En El Salvador existe un banco de perfiles genéticos. Pero solo en papel. Los diputados de la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior firmaron, en abril de 2019, una reforma que aprobó la creación de este instituto que podría ayudar a localizar personas desaparecidas por medio de pruebas de ADN. Los diputados, sin embargo, ignoraron que crear este registro implica inyección de presupuesto al Instituto de Medicina Legal, protocolos para la atención, un software especializado para almacenar numerosas muestras de ADN y un equipo salvadoreño en Antropología Forense. A tres meses de su vigencia, el proyecto sigue siendo un enigma que los parlamentarios no saben explicar.

Un equipo salvadoreño de Antropología Forense de papel

Un reportaje de Wendy Hernández

Fotografías de / Ilustraciones de Moris Aldana

Ilustración de Moris Aldana

Yaneth sintió que su propia casa se convirtió en una morgue; y su habitación, en una cámara de almacenamiento de restos. Su computadora estaba llena de imágenes de cuerpos sin tejidos, osamentas, partes de vértebras, fémures, dientes, cráneos, cadáveres con rasgos faciales irreconocibles y textos que advertían que, luego de 10 días, las personas muertas comienzan a oler a carne podrida. Bastó una mañana y una búsqueda en internet para que ella se sintiera una especialista en el proceso de descomposición de un cuerpo.

Esa búsqueda la llenó de insumos, la sacó de dudas. Sobre todo, porque, de encontrar a Kevin, luego de 57 días perdido, esta sería la escena a la que se enfrentaría. Pensaba que su camisa naranja, el pantalón y las zapatillas negras que usaba el 3 de junio, cuando desapareció, ya no le servirían para identificarlo. Así que llegó a la conclusión de que solo una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) le ayudaría.

Yaneth lo busca entre los muertos; entre las alertas de redes sociales que reportan cuerpos tirados en la carretera, en predios; entre las morgues de hospitales; entre las bodegas del Instituto de Medicina Legal (IML), y en terrenos baldíos que, aparte de vegetación, hospedan restos y funcionan como cementerios clandestinos.

A la petición de pruebas de Yaneth, el Estado, de momento, no puede darle una respuesta. Primero, porque el IML solo recoge muestras genéticas por la solicitud de un juez o un fiscal para la investigación de un caso específico; y, segundo, porque el país no cuenta con un banco nacional de perfiles genéticos. O bueno, sí, sí lo tiene.

El 29 de abril, la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior realizó una reforma en la Ley Especial para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y su familia que, entre sus cambios, propone la institucionalización de un banco de perfiles genéticos para la identificación de los desaparecidos a cargo del IML. Esto en su artículo 30, inciso A. El banco que necesita Yaneth para aumentar la posibilidad de encontrar a su sobrino existe, pero solo en papel.

Este banco de perfiles genéticos, de funcionar en este momento, serviría como un espacio para obtener, almacenar y analizar pruebas de ADN (sangre o saliva) de un familiar que busca y de los cuerpos u osamentas que se encuentran. Cada muestra podría ser conservada en un registro digital que, en el caso de encontrar coincidencias de parentesco, alertaría sobre la identificación de un desaparecido.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que, solo en julio, ha recibido más de 190 denuncias de personas desaparecidas. Pero este número no es un reflejo confiable del problema. Muchas personas no denuncian por temor a represalias. En este país, el banco de datos podría ofrecer la posibilidad de contar con un registro único para sistematizar los casos sin, necesariamente, enfrentar un proceso de denuncia. Podría acelerar el amargo consuelo para los familiares de desaparecidos: hallar los restos.

Los lunes

«Vivo o muerto», «vivo o muerto» se repite Yaneth cada que amenace y busca a su sobrino. En una tarde de julio, cuenta que en los últimos días se ha dedicado como una criminalista a escarbar, a mirar a personas que ya no parecen personas dentro de las morgues, y a ponerle, momentáneamente, el nombre de Kevin a cada ‘no identificado’.

