desaparecidos

En medio de la pandemia, Sara busca a Miguel

Sara busca a su hijo, Miguel, desde el 9 de abril de 2020. La emergencia de salud por covid-19, según la madre, estancó la operatividad de entidades como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República debido a que ninguna actuó con inmediatez. Pasó una noche para que las autoridades pusieran en marcha el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU) y transcurrió un mes para que la sede fiscal cumpliera con la fase inicial de recolección de información para abrir el expediente. De acuerdo con la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, durante la cuarentena domiciliar, las denuncias han disminuido en comparación a enero y febrero. Pasó de 198, a 93 casos en el mes mayo. A pesar de la baja, la efectividad para la localización de las víctimas ha sido del 54.79%.

Un laberinto de torturas

El acompañamiento que las instituciones estatales están obligadas a dar a los familiares de desaparecidos debe ser integral y esto incluye el acceso a la salud mental. Las víctimas invierten días, años y meses, en las búsquedas y pocas veces encuentran a un personal que las escuche y les diga que hay profesionales que pueden tratar sus emociones. El Salvador no cuenta con un protocolo para estas atenciones.

Un equipo salvadoreño de Antropología Forense de papel

En El Salvador existe un banco de perfiles genéticos. Pero solo en papel. Los diputados de la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior firmaron, en abril de 2019, una reforma que aprobó la creación de este instituto que podría ayudar a localizar personas desaparecidas por medio de pruebas de ADN. Los diputados, sin embargo, ignoraron que crear este registro implica inyección de presupuesto al Instituto de Medicina Legal, protocolos para la atención, un software especializado para almacenar numerosas muestras de ADN y un equipo salvadoreño en Antropología Forense. A tres meses de su vigencia, el proyecto sigue siendo un enigma que los parlamentarios no saben explicar.

Desaparecen las personas, no las deudas

El discurso de las autoridades es que quien desaparece por más de tres días está muerto. Pero no hay ningún documento que lo certifique. En ese limbo, las deudas que contrajo una persona que está en paradero desconocido se mantienen vigentes. Las familias, además de la obligación de la búsqueda, se enfrentan a cobradores que les exigen pagos. En Colombia y México hay leyes que mandan a congelar sus créditos y sus bienes no pueden ser embargados. En El Salvador las desapariciones se cuentan por miles, pero no existe ninguna norma especial. Ni siquiera existe un delito acorde a las condiciones en las que en la actualidad ocurre la mayoría de desapariciones.

La soledad de la búsqueda

Cuando una persona desaparece, su localización depende –casi en exclusiva– del ahínco con el que sus seres queridos presionen a las autoridades estatales y de la repercusión mediática del caso. En este reportaje, los familiares de las personas desaparecidas reclaman que las investigaciones no generan resultados; no los encuentran vivos ni muertos. A esa tragedia se le suma una discusión jurídica: en El Salvador solo están reguladas las desapariciones en las que tienen que ver cuerpos de seguridad como la Policía y el Ejército; el resto, no.

Carta Editorial

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla.