Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

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UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

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ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

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LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

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ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

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UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.

Un equipo salvadoreño de Antropología Forense de papel

Ilustración de Moris Aldana

Yaneth sintió que su propia casa se convirtió en una morgue; y su habitación, en una cámara de almacenamiento de restos. Su computadora estaba llena de imágenes de cuerpos sin tejidos, osamentas, partes de vértebras, fémures, dientes, cráneos, cadáveres con rasgos faciales irreconocibles y textos que advertían que, luego de 10 días, las personas muertas comienzan a oler a carne podrida. Bastó una mañana y una búsqueda en internet para que ella se sintiera una especialista en el proceso de descomposición de un cuerpo.

Esa búsqueda la llenó de insumos, la sacó de dudas. Sobre todo, porque, de encontrar a Kevin, luego de 57 días perdido, esta sería la escena a la que se enfrentaría. Pensaba que su camisa naranja, el pantalón y las zapatillas negras que usaba el 3 de junio, cuando desapareció, ya no le servirían para identificarlo. Así que llegó a la conclusión de que solo una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) le ayudaría.

Yaneth lo busca entre los muertos; entre las alertas de redes sociales que reportan cuerpos tirados en la carretera, en predios; entre las morgues de hospitales; entre las bodegas del Instituto de Medicina Legal (IML), y en terrenos baldíos que, aparte de vegetación, hospedan restos y funcionan como cementerios clandestinos.

A la petición de pruebas de Yaneth, el Estado, de momento, no puede darle una respuesta. Primero, porque el IML solo recoge muestras genéticas por la solicitud de un juez o un fiscal para la investigación de un caso específico; y, segundo, porque el país no cuenta con un banco nacional de perfiles genéticos. O bueno, sí, sí lo tiene.

El 29 de abril, la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior realizó una reforma en la Ley Especial para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y su familia que, entre sus cambios, propone la institucionalización de un banco de perfiles genéticos para la identificación de los desaparecidos a cargo del IML. Esto en su artículo 30, inciso A. El banco que necesita Yaneth para aumentar la posibilidad de encontrar a su sobrino existe, pero solo en papel.

Este banco de perfiles genéticos, de funcionar en este momento, serviría como un espacio para obtener, almacenar y analizar pruebas de ADN (sangre o saliva) de un familiar que busca y de los cuerpos u osamentas que se encuentran. Cada muestra podría ser conservada en un registro digital que, en el caso de encontrar coincidencias de parentesco, alertaría sobre la identificación de un desaparecido.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que, solo en julio, ha recibido más de 190 denuncias de personas desaparecidas. Pero este número no es un reflejo confiable del problema. Muchas personas no denuncian por temor a represalias. En este país, el banco de datos podría ofrecer la posibilidad de contar con un registro único para sistematizar los casos sin, necesariamente, enfrentar un proceso de denuncia. Podría acelerar el amargo consuelo para los familiares de desaparecidos: hallar los restos.

Los lunes

«Vivo o muerto», «vivo o muerto» se repite Yaneth cada que amenace y busca a su sobrino. En una tarde de julio, cuenta que en los últimos días se ha dedicado como una criminalista a escarbar, a mirar a personas que ya no parecen personas dentro de las morgues, y a ponerle, momentáneamente, el nombre de Kevin a cada ‘no identificado’.

Su madre también lo hace. Cada lunes, desde que Kevin no está, Elena llega a la sede del Instituto de Medicina Legal que está en el Centro de Gobierno de San Salvador. Cerca de las 8:30 de la mañana, sin falta, ella hace la misma pregunta: «¿Ha aparecido alguien con características de Kevin?» La respuesta sigue siendo la misma: «No».

En esos lunes, Yaneth narra que su madre recibe más regaños que información. La última vez, alguien en la Oficina de Personas Desaparecidas del IML le pidió «no llegar tanto», y, hasta después, le notificaron «que no había aparecido ningún joven como Kevin».

Entre aquellos lunes, mientras Estela estaba en la sede de Medicina Legal, los diputados, a unos cuantos metros, manoseaban leyes en el Palacio Legislativo. Entre las que tocaron por ese tiempo estuvo la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia.

Ese 29 de abril de 2019, la ley se modificó en los artículos: 1, 2, 4, 10, 12, 27 y 30. Los diputados que firmaron los ajusten fueron: Karina Sosa, Marcela Villatoro, Numan Salgado, Reynaldo López Cardoza, José Luis Urías, Juan Manuel Cornejo, José Édgar Batarse y Alberto Romero.

José Luis Urías, del PCN, votó por la reforma, pero no la recuerda. Este día de julio está sentado en su silla, detrás de una ventanilla. Al ser cuestionado sobre el respaldo que dio a las modificaciones hace apenas un par de meses, el diputado envía a su representante de comunicaciones a buscar detalles para responder a la entrevista.

Minutos después, Urías declara por medio de su vocera que «no conoce la reforma y que, quien manejaba esa información era Reynaldo López Cardoza», su compañero de fracción dentro de la comisión.

Esta ley en realidad fue creada el 17 de marzo de 2011. Los diputados de ese entonces se pusieron de acuerdo para aprobar un instrumento que permitiera crear respuestas a las crecientes demandas de las familias de los migrantes. Y así nació con 44 artículos. El espíritu de la ley consistió en establecer programas de asistencia y protección humanitaria, un fondo especial de repatriaciones y el retorno de heridos, asistencia legal, educación y servicios en salud para la persona migrante y su familia. Con las reformas de este año se buscó que este instrumento incluyera también elementos que ampliaran su terreno de acción. Así, el banco genético no se limita a migrantes desaparecidos, sino que incluye a toda persona desaparecida.

Casi al final del documento de seis páginas en donde se hacen constar las reformas hechas en abril, están detallados los nombres de los 12 diputados que, en teoría, discutieron estas modificaciones. Entre ellos está el de Leonardo Bonilla, el diputado independiente.

Junto a su nombre, no hay firma. Y a dos meses y un poco más de aquello, tampoco recuerda qué pasó. «Desconozco la reforma», responde, y pide «un momento para hacer memoria». Sin poder lograrlo, sugiere que es mejor que se le dé el detalle a través de un mensaje de WhatsApp.

«Si es que fue en abril, como usted lo dice, ya han pasado tres meses. Escríbame y déjeme recordar». El diputado no apoyó la reforma del 29 de abril; pero, en julio, no sabe decir por qué.

Es 15 de julio, lunes. Karina Sosa diputada del FMLN, se dirige a los medios en el lobby de la Asamblea Legislativa. Se pronuncia ante la crisis de salvadoreños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, y exige que el gobierno entrante emita una postura ante las violaciones de los derechos humanos de la administración del presidente Donald Trump. La euforia en su discurso le dura 5 minutos. Luego, corre directo al elevador que la lleva a la reunión de la comisión de relaciones exteriores.

