Narcos aprovechan flaquezas de Uruguay

Sin ruta. La relaidad en Uruguay es que, pese al aumento de las exportaciones, desde 2009 no existe un plan de lucha contra el narcotráfico.

Dos escándalos consecutivos encendieron las luces rojas.

El 25 de julio se informó que en mayo un avión que había despegado de Uruguay aterrizó en Francia con 600 kilos de cocaína. Una semana después, en agosto, se anunció que 4,600 kilos de la misma droga fueron confiscados en Hamburgo dentro de un contenedor despachado en Montevideo. El director de Aduanas renunció al día siguiente en medio del escándalo y poco después la cadena alemana de noticias Deutsche Welle llamó a Uruguay «nueva bisagra del narcotráfico global», lo cual hizo sonar todas las alarmas nacionales.

Uruguay, un país de apenas de apenas 3,4 millones de habitantes, pocas veces es noticia mundial por temas de narcotráfico. Ahora, sin embargo, las autoridades en ambos lados del Atlántico han notado un cambio en los patrones de tráfico de cocaína desde Uruguay, y para algunos esto podría significar la reapertura de una ruta que se pensó cerrada.

Pero, ¿qué pasó? En Uruguay se cree que la explicación puede ser esta: en un afán por agilizar su comercio y bajar los costos, se descuidaron los controles aduaneros, y el narcotráfico lo comprendió. Las exportaciones uruguayas -que representan un 12.6% del producto interno bruto- son vitales y nadie quiere correr riesgos de que bajen.

«Somos una ruta, como hay otras. Pero es cierto que determinados controles están flaqueando o no están en los niveles que deberían», admitió el fiscal general Jorge Díaz.

Desde que se conocieron los primeros reportes de incautaciones de cocaína este año, se han organizado varias reuniones entre autoridades, despachantes de Aduana y exportadores buscando dónde está el error y cómo solucionar el problema, en medio de un gran hermetismo.

«Lo sucedido fue una conmoción y estamos trabajando muy fuerte para mejorar rápidamente los aspectos que debemos mejorar. Ahora es momento de trabajar y no hacer muchas declaraciones», dijo el viceministro de Economía, Pablo Ferreri.

Leonardo Couto, un despachante de aduana que está participando de las reuniones que buscan mejorar todo el sistema de control de exportaciones, admitió una parte de responsabilidad.

«Todos en la cadena fuimos omisos a no prestarle atención a este fenómeno, por ese afán de bajar y bajar costos, empezamos a relegar controles. No solo el estado. Todos», dijo el despachante que cada mes envía entre 300 y 400 contenedores con productos uruguayos a otras partes del mundo.

Couto explica que el énfasis de la Aduana siempre estuvo puesto en controlar las importaciones, que pagan impuestos mucho más elevados que las exportaciones.

En el puerto de Montevideo, el principal del país, están algunos de los eslabones débiles de la cadena: la terminal tiene un único scanner que es operado por funcionarios que solo trabajan en horario de oficina; jamás de noche. Además, la máquina se dedica en forma exclusiva a controlar importaciones.

Actividad. Cada mes salen entre 300 y 400 contenedores con productos uruguayos a otras partes del mundo.

Como inspeccionar uno por uno a todos los contenedores es imposible por los costos que tendría y las demoras que supondría, un programa informático inteligente –que toma en cuenta cuál es la mercadería, su destino, el empresario y otras variantes– determina cuáles son los pocos que son revisados, que no llegan al 3%.

El contenedor que fue descubierto en Alemania con cocaína era parte de un embarque poco usual: cuatro contendores con soja, un alimento que se suele embarcar en cantidades mucho mayores. El sistema, sin embargo, le dio la luz verde para salir sin ser controlado.

«La soja por lo general se exporta en barcos llenos, sin contenedores. Eso debió llamar la atención. Debió haber saltado que no parece lógico que una empresa exportara ese pequeño volumen de un producto que se vende de otra manera. Falló esa gestión de riesgo, no se hizo bien», dijo Couto.

El fiscal general Díaz ha visto de todo. Cocaína en embarques de carne y de lana; 500 kilos de cocaína disimuladas en redes de pesca que eran enviadas a Vigo y 2.000 kilos embarcados en un yate que se aprestaba a viajar a Serbia. Eso pasó entre 2003 y 2010. Después, comentó, hubo años de calma y se creyó que la ruta estaba cerrada. Pero los últimos hechos le demuestran que se ha vuelto a abrir. Quizás porque se bajó demasiado la guardia.

«Desde 2009 no existe un plan de combate al narcotráfico», dijo Díaz en una entrevista en la emisora Océano FM.

Laurent Laniel, investigador del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), dijo que este año comenzaron a notar embarques de droga desde Uruguay, aunque aún en cantidades menores a otras naciones sudamericanas.

Según el reporte más reciente de la OEDT, en 2017 se decomisaron 140 toneladas de cocaína, toda procedente de las Américas. Y según Laniel, Colombia, Brasil y Ecuador son los principales países desde donde llega la droga.

Sin embargo, una muestra del rol que podría estar jugando el tráfico desde Uruguay es lo que pasa en torno al puerto de Amberes, que de acuerdo con Laniel es el principal puerto de decomiso de cocaína procedente de las Américas.

Este año, entre enero y julio, las autoridades hicieron dos decomisos de cocaína procedente de Uruguay y con destino a esa ciudad belga: uno de 4,6 toneladas el 15 de julio –el ya citado cargamento descubierto en Hamburgo antes de llegar a Amberes– y otro de 1,2 toneladas el 23 de julio en un contenedor que ya estaba en el puerto.

Si uno quiere comparar, en todo 2018 sólo se hizo un decomiso de 120 kilos de cocaína que venía de Uruguay y que también tenían como destino el puerto de Amberes.

Ninguna autoridad señala a algún cartel de las drogas en específico.

Cada año se mueven 750 millones de contenedores en el mundo y apenas el 2% de ellos se abren para ser inspeccionados, dijo Bob Van Den Bergh, experto en aplicación de leyes del Programa de Control de Contenedores de Naciones Unidas y la Unión Mundial de Aduanas.

Uruguay solicitó hace un año sumarse al programa, que opera actualmente en 16 países latinoamericanos. Sin embargo, un paso previo es que un país desarrollado financie la llegada de técnicos internacionales a un nuevo país. Ninguna de las naciones que participa en la región lo hace con dineros propios, dijo Van Den Berghe.

En el puerto de Montevideo, el principal del país, están algunos de los eslabones débiles de la cadena: la terminal tiene un único scanner que es operado por funcionarios que solo trabajan en horario de oficina; jamás de noche. Además, la máquina se dedica en forma exclusiva a controlar importaciones.

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Mediante el programa, los técnicos viajan a los países y enseñan a los funcionarios locales a reconocer indicadores de riesgo en documentos comerciales, a percibir las manipulaciones de sellos y precintos, a detectar espacios ocultos en las estructuras del contenedor.

«Buscamos evitar que se abran contenedores sin razón, porque no queremos retrasar la cadena del comercio y perjudicar a empresas y puertos. Buscamos menos inspecciones con más resultados», dijo Van der Berghe. «Antes de que un policía o un aduanero abra un contenedor, tienen que estar casi seguros de que allí hay un problema».

En el puerto brasileño de Santos, luego de la implementación del programa, las incautaciones de droga aumentaron un 30%, aseguró.

En 2018, en los puertos de América Latina y el Caribe donde trabaja el programa, se incautaron más de 53 toneladas de cocaína y en 2019 ya van 44. También requisaron armas y municiones, precursores químicos, fauna, flora y maderas protegidas.

Para Laniel, el experto del OEDT, el tráfico tampoco puede entenderse sin la corrupción.

El fiscal Díaz está de acuerdo: «los sobornos detectados son la punta del iceberg. Para llegar a ese nivel de descaro tiene que haber muchos otros». Y el ministro de Defensa, José Bayardi, dijo a la AP que la presencia de narcomafias le preocupa porque cuando prosperan «terminan por generar la desestructuración de la institucionalidad del país».

Las autoridades no han detectado ningún caso específico de corrupción en el puerto de Montevideo, pero respecto al avión que aterrizó en Francia con 600 kilos de drogas, la justicia ya envió a la cárcel a un cabo de la Fuerza Aérea que cobró 30.000 dólares por hacer la vista gorda cuando las valijas con la droga pasaron por el scanner.

Claire Georges, portavoz de la agencia policial europea, Europol, dijo a la AP que desde 2018 han visto reportes en «fuentes abiertas» -como medios de comunicación- del uso creciente de Uruguay para enviar cocaína a Europa, aunque los países del viejo continente le han dado poca información concreta sobre eso.

Uruguay, con todo, está lejos de ser el epicentro del tráfico de América a Europa.

El caso de Uruguay, dijo Laniel, «es una cosita que acaba de surgir. Vamos a ver si toma más amplitud».

Fachada. A Alemania llegaron cuatro contenedores con soja que, en realidad, llevaban droga.

Desaparecen las personas, no las deudas

Ilustración de Moris Aldana

Nubia Iraheta estaba orgullosa de sí misma. A los 31 años había logrado comprar dos carros a través de un préstamo. Los carros tenían algunos desperfectos pero con dinero de prestamistas y cooperativas lograba arreglarlos en el taller. Había empezado a ahorrar para la prima de la casa que le compraría al Fondo Social para la Vivienda. Ahí pensaba envejecer. Sus dos hijos entraban a la adolescencia y la vida parecía estar bien encaminada. Era 2018.

Ahora queda muy poco de aquel orgullo. Hoy, en una cafetería de Lourdes, su hermana y su madre discuten teorías que expliquen por qué no está:

—Esta no es cosa de pandillas, hoy los mareros solo agarran a la gente, la matan y la dejan por ahí tirada. Mami, ¿qué pandillero va a querer ir, matar a su hija y tomarse el trabajo de enterrarla?
—Pero ¿por qué, pues? ¿por qué no aparece una pista? Yo… ¡ay!, no sé ni qué pensar –dice la madre de Nubia, con la cara hecha un nudo.
—A esta época ya hubiera aparecido su cuerpo –le responde Yamileth, quien se encarga de repetirle a su madre que tal vez Nubia sigue con vida.

En realidad, ninguna de las mujeres de la familia Iraheta puede decir con certeza qué ha sucedido con Nubia. Ella desapareció el 19 de diciembre y desde entonces su caso se unió a los más de 2,600 reportes de personas desaparecidas que recibió la Fiscalía General de la República (FGR) en 2018.

Desde ese miércoles de diciembre, la madre de Nubia ha perdido el apetito. Pero, a veces, pasa hambre. Es la ironía de cuando el dinero no alcanza. Así lo cuenta Yamileth, hermana menor de la taxista. Alrededor de este caso solo hay incertidumbre. Su familia la busca entre vivos y muertos. Aunque Yamileth le pide a su madre que la piense bien y segura, ha guardado en su celular fotos de cadáveres encontrados por las autoridades. Las amplía para ver detalles, para encontrar alguna pista que la lleve hasta la mujer con la que creció. No tiene ninguna certeza. En cambio, las cooperativas a las que Nubia hizo préstamos sí tienen una: está en mora y alguien debe pagar ese dinero.

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LOS VACÍOS LEGALES

La desaparición causada por civiles no existe como delito en las leyes salvadoreñas. Las denuncias por desapariciones se registran como privaciones de libertad o secuestros. El Código Penal sí reconoce que existe la desaparición forzada, pero solo cuando quien la causa es un agente estatal, como un policía o militar.

En Colombia sí se entiende como desaparición forzada lo que sucede cuando un particular de un grupo armado desaparece a otra persona. En El Salvador estos casos suceden a diario, pero no hay legislación al respecto.

El año pasado, la Fiscalía General de la República recibió 51 denuncias por privación de libertad cada semana. Durante los últimos dos años, ha habido más de seis desaparecidos cada día. En 2017, las denuncias por personas privadas de libertad fueron 2,420. El año pasado la situación no mejoró. Solo en 2018, la fiscalía recibió 2,682 casos de este tipo.

Si el delito no está normado, tampoco está regulado qué pasa con los bienes, propiedades y deudas de la persona que desaparece. El desaparecido se encuentra en un limbo legal y las familias también. Ellas no pueden abrazar a su ser querido, pero tampoco pueden cobrar los seguros de vida o heredar sus propiedades.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica, dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”.

Durante los últimos meses, la madre de Nubia se ha levantado a las 3 de la madrugada de lunes a viernes para cumplir bien con un nuevo trabajo: lava el maíz, lo lleva al molino y desde las 5 de la mañana hasta las 11 no deja de hacer tortillas. Hace hasta mil por jornada y las lleva a una fábrica. Este ingreso le ha servido para intentar cancelar a tiempo un crédito que su hija sacó para pagar los dos carros con los que trabajaba.

El padre de Nubia, además, hace turnos como vigilante. El mes pasado logró ganar $160. Apartó $10 y el resto lo depositó el 1.º de abril a una cooperativa financiera. Madre y padre son los fiadores del préstamo de los autos que antes garantizaban el sustento. Al caer en mora, ellos son los obligados a pagar. Con sus trabajos han estado cubriendo solo la mitad de la cuota. Nubia abonaba más de $300 cada mes.

Hace dos semanas, la situación se complicó más cuando la madre de Nubia dejó de hacer las mil tortillas. Cuenta que es diabética hipertensa y que no soportaba la presión de no saber nada del paradero de su hija y, al mismo tiempo, sacar trabajo. La visión se le empezó a nublar y ahora ha preferido descansar durante las madrugadas. Aunque, en realidad, no siempre logra dormir. La cabeza se le enreda tratando de entender qué le pasó a su hija: “Ayer a las 2:05 de la mañana, yo le decía a mi Señor… ‘Dios, dame pensamiento claro’”.

La mayoría de los que desaparecen se encuentran en edad económicamente activa. De todas las denuncias por privación de libertad recibidas el año pasado, 1,544 se trataban de personas de entre los 18 y 50 años. De ellos, el 72 % está compuesto por hombres y el 28 % de mujeres.

Para que los cobros de los préstamos dejen de llegar a la casa de Nubia, los padres deberían presentar ante las cooperativas y los prestamistas una partida de defunción. Pero eso implica dos cosas: la primera, aceptar que su hija está muerta; la segunda, hacer este proceso legal toma –al menos– cinco años.

“Lo que proponemos es la creación de una legislación y un procedimiento especial que tenga una mayor celeridad”, explica Lissette Campos, la asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dicha organización trabaja sobre el tema de los desaparecidos alrededor del mundo y ha sido parte de la creación de otras leyes que protegen a las familias de estos en Latinoamérica.

En otros países latinos no es necesario declarar a una persona como muerta para proteger su patrimonio y el de sus familias. En Colombia se solicita que el Estado reconozca a dicha persona en calidad de ausente. La solicitud se puede hacer de inmediato tras la desaparición. Al ser declarada ausente, sus bienes –incluidos los que sacó a crédito– quedan protegidos y no pueden ser embargados. Además, si quien desapareció es trabajador estatal, los hijos tienen derecho a recibir el salario de su mamá o papá.

México cuenta con una ley similar. Tras la denuncia por desaparición, se debe esperar solo tres meses para iniciar el proceso de declaración de ausencia. Con esta, sus deberes económicos quedan en pausa y se fija un plazo para acceder a los bienes patrimoniales del desaparecido.
Esto sería vital para casos en los que la persona desaparecida en El Salvador tiene un crédito con el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Al no pagar, corre el riesgo de caer en mora y que la casa se pierda. Para evitar esto, recomienda el fondo, se debe seguir pagando la cuota del préstamo con normalidad. Esta es una tarea titánica para las familias en las que quien desaparece era el sostén del hogar. Solo hasta que el deudor ha sido declarado muerto legalmente, el proceso pasa a manos de una aseguradora que le paga al fondo el resto del monto de la casa. Estas acciones tardan, como mínimo, un lustro.

No hay mecanismos de respuesta ante las desapariciones, pero el problema es más profundo. No se conocen –siquiera– las dimensiones del fenómeno. Las instituciones estatales salvadoreñas que atienden casos de desaparecidos no tienen una cifra unificada. Tampoco se lleva un seguimiento de las denuncias que permita establecer si personas reportadas en paradero desconocido han sido encontradas vivas o muertas.

 

LOS MUERTOS PRESUNTOS

Antes de declarar muerto a un desaparecido se le pide –en tres ocasiones distintas– que se presente a un juzgado. La idea es que si el desaparecido lee que su familia lo está dando por muerto, se acerque a un juez y pruebe su existencia.

Así está regulado en el Código Civil salvadoreño. Si una familia quiere obtener un acta de defunción de su ser querido desaparecido, debe esperar cuatro años antes de acercarse a un juez civil. Así, el juez le hará un citatorio tres veces en el Diario Oficial. Si la persona no da señales, el juez valorará las pruebas de desaparición que la familia y los abogados le presenten. Las pruebas pueden ser desde cartas de hospitales que expresan que no hay nadie ingresado con ese nombre hasta certificaciones de Migración que dan fe de que la persona no se encuentra en el extranjero. Solo después de examinar las pruebas se realiza una declaratoria de muerte presunta.

El año pasado hubo 241 diarios oficiales. A pesar de que los desaparecidos son miles cada año, en 2018 se hicieron diligencias de solo 47 muertes presuntas. Además, no todas son recientes. En 14 casos las personas desaparecieron en el siglo pasado y recién se les reconoce como muertos legalmente.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”, explica el psicólogo Rolando Mena, quien tiene experiencia tratando a familiares de víctimas de desaparición.

Además de la carga emocional que entra en juego para declarar a alguien como muerto, el proceso suele alejar gente porque es un trámite largo. También puede llegar a ser caro.

Los citatorios y las declaratorias que se publican en el Diario Oficial tienen un precio de acuerdo con la longitud del texto. El tarifario institucional de la Imprenta Nacional específica que un texto puede costar entre $14 y $180. A esto se le debe sumar el pago de un abogado que realice las diligencias.
Solo tras haber finalizado este proceso, que toma años, los beneficiarios de un desaparecido salvadoreño pueden tener derechos provisionales de patrimonio. En el caso de la ausencia de una madre, los hijos podrán tener “propiedad” sobre la casa, pero no podrán venderla. Para ello, necesitarían ser los dueños definitivos del inmueble. Y eso se logra hasta 20 años después de la desaparición.

“El sistema de plazos de estas diligencias viene desde 1860. Esto nunca se pensó para el abordaje de una situación como la que estamos viviendo hoy”, sostiene Samuel Lizama, presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con competencia civil.

Desde su oficina en Santa Tecla, el magistrado sostiene que, debido al alza en desapariciones, se necesita hacer modificaciones en la ley. “Esto debería de tener una reforma urgente. Adaptándolo a la realidad que viven las personas que tienen familiares que han desaparecido”, indica. Hasta ahora ningún diputado ha presentado una reforma de este tipo.

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LAS REFORMAS NUNCA PROPUESTAS
En la Asamblea Legislativa, el lugar donde se modifican y crean las leyes, poco se habla de los desaparecidos. Y si se hace, es sobre propuestas para mejorar la búsqueda de personas que podrían ser víctimas en el futuro. No se contempla cómo ayudar a las miles de familias que ya se encuentran incompletas.

Hay un diputado que asegura que en los próximos días presentará una iniciativa de ley. Osiris Luna, del partido GANA, sostiene que propondrá la Ley Nacional de Personas Desaparecidas. En teoría, su propuesta abarcaría la creación de una unidad especial dentro de la PNC para resolver las denuncias y regularía procedimientos y plazos.

Cuando a Luna se le consulta si su propuesta incluye reformas que protejan el patrimonio de los desaparecidos y agilicen los procesos de muerte presunta, el diputado asegura que no se lo ha planteado aún. “Lo he manejado de manera supletoria con el Código Civil, no he hecho ninguna modificación respecto a eso”, responde.

Y, en otro momento de la plática, acepta: “No se están viendo los temas que interesan para la población dentro de las comisiones. Este es el problema de la Asamblea Legislativa. Es por un desconocimiento del tema o… realmente no hay interés de estar legislando sobre esto”.

