El discurso de las autoridades es que quien desaparece por más de tres días está muerto. Pero no hay ningún documento que lo certifique. En ese limbo, las deudas que contrajo una persona que está en paradero desconocido se mantienen vigentes. Las familias, además de la obligación de la búsqueda, se enfrentan a cobradores que les exigen pagos. En Colombia y México hay leyes que mandan a congelar sus créditos y sus bienes no pueden ser embargados. En El Salvador las desapariciones se cuentan por miles, pero no existe ninguna norma especial. Ni siquiera existe un delito acorde a las condiciones en las que en la actualidad ocurre la mayoría de desapariciones.

Desaparecen las personas, no las deudas

Un reportaje de Valeria Guzmán

Fotografías de / Ilustraciones de Moris Aldana

Ilustración de Moris Aldana

Nubia Iraheta estaba orgullosa de sí misma. A los 31 años había logrado comprar dos carros a través de un préstamo. Los carros tenían algunos desperfectos pero con dinero de prestamistas y cooperativas lograba arreglarlos en el taller. Había empezado a ahorrar para la prima de la casa que le compraría al Fondo Social para la Vivienda. Ahí pensaba envejecer. Sus dos hijos entraban a la adolescencia y la vida parecía estar bien encaminada. Era 2018.

Ahora queda muy poco de aquel orgullo. Hoy, en una cafetería de Lourdes, su hermana y su madre discuten teorías que expliquen por qué no está:

—Esta no es cosa de pandillas, hoy los mareros solo agarran a la gente, la matan y la dejan por ahí tirada. Mami, ¿qué pandillero va a querer ir, matar a su hija y tomarse el trabajo de enterrarla?
—Pero ¿por qué, pues? ¿por qué no aparece una pista? Yo… ¡ay!, no sé ni qué pensar –dice la madre de Nubia, con la cara hecha un nudo.
—A esta época ya hubiera aparecido su cuerpo –le responde Yamileth, quien se encarga de repetirle a su madre que tal vez Nubia sigue con vida.

En realidad, ninguna de las mujeres de la familia Iraheta puede decir con certeza qué ha sucedido con Nubia. Ella desapareció el 19 de diciembre y desde entonces su caso se unió a los más de 2,600 reportes de personas desaparecidas que recibió la Fiscalía General de la República (FGR) en 2018.

Desde ese miércoles de diciembre, la madre de Nubia ha perdido el apetito. Pero, a veces, pasa hambre. Es la ironía de cuando el dinero no alcanza. Así lo cuenta Yamileth, hermana menor de la taxista. Alrededor de este caso solo hay incertidumbre. Su familia la busca entre vivos y muertos. Aunque Yamileth le pide a su madre que la piense bien y segura, ha guardado en su celular fotos de cadáveres encontrados por las autoridades. Las amplía para ver detalles, para encontrar alguna pista que la lleve hasta la mujer con la que creció. No tiene ninguna certeza. En cambio, las cooperativas a las que Nubia hizo préstamos sí tienen una: está en mora y alguien debe pagar ese dinero.

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LOS VACÍOS LEGALES

La desaparición causada por civiles no existe como delito en las leyes salvadoreñas. Las denuncias por desapariciones se registran como privaciones de libertad o secuestros. El Código Penal sí reconoce que existe la desaparición forzada, pero solo cuando quien la causa es un agente estatal, como un policía o militar.

En Colombia sí se entiende como desaparición forzada lo que sucede cuando un particular de un grupo armado desaparece a otra persona. En El Salvador estos casos suceden a diario, pero no hay legislación al respecto.

El año pasado, la Fiscalía General de la República recibió 51 denuncias por privación de libertad cada semana. Durante los últimos dos años, ha habido más de seis desaparecidos cada día. En 2017, las denuncias por personas privadas de libertad fueron 2,420. El año pasado la situación no mejoró. Solo en 2018, la fiscalía recibió 2,682 casos de este tipo.

Si el delito no está normado, tampoco está regulado qué pasa con los bienes, propiedades y deudas de la persona que desaparece. El desaparecido se encuentra en un limbo legal y las familias también. Ellas no pueden abrazar a su ser querido, pero tampoco pueden cobrar los seguros de vida o heredar sus propiedades.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica, dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”.

