María Rodríguez Tochetti es asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Desde hace un año y medio, Tochetti, trabaja en las cárceles de El Salvador y uno de sus enfoques es mejorar las condiciones y el trato digno de las reclusas a través de la implementación de las Reglas de Bangkok. Una norma creada, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para atender las necesidades de las privadas de libertad e idear sanciones que no impliquen su detención permanente. A 10 años de los principios, la experta considera que el sistema penitenciario es un espacio históricamente abandonado por los países de América Latina y, particularmente, invisibilizado en el tema de las mujeres, de tal manera que, desde su infraestructura, la prisión no es ideada para resguardar a las internas.

«La cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos»

Una entrevista de Wendy Hernández

Fotografías de José Cardona

Fotografía de entrevistada
María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica.

María Rodríguez Tochetti es una especialista en temas penitenciarios que ha trabajado, desde hace 30 años, dentro del sistema carcelario en Uruguay y también ha impulsado, junto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las Reglas de Bangkok en América Latina. Para Tochetti, el camino para garantizar el trato digno de las reclusas es aún muy complicado ya que, por años, el tema ha sido invisibilizado por los gobiernos de la región.

La experta asegura que para abordar la realidad penitenciaria es necesario contar con un enfoque de género, un panorama que, por hoy, es muy difícil debido a que el 93% de los detenidos, en América Latina, son hombres. Esto genera que el sistema sea diseñado para la población masculina y no la femenina.

En El Salvador, las reclusas, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados. Para Tochetti esta es una característica de toda la región porque las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente y donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, ella considera que la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo surge su interés por trabajar con las privadas de libertad en la región?

Toda mi carrera y desarrollo profesional ha sido dentro del sistema penitenciario de Uruguay y en organismos internacionales que trabajan en materia carcelaria. Nunca tuve un trabajo que no fuera de esto, tengo un profundo orgullo de ser penitenciaria y me presento como tal, antes de hacerlo como abogada, pienso que es una bella profesión que no tiene una valoración social.

He tratado de darle mucho tiempo, mucha cabeza, corazón al tema de las mujeres privadas de libertad. Es una de las temáticas donde más he trabajado y escrito. Fue así como estuve vinculada con la redacción de las Reglas de Bangkok y su implementación en la región. Desde hace un año y medio llegué a El Salvador con dos objetivos: entender el otro lado de la cárcel y abordar la realidad penitenciaria con un enfoque sistémico. Uno que ve más allá y observa que los problemas de la prisión no se resuelven en ella.

Hablando de desafíos y de mirar desde una visión de 360 grados. ¿Cómo ha sido esa transición de trabajar desde lo estatal, en Uruguay, y llegar a El Salvador?

Trabajar en El Salvador fue para mí algo decisivo; profesionalmente me resultaba extremadamente interesante laborar acá. El fenómeno de las maras y pandillas es un hecho que caracteriza la realidad penitenciaria en el triángulo norte . Este es un desafío que no lo comparten otros gobiernos de la región. Uno puede tener muchos años de experiencia, pero entender -cuál es el rol que la cárcel cumple en la pandilla- es un reto enorme.

Las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: “por qué es diferente”. Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

¿En qué ámbitos ha focalizado el trabajo con las privadas de libertad?

El trabajar con mujeres privadas de libertad es un tema fundamental, porque se analiza: ¿cuál es el impacto de la detención en las mujeres y sus familias?. Debemos entender cuál es el impacto, a nivel social, ya que, muchas veces, son las mujeres las que sostienen a la familia y están al frente del cuido de sus hijos.

El daño que la prisión le causa a los hombres y a las mujeres es absolutamente diferente. El problema es que las mujeres privadas de libertad, en América Latina, representan un bajo porcentaje. Hablamos del 6 o 7%, en promedio, en relación al total de los hombres reclusos: 93%. Esto hace pensar que las detenidas son pocas y que no resultan un problema.

Con la invisibilización del problema, ¿a qué circunstancias se enfrentan las internas en la región?

Los sistemas penitenciarios concentran la atención en el 93% de la población reclusa, es decir, en los hombres. La cárcel olvida la necesidades de las mujeres. Esto lo vemos, por ejemplo, en los centros penales. Es difícil encontrar en nuestra región cárceles diseñadas para mujeres. Y alguien puede decir: ¿Pero es necesario una cárcel para mujeres?. Pues claro que sí, las reclusas tienen necesidades diferentes. Y cuando digo esto, aparecen cuatro hombres preguntando: «por qué es diferente». Por ejemplo, si se va a construir una prisión para las internas, se tiene que poner más inodoros porque las mujeres van más al baño y tienen necesidades propias de la higiene menstrual. Cuando vas a una cárcel sin perspectiva de género, vez solo una cama y un estante.