En enero de 2016, la diputada de ARENA Patty Valdivieso propuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a causa del crimen organizado y delincuencia común. Hasta ahora, el tema no ha sido puesto en agenda. Valdivieso también ha planteado la necesidad de un banco de ADN para buscar a las personas desaparecidas. Pero al hablar sobre cómo proteger el patrimonio de los desaparecidos y sus familias, la diputada reconoce que no se ha discutido nada aún.

En otras bancadas sucede lo mismo. Damián Alegría es uno de los diputados del FMLN que más se ha pronunciado sobre los desaparecidos. Pero se enfoca en los niños desaparecidos en el conflicto armado. “Para los (desaparecidos) de hoy hay instituciones que ya se encargan de eso. Está la Fiscalía, está la PNC, está el Ministerio de Seguridad. El problema es los desaparecidos en aquel momento del conflicto armado”, sostiene.

“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”.

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CUANDO EL ESPOSO NO VUELVE
“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”, relata Raquel.

Raquel se casó con William López el mismo día en que ella cumplió 26 años. Ahora tiene 32. Esta mañana platica desde un jardín. Es una enfermera sonriente, tiene la voz dulce, como si siempre le estuviera hablando a un paciente. Frente a una taza de café cuenta que conoció a William cuando los dos estaban pequeños. Sus mamás eran amigas y siempre se supieron el uno del otro. La conversación se vuelve amarga cuando recuerda cómo desde hace un año y dos meses la vida que construyó se desmoronó.

En febrero de 2018, William salió de casa para hacer un viaje en su carro. No regresó. Ni la policía ni la fiscalía han sabido explicar qué sucedió. Ni siquiera se ha logrado localizar el automóvil. Raquel colocó pronto la denuncia y acudió a medios de comunicación para encontrar a su esposo.
No son pocas las mujeres que se encuentran en la misma situación que Raquel. En los últimos tres años, la fiscalía ha recibido la denuncia de 3,507 hombres de 18 a 60 años que han sido registrados como víctimas del delito que sí existe, que es privación de libertad.

El matrimonio tenía un negocio y vivía en San Bartolo. Ahí William había pedido un crédito al Fondo Social para la Vivienda. Estaban pagando casa propia. Además, él había decidido hacer viajes en su carro. Para comprarlo, había pedido un préstamo a un banco. La familia era de cinco miembros. Al matrimonio se le unieron los tres hijos de William, que Raquel terminó criando como propios.

De William no se supo nada. Pero de los cobros, sí. Y no venían solo del banco. También venían de una comercial donde él compró un aparato de sonido para el carro y la cama. Raquel solo ha podido seguir pagando $20 de la cama, aunque los cobradores insisten en que pague el aparato de sonido que andaba el vehículo que William, se supone, manejaba, cuando desapareció.

William cancelaba $109 mensuales al Fondo Social para la Vivienda por su casa en San Bartolo. Raquel no quiere que la vivienda que empezaron a pagar en 2013 se pierda, pero tampoco logra juntar los más de $100 cada mes. De acuerdo con el fondo, ya tiene una mora de más de $800, porque no ha pagado desde agosto de 2018. Ella asegura que pidió que le bajen la mensualidad, pero la única persona que puede solicitar revisión de su cuota es la persona que adquirió el crédito. Y de él no se sabe si vive o ha muerto.

Ahora Raquel no vive en esa casa. Regresó con sus padres a vivir en el campo. Planea ponerse al día pronto porque quiere que los hijos de William la hereden. Ahora ya no vive con los niños que crió durante seis años. Al desaparecer William, los tres niños fueron separados. Uno vive ahora con su abuela paterna, otro con la materna y otro con su madre biológica. Raquel no llora al hablar de William, pero se le quiebra la voz cuando recuerda a sus hijos de crianza. No queda nada parecido a las fotos que ella muestra en su celular. Ya no existe esa familia de cinco que sonríe a la cámara.

Pronto cumplirá 33. Le da tristeza, dice. Y también cumplirá siete años de casada con un hombre que no sabe si volverá a ver. No es viuda, pero tampoco esposa. Y este país no tiene un nombre ni para ella, ni para las demás personas en esta situación.

Como Nubia y como William, solo en 2018, 2,682 personas dejaron de dar señales de vida. La forma en la que las familias de estas personas han enfrentado las consecuencias no tiene eco en las instituciones salvadoreñas. No existe.

Ilustración de Moris Aldana

«Hemos visto chicas con intentos suicidas a raíz de abusos sexuales»

Autorreconocimiento. La artista Ariel Peña dona su tiempo en el hospital. Uno de los ejercicios se basó en hacer un árbol de familia y en este reconocer fortalezas y debilidades de los familiares y de la misma paciente. Fotografías de Melvin Rivas

La sala de espera de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Rafael suele permanecer llena. Entre las sillas, hay personas que han sufrido violencia sexual. Hay adultos, pero también niños de dos años de edad. Para atenderlos –y brindar atención a pacientes con otros tipos de condiciones mentales– el hospital solo cuenta con tres psicólogos y tres psiquiatras. Ofrecen diferentes alternativas de terapia, pero la violenta realidad salvadoreña los confronta: no dan abasto. Maritza Anaya es una de las psicólogas del área y, después de hacer cuentas, acepta que ya ha llegado a atender hasta a 150 pacientes en un solo mes.

Para un hombre o chico es difícil venir y poder aceptar que ha sido abusado sexualmente. Ellos son encontrados cuando nosotros brindamos la atención psicológica por ansiedad, por depresión.

Maritza Anaya tiene ocho años de experiencia como psicóloga dentro del hospital. Aquí ha visto el trauma a los ojos. Ha atendido a niñas violadas por sus propios padres; y ha hablado con hombres que, tras varias sesiones, revelan que la causa de su ansiedad es un abuso que nunca pudieron denunciar.

Por la alta demanda, la solución que han encontrado los psicólogos del hospital es pedir ayuda afuera. A veces piden apoyo y donaciones para el transporte de sus pacientes, para un refrigerio o para brindarles otro tipo de terapia. Los recursos públicos que les son designados no son suficientes para responder a un país en trauma.

Desde su escritorio –en un salón pequeño donde solo caben tres personas sentadas– la psicóloga ayuda a explicar cómo brinda tratamiento a sobrevivientes de violencia sexual. Lamenta que los tiempos de espera para terapia individual se pueden llegar a extender hasta dos meses. Para mitigar la necesidad, comenta, han diseñado terapias grupales que se realizan cada 15 días. Además, sostiene que no hay un solo tipo de agresor. Los perfiles suelen ser variados: alguien de la familia, un pandillero, el pastor de la iglesia.

¿Hay signos por los cuales una familia puede intuir que su hija o hijo ha sido agredido sexualmente?

Sí, hay cambios conductuales. Ante una situación así hay una alteración de conducta. Ya sea que un niño se retraiga mucho, tenga muchos miedos, presente los típicos terrores nocturnos y el no querer acercarse a determinada persona. O todo lo contrario: muchas veces se vuelven bastante hiperactivos, agresivos y comienzan a tener conductas psicosexualizadas.

Las estadísticas dicen que el agresor suele ser cercano y que hasta el 70 % de los abusos suceden en espacios conocidos. ¿Eso coincide con la realidad de los casos que ven aquí?

Sí. Muchas veces han sido de esa forma. De hecho, ahorita el grupo que tengo que son ocho chicas más las familiares. Las mamás, muchas veces han traído un abuso sexual y nunca lo habían expresado. Es como una cadenita y ellas también están ahí dentro. Estamos hablando de 12 personas. Y los agresores han sido familiares en su mayoría: padrastro, tío, hermano, primos. Y muchas veces ya múltiples abusos sexuales.

Es decir que las historias muestran que el riesgo es del entorno cercano.

Sí, uno piensa que al ir a un lugar solo tiene más peligro. Yo creo que ahorita el peligro es que te puedan asaltar u otras situaciones… pero en cuestión de niños, que es donde más se mira, el peligro es en el entorno familiar.

¿Desde qué edad han empezado a tratar a personas por violencia sexual?

Ahorita hemos visto niños de hasta dos años que vienen con sospecha. Pero en la terapia de grupo yo tengo niños desde los cinco años hasta los 12, y otro grupo de 12 en adelante: adolescentes y adultas.

¿Cuál es la diferencia por género de los casos que ve?

De varones, en el mes estoy viendo cerca de cuatro o cinco casos y de chicas estamos hablando de cerca de 12: niñas, adolescentes y adultas. Hay muchas que lastimosamente están siendo violentadas o sufriendo y no lo logran expresar. La semana pasada vi cinco casos de violencia sexual. Tres adultas y dos niñas menores de edad. Todas mujeres.

Está marcado por género.

Es que para un hombre o chico es difícil venir y poder aceptar que ha sido abusado sexualmente. Ellos son encontrados cuando nosotros brindamos la atención psicológica por ansiedad, por depresión. Y no es como que vengan y lo expresen porque tienen miedo a que los llamen gays, a que los etiqueten. Esta sociedad tiene un machismo horrible. Entonces justo ese machismo hace que no lo puedan expresar.

Pacientes y terapistas. El hospital realizó una campaña en la que ilustra cómo las sobrevivientes de violencia sexual le ponen alto a las agresiones.

¿Hay un perfil de niños más vulnerables que otros ante los agresores?

Sí. Aquellos niños que tienen unos papás bien autoritarios y que carecen de parte afectiva. Cuando el agresor es más dadivoso, puede llegar donde ellos.

¿Se pueden identificar patrones de comportamiento entre los agresores?

Son personas que usualmente muestran ser de confianza, tienden a ser bien atentos. Generalmente intentan llegar siempre a la familia bien melosos. Hace poco tuve un caso en el que el tío llegaba donde su hermana a poderle ayudar con el agua, porque ellos viven en el campo. Pero él llegaba justo cuando las niñas estaban solas. Dos niñas: una de 12 años y la otra de ocho. Cuando sale la niña de ocho años, él se aprovecha de la de 12. Cuando esta niña es entrevistada y se le hace la evaluación, ella comenta que no había sido una sola vez, sino que todas las veces que él llegaba a ayudarle a la hermana.

Incluso dentro de los grupos familiares se puede llegar a minimizar la experiencia de abuso de la niña o adolescente. ¿Cómo explicamos esta negación dentro de los círculos de confianza?

Si ya un niño puede escribir o leer o dibujar, les aplico una prueba psicológica. Si es un niño menor, que no puede dibujar, generalmente la prueba es con terapias de juego. Si la sospecha es cierta, yo le hago conciencia al familiar de que lo que el niño está diciendo es verdad. También hay aquellas personas que se niegan, porque muchas veces ha sido su pareja la que ha abusado. Tratamos la manera de que pueda llegar a entender, ya que a veces encontramos ideas como: «ella se le metía. Ella andaba usando shorts. Ella lo provocaba. Ella tiene la culpa». Entonces buscamos a otro familiar que pueda ayudarnos en ese aspecto para que pueda concientizarse, ya que muchos de ellos también son víctimas de la misma situación.

¿Se tratan como víctimas secundarias?

Sí, les doy una tarjetita donde se les pone el nombre de la persona, el grupo de terapia a la que vienen, el día que les toca y la hora. Se les entrega tanto a las chicas como a los papás. Hay terapias en los que estamos juntos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando sobre «mitos y realidad». Las chicas están adentro con los papás porque de esa forma también se van quitando muchas cositas que les afectan para poder salir adelante.

La mayoría de las chicas que están ahí han venido por interconsultas. Por emergencia han entrado aquí al hospital y les han hechos evaluaciones tanto médicas, ginecológicas o pediátricas, dependiendo de qué tipo de paciente sean. Entonces, posteriormente, vienen a Salud Mental donde se les da la intervención en crisis si ha sido antes de 72 horas la agresión que hayan vivido.

¿Se refiere al kit de emergencia por violación?

Sí, exacto. Se les da un kit con anticonceptivos, las terapias antirretrovirales que las reciben durante un mes y, posteriormente, estar chequeándolas por VIH durante un año.

¿Qué podemos hacer para que, si el abuso sexual sucede, los niños y las niñas denuncien?

Hacerles saber cuáles son sus partes íntimas o las partes privadas que nadie debe tocar. A veces los papás dejamos de ser amigos y comenzamos a ser solo autoridad para los chicos, entonces ahí perdemos la confianza de ellos y comienzan los miedos: «Si yo le cuento a mi papá o a mi mamá, ellos me van a regañar o se van a enojar». Hacerles conciencia de que no nos vamos a enojar si en algún momento pasara algo así. Que al contrario, los vamos a apoyar.

En ocasiones, en caso de abuso sexual, los agresores dicen que el menor dio consentimiento. ¿Esta figura puede existir en un menor de edad?

No. Lo que se da es estupro. Cuando un mayor comienza a hablarle muy bonito a una chica –generalmente son los casos que más se dan–; y la chica cede por un supuesto enamoramiento, muchas veces esto tiene que ver con la carencia afectiva familiar que ella haya tenido. Entonces ahí sí se da el caso de que el agresor comienza a decir: «Mire, pero ella accedió a tener relaciones». Pero legalmente es un estupro, un abuso, un delito.

Los agresores son personas que usualmente muestran ser de confianza, tienden a ser bien atentos. Generalmente intentan llegar siempre a la familia bien melosos. Hace poco tuve un caso en el que el tío llegaba donde su hermana a poderle ayudar con el agua porque ellos viven en el campo.

¿Qué implica el consentimiento?

Es cuando tú estás de acuerdo en poder realizar dicha actividad. Por ejemplo, tú me dices: yo necesito que me ayude en esta tarea. Entonces yo te estoy diciendo que sí, te estoy aceptando. Estoy de acuerdo en poderte ayudar. En el caso de las chicas, un consentimiento se da cuando es mayor de edad. Ahí podemos decir que están en mutuo acuerdo o en consentimiento, pero cuando son menores de edad, no. A veces no se imaginan la magnitud del daño que pueden estar recibiendo.

Tarjeta de paciente. Tanto el sobreviviente de violencia sexual como su tutor reciben esta tarjeta para asistir a las sesiones terapéuticas.

¿Qué diagnóstico suele acompañar a un niño que ha sufrido violencia sexual?

Depresión, ansiedad… ahí es cuando se da la alteración en la conducta, con déficit de atención. En cuestión de adolescentes, hemos visto muchas chicas con intento suicidas a raíz de muchos abusos sexuales, también personas que han adquirido VIH u otros tipos de enfermedades de transmisión sexual.

Además de estos cuadros clínicos, ¿los sobrevivientes de abuso sexual hablan de otros factores por los que temen denunciar?

Cuando son situaciones en las cuales las chicas han sido agredidas por pandilleros, ahí es donde suelen tener más miedo a poner denuncia, o regresar a vivir en su casa y temen por la seguridad de la familia. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el caso de una chica que fue abusada por unos pandilleros cerca de su casa.

¿Los pandilleros eran conocidos?

Sí, ellos la conocían. Sabían quién era, dónde vive y todo. Abusaron de ella y a raíz de eso, ella quedó embarazada. Ella se quedó callada porque ellos la amenazaron: si hablaba, su familia iba a morir. Obviamente ella, sabiendo qué tipo de personas eran, se quedó en silencio. Seis meses después se sintió sumamente mal. Cuando es traída al hospital, se dan cuenta de que ella también tenía un embarazo de seis meses y lo había intentado ocultar. Había una negación rotunda ante el bebé, ante todo lo que había pasado y no quería expresar por qué estaba embarazada. En ese momento la mamá empezó a pensar que a lo mejor ella tenía novio y que por eso había quedado embarazada. Cuando se habló y se le dio la terapia, se pudo conocer el caso y ella expresó cómo había sido todo y tanto a la mamá como a la niña se les dio el apoyo psicológico. De hecho, con ella tuvimos la oportunidad de hacerle un «baby shower» y posteriormente ella ha estado bien. Hace poco vino a terapia y me comentaba que aún en la PAES, ella había salido con las mejores notas.

¿Cuántos años tiene ella?

Dieciséis. Como salió con las mejores notas, le han dado una beca. Esas son las recompensas que uno tiene.

¿Cómo llegaron a atenderla?

Ella vino porque se sintió mal. La han traído de la institución donde ella estudiaba y ha sido recibida en Emergencias. En Emergencias comienzan a ver por qué el embarazo y ella no quería hablar.

En la ley salvadoreña el delito de violación prescribe a los 10 años y alguien puede llegar a decir que 10 años es tiempo suficiente para tomar medidas legales. ¿Cómo se explica que haya gente que, a pesar del paso del tiempo, no denuncie?

Es por los mismos miedos que se tienen. Si has sido agredida por una persona que es de pandillas, existe el miedo de que vayan a agredir a tu familia y el sentimiento de culpa que si algo les pasa a ellos. También el hecho de la vergüenza. Hace unos seis meses tuvimos a una niña de 11 años a la que el pastor abusó y embarazó. Ella se encargaba de llevar las tortillas que hacía la mamá a diferentes casas y en una de esas, él se aprovechó. Esta niña sale embarazada, la mamá le reclama qué es lo que había pasado, se da cuenta que había sido por abuso y vienen las demás personas de la iglesia y comienzan a discriminarla. Que la niña era la que, de seguro, se le había metido. Esos miedos abren la puerta a decir «mejor yo no hablo. Porque si lo hago, me van a agredir, van a decir que yo me le ofrecí». A la niña le dijeron: «Ya no entrás a la iglesia, porque no sos pura».

A través del arte. Artistas salvadoreños donan su tiempo para realizar ejercicios con los grupos de sobrevivientes de violencia sexual que se organizan en el hospital.

¿Los agresores tienden a hacer chantaje emocional?

Los agresores les dicen: si tú le dices a tu mamá, tu mamá te va a castigar o le va pasar algo a tu mamá, la vamos a matar. Generalmente siempre amenazan por la mamá.

¿Qué puede hacer una persona que busque ayuda si fue abusada en el pasado?

Puede ir a una unidad de salud y pide una referencia del hospital a la Unidad de Salud Mental. Ahí debe especificarle que ha sido por abuso sexual. De esa forma vienen acá.

Aquí brindan terapia individual y grupal. ¿En qué otras alternativas se apoyan para brindar tratamiento?

En la parte terapéutica, hemos sido bastante abiertos. Tenemos la arteterapia, hay un grupo que asiste a una granja de animales. También se enseña a manejar el estrés a través de las técnicas de yoga y taichí. Esas clases las estamos dando en el Cafetalón y en el Jardín Botánico de Antiguo Cuscatlán. Siempre solicitamos a personas profesionales que nos puedan impartir ese tipo de técnicas.

Terapia grupal. Los módulos de terapias grupales usualmente toman un semestre y se realizan con un colectivo de 10 a 15 pacientes.

¿Esos profesionales donan su trabajo?

Sí. También buscamos a gente altruista que nos pueda dar para el refrigerio… para algún pasaje de la chica o alguna otra necesidad. Por ejemplo, tengo a una niña de 14 años que está en las aldeas SOS y que ha sido abusada. Tiene una bebé de un año y medio, y ella no tenía dinero para la ropa, para la leche. Y entonces ahí comenzamos a buscarle ropita. A veces, nos donan de empresas y algunas cosas las vamos gestionando.

¿Ustedes, como Unidad de Salud Mental dan abasto?

Realmente, no. Para ser francos, no. Yo tendría que ver entre cinco o seis pacientes, máximo, en la mañana. A veces, estoy viendo a 10.

¿En la unidad solo hay tres psicólogos?

Sí, y los tres psiquiatras.

Es un montón de trabajo.

Para serle así, hasta más franca, yo ya estoy citando para junio y julio. Así están los tiempos de espera en mi caso. En el caso de mis demás compañeros, pues a veces los psiquiatras están hasta ya para el otro año.

Esto sucede en las terapias individuales, ¿por eso la importancia de las grupales?

Sí. Esas se dan cada 15 días.

¿Cuánto se puede llegar a estar en espera de terapia grupal?

Dependiendo. Por ejemplo, si son pacientitas que han estado en diciembre, en enero, en febrero máximo, son las que hemos ido integrando a la terapia grupal. Entonces estamos esperando unos tres meses para la terapia grupal. Pero antes de eso, se les está dando la terapia individual.

¿Con cuánto espacio de por medio?

Unos dos meses.

¿Puede existir el perdón respecto a un abuso si no hay justicia y el agresor no acepta lo que hizo?

No. El perdón lo trabajamos cuando sienten mucha culpa ellas mismas. Se trabaja el perdón con el agresor de forma más simbólica. Es sanador para ellas porque mayormente las chicas no logran verlo a veces. Es más para sentirse bien con ellas mismas y sentir que no provocaron esta situación.

¿Hay un límite de tiempo tras una agresión sexual en el que ya no se pueda pedir ayuda?

Una situación así siempre va afectar. Es como si tú tuvieras una herida y, si no la sanas, esa herida cicatriza de una forma inadecuada. Necesitas ayuda y el medicamento. Así es la parte emocional. Si no sanas esa parte emocional, toda la vida te va a afectar y muchas veces ya lo estamos teniendo en nuestro cuerpo: dolores de cabeza, el estrés, la ansiedad, problemas de insomnio.

¿Es posible llegar a sanar?

Sí. Yo no tengo una varita mágica donde pueda decir ‘dentro de cinco sesiones ya no vas a sentir nada, vas a olvidar todo’. Vamos a tratar de minimizar ese dolor y que esa herida vaya sanando de la forma más correcta: no sintiéndome culpable, tratando la manera de fortalecer mi autoestima. Nuevamente retomando mi vida, teniendo el entorno familiar y las redes con los amigos. Siempre buscamos hacerles saber que no están solas.

Contra la violencia. Dentro del hospital se promueve una campaña para que las mujeres denuncien cualquier tipo de maltrato al que sean sometidas.

«Nosotras solo íbamos a preguntar si había un cadáver»

Ilustraciones de Moris Aldana

Cuando estaban más pequeñas, Karen y Andrea Pérez jugaban a tener un negocio. Cortaban frutos y hojas de los árboles del patio y los ponían al sol. Ellas decían que cocinaban carne asada. Después, hacían tortillas con la tierra de su cantón, en un departamento de la zona central del país. Cuando crecieron, la dinámica fue cambiando. Seguían jugando en el patio, pero dedicaban más tiempo a platicar. Karen decía que, de grande, quería abrir una sala de belleza. Andrea planeaba ser doctora. Nada de eso fue posible. Desaparecieron en 2016 antes de cumplir los 15 años.

Ese año, al menos 919 mujeres y niñas salvadoreñas fueron privadas de libertad. Así lo establecen las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR). Karen tenía 12 años el último día en que su familia la vio; Andrea, 14. A pesar de que cuando desaparecieron eran menores de edad, su ausencia no causó ninguna movilización a gran escala.

Su desaparición tampoco causó revuelo en medios de comunicación. No hubo ninguna campaña mediática para encontrarlas. Al buscar sus nombres en internet, lo único que existen son dos publicaciones en Facebook donde se muestran sus fotos: dos niñas pequeñas, morenas, de ojos rasgados y nariz chata.

«En las autoridades estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las personas dadas por desaparecidas», señala el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Más de dos años después de que su familia las vio por última vez, aún se desconoce el paradero de la hermana mayor, Andrea. La otra menor ya fue localizada, pero cuando se le encontró, meses después de haber desaparecido, estaba muerta.

***

El vaso de agua iba medio vacío

Todo comenzó con un vaso de agua. Esa es la historia que empieza a contar la abuela de las menores. Ella es una mujer pequeña, de 60 años. En su juventud trabajó haciendo oficios domésticos y de jardinería en la capital. Su cantón queda a media hora a pie desde la cafetería en la que ahora habla, pero ella prefiere platicar aquí, en medio de desconocidos y no frente a unos cuantos cercanos. Ya no sabe si puede confiar en los que la rodean.

La vida en el cantón transcurría con aparente normalidad. La madre de las menores trabajaba en una fábrica como operaria de máquina textil y pasaba todo el día fuera de casa. A su cargo estaba proveer para la crianza de sus hijas, pero solo las podía ver durante las noches.

Durante el día, la abuela era la encargada de cuidarlas. A veces las iba a dejar y a traer a la escuela. En otras ocasiones, ellas iban y venían solas. Ahí estudiaban sexto y octavo grado. La escuela del cantón no tiene teléfono, ni correo electrónico, según un informe del Ministerio de Educación. Tampoco tiene sala de cómputo, biblioteca, ni internet. El espacio de esparcimiento de los estudiantes es una cancha de fútbol y una de básquetbol.

La calma del hogar de las Pérez se rompió cuando empezaron a llegar jóvenes que no eran conocidos en la zona. La abuela sospechaba que se trataba de pandilleros y cuenta que alguna vez les vio un arma. A veces también llegaban mujeres jóvenes con ellos. Una de las muchachas «empezó a llegar a la casa y pedía que le diéramos agua para tomar y ahí se quedaba platicando con las niñas», narra.

“La desaparición es una alerta de riesgo feminicida. Por lo tanto, las acciones deben ser urgentes. No se debe esperar y segundo, no se debe asumir nada. Si fuera cierto que una mujer se fue con alguien más, la obligación es encontrarla viva”, opina la abogada Silvia Juárez.

Poco a poco, ver al grupo de muchachos cerca de la casa era lo habitual. Mientras pedían agua, se fueron ganando la confianza de las adolescentes. Les sonreían. Eran amables. Con amargura, la abuela relata: «Las niñas salían, ellas solas, a estar sentadas en un bordecito en el patio. De ahí los muchachos pasaron a sentarse por ahí. Y platicaban con ellas».

Para agosto de 2016, Karen y Andrea ya consideraban amigas a un par de mujeres que llegaban a platicar con los pandilleros, que vigilaban la zona. Eran dos veinteañeras en las que confiaban. Un día pidieron permiso para ir a bañarse a una poza junto con sus nuevas amigas. La abuela se opuso, pero las menores ya habían salido en otras ocasiones con ellas sin ningún problema. Dijeron que volverían ese mismo sábado al caer la tarde, pero no lo hicieron. La madre marcó al teléfono de Andrea, la hermana mayor, pero fue Karen quien contestó la llamada. Dijeron que llegarían al siguiente día, que estaban bien y en la casa de su amiga. Así pasaron cuatro días.

«El miércoles vino la niña más pequeña a la casa, llorando. Yo le pregunté qué le pasaba y me decía que nada. En la noche, cuando la mamá llegó, le preguntó qué había pasado. Ella estaba bien triste y no quería decirle. Hasta que dijo: ‘Mamá, a nosotras nos están pidiendo $125 y dicen que si no entregamos ese dinero no nos van a dejar regresarnos’», cuenta la abuela.

$125 es una cantidad difícil de conseguir para la familia Pérez. Es cuatro veces lo que pagan por alquilar unas tareas de tierra en la que siembran maíz y frijoles para consumo propio cada temporada. Es más de lo que ellas tenían como ahorros. El ingreso económico del hogar no era alto. La abuela de las menores cría pollos en su casa. Cada uno de los pollos blancos es vendido a $4. Para poder tener en sus manos $125, tendría que haber vendido 31 pollos de una sola vez.

#Dónde están

La madre de las niñas salió a preguntar entre los vecinos si alguien podía prestarle $125, pero no consiguió la cantidad. Karen, de 12 años, lloraba mientras se escondía debajo de una sábana, asegura la abuela. Las adultas de la casa no entendían por qué debían pagar ese dinero. Hasta hoy, solo tienen la explicación que les dio Karen: «Allá donde vamos, los pandilleros nos mandan a que vayamos a pedir comida fiada a un comedor. Y la dueña de ese comedor es la mamá de un pandillero jefe y dice que ya mucho les debemos».

Andrea cuenta, entre lágrimas, el último regaño que le dio. Le dijo que no tenía por qué fiar comida si en su casa ya tenía lo suficiente para alimentarse. «Sí, pero a nosotras nos están obligando», recuerda haber escuchado como respuesta. La niña les dijo que le habían dado pocos días para conseguir el dinero. La abuela se preocupó. En el banco tenía sus ahorros: $50. La madre logró igualar la cantidad y juntaron cien dólares. Llegó el sábado 14 de agosto y una de las nuevas amigas de las menores llegó al parque del pueblo cercano. Ahí le entregaron los $100.

Tras la entrega, Karen le dijo a su madre que volvería al lugar de donde había sido enviada. Que la condición para dejar ir a su hermana mayor era que ella misma volviera con el dinero. Prometió que regresaría al siguiente día en el bus de las 11 de la mañana.

Antes de irse, Karen se despidió de su abuela: «Perdóneme por portarme mal con usted». Después le hizo una promesa: «De aquí para allá nosotras no vamos a volver a salir y le vamos a hacer caso en todo lo que usted nos diga», recuerda. Mientras la abuela habla, se le cierra la garganta y estalla en llanto. Busca en su cartera algo para secar las lágrimas. Encuentra una toalla pequeña y amarilla. Se toma su tiempo para volver a hablar de nuevo. Respira profundo y le da un sorbo a la soda que está sobre la mesa.

Al siguiente día, las adultas de la casa esperaron el bus de las 11 de la mañana y las menores no bajaron. Poco a poco fueron llegando todos los buses de la tarde, pero ninguna de ellas bajó en la parada usual.

La madre de Andrea y Karen denunció ante la policía del municipio la privación de libertad, pero no obtuvo respuestas inmediatas. Lo único que les quedó, entonces, fue empezar a hacer viajes a la sede cercana del Instituto de Medicina Legal (IML): «Allá nosotras solo íbamos a preguntar si había un cadáver».

Lo puedo decir con solvencia. En todo el país hay cuerpos de salvadoreños inhumados.
No hay un departamento de El Salvador donde no haya cuerpos de desaparecidos”, dice Israel Ticas desde su oficina en San Salvador.

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El Salvador como cementerio

«Lo puedo decir con solvencia. En todo el país hay cuerpos de salvadoreños inhumados. No hay un departamento de El Salvador donde no haya cuerpos de desaparecidos», dice Israel Ticas desde su oficina en San Salvador. Ticas es criminólogo forense. Durante más de una década ha trabajado exhumando cadáveres. Trabaja en la Fiscalía, pero deja en claro que esta plática es a título personal y no institucional. Para comprobar que a lo largo y ancho del territorio hay cementerios clandestinos busca en su computadora un archivo. Luego, muestra un mapa de El Salvador lleno de puntos en todos los departamentos. Cada punto es una exhumación realizada.

Cada semana se denunció la desaparición de 18 niñas y mujeres, en promedio, durante 2018. Y hubo, en todo el año, 924 denuncias de privadas de libertad. Esto representó un aumento de más de cien casos en comparación con 2017, cuando se registraron 813 denuncias de este tipo en la FGR.

Ticas explica que en las escenas que él ha trabajado ha logrado identificar un tipo de violencia dirigida hacia los cuerpos de mujeres que no sucede con el sexo opuesto: «El grado de psicopatía es más avanzado cuando son cuerpos de mujer, pero va a depender de los victimarios. Hay unos que son más psicópatas que otros. He podido encontrar cuerpos a los que les han cortado los pechos, con objetos en su vagina: estacas, envases, navajas. Su vagina lacerada con cortes por arma blanca, objetos en su trasero, lo que no se ve en hombres», señala.

Ticas es un hombre efusivo. Habla como un buen orador y dispara frases tan contundentes como duras: «En El Salvador, el que desaparece está muerto», dice sin dudar, en esta mañana de marzo.

Movidos por ese temor, familiares llegan cada día a las oficinas de Medicina Legal en sus diferentes sedes en todo el país para buscar a sus seres queridos. Ivett Camacho es psicóloga forense y trabajó en ese instituto durante 16 años. Ella ayuda a entender el proceso que se lleva en Medicina Legal cuando se hace el levantamiento de un cuerpo no identificado: «Se les toma fotografía y a razón de eso se lleva un álbum fotográfico. Hay una unidad especial donde se apersona el familiar que anda buscando a alguien». Así, viendo las fotografías, los familiares ayudan a identificar a los fallecidos que están en la morgue.

La Iglesia católica conmemora el Día de los Santos Inocentes –en honor de los niños fallecidos– 1.º de noviembre. Ese día de 2016 y a las 9 de la noche, se hizo el levantamiento de un cadáver que coincidía con las características de una de las hermanas Pérez.

La madre y la abuela escucharon que un cuerpo había sido exhumado y llegaron a Medicina Legal. Ahí se les comunicó que el cuerpo coincidía con la descripción de una de las niñas que buscaban. Se trataba de Karen, la hermana menor.

El 3 de noviembre de 2016, la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la Fiscalía giró un oficio al IML. «Determinar, mediante prueba de ADN, si la sangre correspondiente a la señora Pérez y la muestra del cadáver son compatibles con la misma, para establecer parentesco entre las mismas», se lee en el documento.

«Yo insistía en ver el cuerpo y en Medicina Legal me dijeron que no porque se encontraba en putrefacción, pero me mostraron (en fotografía) solo una parte del cráneo», cuenta la abuela, afectada. Ella explica que el resultado de la prueba de ADN fue positivo y que las autoridades le aseguraron que ese cuerpo pertenecía a su nieta. Sin embargo, años después, ella aún se aferra a creer que no se trataba de su nieta. Cree que las menores, tal vez por miedo, no vuelven a casa: «Y yo digo que no es ella. Y tengo la esperanza», sostiene.

El 25 de enero de este año recibió, junto con su hija, un citatorio para presentarse en una oficina fiscal para realizar diligencias de investigación. Este viernes 29 se inició el juicio por privación de libertad de Karen. Seguirá desarrollándose en abril. Para el caso, hay una mujer acusada. Este juicio, explica la familia, fue pospuesto en varias ocasiones: «Nos citaron para agosto y no lo hicieron, de ahí parece que en noviembre, tampoco la hicieron, después en diciembre… que andaban en capacitación», se queja la abuela. «El juicio se ha suspendido varias veces», confirma el encargado de prensa de la oficina fiscal local. La otra menor, quien ahora tendría 16 años, sigue sin aparecer.

Ilustración de Moris Aldana

La culpa y la víctima

«El primer planteamiento es culpabilizar a las víctimas. Primero las familias tienen que estar demostrando que ellas tenían un patrón regular de vida, que no tenían problemas. ¿Y quién no ha tenido problemas alguna vez?», comenta Silvia Juárez, dirigente en la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Dicha organización cuenta con más de una década de experiencia analizando y monitoreando casos de violencia contra mujeres. Desde ahí, han logrado identificar que los familiares de las mujeres desaparecidas constantemente deben defender a las ausentes ante comentarios que las culpabilizan por su estado de desaparecida.

Nicole Herrera es una estudiante de Medicina, de 18 años, que no aparece desde el pasado 10 de marzo. Ese día dijo en su casa que saldría a comprar material para una tarea en el centro de Apopa. Desde hace 21 días se desconoce su paradero.

Cinco días después de que Nicole desapareció, su padre, José Herrera, se dirigió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ahí se quejó de no ver resultados positivos a pesar de haber denunciado la desaparición pronto. Como familia, «hasta el momento aún no tienen conocimiento del estado del caso», se puede leer en un documento de la procuraduría.

A diferencia del caso de Karen y Andrea, esta desaparición sí ha tenido atención mediática. Su padre ha hablado con varios medios de comunicación y las fotos de ella se han difundido a través de redes sociales. En un canal de televisión se entrevistó a José y se hizo un reportaje sobre la ausencia repentina de la joven. En el reportaje televisado se mencionó que, posiblemente, Nicole sostenía una relación con un miembro de pandillas.

«La desaparición es una alerta de riesgo feminicida. Por lo tanto, las acciones deben ser urgentes. No se debe esperar y segundo, no se debe asumir nada. Si fuera cierto que una mujer se fue con alguien más, la obligación es encontrarla viva», opina la abogada Silvia Juárez.

José Herrera se molestó por el tratamiento mediático que se le dio a la desaparición de su hija. Niega la acusación que se le hizo a su hija y considera que esa información pone en riesgo al resto de sus hijos. El periodista encargado de la nota en cuestión optó por no brindar un comentario ante los señalamientos del padre.

Debido a que el caso ha sido ampliamente difundido, el número de teléfono de José no deja de sonar. Él lo tiene cerca todo el tiempo. Lo llaman periodistas para entrevistarlo y hasta personas pidiéndole dinero. En su celular muestra el chat de alguien que le escribió pidiéndole $2,000 para entregarle a Nicole. Cuando José le pidió una llamada para comprobar que Nicole estaba donde decían, no recibió nada.

La madre de Nicole ha mantenido un perfil más bajo ante la desaparición. «Vivimos en un país sin respuesta. La única confianza es en Dios», dice a través de una llamada telefónica. Asegura que un día podrá platicar sobre lo que su Dios de reyes hará por ella y su hija. Por hoy, no quiere hablar al respecto. Antes de colgar la llamada se compromete a llamar de vuelta –cuando su hija aparezca– para que sea ella misma quien brinde su testimonio.

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¿Cuántas son las encontradas?

La abuela de las Pérez se aferra a la idea de que sus nietas estén vivas. Pregunta si se conoce de casos en los que, después de un buen tiempo, las personas aparecen con bien. Cuando se encuentra con una respuesta negativa, el tono de su voz se vuelve áspero.

Uno de los problemas relacionados con las desapariciones en El Salvador es que cada institución lleva un registro separado. Por lo tanto, cada organismo relacionado con el tema cuenta con estadísticas distintas sobre la cantidad de personas desaparecidas.

Además, las autoridades no llevan un registro actualizado sobre el estado de las denuncias.

Se conoce cuántas denuncias por privación de libertad se presentan en cada institución, pero no se sabe si, al cabo de unos días, dicha persona apareció. Esto a pesar de que las denuncias por desaparecidos se cuentan por miles. Solo el año pasado fueron más de

2,600.

En marzo, la Policía Nacional Civil dio una conferencia en la que presentó el Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). Este protocolo, en vigencia desde diciembre de 2018, le indica a las autoridades que no se debe esperar ni un solo día para iniciar la búsqueda de una persona reportada como desaparecida. Además, plantea la posibilidad de unificar estadísticas a través del trabajo interinstitucional de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH.

Cuando se le preguntó a Wálter Guillén, inspector jefe de la PNC, en cuántas ocasiones ha sido aplicado el protocolo durante el primer trimestre de este año, el funcionario respondió que no es posible brindar esa información. Tampoco se puede saber cuántas personas han sido ubicadas con éxito: «La vida es un bien tutelado y toda estadística que se genere no sobrepasa sobre este derecho. En ese sentido, y para no seguir estigmatizando este tipo de acciones, no hemos querido dar algún dato», argumentó desde las oficinas centrales de la PNC.

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La pérdida ambigua

La abuela de las Pérez lleva pocas cosas en la cartera. Entre ellas, los documentos del caso de sus nietas dentro de una bolsa plástica. Así evita que se ensucien o mojen. Tiene la billetera llena de fotos tamaño cédula de las dos menores. En dos de las fotografías las niñas aparecen con el pelo negro y la camisa blanca del uniforme escolar. Miran contentas a la cámara, pero no enseñan los dientes. En otra foto que la abuela lleva siempre consigo está «Andreíta», como ella la llama. Lleva puesto un birrete y se ríe. Su abuela la ve y también sonríe.

La desaparición «es una tragedia para la persona que desaparece, pero también para sus familiares, que viven con la esperanza constante de un milagro», sostiene el Comité Internacional de la Cruz Roja en uno de sus informes.

Nadia Guevara coincide con esta afirmación. Ella es una psicóloga que está al frente del área de salud mental del CICR. La experta ayuda a identificar el perfil de quienes buscan a sus familiares: «En su gran mayoría son mujeres las que buscan, de edad media y adultas mayores, usualmente en situación económica precaria», señala.

A ellas –continúa explicando la psicóloga– se les debe brindar terapia bajo un concepto distinto al del luto. El luto implica aceptar la pérdida final o la muerte de una persona. Y con los desaparecidos, eso puede sentirse como una traición. Como negarles la oportunidad de volver a casa.

Por ello, desde el CICR proponen que los psicólogos y psiquiatras que atienden a familiares de desaparecidos lo hagan bajo el enfoque de la pérdida ambigua: «Es la pérdida de alguien, pero hay una incertidumbre de si está vivo o está muerto. Nosotros no podemos obligar a alguien a que se despida. ¿Cómo le dice a alguien que deje de pensar en el hijo que crió, si no hay nada que le haga entender que no lo va a volver a ver?»