En el ascensor, Sosa explica que la reforma a la ley especial migrante se da en un contexto en donde los derechos humanos de la niñez son violados. «La reforma lo que buscó, concretamente, era incluir a la niñez migrante dentro de su contenido, y así brindarle la protección hacia su camino a Estados Unidos».

Antes de bajar, dice de manera apresurada que el banco de datos de perfiles genéticos «era clave para que las familias pudieran identificar con mayor precisión a quiénes… cuando anuncian que han encontrado a su familiar o estar seguro de que es la persona que decían», y sin aclarar su mensaje, la diputada se marcha.

Cuarenta minutos más tarde, con tres comunicadores que graban su llegada a la comisión, Milena Mayorga, de ARENA, se detiene y se justifica. Cuenta que, el día en que se reformó la ley especial, ella se encontraba fuera del país. Pero asegura que «estaba a favor» de las modificaciones en favor de la niñez. Dice que, en otra entrevista, previamente programada, daría declaraciones sobre el banco de perfiles genéticos.

Las diputadas hacen alusión a una de las principales reformas, específicamente, a la del artículo 2 literal E: «El Estado prestará primordial atención a las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo físico, psicológico, moral y social para la garantía de sus derechos».

Es julio, los noticieros, los periódicos y las redes sociales se llenan de noticias sobre familiares que buscan información acerca del anuncio de que la FGR propone crear una la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas y sobre los hallazgos de dos cementerios clandestinos.

A pesar de toda esta información, los diputados de la comisión de relaciones exteriores parecen alejados de toda coyuntura. Reiteran que no recuerdan nada de una pieza clave en la investigación, como un registro nacional genético.

“Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí”, cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

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UNA CAJA VACÍA

Sin hallazgos, sumergida en angustia y perseguida por imágenes de cuerpos en descomposición, Yaneth busca paz. Así que prepara un funeral sin los restos de Kevin.

La familia se viste de blanco, acompaña el trayecto del carro fúnebre, y realiza una ceremonia. La familia lo llora y lo entierra en una caja vacía, a la que le acompañan un par de rosas, una fotografía y una placa: Kevin Antonio Meléndez Granados (1999-2019).

«Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí», cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

Para montar el banco, el IML necesita un software adecuado para el registro de las muestras, los protocolos de atención, un equipo salvadoreño de antropólogos forenses, de más genetistas, de la especialización de peritos y de la implementación de carreras universitarias enfocadas al estudio forense.

A pesar de la falta de recursos, Doris Luz Galindo, presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del consejo directivo del Instituto de Medicina Legal, asegura que el IML puede asumir la responsabilidad de un registro genético. Y acepta que el presupuesto aún es un factor que deben resolver.

«El IML junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores inyectarán una parte de los fondos, y lo demás se gestionará con la cooperación internacional. Aún no se sabe cuánto y cómo, pero en los próximos días se tendrán que sostener pláticas con el nuevo gobierno para saber cómo se le dará continuidad a este proyecto», explica Galindo.

Sobre qué terreno pisar en la búsqueda de un familiar, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), sabe. Lo ha prendido con el paso de los años, 18 para ser exactos, desde que su hermano migró y ya no apareció.

El tiempo a Luis lo ha convertido en vocero de familiares migrantes que reclaman más protagonismo de parte del Estado para responder a las denuncias. Quién más que una persona que ha buscado por más de una década, para conocer sobre los atropellos que cometen las instituciones al tratar con las víctimas.

Ilustración de Moris Aldana

López cree necesario que dentro del banco nacional de perfiles genéticos se incluya a los familiares de las víctimas.

«El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello», concluye Luis.

Si se habla de desenterrar, decir qué pasó y hacer que los huesos recuperen su identidad, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es un referente. Desde 1984, los antropólogos se han encargado de buscar a los desaparecidos de la dictadura argentina; y de darle nombre a los restos exhumados de la masacre de El Mozote.

Así que, cuando el EAAF fundó en 2010 el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador pensó en los detalles de los que habló Luis. Incluyó a COFAMIDE e integró a instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

También pensó en protocolos de atención, en la toma de la prueba, en la notificación adecuada, en el acompañamiento de los casos, en la atención psicológica, en brindar un informe técnico detallado sobre la prueba científica y lo qué pasó con la víctima.

La experiencia de trabajar con el EAAF, según Beatriz Campos (procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH), les dio insumos para recomendar a los diputados que era necesario un equipo de transición con expertos forenses.

«Vemos positivo que el Estado asuma su rol en la búsqueda de desaparecidos. Pero tenemos temor de que el IML no tenga los estándares necesarios para asumir el registro nacional de perfiles genéticos», dice Campos.

Y hace hincapié en el uso de la terminología, entre llamarlo un banco ‘genético’ y no ‘forense’. En la primera definición, Campos señala que la visión es muy reducida porque solo se enfoca en la toma de las muestras. Mientras que, la segunda, se basa en la atención integral para los familiares de las víctimas.

«Sin la debida transición, es muy aventurado que el IML asuma el banco. La atención a las víctimas y los familiares es lo primordial. Debido a esto, la PDDH ha solicitado una reunión con la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa. Pero hasta el momento no nos han respondido», explica Campos.

La transición de Yaneth y su familia ante la desaparición de Kevin, a los 20 años, es un proceso arbitrario. Han hecho un funeral, pero el luto no está completo. «Vivo o muerto, como sea, pero lo quiero encontrar», repite.

“El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello”, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE).

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UN DIPLOMA

En esta mañana de un miércoles de julio, Yaneth se encuentra en un hotel de San Salvador. Un total de 160 jóvenes están graduándose como asesores de venta, diseñadores gráficos y cocineros. Entre el listado de los graduados aparece Kevin, pero él no está.

En esta ceremonia solo está su tía. Ella recibirá el título en ausencia de Kevin. En medio de risas, fotografías, jóvenes eufóricos, padres y madres orgullosos de ver a sus hijos graduarse está Yaneth, en la primera fila, junto a una silla vacía.

En las palabras de bienvenida se recuerda a Kevin. Llaman a un minuto de aplausos en honor del joven, luego le piden a Yaneth que suba al escenario. «Reciba el título de Kevin como técnico en asesor de ventas», le dice el maestro de ceremonia.

Al bajar, Yaneth se acomoda nuevamente en su silla, observa el diploma y le toma una fotografía, la comparte con su familia y chequea sus redes sociales. Entre las publicaciones que revisa se encuentra con un tuit del fiscal general, Raúl Melara, que dice «cada persona cuenta».

