Emma intenta imaginar cómo luce el Canal de Panamá. A su mente no vienen buques, embarcaderos o un puerto de carga comercial que acorta, en distancia, la comunicación marítima de los barcos que vienen y van entre el océano Pacífico y Atlántico. No tiene ninguna referencia bibliográfica o visual. Lo único que sabe sobre el Canal de Panamá es que viene en una guía educativa -elaborada por docentes- que indica que los niños y niñas de quinto grado deben construir una maqueta de este, que es «uno de los lugares más importantes de Centroamérica».

Desde marzo, cuando inició la cuarentena domiciliar, Emma, la madre de Steven, un niño de 11 años que cursa educación media en el Centro Escolar «Los Deras» del departamento de Chalatenango, no ha encontrado manera alguna para que su hijo pueda resolver las tareas.

La escuela era el lugar donde Steven podía solucionar -con libros de texto- la mayor parte de las asignaciones académicas. Ahora, con el cierre de las aulas, su situación se ha agravado. Sin una computadora o un celular inteligente es imposible resolver las guías educativas. Sin información, los documentos sin respuesta se apilan en su mesa.

Los centros educativos públicos y privados están cerrados desde el 10 de marzo, en cumplimiento de las medidas para evitar el contagio de covid-19. Para sustituir las clases presenciales, el Ministerio de Educación (MINED) ideó, en los primeros días, un sistema de guías académicas y, así, no interrumpir los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Luego, se pusieron en marcha las clases virtuales para que el alumnado termine el año escolar en línea. Estas disposiciones, sobre todo la última, tomaron a muchas familias sin los recursos para trabajar. Solo un 21.2 % de los hogares salvadoreños cuenta con acceso a Internet, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2018.

El de Emma es uno de esos hogares que se ubica entre el 78.8 % que no cuenta con acceso a la red. Su casa, en el barrio San Antonio de Chalatenango se esconde tras el espejismo del casco urbano. Se ubica entre veredas a las que solo le adornan los árboles de mango y las casas de barro. Aquí, la mayoría de familias sobrevive de la cría casera de gallinas, del cultivo, de empleos de oficios varios o la venta informal.

La abrupta apuesta por la educación en línea hizo más profunda la brecha digital que hay en el sistema. Ante la urgencia, el Ministerio de Educación prevé entregar 700,000 computadoras a estudiantes. Pretende garantizar la educación a distancia por medio de clases virtuales. Aunque en la carrera por salvar el año escolar, la entidad se conduce sin una herramienta básica de diagnóstico: un censo actualizado de cuántos niños, niñas, adolescentes matriculados en el sistema público no cuentan con un ordenador.

«Una trata la manera de ayudar a los hijos con las tareas, pero con esta situación no se puede. Nos hemos quedado estancados, no tenemos información, ni los medios para conseguirla», dice Emma mientras recorre su casa, un pequeño cuarto donde se amontonan cuatro camas y una cocina. En la zozobra, no hay manera de pensar en comprar en ordenadores portátiles, dispositivos de alta gama o costear servicios de internet residencial. En el barrio San Antonio, la gente nada más se las arregla para subsistir y asegurar la comida.

La titular del Ministerio de Educación, Carla Hananía de Varela, ha intentado salir al paso de esta carencia: «Nos encontramos en una situación en donde tenemos que buscar los medios para continuar la educación. Los estamos buscando. Puede ser que nuestra data tenga algún error, mínimo, como tiene toda data, pero sí sabemos a dónde están los primeros a los que tenemos que llegar».

Organizaciones que se dedican a fiscalizar los temas educativos, sin embargo, apuntan a que tomar medidas sin constatar lo qué pasa en cada hogar es inapropiado. «No se ha hecho un diagnóstico basado en la realidad de los salvadoreños», asegura, por ejemplo, Mayra González, directora de Fundasil, una organización que trabaja en el acompañamiento de estudiantes y docentes en su formación pedagógica y educativa.

«Ahora nos lamentamos de que no existan sondeos, encuestas y censos de población que nos digan cuántas personas cuentan con un televisor, una computadora, radio, internet. Por el momento, las personas que tienen acceso a lo tecnológico creen que es posible que los demás puedan tenerlo», enfatiza González.

Esta promesa de equipar a los estudiantes con una computadora no es algo nuevo. Antes de su llegada a la presidencia, Salvador Sánchez Cerén presentó en su campaña como candidato: «Un niño, una niña, una computadora». Un programa que, durante sus cinco años de mandato, prometía dotar a los centros escolares de herramientas y formación tecnológica para que los alumnos y docentes conocieran sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). A pesar de ello, el proyecto se estrelló en los números.

Las computadoras llegaron, según auditoría del mismo gobierno, hasta el 97.4 % de los centros educativos públicos. Sin embargo, la cobertura no fue proporcional a la cantidad de computadoras ni a la población de estudiantes que ronda los 1.2 millones. Esto debido a que solo se llegó a entregar un 15 % de los 800,000 ordenadores prometidos. Sin una distribución equitativa, en un solo dispositivo recibían clases, al mismo tiempo, dos, tres e incluso cuatro estudiantes.

Sin una mirada a los fracasos del pasado y sin un plan estratégico, la medida del MINED es nada más una apuesta de intuición, dice Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia.

«Es necesario saber de dónde van a venir los recursos ya que en el presupuesto de 2020 -la entidad- no puntualizó los fondos para el rubro tecnológico», mantiene Picardo Joao.

Apostar o inyectar mucho más fondos para responder a las necesidades educativas frente a la emergencia, no es una posibilidad para el gobierno. Carla Hananía de Varela, ministra de Educación, ha dicho que la entidad sufrió un recorte del fondo de inversión para infraestructura. Un rubro que ronda los $29 millones.

«La emergencia de salud ha provocado que el Ministerio de Hacienda haga una serie de recortes a todos los ministerios. El nuestro sufrió un recortó en el presupuesto de inversión, donde teníamos prácticamente todo lo que íbamos a destinar para la infraestructura», explicó la Ministra en una entrevista televisiva.

El aumento de la brecha educativa tras la crisis salud, según Lucas Gortazar, especialista en políticas educativas del Banco Mundial, tendrá un impacto mucho más significativo en el alumnado del sector público. «No solo es cuestión de acceso a dispositivos, sino también de esa capacidad y recursos que puedan tener los progenitores», advierte Gortazar.

Los casos de Emma y María, madre de Diego, compañero de Steven en quinto grado, destacan que las guías educativas no están siendo efectivas para el aprendizaje de los estudiantes. En las clases impresas, cuenta María, es necesario ingresar a los enlaces complementarios para comprender sobre qué va el tema. «¿Qué es un texto dramático?» o «¿cuál es su estructura?» son preguntas que Diego, de momento, no puede responder. El material se vuelve complejo, mucho más, cuando no hay un maestro que pueda acompañarlo en el proceso.

«A mí me toca prestar un celular para poder resolver», sostiene María entre risas que intentan ocultar su vergüenza por no contar, siquiera, con un teléfono en su hogar. Como vendedora ambulante, María, logra reunir unos $5 por día. Pero con la crisis de salud, su ingreso, no llega ni a eso.

A las guías educativas les hace falta un manual adaptación de los programas. Cada material debe ir acompañado de un libro de texto para que los niños y niñas puedan resolver las tareas sin necesidad de acudir a la web, apunta Mayra González, directora de Fundasil.

«Se deben elaborar guías de acuerdo a la realidad de cada niño. A falta de un libro, se tiene que emplear alternativas de alcance como: controles de lectura, recortes de periódicos -que hagan alusión a la historia de El Salvador- o emplear ejercicios de geometría básica», explica.

De acuerdo con Fundasil, la complejidad de cada material puede traer como consecuencia: reprobar el año académico ya que el problema está en querer trasladar la escuela a la casa.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. “Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas”, recalca Glendy.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. “Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas”, recalca Glendy.

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$3.50 DE INTERNET

Glendy se prepara para recibir su primera clase en línea. Sentada y con celular en mano, espera que su teléfono se conecte a la plataforma, pero la conexión es inestable. Desde la emergencia, la joven tiene que pagar, al menos, dos paquetes de internet móvil de a $3.50 cada uno para poder cumplir con las materias de segundo año de bachillerato.

Esos 2 gigabytes de internet son insuficientes cuando Glendy no comprende ejercicios matemáticos y tiene que descargar material complementario. Trazar un plano cartesiano, sin la tutoría de un maestro, se le hace complicado. Así que debe invertir mucho más para poder visualizar tutoriales en plataformas multimedia. Estos gastos no estaban previstos.

En su centro educativo, una de las alternativas para acompañar a los alumnos ha sido la creación de grupos colectivos por medios como WhatsApp o Facebook. A pesar de los esfuerzos, los docentes no dan abasto para la cantidad de consultas que deja sueltas este sistema de educación improvisado. «Yo he tenido que esperar hasta varios días para tener respuestas», recalca Glendy.

Esto es justo lo que pasa con Teresa, una docente del Centro Escolar «Los Deras» en Chalatenango, quien atiende aulas integradas de quinto y sexto grado. Con una matrícula de 55 estudiantes, ella debe impartir contenidos de materias como: Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas, Lenguaje, educación física, artística y Moral, Urbanidad y Física. «Cuando empezó toda la emergencia, tuve que elaborar guías por cada materia, con diferencia por grado y agregar a cada asignatura unos 14 contenidos. Terminé elaborando unas 22 páginas por cada materia», explica Teresa.