Durante los últimos meses, la madre de Nubia se ha levantado a las 3 de la madrugada de lunes a viernes para cumplir bien con un nuevo trabajo: lava el maíz, lo lleva al molino y desde las 5 de la mañana hasta las 11 no deja de hacer tortillas. Hace hasta mil por jornada y las lleva a una fábrica. Este ingreso le ha servido para intentar cancelar a tiempo un crédito que su hija sacó para pagar los dos carros con los que trabajaba.

El padre de Nubia, además, hace turnos como vigilante. El mes pasado logró ganar $160. Apartó $10 y el resto lo depositó el 1.º de abril a una cooperativa financiera. Madre y padre son los fiadores del préstamo de los autos que antes garantizaban el sustento. Al caer en mora, ellos son los obligados a pagar. Con sus trabajos han estado cubriendo solo la mitad de la cuota. Nubia abonaba más de $300 cada mes.

Hace dos semanas, la situación se complicó más cuando la madre de Nubia dejó de hacer las mil tortillas. Cuenta que es diabética hipertensa y que no soportaba la presión de no saber nada del paradero de su hija y, al mismo tiempo, sacar trabajo. La visión se le empezó a nublar y ahora ha preferido descansar durante las madrugadas. Aunque, en realidad, no siempre logra dormir. La cabeza se le enreda tratando de entender qué le pasó a su hija: “Ayer a las 2:05 de la mañana, yo le decía a mi Señor… ‘Dios, dame pensamiento claro’”.

La mayoría de los que desaparecen se encuentran en edad económicamente activa. De todas las denuncias por privación de libertad recibidas el año pasado, 1,544 se trataban de personas de entre los 18 y 50 años. De ellos, el 72 % está compuesto por hombres y el 28 % de mujeres.

Para que los cobros de los préstamos dejen de llegar a la casa de Nubia, los padres deberían presentar ante las cooperativas y los prestamistas una partida de defunción. Pero eso implica dos cosas: la primera, aceptar que su hija está muerta; la segunda, hacer este proceso legal toma –al menos– cinco años.

“Lo que proponemos es la creación de una legislación y un procedimiento especial que tenga una mayor celeridad”, explica Lissette Campos, la asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dicha organización trabaja sobre el tema de los desaparecidos alrededor del mundo y ha sido parte de la creación de otras leyes que protegen a las familias de estos en Latinoamérica.

En otros países latinos no es necesario declarar a una persona como muerta para proteger su patrimonio y el de sus familias. En Colombia se solicita que el Estado reconozca a dicha persona en calidad de ausente. La solicitud se puede hacer de inmediato tras la desaparición. Al ser declarada ausente, sus bienes –incluidos los que sacó a crédito– quedan protegidos y no pueden ser embargados. Además, si quien desapareció es trabajador estatal, los hijos tienen derecho a recibir el salario de su mamá o papá.

México cuenta con una ley similar. Tras la denuncia por desaparición, se debe esperar solo tres meses para iniciar el proceso de declaración de ausencia. Con esta, sus deberes económicos quedan en pausa y se fija un plazo para acceder a los bienes patrimoniales del desaparecido.
Esto sería vital para casos en los que la persona desaparecida en El Salvador tiene un crédito con el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Al no pagar, corre el riesgo de caer en mora y que la casa se pierda. Para evitar esto, recomienda el fondo, se debe seguir pagando la cuota del préstamo con normalidad. Esta es una tarea titánica para las familias en las que quien desaparece era el sostén del hogar. Solo hasta que el deudor ha sido declarado muerto legalmente, el proceso pasa a manos de una aseguradora que le paga al fondo el resto del monto de la casa. Estas acciones tardan, como mínimo, un lustro.

No hay mecanismos de respuesta ante las desapariciones, pero el problema es más profundo. No se conocen –siquiera– las dimensiones del fenómeno. Las instituciones estatales salvadoreñas que atienden casos de desaparecidos no tienen una cifra unificada. Tampoco se lleva un seguimiento de las denuncias que permita establecer si personas reportadas en paradero desconocido han sido encontradas vivas o muertas.