Su madre también lo hace. Cada lunes, desde que Kevin no está, Elena llega a la sede del Instituto de Medicina Legal que está en el Centro de Gobierno de San Salvador. Cerca de las 8:30 de la mañana, sin falta, ella hace la misma pregunta: «¿Ha aparecido alguien con características de Kevin?» La respuesta sigue siendo la misma: «No».

En esos lunes, Yaneth narra que su madre recibe más regaños que información. La última vez, alguien en la Oficina de Personas Desaparecidas del IML le pidió «no llegar tanto», y, hasta después, le notificaron «que no había aparecido ningún joven como Kevin».

Entre aquellos lunes, mientras Estela estaba en la sede de Medicina Legal, los diputados, a unos cuantos metros, manoseaban leyes en el Palacio Legislativo. Entre las que tocaron por ese tiempo estuvo la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia.

Ese 29 de abril de 2019, la ley se modificó en los artículos: 1, 2, 4, 10, 12, 27 y 30. Los diputados que firmaron los ajusten fueron: Karina Sosa, Marcela Villatoro, Numan Salgado, Reynaldo López Cardoza, José Luis Urías, Juan Manuel Cornejo, José Édgar Batarse y Alberto Romero.

José Luis Urías, del PCN, votó por la reforma, pero no la recuerda. Este día de julio está sentado en su silla, detrás de una ventanilla. Al ser cuestionado sobre el respaldo que dio a las modificaciones hace apenas un par de meses, el diputado envía a su representante de comunicaciones a buscar detalles para responder a la entrevista.

Minutos después, Urías declara por medio de su vocera que «no conoce la reforma y que, quien manejaba esa información era Reynaldo López Cardoza», su compañero de fracción dentro de la comisión.

Esta ley en realidad fue creada el 17 de marzo de 2011. Los diputados de ese entonces se pusieron de acuerdo para aprobar un instrumento que permitiera crear respuestas a las crecientes demandas de las familias de los migrantes. Y así nació con 44 artículos. El espíritu de la ley consistió en establecer programas de asistencia y protección humanitaria, un fondo especial de repatriaciones y el retorno de heridos, asistencia legal, educación y servicios en salud para la persona migrante y su familia. Con las reformas de este año se buscó que este instrumento incluyera también elementos que ampliaran su terreno de acción. Así, el banco genético no se limita a migrantes desaparecidos, sino que incluye a toda persona desaparecida.

Casi al final del documento de seis páginas en donde se hacen constar las reformas hechas en abril, están detallados los nombres de los 12 diputados que, en teoría, discutieron estas modificaciones. Entre ellos está el de Leonardo Bonilla, el diputado independiente.

Junto a su nombre, no hay firma. Y a dos meses y un poco más de aquello, tampoco recuerda qué pasó. «Desconozco la reforma», responde, y pide «un momento para hacer memoria». Sin poder lograrlo, sugiere que es mejor que se le dé el detalle a través de un mensaje de WhatsApp.

«Si es que fue en abril, como usted lo dice, ya han pasado tres meses. Escríbame y déjeme recordar». El diputado no apoyó la reforma del 29 de abril; pero, en julio, no sabe decir por qué.

Es 15 de julio, lunes. Karina Sosa diputada del FMLN, se dirige a los medios en el lobby de la Asamblea Legislativa. Se pronuncia ante la crisis de salvadoreños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, y exige que el gobierno entrante emita una postura ante las violaciones de los derechos humanos de la administración del presidente Donald Trump. La euforia en su discurso le dura 5 minutos. Luego, corre directo al elevador que la lleva a la reunión de la comisión de relaciones exteriores.

En el ascensor, Sosa explica que la reforma a la ley especial migrante se da en un contexto en donde los derechos humanos de la niñez son violados. «La reforma lo que buscó, concretamente, era incluir a la niñez migrante dentro de su contenido, y así brindarle la protección hacia su camino a Estados Unidos».

