 para 2019.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. “Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar”, dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: “¿Quién podría querer dañar a “Miguelito”, si todos lo conocían?”.

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«Nosotros somos el ente que supervisa a nivel nacional todas las acciones urgentes; generamos unas directrices técnicas para la investigación y para el abordaje. Vemos los casos más relevantes. Hay un constante monitoreo con todas las unidades fiscales y policiales para la aplicación de las acciones a nivel territorial», explica Echeverría.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, para 2020, entre enero y febrero, la tendencia de las denuncias mensuales era de 187 y 198 casos. Luego, en marzo, y abril la media rondó en 160 y 112. Pero fue en mayo cuando los reportes alcanzaron las 93 personas. ¿Qué ha provocado esta baja parcial de las denuncias?.

El confinamiento domiciliario ha tenido que ver con estos índices «tras la limitación ambulatoria restringida de las personas», asegura Guadalupe Echeverría. Es decir, los familiares no han tenido manera de movilizarse o saber cómo proceder. A pesar de ello, Echeverría, no duda en decir que las 19 oficinas fiscales, a nivel nacional, han trabajado al 100% y nadie ha dejado de operar: «Toda la necesidad que se ha requerido, se ha cumplido», enfatiza.

En una pausa, Sara da un pequeño recorrido por los objetos que aún conserva de Miguel. Muestra una camisa blanca con rayas rojas y en esta se lee un: Promo 2015- 9 «A». Ahí, entre un suéter negro y una gorra que aún cuelgan de la pared del cuarto, ella recuerda que su hijo nunca fue bueno para estudiar. Abandonó el bachillerato, pero había prometido retomar las clases para el próximo año.

«Hasta el momento, no hay buenas noticias. Yo he insistido, los he hostigado por teléfono para enterarme de cualquier novedad o, simplemente, saber cómo va todo. No dejan de repetirme, cada vez que llamo, que la Fiscal asignada no llega a trabajar por la pandemia», mantiene Sara.

Si la emergencia de salud por covid-19 incidió en una falta de operatividad para el procesamiento de las denuncias dentro de la PNC o FGR, de momento, no es algo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pueda precisar, ya que la entidad no ha recibido ningún reporte con estas características.

Sin embargo, la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos puntualiza que -en el área central- las autoridades están más conscientes de las acciones a tomar ante la desaparición de una persona y la aplicación del PAU.

«A nivel departamental -y en sus municipios- aún falta la difusión y capacitación de los trabajadores de justicia y agentes policías en cuanto al PAU. Todavía no tienen mucha conciencia de que hay que aplicarlo de inmediato sin tener que esperar horas», concluye Campos.

Por hoy es una carta de permanencia -en la oficina fiscal de Zacatecoluca- lo que certifica a Sara y a su familia sobre la ausencia de Miguel. Un documento que fue solicitado por los mismos, primero, para justificar su salida el 12 mayo y, segundo, para tener algo por escrito que diga que su hijo ya no está.

Ilustraciones de Moris Aldana / Carlos Aguirre

«Hasta el momento no nos han querido dar copia de la denuncia, ya que nos dijeron que eso lo manejan solo ellos», dice Sara. Después murmura parte de la carta: La Fiscalía de la República de Zacatecoluca, hace constar que desde las 8:30 am hasta las 15:00 pm se ha atendido a esta convocatoria.

A pesar de la disminución de las denuncias en el transcurso de la cuarentena, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas asegura que la efectividad en la localización de una persona -viva o muerta- es del 54.79%. Algo que se traduce en los últimos tres meses en: 200 personas localizadas y 165 sin encontrar.

Estar del otro lado -dentro del 45.21% de familias que no saben qué pasó- ha llevado a Sara a la desesperación. Come poco, casi no duerme y permanece en un estado de depresión: «Me duele que en todo este tiempo solo haya podido ir a buscar a mi hijo en dos ocasiones».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos, ha reiterado -tras conocer repetitivas quejas de víctimas sobre el actuar de las autoridades como la FGR y PNC en cuanto a las demoras de su proceso y omisión de sus denuncias- en su informe preliminar de 2019 que: Las investigaciones por los casos de personas desaparecidas son una obligación indelegable del Estado.

«La impunidad no solamente deja sin verdad y sin justicia a las víctimas, sus familiares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto, sino que también propicia la repetición de los hechos», perfila la CIDH en su informe.

De momento, no hay una normativa que responda a la realidad que viven los familiares de las víctimas. Una de las primeras acciones importantes que debe adoptar el país, según Lissette Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es que el órgano legislativo ratifique los tratados internacionales sobre este tema. Así una ley especial podrá responder a los mecanismos de búsqueda, reconocimientos de derechos y la definición de los bienes de personas desaparecidas.

Con el fin de la cuarentena domiciliar, a Sara le preocupa regresar a las labores el próximo 7 de julio. Con su trabajo como cocinera a tiempo completo -en San Salvador- le será imposible viajar hasta las oficinas de la Fiscalía en Zacatecoluca para dar cuenta o saber qué sucedió con Miguel.

«Han quedado en llamarme y avisarme cuando la fiscal asignada retome sus labores en la sede. Esperaré tres días, sino volveré a intentar», asegura Sara. Hasta la fecha, Sara, sigue sin recibir noticias.

La Libertad sin turistas, sin compradores y sin comida

Fotografía de Julio Umaña

«En playa San Blas necesitamos comida», se lee en la tela blanca que colocó a la orilla de la carretera. Este es otro de los varios intentos que ha hecho Rosa por conseguir comida para sus tres hijos. Sentada en una silla de plástico cerca de las riberas de la bocana de la playa San Blas -donde ha construido su hogar con láminas, carpetas negras, manteles de plástico y pilares hechos con bases de ramas-, Rosa espera.

En este pasillo camino al mar, hace tres meses, sonaba la cumbia, los combos, el reguetón, la algarabía de los turistas que escapaban de la rutina. El sonido de la metrópolis desaparecía y en su lugar se alzaba cada vez más fuerte el de olas que reventaban a la orilla del litoral, era señal de que el visitante se adentraba al kilómetro 39 del departamento de La Libertad: La playa San Blas.

Ahora, la soledad y el silencio reinan entre los bares, restaurantes, ranchos y hoteles. Esta aparente calma, más que tranquilidad, le genera angustia a Rosa Campos, de 31 años, una vendedora ambulante de minutas. Luego de más de 70 días de confinamiento domiciliario a causa de la emergencia de salud por covid-19, Rosa se las arregla para que media libra de arroz ajuste, si se puede, para el desayuno y la cena de sus tres hijos de tres, ocho y 12 años.

La cuarentena domiciliar obligatoria, vigente desde el 21 de marzo, permite la circulación en casos de tratamiento o urgencia médica, abastecimiento de alimentos, medicamentos o la compra de artículos de primera necesidad. Salidas que, con el decreto 29, el último mandato emitido por el ejecutivo, son limitadas a fechas específicas, de acuerdo con el número de identidad de cada ciudadano. Una medida que se mantendrá vigente hasta el 15 de junio.

Para Rosa, que mantenía a su familia con la ganancia de $0.25 centavos por cada minuta de a dólar que vendía, el impacto ha sido devastador. Con nostalgia recuerda esos días en que todavía podía comprar «dos coras» de queso fresco y un dólar de huevos para la cena. Hoy, Rosa no junta ni $0.50 en la bolsa.

La Libertad ha sido uno de los departamentos más golpeados por la pandemia, hasta la fecha, según cifras oficiales, los contagios locales ascienden a 244. Es el segundo departamento con más casos confirmados por covid-19. Esto de un total de 1,515 casos activos. Esta localidad costera no solo está siendo impactada por el virus, también es presa de la escasez de alimentos y la crisis económica a causa del desempleo como efecto colateral de las medidas de emergencia. Aquí, 30,904 personas se ocupan de generar ingresos por cuenta propia, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Ministerio de Economía para 2019.

Con su carretón de minutas, Rosa está entre este grupo. Así también están las vendedoras de mariscos, cócteles, procesadores, maniobreros, pescadores artesanales, viajeros, artesanos, emprendedores locales y vendedores ambulantes. Gente que echa a andar una economía de subsistencia desde el Puerto de La Libertad hasta las playas del litoral. Trabajos que dependen de las actividades comerciales que aviva el turismo. Un sector que en tiempos de covid-19, no tiene permitido funcionar, a excepción de la pesca artesanal y venta de mariscos.

“Cuando no tenemos qué comer y salen otros compañeros al mar, entre nosotros, nos regalamos pescado”, susurra Dagoberto. En tres meses, Dagoberto, solo ha podido ir a pescar dos veces. Mientras aguarda por comida, enlista los motivos que le han impedido trabajar: la falta de turistas, el miedo al contagio, las restricciones de movilidad, el temor de ser detenido y trasladado a un centro de contención tras la imposición del cordón sanitario en La Libertad.

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Dos semanas han pasado de aquel aviso con bandera blanca, pero nadie ha respondido. Sin tanto preámbulo, en prisas, Rosa no duda en repetir: «Tengo tres meses de no ganar, siquiera, una ‘corita’. Y tengo tres hijos que me dicen cada mañana ‘mamá, comida; mamá, comida».

Como Rosa, Dagoberto Marroquín, un pescador artesanal de 56 años, depende de la actividad comercial que se genera dentro del Puerto de La Libertad para sobrevivir. A la orilla del muelle, cerca del embarcadero, Dagoberto, espera a que uno de sus colegas termine de rematar, entre los mismos pescadores y vendedores, la cola de camarón, boca colorada, camarón jumbo y las corvinas. Este malecón hoy está lleno de lanchas estacionadas, sin música de fondo y sin el bullicio de vendedores.

«Cuando no tenemos qué comer y salen otros compañeros al mar, entre nosotros, nos regalamos pescado», susurra Dagoberto. En tres meses, Dagoberto, solo ha podido ir a pescar dos veces. Mientras aguarda por comida, enlista los motivos que le han impedido trabajar: la falta de turistas, el miedo al contagio, las restricciones de movilidad, el temor de ser detenido y trasladado a un centro de contención tras la imposición del cordón sanitario en La Libertad.

«Esos dos días ni comimos. Nadie tenía permitido salir a comprar ni ir a pescar tras la orden del Presidente», recuerda Dagoberto. Fue el 18 de abril que el presidente Nayib Bukele ordenó el cerco sanitario en el Puerto de La Libertad. «Entiendan, ya no estamos en la fase I, ahora, estamos en la fase de contagios comunitarios», señaló el mandatario como reacción a la publicación de unas fotografías en las que se veía actividad comercial en las calles de este municipio.

Ana Ortiz, presidenta de la cooperativa La Sirena, una asociación de pescadores artesanales y vendedoras del Mercado del Mar del Puerto de La Libertad, cuenta, con un ejemplo, que el paro de labores debido al cerco sanitario fue «catastrófico»: 40 vendedoras perdieron sus productos debido a que ya no pudieron salir a colocar en hielo los pescados y mariscos. Todo se descompuso.

En cálculos hechos con base en testimonios de vendedoras, cada una de las comerciantes perdió entre $50 y $200. «Para muchas, ese dinero era su inversión para echar a andar nuevamente su negocio, ahora, algunas vendedoras no han regresado. No tienen cómo», dice la Presidenta de la cooperativa La Sirena.

Sobre las repercusiones económicas durante la pandemia y tras el cerco sanitario, aún no hay un consolidado oficial, pero de lo que sí está seguro Miguel Ángel Jiménez, alcalde del Puerto de La Libertad, es de que el 75% de los negocios -conformados por 300 locales- se ahogan en deudas tras el cierre repentino de sus operaciones.

Empleo. En La Libertad 30, 904 personas se ocupan de generar ingresos por cuenta propia, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019.

«El Puerto de La Libertad se mantiene vivo ‘comercialmente’ con las visitas de los turistas de los diferentes departamentos o del extranjero. Por el momento, no hemos recibido ningún plan del gobierno que hable de una reactivación económica. Esperamos que, al terminar la emergencia por el covid-19, podamos coordinar junto con el Ministerio de Turismo un mecanismo para esta reactivación, porque, hasta la fecha no hemos visto nada claro para el municipio», detalla Jiménez.

Con una bolsa negra en mano y con la donación de $2.00 de mojarras, Dagoberto asegura que puede sobrevivir a un par de tiempos en los que le falte comida, pero que no podrá con las deudas del arrendamiento de la casa y el cúmulo de recibos por el pago de la luz eléctrica y el agua que rondan los $330.

«Necesitamos que nos echen la mano. No pedimos caridad, pero sí hacemos un llamado para que tengamos accesos a créditos con bajos intereses para poder trabajar», repite Dagoberto y se despide.

En una entrevista radial, el 25 de mayo, Morena Valdez, ministra de Turismo, apuntó que las actividades comerciales que dependen del sector turismo serán las últimas en reactivarse. Y agrega que aún no hay fechas para que los negocios inicien labores. Los plazos se darán a conocer, una vez definido el plan de reactivación gradual de la economía. Valdez sugiere «esperar».

A 42 kilómetros del Puerto de La Libertad, «El Tunco» se nombra sin el «playa» Aquí, sobre la arena, sentado junto a Javier Rivas, presidente de la ADESCO de la comunidad, Gilles Ortmans, presidente del Comité de Desarrollo Turístico de Playa El Tunco (CDT), dice: «Se perderán unos 250 empleos tras la pandemia».

Un golpe inevitable en una zona que se ha caracterizado por la prosperidad económica y el desarrollo local. «Necesitamos una fecha para organizarnos y colaborar en los protocolos de salubridad que está trabajando el MITUR«, dicta Javier Rivas, presidente de la ADESCO de Playa El Tunco.

Sin compradores. Los únicos que tienen permiso para trabajar dentro del Puerto de La Libertad son los pescadores artesanales y las vendedoras de marisco. Pero sin clientela, les toca rematar el producto.

Sin plazos, pero decididos a resistir, el CDT de Playa El Tunco ha trabajado una propuesta para la reiniciar las labores del sector y zonas aledañas. Entre las urgencias está la necesidad de elaborar iniciativas comunitarias de adaptación y protección para evitar los contagios de covid-19; permitir el ingreso, tras habilitar los viajes por vía terrestre y el aeropuerto, a turistas provenientes de países con contagios controlados; abrir las playas a las prácticas de deportes, como el surf, que no requieren contacto físico; impulsar programa de microcréditos a pequeños empresarios y limitar el ingreso de los visitantes a las playas.

Volver a esta «nueva normalidad» es mucho más apremiante cuando la Ministra de Turismo asegura que las pérdidas para este sector son de $960 millones. Sobre todo cuando el comercio, los restaurantes y los hoteles, concentran la mayor parte de población ocupada con el 30.7 %. Solo el departamento de La Libertad abarca 82,254 trabajadores en este rubro, según la EHPM de 2019.