«Me pregunto si, en verdad, este fiscal creará una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas. Nosotros estuvimos pendientes de la información que dio la fiscalía sobre la fosa clandestina que se encontró en Ilopango, en Vista al Lago. Queríamos saber a quiénes habían encontrado, luego supimos que las osamentas eran de unos soldados desaparecidos por 2011. Ahí fue cuando descartamos que Kevin pudiese estar ahí», aclara Yaneth.

El 8 de julio, la FGR convocó a los medios en Vista al Lago, Ilopango, por el hallazgo de una fosa clandestina, donde se encontró 11 cuerpos. En ese cementerio clandestino, Melara se dirigió a la prensa y dijo que la institución crearía una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas, tras registrar, al menos, siete casos por día. «Hay que ponerle cara a todas las personas que han sido desaparecidas y dar respuesta a las familias de las víctimas», decía el fiscal en la conferencia de prensa.

Antes de partir a casa, Yaneth recibe un mensaje. Un conocido le escribe para comentarle que, ayer por la mañana, la PNC encontró un cementerio clandestino, otro, en la colonia Santísima Trinidad, en el municipio de Ayutuxtepeque. Ella responde: «Inmediatamente me comunico con mi madre para que se dé una vuelta en Medicina Legal».

Hasta el momento, a pesar de que la reforma fue aprobada por el pleno legislativo, el 2 de mayo de 2019, y que el decreto entró en vigencia ocho días después, el banco de perfiles genéticos aún sigue siendo solo un proyecto.

«Si no está ahí, vamos a seguir buscándolo. Es lo que nos queda», repite Yaneth, mientras se despide con una sonrisa a medias de la ceremonia de graduación de la que Kevin no pudo sentirse orgulloso.

Desaparecen las personas, no las deudas

Ilustración de Moris Aldana

Nubia Iraheta estaba orgullosa de sí misma. A los 31 años había logrado comprar dos carros a través de un préstamo. Los carros tenían algunos desperfectos pero con dinero de prestamistas y cooperativas lograba arreglarlos en el taller. Había empezado a ahorrar para la prima de la casa que le compraría al Fondo Social para la Vivienda. Ahí pensaba envejecer. Sus dos hijos entraban a la adolescencia y la vida parecía estar bien encaminada. Era 2018.

Ahora queda muy poco de aquel orgullo. Hoy, en una cafetería de Lourdes, su hermana y su madre discuten teorías que expliquen por qué no está:

—Esta no es cosa de pandillas, hoy los mareros solo agarran a la gente, la matan y la dejan por ahí tirada. Mami, ¿qué pandillero va a querer ir, matar a su hija y tomarse el trabajo de enterrarla?
—Pero ¿por qué, pues? ¿por qué no aparece una pista? Yo… ¡ay!, no sé ni qué pensar –dice la madre de Nubia, con la cara hecha un nudo.
—A esta época ya hubiera aparecido su cuerpo –le responde Yamileth, quien se encarga de repetirle a su madre que tal vez Nubia sigue con vida.

En realidad, ninguna de las mujeres de la familia Iraheta puede decir con certeza qué ha sucedido con Nubia. Ella desapareció el 19 de diciembre y desde entonces su caso se unió a los más de 2,600 reportes de personas desaparecidas que recibió la Fiscalía General de la República (FGR) en 2018.

Desde ese miércoles de diciembre, la madre de Nubia ha perdido el apetito. Pero, a veces, pasa hambre. Es la ironía de cuando el dinero no alcanza. Así lo cuenta Yamileth, hermana menor de la taxista. Alrededor de este caso solo hay incertidumbre. Su familia la busca entre vivos y muertos. Aunque Yamileth le pide a su madre que la piense bien y segura, ha guardado en su celular fotos de cadáveres encontrados por las autoridades. Las amplía para ver detalles, para encontrar alguna pista que la lleve hasta la mujer con la que creció. No tiene ninguna certeza. En cambio, las cooperativas a las que Nubia hizo préstamos sí tienen una: está en mora y alguien debe pagar ese dinero.

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LOS VACÍOS LEGALES

La desaparición causada por civiles no existe como delito en las leyes salvadoreñas. Las denuncias por desapariciones se registran como privaciones de libertad o secuestros. El Código Penal sí reconoce que existe la desaparición forzada, pero solo cuando quien la causa es un agente estatal, como un policía o militar.

En Colombia sí se entiende como desaparición forzada lo que sucede cuando un particular de un grupo armado desaparece a otra persona. En El Salvador estos casos suceden a diario, pero no hay legislación al respecto.

El año pasado, la Fiscalía General de la República recibió 51 denuncias por privación de libertad cada semana. Durante los últimos dos años, ha habido más de seis desaparecidos cada día. En 2017, las denuncias por personas privadas de libertad fueron 2,420. El año pasado la situación no mejoró. Solo en 2018, la fiscalía recibió 2,682 casos de este tipo.

Si el delito no está normado, tampoco está regulado qué pasa con los bienes, propiedades y deudas de la persona que desaparece. El desaparecido se encuentra en un limbo legal y las familias también. Ellas no pueden abrazar a su ser querido, pero tampoco pueden cobrar los seguros de vida o heredar sus propiedades.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica, dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”.

Durante los últimos meses, la madre de Nubia se ha levantado a las 3 de la madrugada de lunes a viernes para cumplir bien con un nuevo trabajo: lava el maíz, lo lleva al molino y desde las 5 de la mañana hasta las 11 no deja de hacer tortillas. Hace hasta mil por jornada y las lleva a una fábrica. Este ingreso le ha servido para intentar cancelar a tiempo un crédito que su hija sacó para pagar los dos carros con los que trabajaba.

El padre de Nubia, además, hace turnos como vigilante. El mes pasado logró ganar $160. Apartó $10 y el resto lo depositó el 1.º de abril a una cooperativa financiera. Madre y padre son los fiadores del préstamo de los autos que antes garantizaban el sustento. Al caer en mora, ellos son los obligados a pagar. Con sus trabajos han estado cubriendo solo la mitad de la cuota. Nubia abonaba más de $300 cada mes.

Hace dos semanas, la situación se complicó más cuando la madre de Nubia dejó de hacer las mil tortillas. Cuenta que es diabética hipertensa y que no soportaba la presión de no saber nada del paradero de su hija y, al mismo tiempo, sacar trabajo. La visión se le empezó a nublar y ahora ha preferido descansar durante las madrugadas. Aunque, en realidad, no siempre logra dormir. La cabeza se le enreda tratando de entender qué le pasó a su hija: “Ayer a las 2:05 de la mañana, yo le decía a mi Señor… ‘Dios, dame pensamiento claro’”.

La mayoría de los que desaparecen se encuentran en edad económicamente activa. De todas las denuncias por privación de libertad recibidas el año pasado, 1,544 se trataban de personas de entre los 18 y 50 años. De ellos, el 72 % está compuesto por hombres y el 28 % de mujeres.

