Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

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UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

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ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

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LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

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ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

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UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.

Desaparecen las personas, no las deudas

Ilustración de Moris Aldana

Nubia Iraheta estaba orgullosa de sí misma. A los 31 años había logrado comprar dos carros a través de un préstamo. Los carros tenían algunos desperfectos pero con dinero de prestamistas y cooperativas lograba arreglarlos en el taller. Había empezado a ahorrar para la prima de la casa que le compraría al Fondo Social para la Vivienda. Ahí pensaba envejecer. Sus dos hijos entraban a la adolescencia y la vida parecía estar bien encaminada. Era 2018.

Ahora queda muy poco de aquel orgullo. Hoy, en una cafetería de Lourdes, su hermana y su madre discuten teorías que expliquen por qué no está:

—Esta no es cosa de pandillas, hoy los mareros solo agarran a la gente, la matan y la dejan por ahí tirada. Mami, ¿qué pandillero va a querer ir, matar a su hija y tomarse el trabajo de enterrarla?
—Pero ¿por qué, pues? ¿por qué no aparece una pista? Yo… ¡ay!, no sé ni qué pensar –dice la madre de Nubia, con la cara hecha un nudo.
—A esta época ya hubiera aparecido su cuerpo –le responde Yamileth, quien se encarga de repetirle a su madre que tal vez Nubia sigue con vida.

En realidad, ninguna de las mujeres de la familia Iraheta puede decir con certeza qué ha sucedido con Nubia. Ella desapareció el 19 de diciembre y desde entonces su caso se unió a los más de 2,600 reportes de personas desaparecidas que recibió la Fiscalía General de la República (FGR) en 2018.

Desde ese miércoles de diciembre, la madre de Nubia ha perdido el apetito. Pero, a veces, pasa hambre. Es la ironía de cuando el dinero no alcanza. Así lo cuenta Yamileth, hermana menor de la taxista. Alrededor de este caso solo hay incertidumbre. Su familia la busca entre vivos y muertos. Aunque Yamileth le pide a su madre que la piense bien y segura, ha guardado en su celular fotos de cadáveres encontrados por las autoridades. Las amplía para ver detalles, para encontrar alguna pista que la lleve hasta la mujer con la que creció. No tiene ninguna certeza. En cambio, las cooperativas a las que Nubia hizo préstamos sí tienen una: está en mora y alguien debe pagar ese dinero.

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LOS VACÍOS LEGALES

La desaparición causada por civiles no existe como delito en las leyes salvadoreñas. Las denuncias por desapariciones se registran como privaciones de libertad o secuestros. El Código Penal sí reconoce que existe la desaparición forzada, pero solo cuando quien la causa es un agente estatal, como un policía o militar.

En Colombia sí se entiende como desaparición forzada lo que sucede cuando un particular de un grupo armado desaparece a otra persona. En El Salvador estos casos suceden a diario, pero no hay legislación al respecto.

El año pasado, la Fiscalía General de la República recibió 51 denuncias por privación de libertad cada semana. Durante los últimos dos años, ha habido más de seis desaparecidos cada día. En 2017, las denuncias por personas privadas de libertad fueron 2,420. El año pasado la situación no mejoró. Solo en 2018, la fiscalía recibió 2,682 casos de este tipo.

Si el delito no está normado, tampoco está regulado qué pasa con los bienes, propiedades y deudas de la persona que desaparece. El desaparecido se encuentra en un limbo legal y las familias también. Ellas no pueden abrazar a su ser querido, pero tampoco pueden cobrar los seguros de vida o heredar sus propiedades.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica, dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”.

Durante los últimos meses, la madre de Nubia se ha levantado a las 3 de la madrugada de lunes a viernes para cumplir bien con un nuevo trabajo: lava el maíz, lo lleva al molino y desde las 5 de la mañana hasta las 11 no deja de hacer tortillas. Hace hasta mil por jornada y las lleva a una fábrica. Este ingreso le ha servido para intentar cancelar a tiempo un crédito que su hija sacó para pagar los dos carros con los que trabajaba.

El padre de Nubia, además, hace turnos como vigilante. El mes pasado logró ganar $160. Apartó $10 y el resto lo depositó el 1.º de abril a una cooperativa financiera. Madre y padre son los fiadores del préstamo de los autos que antes garantizaban el sustento. Al caer en mora, ellos son los obligados a pagar. Con sus trabajos han estado cubriendo solo la mitad de la cuota. Nubia abonaba más de $300 cada mes.

Hace dos semanas, la situación se complicó más cuando la madre de Nubia dejó de hacer las mil tortillas. Cuenta que es diabética hipertensa y que no soportaba la presión de no saber nada del paradero de su hija y, al mismo tiempo, sacar trabajo. La visión se le empezó a nublar y ahora ha preferido descansar durante las madrugadas. Aunque, en realidad, no siempre logra dormir. La cabeza se le enreda tratando de entender qué le pasó a su hija: “Ayer a las 2:05 de la mañana, yo le decía a mi Señor… ‘Dios, dame pensamiento claro’”.

La mayoría de los que desaparecen se encuentran en edad económicamente activa. De todas las denuncias por privación de libertad recibidas el año pasado, 1,544 se trataban de personas de entre los 18 y 50 años. De ellos, el 72 % está compuesto por hombres y el 28 % de mujeres.

Para que los cobros de los préstamos dejen de llegar a la casa de Nubia, los padres deberían presentar ante las cooperativas y los prestamistas una partida de defunción. Pero eso implica dos cosas: la primera, aceptar que su hija está muerta; la segunda, hacer este proceso legal toma –al menos– cinco años.

“Lo que proponemos es la creación de una legislación y un procedimiento especial que tenga una mayor celeridad”, explica Lissette Campos, la asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dicha organización trabaja sobre el tema de los desaparecidos alrededor del mundo y ha sido parte de la creación de otras leyes que protegen a las familias de estos en Latinoamérica.

En otros países latinos no es necesario declarar a una persona como muerta para proteger su patrimonio y el de sus familias. En Colombia se solicita que el Estado reconozca a dicha persona en calidad de ausente. La solicitud se puede hacer de inmediato tras la desaparición. Al ser declarada ausente, sus bienes –incluidos los que sacó a crédito– quedan protegidos y no pueden ser embargados. Además, si quien desapareció es trabajador estatal, los hijos tienen derecho a recibir el salario de su mamá o papá.

México cuenta con una ley similar. Tras la denuncia por desaparición, se debe esperar solo tres meses para iniciar el proceso de declaración de ausencia. Con esta, sus deberes económicos quedan en pausa y se fija un plazo para acceder a los bienes patrimoniales del desaparecido.
Esto sería vital para casos en los que la persona desaparecida en El Salvador tiene un crédito con el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Al no pagar, corre el riesgo de caer en mora y que la casa se pierda. Para evitar esto, recomienda el fondo, se debe seguir pagando la cuota del préstamo con normalidad. Esta es una tarea titánica para las familias en las que quien desaparece era el sostén del hogar. Solo hasta que el deudor ha sido declarado muerto legalmente, el proceso pasa a manos de una aseguradora que le paga al fondo el resto del monto de la casa. Estas acciones tardan, como mínimo, un lustro.

No hay mecanismos de respuesta ante las desapariciones, pero el problema es más profundo. No se conocen –siquiera– las dimensiones del fenómeno. Las instituciones estatales salvadoreñas que atienden casos de desaparecidos no tienen una cifra unificada. Tampoco se lleva un seguimiento de las denuncias que permita establecer si personas reportadas en paradero desconocido han sido encontradas vivas o muertas.

 

LOS MUERTOS PRESUNTOS

Antes de declarar muerto a un desaparecido se le pide –en tres ocasiones distintas– que se presente a un juzgado. La idea es que si el desaparecido lee que su familia lo está dando por muerto, se acerque a un juez y pruebe su existencia.