El impacto socioeconómico por el covid-19 se acentuará en las personas más vulnerables, en aquellos que necesitan trabajar a diario para poder tener acceso a los alimentos, en los ciudadanos que, de momento, no pueden hacerlo ante las restricciones de movilidad y el aislamiento obligatorio. Así lo estima el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Estamos a tiempo de evitar que la pandemia por covid-19, se convierta en una pandemia de hambre», advierte Miguel Barreto, director regional del PMA para América Latina y el Caribe. De acuerdo con la entidad, la inseguridad alimentaria severa (InSA) -un indicador que apunta si los hogares poseen la cantidad de alimentos suficientes para el consumo o si las personas cuentan con limitaciones monetarias para la adquisición de granos básicos- aumentará en gran parte por la pandemia.

Es decir, los países de la región, entre ellos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana podrían doblar el número de ciudadanos en condición de pobreza y hambre. Según las proyecciones del PMA, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria en América Latina y El Caribe ascenderían a los 13.7 millones para 2020. Un alza -de alrededor del 73%- comparado a la cifra de 2019: 3.4 millones.

Entre estas proyecciones ya se embarcan Rosa y sus tres hijos, a quienes el hambre les sabe a «una sopita de arroz» o «arroz frito». Frente a la calle, entre el corredor y los pisos de tierra, Rosa instala su cocina hecha de parrillas de hierro. Intenta prender las brasas y coloca un comal para dorar media libra de arroz. Su dieta durante los últimos tres meses de confinamiento.

«No crea, para que me duren unas cuantas libras de arroz he tenido que dejar de comer y hacer dos tiempos por día», suelta Rosa. Con tres hijos, racionar los alimentos la ha llevado a precisar que solo con el desayuno y la cena debe bastar.

En esta misma tarde, mientras Rosa explica cómo hace malabares, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) llegan con 12,000 paquetes de alimentos al Centro el Centro Escolar «Alianza» en el Puerto de La Libertad. Esto como medida para «paliar» los efectos económicos durante la crisis de salud por coronavirus.

Seguridad alimentaria. Desde 2008, organizaciones ambientalistas presentaron una propuesta para la Ley de Soberanía Alimentaria. Luego de 12 años, el estudio sigue en pausa en la Asamblea Legislativa.

En la sede educativa, militares, residentes, policías y voluntarios cargan camionetas con bolsas que contienen cuatro libras de frijol, arroz, dos libras de azúcar, una botella de aceite, dos libras de harina de maíz, tres libras de leche, cuatro salsas de tomates y un paquete de espagueti. Esta es una dotación de alimentos que, según el gobierno, debe ser suficiente para alimentar a una familia de cuatro miembros durante 15 días.. Luego de este tiempo, según César Turcios, coordinador del despacho del MAG, se echará a andar un plan para cultivar hortalizas e insumos que utilizan los restaurantes en el Puerto de La Libertad en «tierras ociosas del municipio de Tamanique«.

«Se ha realizado un censo de acuerdo con los indicadores de pobreza proporcionados por Protección Civil y el Ministerio de Gobernación. Con base en ello, se dispuso de la cantidad de familias que serían beneficiadas con los paquetes de alimentos. Así se llegó a un total de 12,000», asegura Turcios. Sin embargo, el número de salvadoreños que se ven afectados por la condición de pobreza -solo en el departamento de La Libertad- alcanza los 83,796 residentes, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía para 2019.

En El Salvador, los parámetros para determinar el estado de la pobreza relativa y multidimensional están sujetos a la cantidad de ingresos y la falta de poder adquisitivo -de una familia- para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). A ello, se suma la privación de las capacidades para el desarrollo de una vida digna como: el acceso a la educación, condiciones de la vivienda, trabajo, salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y calidad del hábitat.

A Rosa esta pobreza le es conocida. La ganancia por la venta de minutas se va en un dólar diario de tortillas, algunos huevos, el queso, la leche y, si queda, papel higiénico. No hay manera de pensar que, al final de mes, ella pueda hacerse de $121.81 para costear completa la canasta básica ampliada en el área rural. Rosa tampoco puede pagar por la construcción de un baño de letrina o por la conexión de un sistema de agua potable.

«Aquí, sin pandemia, la situación ya era dura. Por ejemplo, para poder tomar agua o cocinar, nos toca ir a pedir, vamos con un cántaro a los ranchos privados», relata Rosa.

Frente a esta falta de acceso a los alimentos debido a la crisis económica, el paro de labores, confinamiento y restricciones de movilidad por el covid-19, Jennifer Guzmán de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una organización que lucha por la protección y conservación del medio ambiente, expresa que es urgente contar con una Ley de Soberanía Alimentaria para atender las próximas crisis.

«Desde el año 2008, el anteproyecto por una Ley de Soberanía Alimentaria se mantiene en pausa en la Asamblea Legislativa. Han pasado 12 años sin que se le preste atención al tema. En estos tiempos de crisis por covid-19 u otra emergencia, la ley ayudaría a que la alimentación se vea como un derecho y no como mercancía», apunta Guzmán.

Entregar paquetes de alimentos tampoco es suficiente, asegura Guzmán, sobre todo, porque la canasta no está compuesta por una dieta saludable y nutritiva. Para la experta, esta es solo una medida «paliativa». «¿Qué pasará cuando las familias se coman todo lo de sus canastas?, ¿cuál es plan para el manejo sustentable de esta crisis alimentaria?», cuestiona.

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Al teléfono, luego de una semana de aquella visita a San Blas, Rosa habla de las pérdidas que le dejó la tormenta tropical Amanda tras su paso, el 31 de mayo, por El Salvador. Su casa de láminas de 11 x 5 metros fue inundada por la creciente de la bocana. Los vientos se llevaron una que otra lámina y, sin techo, la lluvia cae sobre bolsas de plástico con las que ha tratado de cubrir la ropa y las camas.

«Al otro lado de la bocana han evacuado a las familias, pero a este lado, nadie ha venido. ¿Para dónde nos vamos?», dice Rosa resignada. Su desesperación por proteger a sus hijos también la ha llevado a escribirle a desconocidos, a gente que en redes sociales ofrece ayuda ante la emergencia por el covid-19 y las lluvias: «Me han dicho que vendrán. Ahorita, estamos comiendo gracias a que unos vecinos se movilizaron y exigieron canastas de alimentos a unas personas que llegaron a repartir al Puerto de La Libertad».

Su bandera blanca sigue ondeando a la orilla de la carretera, pero nadie ha respondido a su llamado de auxilio.

«Los salvadoreños no tenemos salud mental»

Fotografía de Nelson Rivera

Exteriorizar las emociones, según Rina Bolaños de Zometa, nunca ha sido algo frecuente en la sociedad salvadoreña. Ella habla desde su cargo como vicedecana de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, y señala que, para muchos, el que alguien acuda a terapia psicológica es cosa de «dementes». Culturalmente, acá, se ha normalizado el tratamiento de las enfermedades físicas, pero no el de los trastornos mentales.

El confinamiento, explica, agrava las enfermedades mentales ante la falta de atención y continuidad en los tratamientos de los pacientes tras los cierres de los centros de atención. También habla de cómo la desinformación y el discurso de terror propician las conductas punitivas y las compras de pánico en la población. Y agrega que, tras la pandemia, el país verá un incremento en los casos de depresión, fobias trastornos de la alimentación y los estados de ánimo. Todo producto de la inestabilidad política y social que llega hasta lo más íntimo de los hogares.

Esta es la primera vez, en 54, en que el vicedecanato de esta facultad es ocupado por una mujer en la sede de Santa Ana. Bolaños de Zometa cuenta con estudios superiores en psicología y se especializa en la atención en crisis, familia niñez y en la profesionalización de la docencia superior. Desde esa experiencia explica que en esta crisis de salud por covid-19, a los salvadoreños se les hace difícil de encontrar sentido a las repentinas palpitaciones, la arritmia o la sensación de agitación o cansancio, algo propio de los ataques de pánico. La falta de atención a la salud mental ha ocasionado que los ciudadanos no puedan poner nombre y apellido a sus problemas emocionales.

¿Cuál es el estado de salud mental de los salvadoreños?

Los salvadoreños no tenemos salud mental. Nosotros hemos perdido el sabor de vivir la vida. Primero, vivimos una guerra; luego, la posguerra fue dura para la sociedad y los actores involucrados en ella: los militares y la guerrilla. Al no sanar las heridas, al no poner la mirada en los problemas de salud mental como producto de ese conflicto, vemos los resultados en una ola de violencia social.

Por ejemplo, si vamos por la calle y alguien camina detrás por una cuadra o dos, eso ya nos pone nerviosos. Y esto se debe a los niveles de violencia en que vivimos. En otro contexto, en otra sociedad, la gente ni cuenta se da. Pero acá, hemos llegado a niveles de violencia catastróficos. Nuestra salud mental está bastante dañada. Ahora, con este ejemplo, cualquiera diría: «Él o ella está enfermo, porque piensa que cualquier persona puede estar siguiéndolo». Y sí, la mayoría hemos desarrollado esta paranoia por la realidad en que vivimos.

Tampoco debemos olvidarnos de otro factor: la pobreza. Acá los niveles de pobreza son grandes y los salvadoreños viven el día a día. ¿En qué tiempo pueden ellos aprender a tocar un instrumento? ¿Escribir un poema? ¿Estudiar pintura? ¿Hacer una escultura? La gente anda la conciencia diaria en poder resolver las necesidades básicas para su sobrevivencia. Nuestra vida se va en la satisfacción de esas necesidades; dejamos de lado otras situaciones que nos ayudan a desarrollarnos de una mejor manera.

¿Quiénes la hacen de psicológicos en El Salvador? Acá lo hacen los curas, el pastor, el vértice de alcohólicos anónimos, pero no un trabajador de la salud mental.

¿Cuáles son los problemas emocionales que enfrentan los salvadoreños?

Si uno no tiene satisfechas, siquiera, las necesidades básicas, lo más seguro es que uno enfrente estados de ánimo de tristeza, incertidumbre, preocupación, cuadros de depresión y ansiedad. Una familia que viva en esta situación puede enfrentar todos estos problemas. Veamos a la señora que vende en el mercado. Ella depende de la venta de su producto diario para generar ingresos. Y si no vende, ella y su familia no comen. Obviamente, eso le va a generar mucha angustia, tristeza o depresión. Lo preocupante es que la mayor parte de salvadoreños viven en esta condición. Con un sueldo mínimo, muchas familias deben de pagar agua, luz, casa, teléfono; todo se va en el pago de esas necesidades, no hay chance para la recreación, porque no alcanza para eso.

¿Cómo agrava la pandemia los problemas de salud mental que ya existen en la población?

El encierro no ayuda a los cuadros de depresión, angustia, ansiedad o dependencia a sustancias como el alcohol. El confinamiento genera en los pacientes un sentimiento de incertidumbre, de desesperanza. El virus ha venido a incrementar esta sensación de poca certeza. Y es que, bajo cualquier circunstancia, el ser humano necesita saber el porqué, dónde y cómo. Pero, con el covid-19, las cosas cambian diariamente. Sin duda, en estos tiempos de pandemia, las afectaciones psicológicas empeoran. En este contexto, es importante garantizar la atención psicosocial para que las personas puedan lidiar con estas emociones.

Desde que comenzó la cuarentena domiciliar, el 10 de marzo, se ordenó el cierre de espacios que brindan atención psicosocial dentro de las Unidades de Salud Comunitarias y el Hospital Nacional Psiquiátrico. ¿Es coherente esta medida con la necesidad de priorizar en la atención psicosocial en tiempos de crisis?

No. Se tenía que seguir dando acompañamiento a los pacientes. Un tratamiento psicológico discontinuado produce la misma reacción que una dosis de medicamentos «cortados», es decir, si a usted le dan antibióticos por 10 días, pero solo toma las pastillas en dos ocasiones, eso no le hará efecto. Los cierres de estos centros de salud son contraproducentes para los avances de cada paciente. Esta medida nunca tuvo que ser una opción, mucho menos, si no hay garantía en la continuidad de la atención psiquiátrica o psicológica.

¿Qué tipo de repercusiones emocionales pueden enfrentar los pacientes ante los cierres de estos centros de atención?

Nosotros, como psicólogos, solo brindamos psicoterapias, pero hay gente que necesita de su psicoterapia y fármacos para sobrellevar su problema de salud mental. Ahora la gente no tiene ni una ni la otra. Esto los lleva a cuadros de mucha más ansiedad; mientras tanto, su trastorno o su psicopatología va empeorando. En el caso de las personas con depresión, las conductas como el aislamiento, el no levantarse de la cama, no hablar y el llanto pueden ser más evidentes en estos tiempos de crisis. Lo preocupante es que los niveles de depresión pueden ir avanzando; y hablar de un nivel cuatro de depresión es hablar, ya, de ideas suicidas.

Solo en el mes de abril se reportaron nueve suicidios.

El encierro puede fomentar este tipo de situaciones. Debemos entender que el ser humano es un ser eminentemente social y que necesitamos del contacto con nuestros similares. Ahora, con la cuarentena domiciliar, la gente se siente mucho más aislada, sola. De momento, las personas se están «reconociendo». La depresión tiene ciertos niveles y, en la última instancia, se llega a los pensamientos suicidas. La falta de atención a la salud mental y el estigma social impiden que la gente exteriorice sobre sus emociones, aunque esté sufriendo.

Las personas que tienen ‘bien puesta’ una depresión pueden reír, platicar, trabajar y estudiar. Es necesario fomentar la comunicación para que puedan exteriorizar esos otros sentimientos que los aquejan. Y no solo eso, también deben dárseles las herramientas para que puedan manejar esta situación. El problema, como ya lo dije, es cultural. Y veamos: ¿quiénes la hacen de psicológicos en El Salvador? Acá lo hacen los curas, el pastor, el vértice de alcohólicos anónimos, pero no un trabajador de la salud mental.

¿Qué es lo que facilita que las iglesias adopten ese papel?

Ciertamente, la consejería espiritual no es una cuestión de corte psicológico, pero, con esta orientación, las personas encuentran un alivio para todo aquello que le acongoja. Tampoco debemos de olvidar que nuestro pueblo es eminentemente religioso. Nuestro medio, nuestra profesión, no es una cuestión que esté de moda o que se tome con la seriedad debida. Culturalmente, no nos han enseñado que la salud mental debe de cuidarse al igual que la salud física.

En El Salvador, el gasto público para la salud mental es 2.2% y, en su totalidad, se destina al Hospital Nacional Psiquiátrico. Mientras tanto, organismos como la Organización Mundial de la Salud sugieren una inversión mínima de un 5% para la atención a los problemas de salud mental.