Para que los cobros de los préstamos dejen de llegar a la casa de Nubia, los padres deberían presentar ante las cooperativas y los prestamistas una partida de defunción. Pero eso implica dos cosas: la primera, aceptar que su hija está muerta; la segunda, hacer este proceso legal toma –al menos– cinco años.

“Lo que proponemos es la creación de una legislación y un procedimiento especial que tenga una mayor celeridad”, explica Lissette Campos, la asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dicha organización trabaja sobre el tema de los desaparecidos alrededor del mundo y ha sido parte de la creación de otras leyes que protegen a las familias de estos en Latinoamérica.

En otros países latinos no es necesario declarar a una persona como muerta para proteger su patrimonio y el de sus familias. En Colombia se solicita que el Estado reconozca a dicha persona en calidad de ausente. La solicitud se puede hacer de inmediato tras la desaparición. Al ser declarada ausente, sus bienes –incluidos los que sacó a crédito– quedan protegidos y no pueden ser embargados. Además, si quien desapareció es trabajador estatal, los hijos tienen derecho a recibir el salario de su mamá o papá.

México cuenta con una ley similar. Tras la denuncia por desaparición, se debe esperar solo tres meses para iniciar el proceso de declaración de ausencia. Con esta, sus deberes económicos quedan en pausa y se fija un plazo para acceder a los bienes patrimoniales del desaparecido.
Esto sería vital para casos en los que la persona desaparecida en El Salvador tiene un crédito con el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Al no pagar, corre el riesgo de caer en mora y que la casa se pierda. Para evitar esto, recomienda el fondo, se debe seguir pagando la cuota del préstamo con normalidad. Esta es una tarea titánica para las familias en las que quien desaparece era el sostén del hogar. Solo hasta que el deudor ha sido declarado muerto legalmente, el proceso pasa a manos de una aseguradora que le paga al fondo el resto del monto de la casa. Estas acciones tardan, como mínimo, un lustro.

No hay mecanismos de respuesta ante las desapariciones, pero el problema es más profundo. No se conocen –siquiera– las dimensiones del fenómeno. Las instituciones estatales salvadoreñas que atienden casos de desaparecidos no tienen una cifra unificada. Tampoco se lleva un seguimiento de las denuncias que permita establecer si personas reportadas en paradero desconocido han sido encontradas vivas o muertas.

 

LOS MUERTOS PRESUNTOS

Antes de declarar muerto a un desaparecido se le pide –en tres ocasiones distintas– que se presente a un juzgado. La idea es que si el desaparecido lee que su familia lo está dando por muerto, se acerque a un juez y pruebe su existencia.

Así está regulado en el Código Civil salvadoreño. Si una familia quiere obtener un acta de defunción de su ser querido desaparecido, debe esperar cuatro años antes de acercarse a un juez civil. Así, el juez le hará un citatorio tres veces en el Diario Oficial. Si la persona no da señales, el juez valorará las pruebas de desaparición que la familia y los abogados le presenten. Las pruebas pueden ser desde cartas de hospitales que expresan que no hay nadie ingresado con ese nombre hasta certificaciones de Migración que dan fe de que la persona no se encuentra en el extranjero. Solo después de examinar las pruebas se realiza una declaratoria de muerte presunta.

El año pasado hubo 241 diarios oficiales. A pesar de que los desaparecidos son miles cada año, en 2018 se hicieron diligencias de solo 47 muertes presuntas. Además, no todas son recientes. En 14 casos las personas desaparecieron en el siglo pasado y recién se les reconoce como muertos legalmente.

“Mucha gente se mantiene en la etapa del shock del duelo por largo tiempo, porque anda con la esperanza de poderlo encontrar. Bajo esa lógica dejar de buscar al ser querido es traicionarlo o no hacer lo suficiente”, explica el psicólogo Rolando Mena, quien tiene experiencia tratando a familiares de víctimas de desaparición.

Además de la carga emocional que entra en juego para declarar a alguien como muerto, el proceso suele alejar gente porque es un trámite largo. También puede llegar a ser caro.

Los citatorios y las declaratorias que se publican en el Diario Oficial tienen un precio de acuerdo con la longitud del texto. El tarifario institucional de la Imprenta Nacional específica que un texto puede costar entre $14 y $180. A esto se le debe sumar el pago de un abogado que realice las diligencias.
Solo tras haber finalizado este proceso, que toma años, los beneficiarios de un desaparecido salvadoreño pueden tener derechos provisionales de patrimonio. En el caso de la ausencia de una madre, los hijos podrán tener “propiedad” sobre la casa, pero no podrán venderla. Para ello, necesitarían ser los dueños definitivos del inmueble. Y eso se logra hasta 20 años después de la desaparición.

“El sistema de plazos de estas diligencias viene desde 1860. Esto nunca se pensó para el abordaje de una situación como la que estamos viviendo hoy”, sostiene Samuel Lizama, presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con competencia civil.

Desde su oficina en Santa Tecla, el magistrado sostiene que, debido al alza en desapariciones, se necesita hacer modificaciones en la ley. “Esto debería de tener una reforma urgente. Adaptándolo a la realidad que viven las personas que tienen familiares que han desaparecido”, indica. Hasta ahora ningún diputado ha presentado una reforma de este tipo.

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LAS REFORMAS NUNCA PROPUESTAS
En la Asamblea Legislativa, el lugar donde se modifican y crean las leyes, poco se habla de los desaparecidos. Y si se hace, es sobre propuestas para mejorar la búsqueda de personas que podrían ser víctimas en el futuro. No se contempla cómo ayudar a las miles de familias que ya se encuentran incompletas.

Hay un diputado que asegura que en los próximos días presentará una iniciativa de ley. Osiris Luna, del partido GANA, sostiene que propondrá la Ley Nacional de Personas Desaparecidas. En teoría, su propuesta abarcaría la creación de una unidad especial dentro de la PNC para resolver las denuncias y regularía procedimientos y plazos.

Cuando a Luna se le consulta si su propuesta incluye reformas que protejan el patrimonio de los desaparecidos y agilicen los procesos de muerte presunta, el diputado asegura que no se lo ha planteado aún. “Lo he manejado de manera supletoria con el Código Civil, no he hecho ninguna modificación respecto a eso”, responde.

Y, en otro momento de la plática, acepta: “No se están viendo los temas que interesan para la población dentro de las comisiones. Este es el problema de la Asamblea Legislativa. Es por un desconocimiento del tema o… realmente no hay interés de estar legislando sobre esto”.

En enero de 2016, la diputada de ARENA Patty Valdivieso propuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a causa del crimen organizado y delincuencia común. Hasta ahora, el tema no ha sido puesto en agenda. Valdivieso también ha planteado la necesidad de un banco de ADN para buscar a las personas desaparecidas. Pero al hablar sobre cómo proteger el patrimonio de los desaparecidos y sus familias, la diputada reconoce que no se ha discutido nada aún.