Así está regulado en el Código Civil salvadoreño. Si una familia quiere obtener un acta de defunción de su ser querido desaparecido, debe esperar cuatro años antes de acercarse a un juez civil. Así, el juez le hará un citatorio tres veces en el Diario Oficial. Si la persona no da señales, el juez valorará las pruebas de desaparición que la familia y los abogados le presenten. Las pruebas pueden ser desde cartas de hospitales que expresan que no hay nadie ingresado con ese nombre hasta certificaciones de Migración que dan fe de que la persona no se encuentra en el extranjero. Solo después de examinar las pruebas se realiza una declaratoria de muerte presunta.

El año pasado hubo 241 diarios oficiales. A pesar de que los desaparecidos son miles cada año, en 2018 se hicieron diligencias de solo 47 muertes presuntas. Además, no todas son recientes. En 14 casos las personas desaparecieron en el siglo pasado y recién se les reconoce como muertos legalmente.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”, explica el psicólogo Rolando Mena, quien tiene experiencia tratando a familiares de víctimas de desaparición.

Además de la carga emocional que entra en juego para declarar a alguien como muerto, el proceso suele alejar gente porque es un trámite largo. También puede llegar a ser caro.

Los citatorios y las declaratorias que se publican en el Diario Oficial tienen un precio de acuerdo con la longitud del texto. El tarifario institucional de la Imprenta Nacional específica que un texto puede costar entre $14 y $180. A esto se le debe sumar el pago de un abogado que realice las diligencias.
Solo tras haber finalizado este proceso, que toma años, los beneficiarios de un desaparecido salvadoreño pueden tener derechos provisionales de patrimonio. En el caso de la ausencia de una madre, los hijos podrán tener “propiedad” sobre la casa, pero no podrán venderla. Para ello, necesitarían ser los dueños definitivos del inmueble. Y eso se logra hasta 20 años después de la desaparición.

“El sistema de plazos de estas diligencias viene desde 1860. Esto nunca se pensó para el abordaje de una situación como la que estamos viviendo hoy”, sostiene Samuel Lizama, presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con competencia civil.

Desde su oficina en Santa Tecla, el magistrado sostiene que, debido al alza en desapariciones, se necesita hacer modificaciones en la ley. “Esto debería de tener una reforma urgente. Adaptándolo a la realidad que viven las personas que tienen familiares que han desaparecido”, indica. Hasta ahora ningún diputado ha presentado una reforma de este tipo.

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LAS REFORMAS NUNCA PROPUESTAS
En la Asamblea Legislativa, el lugar donde se modifican y crean las leyes, poco se habla de los desaparecidos. Y si se hace, es sobre propuestas para mejorar la búsqueda de personas que podrían ser víctimas en el futuro. No se contempla cómo ayudar a las miles de familias que ya se encuentran incompletas.

Hay un diputado que asegura que en los próximos días presentará una iniciativa de ley. Osiris Luna, del partido GANA, sostiene que propondrá la Ley Nacional de Personas Desaparecidas. En teoría, su propuesta abarcaría la creación de una unidad especial dentro de la PNC para resolver las denuncias y regularía procedimientos y plazos.

Cuando a Luna se le consulta si su propuesta incluye reformas que protejan el patrimonio de los desaparecidos y agilicen los procesos de muerte presunta, el diputado asegura que no se lo ha planteado aún. “Lo he manejado de manera supletoria con el Código Civil, no he hecho ninguna modificación respecto a eso”, responde.

Y, en otro momento de la plática, acepta: “No se están viendo los temas que interesan para la población dentro de las comisiones. Este es el problema de la Asamblea Legislativa. Es por un desconocimiento del tema o… realmente no hay interés de estar legislando sobre esto”.

En enero de 2016, la diputada de ARENA Patty Valdivieso propuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a causa del crimen organizado y delincuencia común. Hasta ahora, el tema no ha sido puesto en agenda. Valdivieso también ha planteado la necesidad de un banco de ADN para buscar a las personas desaparecidas. Pero al hablar sobre cómo proteger el patrimonio de los desaparecidos y sus familias, la diputada reconoce que no se ha discutido nada aún.