 

LOS MUERTOS PRESUNTOS

Antes de declarar muerto a un desaparecido se le pide –en tres ocasiones distintas– que se presente a un juzgado. La idea es que si el desaparecido lee que su familia lo está dando por muerto, se acerque a un juez y pruebe su existencia.

Así está regulado en el Código Civil salvadoreño. Si una familia quiere obtener un acta de defunción de su ser querido desaparecido, debe esperar cuatro años antes de acercarse a un juez civil. Así, el juez le hará un citatorio tres veces en el Diario Oficial. Si la persona no da señales, el juez valorará las pruebas de desaparición que la familia y los abogados le presenten. Las pruebas pueden ser desde cartas de hospitales que expresan que no hay nadie ingresado con ese nombre hasta certificaciones de Migración que dan fe de que la persona no se encuentra en el extranjero. Solo después de examinar las pruebas se realiza una declaratoria de muerte presunta.

El año pasado hubo 241 diarios oficiales. A pesar de que los desaparecidos son miles cada año, en 2018 se hicieron diligencias de solo 47 muertes presuntas. Además, no todas son recientes. En 14 casos las personas desaparecieron en el siglo pasado y recién se les reconoce como muertos legalmente.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”, explica el psicólogo Rolando Mena, quien tiene experiencia tratando a familiares de víctimas de desaparición.

Además de la carga emocional que entra en juego para declarar a alguien como muerto, el proceso suele alejar gente porque es un trámite largo. También puede llegar a ser caro.

Los citatorios y las declaratorias que se publican en el Diario Oficial tienen un precio de acuerdo con la longitud del texto. El tarifario institucional de la Imprenta Nacional específica que un texto puede costar entre $14 y $180. A esto se le debe sumar el pago de un abogado que realice las diligencias.
Solo tras haber finalizado este proceso, que toma años, los beneficiarios de un desaparecido salvadoreño pueden tener derechos provisionales de patrimonio. En el caso de la ausencia de una madre, los hijos podrán tener “propiedad” sobre la casa, pero no podrán venderla. Para ello, necesitarían ser los dueños definitivos del inmueble. Y eso se logra hasta 20 años después de la desaparición.

“El sistema de plazos de estas diligencias viene desde 1860. Esto nunca se pensó para el abordaje de una situación como la que estamos viviendo hoy”, sostiene Samuel Lizama, presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con competencia civil.

Desde su oficina en Santa Tecla, el magistrado sostiene que, debido al alza en desapariciones, se necesita hacer modificaciones en la ley. “Esto debería de tener una reforma urgente. Adaptándolo a la realidad que viven las personas que tienen familiares que han desaparecido”, indica. Hasta ahora ningún diputado ha presentado una reforma de este tipo.

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LAS REFORMAS NUNCA PROPUESTAS
En la Asamblea Legislativa, el lugar donde se modifican y crean las leyes, poco se habla de los desaparecidos. Y si se hace, es sobre propuestas para mejorar la búsqueda de personas que podrían ser víctimas en el futuro. No se contempla cómo ayudar a las miles de familias que ya se encuentran incompletas.

Hay un diputado que asegura que en los próximos días presentará una iniciativa de ley. Osiris Luna, del partido GANA, sostiene que propondrá la Ley Nacional de Personas Desaparecidas. En teoría, su propuesta abarcaría la creación de una unidad especial dentro de la PNC para resolver las denuncias y regularía procedimientos y plazos.

Cuando a Luna se le consulta si su propuesta incluye reformas que protejan el patrimonio de los desaparecidos y agilicen los procesos de muerte presunta, el diputado asegura que no se lo ha planteado aún. “Lo he manejado de manera supletoria con el Código Civil, no he hecho ninguna modificación respecto a eso”, responde.

Y, en otro momento de la plática, acepta: “No se están viendo los temas que interesan para la población dentro de las comisiones. Este es el problema de la Asamblea Legislativa. Es por un desconocimiento del tema o… realmente no hay interés de estar legislando sobre esto”.

En enero de 2016, la diputada de ARENA Patty Valdivieso propuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a causa del crimen organizado y delincuencia común. Hasta ahora, el tema no ha sido puesto en agenda. Valdivieso también ha planteado la necesidad de un banco de ADN para buscar a las personas desaparecidas. Pero al hablar sobre cómo proteger el patrimonio de los desaparecidos y sus familias, la diputada reconoce que no se ha discutido nada aún.