En otras bancadas sucede lo mismo. Damián Alegría es uno de los diputados del FMLN que más se ha pronunciado sobre los desaparecidos. Pero se enfoca en los niños desaparecidos en el conflicto armado. “Para los (desaparecidos) de hoy hay instituciones que ya se encargan de eso. Está la Fiscalía, está la PNC, está el Ministerio de Seguridad. El problema es los desaparecidos en aquel momento del conflicto armado”, sostiene.

“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”.

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CUANDO EL ESPOSO NO VUELVE
“Puse la denuncia y yo me sentía tan mal. Lo demás no importaba para mí. Solo quería encontrarlo. El tiempo siguió pasando y las cuentas ahí estaban. Desde ese momento empezaron las llamadas del banco. Empezaron a cobrarme. Y ya empezaba yo a comentarles del caso. Y ellos me decían que necesitaban el pago lo más pronto posible”, relata Raquel.

Raquel se casó con William López el mismo día en que ella cumplió 26 años. Ahora tiene 32. Esta mañana platica desde un jardín. Es una enfermera sonriente, tiene la voz dulce, como si siempre le estuviera hablando a un paciente. Frente a una taza de café cuenta que conoció a William cuando los dos estaban pequeños. Sus mamás eran amigas y siempre se supieron el uno del otro. La conversación se vuelve amarga cuando recuerda cómo desde hace un año y dos meses la vida que construyó se desmoronó.

En febrero de 2018, William salió de casa para hacer un viaje en su carro. No regresó. Ni la policía ni la fiscalía han sabido explicar qué sucedió. Ni siquiera se ha logrado localizar el automóvil. Raquel colocó pronto la denuncia y acudió a medios de comunicación para encontrar a su esposo.
No son pocas las mujeres que se encuentran en la misma situación que Raquel. En los últimos tres años, la fiscalía ha recibido la denuncia de 3,507 hombres de 18 a 60 años que han sido registrados como víctimas del delito que sí existe, que es privación de libertad.

El matrimonio tenía un negocio y vivía en San Bartolo. Ahí William había pedido un crédito al Fondo Social para la Vivienda. Estaban pagando casa propia. Además, él había decidido hacer viajes en su carro. Para comprarlo, había pedido un préstamo a un banco. La familia era de cinco miembros. Al matrimonio se le unieron los tres hijos de William, que Raquel terminó criando como propios.

De William no se supo nada. Pero de los cobros, sí. Y no venían solo del banco. También venían de una comercial donde él compró un aparato de sonido para el carro y la cama. Raquel solo ha podido seguir pagando $20 de la cama, aunque los cobradores insisten en que pague el aparato de sonido que andaba el vehículo que William, se supone, manejaba, cuando desapareció.

William cancelaba $109 mensuales al Fondo Social para la Vivienda por su casa en San Bartolo. Raquel no quiere que la vivienda que empezaron a pagar en 2013 se pierda, pero tampoco logra juntar los más de $100 cada mes. De acuerdo con el fondo, ya tiene una mora de más de $800, porque no ha pagado desde agosto de 2018. Ella asegura que pidió que le bajen la mensualidad, pero la única persona que puede solicitar revisión de su cuota es la persona que adquirió el crédito. Y de él no se sabe si vive o ha muerto.

Ahora Raquel no vive en esa casa. Regresó con sus padres a vivir en el campo. Planea ponerse al día pronto porque quiere que los hijos de William la hereden. Ahora ya no vive con los niños que crió durante seis años. Al desaparecer William, los tres niños fueron separados. Uno vive ahora con su abuela paterna, otro con la materna y otro con su madre biológica. Raquel no llora al hablar de William, pero se le quiebra la voz cuando recuerda a sus hijos de crianza. No queda nada parecido a las fotos que ella muestra en su celular. Ya no existe esa familia de cinco que sonríe a la cámara.

Pronto cumplirá 33. Le da tristeza, dice. Y también cumplirá siete años de casada con un hombre que no sabe si volverá a ver. No es viuda, pero tampoco esposa. Y este país no tiene un nombre ni para ella, ni para las demás personas en esta situación.

Como Nubia y como William, solo en 2018, 2,682 personas dejaron de dar señales de vida. La forma en la que las familias de estas personas han enfrentado las consecuencias no tiene eco en las instituciones salvadoreñas. No existe.

Ilustración de Moris Aldana

La soledad de la búsqueda

Desaparecidos en El Salvador

«Cómo quisiera uno ayudarle. Aquí su sufrimiento es solo una parte. En el cielo usted no va a sufrir mucho», le dice una mujer con delantal en la cintura a Elizabeth. Ellas platican una mañana de miércoles dentro de la iglesia de San Rafael Cedros, un municipio de Cuscatlán.

Elizabeth es ama de casa y comerciante. Desde que tenía dos años ha vivido en este pueblo; y desde hace 13, es la compañera de vida de Nelson Ortiz. La pareja, aunque ha querido, no tiene hijos. La mujer del delantal –una vendedora– sigue hablando y le pregunta si se ha averiguado algo más de Nelson. «Nada», responde Elizabeth y su interlocutora la mira con compasión.

Frente a ellas, otra mujer reza hincada frente a una imagen del Divino Niño, vestido de rosado. «Dios me la ayude», le dice la mujer y sale de la iglesia. Elizabeth guarda silencio y se contiene. Durante las últimas semanas nadie ha podido encontrar a su pareja.

Nelson es empleado desde hace casi dos décadas de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una sociedad subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Desde hace un mes, Nelson no se presenta a su trabajo. La única información que se tiene de él es que el 26 de diciembre de 2018 salió de turno a la medianoche. A la mañana siguiente, Elizabeth lo esperaba con el desayuno en casa, pero él no regresó. Desapareció.

Desde entonces, Nelson forma parte de los 2,682 reportes de personas privadas de su libertad durante 2018. Su caso no está definido como desaparición. Esa categoría legalmente solo está reservada para aquellos a quienes los desaparecen policías, militares u otras fuerzas del Estado.

El concepto de «privación de libertad» puede llegar a utilizarse como un término sombrilla. Por ejemplo, si una persona es encerrada en un sitio a la fuerza por alguien de su confianza y logra salir, puede llegar a la policía y poner una denuncia. Esta acusación estará tipificada bajo el mismo delito que el de los desaparecidos que llevan meses o años sin aparecer. Así, El Salvador aún no cuenta con una cifra fidedigna que permita establecer cuántas personas desaparecen. Tampoco se tiene un registro de cuántas son encontradas.