El enfoque propuesto consiste en acompañar psicológicamente a la persona que busca, sin imponer un cierre. Sin obligarla a vivir un luto para el que no está preparado. «Si no hay una certeza, no puede incluso llorar a su desaparecido. Llora la ausencia, pero no puede dar un cierre», considera Guevara.

Hasta la fecha, en El Salvador no hay una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia actual. No hay círculos de apoyo impulsados desde el Estado para atender a las familias de las miles de víctimas.

El criminólogo Israel Ticas se queja de esto: «Hay madres sufriendo. El Estado permite que esta gente sufra todos los días, todas las noches. Hay gente que me habla llorando a las 2 de la madrugada diciendo: ‘Estoy en el cuarto de mi hija, ¿no la ha encontrado?’ ¿Y yo qué hago? Nada. Llorar con ellas».

Nadia Guevara, la psicóloga del CICR, tiene claro el tipo de atención que se le debe dar a estas víctimas secundarias y no se está haciendo: «El apoyo que se le debe dar a las mujeres y a las niñas que quedan es un acompañamiento. Es caminar a la par de la persona». Mientras, las Pérez caminan solas hacia el juicio.

Terapeutas que sanan con arte y animales

Franklin Zelaya y Javier Aparicio

Gabriel es un niño de 12 años y de ojos claros. Últimamente admira mucho a los superhéroes. Su favorito ahora es Iron Man. Su papá, dice, es parecido a Capitán América. Repite las películas y su madre, Gabriela Mebius, ya se las sabe de memoria. Cuando Gabriel estaba cerca de cumplir los tres años le diagnosticaron con un trastorno dentro del espectro autista no identificado. Esto suele traer, entre otras cosas, dificultades en la expresión, concentración y en la habilidad de realizar más de una actividad a la vez.

Durante la mañana estudia quinto grado en un colegio privado y durante las tardes asiste a un club de tareas y terapias. Hace unos años, los doctores sugirieron medicarlo por problemas de atención. Su familia buscó entonces probar otras opciones para mejorar su concentración. Y eso lo trajo hasta Cometa, un caballo.

Cometa es un caballo café y manso. Esta mañana lo están capacitando para que siga a su guía sin necesidad de una cuerda o de una orden severa. Es miércoles y Naara Salomón se coloca frente a él y le indica hacia dónde avanzar. Ella camina y él la sigue, como si se tratara de un cachorro. La terapeuta se detiene y Cometa, también. Entonces, el caballo busca meter su cabeza debajo del brazo de la mujer. Pide una caricia. Ella lo abraza. El caballo, calmado, recibe el mimo. Cuando están con niños, forman un equipo. En algunas terapias asistidas por animales, al caballo se le conoce como un «coterapeuta«.

Naara Salomón es miembro de la Asociación Suiza de Zooterapia. En 2013 creó La Granja Pedagógica, un espacio a media hora de San Salvador donde brinda talleres colectivos y terapias individuales con animales. Atiende a personas con dificultades personales y a niños que necesitan desarrollar cierto nivel de motricidad y confianza en sí mismos y en los demás. Desde ahí, ha entrenado a animales a través de un método basado en el «liderazgo sin violencia». En la granja hay aves, gatos, burras, yeguas y caballos.

Gabriel asiste todos los fines de semana a este espacio desde hace un año y medio. Hace 18 meses tenía fobia a las gallinas y temía a los caballos. Ahora, cada sábado, acompaña a su terapeuta a alimentar a las aves. A veces habla con ellas, les cuenta sus cosas. Luego va a su terapia con Cometa. A él lo monta, lo abraza y lo cepilla. Tras un año y medio de terapia, su mamá nota los resultados: lo ve más sereno con los animales, más concentrado.

Resistir como Sirena y Capitán

La historia de esta granja comienza con el abandono. Capitán, un caballo grande y blanco, fue abandonado en la carretera que conduce hacia Chalatenango. Fue atropellado y luego recibió un balazo en la pierna. Los lugareños fueron testigos, pero no podían hacerse cargo de él. Los caballos, como los humanos, son animales sociales y pronto encontró compañía. Se le unió Sirena, una yegua que también fue abandonada en la zona. Tenía la pata dañada por haber quedado atrapada en un alambre de púas y, como en el caso de Capitán, la herida estaba infectada. Por miedo, no dejaban que ningún humano se les acercara.

Los dos caballos, desde entonces, se mantuvieron juntos. «Por haberse encontrado en la calle, encontraron solidaridad y esa solidaridad les permitió creer en la vida», asegura Naara. Capitán no caminaba bien, tenía las patas dañadas, pero aún lograba sostener su peso. Durante meses, los caballos se mantuvieron juntos hasta que fueron rescatados en mayo de 2012.

La terapeuta cuenta esta historia desde el comedor de su casa en San Salvador. Para probar cada hecho, muestra fotos en su computadora: se puede ver a los caballos que deambulaban en el monte, desnutridos. También hizo el registro de las heridas de cada uno.

Salomón llegó hasta ellos a través de una amiga que los vio al conducir por la carretera. «Éramos unas locas», dice ahora entre risas. Llegaban a la zona, preguntaban a los lugareños por dónde se habían ido los caballos e ingresaban en senderos, entre arrozales, con alimento. Así se ganaron la confianza de los animales.

Sirena y Capitán dejaron que el par de mujeres se acercara y así fueron rescatados. Los trasladaron hacia un terreno cerca de la carretera a Santa Ana. Allá, un veterinario le brindó un espacio donde podría darles cobijo mientras se recuperaban. Cuando los animales ya habían salido de peligro, Naara los entrenó para que pudieran estar rodeados de personas y seguir indicaciones.

Naara Salomón nació en Suiza. Allá tuvo su primer encuentro con un caballo a los dos años, y a los ocho ya se encontraba realizando equitación. «Desde que tomé conciencia, me costaba mucho haber nacido entre seres humanos. En la adolescencia empecé a odiar a los humanos porque odiaba la violencia», explica. Los caballos se convirtieron en su refugio. Luego empezó su formación como artista, y cuando tenía 19 años se mudó a El Salvador, donde también trabaja como actriz de teatro. En sus viajes a Europa se formó pedagógicamente como terapeuta. Actualmente es miembro de la Asociación Suiza de Zooterapia.

La granja abrió al público con su proyecto piloto en 2013. Algunas de las terapias que brinda son cobradas. Otras forman parte del trabajo que ella dona a organizaciones que tratan a niños con escasos recursos, víctimas de violencia o familias con problemas económicos cuyos hijos lo necesitan.

En esta granja los animales son curiosos e inmediatamente reciben al visitante. Buscan caricias. Hace seis años, Sirena y Capitán empezaron a recibir visitantes. Después, concibieron a Naahual, una yegua gris y parchada. Contra todo pronóstico y, a pesar de tener las patas muy dañadas, Capitán vivió varios años después de ser rescatado. Murió en junio del año pasado.

La historia de Sirena y Capitán se convirtió en una herramienta para dar a conocer el significado de la resiliencia a las personas que reciben terapia. La ‘resiliencia’ es un término de la psicología que hace referencia a la capacidad de una persona para superar experiencias traumáticas. «Contando esta historia –dice Naara– yo a veces tengo a jóvenes llorando. Nos toca porque esta puede ser nuestra historia también. Cada uno hemos vivido cosas duras y las vemos reflejadas en estos animales».

“Desde que tomé conciencia, me costaba mucho haber nacido entre seres humanos. En la adolescencia empecé a odiar a los humanos porque odiaba la violencia”, explica. Los caballos se convirtieron en su refugio. Luego empezó su formación como artista y se mudó a El Salvador, donde también trabaja como actriz de teatro”.

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PONER LOS LÍMITES

«Se mercadean libros de colorear como si fuera arteterapia, pero la arteterapia es algo que involucra diferentes técnicas artísticas, es una profesión», comienza por explicar la terapeuta Ruth Guttfreund. Su trabajo es un casamiento entre la psicología y el arte que, a veces, es difícil de entender incluso para los propios psicólogos salvadoreños.

«Algunos psicólogos no tienen experiencia artística, entonces es muy difícil para ellos entender algo que no conocen porque el país retiró el arte de la educación, no tuvieron acceso», expresa la arteterapeuta profesional.

Ella estudió Educación Especial en Israel. Mientras lo hacía, recibió una clase de Arteterapia y supo que se quería dedicar a eso. Se mudó a Inglaterra e intentó ingresar a un posgrado en Arteterapia. Ahí le indicaron que, para poder trabajar en este campo, primero tenía que formarse como artista. Para ello, se educó en el campo de las Artes Plásticas. Luego, obtuvo una Maestría en Psicología de la Terapia y Consejería.

«Cuando regresé al país, en 2003, el término ‘arteterapia’ ni se utilizaba», comenta desde CentrArte, el espacio en el que ahora brinda sus terapias a personas en diversas situaciones: desde problemas en el aprendizaje hasta personas que se encuentran en situaciones emocionalmente vulnerables. También desarrolla proyectos de impacto social con comunidades.

«Lo central en un proceso de arteterapia es hacer arte. Eso es lo que ayuda a sanar. Trabajamos con plastilina, barro, témpera, pintura acrílica, etcétera», dice la experta. Este tipo de terapia es tan poco conocido que, cuando alguien llega a la terapeuta, se realiza una plática donde se explica el proceso y sus principios. La base de la que se parte es simple: todo mundo es capaz de crear. Luego se procede a realizar pinturas o esculturas a partir de reflexiones y el reconocimiento de las emociones. Detrás de cada pieza que Ruth le pide hacer a la persona se encuentra un razonamiento y una guía emocional.

En CentrArte brinda terapias individuales. Uno de los cuartos de este lugar está lleno de materiales de arte y carpetas de las diferentes personas que reciben terapia. Ruth guarda las pinturas o dibujos que la gente va produciendo mientras trabaja en su situación. Al final del tratamiento, pueden observar su evolución a través de un recorrido gráfico.

Guttfreund también brinda talleres colectivos. Uno de los últimos talleres que guio hace unos días fue sobre el «no». Costó $20 y tuvo una duración de dos horas. «Piense en las circunstancias en las cuales ha sentido problemas de límites», le pidió Ruth a las siete mujeres que asistieron al taller el sábado pasado. En base con esas experiencias, les pidió expresar esas situaciones no con palabras, sino a través de lápices de colores, yeso pastel y otras técnicas. Pronto, revela Ruth, algunas de ellas lloraron.

Las técnicas artísticas permitieron que las talleristas se expresaran de manera libre. «Es más difícil decir no para las mujeres que para los hombres. En general, el hombre ha sido más entrenado a poder decir qué quiere y qué no quiere, y la mujer más hacia estar ahí para los demás», reflexiona Ruth desde su lugar de trabajo.

Origen de la granja. Dos caballos fueron rescatados tras haber sido abandonados con problemas de salud. Luego fueron entrenados para poder trabajar con niños y adultos.

APRENDER A DECIR NO

Un caballo –guiado por alguien más– camina lento y en línea recta hacia una niña que permanece quieta. Los caballos aunque mansos no dejan de ser imponentes ante los niños. En el juego que se realiza en La Granja Pedagógica hay un conflicto: quien dirige al caballo no puede parar aunque su compañera esté cerca. Debe avanzar con el animal hacia la niña. La menor, por su parte, no tiene que moverse. Debe gritar: «auxilio», para que alguien más llegue y cambie la dirección del caballo para evitar que los dos choquen.

La pedida de socorro, sin embargo, no puede ser cuando el caballo esté lejos, sino en un momento oportuno. Justo antes de que se acerque demasiado, la niña grita: «Auxilio». Pero ni las demás niñas ni los tutores que la acompañan llegan a desviar al caballo. Naara se dirige al caballo y le indica una nueva ruta. «¿Ven?», le dice al resto; «a veces alguien nos pide ayuda y no se la damos», afirma.

En la dinámica no se pone en peligro a nadie, pero se entrena la habilidad de pedir ayuda. Esa habilidad básica le ha sido robada a algunas niñas y necesitan practicarla en un contexto lúdico y seguro. La niña que pidió auxilio, junto al resto de niñas que la observaban, pertenece a un grupo de niñas supervivientes de violencia sexual. Reciben tratamiento psicológico en el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. Naara se preocupa de guardar sus identidades, pero accede a mostrar en video y fotos los ejercicios que realiza con niñas y adolescentes menores de 14 años.

Maritza Anaya es psicóloga del programa que atiende a niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en el Hospital San Rafael. Desde su oficina en Santa Tecla asegura que en esta área se busca brindar terapia multidisciplinar a los sobrevivientes del abuso. Una vez al mes, las niñas de este programa viajan hacia La Granja para realizar diversos ejercicios.

A veces, los ejercicios son tan simples como hacer una rueda y decir una palabra. Por ejemplo: una persona les pregunta a las niñas si les puede dar un abrazo. Las niñas deben decir «no» sin sentirse mal. Así, entrenan su habilidad de negarse a hacer algo y expresarse energéticamente a pesar del trauma que queda tras una agresión sexual.

Este grupo visita La Granja Pedagógica una vez al mes. Viaja en microbús desde el hospital, acompañado de un tutor. El transporte lo provee el hospital. «Cuando no se tiene, encontramos a personas altruistas que nos apoyan con el transporte, porque todo esto es gratuito para el paciente», sostiene Anaya.

La psicóloga indica que a través de estos ejercicios «se trabajan las emociones y cómo respetar el espacio personal». En el hospital, explica Anaya, están intentando brindar otras terapias a las niñas, además de la atención psicológica tradicional: yoga, arteterapia, y las visitas a La Granja.

Salomón afirma que mantener a un caballo en condiciones óptimas para el trabajo cuesta alrededor de $300 mensuales. Sin embargo, a diferencia de las terapias individuales, ella no cobra por el trabajo que realiza con las pacientes del Hospital San Rafael.

“Lamentablemente hay profesionales que se cierran a creer que solo (un psicólogo) puede curar a la persona. Creo que ya es tiempo de ir dando la apertura a que hay otras disciplinas o terapias que pueden aportar mucho para la salud mental de una persona. Creer en esas terapias es darle la oportunidad al paciente de que tenga más alternativas de sanación”.

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SUPERAR MIEDOS

A pesar de que hay estudios que prueban los beneficios de las terapias alternativas para las personas que pueden acceder a ellas, aún hay resistencia para aceptarlas entre los terapeutas tradicionales. Así lo explica Maritza Anaya del Hospital San Rafael.

«Lamentablemente hay profesionales que se cierran a creer que solo (un psicólogo) puede curar a la persona. Creo que ya es tiempo de ir dando la apertura a que hay otras disciplinas o terapias que pueden aportar mucho para la salud mental de una persona. Creer en esas terapias es darle la oportunidad al paciente de que tenga más alternativas de sanación».

Las historias de quienes reciben terapia alternativa para enfrentar ciertas situaciones en su vida están marcadas por pequeñas conquistas. En el caso de Gabriel, el niño de 12 años y ojos claros, la conquista ha sido lograr la calma rodeado de animales. Esa calma ha permitido mejorar su concentración, su movimiento y su seguridad.

«Ahora él hace toda la rutina, cepilla al caballo, le pone el arnés, se pone el casco, se sube al caballo y empieza a caminar y a trotar. Él ya creó el vínculo de confianza con el animal y le fascina escuchar su corazón», cuenta su madre, desde una cafetería. «Verlo a él ir logrando ciertas cosas, como darle de comer a las gallinas, es verlo como que se está graduando de algo porque sabemos lo que le ha costado».

Aprendizaje. A través de terapias alternativas se puede empezar a trabajar de manera lúdica las emociones y otras habilidades, como respetar el espacio personal propio y de otros.

Los desaparecidos por uniformados

Ilustración de Moris Aldana

Maritza se encontraba a solo 10 pasos de William y Bryan esa mañana de miércoles. Estaba trabajando en el nuevo mercado de San Martín cuando vio cómo un grupo de soldados empezó a golpear a los dos muchachos de 17 años. Ella presenció cómo los militares les ordenaron quitarse la cintas de los zapatos. Con las pitas, les amarraron las manos por detrás de la espalda. Cuando ya los tenían sometidos, los sacaron del mercado.

El procedimiento no fue algo usual entre las ventas. En la detención hubo golpes y gritos. Maritza miró bien a los militares. Vio que dos de ellos vestían su uniforme camuflado de manera formal, mientras que otro llevaba la camisa afuera del pantalón. Observó que los uniformados llevaban boinas ocres y que estos se llevaron a William y Bryan sin explicarles por qué.

Ese miércoles de julio Bryan y William querían cortarse el pelo. Salieron de sus casas en la colonia Anémona, en San Martín, se cruzaron la carretera Panamericana y se dirigieron al nuevo mercado del municipio. Cuando estaban ahí adentro, pasaron cerca de Maritza y un grupo de militares los capturó. Este relato forma parte de un habeas corpus solicitado a la Sala de lo Constitucional.

Maritza es una de las testigos principales de esta situación. Se llama de otra forma, pero la sala decidió proteger su identidad en el documento público del caso. Durante tres años ha repetido con convicción que la Fuerza Armada desapareció a los dos adolescentes.

En El Salvador, la única circunstancia en la que legalmente se puede hablar de desaparición es cuando están involucrados los cuerpos de seguridad. Al resto de casos donde no se localiza a una persona se les llama privación de libertad. La desaparición forzada es una herencia de la guerra civil que, aunque perdió volumen, no perdió vigencia. Los cuerpos de seguridad siguen siendo acusados como victimarios.

En 2016 se recibieron 15 denuncias de este tipo; en 2017, se tuvo conocimiento de 10. Para el año pasado, la cantidad de casos conocidos de manera oficial casi igualó la de los dos años anteriores juntos: se registraron 21 casos de desaparición forzada, de acuerdo con la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PDDH.

William y Bryan desaparecieron hace cinco años. El Estado Mayor ha negado rotundamente la participación de personal suyo en alegato de que ese día no habían soldados destacados en el mercado. La negativa no impidió que Maritza, durante más de una ocasión, señalara a la Fuerza Armada como victimaria.

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¿A quién denunciar?

La Policía y la Fiscalía no cuentan con un sistema homologado para registrar las denuncias de los desaparecidos en El Salvador. Cada institución maneja sus propias cifras y las estadísticas, a pesar de referirse a lo mismo, difieren entre sí.

La oficina pública que recibe más denuncias de desaparición forzada es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En los últimos tres años, ha recolectado 46 casos de este tipo. En cambio, en la Fiscalía, durante esos mismos tres años se han recibido siete denuncias. Y en la Policía, desde enero de 2016 a octubre de 2018, solo se registraron cinco acusaciones de esta índole.

Que la Policía sea la institución que menos denuncias por desaparición forzada recibe no es coincidencia. La PNC es la fuerza estatal más señalada por desaparecer gente en los casos documentados por la procuraduría. Se le acusa en el 67 % de las denuncias.

«Esa noticia no es gratificante, obviamente, para el componente policial», dice el inspector Wálter Guillén cuando se le cuestiona sobre estas denuncias en las oficinas centrales de la PNC. «Nosotros estamos dispuestos a verificar este tipo de situaciones que necesitan un estudio, tratamiento (para) ver si necesitan un ajuste a nivel policial».

Doce días después de la desaparición de los jóvenes en San Martín, Maritza asistió a declarar a la fiscalía. Dos años después, también dio su testimonio ante un notario. Además, en diciembre de 2016 declaró lo sucedido ante la Sala de lo Constitucional. A pesar de todos los esfuerzos de la mujer por hacer lo correcto al ser testigo de un crimen, Bryan y William no aparecen. Ningún soldado ha sido acusado.

«El tema de la desaparición forzada es bastante árido y sensible», comienza por explicar detrás de su escritorio Guadalupe de Echeverría, la jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía. La fiscal acepta, sin vacilar, que –mediante investigaciones– se ha logrado identificar un patrón de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Echeverría sostiene que ha tenido conocimiento de grupos conformados por soldados, policías y civiles que se dedican a desaparecer a personas. La premisa de estos grupos es matar al que consideren enemigo en una guerra entre pandillas y agentes estatales. Cuando sospechan que una persona es pandillera, la desaparecen y «proceden posteriormente a ejecutarla», menciona la fiscal en esta fresca mañana de febrero.