En otras bancadas sucede lo mismo. Damián Alegría es uno de los diputados del FMLN que más se ha pronunciado sobre los desaparecidos. Pero se enfoca en los niños desaparecidos en el conflicto armado. “Para los (desaparecidos) de hoy hay instituciones que ya se encargan de eso. Está la Fiscalía, está la PNC, está el Ministerio de Seguridad. El problema es los desaparecidos en aquel momento del conflicto armado”, sostiene.

“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”.

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CUANDO EL ESPOSO NO VUELVE
“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”, relata Raquel.

Raquel se casó con William López el mismo día en que ella cumplió 26 años. Ahora tiene 32. Esta mañana platica desde un jardín. Es una enfermera sonriente, tiene la voz dulce, como si siempre le estuviera hablando a un paciente. Frente a una taza de café cuenta que conoció a William cuando los dos estaban pequeños. Sus mamás eran amigas y siempre se supieron el uno del otro. La conversación se vuelve amarga cuando recuerda cómo desde hace un año y dos meses la vida que construyó se desmoronó.

En febrero de 2018, William salió de casa para hacer un viaje en su carro. No regresó. Ni la policía ni la fiscalía han sabido explicar qué sucedió. Ni siquiera se ha logrado localizar el automóvil. Raquel colocó pronto la denuncia y acudió a medios de comunicación para encontrar a su esposo.
No son pocas las mujeres que se encuentran en la misma situación que Raquel. En los últimos tres años, la fiscalía ha recibido la denuncia de 3,507 hombres de 18 a 60 años que han sido registrados como víctimas del delito que sí existe, que es privación de libertad.

El matrimonio tenía un negocio y vivía en San Bartolo. Ahí William había pedido un crédito al Fondo Social para la Vivienda. Estaban pagando casa propia. Además, él había decidido hacer viajes en su carro. Para comprarlo, había pedido un préstamo a un banco. La familia era de cinco miembros. Al matrimonio se le unieron los tres hijos de William, que Raquel terminó criando como propios.

De William no se supo nada. Pero de los cobros, sí. Y no venían solo del banco. También venían de una comercial donde él compró un aparato de sonido para el carro y la cama. Raquel solo ha podido seguir pagando $20 de la cama, aunque los cobradores insisten en que pague el aparato de sonido que andaba el vehículo que William, se supone, manejaba, cuando desapareció.

William cancelaba $109 mensuales al Fondo Social para la Vivienda por su casa en San Bartolo. Raquel no quiere que la vivienda que empezaron a pagar en 2013 se pierda, pero tampoco logra juntar los más de $100 cada mes. De acuerdo con el fondo, ya tiene una mora de más de $800, porque no ha pagado desde agosto de 2018. Ella asegura que pidió que le bajen la mensualidad, pero la única persona que puede solicitar revisión de su cuota es la persona que adquirió el crédito. Y de él no se sabe si vive o ha muerto.

Ahora Raquel no vive en esa casa. Regresó con sus padres a vivir en el campo. Planea ponerse al día pronto porque quiere que los hijos de William la hereden. Ahora ya no vive con los niños que crió durante seis años. Al desaparecer William, los tres niños fueron separados. Uno vive ahora con su abuela paterna, otro con la materna y otro con su madre biológica. Raquel no llora al hablar de William, pero se le quiebra la voz cuando recuerda a sus hijos de crianza. No queda nada parecido a las fotos que ella muestra en su celular. Ya no existe esa familia de cinco que sonríe a la cámara.

Pronto cumplirá 33. Le da tristeza, dice. Y también cumplirá siete años de casada con un hombre que no sabe si volverá a ver. No es viuda, pero tampoco esposa. Y este país no tiene un nombre ni para ella, ni para las demás personas en esta situación.

Como Nubia y como William, solo en 2018, 2,682 personas dejaron de dar señales de vida. La forma en la que las familias de estas personas han enfrentado las consecuencias no tiene eco en las instituciones salvadoreñas. No existe.

Ilustración de Moris Aldana

 


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