Antes de bajar, dice de manera apresurada que el banco de datos de perfiles genéticos «era clave para que las familias pudieran identificar con mayor precisión a quiénes… cuando anuncian que han encontrado a su familiar o estar seguro de que es la persona que decían», y sin aclarar su mensaje, la diputada se marcha.

Cuarenta minutos más tarde, con tres comunicadores que graban su llegada a la comisión, Milena Mayorga, de ARENA, se detiene y se justifica. Cuenta que, el día en que se reformó la ley especial, ella se encontraba fuera del país. Pero asegura que «estaba a favor» de las modificaciones en favor de la niñez. Dice que, en otra entrevista, previamente programada, daría declaraciones sobre el banco de perfiles genéticos.

Las diputadas hacen alusión a una de las principales reformas, específicamente, a la del artículo 2 literal E: «El Estado prestará primordial atención a las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo físico, psicológico, moral y social para la garantía de sus derechos».

Es julio, los noticieros, los periódicos y las redes sociales se llenan de noticias sobre familiares que buscan información acerca del anuncio de que la FGR propone crear una la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas y sobre los hallazgos de dos cementerios clandestinos.

A pesar de toda esta información, los diputados de la comisión de relaciones exteriores parecen alejados de toda coyuntura. Reiteran que no recuerdan nada de una pieza clave en la investigación, como un registro nacional genético.

“Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí”, cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

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UNA CAJA VACÍA

Sin hallazgos, sumergida en angustia y perseguida por imágenes de cuerpos en descomposición, Yaneth busca paz. Así que prepara un funeral sin los restos de Kevin.

La familia se viste de blanco, acompaña el trayecto del carro fúnebre, y realiza una ceremonia. La familia lo llora y lo entierra en una caja vacía, a la que le acompañan un par de rosas, una fotografía y una placa: Kevin Antonio Meléndez Granados (1999-2019).

«Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí», cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

Para montar el banco, el IML necesita un software adecuado para el registro de las muestras, los protocolos de atención, un equipo salvadoreño de antropólogos forenses, de más genetistas, de la especialización de peritos y de la implementación de carreras universitarias enfocadas al estudio forense.

A pesar de la falta de recursos, Doris Luz Galindo, presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del consejo directivo del Instituto de Medicina Legal, asegura que el IML puede asumir la responsabilidad de un registro genético. Y acepta que el presupuesto aún es un factor que deben resolver.

«El IML junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores inyectarán una parte de los fondos, y lo demás se gestionará con la cooperación internacional. Aún no se sabe cuánto y cómo, pero en los próximos días se tendrán que sostener pláticas con el nuevo gobierno para saber cómo se le dará continuidad a este proyecto», explica Galindo.

Sobre qué terreno pisar en la búsqueda de un familiar, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), sabe. Lo ha prendido con el paso de los años, 18 para ser exactos, desde que su hermano migró y ya no apareció.

El tiempo a Luis lo ha convertido en vocero de familiares migrantes que reclaman más protagonismo de parte del Estado para responder a las denuncias. Quién más que una persona que ha buscado por más de una década, para conocer sobre los atropellos que cometen las instituciones al tratar con las víctimas.

Ilustración de Moris Aldana

López cree necesario que dentro del banco nacional de perfiles genéticos se incluya a los familiares de las víctimas.

«El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello», concluye Luis.

Si se habla de desenterrar, decir qué pasó y hacer que los huesos recuperen su identidad, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es un referente. Desde 1984, los antropólogos se han encargado de buscar a los desaparecidos de la dictadura argentina; y de darle nombre a los restos exhumados de la masacre de El Mozote.

Así que, cuando el EAAF fundó en 2010 el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador pensó en los detalles de los que habló Luis. Incluyó a COFAMIDE e integró a instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

También pensó en protocolos de atención, en la toma de la prueba, en la notificación adecuada, en el acompañamiento de los casos, en la atención psicológica, en brindar un informe técnico detallado sobre la prueba científica y lo qué pasó con la víctima.