Culturalmente a la psicología no se le ha dado el puesto que debe tener: como una ciencia. Acá, uno no puede decir que tiene una cita con su psicólogo, porque la gente ya comenta: «Uy, la señora está loca». O: «Si ya necesita de un psicólogo, es porque está loca». Culturalmente, nuestra sociedad no está preparada para esto. El problema es que las personas en el poder, los gobiernos de turno, nunca han hecho algo por nuestra salud mental. Nunca ha existido un presupuesto. Ni siquiera hemos visto que en el rubro de salud se invierta exactamente por su nombre: salud mental. Es importante trabajar en la educación, en quitar ese estigma social de que una consulta psicológica es sinónimo de demencia. Todos necesitamos de un acompañamiento para hablar de nuestras emociones. Y hoy, con la emergencia por covid-19, estamos viendo las consecuencias de no apostarle a la salud mental.

¿Cuáles son estas consecuencias?

La pandemia y el encierro han ocasionado que las personas se enfrenten, quizá por primera vez, con sus padecimientos psicológicos. En estos momentos, a los salvadoreños les está costando entender qué es lo que les pasa. Ahora vemos a muchas personas con sintomatologías como la sensación de peligro, fatalidad inminente, taquicardia, palpitaciones, sudoraciones o la sensación de agitación o cansancio, algo muy propio de los ataques de pánico, sin embargo, la gente no logra identificarlos. Y esto es a causa de la falta de atención a la salud mental.

Ahora, en estos tiempos de pandemia las afectaciones psicológicas -ya existentes en la población- como la depresión, estados de ánimo de tristeza, incertidumbre, ansiedad, violencia doméstica, depresión o la dependencia a sustancias como el alcohol, también empeoran.

Con el encierro, la gente está experimentando ansiedad y angustia. Es necesario ir bajando todas esas emociones para que las personas puedan sobrellevar los días que faltan de cuarentena. La gente debe comprender que no se trata del fin del mundo. Es cierto, la situación es seria, la gente muere, pero, si cada quien toma las medidas y las personas acatan las recomendaciones, veremos que esto va a pasar.

¿Qué corresponde hacer a las instituciones de salud pública, cuando, al mismo tiempo, están haciendo frente a algo tan inédito como una pandemia?

Así como hay un protocolo de atención médica para el coronavirus, también debe existir un protocolo de atención psicológica para toda la población. Con el encierro, la gente está experimentando ansiedad y angustia. Es necesario ir bajando todas esas emociones para que las personas puedan sobrellevar los días que faltan de cuarentena. La gente debe comprender que no se trata del fin del mundo. Es cierto, la situación es seria, la gente muere, pero, si cada quien toma las medidas y las personas acatan las recomendaciones, veremos que esto va a pasar. Es necesario aprender a lidiar con las emociones para no caer en un círculo de miedo o de terror.

La UES por medio del vicedecanato de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente ha dispuesto de una línea de apoyo para la atención psicológica en tiempos de crisis por el covid-19, es el 2484-0881. En estos momentos, ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que aquejan a los salvadoreños?

Nosotros hemos detectado que la gente llama para platicar, para ser escuchada. A veces, esto es lo único que la gente necesita y ayuda mucho. También hemos notado que la mayoría presenta sentimientos de miedo y ansiedad. Pero, sobre todo, en cada uno de ellos está presente la angustia. Esto debido a la cantidad de información o desinformación sobre los casos nacionales e internacionales por covid-19. La situación empeora cuando vemos -en los medios o en la cadena nacional del Presidente- noticias sobre cómo la gente se desploma en las calles, de cómo asciende el número de muertos o de cómo los salvadoreños son expuestos por no cumplir con la cuarentena domiciliar.

¿Cómo se combaten los sentimientos dañinos si, al mismo tiempo, se necesita estar informado acerca de esos números de la pandemia?

Aquí, sobre la base del terror se quiere crear una conciencia en la población. En cada cadena nacional, los salvadoreños escuchan que -de no acatar las medidas- las personas irán a prisión o que se les «doblará» la muñeca o que se los llevarán a centros de contención donde estarán vulnerables a los contagios. Se construye un mensaje con base a lo punitivo. Para una persona con problemas de depresión estas noticias son contraproducentes. Esto abona más a su condición de desesperanza. No le estamos ayudando en nada. A falta de medidas prácticas que le ayuden a hacer planes de protección, lo mejor es no mirar las cadenas nacionales o la televisión, porque el resultado va a ser peor.

También hemos visto que desde que inició la cuarentena domiciliar, las personas acuden de forma masiva a realizar compras de emergencia. ¿A qué se debe esta reacción?

Obviamente es por la misma expectativa con la que se ha manejado esta cuarenta. Cuando nosotros oímos que hablará el Presidente decimos: ¡ay, habrá más encierro!. Y también nos preguntamos: ¿cuál es la noticia que nos van a dar hoy?; ¿cuánto habrá ascendido el número de contagiados?; ¿cuánto subió el número de muertos?. No esperamos nada positivo. Y es esa expectativa, la que lleva a la población a realizar las compras de pánico. Se hacen compras con base al miedo de no saber qué pueden deparar las nuevas medidas.

Si esto sucede con las personas que están en su casa, ¿cuán diferente puede ser la situación de quienes están guardando cuarentena en los centros de contención?

Uno en su casa tiene ciertas comodidades. En un centro de contención todo aquello desaparece. Ahí hay horarios de comida, la gente va de la cama a la entrada del cuarto y no hay privacidad. A esto hay que agregarle la falta de información sobre los resultados a sus pruebas por covid-19. Algunas personas han permanecido 45 días sin ser saber si son positivos o negativos. Ahí, ya no se habla solo de depresión, en estos lugares, ya persiste un estado de agresividad.

¿Qué conduce a las personas a este estado de agresividad?

Imagínese, algunas de las personas que están en estos centros de contención llevan viviendo por 45 días en espacios reducidos. Solo tienen un cuarto y una cama o se encuentran en un lugar común donde no tienen privacidad de nada. Todos ellos han sido despojados de sus comodidades de la noche a la mañana. Y a eso, súmele que la gente debe lidiar con la posibilidad de que puede estar contagiada por coronavirus. En este contexto, lo principal es cuidar la salud mental a través del consentimiento informado. Es necesario explicar e informar cómo avanza cada etapa de su proceso durante el confinamiento. Todos necesitan saber cuándo le harán la prueba, en qué consiste la prueba y cuándo le darán una respuesta. Es importante que cada día las personas duerman con la sensación de «certidumbre» y no de impotencia.

Ahora vemos a muchas personas con sintomatologías como la sensación de peligro, fatalidad inminente, taquicardia, palpitaciones, sudoraciones o la sensación de agitación o cansancio, algo muy propio de los ataques de pánico, sin embargo, la gente no logra identificarlos.

Todas estas medidas para la población, las tiene que poner en práctica el personal médico. ¿Cómo deben cuidarse los encargados de cuidarnos a todos?

Ellos también se ven expuestos a situaciones traumáticas. Y no solo ellos, en esta misma posición se encuentran los agentes policiales y soldados. Yo no estoy de acuerdo con la agresividad, pero lo que hoy estamos viendo es un desborde de las emociones. Hay que tener en cuenta que ellos también permanecen en turnos de 24 horas. Tampoco ven a su familia por estar garantizando el cumplimiento de la cuarentena y, ante la emergencia, se han visto obligados a cumplir con horas extras. Ellos también son seres humanos, se cansan y permanecen con un estrés constante. Ante este escenario, es importante garantizar las tareas de autocuidado del personal de salud, policías y militares. Tampoco debemos olvidar que la gente también se está cansando del confinamiento.

¿Qué situaciones pueden generarse ante este cansancio?

Estamos viendo un incremento de los feminicidios y del maltrato infantil. La cuarentena solo está evidenciando el mal manejo de las emociones en los hogares. Nosotros con la línea de ayuda estamos trabajando de la mano con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) para identificar los abusos y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes.

Cuando acabe e confinamiento, ¿a qué se le debe poner atención desde el punto de vista de la salud mental?

Nosotros vamos a ver mucha depresión, veremos a gente con ansiedad, con fobias y cambios en sus estados de ánimo. Muchas personas quedarán con el miedo de salir de sus hogares, otras no saldrán para no contagiarse. También veremos a hombres y mujeres con problemas alimenticios, como la bulimia o la anorexia. En estos momentos, muchas personas no comen de la preocupación y otras se dan atracones de comida ante sus ataques de ansiedad.

A nivel de políticas públicas, El Salvador solo cuenta, de momento, con una Ley de Salud Mental para responder a esta u otra crisis de salud. ¿Será suficiente para lo que viene?

No. Acá se carece de políticas públicas específicas para la atención de los diferentes problemas de salud mental como los trastornos de ansiedad, personalidad, depresión y estados de ánimo. Es necesario, al menos, un protocolo público para la de atención de los problemas psiquiátricos y psicológicos durante y después de la crisis por covid-19.

¿En qué se debe trabajar para contrarrestar los problemas de salud mental?

Se le debe de apostar a la educación. El gobierno debe de otorgar un presupuesto mayor a este rubro. El Salvador tiene el menor porcentaje -en todo Centroamérica- del producto interno bruto (PIB) para la educación, solo eso dice mucho. También se debe romper con el paradigma de que la asistencia psicológica solo es para la gente demente.

A ciegas en la carrera por salvar el año escolar

Fotografías de Wendy Hernández

Emma intenta imaginar cómo luce el Canal de Panamá. A su mente no vienen buques, embarcaderos o un puerto de carga comercial que acorta, en distancia, la comunicación marítima de los barcos que vienen y van entre el océano Pacífico y Atlántico. No tiene ninguna referencia bibliográfica o visual. Lo único que sabe sobre el Canal de Panamá es que viene en una guía educativa -elaborada por docentes- que indica que los niños y niñas de quinto grado deben construir una maqueta de este, que es «uno de los lugares más importantes de Centroamérica».

Desde marzo, cuando inició la cuarentena domiciliar, Emma, la madre de Steven, un niño de 11 años que cursa educación media en el Centro Escolar «Los Deras» del departamento de Chalatenango, no ha encontrado manera alguna para que su hijo pueda resolver las tareas.

La escuela era el lugar donde Steven podía solucionar -con libros de texto- la mayor parte de las asignaciones académicas. Ahora, con el cierre de las aulas, su situación se ha agravado. Sin una computadora o un celular inteligente es imposible resolver las guías educativas. Sin información, los documentos sin respuesta se apilan en su mesa.

Los centros educativos públicos y privados están cerrados desde el 10 de marzo, en cumplimiento de las medidas para evitar el contagio de covid-19. Para sustituir las clases presenciales, el Ministerio de Educación (MINED) ideó, en los primeros días, un sistema de guías académicas y, así, no interrumpir los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Luego, se pusieron en marcha las clases virtuales para que el alumnado termine el año escolar en línea. Estas disposiciones, sobre todo la última, tomaron a muchas familias sin los recursos para trabajar. Solo un 21.2 % de los hogares salvadoreños cuenta con acceso a Internet, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2018.

El de Emma es uno de esos hogares que se ubica entre el 78.8 % que no cuenta con acceso a la red. Su casa, en el barrio San Antonio de Chalatenango se esconde tras el espejismo del casco urbano. Se ubica entre veredas a las que solo le adornan los árboles de mango y las casas de barro. Aquí, la mayoría de familias sobrevive de la cría casera de gallinas, del cultivo, de empleos de oficios varios o la venta informal.

La abrupta apuesta por la educación en línea hizo más profunda la brecha digital que hay en el sistema. Ante la urgencia, el Ministerio de Educación prevé entregar 700,000 computadoras a estudiantes. Pretende garantizar la educación a distancia por medio de clases virtuales. Aunque en la carrera por salvar el año escolar, la entidad se conduce sin una herramienta básica de diagnóstico: un censo actualizado de cuántos niños, niñas, adolescentes matriculados en el sistema público no cuentan con un ordenador.

«Una trata la manera de ayudar a los hijos con las tareas, pero con esta situación no se puede. Nos hemos quedado estancados, no tenemos información, ni los medios para conseguirla», dice Emma mientras recorre su casa, un pequeño cuarto donde se amontonan cuatro camas y una cocina. En la zozobra, no hay manera de pensar en comprar en ordenadores portátiles, dispositivos de alta gama o costear servicios de internet residencial. En el barrio San Antonio, la gente nada más se las arregla para subsistir y asegurar la comida.

La titular del Ministerio de Educación, Carla Hananía de Varela, ha intentado salir al paso de esta carencia: «Nos encontramos en una situación en donde tenemos que buscar los medios para continuar la educación. Los estamos buscando. Puede ser que nuestra data tenga algún error, mínimo, como tiene toda data, pero sí sabemos a dónde están los primeros a los que tenemos que llegar».

Organizaciones que se dedican a fiscalizar los temas educativos, sin embargo, apuntan a que tomar medidas sin constatar lo qué pasa en cada hogar es inapropiado. «No se ha hecho un diagnóstico basado en la realidad de los salvadoreños», asegura, por ejemplo, Mayra González, directora de Fundasil, una organización que trabaja en el acompañamiento de estudiantes y docentes en su formación pedagógica y educativa.

«Ahora nos lamentamos de que no existan sondeos, encuestas y censos de población que nos digan cuántas personas cuentan con un televisor, una computadora, radio, internet. Por el momento, las personas que tienen acceso a lo tecnológico creen que es posible que los demás puedan tenerlo», enfatiza González.

Esta promesa de equipar a los estudiantes con una computadora no es algo nuevo. Antes de su llegada a la presidencia, Salvador Sánchez Cerén presentó en su campaña como candidato: «Un niño, una niña, una computadora». Un programa que, durante sus cinco años de mandato, prometía dotar a los centros escolares de herramientas y formación tecnológica para que los alumnos y docentes conocieran sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). A pesar de ello, el proyecto se estrelló en los números.

Las computadoras llegaron, según auditoría del mismo gobierno, hasta el 97.4 % de los centros educativos públicos. Sin embargo, la cobertura no fue proporcional a la cantidad de computadoras ni a la población de estudiantes que ronda los 1.2 millones. Esto debido a que solo se llegó a entregar un 15 % de los 800,000 ordenadores prometidos. Sin una distribución equitativa, en un solo dispositivo recibían clases, al mismo tiempo, dos, tres e incluso cuatro estudiantes.

Sin una mirada a los fracasos del pasado y sin un plan estratégico, la medida del MINED es nada más una apuesta de intuición, dice Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia.

«Es necesario saber de dónde van a venir los recursos ya que en el presupuesto de 2020 -la entidad- no puntualizó los fondos para el rubro tecnológico», mantiene Picardo Joao.

Apostar o inyectar mucho más fondos para responder a las necesidades educativas frente a la emergencia, no es una posibilidad para el gobierno. Carla Hananía de Varela, ministra de Educación, ha dicho que la entidad sufrió un recorte del fondo de inversión para infraestructura. Un rubro que ronda los $29 millones.