En otras bancadas sucede lo mismo. Damián Alegría es uno de los diputados del FMLN que más se ha pronunciado sobre los desaparecidos. Pero se enfoca en los niños desaparecidos en el conflicto armado. “Para los (desaparecidos) de hoy hay instituciones que ya se encargan de eso. Está la Fiscalía, está la PNC, está el Ministerio de Seguridad. El problema es los desaparecidos en aquel momento del conflicto armado”, sostiene.

“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”.

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CUANDO EL ESPOSO NO VUELVE
“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”, relata Raquel.

Raquel se casó con William López el mismo día en que ella cumplió 26 años. Ahora tiene 32. Esta mañana platica desde un jardín. Es una enfermera sonriente, tiene la voz dulce, como si siempre le estuviera hablando a un paciente. Frente a una taza de café cuenta que conoció a William cuando los dos estaban pequeños. Sus mamás eran amigas y siempre se supieron el uno del otro. La conversación se vuelve amarga cuando recuerda cómo desde hace un año y dos meses la vida que construyó se desmoronó.

En febrero de 2018, William salió de casa para hacer un viaje en su carro. No regresó. Ni la policía ni la fiscalía han sabido explicar qué sucedió. Ni siquiera se ha logrado localizar el automóvil. Raquel colocó pronto la denuncia y acudió a medios de comunicación para encontrar a su esposo.
No son pocas las mujeres que se encuentran en la misma situación que Raquel. En los últimos tres años, la fiscalía ha recibido la denuncia de 3,507 hombres de 18 a 60 años que han sido registrados como víctimas del delito que sí existe, que es privación de libertad.

El matrimonio tenía un negocio y vivía en San Bartolo. Ahí William había pedido un crédito al Fondo Social para la Vivienda. Estaban pagando casa propia. Además, él había decidido hacer viajes en su carro. Para comprarlo, había pedido un préstamo a un banco. La familia era de cinco miembros. Al matrimonio se le unieron los tres hijos de William, que Raquel terminó criando como propios.

De William no se supo nada. Pero de los cobros, sí. Y no venían solo del banco. También venían de una comercial donde él compró un aparato de sonido para el carro y la cama. Raquel solo ha podido seguir pagando $20 de la cama, aunque los cobradores insisten en que pague el aparato de sonido que andaba el vehículo que William, se supone, manejaba, cuando desapareció.

William cancelaba $109 mensuales al Fondo Social para la Vivienda por su casa en San Bartolo. Raquel no quiere que la vivienda que empezaron a pagar en 2013 se pierda, pero tampoco logra juntar los más de $100 cada mes. De acuerdo con el fondo, ya tiene una mora de más de $800, porque no ha pagado desde agosto de 2018. Ella asegura que pidió que le bajen la mensualidad, pero la única persona que puede solicitar revisión de su cuota es la persona que adquirió el crédito. Y de él no se sabe si vive o ha muerto.

Ahora Raquel no vive en esa casa. Regresó con sus padres a vivir en el campo. Planea ponerse al día pronto porque quiere que los hijos de William la hereden. Ahora ya no vive con los niños que crió durante seis años. Al desaparecer William, los tres niños fueron separados. Uno vive ahora con su abuela paterna, otro con la materna y otro con su madre biológica. Raquel no llora al hablar de William, pero se le quiebra la voz cuando recuerda a sus hijos de crianza. No queda nada parecido a las fotos que ella muestra en su celular. Ya no existe esa familia de cinco que sonríe a la cámara.

Pronto cumplirá 33. Le da tristeza, dice. Y también cumplirá siete años de casada con un hombre que no sabe si volverá a ver. No es viuda, pero tampoco esposa. Y este país no tiene un nombre ni para ella, ni para las demás personas en esta situación.