María Rodríguez Tochetti, asesora regional en sistemas penitenciarios en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Fotografías de José Cardona

En 2019, el CICR difundió con las autoridades de seguridad y centros penales las Reglas de Bangkok. ¿De qué trata esta norma?

Este es el instrumento más importante que la ONU ha aprobado, desde 2010, y fue el primer documento que puso sobre la mesa, precisamente eso, la necesidad de mejorar las condiciones y el trato digno de las mujeres en las cárceles del mundo. Las reglas visibilizan el principio de la equidad: el darle -a cada uno- según lo que necesita. El principio básico de las reglas es «lograr la igualdad, real, o equidad». Hay que partir de las necesidades particulares de las mujeres para, luego, atender sus exigencias especiales.

Las mujeres, en su mayoría, cometen delitos menos violentos y son poco reincidentes, entonces, las reglas dicen: analicemos el perfil de las mujeres y el tipo de delito que cometen, estudiemos sus responsabilidades familiares, veamos sus historias de victimización ya que muchas han sido abusadas, coaccionadas o sufren una dependencia afectiva. Ante estas circunstacias, las reglas proponen buscar medidas alternativas para evitar la prisión.

De momento, el país está frente a un estado de emergencia por la pandemia mundial del coronavirus. ¿Está preparado el sistema carcelario para atender casos?

El mundo no está preparado para la pandemia y lo que estamos viendo de Europa nos demuestra que nadie está listo para un suceso de estas características y rapidez. Los sistemas penitenciarios son un espacio muy hostil y delicado para una enfermedad como el COVID-19. Estamos hablando de espacios hacinados en todos los países de Latinoamérica, estamos hablando de lugares donde no siempre tenemos el mejor sistema de salud, donde tenemos carencia, ahora imaginemos esto en la cárcel. Estamos conscientes de que la población privada de libertad son personas con especial situación de vulnerabilidad ante esta pandemia. Esto nos obliga a tomar medidas absolutamente focalizadas y especiales.

Fotografía de José Cardona

¿Se pueden idear medidas preventivas, efectivas, a pesar del hacinamiento carcelario que enfrentan las internas?

A nosotros nos parece que una medida para la reducción del hacinamiento es: el priorizar a las poblaciones vulnerables frente al coronavirus. Se debe atender a las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas y respiratorias. Ellas pueden ser consideradas para algún tipo de beneficio penitenciario, según el marco de la ley. Vemos que algunos países lo están considerando.

En Chile, por ejemplo, están pensado en el indulto humanitario para personas en fase terminal o las adultas mayores. Esto puede evitar el hacinamiento y reducir el daño del virus. De momento, es lo que podemos sugerir, pero esto no depende exclusivamente del sistema penitenciario también parte de los operadores de justicia.

Se ha dicho que los más vulnerables, frente a la pandemia del coronavirus, son los adultos mayores, pero dentro de las cárceles de mujeres no solo hay ancianas también hay menores de seis meses hasta los cinco años. ¿Cómo debe proceder el sistema penitenciario frente a estos casos?

El sistema penitenciario tomará todas las medidas necesarias para poner el interés superior del niño como algo central. Afortunadamente, los pequeños están en un lugar que reúne buenas condiciones. Hay que ver si algunas mujeres -por su perfil y avance de su condena- pueden acceder a cumplir la condena bajo un beneficio penitenciario y así cuidar a sus hijos.

¿Cómo suplir las necesidades de salud, una vez se confirme casos por coronavirus en el país, aún con la falta de medicamentos, disponibilidad de agua y permisos de salidas para las reclusas?

Nosotros estamos viendo, en términos generales, qué sugerencias podemos dar a los sistemas penitenciarios con base a la experiencia que tenemos. Hay temas que tendrán que ser resueltos en propia marcha, por eso, es importante el apoyo que podamos dar. Es un gran reto para el sistema penitenciario.

¿Cómo garantizar el derecho a la equidad, no discriminación y un trato digno de las internas, aún sin adoptar medidas como las Reglas de Bangkok?

Lo primero es que el personal conozca y entienda que las mujeres tienen necesidades particulares y diferentes. Se necesita comprensión y abordar la realidad con un enfoque de género.

Fotografía de José Cardona

¿El Salvador cuenta con esta sensibilización de género dentro del sistema carcelario?

Estamos trabajando en ello. La cárcel es un espejo amplificado de lo que pasa en la sociedad. No es un mundo aparte, los procesos van en paralelo.

El perfil de las mujeres que guardan prisión en elpaís, según la Dirección General de Centros Penales, son salvadoreñas que provienen de sectores pobres y marginalizados, esto genera un desconocimiento de sus derechos y falta de acceso a la justicia. ¿Qué hace el Estado para mejorar la condición de estas mujeres?