«La emergencia de salud ha provocado que el Ministerio de Hacienda haga una serie de recortes a todos los ministerios. El nuestro sufrió un recortó en el presupuesto de inversión, donde teníamos prácticamente todo lo que íbamos a destinar para la infraestructura», explicó la Ministra en una entrevista televisiva.

El aumento de la brecha educativa tras la crisis salud, según Lucas Gortazar, especialista en políticas educativas del Banco Mundial, tendrá un impacto mucho más significativo en el alumnado del sector público. «No solo es cuestión de acceso a dispositivos, sino también de esa capacidad y recursos que puedan tener los progenitores», advierte Gortazar.

Los casos de Emma y María, madre de Diego, compañero de Steven en quinto grado, destacan que las guías educativas no están siendo efectivas para el aprendizaje de los estudiantes. En las clases impresas, cuenta María, es necesario ingresar a los enlaces complementarios para comprender sobre qué va el tema. «¿Qué es un texto dramático?» o «¿cuál es su estructura?» son preguntas que Diego, de momento, no puede responder. El material se vuelve complejo, mucho más, cuando no hay un maestro que pueda acompañarlo en el proceso.

«A mí me toca prestar un celular para poder resolver», sostiene María entre risas que intentan ocultar su vergüenza por no contar, siquiera, con un teléfono en su hogar. Como vendedora ambulante, María, logra reunir unos $5 por día. Pero con la crisis de salud, su ingreso, no llega ni a eso.

A las guías educativas les hace falta un manual adaptación de los programas. Cada material debe ir acompañado de un libro de texto para que los niños y niñas puedan resolver las tareas sin necesidad de acudir a la web, apunta Mayra González, directora de Fundasil.

«Se deben elaborar guías de acuerdo a la realidad de cada niño. A falta de un libro, se tiene que emplear alternativas de alcance como: controles de lectura, recortes de periódicos -que hagan alusión a la historia de El Salvador- o emplear ejercicios de geometría básica», explica.

De acuerdo con Fundasil, la complejidad de cada material puede traer como consecuencia: reprobar el año académico ya que el problema está en querer trasladar la escuela a la casa.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. “Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas”, recalca Glendy.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. “Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas”, recalca Glendy.

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$3.50 DE INTERNET

Glendy se prepara para recibir su primera clase en línea. Sentada y con celular en mano, espera que su teléfono se conecte a la plataforma, pero la conexión es inestable. Desde la emergencia, la joven tiene que pagar, al menos, dos paquetes de internet móvil de a $3.50 cada uno para poder cumplir con las materias de segundo año de bachillerato.

Esos 2 gigabytes de internet son insuficientes cuando Glendy no comprende ejercicios matemáticos y tiene que descargar material complementario. Trazar un plano cartesiano, sin la tutoría de un maestro, se le hace complicado. Así que debe invertir mucho más para poder visualizar tutoriales en plataformas multimedia. Estos gastos no estaban previstos.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. «Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas», recalca Glendy.

Esto es justo lo que pasa con Teresa, una docente del Centro Escolar «Los Deras» en Chalatenango, quien atiende aulas integradas de quinto y sexto grado. Con una matrícula de 55 estudiantes, ella debe impartir contenidos de materias como: Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas, Lenguaje, educación física, artística y Moral, Urbanidad y Física. «Cuando empezó toda la emergencia, tuve que elaborar guías por cada materia, con diferencia por grado y agregar a cada asignatura unos 14 contenidos. Terminé elaborando unas 22 páginas por cada materia», explica Teresa.

En el aula, la enseñanza se fusionaba con los contenidos de los libros de quinto y sexto grado. Esto hacía que la carga de educar fuera más liviana. Con las guías impresas, sin embargo, Teresa recibe el doble de consultas ya que cada material se ha adaptado de diferente forma para quinto y para sexto grado.

Conexión. Solo el 28% de los centros escolares públicos cuenta con servicios de Internet, así lo estima el sistema de datos del MINED.

«Recibo, al menos, unas seis consultas o llamadas por día, pero hay momentos en los que me debo desatender de los grupos en línea, para así, poder ir hasta donde están los alumnos que no tienen celular», detalla Teresa.

A esto se suma otra realidad, a Teresa le resulta complicado preparar contenidos y actividades solo con internet móvil. «La dotación de recursos a docentes -que no cuenten con los medios y fondos- es fundamental durante la pandemia; solo así se podrá asegurar la calidad de la enseñanza y rendimiento escolar», estima la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).

«No todos los docentes estamos formados. A mí todo lo virtual se me complica. Se espera que recibamos capacitaciones, pero uno apenas puede ingresar a las plataformas», comenta Teresa.

Al menos una cuarta parte de los docentes exhibe deficiencias en materia de alfabetización digital. No están familiarizados ni tienen los recursos, sostiene Óscar Joao Picardo. «Una de las urgencias es que el gobierno trabaje con los problemas de la capacitación digital de los maestros», asevera el especialista.

De momento, según las estimaciones del Ministerio de Educación, 10,000 docentes entre ellos, asesores técnicos pedagógicos y coordinadores de aulas informáticas están siendo capacitados en el uso de herramientas tecnológicas, como Google Classroom, para impartir contenidos.

«¿Qué pasará con los contenidos que no se lograron comprender o resolver? ¿Habrá repaso de todos los contenidos cuando regresemos a las clases presenciales?», cuestiona Glendy.

Prever una transición educativa debe ser también una prioridad, sostiene Margarita Franco, Asesora Global de Save the Children El Salvador. Para Franco, esta disposición tiene que vaticinar cómo se emplearán los contenidos lingüísticos, numéricos y funcionales tras la emergencia de salud.

«Es importante pensar no solo en los aspectos temáticos, sino trabajar en el tema del aprendizaje socio emocional dentro de lo curricular. Se debe asegurar cómo desarrollar capacidades de autocontrol o cómo trabajar en las habilidades interpersonales para que la niñez comprenda lo que está sucediendo», insiste Franco.

“Asistir a la escuela ya suponía un reto ante de la pandemia. Luego del cierre prolongado muchos niños y niñas, probablemente, no volverán a la escuela. Cerrar los centros educativos puede tener -en términos de equidad e inclusión- una gran repercusión”, sugiere la UNESCO.

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LA EDUCACIÓN DESPUÉS DEL COVID-19

El abandono escolar es una de las consecuencias más graves que dejará la pandemia, especialmente, en los países menos desarrollados. Así lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La falta de accesos de oportunidades laborales e ingresos monetarios llevará a muchas familias a priorizar sus necesidades en otros ámbitos y no en la educación.

«Asistir a la escuela ya suponía un reto ante de la pandemia. Luego del cierre prolongado muchos niños y niñas, probablemente, no volverán a la escuela. Cerrar los centros educativos puede tener -en términos de equidad e inclusión- una gran repercusión», sugiere la UNESCO.

Para Emma y María, este escenario es el que más se apega a su realidad. Con el confinamiento domiciliario ambas madres han tenido que hacer préstamos a vecinos o vender unas cuantas gallinas para poder subsistir a la crisis sanitaria.

«A nosotros nos cuesta, estamos angustiados. Antes, sin tanta urgencia, ya me tocaba decir que el niño no iría a la escuela, porque no me alcanzaba para la comida», relata Emma.

Sobre lo que sucederá con la educación después del covid-19, según la Ministra de Educación, estará determinado, en primer lugar, por cómo impacta la crisis al rendimiento académico y psicoemocional de los niños. Luego, se retomará la educación presencial y se evaluarán las lecciones aprendidas, sobre todo, en la calidad y la relevancia.

Documentar y monitorear las dificultades y buenas prácticas, debe ser un pilar dentro del sistema educativo. Save the Children enfatiza que, al superar la crisis de salud, el gobierno debe trabajar en este elemento, pues solo así se tendrán respuestas más acertadas de cara a otra emergencia.

Tanto Emma como María han fantaseado con la idea de que el gobierno, o alguna otra institución, las beneficie con una computadora gratuita. La idea resulta agridulce, solventa una necesidad, pero plantea otro reto. La siguiente pregunta que se hacen ambas es acerca de cómo afrontar el gasto extra en energía eléctrica. Para ellas, las computadoras deberían estar en el centro escolar «Los Deras«, en donde también haya quien enseñe a usarlas.

Hasta el momento en que empezó la cuarentena, en «Los Deras» solo había una computadora. Y los mismos alumnos que ahora tienen que hacer frente a las clases virtuales, apenas la tocaban.

Un vuelo sin regreso a El Salvador

Fotografía de Archivo

Javier compró un boleto con destino a Inglaterra. Este viaje lo «ideó» como si fuera parte de sus vacaciones anuales. Así que, por medio de una agencia de viajes, el joven se las arregló para agendar una visita a Londres. Su vuelo estaba programado para el 17 de noviembre de 2019 y su pase de regreso para dos semanas después. Con todos sus ahorros, Javier abordó y llegó a su destino, pero la verdad era que no eran vacaciones, jamás habrían podido ser eso, porque él ni tenía ese beneficio. Javier ya no regresó a El Salvador. Migró.

Al igual que Javier, otros 58 mil salvadoreños migraron de El Salvador a través de un vuelo en 2019. De acuerdo con las estimaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, el flujo migratorio, en el último año, aumentó por la vía aérea. Y es que el mayor déficit de entradas, respecto a las salidas -entre las fronteras terrestres y marítimas- se canalizó por esta ruta. Es decir que, de las 78,198 personas que abandonaron el país, un 74.8% lo hizo tras su trayecto por aire.

La migración salvadoreña se ha caracterizado por la movilidad de los viajeros a través de la vía terrestre. Siendo este el camino, durante los últimos 8 años, para quienes se movilizan hacia los Estados Unidos. A pesar de ello, en 2019, se registró la mayor disminución de salidas por tierra.

Con respecto a este descenso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DGME no dan detalles sobre las causas que pueden dar pie a estas cifras. Luego de dos semanas de solicitudes de entrevistas, no se obtuvo ninguna respuesta de parte de ambas instituciones.

A Javier la vida le cambió cuando tres pandilleros lo bajaron de un autobús hace cinco meses. En octubre de 2019, como todas las tardes, él se encargaba de repartir pedidos de un pequeño emprendimiento que montaba con su madre. Regresaba a su hogar cuando fue acorralado por los «muchachos».

Los pandilleros le exigieron su documento de identidad y le ordenaron bajar del transporte. Sin saber qué decir, Javier siguió las órdenes. Pero cuenta que: «Ya había pensado en esta posibilidad». Y es que, tras la desaparición de un amigo de infancia y el vivir en un territorio controlado por la pandilla, el hecho de ser apresado por los «muchachos», no era una situación alejada a su realidad. Así que corrió. Corrió y corrió hasta escapar.

Los motivos que tienen los salvadoreños para migrar vienen determinados por: la vulnerabilidad frente a la violencia y las carencias económicas que le impiden alcanzar una vida digna. Así lo determinó, la última encuesta sobre migración y remesas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el caso de Javier ambas razones pesan.

Acá, él interpuso una denuncia ante la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, pero hasta la fecha, poco ha avanzado su caso. Sin protección, con miedo a las represalias y sin poder regresar a su hogar, Javier optó por mantenerse nómada, pero le fue insostenible. A cada lugar que iba creía que la pandilla lo seguía.

Debía irse. La primera opción: los Estados Unidos. Pero los riesgos eran muchos, entre ellos, el ser arrestado, secuestrado o asesinado por grupos organizados. También debía emprender el camino por tierra y existía una alta probabilidad de que fuera deportado. Tras investigar, Inglaterra se convirtió en un destino favorable pues los solicitantes de asilo no son repatriados.

Infografía de La Prensa Gráfica

A pesar de que Estados Unidos resulte ser la primera opción para una gran parte de migrantes, el destino se ha vuelto aún mucho más complicado para quienes se desplazan de manera irregular. Y es que, según organizaciones de derechos humanos, desde la llegada de la administración Trump, en 2017, las políticas en contra de los migrantes se han vuelto mucho más agresivas.

Esta forma de movilidad, por la vía aérea, puede responder a ello. A la restricción y militarización de fronteras en países de tránsito como Guatemala y México, medidas que son parte de las directrices de la administración Trump para detener a los migrantes. Así lo considera Celia Medrano, directora de Cristosal, una organización de derechos humanos que se ocupa de temáticas como el desplazamiento forzado interno y la migración.

Sin ninguna duda, Medrano apunta que: «las detenciones masivas en los puntos fronterizos» son una de las causas para la disminución del flujo migratorio por la vía terrestre.

«Es evidente el incremento de las detenciones por parte de las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos. A esto hay que agregarle, el aumento del 40 % de las deportaciones y repatriaciones de los salvadoreños en el transcurso del 2019 y principios de 2020. Esto estaría marcando, desde el 2019, una situación de búsqueda de otras formas de migrar. El ‘encarecimiento’ del pago de coyotes para cruzar hacia Norteamérica también es otro elemento», explica Medrano.

El huir de pandilla fue para Javier una pesadilla. Una que se materializó en la búsqueda de recursos para poder comprar un boleto de mil dólares hacia Londres. Aunque aparentemente él disfrutaría de unas vacaciones, la realidad era otra. Tuvo que invertir parte de sus ahorros para hacerse de una maleta, su hermano llevó hasta el límite el crédito de su tarjeta para costear el viaje y su madre invirtió las ganancias que le daba su emprendimiento.

«Viaje solo con $80», dice Javier en una llamada. Al teléfono, el joven se toma un momento para repasar, nuevamente, las alternativas que tenía. A pesar de que Estados Unidos es una nación donde -según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores- se concentra el 93% de los migrantes salvadoreños, la opción de ir hacia Norteamérica era económicamente inalcanzable. Javier debía contar con un presupuesto de $8,000 para pagar un «coyote».

Costear un viaje -por vía terrestre o aérea- no es nada fácil para las personas que han sufrido «un hecho detonante» para su desplazamiento forzado. Según Cristosal, las dificultades económicas de muchas familias, las obliga a hipotecar sus bienes, vendar sus casas, ganados o pertenencias para recoger la cantidad necesaria.

“Es evidente el incremento de las detenciones por parte de las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos. A esto hay que agregarle, el aumento del 40 % de las deportaciones y repatriaciones de los salvadoreños en el transcurso del 2019 y principios de 2020. Esto estaría marcando, desde el 2019, una situación de búsqueda de otras formas de migrar. El ‘encarecimiento’ del pago de coyotes para cruzar hacia Norteamérica también es otro elemento”, explica Medrano.

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EL ESCAPE

Como Javier, Jonathan, un joven de 26 años, pagó un viaje y un tour por España. De acuerdo a su itinerario, su gira iniciaría por los lugares más famosos de la capital de Madrid y concluiría en Barcelona. Su vuelo estaba programado para el 5 de octubre de 2019 y su pase de regreso para el 15 de ese mismo mes, pero Cataluña, desde hace cinco meses, se ha convertido en su nuevo hogar.