La experiencia de trabajar con el EAAF, según Beatriz Campos (procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH), les dio insumos para recomendar a los diputados que era necesario un equipo de transición con expertos forenses.

«Vemos positivo que el Estado asuma su rol en la búsqueda de desaparecidos. Pero tenemos temor de que el IML no tenga los estándares necesarios para asumir el registro nacional de perfiles genéticos», dice Campos.

Y hace hincapié en el uso de la terminología, entre llamarlo un banco ‘genético’ y no ‘forense’. En la primera definición, Campos señala que la visión es muy reducida porque solo se enfoca en la toma de las muestras. Mientras que, la segunda, se basa en la atención integral para los familiares de las víctimas.

«Sin la debida transición, es muy aventurado que el IML asuma el banco. La atención a las víctimas y los familiares es lo primordial. Debido a esto, la PDDH ha solicitado una reunión con la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa. Pero hasta el momento no nos han respondido», explica Campos.

La transición de Yaneth y su familia ante la desaparición de Kevin, a los 20 años, es un proceso arbitrario. Han hecho un funeral, pero el luto no está completo. «Vivo o muerto, como sea, pero lo quiero encontrar», repite.

“El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello”, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE).

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UN DIPLOMA

En esta mañana de un miércoles de julio, Yaneth se encuentra en un hotel de San Salvador. Un total de 160 jóvenes están graduándose como asesores de venta, diseñadores gráficos y cocineros. Entre el listado de los graduados aparece Kevin, pero él no está.

En esta ceremonia solo está su tía. Ella recibirá el título en ausencia de Kevin. En medio de risas, fotografías, jóvenes eufóricos, padres y madres orgullosos de ver a sus hijos graduarse está Yaneth, en la primera fila, junto a una silla vacía.

En las palabras de bienvenida se recuerda a Kevin. Llaman a un minuto de aplausos en honor del joven, luego le piden a Yaneth que suba al escenario. «Reciba el título de Kevin como técnico en asesor de ventas», le dice el maestro de ceremonia.

Al bajar, Yaneth se acomoda nuevamente en su silla, observa el diploma y le toma una fotografía, la comparte con su familia y chequea sus redes sociales. Entre las publicaciones que revisa se encuentra con un tuit del fiscal general, Raúl Melara, que dice «cada persona cuenta».

«Me pregunto si, en verdad, este fiscal creará una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas. Nosotros estuvimos pendientes de la información que dio la fiscalía sobre la fosa clandestina que se encontró en Ilopango, en Vista al Lago. Queríamos saber a quiénes habían encontrado, luego supimos que las osamentas eran de unos soldados desaparecidos por 2011. Ahí fue cuando descartamos que Kevin pudiese estar ahí», aclara Yaneth.

El 8 de julio, la FGR convocó a los medios en Vista al Lago, Ilopango, por el hallazgo de una fosa clandestina, donde se encontró 11 cuerpos. En ese cementerio clandestino, Melara se dirigió a la prensa y dijo que la institución crearía una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas, tras registrar, al menos, siete casos por día. «Hay que ponerle cara a todas las personas que han sido desaparecidas y dar respuesta a las familias de las víctimas», decía el fiscal en la conferencia de prensa.

Antes de partir a casa, Yaneth recibe un mensaje. Un conocido le escribe para comentarle que, ayer por la mañana, la PNC encontró un cementerio clandestino, otro, en la colonia Santísima Trinidad, en el municipio de Ayutuxtepeque. Ella responde: «Inmediatamente me comunico con mi madre para que se dé una vuelta en Medicina Legal».

Hasta el momento, a pesar de que la reforma fue aprobada por el pleno legislativo, el 2 de mayo de 2019, y que el decreto entró en vigencia ocho días después, el banco de perfiles genéticos aún sigue siendo solo un proyecto.

«Si no está ahí, vamos a seguir buscándolo. Es lo que nos queda», repite Yaneth, mientras se despide con una sonrisa a medias de la ceremonia de graduación de la que Kevin no pudo sentirse orgulloso.

 


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