No existen cifras exactas sobre cuántas personas se desplazan de manera forzada a causa de la violencia en El Salvador. Lo que hay son datos parciales de los casos que son denunciados ante instancias estatales u organizaciones sociales. Entre 2018 e inicios de 2019 se habla de 1,198 víctimas, que en su mayoría, solicitaron resguardo dentro de un albergue de emergencia debido a la falta de recursos para habitar un nuevo hogar. Sin embargo, el Estado no cuenta con un lugar para proteger a las víctimas.

José huye de un país sin refugios

Un reportaje de Wendy Hernández

Fotografías de Frederick Meza

Fotografía de Frederick Meza

A José solo lo acompañan unas cuantas mudas de ropa, una solicitud rechazada de asilo, documentos de identidad y un rimero de medicinas para sus dolores cervicales. No tiene nada más. Todo lo que posee está guardado bajo el colchón de su cama, en una habitación que comparte con cinco personas más dentro de un albergue que le ha dado acogida, luego de pasar meses en calles y parques.

La odisea de José comenzó a finales de 2017, cuando decidió que no pagaría la extorsión que le exigió la pandilla. «Los muchachos» enviaron una nota en la que le ordenaban remesar $75 quincenales para que siguiera con su local.

Al no cumplir, fue perseguido. Lo vigilaban fuera de su casa y pasaban frente a su negocio. El acoso fue insoportable para José, así que decidió cerrar su establecimiento. Creyó que todo terminaría, pero a los pocos días, le llegó una nota a la casa en la que le decían que tenía 24 horas para abandonar la comunidad.

Esa misma tarde, José dejó todo lo que tenía. Solo se pudo llevar una mochila en la que metió sus documentos, unas cuantas camisas, pantalones. Decidió que transbordar hasta llegar a Estados Unidos era su salida para que los pandilleros no lo asesinaran.

Las personas que se desplazan de manera forzada abandonan sus hogares luego de un hecho de violencia como el asesinato de un familiar, exigencia de pago de extorsión, amenazas, reclutamiento forzoso, lesiones, usurpaciones de la propiedad.

Entre estas causas, las víctimas señalan como sus victimarios –en su gran mayoría– a las pandillas y grupos criminales. Aunque fuerzas militares y agentes estatales también están identificados como los causantes del fenómeno. Así lo detalla el Informe Preliminar de los Registros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre Desplazamiento Forzado en 2017.

Cuando huyó, José no interpuso ninguna demanda pensó que acudir a instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) o la Fiscalía General de la República (FGR) le traería más problemas con la pandilla.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno en El Salvador prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar lo más desapercibidas posibles, ya que interponer una denuncia podría significar ser detectadas y ser de nuevo víctimas de la violencia.

Las personas que se desplazan de manera forzada abandonan sus hogares luego de un hecho de violencia, como el asesinato de un familiar, la exigencia de pago de extorsión, las amenazas, el reclutamiento forzoso, las lesiones o las usurpaciones de la propiedad. Entre estas causas, las víctimas señalan como sus victimarios –en su gran mayoría– a las pandillas y grupos criminales. Aunque fuerzas militares y agentes estatales también están identificados como los causantes del fenómeno.

Es por esta razón que las cifras reales sobre cuántas son las víctimas de desplazamiento forzado son incalculables. Lo que hay son datos parciales, cantidades que se sacan en base con las denuncias de casos en instancias como la PDDH, organizaciones de la sociedad civil como Cristosal que se dedica a atender a desplazados internos y la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).

José migró, transbordó hasta llegar a Calexico, California, una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, pero al querer cruzar por las vallas que dividen ambos países fue detenido por agentes de Migración.

Al ser capturado, él explicó a los policías migratorios lo que lo obligó a emprender el viaje; les dijo que huía de las pandillas y que de regresar lo asesinarían. Pero sin pruebas que comprobaran su historia, Migración lo regresó a casa.

José fue deportado y volvió a El Salvador el 14 de febrero de 2018. Sin dinero, se arriesgó a volver a su hogar. Sin embargo, los pandilleros supieron que estaba nuevamente en la comunidad y dos muchachos, en menos de 24 horas de su regreso, tocaron a su puerta y le pedían que saliera.

Para salvar su vida, José saltó a un muro de la casa vecina y escapó por veredas hasta llegar un río en el que se refugió con la complicidad de la noche. No durmió, solo esperó a que pasaran unas horas para salir y buscar un lugar para protegerse.