Como Nubia y como William, solo en 2018, 2,682 personas dejaron de dar señales de vida. La forma en la que las familias de estas personas han enfrentado las consecuencias no tiene eco en las instituciones salvadoreñas. No existe.

Ilustración de Moris Aldana

Los desaparecidos por uniformados

Ilustración de Moris Aldana

Maritza se encontraba a solo 10 pasos de William y Bryan esa mañana de miércoles. Estaba trabajando en el nuevo mercado de San Martín cuando vio cómo un grupo de soldados empezó a golpear a los dos muchachos de 17 años. Ella presenció cómo los militares les ordenaron quitarse la cintas de los zapatos. Con las pitas, les amarraron las manos por detrás de la espalda. Cuando ya los tenían sometidos, los sacaron del mercado.

El procedimiento no fue algo usual entre las ventas. En la detención hubo golpes y gritos. Maritza miró bien a los militares. Vio que dos de ellos vestían su uniforme camuflado de manera formal, mientras que otro llevaba la camisa afuera del pantalón. Observó que los uniformados llevaban boinas ocres y que estos se llevaron a William y Bryan sin explicarles por qué.

Ese miércoles de julio Bryan y William querían cortarse el pelo. Salieron de sus casas en la colonia Anémona, en San Martín, se cruzaron la carretera Panamericana y se dirigieron al nuevo mercado del municipio. Cuando estaban ahí adentro, pasaron cerca de Maritza y un grupo de militares los capturó. Este relato forma parte de un habeas corpus solicitado a la Sala de lo Constitucional.

Maritza es una de las testigos principales de esta situación. Se llama de otra forma, pero la sala decidió proteger su identidad en el documento público del caso. Durante tres años ha repetido con convicción que la Fuerza Armada desapareció a los dos adolescentes.

En El Salvador, la única circunstancia en la que legalmente se puede hablar de desaparición es cuando están involucrados los cuerpos de seguridad. Al resto de casos donde no se localiza a una persona se les llama privación de libertad. La desaparición forzada es una herencia de la guerra civil que, aunque perdió volumen, no perdió vigencia. Los cuerpos de seguridad siguen siendo acusados como victimarios.

En 2016 se recibieron 15 denuncias de este tipo; en 2017, se tuvo conocimiento de 10. Para el año pasado, la cantidad de casos conocidos de manera oficial casi igualó la de los dos años anteriores juntos: se registraron 21 casos de desaparición forzada, de acuerdo con la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PDDH.

William y Bryan desaparecieron hace cinco años. El Estado Mayor ha negado rotundamente la participación de personal suyo en alegato de que ese día no habían soldados destacados en el mercado. La negativa no impidió que Maritza, durante más de una ocasión, señalara a la Fuerza Armada como victimaria.

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¿A quién denunciar?

La Policía y la Fiscalía no cuentan con un sistema homologado para registrar las denuncias de los desaparecidos en El Salvador. Cada institución maneja sus propias cifras y las estadísticas, a pesar de referirse a lo mismo, difieren entre sí.

La oficina pública que recibe más denuncias de desaparición forzada es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En los últimos tres años, ha recolectado 46 casos de este tipo. En cambio, en la Fiscalía, durante esos mismos tres años se han recibido siete denuncias. Y en la Policía, desde enero de 2016 a octubre de 2018, solo se registraron cinco acusaciones de esta índole.

Que la Policía sea la institución que menos denuncias por desaparición forzada recibe no es coincidencia. La PNC es la fuerza estatal más señalada por desaparecer gente en los casos documentados por la procuraduría. Se le acusa en el 67 % de las denuncias.

«Esa noticia no es gratificante, obviamente, para el componente policial», dice el inspector Wálter Guillén cuando se le cuestiona sobre estas denuncias en las oficinas centrales de la PNC. «Nosotros estamos dispuestos a verificar este tipo de situaciones que necesitan un estudio, tratamiento (para) ver si necesitan un ajuste a nivel policial».