De acuerdo con este análisis, hay agentes estatales que desaparecen y asesinan personas porque las consideran culpables de pertenecer a pandillas, sin investigación de por medio, sin debido proceso, con base solamente en la sospecha. A pesar de que la fiscal habla de un «patrón», enfatiza en que estos casos son responsabilidad de grupos de exterminio que actúan al margen de órdenes institucionales.

Al inspector Guillén se le cuestiona si dentro de la Policía se han identificado patrones de desaparición de personas por parte de autoridades estatales. La respuesta que da es la de alguien que no se sorprende al escuchar este tipo de acusaciones. «Siempre se mencionan algunos grupos que se toman una atribución en particular, pero nos desvinculamos totalmente de esas acciones. Las funciones de un agente no lo llaman a eso», afirma.

Ilustración de Moris Aldana

Los familiares de las víctimas no confían en el trabajo policial o fiscal. Eso no es secreto dentro del aparato estatal. Echeverría sabe que eso contribuye a que la denuncia sea mínima y que el subregistro sea un factor dominante. Las familias «realmente no lo denuncian de esa manera, al menos en la Policía no lo denuncian. En Fiscalía tampoco y probablemente (el delito) existe», acepta.

A pesar de no contar con estadísticas fidedignas, ni PDDH ni Fiscalía niegan la existencia de este fenómeno.

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«Una cifra negra»

A William y Bryan los buscaron desde el primer día en que desaparecieron. Una familiar intentó encontrarlos en el puesto militar un par de horas después de la detención, pero «se le comunicó que personal propio de esa institución no había realizado ninguna captura», de acuerdo con documentación oficial. A la Fuerza Armada solo le tomó 2 horas adoptar la postura que ha mantenido hasta ahora: negarlo todo.

El 91 % de las víctimas de las denuncias de desaparición forzada de los últimos tres años son hombres. Los desaparecidos son, por regla, de clases sin privilegios. «Los perfiles son adolescentes y adultos jóvenes desde 17 a 30 años, aproximadamente. De escasos recursos económicos, del interior del país que viven en zonas de alto riesgo de amenazas de pandillas», asegura la procuraduría.

La abogada que presentó el caso de William y Bryan ante la sala denunció que después de sacarlos del mercado, los soldados llevaron a los muchachos a la colonia Santa María, un lugar dominado por la Mara Salvatrucha. El lugar en el que vivían los jóvenes es territorio controlado por la pandilla Barrio 18. La abogada explicó que la sola presencia de ellos en un lugar «contrario» puso en riesgo su vida. Y que eso comprueba que los jóvenes fueron trasladados a ese lugar en contra de su voluntad. Un joven de zonas conflictivas sabe bien cuáles son las fronteras que no debe cruzar.

Una semana después de su detención, los padres tenían la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, un grupo de personas se reunió frente al puesto militar de San Martín y protestó. Exigió información. Ahora, las posibilidades de encontrarlos vivos son pocas.

Algunos familiares de desaparecidos consideran que la denuncia es inútil y que los coloca en una situación más vulnerable. «Eso es una cifra negra que nosotros tenemos porque muchos familiares, por falta de confianza no acuden a la Policía ni a la Fiscalía. Por temor a las represalias o porque no confían en el sistema. Entonces, estas personas prefieren agotar otra vía. Van al Instituto de Medicina Legal a ver si hay algún levantamiento o a los hospitales», sostiene la jefa fiscal.

Bajo esta premisa, los familiares ya no buscan culpables. Se dedican a buscar un cadáver y, en el mejor de los casos, un herido.

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Las víctimas y la sospecha

Al caer la noche, Alexánder encontró una iglesia donde le dieron comida y resguardo. «Estaba golpeado, iba con garrapatas, llevaba pulgas en las orejas, los pies hinchados, llenos de espinas, con el brazo completamente morado e inflamado de los golpes que le habían dado con las cachas de las pistolas los policías».

Horas antes, Alexánder había ido al molino con su abuela. Prepararon la masa para los tamales y, al volver, unos policías lo detuvieron y se lo llevaron. Los agentes lo creyeron pandillero y ese fue motivo suficiente para trasladarlo a una montaña. Ahí le ordenaron correr mientras disparaban, como quien caza a un animal. Alexánder corrió y corrió entre el monte, hasta que encontró una iglesia. Este relato se puede leer en la investigación «Una reconciliación a través de las víctimas».

«Volvieron las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales», sentencia sin rodeos, el informe final. Esta investigación fue realizada por la Maestría de Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se inició hace dos años, cuando un equipo de siete investigadores se dedicó a escuchar relatos de víctimas de la violencia actual para luego sistematizarlos.

Martha Zechmeister, la coordinadora de la investigación académica, identificó que la pobreza está relacionada directamente con ser candidato a la desaparición forzada. Usualmente, las zonas más populares y comunidades obreras son el caldo de cultivo para las pandillas. Por otro lado, también, son las zonas más estigmatizadas por la autoridad.

«Un joven que nace en zonas vulnerables es ya sospechoso. Cuando habla con los policías se pone en peligro enfrente de los mareros. Están en una trampa, no hay escape: cuando no habla con los policías es sospechoso para los policías», dice Zechmeister.

La investigadora logró identificar algo que ella llama «niveles de escalada de la violencia». En el primer nivel encontró «los usos cotidianos de la violencia, como golpear a un presunto marero a partir de una sospecha. El segundo nivel es que desaparecen jóvenes: los suben a un carro y los llevan. Les aplican tortura física. Cuando la familia tiene suerte, lo encuentra».

Esta visión, proveniente de la academia, coincide con el análisis que se ha hecho en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí, se ha documentado que cuando las víctimas de desaparición forzada son jóvenes de zonas controladas por pandillas, lo primero que las autoridades hacen, antes que buscarlo, es tratar de averiguar si se trata de pandilleros o no. Esto criminaliza a las víctimas.

La idea de desaparecer a sospechosos, al margen de la ley, cuenta con un gran apoyo en redes sociales. Existen páginas con miles de seguidores, como Guerreros de Sangre Azul –con información de policías– donde se suben fotografías de «pandilleros y ratas eliminadas».

Guillermo Gallegos, el diputado por GANA y expresidente de la Asamblea Legislativa, es un fiel seguidor de estas campañas en las que se promueve la violencia física y el quebranto de la ley: «Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi», publicó en Twitter hace unas semanas. Estas frases no caen en terreno infértil. De acuerdo con las pocas denuncias, varios jóvenes han sido desaparecidos bajo la sospecha de ser delincuentes, sin un debido proceso y sin la posibilidad de defenderse.

Alexánder volvió a desaparecer dos días después de haber sido reencontrado en una iglesia evangélica. Su familia repitió y repitió a los investigadores de la UCA que él no pertenecía a ninguna red criminal. Se lo llevaron y ahora nadie se atreve a decir quién fue el culpable. Temen tanto de las pandillas como de la policía.

Algunos dicen que un marero de la colonia lo sacó en venganza por no unirse a la pandilla. Otros hablan de haberlo visto con Policías antes de que desapareciera. La familia no confía en nadie. No denunciaron.

Ilustración de Moris Aldana

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Sin garantías

«Hay un gran déficit en manejo estatal de estos casos. ¿Qué ofrecía el Estado como protección de víctimas? Una ayuda en granos básicos y una medida de resguardo en casa de protección donde tienen a testigos criteriados», empieza por explicar el abogado Pedro Cruz, director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).

Él habla de un déficit porque lo vio de primera mano. Como parte de su trabajo, promovió un habeas corpus a favor de otros tres muchachos de Armenia desaparecidos por la Fuerza Armada en 2014. Un grupo de jóvenes departía en una acera cuando fue interceptado por militares. Dejaron ir a dos, pero los otros tres fueron llevados hacia una zona de pandillas. No se supo nada más de ellos. El caso se judicializó, se obtuvo condena y marcó un precedente.

Pero, en la práctica, tanta denuncia no sirvió para encontrarlos. Los familiares de los jóvenes acusaron a agentes estatales ante la Policía, la Fiscalía, la PDDH, la Sala de lo Constitucional y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun así, no pudieron recuperar a los jóvenes.

La denuncia pública a la Fuerza Armada colocó en riesgo a las familias. Y la protección que se les ofreció no era una en la que podían confiar. Para que estuvieran tranquilos, el Estado salvadoreño les ofreció vivir en una casa de protección. En estas casas, explica el abogado Cruz, las familias deben permanecer encerradas y no tener contacto con el mundo exterior. La familia se negó. No se fiaban de las autoridades salvadoreñas. Además, habrían tenido que compartir espacio «con testigos criteriados, que son delincuentes confesos».

A pesar de que las familias siguieron al pie de letra todos los mecanismos de denuncia nacionales, incluso, elevaron el caso a escala internacional, la búsqueda no dio resultado. Para protegerse, las familias de los muchachos huyeron de El Salvador.

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El miedo de Maritza

Días después de que William y Bryan fueron sacados del mercado, los padres de los muchachos fueron a buscar a Maritza. Le pidieron que, por favor, los acompañara al puesto militar en una zona cercana conocida como «Ex-IRA». Querían ver si ella lograba reconocer a alguno de los hombres que se llevaron a sus hijos.

Maritza accedió y cuando llegaron a los alrededores de las instalaciones, identificó a uno de los soldados que gritaba y golpeaba a los muchachos días antes. «Estaba uniformado e inmediatamente entró», dijo.

Posteriormente, Maritza fue llamada para realizar un reconocimiento de las caras de los militares. En teoría, el reconocimiento se realizaría con fotografías de 29 soldados destacados en San Martín entre julio y agosto de 2014. Maritza no llegó a la diligencia y no se logró identificar con nombre y apellido al soldado señalado.

Aunque faltó al reconocimiento, sus palabras fueron primordiales para la Corte Suprema de Justicia: «Esta sala no tiene razones para dudar del testimonio de la señora, quien narró coherentemente los hechos en su declaración testimonial pero que, además, desde la primera vez que fue entrevistada en sede fiscal, a pocos días de la privación de libertad de los favorecidos en 2014, ha insistido en que en esta se llevó a cabo por militares, quienes vestían con uniforme camuflado».

Maritza explicó que había tenido miedo, que por eso no asistió a la diligencia. Su testimonio, sumado a documentos de la PDDH y relatos de los familiares, permitió que la sala concluyera en marzo del año pasado que «los responsables de tal privación de libertad fueron agentes de la Fuerza Armada».

Pedro Cruz, un abogado de la asociación que promovió esta causa ante la sala, aclara que, aunque «el fenómeno de la desaparición, cuantitativamente, está más vinculado a las maras, que lo haga una entidad del Estado, aunque sea en pocos casos, es grave. Cualitativamente tiene una dimensión profunda».


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Vivir en comunidad y sin escrituras

Comunidades sin escrituras

«Yo perdí mi clientela por tener mi casa. Me tocó trabajar como hombre y me dañé mis rodillas», comienza a contar Ana Miriam, de 75 años. Esta tarde explica que todo el esfuerzo físico ahora ya le pasa factura. A pesar de eso está contenta frente a la fachada de una casa que ella ayudó a construir con sus manos.

Ana Miriam es una de las fundadoras de la Asociación de Cooperativa de Vivienda del barrio San Esteban en el Centro Histórico de San Salvador (ACOVIVAMSE). Paga $60 mensuales y tuvo voz y voto en la forma de construcción de su casa. Coló arena, puso ladrillos y también fue vigilante nocturno cuando la obra estaba en construcción.

No terminó la escuela y se ocupó de criar a sus hijos en un mesón con la ganancia de una venta de comida. Ahora, con sus hijos ya grandes y la familia aumentada, sigue con su vida de comerciante. A su lado tiene un carrito de dulces y galletas. Se le ve cansada, pero pronto saldrá a ofrecer sus productos. Esta vez no tendrá que ir lejos. Ahora vende sus golosinas frente al portón de la comunidad en la que vive desde hace seis años.

La comerciante vive en un condominio con fachada amarilla, calles limpias y plantas cuidadas en el barrio San Esteban del Centro Histórico de San Salvador. El condominio es todo lo opuesto a la realidad de afuera: paredes grises, basura en la calle y humo por doquier.

Antes vivía en un mesón en el que tenía que levantarse antes de que amaneciera para poder bañarse sin tener que hacer una gran fila en los baños comunales. Ese mesón era lo único que podía pagar con lo que ganaba de vender comida. Una vez –cuenta en esta tarde de diciembre– intentaron expulsar a los inquilinos de ese mesón. Los inquilinos protestaron y resistieron. Estaba construido con puras láminas, pero era su hogar, dice.

Frente a la casa de concreto en la que ahora vive, sembró una rosa. Hoy no se preocupa más por un posible desalojo. Aunque no tiene escrituras de la propiedad de esta casa, tiene derecho a vivir acá, y luego sus hijos heredarán ese beneficio. La rosa ya dio 10 botones rojos.

La cooperativa aglutina a 40 grupos familiares. Ninguna de esas familias tiene escritura propia de su casa. Nadie puede vender, alquilar o hipotecar estas pequeñas viviendas de dos plantas. Pero ese no es problema entre los vecinos. En esta comunidad todos aceptaron construir bajo estos acuerdos. Como resultado, tienen una propiedad colectiva.

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Un oasis en San Esteban

Un grupo de niños juega fútbol en la cancha del complejo habitacional. Frente a ellos, dos niños hablan. De lejos, parece una conversación seria y para ellos lo es. Sánder, de 11 años; y Zaila, de nueve, hablan de los regalos que les gustaría recibir. Él quiere un teléfono y ella, una tableta. Sánder es nieto de Ana Miriam y tiene un vago recuerdo del mesón en el que vivía antes con su familia. Lo que más le disgustaba era que el patio era muy chiquito para jugar.

Los niños siguen con su plática y el sol empieza a ocultarse en San Salvador. De la vida caótica del centro, el tráfico de los buses y las ventas, los divide solo un portón que, por regla, debe permanecer cerrado. La seguridad del lugar depende de todos.

El Centro Histórico de San Salvador es un lugar controlado por pandillas. Los comerciantes deben pagar extorsión y es común leer noticias de cadáveres que se encuentran en los alrededores de la zona. Durante estos seis años de habitar el complejo de viviendas, los cooperativistas afirman que no han tenido problemas con ninguna pandilla. El complejo se ha convertido en un oasis para los niños que aún pueden salir a jugar a los pasajes.

«La inseguridad ha modificado la estructura de gastos familiares y las preferencias de la población, que aspira a vivir en lugares seguros», sostiene la Política Nacional de Vivienda de El Salvador. Pero no solo eso, la inseguridad disminuye «las posibilidades de muchas familias de acceder a una vivienda». Por ejemplo, el alquiler de una casa pequeña en una colonia con altos índices de criminalidad en Soyapango puede llegar a costar $40 mensuales. Mientras que el alquiler de una casa con características similares en una zona sin alta criminalidad, cuesta –como mínimo– $200.

En ACOVIVAMSE viven personas que se enfrentaron a ese problema durante años viviendo en un mesón. La asociación se fundó en 2007, conformada en su gran mayoría por jefas de hogar de la zona del Centro Histórico. Ellas se reunieron, fueron capacitadas, gestionaron ayudas y lograron conseguir el terreno en el que ahora viven. Con cooperación internacional obtuvieron un financiamiento para construir sus casas y ahora se encuentran pagándolo. Como lo hicieron con sus propias manos, lograron reducir los costos. Terminarán de pagar la construcción dentro de 14 años.

Pero la cooperativa no termina una vez se construyen las casas. Ahora, seis años después, se encuentran en la fase de la convivencia. Cada uno de los asociados tiene responsabilidades y es parte de un comité diseñado para que la coexistencia funcione.

Aquí los asociados tienen normas: está reglamentado que, por cada casa, solo pueden vivir cuatro personas, tampoco se pueden tener perros y los vecinos deben participar en la limpieza y el cuido de un área común. Además, hay un convivio mensual para que los niños miren películas animadas. También se realizan excursiones en comunidad y no se permiten borrachos en los pasajes. La idea es simple: lograr construir una comunidad que se cuide y respete a sí misma.

Privilegio económico. Para muchas familias, comprar una casa que se encuentre en una zona con baja criminalidad es una meta difícil de alcanzar.

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Cuando la propiedad es colectiva

«Se puede invertir $10 mil para hacer una casa o invertir $10 mil para formar a 100 cooperativistas que demandarán una política pública y harán 500 casas. Como cooperación internacional, no vamos a construir viviendas, vamos a generar las condiciones para que autogestionen con el Estado, con la municipalidad o con otra cooperación», empieza por explicar Mónica Hernández.

Hernández es la coordinadora regional de Vivienda y Hábitat de la organización We effect, que antes se llamaba Centro Cooperativo Sueco. El modelo cooperativista de vivienda proviene de Suecia y, desde 2003, se empezó a trabajar para cimentarlo en El Salvador.

Hasta ahora, en todas las casas que han sido construidas por ayuda mutua, el financiamiento para la tierra y los ladrillos ha venido de otros países. El Estado salvadoreño no ha invertido, a pesar de que las cooperativas son entes con personería jurídica que garantizan el pago de un posible financiamiento.

Hernández pone ejemplos de otras cooperativas que han sido financiadas con dinero alemán, español y sueco. La construcción de estas colonias, considera, ha permitido demostrar que es un modelo que sí da frutos: «Esto ha servido para que el Estado salvadoreño vea que la gente trabaja y ahorra; que se puede organizar y no se roba la plata».

Actualmente hay un nuevo proyecto para otras cooperativas del Centro Histórico de San Salvador en el que se verían beneficiadas más de 300 familias. «Lo financiará el Viceministerio de Vivienda con fondos de la cooperación italiana, pero son fondos de cooperación bilateral», asegura la experta. Esta sería la primera ocasión en la que el Estado salvadoreño invertiría directamente en cooperativas de este tipo. Pero el posible desembolso para esas 352 familias aún no ha ocurrido.

Este modelo de construcción se basa en cuatro ejes que cada cooperativa debe asumir. El primero es la autogestión: las personas controlan el proceso de construcción y cómo se maneja la comunidad. El segundo es la ayuda mutua, eso se traduce en que los miembros de la cooperativa brindan su tiempo y su mano de obra. El tercer eje es la propiedad colectiva, lo que significa que cada miembro de la cooperativa no puede vender su casa, y así protegen el derecho a un espacio digno. El último pilar en que se basan es la asistencia técnica. Cada cooperativa es apoyada por expertos para garantizar la seguridad de sus edificaciones.

«País de propietarios. Tener un título de propiedad es lo que se nos ha vendido, pero a la gente le interesaba resolver su necesidad de tener un espacio en donde vivir. Y no solo ese espacio… tener una comunidad», dice Hernández, de We Effect.

Que la propiedad sea entendida de manera colectiva, explican algunos miembros de cooperativas, sirve para salvar a las viviendas de sus propios dueños. Julia Ramos, integrante de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FESCOVAM), cuenta que conoce a personas de una comunidad donde «salió un proyecto de vivienda –bajo otro modelo– y la gente obtuvo su vivienda, pero ¿qué es lo que pasó? En una necesidad hipotecaron la casa, ya la perdieron y ya se quedaron rebotando».

FESCOVAM aglutina a 20 cooperativas de vivienda en El Salvador. De esas 20, solo hay tres que ya tienen la construcción realizada y el resto se encuentra en los procesos de preobra. Es decir, están gestionando financiamientos, permisos y terrenos.

“Esa tienda no es solo para que puedan generar ingresos, sino que el objetivo fundamental de esa tienda es que las mujeres disminuyan el tiempo que utilizan en hacer las compras y puedan tener más tiempo para participar organizativa y políticamente”, explica Hernández. Dentro de las cooperativas de vivienda, la mayoría de personas asociadas son mujeres. A escala nacional, de acuerdo con estadísticas de FESCOVAM, 70 % de sus miembros son jefas de hogar. La mayoría de ellas se dedica al comercio informal.

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Lo que surgió del terremoto

Tras el terremoto del 13 de enero de 2001, al menos 90 mil viviendas quedaron dañadas. Así surgieron varias cooperativas de vivienda que buscaron apoyo a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular de El Salvador (FONAVIPO). La mayoría de las cooperativas formadas tras la tragedia se disolvió con el tiempo, pero eso no sucedió con una llamada Trece de Enero. Esta cooperativa agrupó a 200 familias que buscaron apoyo en la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). Ahí recibieron capacitaciones de cooperativismo y administración.