Para Jonathan la ciudad de Barcelona representa un «escape», una salida a sus problemas económicos y a la violencia. Luego de empleos por temporadas y de la intimidación de los «muchachos» de la pandilla en su comunidad, no tuvo otro remedio que despedirse de su madre, padre y abuela y realizar un préstamo para llegar a su destino.

Por un momento, Jonathan creyó que Estados Unidos era un buen lugar para asentarse y comenzar. Allá, contaba con el apoyo de los amigos y familia para costear parte de los gastos. Pero el miedo de ser atrapado, deportado y el no poder solventar gastos médicos, casa y comida pesaron más. Así que puso su mirada en Europa.

Desde la llegada de la administración Trump existe un esfuerzo sin descanso y permanente para crear obstáculos contra las personas que no poseen autorización migratoria. Para Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones migrantes latinoamericanas y caribeñas en Estados Unidos, estas medidas van dirigidas a cumplir con las promesas electorales que hiciera Donald Trump como candidato a la presidencia.

«La administración Trump puso fin al Programa de Protección Migratoria (TPS), un plan donde el mayor número de beneficiados eran las personas de El Salvador. Además, han puesto mucho más «trabas» para obtener la residencia permanente ya que han aplicado con más rigurosidad leyes elaboradas desde 1996. La Corte Suprema también ha reafirmado el derecho que tiene este gobierno para poner más obstáculos a la solvencia económica de las familias inmigrantes que buscan establecerse en EUA», aclara Chacón.

Riesgos. En junio pasado, Valeria y Óscar Martínez murieron en el río Bravo. El aumento de los riesgos del camino han comenzado a persuadir a los migrantes de ver a EUA como destino.

Consciente de estas disposiciones, Jonathan cuenta que le va mucho mejor en Barcelona. En Cataluña, las autoridades de migración tramitan su petición de refugio, trabaja en una frutería -aún sin papeles- y, frente a la pandemia por el COVID-19 u otra emergencia, puede ser atendido en un centro de salud.

Con respecto a los efectos económicos tras las acciones de contención y el aislamiento domiciliario impuesto por los Estados frente a la pandemia, Alianza Américas considera que todo dependerá de cuánto duren las medidas. Si la crisis de salud se prolonga por tres o seis meses, los estragos -frente al paro- romperán la vida de millones centroamericanos, sobre todo, para los que laboran en hoteles, aeropuertos, restaurantes, bares y tiendas, ya que estos migrantes sobreviven con lo que ganan periódicamente.

«A la luz de la respuesta que ha tenido la batalla de contención del COVID-19, cualquier gobierno que esté en la Casa Blanca, a partir de los próximos años, tratará de incrementar las medidas de control médico como un criterio rector sobre quienes entran a EUA. Es probable que por la pandemia mundial, una de las consecuencias sea el endurecimiento de las políticas de inmigración», concluye el director ejecutivo de Alianza Américas.

Más que enfermar por coronavirus, a Jonathan le preocupan las repercusiones económicas que puede generar la pandemia. En los últimos días, ha pasado de trabajar 13 horas a 10. «Ahora hay menos paga. Aunque se trabaje de más, los empleadores siempre pagan igual. Se aprovechan de que no tenemos papeles».

Con los cierres internacionales y las cuarentenas «habrá un menor flujo de remesas, estimadas hoy en $325 billones para pases de desarrollo», estima el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de El Salvador, este escenario representa una gran amenaza debido a que el 20 % de los hogares subsisten con esta ayuda económica.

Ante la pandemia, la solicitud de refugio de Jonathan aún está en espera. La resolución sobre su caso se resolvería en un año, pero con la situación de emergencia puede que la respuesta llegue hasta principios de 2021.

Más que enfermar por coronavirus, a Jonathan le preocupan las repercusiones económicas que puede generar la pandemia. En los últimos días, ha pasado de trabajar 13 horas a 10. “Ahora hay menos paga. Aunque se trabaje de más, los empleadores siempre pagan igual. Se aprovechan de que no tenemos papeles”.

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LA INCERTIDUMBRE

Durante su estancia en Inglaterra, Javier ha permanecido en una casa de espera para migrantes que solicitan asilo. Ahí, recibe cada semana una ayuda social para comprar alimentos, medicinas y recibir asistencia médica. «Cuento con un lugar para estar, pero extraño mi país y a mi familia», repite el joven.

A Javier le invade la incertidumbre y el miedo de regresar. No sabe si su solicitud de asilo será aceptada, pero de ser rechazada no teme decir que: «Volverá a migrar». Esto a pesar de las restricciones en las fronteras como producto de la pandemia o por las nuevas políticas migratorias que pueda implementar la Unión Europea.

Lo preocupante -tras el COVID-19- vendrá cuando abran nuevamente las fronteras. El padre Mauro Verzeletti, director de las Casas del Migrante de El Salvador, Guatemala y Honduras, explica que el flujo de migrantes durante la pandemia ha disminuido por el cierre de fronteras, a pesar de ello, se mantiene la movilidad por puntos ciegos.

Se avecina una ‘avalancha’ de personas en busca de empleo hacia los Estados Unidos. Verzeletti cree que si no resuelve, desde el país de origen, las causas que llevan a los ciudadanos a migrar, la pandemia solo será un factor adicional para que las personas se movilicen.

«El problema de la pobreza extrema seguirá y las caravanas continuarán, pese a las restricciones de fronteras. El flujo de migrantes se intensificará. En este momento histórico, el gobierno de El Salvador debe tener la capacidad de cambiar el modelo económico donde los trabajadores formales, informales y desempleados puedan ser integrados a un nuevo sistema solidario y así no se vean forzadas a migrar», enfatiza Verzeletti.

Sin opciones en su país, a Javier solo lo acompañan las copias de sus denuncias por robo y unos diplomados que lo acreditan para elaborar productos alimenticios. Nada más. No cuenta con ningún familiar en Londres o en otra parte del mundo que no sea El Salvador.

De momento, ante el incremento del flujo migratorio hacia los países de la Unión Europea. La Comisión y el Parlamento han aprobado la tramitación de permisos -en 2021- para realizar viajes de turismo, negocios o escalas dentro del territorio. Los ciudadanos de 15 países de Latinoamérica, entre ellos, El Salvador, deberán hacerlo de manera obligatoria, sin ello, no podrán visitar destinos como: España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Grecia, Dinamarca o Suiza.

Regresar a El Salvador ya no es una alternativa. Para Javier y Jonathan, la idea de volver existe, solamente, si cambia la situación social y económica. De lo contrario, piensan permanecer en Inglaterra y España.

Epigrafe. A la larga, según expertos, la pandemia por covid-19 terminará modificando los criterios para seleccionar los beneficiarios de asilo.

«La cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos»

Fotografía de entrevistada
María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica.

María Rodríguez Tochetti es una especialista en temas penitenciarios que ha trabajado, desde hace 30 años, dentro del sistema carcelario en Uruguay y también ha impulsado, junto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las Reglas de Bangkok en América Latina. Para Tochetti, el camino para garantizar el trato digno de las reclusas es aún muy complicado ya que, por años, el tema ha sido invisibilizado por los gobiernos de la región.

La experta asegura que para abordar la realidad penitenciaria es necesario contar con un enfoque de género, un panorama que, por hoy, es muy difícil debido a que el 93% de los detenidos, en América Latina, son hombres. Esto genera que el sistema sea diseñado para la población masculina y no la femenina.

En El Salvador, las reclusas, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados. Para Tochetti esta es una característica de toda la región porque las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente y donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, ella considera que la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo surge su interés por trabajar con las privadas de libertad en la región?

Toda mi carrera y desarrollo profesional ha sido dentro del sistema penitenciario de Uruguay y en organismos internacionales que trabajan en materia carcelaria. Nunca tuve un trabajo que no fuera de esto, tengo un profundo orgullo de ser penitenciaria y me presento como tal, antes de hacerlo como abogada, pienso que es una bella profesión que no tiene una valoración social.

He tratado de darle mucho tiempo, mucha cabeza, corazón al tema de las mujeres privadas de libertad. Es una de las temáticas donde más he trabajado y escrito. Fue así como estuve vinculada con la redacción de las Reglas de Bangkok y su implementación en la región. Desde hace un año y medio llegué a El Salvador con dos objetivos: entender el otro lado de la cárcel y abordar la realidad penitenciaria con un enfoque sistémico. Uno que ve más allá y observa que los problemas de la prisión no se resuelven en ella.

Hablando de desafíos y de mirar desde una visión de 360 grados. ¿Cómo ha sido esa transición de trabajar desde lo estatal, en Uruguay, y llegar a El Salvador?

Trabajar en El Salvador fue para mí algo decisivo; profesionalmente me resultaba extremadamente interesante laborar acá. El fenómeno de las maras y pandillas es un hecho que caracteriza la realidad penitenciaria en el triángulo norte . Este es un desafío que no lo comparten otros gobiernos de la región. Uno puede tener muchos años de experiencia, pero entender -cuál es el rol que la cárcel cumple en la pandilla- es un reto enorme.

Las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: “por qué es diferente”. Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

¿En qué ámbitos ha focalizado el trabajo con las privadas de libertad?

El trabajar con mujeres privadas de libertad es un tema fundamental, porque se analiza: ¿cuál es el impacto de la detención en las mujeres y sus familias?. Debemos entender cuál es el impacto, a nivel social, ya que, muchas veces, son las mujeres las que sostienen a la familia y están al frente del cuido de sus hijos.

El daño que la prisión le causa a los hombres y a las mujeres es absolutamente diferente. El problema es que las mujeres privadas de libertad, en América Latina, representan un bajo porcentaje. Hablamos del 6 o 7%, en promedio, en relación al total de los hombres reclusos: 93%. Esto hace pensar que las detenidas son pocas y que no resultan un problema.

Con la invisibilización del problema, ¿a qué circunstancias se enfrentan las internas en la región?

Los sistemas penitenciarios concentran la atención en el 93% de la población reclusa, es decir, en los hombres. La cárcel olvida la necesidades de las mujeres. Esto lo vemos, por ejemplo, en los centros penales. Es difícil encontrar en nuestra región cárceles diseñadas para mujeres. Y alguien puede decir: ¿Pero es necesario una cárcel para mujeres?. Pues claro que sí, las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: «por qué es diferente». Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Fotografías de José Cardona

En 2019, el CICR difundió con las autoridades de seguridad y centros penales las Reglas de Bangkok. ¿De qué trata esta norma?

Este es el instrumento más importante que la ONU ha aprobado, desde 2010, y fue el primer documento que puso sobre la mesa, precisamente eso, la necesidad de mejorar las condiciones y el trato digno de las mujeres en las cárceles del mundo. Las reglas visibilizan el principio de la equidad: el darle -a cada uno- según lo que necesita. El principio básico de las reglas es «lograr la igualdad, real, o equidad». Hay que partir de las necesidades particulares de las mujeres para, luego, atender sus exigencias especiales.

Las mujeres, en su mayoría, cometen delitos menos violentos y son poco reincidentes, entonces, las reglas dicen: analicemos el perfil de las mujeres y el tipo de delito que cometen, estudiemos sus responsabilidades familiares, veamos sus historias de victimización ya que muchas han sido abusadas, coaccionadas o sufren una dependencia afectiva. Ante estas circunstacias, las reglas proponen buscar medidas alternativas para evitar la prisión.

De momento, el país está frente a un estado de emergencia por la pandemia mundial del coronavirus. ¿Está preparado el sistema carcelario para atender casos?

El mundo no está preparado para la pandemia y lo que estamos viendo de Europa nos demuestra que nadie está listo para un suceso de estas características y rapidez. Los sistemas penitenciarios son un espacio muy hostil y delicado para una enfermedad como el COVID-19. Estamos hablando de espacios hacinados en todos los países de Latinoamérica, estamos hablando de lugares donde no siempre tenemos el mejor sistema de salud, donde tenemos carencia, ahora imaginemos esto en la cárcel. Estamos conscientes de que la población privada de libertad son personas con especial situación de vulnerabilidad ante esta pandemia. Esto nos obliga a tomar medidas absolutamente focalizadas y especiales.

Fotografía de José Cardona

¿Se pueden idear medidas preventivas, efectivas, a pesar del hacinamiento carcelario que enfrentan las internas?

A nosotros nos parece que una medida para la reducción del hacinamiento es: el priorizar a las poblaciones vulnerables frente al coronavirus. Se debe atender a las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas y respiratorias. Ellas pueden ser consideradas para algún tipo de beneficio penitenciario, según el marco de la ley. Vemos que algunos países lo están considerando.

En Chile, por ejemplo, están pensado en el indulto humanitario para personas en fase terminal o las adultas mayores. Esto puede evitar el hacinamiento y reducir el daño del virus. De momento, es lo que podemos sugerir, pero esto no depende exclusivamente del sistema penitenciario también parte de los operadores de justicia.

Se ha dicho que los más vulnerables, frente a la pandemia del coronavirus, son los adultos mayores, pero dentro de las cárceles de mujeres no solo hay ancianas también hay menores de seis meses hasta los cinco años. ¿Cómo debe proceder el sistema penitenciario frente a estos casos?

El sistema penitenciario tomará todas las medidas necesarias para poner el interés superior del niño como algo central. Afortunadamente, los pequeños están en un lugar que reúne buenas condiciones. Hay que ver si algunas mujeres -por su perfil y avance de su condena- pueden acceder a cumplir la condena bajo un beneficio penitenciario y así cuidar a sus hijos.

¿Cómo suplir las necesidades de salud, una vez se confirme casos por coronavirus en el país, aún con la falta de medicamentos, disponibilidad de agua y permisos de salidas para las reclusas?

Nosotros estamos viendo, en términos generales, qué sugerencias podemos dar a los sistemas penitenciarios con base a la experiencia que tenemos. Hay temas que tendrán que ser resueltos en propia marcha, por eso, es importante el apoyo que podamos dar. Es un gran reto para el sistema penitenciario.

¿Cómo garantizar el derecho a la equidad, no discriminación y un trato digno de las internas, aún sin adoptar medidas como las Reglas de Bangkok?

Lo primero es que el personal conozca y entienda que las mujeres tienen necesidades particulares y diferentes. Se necesita comprensión y abordar la realidad con un enfoque de género.

Fotografía de José Cardona

¿El Salvador cuenta con esta sensibilización de género dentro del sistema carcelario?

Estamos trabajando en ello. La cárcel es un espejo amplificado de lo que pasa en la sociedad. No es un mundo aparte, los procesos van en paralelo.

El perfil de las mujeres que guardan prisión en elpaís, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados, esto genera un desconocimiento de sus derechos y falta de acceso a la justicia. ¿Qué hace el Estado para mejorar la condición de estas mujeres?