Doce días después de la desaparición de los jóvenes en San Martín, Maritza asistió a declarar a la fiscalía. Dos años después, también dio su testimonio ante un notario. Además, en diciembre de 2016 declaró lo sucedido ante la Sala de lo Constitucional. A pesar de todos los esfuerzos de la mujer por hacer lo correcto al ser testigo de un crimen, Bryan y William no aparecen. Ningún soldado ha sido acusado.

«El tema de la desaparición forzada es bastante árido y sensible», comienza por explicar detrás de su escritorio Guadalupe de Echeverría, la jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía. La fiscal acepta, sin vacilar, que –mediante investigaciones– se ha logrado identificar un patrón de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Echeverría sostiene que ha tenido conocimiento de grupos conformados por soldados, policías y civiles que se dedican a desaparecer a personas. La premisa de estos grupos es matar al que consideren enemigo en una guerra entre pandillas y agentes estatales. Cuando sospechan que una persona es pandillera, la desaparecen y «proceden posteriormente a ejecutarla», menciona la fiscal en esta fresca mañana de febrero.

De acuerdo con este análisis, hay agentes estatales que desaparecen y asesinan personas porque las consideran culpables de pertenecer a pandillas, sin investigación de por medio, sin debido proceso, con base solamente en la sospecha. A pesar de que la fiscal habla de un «patrón», enfatiza en que estos casos son responsabilidad de grupos de exterminio que actúan al margen de órdenes institucionales.

Al inspector Guillén se le cuestiona si dentro de la Policía se han identificado patrones de desaparición de personas por parte de autoridades estatales. La respuesta que da es la de alguien que no se sorprende al escuchar este tipo de acusaciones. «Siempre se mencionan algunos grupos que se toman una atribución en particular, pero nos desvinculamos totalmente de esas acciones. Las funciones de un agente no lo llaman a eso», afirma.

Ilustración de Moris Aldana

Los familiares de las víctimas no confían en el trabajo policial o fiscal. Eso no es secreto dentro del aparato estatal. Echeverría sabe que eso contribuye a que la denuncia sea mínima y que el subregistro sea un factor dominante. Las familias «realmente no lo denuncian de esa manera, al menos en la Policía no lo denuncian. En Fiscalía tampoco y probablemente (el delito) existe», acepta.

A pesar de no contar con estadísticas fidedignas, ni PDDH ni Fiscalía niegan la existencia de este fenómeno.

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«Una cifra negra»

A William y Bryan los buscaron desde el primer día en que desaparecieron. Una familiar intentó encontrarlos en el puesto militar un par de horas después de la detención, pero «se le comunicó que personal propio de esa institución no había realizado ninguna captura», de acuerdo con documentación oficial. A la Fuerza Armada solo le tomó 2 horas adoptar la postura que ha mantenido hasta ahora: negarlo todo.

El 91 % de las víctimas de las denuncias de desaparición forzada de los últimos tres años son hombres. Los desaparecidos son, por regla, de clases sin privilegios. «Los perfiles son adolescentes y adultos jóvenes desde 17 a 30 años, aproximadamente. De escasos recursos económicos, del interior del país que viven en zonas de alto riesgo de amenazas de pandillas», asegura la procuraduría.

La abogada que presentó el caso de William y Bryan ante la sala denunció que después de sacarlos del mercado, los soldados llevaron a los muchachos a la colonia Santa María, un lugar dominado por la Mara Salvatrucha. El lugar en el que vivían los jóvenes es territorio controlado por la pandilla Barrio 18. La abogada explicó que la sola presencia de ellos en un lugar «contrario» puso en riesgo su vida. Y que eso comprueba que los jóvenes fueron trasladados a ese lugar en contra de su voluntad. Un joven de zonas conflictivas sabe bien cuáles son las fronteras que no debe cruzar.

Una semana después de su detención, los padres tenían la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, un grupo de personas se reunió frente al puesto militar de San Martín y protestó. Exigió información. Ahora, las posibilidades de encontrarlos vivos son pocas.