Seis años después de haber perdido sus casas, los miembros de la Trece de Enero empezaron la construcción de su nueva comunidad. Para entonces –en 2007– ya solo quedaban 34 familias dentro de la cooperativa. Decidieron que para hacerla funcionar debían dividirse en varios equipos: consejo de administración y junta de vigilancia; comités de educación, de trabajo, obra, compras y bodega. Todas las decisiones fueron hechas por personas que habían perdido sus casas, que no eran expertas en construcción, pero que habían sido capacitadas en el tema.

Trabajar con la premisa de ayuda mutua, permite hacer ahorros «de hasta el 25 %, según experiencias sistematizadas comparadas con otros modelos de vivienda popular en la región», asegura la organización We Effect.

Lo primero que se construyó en la Trece de Enero fue un salón comunal para tener un espacio en el que reunirse. A la hora de construir, cada familia debía aportar 24 horas semanales de mano de obra, y en la última etapa de la construcción se aumentó a 30 horas semanales, incluyendo turnos nocturnos. Ellos hicieron las zanjas, pusieron ladrillos, colaron la arena y pusieron el techo de sus casas de block. En julio de 2008 pudieron habitar las casas.

Diez años después, la comunidad sigue en pie y la cooperativa ha desarrollado negocios para tener dinero propio. Por ejemplo, hay una tienda donde la cooperativa es la dueña. Así, las ganancias de las compras quedan dentro de la misma comunidad.

«Esa tienda no es solo para que puedan generar ingresos, sino que el objetivo fundamental de esa tienda es que las mujeres disminuyan el tiempo que utilizan en hacer las compras y puedan tener más tiempo para participar organizativamente y políticamente», explica Hernández.

Dentro de las cooperativas de vivienda, la mayoría de personas asociadas son mujeres. A escala nacional, de acuerdo con estadísticas de FESCOVAM, 70 % de sus miembros son jefas de hogar. La mayoría de ellas se dedica al comercio informal.

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La comuna

«Cada vez se ve que la ciudad es más cerrada, hay más muros, hay más razor, hay más portones y me da miedo el vecino de la par y el de enfrente, y yo no quiero que mi hijo crezca así. Nosotros todavía jugábamos en la calle. Yo también quiero que él juegue en la calle», dice Sofía Bonilla en un salón de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Alrededor de ella, un niño de un año estrena algunos de sus primeros pasos en el aula y emite sonidos como queriendo imitar a su mamá.

Aquí está reunido un grupo de personas que forma parte de La Comuna. Hasta ahora, las cooperativas de vivienda han sido una forma de organizarse de aquellas que no pueden acceder a préstamos porque no tienen un trabajo formal. Esto diferencia a La Comuna del resto de cooperativas.

Algunos la llaman «la cooperativa de profesionales» y ellos no parecen estar muy cómodos con el término porque aseguran que cualquier persona, profesional o no, está invitada a ser parte del colectivo en esta etapa. Pero lo cierto es una cosa: son la primera cooperativa de vivienda formada por arquitectos, abogados, músicos, administradores, filósofos, etc.

El primer acercamiento a este modelo que algunos de ellos tuvieron fue mientras estudiaban. Ahí conocieron de primera mano que habían cooperativas de personas con bajos recursos en las que ellos mismos construían sus casas.

Así fue como Carlos Manzano, arquitecto, se dio cuenta de algo: «Nosotros como clase media trabajadora también somos excluidos de poder acceder a la vivienda». Él se preguntó si era posible retomar el proyecto. Habló con algunos amigos y formó un grupo de 10 familias que pretendía formar una cooperativa. Inicialmente se reunieron en una iglesia.

En 2017, preguntaron al rector de la UCA si era posible que este grupo realizara sus reuniones de planificación en la universidad. El centro de estudios dijo que sí bajo la condición de presentar el proyecto de vivienda a la comunidad universitaria. Así la cooperativa creció hasta tener 40 grupos familiares. Ellos se reúnen los sábados para formarse en temas de cooperativismo y entender cómo funcionaría su comunidad de llegarse a construir. Recién en noviembre del año pasado lograron obtener su personería jurídica.

En La Comuna aún no se tiene definido el espacio donde construirán sus casas si consiguen financiamiento, pero tienen una premisa: «No solamente vamos a construir una casa con tecnología alternativa, sino que tenemos que pensar en cómo vamos a construir la sociedad, con más apertura, con disposición a la discusión», sostiene Bonilla.

Javier Rodríguez, miembro de La Comuna, indica que la idea de este proyecto habitacional no es solo construir casas para su propio beneficio. Esperan brindar algún servicio a los vecinos que no formen parte de la cooperativa. Él pone de ejemplo la posibilidad de purificar su propia agua y compartirla con sus eventuales vecinos. «Creemos que, a través del modelo cooperativo, podemos tener más incidencia en diferentes problemáticas que tiene El Salvador. En cambio, otros de mis amigos solo quieren su casa y hasta ahí».

“Me costó ambientarme. Yo ya estaba acostumbrada a las champas”, recuerda Ana Miriam antes de salir a vender sus golosinas. Dice que durante los primeros días viviendo en la casa que construyó se sentía contenta, pero algo la hacía sentirse fuera de lugar. Hasta que, poco a poco, se fue acostumbrando a tener más espacio en el que vivir.

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La nueva vida en San Esteban

«Me costó ambientarme. Yo ya estaba acostumbrada a las champas», recuerda Ana Miriam antes de salir a vender sus golosinas. Dice que durante los primeros días viviendo en la casa que construyó se sentía contenta, pero algo la hacía sentirse fuera de lugar. Hasta que, poco a poco, se fue acostumbrando a tener más espacio en el que vivir.

Ella, solo hasta sus 69 años, pudo obtener un lugar propio y dejar de alquilar una casa de láminas en un mesón. Ahora está cómoda en su hogar. Cuenta que no le duele pagar cada vez que llega el fin de mes. Habla con orgullo de cómo todos los cables de energía van subterráneos y señala, contenta, las gradas de algunas casas que construyeron. Luego, sale a vender los dulces al portón de su comunidad. Cierra con llave. Adentro, en un lugar seguro, su nieto, Sánder, corre detrás de una pelota.

En comunidad. Las familias realizan convivios tras la construcción. Si alguien desea salirse de la cooperativa y dejar su casa podrá recuperar el dinero invertido cuando se sume un nuevo socio que cumpla las reglas del colectivo.

La soledad de la búsqueda

Desaparecidos en El Salvador

«Cómo quisiera uno ayudarle. Aquí su sufrimiento es solo una parte. En el cielo usted no va a sufrir mucho», le dice una mujer con delantal en la cintura a Elizabeth. Ellas platican una mañana de miércoles dentro de la iglesia de San Rafael Cedros, un municipio de Cuscatlán.

Elizabeth es ama de casa y comerciante. Desde que tenía dos años ha vivido en este pueblo; y desde hace 13, es la compañera de vida de Nelson Ortiz. La pareja, aunque ha querido, no tiene hijos. La mujer del delantal –una vendedora– sigue hablando y le pregunta si se ha averiguado algo más de Nelson. «Nada», responde Elizabeth y su interlocutora la mira con compasión.

Frente a ellas, otra mujer reza hincada frente a una imagen del Divino Niño, vestido de rosado. «Dios me la ayude», le dice la mujer y sale de la iglesia. Elizabeth guarda silencio y se contiene. Durante las últimas semanas nadie ha podido encontrar a su pareja.

Nelson es empleado desde hace casi dos décadas de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una sociedad subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Desde hace un mes, Nelson no se presenta a su trabajo. La única información que se tiene de él es que el 26 de diciembre de 2018 salió de turno a la medianoche. A la mañana siguiente, Elizabeth lo esperaba con el desayuno en casa, pero él no regresó. Desapareció.

Desde entonces, Nelson forma parte de los 2,682 reportes de personas privadas de su libertad durante 2018. Su caso no está definido como desaparición. Esa categoría legalmente solo está reservada para aquellos a quienes los desaparecen policías, militares u otras fuerzas del Estado.

El concepto de «privación de libertad» puede llegar a utilizarse como un término sombrilla. Por ejemplo, si una persona es encerrada en un sitio a la fuerza por alguien de su confianza y logra salir, puede llegar a la policía y poner una denuncia. Esta acusación estará tipificada bajo el mismo delito que el de los desaparecidos que llevan meses o años sin aparecer. Así, El Salvador aún no cuenta con una cifra fidedigna que permita establecer cuántas personas desaparecen. Tampoco se tiene un registro de cuántas son encontradas.

Elizabeth afirma que ella misma perdió su vida hace un mes. Se la pasa pegada a un teléfono que contesta de inmediato cada vez que suena. Sigue esperando una llamada, alguna pista. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, «la persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación». Para Elizabeth, la tortura psicológica es ver todos los días una pared que su esposo dejó a medio pintar.

Ilustración de Moris Aldana

LA DESAPARICIÓN

Veintiún días después de que Nelson ha desaparecido, Elizabeth toma unas sillas de plástico de la iglesia y las coloca a un lado del templo. Desde ahí y con un volumen muy suave, comienza a contar cómo fueron los días previos a la desaparición de su compañero de vida.

«Tengo tantos recuerdos», dice y empieza a enumerar: el domingo 23 pasearon en Ataco y el 24 fueron a un almuerzo en San Salvador. La cena de Nochebuena no la pudieron pasar juntos porque Nelson debía trabajar el turno de la noche, pero Elizabeth le guardó recalentado para el día siguiente. A la mañana del 25, él volvió a casa y Elizabeth le sirvió el desayuno: frijoles, plátanos, huevo y crema.

Ese día platicaron sobre la pintura. A ella una mancha en la pared le recuerda los planes que tenían para la casa en la que ahora se ha quedado sola; antes de que terminara el año, pintarían su hogar. «Teníamos un rodillo, habíamos comprado cubetas de pintura y me dijo: ‘Mañana voy a comprar una brocha’. Y ahí quedó pintada solo una parte de la pared», cuenta la mujer. La cara se le descompone y comienza a llorar.

Ese 25 de diciembre fue el último día que Elizabeth vio a su pareja. Después del almuerzo, le preparó la cena para que se la llevara y él salió a las 3:20 de su casa. Desde entonces, ni la Fiscalía, ni Medicina Legal, ni la Policía han podido ayudarle a reencontrarse con él.

El turno de Nelson comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche. Por seguridad –explica la mujer– los trabajadores se quedan dentro de la institución durante la madrugada. La sede de San Rafael Cedros de ETESAL se encuentra cerca del centro del pueblo, pero no está en una calle principal amplia. Para llegar al portón, hay que atravesar una calle rodeada de maleza. Gente de la zona afirma que es un lugar frecuentado por pandillas.

Nelson no volvió. Elizabeth lo esperaba esa mañana del 26 de diciembre. Al notar la tardanza, le llamó. No le contestó, pero ella dice que en esa primera llamada asumió que había sucedido alguna emergencia en el trabajo y que por eso no le contestaba. A lo largo del día siguió insistiendo. A eso de las 5 de la tarde, el celular de Nelson ya sonaba apagado. Ella buscó a un amigo que la llevó en una moto hasta ETESAL. Ahí le dijeron que Nelson salió a medianoche, justo al finalizar su turno.

—Todo estaba bien, por eso no entiendo yo qué ha pasado. Me hago una y mil preguntas. ¿Qué pasó? –exclama la mujer.

En ETESAL, nadie da, de forma oficial, razón del paradero de Ortiz. La institución decidió no corroborar los datos que brinda la pareja del desaparecido. La encargada de Comunicaciones, Estela Valle, expresó –desde su oficina en Santa Tecla– que sí han estado pendientes de la desaparición de uno de sus trabajadores y que sí han tomado acciones de búsqueda.

Al ser cuestionada sobre qué acciones han realizado, dijo que no puede revelarlas, pues solo el gerente está autorizado para dar declaraciones. Desde el 16 de enero, Valle no volvió a contestar su teléfono ni las solicitudes de entrevista. Hasta la fecha, a pesar de que ya pasó un mes desde que Nelson fue visto por última vez en sus instalaciones, ETESAL no se ha pronunciado en público sobre la desaparición de su empleado.

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Este lineamiento forma parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU).

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LA DENUNCIA

«El Estado no tiene forma de atender el problema de los desaparecidos. Por cada familia, es una tragedia de proporciones indecibles», dice Pedro Cruz, sin rodeos. Él es el director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y también fue aspirante a fiscal general en 2015.

Cruz trabaja con familiares de personas desaparecidas. En su labor ha podido corroborar que, cuando alguien quiere informar ante las autoridades la desaparición de su ser querido, ni siquiera hay un criterio unificado de cuánto se debe esperar para que la Policía acceda a tomar la denuncia. «A veces 24 horas, a veces 48, a veces 72. Ni siquiera ellos tenían claro cuánto debían esperar».

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Ese lineamiento es parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). De ejecutarse con efectividad, el protocolo activaría de inmediato al personal fiscal y policial para encontrar a las personas antes de que sufran tortura, violaciones o se conviertan en víctimas de homicidio.

En la práctica poca gente tiene conocimiento de este protocolo. Nelson desapareció 15 días después de la presentación del PAU y, a pesar de la angustia que sentía desde tempranas horas del día, Elizabeth esperó las 24 horas que creía necesarias para denunciar. Solo hasta las 0:51 horas del 27 de enero declaró en una delegación del Centro Histórico de San Salvador. Un mes después no conoce avances en la investigación.

«Elizabeth (…) manifiesta ser compañera de vida de Nelson Ortiz, de 41 años de edad, quien ha desaparecido desde el día 26-12-2018 a las 00:10 horas», se puede leer en el acta de la denuncia. El delito que en ese papel se identifica es «privación de libertad». En el Código Penal sí existe la desaparición forzada como crimen, pero ese solo aplica cuando lo cometen fuerzas del Estado como la Policía o el Ejército. En el caso de Nelson no se tiene indicios de que haya sucedido así.

Ilustración de Moris Aldana

La desaparición de personas no es una realidad nueva en el contexto salvadoreño. Lo único que cambió fue el victimario. En las décadas previas a la guerra y durante el conflicto armado, la mayoría de desapariciones ocurrían por abusos de poder legitimados por el Estado; y el Código Penal aún refleja esa realidad. Lo que no está recogido en la legislación salvadoreña actual es que ahora los victimarios son parte de otras estructuras criminales.

«Hay un debate que se está empezando a formular. En algunos países tienen el delito de desaparición por parte de particulares y aquí, a escala de El Salvador, no lo tenemos resuelto», opina Arnau Baulenas, el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

El protocolo que se firmó 15 días antes de que Nelson desapareciera debía suponer un cambio de paradigma en la búsqueda de los desaparecidos. Pero eso aún no pasa. En las oficinas regionales aún no es conocido ni aplicado en totalidad. «El reto es la socialización del protocolo a todo el personal operativo de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH a escala nacional», reconoce la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Y el reto del que la funcionaria habla permanece grande. Las respuestas que se reciben de las autoridades distan de lo escrito en el papel. Dos semanas después de haberse lanzado el nuevo protocolo, Omar Moreno, de 26 años, desapareció. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas en Santa Ana, y nadie lo encuentra desde el 23 de diciembre de 2018. Su madre reclama que cuando ella pidió información del caso de su hijo, las autoridades le pidieron paciencia, que la investigación, tal vez, avanzaría más rápido cuando terminaran todas las fiestas de fin de año.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA BÚSQUEDA

«Yo estoy destrozada. Ya no sé qué más hacer», confiesa Elizabeth. Por buscar a Nelson se está quedando sin ahorros. Usualmente ella se encontraría vendiendo cereales para tener ingresos, pero después de un mes de dedicarse solo a la búsqueda por diferentes departamentos, el dinero se está acabando.

Antes de que Nelson desapareciera, Ana Elizabeth dice que no conocía ninguna sede del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador. Ahora ya ha ido a tres sedes distintas en más de una ocasión para averiguar si han encontrado algún cadáver que coincida con las características de su pareja. A veces va en bus, a veces va acompañada de otra gente de su iglesia, cuenta. «Lo único que uno va pensando es en encontrarlo», reflexiona. Luego asegura que en las sedes de Medicina Legal no ha visto fallecidos, sino que le muestran fotos de cadáveres.

Se pidió una entrevista en el Instituto de Medicina Legal para conocer cuál es el proceso que se realiza con un familiar que busca a su ser querido entre cadáveres. El IML no aceptó.

Mientras habla, Elizabeth mantiene en sus manos una bolsa llena de fotos de Nelson. En el retrato aparece con la barba canosa, una camisa fucsia y el ceño fruncido. Es una de sus fotos más recientes. Ella dice que se va a dedicar a repartirlas más tarde. «¡Ay!, ¡cómo ando la cabeza!», se reprocha. Antes de imprimir las fotos olvidó escribir la leyenda «se busca». Explica que le va a escribir la frase a mano y más tarde irá a pegar las fotos en los lugares donde es posible que alguien lo reconozca.

«De ETESAL jamás me han llamado», se queja Elizabeth. Ella ha llegado a barajear entre las posibilidades que a Nelson le haya sucedido algo dentro de su trabajo, pero rápidamente desecha la idea. Sostiene que no le parece lógico porque, de ser así, «ahí estaría el cadáver».

Alrededor de esta desaparición solo hay silencio. En la Policía se intentó averiguar si ya se tenían posibles sospechosos del caso, pero los oficiales de turno de la delegación centro de San Salvador se negaron a emitir algún comentario. También se buscó entrevistar a la subinspectora a cargo de la delegación donde se presentó la denuncia, pero tampoco se obtuvo respuesta favorable.

En la empresa tampoco dan razón del empleado. En una mañana de mediados de enero, dos vigilantes con uniforme verde y armas largas cuidan el portón celeste que da entrada a ETESAL de San Rafael Cedros. Aquí es el último lugar donde se vio en público a Nelson. Uno de los vigilantes dice que adentro están los compañeros del trabajador y que les preguntará si tienen tiempo de platicar.

Después de un par de minutos, el vigilante vuelve al portón con un mensaje: «Les han prohibido hablar». Dice que los únicos autorizados para hablar sobre la desaparición son sus jefes que se encuentran en Santa Tecla. El vigilante solo se limita a contar que Nelson es un hombre tranquilo y que sí salió de su lugar de trabajo aquella madrugada del 26 de diciembre.

Por ahora no se conoce ninguna captura relacionada al caso. «Me han asignado a un investigador. El investigador solo me dice que tenga paciencia; que hasta ahorita, nada», señala Elizabeth. A veces, una desaparición causa alarma social; la de Nelson no es una de esas. Lo único que hay al respecto es un tuit en una cuenta de alertas donde se dice que se le busca.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA ESPERA QUE PIDEN LAS AUTORIDADES

Una mujer corre en la tierra con páginas en las manos. En las hojas de papel bond están impresas fotos de hombres acompañadas por la leyenda «se busca». La mujer sigue corriendo y preguntando a quienes tiene enfrente si han visto a su hijo. Escarba la tierra con las manos y llora. Encuentra unos retazos de tela y busca, al menos, los huesos de su hijo. No lo encuentra y grita con la voz desgarrada: «¡Aquí no está!»

La mujer es una actriz de teatro, Alejandra Nolasco, quien durante 2018 presentó la obra «Los ausentes». No es raro que su público llore. La obra está basada en la historia de Milagro, una mujer salvadoreña cuyo hijo fue desaparecido en la vida real. La actriz interpreta algunas noches en el escenario esa espera llena de angustia que cientos de familiares viven todos los días.

Esperar de manera pasiva no es una opción para los familiares de desaparecidos consultados en este reportaje. No, si quieren recuperar a sus seres queridos, vivos o muertos. Y es más difícil tener paciencia cuando –por lo lento que avanzan las investigaciones– intuyen que no se están haciendo búsquedas de la manera más efectiva.