Elizabeth afirma que ella misma perdió su vida hace un mes. Se la pasa pegada a un teléfono que contesta de inmediato cada vez que suena. Sigue esperando una llamada, alguna pista. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, «la persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación». Para Elizabeth, la tortura psicológica es ver todos los días una pared que su esposo dejó a medio pintar.

Ilustración de Moris Aldana

LA DESAPARICIÓN

Veintiún días después de que Nelson ha desaparecido, Elizabeth toma unas sillas de plástico de la iglesia y las coloca a un lado del templo. Desde ahí y con un volumen muy suave, comienza a contar cómo fueron los días previos a la desaparición de su compañero de vida.

«Tengo tantos recuerdos», dice y empieza a enumerar: el domingo 23 pasearon en Ataco y el 24 fueron a un almuerzo en San Salvador. La cena de Nochebuena no la pudieron pasar juntos porque Nelson debía trabajar el turno de la noche, pero Elizabeth le guardó recalentado para el día siguiente. A la mañana del 25, él volvió a casa y Elizabeth le sirvió el desayuno: frijoles, plátanos, huevo y crema.

Ese día platicaron sobre la pintura. A ella una mancha en la pared le recuerda los planes que tenían para la casa en la que ahora se ha quedado sola; antes de que terminara el año, pintarían su hogar. «Teníamos un rodillo, habíamos comprado cubetas de pintura y me dijo: ‘Mañana voy a comprar una brocha’. Y ahí quedó pintada solo una parte de la pared», cuenta la mujer. La cara se le descompone y comienza a llorar.

Ese 25 de diciembre fue el último día que Elizabeth vio a su pareja. Después del almuerzo, le preparó la cena para que se la llevara y él salió a las 3:20 de su casa. Desde entonces, ni la Fiscalía, ni Medicina Legal, ni la Policía han podido ayudarle a reencontrarse con él.

El turno de Nelson comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche. Por seguridad –explica la mujer– los trabajadores se quedan dentro de la institución durante la madrugada. La sede de San Rafael Cedros de ETESAL se encuentra cerca del centro del pueblo, pero no está en una calle principal amplia. Para llegar al portón, hay que atravesar una calle rodeada de maleza. Gente de la zona afirma que es un lugar frecuentado por pandillas.

Nelson no volvió. Elizabeth lo esperaba esa mañana del 26 de diciembre. Al notar la tardanza, le llamó. No le contestó, pero ella dice que en esa primera llamada asumió que había sucedido alguna emergencia en el trabajo y que por eso no le contestaba. A lo largo del día siguió insistiendo. A eso de las 5 de la tarde, el celular de Nelson ya sonaba apagado. Ella buscó a un amigo que la llevó en una moto hasta ETESAL. Ahí le dijeron que Nelson salió a medianoche, justo al finalizar su turno.

—Todo estaba bien, por eso no entiendo yo qué ha pasado. Me hago una y mil preguntas. ¿Qué pasó? –exclama la mujer.

En ETESAL, nadie da, de forma oficial, razón del paradero de Ortiz. La institución decidió no corroborar los datos que brinda la pareja del desaparecido. La encargada de Comunicaciones, Estela Valle, expresó –desde su oficina en Santa Tecla– que sí han estado pendientes de la desaparición de uno de sus trabajadores y que sí han tomado acciones de búsqueda.

Al ser cuestionada sobre qué acciones han realizado, dijo que no puede revelarlas, pues solo el gerente está autorizado para dar declaraciones. Desde el 16 de enero, Valle no volvió a contestar su teléfono ni las solicitudes de entrevista. Hasta la fecha, a pesar de que ya pasó un mes desde que Nelson fue visto por última vez en sus instalaciones, ETESAL no se ha pronunciado en público sobre la desaparición de su empleado.

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Este lineamiento forma parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU).

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LA DENUNCIA

«El Estado no tiene forma de atender el problema de los desaparecidos. Por cada familia, es una tragedia de proporciones indecibles», dice Pedro Cruz, sin rodeos. Él es el director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y también fue aspirante a fiscal general en 2015.

Cruz trabaja con familiares de personas desaparecidas. En su labor ha podido corroborar que, cuando alguien quiere informar ante las autoridades la desaparición de su ser querido, ni siquiera hay un criterio unificado de cuánto se debe esperar para que la Policía acceda a tomar la denuncia. «A veces 24 horas, a veces 48, a veces 72. Ni siquiera ellos tenían claro cuánto debían esperar».

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Ese lineamiento es parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). De ejecutarse con efectividad, el protocolo activaría de inmediato al personal fiscal y policial para encontrar a las personas antes de que sufran tortura, violaciones o se conviertan en víctimas de homicidio.

En la práctica poca gente tiene conocimiento de este protocolo. Nelson desapareció 15 días después de la presentación del PAU y, a pesar de la angustia que sentía desde tempranas horas del día, Elizabeth esperó las 24 horas que creía necesarias para denunciar. Solo hasta las 0:51 horas del 27 de enero declaró en una delegación del Centro Histórico de San Salvador. Un mes después no conoce avances en la investigación.

«Elizabeth (…) manifiesta ser compañera de vida de Nelson Ortiz, de 41 años de edad, quien ha desaparecido desde el día 26-12-2018 a las 00:10 horas», se puede leer en el acta de la denuncia. El delito que en ese papel se identifica es «privación de libertad». En el Código Penal sí existe la desaparición forzada como crimen, pero ese solo aplica cuando lo cometen fuerzas del Estado como la Policía o el Ejército. En el caso de Nelson no se tiene indicios de que haya sucedido así.

Ilustración de Moris Aldana

La desaparición de personas no es una realidad nueva en el contexto salvadoreño. Lo único que cambió fue el victimario. En las décadas previas a la guerra y durante el conflicto armado, la mayoría de desapariciones ocurrían por abusos de poder legitimados por el Estado; y el Código Penal aún refleja esa realidad. Lo que no está recogido en la legislación salvadoreña actual es que ahora los victimarios son parte de otras estructuras criminales.

«Hay un debate que se está empezando a formular. En algunos países tienen el delito de desaparición por parte de particulares y aquí, a escala de El Salvador, no lo tenemos resuelto», opina Arnau Baulenas, el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

El protocolo que se firmó 15 días antes de que Nelson desapareciera debía suponer un cambio de paradigma en la búsqueda de los desaparecidos. Pero eso aún no pasa. En las oficinas regionales aún no es conocido ni aplicado en totalidad. «El reto es la socialización del protocolo a todo el personal operativo de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH a escala nacional», reconoce la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Y el reto del que la funcionaria habla permanece grande. Las respuestas que se reciben de las autoridades distan de lo escrito en el papel. Dos semanas después de haberse lanzado el nuevo protocolo, Omar Moreno, de 26 años, desapareció. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas en Santa Ana, y nadie lo encuentra desde el 23 de diciembre de 2018. Su madre reclama que cuando ella pidió información del caso de su hijo, las autoridades le pidieron paciencia, que la investigación, tal vez, avanzaría más rápido cuando terminaran todas las fiestas de fin de año.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA BÚSQUEDA

«Yo estoy destrozada. Ya no sé qué más hacer», confiesa Elizabeth. Por buscar a Nelson se está quedando sin ahorros. Usualmente ella se encontraría vendiendo cereales para tener ingresos, pero después de un mes de dedicarse solo a la búsqueda por diferentes departamentos, el dinero se está acabando.