Algunos familiares de desaparecidos consideran que la denuncia es inútil y que los coloca en una situación más vulnerable. «Eso es una cifra negra que nosotros tenemos porque muchos familiares, por falta de confianza no acuden a la Policía ni a la Fiscalía. Por temor a las represalias o porque no confían en el sistema. Entonces, estas personas prefieren agotar otra vía. Van al Instituto de Medicina Legal a ver si hay algún levantamiento o a los hospitales», sostiene la jefa fiscal.

Bajo esta premisa, los familiares ya no buscan culpables. Se dedican a buscar un cadáver y, en el mejor de los casos, un herido.

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Las víctimas y la sospecha

Al caer la noche, Alexánder encontró una iglesia donde le dieron comida y resguardo. «Estaba golpeado, iba con garrapatas, llevaba pulgas en las orejas, los pies hinchados, llenos de espinas, con el brazo completamente morado e inflamado de los golpes que le habían dado con las cachas de las pistolas los policías».

Horas antes, Alexánder había ido al molino con su abuela. Prepararon la masa para los tamales y, al volver, unos policías lo detuvieron y se lo llevaron. Los agentes lo creyeron pandillero y ese fue motivo suficiente para trasladarlo a una montaña. Ahí le ordenaron correr mientras disparaban, como quien caza a un animal. Alexánder corrió y corrió entre el monte, hasta que encontró una iglesia. Este relato se puede leer en la investigación «Una reconciliación a través de las víctimas».

«Volvieron las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales», sentencia sin rodeos, el informe final. Esta investigación fue realizada por la Maestría de Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se inició hace dos años, cuando un equipo de siete investigadores se dedicó a escuchar relatos de víctimas de la violencia actual para luego sistematizarlos.

Martha Zechmeister, la coordinadora de la investigación académica, identificó que la pobreza está relacionada directamente con ser candidato a la desaparición forzada. Usualmente, las zonas más populares y comunidades obreras son el caldo de cultivo para las pandillas. Por otro lado, también, son las zonas más estigmatizadas por la autoridad.

«Un joven que nace en zonas vulnerables es ya sospechoso. Cuando habla con los policías se pone en peligro enfrente de los mareros. Están en una trampa, no hay escape: cuando no habla con los policías es sospechoso para los policías», dice Zechmeister.

La investigadora logró identificar algo que ella llama «niveles de escalada de la violencia». En el primer nivel encontró «los usos cotidianos de la violencia, como golpear a un presunto marero a partir de una sospecha. El segundo nivel es que desaparecen jóvenes: los suben a un carro y los llevan. Les aplican tortura física. Cuando la familia tiene suerte, lo encuentra».

Esta visión, proveniente de la academia, coincide con el análisis que se ha hecho en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí, se ha documentado que cuando las víctimas de desaparición forzada son jóvenes de zonas controladas por pandillas, lo primero que las autoridades hacen, antes que buscarlo, es tratar de averiguar si se trata de pandilleros o no. Esto criminaliza a las víctimas.

La idea de desaparecer a sospechosos, al margen de la ley, cuenta con un gran apoyo en redes sociales. Existen páginas con miles de seguidores, como Guerreros de Sangre Azul –con información de policías– donde se suben fotografías de «pandilleros y ratas eliminadas».

Guillermo Gallegos, el diputado por GANA y expresidente de la Asamblea Legislativa, es un fiel seguidor de estas campañas en las que se promueve la violencia física y el quebranto de la ley: «Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi», publicó en Twitter hace unas semanas. Estas frases no caen en terreno infértil. De acuerdo con las pocas denuncias, varios jóvenes han sido desaparecidos bajo la sospecha de ser delincuentes, sin un debido proceso y sin la posibilidad de defenderse.

Alexánder volvió a desaparecer dos días después de haber sido reencontrado en una iglesia evangélica. Su familia repitió y repitió a los investigadores de la UCA que él no pertenecía a ninguna red criminal. Se lo llevaron y ahora nadie se atreve a decir quién fue el culpable. Temen tanto de las pandillas como de la policía.