Y esto no es ningún secreto. Incluso se reconoce dentro del Estado: (En algunas ocasiones) «No se hace una investigación o búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y la determinación de los presuntos responsables no es efectiva. Por lo tanto, los casos no llegan a judicializarse«. Así lo afirma la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Quienes buscan a sus familiares se ven en la obligación de presionar e insistir a las autoridades para que realicen el trabajo que, por ley, les corresponde hacer. Y para ello, espacios como el IDHUCA brindan cierto apoyo: «Una vez tenemos ya la información, lo único que podemos hacer –porque no tenemos ya la capacidad de ayudar propiamente en la búsqueda– es asesorar para que se ponga la denuncia o incluso para que ellos intenten presionar a las instituciones encargadas de la investigación», explica Arnau Baulenas.

El familiar en lugar de procesar su dolor de manera tranquila se ve obligado a tomar un rol activo dentro de la búsqueda, si quiere ver resultados. La confianza en el sistema está minada. La madre de Omar Moreno –el estudiante santaneco de Ingeniería– lo ejemplifica mejor: » Yo sola ando buscando, porque la policía, nada. A veces me hablan, pero no me han dado número del investigador. Lo salgo a buscar a todos lados. Voy a la morgue todos los días».

La mamá de Omar dice que aún espera encontrar a su hijo con vida; pero, a diario, lo tiene que buscar entre cadáveres. El año pasado, la actriz de teatro de «Los ausentes» lanzó una pregunta: «La esperanza, a veces, es encontrar un cuerpo, un cráneo. ¿Cuándo nos convertimos en un país en el que la esperanza es eso?»

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LO EXCEPCIONAL: CAPTURAS

Una veintena de futbolistas jóvenes corren por la cancha del estadio Ana Mercedes Campos en Sonsonate. Sudan, se esfuerzan y se enorgullecen con sonrisas pequeñas cuando hacen lo que debían hacer con la pelota. Omar Pimentel los observa frente a la cancha. Él es el preparador físico del equipo. Les exige que trabajen mejor y les da consejos a los jugadores. Al finalizar el entreno, se sienta en los graderíos del estadio: «Uno trata de llevar las cosas de la mejor manera, pero quiérase o no, es imposible», dice serio. Este martes se cumplen seis días desde que cinco miembros de su familia desaparecieron.

La noche del miércoles 16 de enero había sido buena para el preparador físico, mejor conocido como «el profe Pimentel«. Había partido y su equipo le anotó cinco goles a sus adversarios de Santa Isabel Ishuatán. El juego se realizó en el estadio de Sonsonate y varias decenas de personas llegaron a apoyarlos. Había gente de todas las edades, ventas de comida y bebidas. Entre la afición estaba su núcleo familiar.

El entrenador vive en Sonzacate junto a su hijo mayor, quien también es parte del club deportivo. Ahí, el equipo les brinda casa. El resto de su familia, en cambio, vive en Chalchuapa. Su esposa, Rosa de Pimentel; su suegra, Silvia Jaco; su hijo, Marcos, de 12 años; su cuñado, Carlos Jaco; y la novia de este último, Tania Monterrosa, fueron a apoyarlo el miércoles pasado.

El partido terminó y la familia se dirigió de vuelta a Chalchuapa. A la altura de la zona conocida como Los Naranjos se les pinchó una llanta y desde entonces, desaparecieron. El equipo de fútbol compartió esta información en su página de Facebook y más de mil personas lo compartieron con sus contactos. Así, los medios de comunicación se enteraron del caso.

Dos días después de que la noticia se hizo pública, la PNC presentó a cuatro personas capturadas. Entonces se dijo que los detenidos son pandilleros de la zona, pero no se explicó cuál es su relación directa con la desaparición de la familia. El preparador físico agradece la respuesta inmediata: «Me ha constado que la policía se mantiene presente en la zona».

La pronta acción de los policías en algunas denuncias resulta un trago agridulce para familiares de otros desaparecidos. Se alegran de que a una persona que atraviesa por lo mismo se le ayude. Por otro lado, se entristecen de que en su caso no haya sucedido así. Claudia Espinoza bien lo sabe. Ella es periodista y conoce cómo funciona el sistema de justicia y sus procesos legales. Su hermano, William López, se dedicaba a realizar viajes privados y desapareció hace casi un año. El caso recibió alguna atención mediática, pero hasta la fecha la investigación no ha dado mayor fruto. «Nos sentimos solas con mi cuñada, quieren que uno resuelva su caso», se queja.

Pimentel reconoce la repercusión que el caso de su familia ha tenido. Pero también sabe cómo suceden las cosas en un país donde difícilmente se investigan los hechos de este tipo: «Cuando el tiempo avanza y no hay algo que identifique, quiérase o no, las investigaciones se paran porque ya no hay cómo seguir y ese es mi mayor temor. Que paren y que esto se quede así».

El de la familia es un caso excepcional por el tiempo récord en que se identificaron posibles sospechosos y se realizaron capturas. Sin embargo, es similar al resto de historias en una cosa: las autoridades no pudieron ubicar a los familiares en la primera semana de su desaparición. Esta mañana de martes, una corriente de aire frío llega a las gradas del estadio en Sonsonate y Pimentel se inquieta. Dice que le preocupan estos vientos, que su hijo puede estar pasando frío.

“Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado”.

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LA IMPUNIDAD

«Yo siento morirme. No sé ya dónde buscarlo», dice Elizabeth, desde San Rafael Cedros, mientras piensa en Nelson. En general, los familiares de los desaparecidos se encuentran desamparados. La justicia difícilmente llega para este tipo de delitos. Y David, Morales, el director de litigio estratégico de la organización Cristosal, considera que esta impunidad ha sido heredada.

Morales, quien fue procurador de Derechos Humanos, hace un paralelismo con las desapariciones que se experimentan actualmente y las que ocurrieron durante la guerra civil. Explica que, aunque las razones de origen de estos casos son distintas, la respuesta –ausente– del Estado es un punto de coincidencia.

«Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado», opina.

Morales infiere cierto desdén estatal a la hora de buscar justicia y resarcimiento para estas situaciones: «Es cierto que los recursos son limitados, pero son muchos años sufriendo violencia delictiva sin que se hayan visto esfuerzos más serios. Eso lo que denota es una indiferencia para con las víctimas».

Cuando alguien no aparece tras los primeros días de su desaparición, existe una alta posibilidad de que su paradero se mantenga desconocido. Esto es lo que le dice la experiencia al abogado Pedro Cruz. Él labora en una asociación de derechos humanos donde desde 2015 se acompañan denuncias de personas desaparecidas.

De 61 casos con los que han trabajado, solo en dos ocasiones se han podido localizar los cadáveres de las víctimas. En términos penales, el panorama es peor. Durante estos últimos cuatro años, decenas de familiares han llegado a su oficina pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos y alcanzar justicia. Pero de esas 61 denuncias solo se ha logrado condena en una. Para él está claro: «En general, las desapariciones no están resueltas».

Ilustración de Moris Aldana

20,000 embarazos adolescentes: una plática pendiente

Prevención

Cuando Celia quedó embarazada, tenía 17 años y estudiaba bachillerato. Decidida a graduarse, siguió asistiendo a clases hasta que llegó la fecha cercana al parto. Tras dar a luz un día de agosto, cambió horas en un pupitre por una cuna durante lo que pensó como un descanso o una adaptación. Cuando su hijo ya tenía seis semanas de edad, intentó regresar a su vida de estudiante y no pudo: “Los maestros no me quisieron ayudar, ni recibir, nada, para poder terminar mi bachillerato. Entonces me tocó repetir el año”, dice hoy, cinco años después.

En 2017, el embarazo adolescente fue causa de deserción en 238 centros escolares, de acuerdo con los datos del Observatorio del Ministerio de Educación. El silencio, en términos de educación sexual, no ha sido efectivo para evitar los embarazos precoces. Solo el año pasado 19,236 niñas y adolescentes se inscribieron a controles prenatales en el sistema de salud público. Las edades de esas madres jóvenes iban desde los nueve hasta los 19 años.

A pesar de que la cifra de embarazos adolescentes es alta, el Ministerio de Educación no ha logrado establecer un mecanismo para medir la magnitud del problema. “Hay que tener en cuenta que en los centros escolares hay un gran subregistro sobre el tema de deserción por embarazo. La mayoría se va y a veces no sabemos que están embarazadas”, dice una funcionaria de ese ministerio, desde su oficina en el centro de San Salvador.

“El Órgano Ejecutivo, en el ramo de Educación, deberá incluir la educación sexual y reproductiva como parte de sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de los niños y adolescentes”, mandata el artículo 32 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA). Y aunque la orden de la ley es clara, está lejos de ser una realidad para la mayoría de estudiantes del sistema público de educación.

Hasta el final del año lectivo 2017, solo el 27 % de escuelas contaba con planes de educación sexual. Y ni siquiera los profesores de las escuelas están capacitados por el ministerio para brindar formación en estos temas: de todo el plantel docente a escala nacional, solo el 7.8 % ha completado un curso básico en educación integral de la sexualidad.

Más casos. La Paz, La Unión y Cuscatlán fueron los departamentos donde más casos de embarazos en niñas y adolescentes se tuvo, de acuerdo con un estudio publicado en 2015.

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NI EN LA ESCUELA NI EN LA CASA
“Todos los niños y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico y emocional, tienen el derecho a recibir información y educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su madre y padre”, dice también la LEPINA. Ese derecho no es una realidad para un gran número de adolescentes, como Celia.

Ella estudió en el sistema público desde que iba al kínder. Es de un pueblo del occidente del país y creció rodeada de primos, tíos y clientes del pequeño puesto de comida de su mamá. Ayudó desde niña en el negocio familiar y, además, en el cuido de sus dos hermanas menores.

A pesar de que su hogar siempre estaba lleno de ruidos y tránsito de gente, ella cuenta que nunca escuchó que le hablaran de relaciones sexuales y de cómo protegerse de un embarazo o de una enfermedad sexual. No tuvo orientación en su centro escolar ni en su hogar, y ahora cree que quizá, de recibir algún tipo de formación, su historia habría sido diferente: “A la escuela nunca llegó una enfermera a explicar cómo planificar. Yo creo que si uno tuviera más información de eso, habría más cuidado en todo”, dice.

Los embarazos adolescentes en El Salvador no escasean. En promedio, 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas cada día en 2015, es decir, un embarazo de menores cada 21 minutos. Así se registró en el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015. La Paz, La Unión y Cuscatlán fueron los departamentos donde más casos de embarazos de niñas y adolescentes se tuvo. Por el contrario, en los municipios de San Antonio Los Ranchos y El Carrizal, en Chalatenango, no se registró ninguna menor embarazada durante el tiempo en el que se realizó el estudio.

Como Celia no pudo reincorporarse al sistema regular de clases, se integró al sistema de educación flexible. Así empezó a ir a clases solo los domingos. El bebé no paraba de llorar cuando se separaba de su mamá y algún familiar terminaba llevando al niño a las clases para que le diera pecho. Aun con el bebé en brazos, logró graduarse de bachiller. El papá de su hijo, quien antes fue su compañero de escuela, siguió estudiando con regularidad y en la universidad. Celia no.

“El embarazo adolescente implica la pérdida de oportunidades educativas, es una limitante para que las adolescentes puedan desarrollar su potencial como agentes productivos y sociales, y es un factor condicionante de la perpetuación de la pobreza”, sostiene un informe del año pasado del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Que las adolescentes se mantengan en la escuela es prioritario para romper círculos de pobreza. Pero, a veces, las trabas las colocan las personas que, en el mejor de los casos, deben ir abriendo camino. Por ejemplo, en algunos colegios y escuelas se tiende a “esconder” a la adolescente embarazada y se expulsa, explican en el MINED. Así que dicho ministerio cambió la Ley General de Educación en 2011 para especificar que es “falta muy grave” discriminar a una estudiante embarazada o lactante.

A pesar de que la LEPINA brinda a los padres el derecho primario de educar a sus hijos en sexualidad, eso no se cumple en todos los casos. “Ni mi papi ni mi mami hablaron de eso conmigo”, dice ahora Celia, cuando ya su hijo ha ingresado al mismo sistema de educación pública que fue insuficiente para ella.

Enseñanza. El objetivo del programa que tiene el MINED es comenzar en parvularia a decirle a los niños cómo funciona su cuerpo y cómo son las relaciones adecuadas con otras personas.

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¿CÓMO INTENTA ASUMIR EL ESTADO?
En 2008, El Salvador firmó un pacto llamado “Prevenir con educación”. Entonces, los ministros de Educación y de Salud en Latinoamérica y el Caribe acordaron que la prevención era el camino que se tomaría ante el avance de la transmisión del VIH.

Así, se asumió el compromiso de “fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad”. Ese pacto marcó también el enfoque que esa prevención debía tener en las escuelas públicas. “Esta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género”, se puede leer en el documento.

Así, se inició de un proceso de actualización del currículo nacional de clases y se creó el Programa de Educación Integral de la Sexualidad, (mejor conocido como EIS), de acuerdo con Yeni Rivas, oficial de Género del MINED. Rivas es titular de la unidad que tiene por función velar que se cumplan criterios de equidad en el ministerio y, además, trabajar en temas relativos a la enseñanza de la sana sexualidad.

La EIS está diseñada para ser un eje transversal de otros temas que ya se aprenden en la escuela. Este incluye hablar de relaciones interpersonales sanas, explicar temas de autoestima, autocuido y el respeto por el propio cuerpo. “Tenemos que tener claro que la educación integral de la sexualidad no es hablar de cosas eróticas. Cuando se empieza a hablar de la EIS, se habla del tema emocional, del tema cognitivo y se tiene que hablar del tema biológico porque es parte de la sexualidad”, comienza por explicar Rivas.

Ella sostiene que es posible educar en estos temas desde temprana edad: “¿Cómo se puede enseñar EIS para parvularia? Usted a sus niños les tiene que enseñar que tienen órganos, ahí empieza el conocimiento de su cuerpo, en llamar a su cuerpo por el nombre”.

La oficial de Género asegura que con estos temas es posible afectar positivamente al niño y adolescente. Así, según Rivas, el niño aprende que su cuerpo es íntimo y nadie debe tocarlo si él no lo desea. Y además, conoce los cambios que suceden o sucederán en su cuerpo.

En El Salvador hay más de 45,000 profesores en centros escolares, y el Ministerio de Educación solo ha podido formar a 3,571 docentes en un curso básico de sexualidad. La cifra es baja, considerando que los cambios curriculares no pueden ponerse en práctica y presentarse al adolescente si los maestros no entienden los temas. Esos más de 3,000 profesores fueron formados en un curso de 200 horas presenciales entre 2013 y 2016, asegura el ministerio.

Rivas pone un ejemplo: “Tienen que aprender a valorarse como persona para decir ‘no quiero hacerlo’. ¿De qué sirve que el ministerio les enseñe el tema de transmisión del VIH si a la hora de las horas los adolescentes no tienen la inteligencia emocional y la mente crítica y analítica para que, si toman la decisión de tener relaciones coitales, usen condón? Eso es lo primero, que logren desarrollar su inteligencia emocional, que tengan habilidades para la vida y que tengan proyectos”.

Los temas que la EIS plantea son necesarios para estudiantes, pero al socializarlos con los maestros, las autoridades del MINED se dieron cuenta de que, en algunos casos, ni siquiera los docentes tenían conocimientos básicos de anatomía. “Es duro que un docente no sepa que hay órganos genitales internos y externos”, admite Rivas.

Quienes han sido formados solo representan un 7.8 % del total del plantel a escala nacional. Además, el ministerio ha creado planes para educar en el tema a los padres de familia, pero el avance aún es limitado. Y a pesar de que el 58.9 % de las escuelas afirma que conoce sobre la actualización del currículo de educación que incluye temas de sexualidad, solo 27 de cada 100 centros escolares cuenta con planes o programas de este tipo.

“¿Cómo ampliamos la educación integral de la sexualidad a escala nacional?”, pregunta Rivas, y ella misma se responde con una negativa: “No hay presupuesto. Si hubiera una ley, talvez hubiera una designación presupuestaria al tema”, comenta.

Hace más de un mes, un grupo de mujeres presentó un anteproyecto de Ley en Afectividad y Sexualidad Responsable a la Asamblea Legislativa. La propuesta tenía cuatro páginas y planteaba que todas las escuelas deberían estar obligadas por ley a brindar un programa de este tipo. En el anteproyecto, la educación en afectividad y sexualidad responsable fue definida como “la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos que, bajo un marco de respeto a los derechos humanos, priorice la eliminación de la cultura de la violencia”.

Dicha propuesta no presentaba los contenidos a enseñar, sino que sugería que se creara una comisión especial conformada por el Ministerio de Salud, el de Educación, la Secretaria de Inclusión Social y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y que esas instituciones definieran las temáticas que estudiarían los niños desde primer grado hasta bachillerato.

A pesar de que en un inicio el anteproyecto tuvo el apoyo de algunos diputados de ARENA, GANA y PDC, el día que fue presentado ante la comisión de cultura y educación, fue archivado de inmediato. No se discutió su contenido ni las motivaciones de las personas que lo respaldaron.

El anteproyecto de ley y el programa actual de la EIS –que aún no es implementado en la gran mayoría de escuelas– coinciden en la necesidad de construir inteligencia emocional en los adolescentes antes de que se encuentren sorprendidos por los cambios hormonales de su cuerpo.

Para explicarlo, Rivas pone un ejemplo: “Tienen que aprender a valorarse como persona para decir ‘no quiero hacerlo’. ¿De qué sirve que el ministerio les enseñe el tema de transmisión del VIH si a la hora de las horas los adolescentes no tienen la inteligencia emocional y la mente crítica y analítica para que, si toman la decisión de tener relaciones coitales, usen condón? Eso es lo primero, que logren desarrollar su inteligencia emocional, que tengan habilidades para la vida y que tengan proyectos”.

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UNA DEUDA HISTÓRICA
Intentar educar en sexualidad no es algo nuevo. El recorrido viene desde, al menos, hace 20 años. Hace casi dos décadas se intentó hacer circular por las escuelas los libros titulados “De adolescentes para adolescentes, manual de la salud sexual y reproductiva”.

La idea de la creación de estos manuales surgió en 1997 tras un estudio de la Organización Panamericana de la Salud que evidenció las carencias de información para menores en este tema. El proyecto fue respaldado por el MINSAL y se pensó como un documento que le hablara directamente a los jóvenes. Pero al ser los primeros de su tipo, los manuales fueron controversiales desde su realización hasta su lanzamiento.

“‘¿Y si para representar los órganos sexuales, en vez de dibujar un pene, dibujamos un pepino?’, dijo la doctora, y se armó esta discusión solo para saber si podíamos hacer una ilustración de un pene o no en un libro de educación sexual”, cuenta, desde una cafetería, Otto Meza. Él es uno de los ilustradores que hace 20 años fueron los encargados de hacer los dibujos de estos manuales. Esta tarde, él asegura que los dibujos que hacía se sometían a discusión con el Ministerio de Salud y que dos décadas después aún puede recordar los comentarios de algunos profesionales de la medicina.

Al final, Otto Meza sí fue autorizado para dibujar órganos genitales. Ese manual estaba dividido en tres grandes áreas que intentaban explicar a los jóvenes qué significaba el afecto y el consentimiento.

La primera área estaba titulada “Adolescencia”, y ahí se explicaba en qué consiste esa etapa de la vida y los roles del joven en la sociedad. En la segunda parte, llamada “Sexualidad”, se abordaban temas como “¿Qué nos puede pasar si tenemos relaciones sexuales sin estar preparados?”, y se enunciaban diferentes orientaciones sexuales. En la última parte del libro, referente a salud sexual y reproductiva, se describía cómo se desarrolla un embarazo, métodos anticonceptivos y se ilustraban los diferentes tipos de enfermedades sexuales que existen. Los manuales fueron retirados en julio de 2000. Habían sido impresos solo siete meses antes.

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SI LA ESCUELA NO LO HACE, ¿QUIÉN EDUCA EN SEXUALIDAD?
“En las redes sociales, más que todo”, responde Kenia Mena, de 16 años, cuando se le pregunta dónde aprenden sus amigos sobre sexualidad. Kenia estudia en un colegio privado católico, viene de una familia con padres profesionales y dice que en su casa siempre le han dicho que si empieza su vida sexual, debe ser cuando ella “ya esté estable” en su relación, y que si en algún momento lo quisiera probar, se tiene “que proteger”.

