Valeria Guzmán

El discurso de las autoridades es que quien desaparece por más de tres días está muerto. Pero no hay ningún documento que lo certifique. En ese limbo, las deudas que contrajo una persona que está en paradero desconocido se mantienen vigentes. Las familias, además de la obligación de la búsqueda, se enfrentan a cobradores que les exigen pagos. En Colombia y México hay leyes que mandan a congelar sus créditos y sus bienes no pueden ser embargados. En El Salvador las desapariciones se cuentan por miles, pero no existe ninguna norma especial. Ni siquiera existe un delito acorde a las condiciones en las que en la actualidad ocurre la mayoría de desapariciones.

Durante la década de los ochenta, las actividades públicas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaban ligadas a la labor de denuncia. Con la transición del movimiento guerrillero a fuerza política, el partido se caracterizó por no dudar en salir a manifestarse en la calle cuando lo consideraba necesario. Con el gobierno del FMLN pasa algo distinto. En Casa Presidencial se ha establecido un instructivo para evitar que las protestas se acerquen a los mandatarios que antes marchaban en la vía pública. El documento en el que se regula el control de las concentraciones deja algunos vacíos que, a juicio de algunos entrevistados, pueden servir para excusar el uso de fuerza excesiva sobre la ciudadanía.

María Isabel Rodríguez tiene 94 años, pero parece que ni su voz ni su mente han conocido aún la vejez. Con el cuerpo la cosa es distinta, los pasos quebrados y lentos la delatan. Durante esta entrevista, realizada en la biblioteca de su casa, se muestra estoica. En algunas situaciones calcula y selecciona con pinzas sus respuestas, pero en otras, no duda en criticar lo que ella cree que está mal, aun si son temas relacionados con los gobiernos del FMLN.

$25 millones se gestionaron en 2016 a través de la Procuraduría General de la República en concepto de cuota alimenticia. La cifra suena alta, pero cuando se analizan casos concretos, el dinero resulta insuficiente. Los beneficiados son 28,000 niños y adolescentes con un promedio mensual de $76. E incluso este promedio hay que verlo con lupa para descubrir que hay cuotas mensuales que no superan los $20.