Sin opciones, pensó nuevamente en migrar. Esta vez, se entregaría y llevaría las pruebas a Migración de Estados Unidos para que no lo deportaran. Pediría un asilo.

Luego de dormir por unos días en un albergue municipal para personas indigentes, José se presentó a la PNC para levantar su denuncia y contar con papeles para su segundo intento de escapar de la pandilla.

Desplazados por violencia. Una mujer dentro del hogar de acogimiento cuenta cómo fue apuñalada por pandilleros antes de huir de su hogar.

Cuando llegó a la policía, José no pensó en que la PNC podía ayudarlo. Acudió a ellos porque era la institución donde la gente va comúnmente a levantar una denuncia. Y nunca escuchó de una entidad que diera atención para gente que huía de las pandillas.

En sus últimos cinco años al frente del Gobierno, el FMLN se negó a reconocer el desplazamiento forzado interno. Sin embargo, tras la sentencia 411-2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas. Esto luego de amparar a un núcleo familiar de 33 personas que sufrieron abusos a sus derechos humanos de parte de agentes estatales y pandilleros.

A pesar de ello, el gobierno saliente no reconoció de manera oficial el fenómeno, lo único que presentó fue la articulación de Estándares Mínimos para la protección de la víctima de desplazamiento forzado interno, en abril de 2019, dos meses antes de su salida. Esto como insumo para la creación de una ley especial en la Asamblea Legislativa.

Sin un Estado que reconociera de manera oficial el fenómeno y sin conocer de una institución que pudiera ayudarle, José dejó el país en abril de 2018. Tal como estaba en sus planes, se entregó al llegar a Calexico, California, e inició su proceso de asilo en Estados Unidos.

Mientras el país estudiaba su petición, él entró a un centro de detención para migrantes en Calexico. En su estancia, un viejo problema se hizo presente, tras un accidente de tránsito en 2012, José padecía de dolores cervicales, dos discos de su espina dorsal estaban desviados y como su prioridad en los últimos meses fue escapar, él descuidó su tratamiento.

Las condiciones en las que él migró, de andar de camión en camión, de caminar y dormir en cualquier lugar agravó su problema. Pasó cuatro meses en silla de ruedas y fue operado en Calexico donde se recuperó y recobró la movilidad.

Once meses pasaron para que José obtuviera una respuesta y tras acudir a los tribunales, el fiscal del caso le dijo que su solicitud de asilo había sido rechazada. Fue deportado. Así que regresó al país sin un hogar para estar y con el temor de que lo encontrara la pandilla. Su vuelo aterrizó el 6 de marzo de 2019.

Al regresar, José no tenía idea de las instituciones estatales a las que le podía solicitar ayuda. Así que se mantuvo nómada por San Salvador. Vivía, dormía y comía en las calles. Pero en una de esas tardes, en las que cumplía con esa rutina, recordó que en el vuelo de regreso otros migrantes hablaron de una organización de la sociedad civil que ayudaban a personas que no tenían hogar por causa de la violencia.

Según la PDDH, es muy común que las personas que son desplazadas por violencia recurran a las organizaciones sociales o interpongan una denuncia cuando ya han agotado todos los recursos personales, familiares o sus redes de relaciones.

Además, la institución concluye en su último informe sobre desplazamiento forzado interno, que son las familias más pobres las que sufren una mayor afectación de sus derechos humanos al carecer de recursos para proveerse a sí mismas una continuidad de sus proyectos de vida en zonas «más seguras». Esto de acuerdo con los casos registrados por la PDDH.

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Han pasado casi tres años y José continúa huyendo de la pandilla que causó su desplazamiento, es junio de 2019 y ahora él se encuentra en un albergue temporal en El Salvador, un espacio en el que fue acogido por una organización de la sociedad civil, tras deambular por la calles durante dos meses.

Hoy, en una tarde donde la estación lluviosa apremia, José luce cansado, un poco más avejentado para su edad. Está sentado en su cama en la parte baja de un camarote que comparte con otra persona que también ha sido víctima de desplazamiento forzado interno.

Él revisa sus medicamentos y se asegura sobre qué pastilla tomar. Mientras tanto cuenta su historia, la relata con voz baja, como si aún lo persiguieran y mira para todas partes como señal de estar siempre alerta.

En este albergue se encuentran otras 16 personas que están viviendo la situación de José, no tienen un lugar para dormir y no poseen ningún recurso luego de ser desplazadas de manera forzada por las pandillas.