Esta es una característica de toda América Latina. Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas. Por esta razón, la cárcel es una pena muy esquizofrénica si la mujer no tiene recursos para mantener a sus hijos.

¿Cómo superar esa cultura punitiva de que toda acción necesita un castigo y no una medida alternativa?

El Salvador es el país que tiene la segunda tasa más alta de encarcelamiento en el mundo. La tasa promedio, a nivel mundial, es de 150 por cada 100.000 habitantes. El país tiene un índice de 600 personas. Es una nación que encierra, para evitarlo, debemos de sensibilizar a la gente para que entienda que esta no es la forma. La sociedad debe comprender que el derecho penal no solamente consagra la pena, sino que, también nos da medidas alternativas que son efectivas. La cárcel es una sanción que tiene que utilizarse como última instancia.

¿Cuáles son estas medidas alternativas?

El arresto domiciliario o los brazaletes son opción. Cuando una persona utiliza un brazalete, ella viene y va de forma controlada, sin que nada afecte su fuente de trabajo. Y si tiene otros problemas, se le puede buscar terapia o grupos de apoyo. También se puede apostar por los trabajos de utilidad pública como: cuidar a ancianos o niños para reparar el daño. No todas las mujeres cometen delitos graves.

Las mujeres vienen de entornos desfavorecidos, deprimidos económicamente, donde el delito, en muchas ocasiones, se comete para resolver sus necesidades económicas.

Fue hace un año, que el gobierno anunció tres centros de detención exclusivos para mujeres, antes, solo se contaba con cárcel de mujeres en Ilopango. ¿Es suficiente?

Como las mujeres son una población menor, generalmente, lo que se tiene es solo una cárcel exclusiva para mujeres. La sugerencia es que se diseñen cárceles de mujeres regionalizadas, espacios en otras provincias para atender a las reclusas. De momento, lo que se hace es que, en una cárcel de hombres, se genera un anexo, un lugarcito al lado para atender a las privadas de libertad. En el caso de El Salvador, como es un país muy pe queño, es muy complicado pensar en crear prisiones de mujeres -en todos los departamentos- es muy costoso. Este tema no es tan evidente o grave como en países como Honduras o Colombia donde solo hay tres prisiones y los familiares deben viajar por 10 horas para visitar a las internas.

¿Qué sucede con las mujeres que son detenidas mientras esperan juicio?

En América Latina hemos normalizado mandar presas a las personas que tiene presunción de inocencia. Tenemos países que van del 25% al 70% de presos preventivos. Ciudadanos en prisión que aún están siendo investigados y de los que no se tiene certeza sobre su culpabilidad. La prisión preventiva es una medida cautelar y se usa cuando realmente tengo sospechas de que la persona se va a fugar o que va a amenazar a un testigos y entorpecer la prueba. Si esos requisitos no se dan, los acusados tienen que esperar en libertad.

¿Qué medidas ha implementado El Salvador para adecuarse a las Reglas de Bangkok?

Por el momento, se debe trabajar para que cada empleado -del sector de justicia y penitenciario- conozca las reglas. Yo no le puede exigir a un sistema carcelario, o a un Estado, que cumpla si ellos no conocen el documento. Es importante seguir capacitando y llevar las normas a los diversos espacios.

De momento, ¿cuáles son la medidas con las que cuenta El Salvador para el trato de las reclusas?

Uno de los avances que hemos detectado es la visibilización, la aceptación de que trabajar con mujeres implica un enfoque diferencial. El que exista tres centros de detención, exclusivos para mujeres, es una medida muy positiva. También es importante destacar que los niños -que están con su madre en la prisión- se encuentran en la granja de Izalco, Sonsonate, un espacio más amigable y diferente al que tenían, hace unos años, en Ilopango.

¿Qué países de Latinoamérica han adoptado las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas?

Costa Rica.

Fotografía de José Cardona

¿Cuáles han sido los resultados luego de acatar las medidas?

Costa Rica ha tenido los mayores avances y ha hecho, inclusive, una modificación legal -en un artículo de su Ley de Drogas- donde establece la posibilidad de aminorar las penas para las mujeres tras ser expuestas a una situación de vulnerabilidad, extrema pobreza o coacción para cometer el hecho. Esta medida es un ejemplo de las primeras acciones con enfoque de género en la región.

¿En qué deben trabajar los Estados?

Yo pienso que se debe trabajar en la prevención. Se tiene que crear políticas públicas que eviten la delincuencia y criminalidad. También se deben crear normas que gestionen los sistemas penitenciarios con enfoque de género. A 10 años de la Reglas de Bangkok creemos que el tema está sobre la mesa, pero que todavía queda mucho por caminar en América Latina.

 


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