Esta es una característica de toda América Latina. Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo superar esa cultura punitiva de que toda acción necesita un castigo y no una medida alternativa?

El Salvador es el país que tiene la segunda tasa más alta de encarcelamiento en el mundo. La tasa promedio, a nivel mundial, es de 150 por cada 100.000 habitantes. El país tiene un índice de 600 personas. Es una nación que encierra, para evitarlo, debemos de sensibilizar a la gente para que entienda que esta no es la forma. La sociedad debe comprender que el derecho penal no solamente consagra la pena, sino que, también nos da medidas alternativas que son efectivas. La cárcel es una sanción que tiene que utilizarse como última instancia.

¿Cuáles son estas medidas alternativas?

El arresto domiciliario o los brazaletes son opción. Cuando una persona utiliza un brazalete, ella viene y va de forma controlada, sin que nada afecte su fuente de trabajo. Y si tiene otros problemas, se le puede buscar terapia o grupos de apoyo. También se puede apostar por los trabajos de utilidad pública como: cuidar a ancianos o niños para reparar el daño. No todas las mujeres cometen delitos graves.

Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas.

Fue hace un año, que el gobierno anunció tres centros de detención exclusivos para mujeres, antes, solo se contaba con cárcel de mujeres en Ilopango. ¿Es suficiente?

Como las mujeres son una población menor, generalmente, lo que se tiene es solo una cárcel exclusiva para mujeres. La sugerencia es que se diseñen cárceles de mujeres regionalizadas, espacios en otras provincias para atender a las reclusas. De momento, lo que se hace es que, en una cárcel de hombres, se genera un anexo, un lugarcito al lado para atender a las privadas de libertad. En el caso de El Salvador, como es un país muy pe queño, es muy complicado pensar en crear prisiones de mujeres -en todos los departamentos- es muy costoso. Este tema no es tan evidente o grave como en países como Honduras o Colombia donde solo hay tres prisiones y los familiares deben viajar por 10 horas para visitar a las internas.

¿Qué sucede con las mujeres que son detenidas mientras esperan juicio?

En América Latina hemos normalizado mandar presas a las personas que tiene presunción de inocencia. Tenemos países que van del 25% al 70% de presos preventivos. Ciudadanos en prisión que aún están siendo investigados y de los que no se tiene certeza sobre su culpabilidad. La prisión preventiva es una medida cautelar y se usa cuando realmente tengo sospechas de que la persona se va a fugar o que va a amenazar a un testigos y entorpecer la prueba. Si esos requisitos no se dan, los acusados tienen que esperar en libertad.

¿Qué medidas ha implementado El Salvador para adecuarse a las Reglas de Bangkok?

Por el momento, se debe trabajar para que cada empleado -del sector de justicia y penitenciario- conozca las reglas. Yo no le puede exigir a un sistema carcelario, o a un Estado, que cumpla si ellos no conocen el documento. Es importante seguir capacitando y llevar las normas a los diversos espacios.

De momento, ¿cuáles son la medidas con las que cuenta El Salvador para el trato de las reclusas?

Uno de los avances que hemos detectado es la visibilización, la aceptación de que trabajar con mujeres implica un enfoque diferencial. El que exista tres centros de detención, exclusivos para mujeres, es una medida muy positiva. También es importante destacar que los niños -que están con su madre en la prisión- se encuentran en la granja de Izalco, Sonsonate, un espacio más amigable y diferente al que tenían, hace unos años, en Ilopango.

¿Qué países de Latinoamérica han adoptado las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas?

Costa Rica.

Fotografía de José Cardona

¿Cuáles han sido los resultados luego de acatar las medidas?

Costa Rica ha tenido los mayores avances y ha hecho, inclusive, una modificación legal -en un artículo de su Ley de Drogas- donde establece la posibilidad de aminorar las penas para las mujeres tras ser expuestas a una situación de vulnerabilidad, extrema pobreza o coacción para cometer el hecho. Esta medida es un ejemplo de las primeras acciones con enfoque de género en la región.

¿En qué deben trabajar los Estados?

Yo pienso que se debe trabajar en la prevención. Se tiene que crear políticas públicas que eviten la delincuencia y criminalidad. También se deben crear normas que gestionen los sistemas penitenciarios con enfoque de género. A 10 años de la Reglas de Bangkok creemos que el tema está sobre la mesa, pero que todavía queda mucho por caminar en América Latina.

La discriminación laboral contra la mujer escapa al registro

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Cuando Elena fue contratada como investigadora en institución pública de derechos humanos creyó que había encontrado el empleo ideal. Podía poner en práctica sus conocimientos como abogada. Llegó con muchas ilusiones y expectativas, sobre todo, porque era la oportunidad para materializar su compromiso con la causa. Era septiembre de 2018.

Dos años después, como si estuviese en una corte, Elena lee en voz alta su carta de renuncia: «Esta decisión me ha llevado mucho tiempo de reflexión, porque ingrese al proyecto con mucha motivación, pero poco a poco esto fue apagándose por una serie de situaciones de acoso laboral», dice sentada en un restaurante de comida rápida en San Salvador.

Con el tiempo, si algo aprendió bien fue a dar alegatos, así que, en la mesa, recitando, Elena cuenta las razones que la obligaron a dejar su empleo. Con la renuncia y las denuncias como pruebas de los maltratos de su jefe, la joven se concentra en señalar una de las causas: su edad y su género.

Al ser una institución nueva, el equipo de investigación era conformado por mujeres jóvenes que continuaban formándose en técnicas relacionadas con el objetivo de la institución. Su jefe, con experticia en el temática, era quien debía de coordinar e instruir al grupo para crear un plan de trabajo, pero esto no sucedió.

A disgusto con su «poca experiencia», su jefe convertía cada reunión de trabajo en un campo de batalla donde Elena era bombardeada con gritos y reproches cómo: «¿Tiene usted las competencia para ejercer esta labor?».

Cansada de escuchar los mismos señalamientos y familiarizada con la palabra acoso laboral -actos de violencia psicológica en el lugar de trabajo-, Elena puso una demanda ante el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

«Nuestro jefe inmediato bloquea el trabajo, al no gestionar recursos técnicos y logísticos para el buen desempeño de nuestras labores; descalifica de manera verbal y públicamente el trabajo, en especial razón, por nuestra edad y condición de mujer», puntualiza la denuncia presentada por Elena, en 2019, al ISDEMU.

Su denuncia tuvo poco eco, nadie respondió ante sus señalamientos, ni los altos mandos de su entidad creyeron en que los incidentes podían darse en un lugar que tiene como base la defensa de los derechos humanos.

Como Elena, otras 685 mujeres se vieron afectadas, entre enero de 2018 a mayo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos del país, expresó en su informe preliminar: la prevalencia de la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH, en el año 2018, el país atendió 1,020 denuncias por violencia en el ámbito laboral. El 60% de estas demandas corresponden a casos de acoso laboral o sexual.

«Recuerdo el día en el que tuve hacer mi primer peritaje, debía anotar cada detalle y la forma en la que habían sido ubicado todo. Para no cometer ningún error pedí asesoría y así asegurarme de que todo lo que había descrito era lo correcto, mi jefe no dudó en preguntarme si realmente ‘yo tenía las capacidades para hacer el estudio técnico’», cuenta Elena.

En su momento, Elena se cuestionó si denunciar era lo correcto, sobre todo en un país donde tener un empleo parece más un privilegio que un derecho. Uno que en cifras se traduce, aproximadamente, a 1.8 millones de salvadoreños sin trabajo u ocupación. Y donde ser una persona asalariada es mucho más complejo para las mujeres.

En El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, la tasa de la Población Económicamente Inactiva (PEI) asciende al 38.7%. De este porcentaje, las más afectadas son las mujeres encabezar el 75.7% de la PEI en 2018.

La encuesta también demuestra la gran diferencia entre los motivos que obligan a hombres y mujeres a no tener -activamente- un empleo. Las salvadoreñas que no forman parte de la fuerza laboral se dedican a los quehaceres del hogar mientras que los hombres se ocupan de estudiar.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

Julia Aguilar, economista especializada en la temática del cuido y participación laboral y sindical de mujeres, enfatiza en que el sistema económico está basado en garantizar condiciones precarias para las mujeres.

«Las mujeres están ocupadas, principalmente, en actividades de comercio y servicio. En este rubro, cada empleada es vinculada con los quehaceres del hogar, con la limpieza, atención de las personas y la cocina. Es un área pagada, pero con tan poca valoración social. ‘¿por qué las mujeres no buscan otras opciones?’, dicen muchos. Pocos entienden que, a pesar de buscar, no hay otras opciones para ellas en el campo laboral», sostiene Aguilar.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

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Sin alternativas y en búsqueda de soluciones, Elena acudió a la institución, que por hoy, es la más buscada para gestionar el cumplimiento de los derechos laborales: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). De acuerdo con ORMUSA, la entidad es un referente debido a que los mecanismos administrativos del MTPS, no implican una acción legal en contra del empleador, lo que evita represalias, como el despido, para el trabajador.

En diciembre de 2019, un mes antes de su renuncia, Elena llegó hasta la oficinas del MTPS para dar aviso de los abusos de su jefe. Pero buscar un espacio para establecer una denuncia, de momento, también es un terreno complejo. La oficina que se ocupaba de atender los casos por acoso laboral, inequidad salarial y actos discriminatorios desapareció -desde septiembre- de la Dirección General de Inspección de la entidad.

De aquella tarde, Elena aún recuerda la desesperación con la que llegó hasta las oficinas del MTPS para que alguien hiciera algo por ella. Las cartas de recibido -por cada denuncia- y su testimonio eran su única garantía para comprobar que algo sucedió, pero eso no valió.

«Me dijeron que no podían atender mi caso porque el ministerio no podía atender a empleadas de una institución estatal y que en esos casos solo podía actuar la PDDH«, asegura Elena.

En una pausa, en un respiro para continuar con su historia y no perder ningún detalle, Elena toma nota y dice: pregunté si podía regresar al ministerio si las cosas empeoraban y me respondieron que no podían conocer mi caso bajo ninguna circunstancia.

Por este tipo de omisiones, Ormusa, cree que es necesario contar con una unidad capacitada como la que existió por 11 años en el Ministerio de Trabajo. Carmen Urquilla, del programa de justicia laboral y económica de la organización, indica que no hay argumento que valide «el suprimir» un espacio especializado para la prevención de actos discriminatorios. Y es que, la mayoría de empleados, no cuentan con una acreditación en el tema de género.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

La necesidad de un espacio, como la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, es mucho más evidente cuando la DYGESTIC señala que: son 1.8 millones de mujeres las que se mantienen activas dentro del campo laboral y que, de este aproximado, al menos, 30 de cada 100 se han visto afectadas por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La violencia laboral no es un tema nuevo, pero se hace poco para combatirlo. El Salvador tuvo la oportunidad, a mediados de 2019, de ratificar el Convenio 190 de la OIT -durante la Conferencia Mundial del Trabajo- en Suecia; un acuerdo que reafirma la tutela de los Estados frente a los problemas del acoso y la violencia en el ámbito laboral. A pesar de ello, el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, se abstuvo de votar.

La votación estuvo dividida ya que el Consejo Superior del Trabajo, conformado por el gobierno, la empresa privada y la representación sindical, no logró un acuerdo. El sector privado emitió su sufragio en contra del convenio y la parte sindical estuvo a favor.

En un informe de inicios de noviembre, Rolando Castro, ministro de trabajo, detalla a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, las razones que llevaron al gobierno a abstenerse del Convenio 190 de la OIT.

«No se hicieron las consultas tripartitas previas a la discusión del convenio. Ante las posiciones opuestas de la parte empleadora y la trabajadora, se consideró que la manera más inclusiva y adecuada de abordar la discusión es a través del Consejo Superior del Trabajo. En ese espacio se debe consensuar la visión de la parte empleadora y la de los trabajadores», sostiene Castro.

Entre las justificaciones, el Ministro de Trabajo aseguró que la abstención no implica que el convenio no pueda ratificarse. Pero hasta la fecha, El Salvador permanece como uno de los Estados que no han validado el Convenio 190 dentro del sistema de la OIT.

La Red Feminista frente a la violencia en contra la mujeres asegura que es preocupante el retroceso de los derechos humanos que enfrentan las mujeres, especialmente, porque existen recortes importantes en el presupuesto general de la nación para tutelar y erradicar la violencia en 2020.

Entre esos recortes está la reducción al presupuesto de los programas de salud en el primer nivel atención y protección social como: bono para educación. También se eliminó el plan de fortalecimiento para la salud de la mujer y se reasignaron al nuevo ministerio de desarrollo social, los proyectos y recursos de la extinta Secretaría de Inclusión Social.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

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LAS AFECTACIONES QUE SE INVISIBILIZAN

Previo a su renuncia, Elena fue diagnosticada con depresión debido a que el ambiente laboral se le hizo insostenible.

«La situación afectó directamente mi autoestima profesional, trascendió al ámbito personal y familiar, por lo que me vi obligada a recurrir a asistencia psicológica», sostiene Elena.

El boletín estadístico más reciente del Ministerio de Economía, sobre los impactos de la violencia en las mujeres en sus espacios de trabajo, expone que las mujeres sufren repercusiones físicas, psicológicos y en otros aspectos de la vida cotidiana debido a los abusos en el ámbito laboral.

En promedio, 436 mil mujeres han sido afectadas por la violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo a lo largo de su vida. De acuerdo con el documento, lo más frecuente -en las mujeres víctimas de una agresión- es la pérdida o el cambio de empleo, seguido de efectos emocionales como la depresión o miedo.

A pesar de la cantidad de mujeres que se enfrentan a la violencia laboral, Rhina Juárez del Centro de Atención Legal de ORMUSA, asegura que es preocupante la falta de denuncia, pero sobre todo el desconocimiento de las mujeres por identificar el problema.

«La gente tiende a tolerar la violencia, no es que les guste, pero la necesidad del empleo las obliga a hacerlo. En nuestro último estudio sobre la percepción de la violencia laboral contra las mujeres, notamos que pocas logran caer en cuenta de lo que sucede en términos conceptuales. De 1,092 mujeres encuestadas, solo 282 identificaron el acoso laboral y otras 204 precisaron en qué es discriminación de género», asegura Juárez.

Sin ayuda, la única solución para Elena fue renunciar a su trabajo. Decidió que otro empleo, con mucha menos paga, era la oportunidad para huir de los malos tratos que enfrentaba.

«El acoso laboral se normaliza tanto que hasta quienes dicen llamarse defensores de derechos humanos lo ejercen», concluye Elena.

Ilustración de Moris Aldana

Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran

Fachada del Palacio Nacional de El Salvador
Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran.