Algunos dicen que un marero de la colonia lo sacó en venganza por no unirse a la pandilla. Otros hablan de haberlo visto con Policías antes de que desapareciera. La familia no confía en nadie. No denunciaron.

Ilustración de Moris Aldana

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Sin garantías

«Hay un gran déficit en manejo estatal de estos casos. ¿Qué ofrecía el Estado como protección de víctimas? Una ayuda en granos básicos y una medida de resguardo en casa de protección donde tienen a testigos criteriados», empieza por explicar el abogado Pedro Cruz, director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).

Él habla de un déficit porque lo vio de primera mano. Como parte de su trabajo, promovió un habeas corpus a favor de otros tres muchachos de Armenia desaparecidos por la Fuerza Armada en 2014. Un grupo de jóvenes departía en una acera cuando fue interceptado por militares. Dejaron ir a dos, pero los otros tres fueron llevados hacia una zona de pandillas. No se supo nada más de ellos. El caso se judicializó, se obtuvo condena y marcó un precedente.

Pero, en la práctica, tanta denuncia no sirvió para encontrarlos. Los familiares de los jóvenes acusaron a agentes estatales ante la Policía, la Fiscalía, la PDDH, la Sala de lo Constitucional y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun así, no pudieron recuperar a los jóvenes.

La denuncia pública a la Fuerza Armada colocó en riesgo a las familias. Y la protección que se les ofreció no era una en la que podían confiar. Para que estuvieran tranquilos, el Estado salvadoreño les ofreció vivir en una casa de protección. En estas casas, explica el abogado Cruz, las familias deben permanecer encerradas y no tener contacto con el mundo exterior. La familia se negó. No se fiaban de las autoridades salvadoreñas. Además, habrían tenido que compartir espacio «con testigos criteriados, que son delincuentes confesos».

A pesar de que las familias siguieron al pie de letra todos los mecanismos de denuncia nacionales, incluso, elevaron el caso a escala internacional, la búsqueda no dio resultado. Para protegerse, las familias de los muchachos huyeron de El Salvador.

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El miedo de Maritza

Días después de que William y Bryan fueron sacados del mercado, los padres de los muchachos fueron a buscar a Maritza. Le pidieron que, por favor, los acompañara al puesto militar en una zona cercana conocida como «Ex-IRA». Querían ver si ella lograba reconocer a alguno de los hombres que se llevaron a sus hijos.

Maritza accedió y cuando llegaron a los alrededores de las instalaciones, identificó a uno de los soldados que gritaba y golpeaba a los muchachos días antes. «Estaba uniformado e inmediatamente entró», dijo.

Posteriormente, Maritza fue llamada para realizar un reconocimiento de las caras de los militares. En teoría, el reconocimiento se realizaría con fotografías de 29 soldados destacados en San Martín entre julio y agosto de 2014. Maritza no llegó a la diligencia y no se logró identificar con nombre y apellido al soldado señalado.

Aunque faltó al reconocimiento, sus palabras fueron primordiales para la Corte Suprema de Justicia: «Esta sala no tiene razones para dudar del testimonio de la señora, quien narró coherentemente los hechos en su declaración testimonial pero que, además, desde la primera vez que fue entrevistada en sede fiscal, a pocos días de la privación de libertad de los favorecidos en 2014, ha insistido en que en esta se llevó a cabo por militares, quienes vestían con uniforme camuflado».

Maritza explicó que había tenido miedo, que por eso no asistió a la diligencia. Su testimonio, sumado a documentos de la PDDH y relatos de los familiares, permitió que la sala concluyera en marzo del año pasado que «los responsables de tal privación de libertad fueron agentes de la Fuerza Armada».

Pedro Cruz, un abogado de la asociación que promovió esta causa ante la sala, aclara que, aunque «el fenómeno de la desaparición, cuantitativamente, está más vinculado a las maras, que lo haga una entidad del Estado, aunque sea en pocos casos, es grave. Cualitativamente tiene una dimensión profunda».


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