Kenia ha tomado el consejo y dice que se siente en la confianza de preguntarle algunas cosas de su cuerpo a sus padres. Los dos son psicólogos y comprenden que no hablar del tema sexual con su hija puede tener efectos contraproducentes. Kenia asegura que tiene amigos a los que sus padres les han prohibido hablar de orientación sexual y eso hace que esas realidades sean percibidas como algo malo o tabú.

Si en la casa de los adolescentes algunos temas están vetados de ser discutidos y en las escuelas ni los mismos maestros se encuentran formados, los esfuerzos de orientar en sexualidad se ven relegados a organizaciones no estatales o a iniciativas personales. Por ejemplo, varios estudiantes graduados de un centro escolar católico de Santa Tecla aún recuerdan a una maestra que cierra puertas y ventanas de los salones para explicar formas de prevenir embarazos sin que la monja directora se entere, es decir, a escondidas.

Y, a veces, la información viene de grupos inesperados. Por ejemplo, Kenia se congrega en un grupo de jóvenes católico liderado por laicos. “Es un movimiento religioso, pero es de un grupo limitado… solo van los que quieren. Ahí sí me enseñaron cómo se pone un condón, en una zanahoria”, afirma, sin risa ni morbo.

El Salvador tiene una estrategia nacional de prevención de embarazos adolescentes que fue lanzada el año pasado y espera reducir drásticamente el número de madres precoces durante los próximos 10 años. Uno de los pilares en los que se pretende ejecutar esta estrategia es la educación. En ese documento se puede leer que la diferencia entre las niñas y adolescentes que terminan embarazadas y las que no “radica en la medida en que las personas adolescentes y jóvenes confronten la exposición sexual con información científica y veraz, acorde a su edad y cultura, de tal manera que puedan ejercer una decisión responsable”.

Deserción. Quienes más oportunidades pierden con un embarazo precoz son las niñas, pocas regresan tras el parto a retomar sus estudios.

Niñas de pandillas enemigas se juntan en una canción

Talento

Andrea tiene 24 años, es bachiller, toca el violín, forma parte de un grupo de coreografías y quiere estudiar Diseño Gráfico. Pero quienes la ven entrar a este salón solo pueden notar algo en ella: en la mano tiene tatuajes que la relacionan con la pandilla Barrio 18.

Ella es parte de una docena de adolescentes que a las 2 de la tarde entra cargando violines, violas y cellos a este evento en la colonia Escalón. Las adolescentes, vestidas con jeans y camiseta blanca, han sido invitadas a tocar unas canciones. Las han traído en microbuses desde el Centro de Inserción Social Femenino, donde guardan prisión. A diferencia de ellas, los maestros que se graduarán de un curso de “Educación y democracia” han venido vestidos de gala al Instituto Nacional de Formación Docente.

Al grupo de muchachas lo acompaña la directora del centro junto a una orientadora y personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ninguno muestra un arma visible, pero llevan, cruzada sobre el pecho, una pequeña bolsa, listos para cualquier eventualidad que perturbe la convivencia que se ha logrado entre las jóvenes.

Andrea es alta, tiene la piel y ojos claros. Cuando tenía 17 años llegó al centro por una condena de secuestro. No fue capturada sola, también su novio de la adolescencia fue enviado a prisión. Ella terminó hace dos años su educación media y se está formando en cuánto taller puede. A pesar de estar ocupada, los seis años y 10 meses que lleva presa no han pasado pronto. Este día ha salido, como el resto de sus compañeras, con el permiso de un juez a realizar una presentación de lo aprendido en sus clases de música.

El centro en el que ha pasado los últimos años se divide en dos sectores para mantener el orden y la paz entre muchachas con afinidad a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Las rencillas entre las dos pandillas principales de El Salvador provocan homicidios a diario. Para un buen sector de la población, las pandillas marcan fronteras sociales y geográficas que no deben ser cruzadas.

En febrero de este año, un joven fue estrangulado por pandilleros en Ciudad Delgado porque vivía en un sector donde operaba otra pandilla. Y en junio, un joven zapatero fue asesinado en Panchimalco por el mismo motivo. Ese caso es uno de los 10 homicidios diarios que se promediaron hace un mes. El mensaje es claro. Dentro de las pandillas –y sus comunidades– es prohibido relacionarse con miembros de otras estructuras.

Las jóvenes colocan sus instrumentos detrás del escenario y entran a un salón para almorzar. La escena no es fraternal, pero llama la atención. Las internas toman asiento alrededor de la misma mesa y se reparten entre ellas la comida que les han brindado. Luego, almuerzan juntas.

El grupo parece una orquesta de colegio; solo el dispositivo de seguridad que se ha armado en el edificio demuestra que no lo es. Divididos entre las gradas del local, el parqueo y la entrada hay custodios de Centros Penales con la cara tapada y armas largas sobre el pecho dispuestos a evitar que las intérpretes de hoy escapen.

 

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¿QUIÉNES LLEGAN A ESTE CENTRO?
El proyecto de formación musical ha sido gestionado por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT). La asociación ha tenido que sortear varios retos para que las clases que se brindan tengan fruto. Por ejemplo, “el ISNA no quería que las jóvenes tuvieran los instrumentos en los cuartos”, sostiene el encargado del programa artístico, Julio Monge.

Los maestros de música llegan al centro solo una vez a la semana. Y, como las jóvenes están en sus celdas “desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, practicar con el instrumento solo media hora no daba mayores resultados, continúa explicando Monge. Por eso, hace más de un año surgió una petición: Solicitaron al ISNA que dejara que cada interna que pertenece a la orquesta tuviera su instrumento entre sus objetos personales. La institución no estaba segura de que eso fuera una buena idea. El riesgo era que algunas partes del instrumento pudieran ser utilizadas para otro fin menos loable que la música.

“El ISNA no quería porque decía que las cuerdas se podía utilizar para armas”, asegura Monge. El programa lleva ya tres años realizándose con distintas aprendices de música. Este grupo específico de la orquesta de cuerdas lleva un semestre practicando, y ya pueden tocar el instrumento dentro de sus dormitorios en sus tiempos libres. Pero cuando una cuerda se rompe, en lugar de botarla en un cesto de basura, es necesario que esta se reporte y se entregue a las autoridades.

Este martes en la colonia Escalón, más y más invitados continúan llegando al evento. Las internas se empiezan a preparar para el concierto que brindarán. La directora del centro, Graciela Bonilla, sostiene que las niñas que están a unos metros de ella “jamás en la vida imaginaron cambiar las armas que utilizaban por un violín, por un cello, por una viola”.

“Les metemos la idea de que el centro no está dividido por pandillas, porque realmente no tengo yo niñas que sean brincadas, como ellas mismas dicen, sino que son niñas que han tenido cierta afinidad, ya sea por sus amigos, por su pareja o por su familia”, sostiene la directora. Sin embargo, las clases de la escuela, de arte y servicios religiosos, sí se hacen por sectores divididos.

“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”.

Si una muchacha llega por un delito común –sin vinculación a pandillas– se investiga qué pandilla controla el territorio donde ella vivía, y así se le asigna sector, explica un empleado jurídico del centro.
El ISNA cuenta con cuatro centros para la inserción social de menores que han violado la ley. Estos fueron pensados como un lugar donde se le brinde orientación a los jóvenes para redireccionar sus vidas. Pero no siempre funcionan así. El año pasado se conoció de al menos tres homicidios que ocurrieron en el penal de menores de Tonacatepeque, exclusivo para adolescentes y hombres jóvenes. La participación masculina en delitos es mayor. Por ello, tres centros de inserción social están destinados para niños y jóvenes y solo uno para menores infractoras.

La mayoría de las privadas de libertad se encuentra en esa situación por el delito de extorsión o por encontrarse vinculada a estos grupos delictivos. Pero además de haber sido condenadas en un proceso penal, de acuerdo con Graciela Bonilla, la mayoría comparte el mismo perfil socioeconómico:
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”, asegura la directora.

La psicóloga del centro, Gabriela Blanco, sostiene que a través de su trabajo ha podido reconocer esos mismos patrones de vida. Además, “vienen aquí con baja escolaridad porque, aunque el Gobierno les dé para los uniformes, ellas son las que ayudan en sus casas. No son delincuentes, son señoritas a las que les hizo falta orientación”, sostiene la psicóloga.

Conforme la tarde avanza, la hora de interpretar las canciones se acerca. Al verlas, seguras como se muestran en público, es imposible sospechar que están nerviosas. Lucen concentradas. Algunas han encontrado en esto una nueva pasión. Al menos tres de ellas han expresado a sus maestros que sueñan con salir y convertirse en músicos profesionales para poder entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Con permiso de juez. Para salir del centro, las jóvenes solicitan un permiso a tribunales y, de acuerdo con su comportamiento como interna, se niega o aprueba el permiso de salida a presentaciones.

Sin embargo, para cuando ellas recuperan la libertad no hay programa gubernamental que se encargue de darle seguimiento a su aprendizaje. En las academias salvadoreñas las clases de violín personalizadas pueden costar hasta $50 cada una, según el prestigio del maestro. Y el reto no es solo conseguir el dinero para la clase, sino conseguir el instrumento. En las tiendas, un violín puede tener un costo desde $50 a $200.

Conociendo de primera mano las carencias de estas muchachas, TNT se ha propuesto darle seguimiento a las que se muestren interesadas en seguir estudiando música y una carrera profesional. Por ejemplo, se enorgullecen en decir que tienen becadas a tres jóvenes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La directora del centro de inserción confirma que son las organizaciones no estatales las que se están preocupando por la reinserción, una vez ellas quedan libres.

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EL PUNTO MUSICAL
La graduación de maestros avanza. Se leen decenas y decenas de nombres y los aplausos van perdiendo fuerza conforme la lista de graduados continúa. Son las 2:30 de la tarde y el aire acondicionado del lugar parece no dar abasto para toda la gente que se ha reunido acá en esta tarde de julio. Entre el calor y formalidad, las jóvenes toman asiento y se preparan para tocar su instrumento.

Julio Monge, el encargado del proyecto, se encuentra viendo a la orquesta. Se le ve emocionado. “La valoración no es tanto qué tan bien tocan, aunque hay algunas que sí sueñan con ser intérpretes, pero no es ese el objetivo. Son muchachas que llevan meses acercándose al instrumento y son jóvenes de todas las afinidades pandilleriles que tocan una sola música. Hombro con hombro. Eso queremos extrapolarlo a la sociedad salvadoreña”, dice Monge. Luego reconoce, a pesar del orgullo, que lo que han logrado acá es muy pequeño comparado con los problemas de El Salvador.

Antes de que la orquesta de cuerdas empiece a tocar, los maestros, ataviados con sus sacos y vestidos de gala, miran a las internas con distancia y de reojo. Andrea, la muchacha alta y de ojos claros, se sienta al centro de la orquesta. Pone el violín sobre su hombro y levanta la quijada con solemnidad. Pronto, la música comienza a sonar. Lee la partitura y ni el calor sofocante la desconcentra.

Disciplina. La idea es que a través de una práctica artística, las adolescentes se enfoquen en perfeccionarla y aprendan valores como la disciplina, perseverancia y respeto a jerarquías.

Después de meses practicando, la orquesta interpreta en público la primera pieza de la tarde: una canción infantil llamada “Estrellita”. Esta es la primera canción que, generalmente, se aprende en violín con el método Suzuki. El creador de este método sostuvo que el talento musical no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla. En este contexto de reinserción social, una de las frases más famosas de Suzuki cobra un valor especial: “La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles”.

Luego, la orquesta interpreta el “Himno a la alegría”, la canción de la película “Titanic”, una pieza pop y, en quinto lugar, la canción “Imagine”, de John Lennon. Durante la intervención, una de las muchachas que tocan el violín se pone de pie y toca como solista. La orquesta la acompaña.
Ella es Patricia y tiene 20 años, es morena y muy delgada. No lleva maquillaje en la cara y es la única que no está vestida de blanco. Estuvo dos años y medio privada de libertad y condenada por extorsión. Actualmente ha vuelto a vivir con su familia. Dice que nunca fue pandillera, pero acepta que sí era cercana al grupo pandilleril dentro de su comunidad.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa. Cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”. Sigue practicando el violín en la oficina de TNT, en San Salvador, a pesar de ya haber salido del centro. Quiere ser música o psicóloga, por eso se encuentra estudiando segundo año de bachillerato y trabajando.

“Al final es una sensibilización mutua. A ellas estamos abriéndoles los ojos a la cultura, al arte. Y por otra parte también nosotros nos estamos quitando fantasmas de la cabeza”, dice Sonia Megías, una compositora española que acompaña este proyecto durante las temporadas que permanece en El Salvador.

La destreza musical de Patricia, comparada con la de sus compañeras de orquesta, es más avanzada. Y si minutos antes las personas dentro del público se mostraban distantes a la presencia de estas intérpretes, eso ya ha cambiado. Patricia termina de tocar y se escuchan gritos. “¡Bravo!” le dice un hombre en primera fila y su voz hace eco entre otros maestros que repiten lo mismo y se ponen de pie. El concierto aún no ha terminado, pero el aplauso que reciben es tan largo que da tiempo para que el resto de la orquesta se levante y también reciba la congratulación de un público que terminó de aceptarlas en el evento.

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LA VIDA EN EL CENTRO
A 13 kilómetros de este lugar, en el Centro de Inserción Social de Ilopango, está el resto de privadas de libertad bajo el cuidado del ISNA. Los lugares comunes del centro, como los salones de clase y talleres, lucen como cualquier otra escuela del interior del país. En uno de esos pequeños salones, con dos ventiladores y rejas en lugar de vidrios para las ventanas, está Fernanda y su bebé, que cumplirá un año dentro de una semana.

La joven ensaya una coreografía que presentará junto a sus otras 10 compañeras en septiembre. Ese espectáculo será la muestra final del curso de artes escénicas que imparte una vez a la semana TNT. Su hijo camina en una andadera entre las bailarinas de la última fila. La escena es, a veces, contradictoria: tierna y triste. Llegó al centro cuando era menor de edad y tenía el embarazo avanzado. Su bebé no ha conocido otra vida que no sea dentro de estas paredes.

La instructora de danza le permite salir del ensayo un rato para platicar en el patio. Debajo de un árbol y bajo la vigilancia del personal del centro, Fernanda apenas cuenta su historia. Dice que está condenada por extorsión, pero ella, a diferencia de otras compañeras del centro, asegura que no cometió el delito. Habla con timidez y frases cortas. No recibe visitas, su familia también está en prisión. Después de más de un año, no tiene idea de qué le espera para cuando recupere la libertad, “pero lo que sí sé es que voy a luchar. Y es que por mi hijo soy capaz de hacer hasta lo que no hice antes”, dice.

Después vuelve a la clase y ensaya una canción de rock and roll. Como parte de la coreografía, carga a una de sus compañeras. A los pocos segundos, la compañera se convierte en una especie de guitarra sobre la que Fernanda toca algunas cuerdas imaginarias. Las internas se ríen.

“Definitivamente ellas han tomado decisiones incorrectas”, dice Sheila Reyes, la instructora de danza dentro del centro. Llega una vez a la semana y divide su tarde y mañana entre los talleres del sector. A diferencia de la orquesta, en danza aún no han podido integrar a los dos grupos. La confianza y el contacto cuerpo a cuerpo son fundamentales para bailar y hacer cargadas.

Sheila es un huracán de energía. Llega al salón y hace el silencio entre la plática de las internas. Da indicaciones y le obedecen. La instructora afirma que la matrícula inicial a este taller fue de 35 personas, pero ese número se ha reducido. La idea es que, a través del baile, aprendan a seguir órdenes, a ser disciplinadas, a seguir un ritmo, a respetar el espacio y tiempo del otro.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa Patricia. Luego cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”.

Al inicio puede sonar descabellado que tantas cosas puedan aprenderse mientras memorizan coreografías, pero conforme el ensayo avanza, la instructora se pone seria y prueba su punto. Las jóvenes repiten canciones, llevan las cuentas y Sheila, como si se tratase de una inspección rigurosa, se acurruca, coloca los codos sobre sus propias rodillas y entrelaza las manos frente a su cara. Observa con detalle los pies de las internas. Así se da cuenta de quién duda sobre el siguiente paso que hay que dar y de quién va tarde en la cuenta. Sheila no es nada tímida al señalar qué están haciendo mal para que lo corrijan.

“Lo que uno trata de inculcarles es disciplina y perseverancia. Lo que se llevan es el respeto a una jerarquía”, indica Sheila. Después del mediodía inicia la clase con el sector 1 del centro. Aquí llevan más meses entrenando y tienen tanta energía como la instructora al bailar. Entre ellas está Andrea, la joven de 24 años que toca el violín.

Está en la primera fila de la coreografía. Baila las canciones sin equivocarse en ningún paso. Y, si en el concierto era la imagen de la elegancia y la solemnidad, aquí baila ritmos urbanos donde mueve la cadera sin parar.

“Lo que quisiera, pero quizá nunca va a pasar –dice Andrea durante un receso– es que la gente comprenda que andar en la calle tiene consecuencias y uno entiende hasta que ya está aquí. Y desde que uno cae, este es otro mundo”. Ella acepta que, de haber seguir por el camino que iba, no sería bachiller. Ahora quiere ser profesional. Pero se graduó hace dos años y, desde entonces, no ha podido continuar con su educación.

“A mí lo que me gusta, me encanta, me apasiona es la cosmetología y el Diseño Gráfico. Ya no puedo seguir estancada”, cuenta antes de regresar a la coreografía.

Por sectores. En el centro de inserción hay niñas y jóvenes con afinidad a diferentes pandillas, y la mayoría de las actividades se realizan por separado.

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LA SALIDA ES ESTRECHA
Mientras el concierto en el edificio de la colonia Escalón sigue, cuatro custodios de Centros Penales vigilan la entrada del parqueo. A las 3:30 de la tarde, la orquesta termina su intervención y el público aplaude de nuevo. Luego, guardan sus instrumentos y hacen una fila para salir. Van custodiadas por personal del centro y bajan unas gradas hasta descender a una pequeña puerta que conecta con el parqueo. Ahí hay dos microbuses esperándolas.

La fila que desciende por las escaleras es lenta. Al llegar hasta la puerta se puede ver por qué. Es la vuelta a la realidad. Si hace 5 minutos recibieron felicitaciones, gritos y aplausos, hoy sus manos reciben esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resuena en el cajón de cemento que es el parqueo. La salida de este día ha terminado oficialmente y suben en pareja a los microbuses. Adelante de los vehículos van dos custodios. Uno de ellos lleva el arma sobresaliendo por la ventana.

A unos 3 metros de distancia, Patricia, quien pasó más de dos años interna, observa el proceso: Uno tiene “la emoción de querer salir, pero que cuando llegás a la puerta del centro te pongan las esposas, es algo bien feo. Pero tratás de disimular”, dice con una sonrisa nerviosa.

Mientras este procedimiento ocurre, entra al edificio Carlos Canjura, el ministro de Educación. Su participación estaba prevista en la agenda del evento recién terminado, pero él dice que comunicó que no podría venir por una reunión en Casa Presidencial.

Ni él sabe quiénes son las jóvenes con esposas a unos metros; ni ellas, quién es el señor que ha llegado, en apariencia, tarde. Al ministro se le cuestiona sobre cuáles son las alternativas o programas de educación para las jóvenes privadas de libertad. Durante 2 minutos, él habla de las oportunidades que el ministerio tiene, como la educación a distancia, pero no menciona nada en específico para esta población.

Si, en efecto, las privadas de libertad deciden cambiar su vida con el estudio, no hay ningún proyecto ministerial específicamente diseñado para que ellas estudien, de acuerdo con el titular del MINED. Canjura asegura que se está pensando en la posibilidad de abrir aulas virtuales en los centros del ISNA para que haya más oportunidades de aprendizaje. Pero es solo eso, una idea. No hay nada ejecutado.

*Los nombres de las internas han sido cambiados a petición del ISNA.

Menores infractoras. Quienes se encuentran en el Centro de Inserción Social son menores de edad desde los 14 años. También hay jóvenes de hasta 24 años que ingresaron al centro cuando eran adolescentes.