El Archivo General de la Nación custodia los documentos históricos de El Salvador, archivos que datan desde 1653, papeles que dan cuenta de los cimientos de la República, que tejen los recuerdos de la Colonia y la Federación Centroamericana. Es un espacio que preserva los lienzos fotográficos de los mandatarios de la época y la arquitectura del centro histórico y la nación en los últimos 60 años.

Un registro documental que también se nutre de colecciones privadas como la del escritor Alberto Masferrer, el ex presidente Maximiliano Hernández Martínez y series de instituciones bancarias y portuarias -ya extintas- como el Banco Industrial de El Salvador, Banco Nacional de El Salvador y la Compañía de Puerto El Triunfo.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

Son aproximadamente, 12 millones de folios que no pueden ser evaluados. Una extensión que se asemeja a calles repletas de documentos, tanta como la distancia desde el centro de San Salvador hasta el municipio de San Marcos.

Dar vida nuevamente al papel requiere de una suma delicadeza y de una infinidad de caricias. Cada documento es como un rompecabezas. Unir cada hoja, cada letra, es un desafío que depende de la antigüedad de la pieza y de reconstruir la obra lo más parecido a su estado original.

Cada hoja debe ser restaurada con base a sus niveles de pH debido a que cada documento contiene diferentes niveles de acidez, tipo tinta, composición química, pigmentos y sales de hierro.

Algo esencial para intervenir los archivos de la nación frente a su antigüedad y base de tintas ferrogálicas que devoran el papel.

Restaurar también supone tratar los archivos con materiales libres de acidez, insumos como pegamentos, adhesivos, pliegos de papel japonés con distintas bases para los injertos -un proceso donde se imita nuevamente la hoja y se reconstruyen las partes que faltan del documento-, y equipos para hidratar, encapsular, coser y reintegrar el papel.

Han sido años de descuido, años que su director, Luis Huezo Mixco reconoce en un memorándum como respuesta a una solicitud de información que pide a detalle el plan de restauración de los últimos dos años: 2018 y 2019.

El director del AGN escribe que -en 2018- no hubo ni un solo trabajo de restauración. Además asegura que, a inicios de 2019, el archivo general comenzó hacer un trabajo de recuperación luego de 11 años y múltiples solicitudes para adquirir materiales.

Anaqueles con los archivo general de la nación
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

«El área estaba inactiva por carencia de materiales desde 2008. La prioridad fue, entonces, gestionar la compra de materiales en el extranjero. Como se verá, posteriormente, en los documentos que se incluyen en este mismo informe», asegura Mixco.

Ese año se elaboraron 450 cajas protectoras cuya compra fue local. Estos fueron productos que no estaban hechos del mejor material, pues cada estuche fue elaborado con bases de cartón compuestas por altos niveles de acidez. Y es que, en El Salvador, no hay ningún proveedor nacional que cuente con insumos para restaurar debido a que los costos son muy elevados y nadie ve mercado en la restauración.

En los últimos años, tampoco hubo un presupuesto definido para el AGN, el archivo general contaba con un fondo circulante que no sobrepasaba los $600. Un monto que también era compartido con la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Los fondos del AGN, en este gobierno, dependen de la Dirección General de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones (DIGIADE) del Ministerio de Cultura. Para este 2020, MICULTURA cuenta con un presupuesto de $21 millones.

De esta cantidad, según el documento oficial, se ha destinado $18 millones para los servicios de protección, conservación, formación y difusión del arte y cultura. En este detalle no se precisa la cantidad con la que funcionará el Archivo General de la Nación.

A sus 72 años, pese a su matriz de papel, el archivo de la nación no cuenta con un área para recuperar acervos documentales de hace más de 100 años. Hay documentos que, desde que fueron escritos, no han sido restaurados por la falta de materiales y especialistas.

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No había pega para empastar, tampoco cuchillas, ni tablas para cortar. Ante la falta de estampadoras de papel, se ocupaban cintas adhesivas para identificar los documentos. La guillotina estaba escondida, porque «era demasiado grande» y cualquier empleado podría sufrir algún percance. Tampoco habían pesas adecuadas que aplastaran el papel, las disponibles eran unas hechas a bases de baterías de vehículo desechadas, plomo perjudicial para el humano y también para los documentos.

Denise, una especialista en la restauración documental, que llegó al archivo más grande del país para darle vida nuevamente al papel, tenía, literalmente, que sacar dinero de su bolsa y comprar los materiales para recuperar los documentos. Era julio de 2018. El año en el que el AGN, la institución encargada del patrimonio documental de El Salvador, no restauró ni un solo folio por la falta de materiales.

En aquel tiempo, Denise y el equipo de restauración -conformado por solo un restaurador a medio tiempo-, se las ingeniaban para recuperar un poco del patrimonio documental. Su capacidad se puso a prueba cuando tuvo que intervenir un diario oficial de 1876.

Cuando habla de curar un periódico antiguo, Denise, no calla. Habla con suavidad y acaricia una servilleta como si se tratara de un diario de la época. Repite cada que puede su propia norma.

Archivo histórico en restauración
Daño. El AGN no cuenta con un área de restuación documental. En 2018, la institución no restauró ni un solo documento a falta de material y personal.

Primero se limpia, luego se calca, se dibuja sobre la hoja, se hace una especie de fotocopia para restaurar lo roto y se encuaderna. 400 hojas fueron conservadas luego de que, Denise, ideara una fórmula con engrudo, pegamento de madera, papel de arroz y cartón piedra.

Bajo el anonimato, restauradores de papel coinciden en que se trabaja con carencias. Agregan que es necesario -un taller de restauración nacional- un espacio que esté equipado y conformado por biólogos, químicos, laboratoristas clínicos ya que «recuperar el papel va más que allá que una página rota». Y es que, tratar un documento, también requiere descifrar la causa de su aspecto amarillento, la cantidad de insectos que pueden alimentarse del papel y de las mezclas químicas que puede resistir cada manuscrito.

En su estancia de siete meses por el AGN, bajo la promesa de que sería contratada como restauradora a tiempo completo, Denise solo pudo empastar 10 libros e intervenir aquel diario oficial de 1876. No se le dio prioridad a su función. Su retiro del archivo general, se dio luego de que su trabajo no fuera remunerado y se congelara la plaza.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

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El panorama sigue igual en el AGN. El único restaurador apenas alcanza a verificar los pasillos del Palacio Nacional para dar una que otra sugerencia a sus compañeros sobre cómo conservar.

La Ley del Archivo General de la Nación, que regula las atribuciones y funciones del AGN desde 1948, detalla que la institución es la encargada de la conservación de manuscritos históricos y administrativos del gobierno central y municipal desde 1660.

Este archivo custodia la historia de «la cultura de varias generaciones» y es, por hoy, el centro de gestión documental de mayor proporción en el país. En este espacio, según la norma, se debe de conservar, restaurar, clasificar, describir, e inventariar el tesoro cultural documental.

En 2019, el Archivo General de la Nación pudo realizar su primera compra por $10,000 a través de una empresa nacional. En este pedido, el AGN adquirió materiales básicos para la restauración, entre ellos, pliegos de papel japonés con distintas bases para injertos, adhesivo libre de ácido y pegamento a base de metil celulosa.

Archivos históricos
Antigüedad. Los archivos históricos de El Salvador datan, según el Ministerio de Cultura,desde 1653.

A pesar de este primer intento por recuperar los documentos, la única persona con potestad dentro del AGN, tras 15 años como restaurador, no duda en responder: «La institución aún está en pañales». Y explica que, no solo se requieren insumos, también es necesario realizar un diagnóstico ambiental, determinar la temperatura, humedad, medir los niveles de contaminación, precisar la cantidad de organismos como el moho, hongos e insectos que acaban con el papel.

«Eso no más es el engaño. Yo por eso ya les dije a la gente que para procesos de restauración se necesita los equipos», asegura.

Luego de una consulta por archivos de 1932, es evidente que los procesos de restauración marchan lento. Un documento de la condición jurídica del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez se despedaza. No hay usuario que pueda concentrarse entre una tapa dañada que pareciera que el mismo papel se la traga y las páginas que apenas alcanzan a estar empastadas por una tira de adhesivo transparente.

Entre las instrucciones del AGN reza el tratar «delicadamente» los documentos. Se puede tomar fotografías, pero no manchar, ni destruir. Aunque la regla fue rota en libro de Martínez. En la portada se lee, a lápiz, un «cod 82″ para identificar la pasta.

Anaqueles con archivos
Sin condiciones. El Palacio Nacional no reune las condiciones para preservar los archivos históricos de El Salvador.

En algunos espacios -de los fondos documentales- aún hay hojas sueltas, rotas, amarillentas, toldos de papel kraft que «protegen» los documentos y rótulos de cartón señalizados con marcador para ubicar los pasillos de cada archivo.

El secretismo, con respecto al problema, impera desde el Ministerio de Cultura, esta institución no autorizó, luego de un mes de insistencia, ni una sola entrevista para conversar con los empleados y su director sobre los métodos de restauración. Hasta el cierre de este reporte no se otorgó ninguna respuesta.

«Entre más color mucho más es la acidez del papel», esta frase se repite como un mandamiento entre los especialistas de papel, pero en el AGN las cajas protectoras a primera vista son de color marrón y cada fondo funciona bajo las consideraciones de cada archivista.

Sin respuesta del Ministerio de Cultura, con respecto a la protección de los archivos históricos dentro del AGN, lo más cercano a la visión del gobierno es el plan Cuscatlán. En el ramo de cultura se menciona brevemente el resguardo de archivos. En tres líneas se lee: «Promoveremos la reestructuración, digitalización, reordenamiento y reubicación de los archivos históricos según los lineamientos de las normativas nacionales e internacionales».

Guadalupe Lobos, vicepresidente del Comité Memoria del Mundo en El Salvador, un organismo creado -desde 1999- por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) para identificar los fondos documentales más importantes del país, asegura que no ha existido voluntad política ni interés de los gobiernos de turno para restaurar y conservar los archivos históricos que son parte del patrimonio.

Lobos, también como ex directora del AGN, considera que a escala de país no hay ninguna ley que respalde o empuje con fuerza el tema de la custodia y protección de los patrimonios históricos y únicos.

«La Ley Especial de Protección al Patrimonio está, pero lo que dice es una generalidad. El enfoque con el que ha trabajado el Ministerio de Cultura siempre ha sido bajo la declaratoria de bienes muebles e inmuebles. No hemos llegado a la parte del patrimonio documental. Es una plana pendiente. Se debe oficializar la propuesta para evitar el robo y el saqueo de archivos históricos que no cuentan con la protección y son patrimonio partidos», enfatiza.

La necesidad de un plan de restauración dentro del AGN no es nuevo. Un informe especial de gestión ambiental de la Corte de Cuentas la República determinó, en 2017, que el Archivo General de la Nación no contaba con un proyecto de conservación y recuperación de documentos históricos.

Mesa para estudiar
Incalculable. El AGN no puede cuantificar los daños de su acervo documental. Se habla de 12 millones de folios que no pueden ser evaluados.

Esta situación llevó a que la Corte de Cuentas sugiriera el diseño de planes para la conservación, restauración, clasificación y descripción de los folios.

Luego de dos años, el director del AGN, válida un plan de restauración con base a un proyecto de preservación documental. Un proceso que difiere con la recuperación de archivos. La conservación se basa en un trabajo preventivo, en frenar el daño, a través de la limpieza, empastado y cuido de los documentos, pero no en recuperar.

Este plan, elaborado en febrero de 2018 y vigente para 2020, señala que: el personal está desactualizado en prácticas modernas de preservación, la falta de un manual de procesos técnicos aplicables, la ausencia de un inventario de materiales para la restauración y la indiferencia de las necesidades del AGN «a causa del desconocimiento sobre el rol del archivo general en la preservación del patrimonio».

En el archivo de la nación se respira más que incertidumbre. Los empleados alertan que en el sótano, donde se guarda el fondo de la Corte de Cuentas, el aire llevan más que polvo y se aspira moho. Los deshumidificadores de aire se echan andar tres veces por semana y no todos funcionan.

Instalar nuevos equipos supone un reto. Sobre todo porque el Palacio Nacional es parte del patrimonio desde 1980 y no es un edificio administrado por el AGN. Es decir, el monumento no puede ser intervenido, ni modificado por ningún motivo. Con los años, esto también ha afectado al AGN para la conservación de los archivos.

El Palacio Nacional, de acuerdo con un ex subdirector del AGN, no reúne las condiciones para albergar documentos. En primer lugar porque ya no hay espacio para más archivos y, en segundo, porque los daños en la instalación son serios. En invierno hay goteras, cambios de temperatura, poca iluminación y existe el peligro de colapso frente a un terremoto.

Estas condiciones frenan los avances para acceder a la información documental del AGN. El proceso de clasificación, catalogación y restauración es lento. Sin un orden, no hay oportunidad de conocer toda la información disponible dentro del archivo.

El centro histórico palpita con cada una de sus edificaciones, con su gente, su bullicio. El Palacio Nacional es una de las obras que se ubica en el corazón de la ciudad de San Salvador, un monumento que se destaca por su arquitectura y sus 100 años de antigüedad. Un tesoro que cobra vida cada mañana, cada tarde, cuando sus aceras se convierten en un lugar para estar, descansar o contemplar la majestuosidad de la catedral.

Aunque muchos se ven atraídos por un Palacio Nacional que se ilumina y atrae a los turistas y a su mismo pueblo, al final de una tarde, el Archivo General de la Nación con suerte recibe a cuatro usuarios al día. De momento, el AGN trabaja con lo que puede y tiene.

Aún cuando supone un gran reto pensar en el futuro, sin poder controlar todo lo del presente, la dirección del AGN asegura que entre los planes está el diseñar un espacio para un nuevo archivo. Uno que cumpla con los estándares y sea ideado junto a especialistas del Archivo General de la Nación de Costa Rica, los mayores referentes centroamericanos en la gestión documental.

Folios del archivo general de la nacion
Materiales. El AGN no contó con insumos para la restauración de documentos por 11 años.

El largo viaje de Flor para conseguir salud

Fotografía de Javier Aparicio

Desde que el centro de salud a cargo de un Equipo Comunitario de Salud Familiar (ECOSF) dejó de funcionar en el caserío de Los Rosales, Flor debe caminar por más de una hora para poder llegar hasta la clínica más cercana en el municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate.

Flor tiene cuatro meses de embarazo y corre el riesgo de perder a su hijo. Los médicos le han prohibido caminar, «agitarse» o hacer cualquier tipo de actividad que ocupe mucho esfuerzo. Su cuadro es de alto riesgo. Pero sin clínicas de salud cerca, ella debe hacer todo lo contrario para cumplir con sus controles prenatales.