Antes de que Nelson desapareciera, Ana Elizabeth dice que no conocía ninguna sede del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador. Ahora ya ha ido a tres sedes distintas en más de una ocasión para averiguar si han encontrado algún cadáver que coincida con las características de su pareja. A veces va en bus, a veces va acompañada de otra gente de su iglesia, cuenta. «Lo único que uno va pensando es en encontrarlo», reflexiona. Luego asegura que en las sedes de Medicina Legal no ha visto fallecidos, sino que le muestran fotos de cadáveres.

Se pidió una entrevista en el Instituto de Medicina Legal para conocer cuál es el proceso que se realiza con un familiar que busca a su ser querido entre cadáveres. El IML no aceptó.

Mientras habla, Elizabeth mantiene en sus manos una bolsa llena de fotos de Nelson. En el retrato aparece con la barba canosa, una camisa fucsia y el ceño fruncido. Es una de sus fotos más recientes. Ella dice que se va a dedicar a repartirlas más tarde. «¡Ay!, ¡cómo ando la cabeza!», se reprocha. Antes de imprimir las fotos olvidó escribir la leyenda «se busca». Explica que le va a escribir la frase a mano y más tarde irá a pegar las fotos en los lugares donde es posible que alguien lo reconozca.

«De ETESAL jamás me han llamado», se queja Elizabeth. Ella ha llegado a barajear entre las posibilidades que a Nelson le haya sucedido algo dentro de su trabajo, pero rápidamente desecha la idea. Sostiene que no le parece lógico porque, de ser así, «ahí estaría el cadáver».

Alrededor de esta desaparición solo hay silencio. En la Policía se intentó averiguar si ya se tenían posibles sospechosos del caso, pero los oficiales de turno de la delegación centro de San Salvador se negaron a emitir algún comentario. También se buscó entrevistar a la subinspectora a cargo de la delegación donde se presentó la denuncia, pero tampoco se obtuvo respuesta favorable.

En la empresa tampoco dan razón del empleado. En una mañana de mediados de enero, dos vigilantes con uniforme verde y armas largas cuidan el portón celeste que da entrada a ETESAL de San Rafael Cedros. Aquí es el último lugar donde se vio en público a Nelson. Uno de los vigilantes dice que adentro están los compañeros del trabajador y que les preguntará si tienen tiempo de platicar.

Después de un par de minutos, el vigilante vuelve al portón con un mensaje: «Les han prohibido hablar». Dice que los únicos autorizados para hablar sobre la desaparición son sus jefes que se encuentran en Santa Tecla. El vigilante solo se limita a contar que Nelson es un hombre tranquilo y que sí salió de su lugar de trabajo aquella madrugada del 26 de diciembre.

Por ahora no se conoce ninguna captura relacionada al caso. «Me han asignado a un investigador. El investigador solo me dice que tenga paciencia; que hasta ahorita, nada», señala Elizabeth. A veces, una desaparición causa alarma social; la de Nelson no es una de esas. Lo único que hay al respecto es un tuit en una cuenta de alertas donde se dice que se le busca.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA ESPERA QUE PIDEN LAS AUTORIDADES

Una mujer corre en la tierra con páginas en las manos. En las hojas de papel bond están impresas fotos de hombres acompañadas por la leyenda «se busca». La mujer sigue corriendo y preguntando a quienes tiene enfrente si han visto a su hijo. Escarba la tierra con las manos y llora. Encuentra unos retazos de tela y busca, al menos, los huesos de su hijo. No lo encuentra y grita con la voz desgarrada: «¡Aquí no está!»

La mujer es una actriz de teatro, Alejandra Nolasco, quien durante 2018 presentó la obra «Los ausentes». No es raro que su público llore. La obra está basada en la historia de Milagro, una mujer salvadoreña cuyo hijo fue desaparecido en la vida real. La actriz interpreta algunas noches en el escenario esa espera llena de angustia que cientos de familiares viven todos los días.

Esperar de manera pasiva no es una opción para los familiares de desaparecidos consultados en este reportaje. No, si quieren recuperar a sus seres queridos, vivos o muertos. Y es más difícil tener paciencia cuando –por lo lento que avanzan las investigaciones– intuyen que no se están haciendo búsquedas de la manera más efectiva.

Y esto no es ningún secreto. Incluso se reconoce dentro del Estado: (En algunas ocasiones) «No se hace una investigación o búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y la determinación de los presuntos responsables no es efectiva. Por lo tanto, los casos no llegan a judicializarse«. Así lo afirma la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Quienes buscan a sus familiares se ven en la obligación de presionar e insistir a las autoridades para que realicen el trabajo que, por ley, les corresponde hacer. Y para ello, espacios como el IDHUCA brindan cierto apoyo: «Una vez tenemos ya la información, lo único que podemos hacer –porque no tenemos ya la capacidad de ayudar propiamente en la búsqueda– es asesorar para que se ponga la denuncia o incluso para que ellos intenten presionar a las instituciones encargadas de la investigación», explica Arnau Baulenas.

El familiar en lugar de procesar su dolor de manera tranquila se ve obligado a tomar un rol activo dentro de la búsqueda, si quiere ver resultados. La confianza en el sistema está minada. La madre de Omar Moreno –el estudiante santaneco de Ingeniería– lo ejemplifica mejor: » Yo sola ando buscando, porque la policía, nada. A veces me hablan, pero no me han dado número del investigador. Lo salgo a buscar a todos lados. Voy a la morgue todos los días».

La mamá de Omar dice que aún espera encontrar a su hijo con vida; pero, a diario, lo tiene que buscar entre cadáveres. El año pasado, la actriz de teatro de «Los ausentes» lanzó una pregunta: «La esperanza, a veces, es encontrar un cuerpo, un cráneo. ¿Cuándo nos convertimos en un país en el que la esperanza es eso?»

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LO EXCEPCIONAL: CAPTURAS

Una veintena de futbolistas jóvenes corren por la cancha del estadio Ana Mercedes Campos en Sonsonate. Sudan, se esfuerzan y se enorgullecen con sonrisas pequeñas cuando hacen lo que debían hacer con la pelota. Omar Pimentel los observa frente a la cancha. Él es el preparador físico del equipo. Les exige que trabajen mejor y les da consejos a los jugadores. Al finalizar el entreno, se sienta en los graderíos del estadio: «Uno trata de llevar las cosas de la mejor manera, pero quiérase o no, es imposible», dice serio. Este martes se cumplen seis días desde que cinco miembros de su familia desaparecieron.

