Desaparecidos El Salvador

Sara busca a su hijo, Miguel, desde el 9 de abril de 2020. La emergencia de salud por covid-19, según la madre, estancó la operatividad de entidades como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República debido a que ninguna actuó con inmediatez. Pasó una noche para que las autoridades pusieran en marcha el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU) y transcurrió un mes para que la sede fiscal cumpliera con la fase inicial de recolección de información para abrir el expediente. De acuerdo con la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, durante la cuarentena domiciliar, las denuncias han disminuido en comparación a enero y febrero. Pasó de 198, a 93 casos en el mes mayo. A pesar de la baja, la efectividad para la localización de las víctimas ha sido del 54.79%.

Entre enero de 2018 hasta octubre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) ha localizado unas 139 fosas clandestinas en El Salvador. La mayoría de estos hallazgos ha sido producto de la información proveniente de un testigo criteriado: una persona que ha participado en delitos y, a cambio de beneficios, ha decidido colaborar con identificar los lugares de donde han sido inhumadas las víctimas. Muchos de estos restos humanos se convierten en la respuesta a las plegarias de las familias de personas desaparecidas.

El acompañamiento que las instituciones estatales están obligadas a dar a los familiares de desaparecidos debe ser integral y esto incluye el acceso a la salud mental. Las víctimas invierten días, años y meses, en las búsquedas y pocas veces encuentran a un personal que las escuche y les diga que hay profesionales que pueden tratar sus emociones. El Salvador no cuenta con un protocolo para estas atenciones.

El discurso de las autoridades es que quien desaparece por más de tres días está muerto. Pero no hay ningún documento que lo certifique. En ese limbo, las deudas que contrajo una persona que está en paradero desconocido se mantienen vigentes. Las familias, además de la obligación de la búsqueda, se enfrentan a cobradores que les exigen pagos. En Colombia y México hay leyes que mandan a congelar sus créditos y sus bienes no pueden ser embargados. En El Salvador las desapariciones se cuentan por miles, pero no existe ninguna norma especial. Ni siquiera existe un delito acorde a las condiciones en las que en la actualidad ocurre la mayoría de desapariciones.

La desaparición cometida por cuerpos de seguridad es la única que está contemplada como delito en el Código Penal salvadoreño y es, también, la que menos se denuncia. Durante los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 46 denuncias por desaparición forzada. Las autoridades admiten que este es un delito en el que el subregistro es dominante. Reconocen que los familiares temen por sus vidas al denunciar a agentes estatales frente a instituciones del Estado.