En el caserío Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre. Este cierre no es el único, según una contraloría del Foro Nacional de Salud, una organización creada -con la reforma de salud de 2010- para auditar la atención y los servicios de salud del sistema público. Otros 10 ECOSF han dejado de brindar consultas médicas en comunidades de San Salvador y Santa Ana.

Esta misma contraloría de finales de 2019 señaló que el Ministerio de Salud justificó los cierres señalando la falta de personal, instalaciones inadecuadas y problemas de seguridad.

Los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) fueron creados, luego de la reforma de salud en 2010, para garantizar el acceso a los servicios de salud en zonas donde la atención no llegaba. Comunidades lejanas donde a sus habitantes les era difícil movilizarse hasta los hospitales debido a la falta de recursos y la extrema pobreza.

Los 578 ECOSF que funcionan a nivel nacional tienen por sede las Unidades Comunitarias de Salud de Familiar (UCSF). UCSF que, de acuerdo con los lineamientos de técnicos de los Ecos Familiares, deben ubicarse en el lugar de mayor accesibilidad, puntos geográficamente cercanos para las familias que no tienen acceso a los servicios médicos por la lejanía de sus comunidades en zonas rurales o urbanas.

Este modelo de salud familiar, en el primer nivel de atención, también fue ideado para tratar el 80% de las enfermedades que enfrentan los salvadoreños, entre ellas, el dengue, zika, chikungunya y padecimientos como la hipertensión, diabetes y problemas respiratorios.

El ECOSF de Agua Chuca, en Los Rosales, se ha esfumado. El modelo que se implementó desde hace unos ochos años en la comunidad no funciona más. Y, sin explicaciones de las autoridades de salud, el centro de salud cerró.

En Los Rosales, donde el transporte apenas llega y la solución para poder andar es caminar entre calles sin pavimentar, de perderse entre los polvos de tierra, de subir y bajar angostas veredas, de madrugar y salir entre las 4:30 o 5:00 am para llegar un poco antes de la siete y coger cupo para la consulta médica, no hay quien se ocupe de atender a los enfermos.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. «son más de 1,000 personas», asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

Los ECOS Familiares responden a un modelo de atención ideado por el gobierno del FMLN hace 10 años para extender los servicios y priorizar el acceso a la salud en comunidades con una tasa de extrema pobreza. Son equipos comunitarios que, por cada centro de salud, asisten a 3,000 personas en el área rural y cubren, en promedio, a otras 7,000 en la zona urbana.

Acá, en el caserío de Los Rosales, el ECOSF era un privilegio, uno que les ayudaba a tratar su salud y no caminar por horas. Ahora, las opciones son pocas, para conseguir salud toca pagar o ir a pie.

La falta de asistencia médica ha afectado a unas 400 familias y a otros seis caseríos. “son más de 1,000 personas”, asegura Orlando Hernández, presidente de la Asociación Comunitaria del caserío Los Rosales.

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En Los Rosales, Flor sigue preocupada: «Los doctores dicen que puedo perder el bebé. Puedo tener un aborto y no habrá forma de que el bebé sobreviva».

Por hoy, no hay quien se ocupe de los pacientes, ni del mantenimiento del lugar. A Flor tampoco le llegan las razones que justifiquen el cierre del centro de salud.

El Ministerio de Salud, por el momento, no ha hecho una declaración oficial del por qué algunas sedes, a cargo de los equipos comunitarios, han cerrado. Hasta el cierre de este reportaje, el equipo de comunicaciones del MINSAL, no respondió a las múltiples solicitudes de entrevista.

Para este 2020, el presupuesto de salud registró un recorte de $33 millones. Esto solo en el rubro del primer nivel de atención. Nivel en el que se inyectan los fondos para el funcionamiento de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y los ECOSF.

El recorte de los fondos en el primer nivel, no coincide con la estrategia de salud del nuevo gobierno. De acuerdo con el plan Cuscatlán, los equipos de salud comunitarios contarán con nuevas instalaciones, recursos humanos, insumos y tecnología para garantizar la atención de las familias. Pero esto no pasará en el primer año de mandato.

La situación se vuelve más preocupante en el caserío Los Rosales y lugares aledaños del municipio de Cuisnahuat. La disminución del presupuesto en la zona occidentales el más alto entre la región central, paracentral y oriental. Este año, el primer nivel de atención en occidente funcionará con $10 millones menos.

Las autoridades de salud tampoco han dado detalle de los cierres a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Desde el parlamento se solicitó un informe por la falta de atención en tres ECOSF de la zona central. Una medida que ha afectado, desde octubre, a unas 4,000 personas de las comunidades: Los Letona, Santa Gertrudis y el cantón Las Flores en San Martín.

«La Comisión de Salud acordó, desde noviembre, dar seguimiento a la situación de las comunidades afectadas en San Martín. Los cierres son un retroceso para la atención de salud en el primer nivel. Esto podría impactar en los indicadores salud de la mortalidad materna e infantil», afirma María Elizabeth Gómez, presidenta de la Comisión de Salud.

A estas comunidades, la falta de servicios de salud los ha llevado a recibir atención médica hasta los hospitales de San Bartolo o Cojutepeque. Lugares mucho más lejos del centro del municipio. Los afectados no pueden viajar hacia lugares donde tienen prohibido llegar.

Viajar hasta Cuisnahuat es cansado. A los caminos de tierra solo los adornan terrenos áridos y uno que otro cultivo de caña. No hay lugar para descansar, ni sombra que apacigüe los rayos de sol. Y frente al calor sofocante, no queda más que acelerar el paso para llegar al destino cuanto antes.

Con una barriga de cuatro meses de embarazo, Flor se las arregla para ir y venir a pesar de que el trayecto no sea fácil. De lo contrario, tendría que pagar unos $10 para que un camión la lleve hasta Cuisnahuat, una cantidad que la joven no tiene.

Orlando, presidente de la ADESCO, explica que otros seis caseríos se ven afectados por la falta de consultas médicas. También señala que los más perjudicados son los niños y niñas que recibían controles de niño sano, los adultos mayores con problemas para movilizarse, las mujeres embarazadas y las personas con pocos recursos que accedían a medicamentos gratis.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que la atención primaria, bajo un sistema integral de servicios con enfoque familiar y comunitario, contribuye a la cobertura y el acceso universal a la salud de las poblaciones más vulnerables.

Sin atención. En el caserío de Los Rosales, el centro de salud comunitario cerró desde noviembre.

«Estas medidas, además de favorecer el acceso y la calidad de atención, provocan nuevas economías para los hogares que ya no tienen la necesidad de realizar grandes desplazamientos. Con este sistema de salud, las familias logran resolver localmente sus necesidades en salud», asegura la OPS en su informe «El Salvador en el camino hacia la Cobertura Universal de Salud».

Sin atención, los habitantes del caserío y zonas aledañas optan por quedarse en casa. Los recursos económicos limitan a muchos. Sobre todo, a las familias que sobreviven de la cosecha de maíz, maicillo, banano, tomate, frijoles y el ganado.

Camino a su hogar, Flor señala que aquel espacio «desolado» era donde ella solía recibir su control prenatal. «A solo unos 10 minutos a pie».

La falta de servicios de salud también afecta a Francisca Elías y a sus dos pequeños de tres años. Sin atención, los gemelos han dejado sin continuidad sus controles de niño sano.

Además, la situación de Francisca ha empeorado desde que uno de sus gemelos enfrenta complicaciones en su ojo izquierdo. Pero sin dinero y sin transporte, no puede hacer mucho.

«Con ellos no puedo caminar. Los niños siempre piden que uno los cargue. Antes, para mí, era mucho más fácil. Estábamos a la par de donde atendía el equipo comunitario. Ahora, uno debe levantarse a las cinco de la mañana, o mucho más antes, para ir a Cuisnahuat. Sin dinero se hace difícil, así que debemos esperar», dice Francisca.

De acuerdo con el Foro Nacional de Salud, la falta de atención en los ECOSF ubicados en Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, es preocupante. Esto debido a que el municipio está catalogado con un alto índice de extrema pobreza. Un porcentaje del 52.40 %, según el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

Morena Murillo, experta en temas de salud y coordinadora de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, asegura que los cierres de los ECOSF son un retroceso para el acceso de salud de familias que antes no contaban con los servicios.

«En los lugares donde nunca hubo servicios de salud, necesitas garantizar que el modelo de atención comunitaria se mantenga. Necesitas fortalecer ese sistema de atención, no cerrarlo. Los cierres son contraproducente para las familias de escasos recursos. También complicará la atención en otros niveles ya que el 80% de las enfermedades que padecen los salvadoreños pueden ser tratables en el primer nivel de atención», aclara Murillo.

Tratamiento. Sin atención médica, los afectados han dejado sin continuidad sus controles médicos. Tampoco obtienen sus medicamentos.

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Francisca y Flor no solo han perdido sus controles médicos. Los afectados con el cierre ya no cuentan con medicina gratuita, tampoco tienen servicios de curación o vacunación.

Amilcar Pintín, secretario de la ADESCO del caserío Los Rosales, asegura que las autoridades de salud -en Cuisnahuat– se reservan la información sobre lo que pasará con el ECOSF.

«Simplemente dicen que es una orden del gobierno central. Aseguran que no hay personal, ni médico que pueda atender a los pacientes. Antes contábamos con una farmacia, un consultorio de salud, camillas y un área ambulatoria», explica Pintín.

Ante los cierres, el coordinador de los ECOSF del municipio de Cuisnahuat, Mauricio Macua dice poco. Macua asegura que no está autorizado para hablar sobre el tema.

«Para nadie es una mentira la deficiencia que han tenido todos los gobiernos. Este gobierno no será el único. Todos tenemos deficiencias. Pero con respecto a la situación de los ECOSF, no podemos darle ninguna información. Puede concertar una cita con el Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral. Él podrá darle más detalles», expresó Macua.

Hasta el cierre de este reportaje, tampoco hubo una respuesta del Jefe departamental del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

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A SAN PEDRO Y A LA HACIENDA TASULATH TAMPOCO LLEGAN LOS SERVICIOS DE SALUD

A 7 kilómetros y medio, al poniente de Cuisnahuat, la situación es diferente. El ECOSF del Caserío El Palmar no ha cerrado, pero la asistencia médica es deficiente. La atención tampoco llega a las comunidades lejanas como San Pedro y la Hacienda Tasulath.

El ECOSF del Caserío El Palmar es un espacio modesto. Solo hay un consultorio y lo demás del lugar se divide entre archiveros, unas cuantas cortinas hospitalarias, paredes que sirven como carteleras de anuncios y un estante para los expedientes médicos.

Carmely Guerrero, coordinadora de la Unidad Comunitaria, asegura que, a pesar del poco personal, el ECOSF no ha dejado de brindar atención. Guerrero sostiene que las actividades «se retomaron» luego de las festividades de fin de año, en la segunda semana de enero.

El problema del caserío El Palmar y las comunidades aledañas es que el centro de salud comunitario atiende dos veces por semana. Los martes y jueves. Así que la opción de los habitantes para tratar cualquier enfermedad se reduce a estos dos días. En lo que resta de la semana no hay médico que atienda alguna emergencia.

Sin un médico, los lunes, miércoles y viernes, los habitantes del caserío El Palmar deben arreglárselas para caminar o pagar $20 por un camión que los lleve hasta Cuisnahuat.

En los días sin consultas, el equipo de salud familiar, según Guerrero, debe trasladarse hasta los caseríos más alejados. Comunidades que ubican a unas tres o cuatro horas del ECOSF de El Palmar, entre ellas, San Pedro y la Hacienda Tasulath.

Abelardo Tobar, residente del caserío San Pedro, asegura que las jornadas médicas se han suspendido hace 10 meses. Abelardo lleva el tiempo exacto ya que desde esa fecha, su hijo de dos años no recibe atención médica.

«Mi hijo va creciendo a la voluntad de Dios. Esta es la realidad de uno de pobre. Antes, los médicos venían, se acercaban al caserío, pero desde hace meses nadie viene», cuenta Abelardo.

Afectados. Los cierres han afectado a las mujeres embarazadas, a los niños y niñas que recibían controles de niño sano y a los adultos mayores con problemas para movilizarse.

La organización de Profesionales para la Transformación de El Salvador (PROES) aclara que hay deterioro evidente del sistema de salud debido al «paulatino abandono» del modelo de atención comunitario.

«El aumento de enfermedades se debe a la poca atención y abordaje intersectorial centrado en la persona, la familia y la comunidad. Esta fue la esencia de la reforma de salud que tuvo impactos positivos en indicadores como la reducción de la mortalidad infantil y baja de la mortalidad materna. La misma OPS reconoce que la reforma colocó a El Salvador entre los países de América Latina con más avances de salud», explica PROES.

A otros tres kilómetros y medio, la situación pinta igual, la Hacienda Tasulath es un caserío olvidado por el equipo comunitario de El Palmar. Al camino solo lo adornan los peñones y los cultivos de caña. Reina la ausencia y las pocas ganas de aventurarse a un viaje de cuatros horas a pie.

Ada Luz Rivas es una mujer de 72 años que vive en la Hacienda Tasulath. A su edad, la anciana asegura que a pesar de sus dolencias y de una artritis que solo puede empeorar, no viajará más. Luz ha optado por esperar. Aguarda a que, luego de cinco meses, el equipo comunitario cumpla con sus jornadas médicas en lugar.

«Quisiera que hubiese una clínica en el caserío para pasar consulta. A veces, uno está bien grave y tiene que pagar para que lo lleven. Y si uno no pasa consulta, no viaja, hay que arreglárselas para comprar pastillas e ir pasando la enfermedad», dice Luz.

Ante la ausencia del ECOSF en los caseríos de San Pedro y la Hacienda Tasulath, la promotora de salud de El Palmar asegura que «es difícil llegar con poco personal». La Unidad Comunitaria solo cuenta con una doctora, una enfermera, un auxiliar y una promotora de salud.

Por el momento, frente los problemas de atención, el ECOSF de El Palmar ampliará sus horarios para cubrir más consultas médicas. Lunes, miércoles y viernes.

La medida no beneficia a los caseríos de San Pedro y la Hacienda. Un día más de atención en El Palmar, representa, en teoría, un día menos para las jornadas médicas en las zonas retiradas.

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Para Flor las soluciones no llegan. Luego de tres meses, se le hace incierto saber lo que sucederá con el ECOSF del caserío Los Rosales.

«Nos han dicho que debido a la insistencia de las familias, el ECOSF atenderá una vez por semana. Esto lo ha prometido el director de la Unidad de Salud de Cuisnahuat«, cuenta.

La solución sigue siendo insuficiente para Flor y las demás familias. Una consulta por semana no bastará para atender a los pacientes de los siete caseríos. Y limitar la asistencia médica bajo un sistema de cupos -no podrá garantizar- que todos sean atendidos por la prioridad de sus casos.

Ausencia. A las comunidades de San Pedro y la Hacienda Tasulath no llega la atención médica.