La noche del miércoles 16 de enero había sido buena para el preparador físico, mejor conocido como «el profe Pimentel«. Había partido y su equipo le anotó cinco goles a sus adversarios de Santa Isabel Ishuatán. El juego se realizó en el estadio de Sonsonate y varias decenas de personas llegaron a apoyarlos. Había gente de todas las edades, ventas de comida y bebidas. Entre la afición estaba su núcleo familiar.

El entrenador vive en Sonzacate junto a su hijo mayor, quien también es parte del club deportivo. Ahí, el equipo les brinda casa. El resto de su familia, en cambio, vive en Chalchuapa. Su esposa, Rosa de Pimentel; su suegra, Silvia Jaco; su hijo, Marcos, de 12 años; su cuñado, Carlos Jaco; y la novia de este último, Tania Monterrosa, fueron a apoyarlo el miércoles pasado.

El partido terminó y la familia se dirigió de vuelta a Chalchuapa. A la altura de la zona conocida como Los Naranjos se les pinchó una llanta y desde entonces, desaparecieron. El equipo de fútbol compartió esta información en su página de Facebook y más de mil personas lo compartieron con sus contactos. Así, los medios de comunicación se enteraron del caso.

Dos días después de que la noticia se hizo pública, la PNC presentó a cuatro personas capturadas. Entonces se dijo que los detenidos son pandilleros de la zona, pero no se explicó cuál es su relación directa con la desaparición de la familia. El preparador físico agradece la respuesta inmediata: «Me ha constado que la policía se mantiene presente en la zona».

La pronta acción de los policías en algunas denuncias resulta un trago agridulce para familiares de otros desaparecidos. Se alegran de que a una persona que atraviesa por lo mismo se le ayude. Por otro lado, se entristecen de que en su caso no haya sucedido así. Claudia Espinoza bien lo sabe. Ella es periodista y conoce cómo funciona el sistema de justicia y sus procesos legales. Su hermano, William López, se dedicaba a realizar viajes privados y desapareció hace casi un año. El caso recibió alguna atención mediática, pero hasta la fecha la investigación no ha dado mayor fruto. «Nos sentimos solas con mi cuñada, quieren que uno resuelva su caso», se queja.

Pimentel reconoce la repercusión que el caso de su familia ha tenido. Pero también sabe cómo suceden las cosas en un país donde difícilmente se investigan los hechos de este tipo: «Cuando el tiempo avanza y no hay algo que identifique, quiérase o no, las investigaciones se paran porque ya no hay cómo seguir y ese es mi mayor temor. Que paren y que esto se quede así».

El de la familia es un caso excepcional por el tiempo récord en que se identificaron posibles sospechosos y se realizaron capturas. Sin embargo, es similar al resto de historias en una cosa: las autoridades no pudieron ubicar a los familiares en la primera semana de su desaparición. Esta mañana de martes, una corriente de aire frío llega a las gradas del estadio en Sonsonate y Pimentel se inquieta. Dice que le preocupan estos vientos, que su hijo puede estar pasando frío.

“Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado”.

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LA IMPUNIDAD

«Yo siento morirme. No sé ya dónde buscarlo», dice Elizabeth, desde San Rafael Cedros, mientras piensa en Nelson. En general, los familiares de los desaparecidos se encuentran desamparados. La justicia difícilmente llega para este tipo de delitos. Y David, Morales, el director de litigio estratégico de la organización Cristosal, considera que esta impunidad ha sido heredada.

Morales, quien fue procurador de Derechos Humanos, hace un paralelismo con las desapariciones que se experimentan actualmente y las que ocurrieron durante la guerra civil. Explica que, aunque las razones de origen de estos casos son distintas, la respuesta –ausente– del Estado es un punto de coincidencia.

«Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado», opina.

Morales infiere cierto desdén estatal a la hora de buscar justicia y resarcimiento para estas situaciones: «Es cierto que los recursos son limitados, pero son muchos años sufriendo violencia delictiva sin que se hayan visto esfuerzos más serios. Eso lo que denota es una indiferencia para con las víctimas».

Cuando alguien no aparece tras los primeros días de su desaparición, existe una alta posibilidad de que su paradero se mantenga desconocido. Esto es lo que le dice la experiencia al abogado Pedro Cruz. Él labora en una asociación de derechos humanos donde desde 2015 se acompañan denuncias de personas desaparecidas.

De 61 casos con los que han trabajado, solo en dos ocasiones se han podido localizar los cadáveres de las víctimas. En términos penales, el panorama es peor. Durante estos últimos cuatro años, decenas de familiares han llegado a su oficina pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos y alcanzar justicia. Pero de esas 61 denuncias solo se ha logrado condena en una. Para él está claro: «En general, las desapariciones no están resueltas».

Ilustración de Moris Aldana

Carta Editorial

El último domingo de cada mes haremos una publicación que abone en la comprensión de las desapariciones en El Salvador. Esta es la primera y trata sobre la soledad.

¿Qué pasa cuando alguien no llega a su destino, no contesta el teléfono, nadie da razón de qué hizo? ¿A quién se acude en esas primeras horas de angustia? ¿En qué momento hay que denunciar? ¿Adónde? ¿Y si pasa una semana?, ¿un mes?, ¿y después?

En 2018, la Fiscalía General de la República registró más de 2,600 privaciones de libertad. Este dato no es preciso, ya que en el país solo se contempla como delito la desaparición cuando es forzada por cuerpos de seguridad, como la Policía o el Ejército. Que todas las demás desapariciones se califiquen como privaciones de libertad deja a las familias en un limbo en el que no se tiene claro ni siquiera a partir de qué momento es que se va a activar el mecanismo estatal para hacer una investigación.

El Código Penal arrastra desde el tiempo de la guerra civil esta categorización que desconoce un problema que va en aumento. Este es un fenómeno que no tiene como víctima solo a las personas de las que no se sabe el paradero, también afecta de manera irreparable a quienes se quedan esperando un regreso, una noticia, un cadáver, para, al menos, ponerle de nombre “luto” a todo el dolor prolongado.

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla. Pese a que ya ha sido avalado un protocolo interinstitucional para recibir de mejor manera estos casos, el camino para llegar a darles un acompañamiento integral es largo.

El último domingo de cada mes, estas páginas van a estar a disposición de quienes necesiten contar y hacer visible su lucha, su búsqueda, su soledad. Para asimilarlas, tenemos que ponernos frente a estas ausencias. Faltan personas y falta, también, un país que las busque.