En el aula, la enseñanza se fusionaba con los contenidos de los libros de quinto y sexto grado. Esto hacía que la carga de educar fuera más liviana. Con las guías impresas, sin embargo, Teresa recibe el doble de consultas ya que cada material se ha adaptado de diferente forma para quinto y para sexto grado.

«Recibo, al menos, unas seis consultas o llamadas por día, pero hay momentos en los que me debo desatender de los grupos en línea, para así, poder ir hasta donde están los alumnos que no tienen celular», detalla Teresa.

A esto se suma otra realidad, a Teresa le resulta complicado preparar contenidos y actividades solo con internet móvil. «La dotación de recursos a docentes -que no cuenten con los medios y fondos- es fundamental durante la pandemia; solo así se podrá asegurar la calidad de la enseñanza y rendimiento escolar», estima la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).

«No todos los docentes estamos formados. A mí todo lo virtual se me complica. Se espera que recibamos capacitaciones, pero uno apenas puede ingresar a las plataformas», comenta Teresa.

Al menos una cuarta parte de los docentes exhibe deficiencias en materia de alfabetización digital. No están familiarizados ni tienen los recursos, sostiene Óscar Joao Picardo. «Una de las urgencias es que el gobierno trabaje con los problemas de la capacitación digital de los maestros», asevera el especialista.

De momento, según las estimaciones del Ministerio de Educación, 10,000 docentes entre ellos, asesores técnicos pedagógicos y coordinadores de aulas informáticas están siendo capacitados en el uso de herramientas tecnológicas, como Google Classroom, para impartir contenidos.

«¿Qué pasará con los contenidos que no se lograron comprender o resolver? ¿Habrá repaso de todos los contenidos cuando regresemos a las clases presenciales?», cuestiona Glendy.

Prever una transición educativa debe ser también una prioridad, sostiene Margarita Franco, Asesora Global de Save the Children El Salvador. Para Franco, esta disposición tiene que vaticinar cómo se emplearán los contenidos lingüísticos, numéricos y funcionales tras la emergencia de salud.

«Es importante pensar no solo en los aspectos temáticos, sino trabajar en el tema del aprendizaje socio emocional dentro de lo curricular. Se debe asegurar cómo desarrollar capacidades de autocontrol o cómo trabajar en las habilidades interpersonales para que la niñez comprenda lo que está sucediendo», insiste Franco.

“Asistir a la escuela ya suponía un reto ante de la pandemia. Luego del cierre prolongado muchos niños y niñas, probablemente, no volverán a la escuela. Cerrar los centros educativos puede tener -en términos de equidad e inclusión- una gran repercusión”, sugiere la UNESCO.

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LA EDUCACIÓN DESPUÉS DEL COVID-19

El abandono escolar es una de las consecuencias más graves que dejará la pandemia, especialmente, en los países menos desarrollados. Así lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La falta de accesos de oportunidades laborales e ingresos monetarios llevará a muchas familias a priorizar sus necesidades en otros ámbitos y no en la educación.

«Asistir a la escuela ya suponía un reto ante de la pandemia. Luego del cierre prolongado muchos niños y niñas, probablemente, no volverán a la escuela. Cerrar los centros educativos puede tener -en términos de equidad e inclusión- una gran repercusión», sugiere la UNESCO.

Para Emma y María, este escenario es el que más se apega a su realidad. Con el confinamiento domiciliario ambas madres han tenido que hacer préstamos a vecinos o vender unas cuantas gallinas para poder subsistir a la crisis sanitaria.

«A nosotros nos cuesta, estamos angustiados. Antes, sin tanta urgencia, ya me tocaba decir que el niño no iría a la escuela, porque no me alcanzaba para la comida», relata Emma.

Sobre lo que sucederá con la educación después del covid-19, según la Ministra de Educación, estará determinado, en primer lugar, por cómo impacta la crisis al rendimiento académico y psicoemocional de los niños. Luego, se retomará la educación presencial y se evaluarán las lecciones aprendidas, sobre todo, en la calidad y la relevancia.

Documentar y monitorear las dificultades y buenas prácticas, debe ser un pilar dentro del sistema educativo. Save the Children enfatiza que, al superar la crisis de salud, el gobierno debe trabajar en este elemento, pues solo así se tendrán respuestas más acertadas de cara a otra emergencia.

Tanto Emma como María han fantaseado con la idea de que el gobierno, o alguna otra institución, las beneficie con una computadora gratuita. La idea resulta agridulce, solventa una necesidad, pero plantea otro reto. La siguiente pregunta que se hacen ambas es acerca de cómo afrontar el gasto extra en energía eléctrica. Para ellas, las computadoras deberían estar en el centro escolar «Los Deras«, en donde también haya quien enseñe a usarlas.

Hasta el momento en que empezó la cuarentena, en «Los Deras» solo había una computadora. Y los mismos alumnos que ahora tienen que hacer frente a las clases virtuales, apenas la tocaban.