El Estado, por el momento, no cuenta con un albergue temporal de acogida para víctimas de desplazamiento forzado interno. Han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han tenido que asumir este reto debido a la demanda de casos que han recibido.

Aunque los datos sobre el desplazamiento forzado no son cuantificables, debido a que las víctimas no denuncian sus casos y prefieren el anonimato para no ser encontradas por sus victimarios, los números de casos registrados por la Dirección de Atención de a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), entre marzo de 2018 y abril de 2019, son de 164 denuncias que se traducen en 634 víctimas que recurren a la institución en búsqueda de alojamiento temporal.

Albergue temporal. Cuatro niños se encuentran dentro del hogar temporal tras ser víctimas de la violencia generalizada.

Y según Cristosal, de enero a diciembre de 2018, la organización registró la atención de 564 personas en calidad de desplazados. En total, luego de la suma de ambas cifras, se pueden contabilizar entre 2018 e inicios de 2019 a 1,198 personas que solicitan asistencia.

A pesar de los números y las solicitudes, el Gobierno no cuenta, hasta el momento, con un refugio para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno.

Fátima Ortiz, directora de la DAV, asegura que la institución está por abrir el primer albergue para desplazados que tendrá la capacidad de atender a 35 víctimas bajo un tiempo de acogida de tres meses. Esto mientras las personas reciben una alternativa para el retorno a sus hogares, el asentamiento a una tercera comunidad o el apoyo de una red familiar.

Sin embargo, la directora de la DAV, admite que el espacio será una limitante de este primer albergue, ya que reconoce (por la atención de las casos) que las víctimas que llegan a la institución solicitando un acogimiento temporal sobrepasa la capacidad del lugar. «De los casos atendidos entre marzo 2018 y abril 2019, la mayoría de las víctimas solicitó un alojamiento temporal».

A su vez, considera que un albergue temporal debe ser la última opción que consideren los desplazados. «El albergue puede ser una de las opciones de alojamiento temporal para la víctima y debe ser la última, porque no hay que olvidar que es un confinamiento con bastantes medidas de seguridad y lo ideal es que las víctimas busquen redes de apoyos o regresen a sus sitios», concluye Ortiz.

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Junto con José duermen otras cinco personas, una familia conformada por dos pequeños y tres adultos; en otro de los cuartos del hogar de acogimiento se alberga el resto de sus miembros que son otras tres personas adultas.

Francisco, forma parte de esta familia y es uno de los recién llegados al albergue, al hablar lo primero que cuenta es cómo cada vez que mira por la azotea de este lugar que le ha brindado acogimiento temporal, siente una especie de libertad, misma que se desvanece cuando ve a personas o carros pasar.

Aunque considera que está en un espacio seguro, él no deja de tener miedo. Las amenazas de la pandilla de asesinar a toda su familia por no pagar la extorsión acabaron con su tranquilidad.

Y es ese mismo temor, el que hace que Francisco guarde con mucho recelo su historia. Aunque asegura que de no ser por este lugar quizá estaría durmiendo en las calles, porque la pandilla lo dejó sin nada a él y su familia. Abandonó su casa, mascotas, establecimiento y ahorros.

Mientras tiende su ropa luego de una mañana lluviosa, se pregunta si el Estado hará algo por las personas que se encuentran en esta situación.

El padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en El Salvador, sostiene que pensar en la creación de albergues es una solución temporal de emergencia para las víctimas de desplazamiento forzado interno, pero que el Estado debe concebir soluciones duraderas como: la articulación de esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil que conocen la problemática, la recuperación del tejido social en las comunidades para asegurar zonas seguras dentro del país y la creación de una política de reasentamiento como resultado de la búsqueda de espacios seguros junto con las municipalidades, las cuales conocen el territorio y la situación de sus comunidades.

Verzeletti agrega que al hablar de la creación de albergues, el Gobierno debe considerar la construcción de un «hogar de acogimiento» por departamento y pensar en más, en las zonas donde se registran mayor número de desplazados, esto mientras planea medidas duraderas.

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Como Francisco, José se cuestiona sobre el papel del Estado en garantizar sus derechos humanos y la de sus compañeros de habitación que están en su misma situación. «De los tres años que llevo huyendo nunca he escuchado medidas de parte del Gobierno».

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su última encuesta de opinión sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno por violencia, en 2018, apuntó que alrededor de 235,000 personas cambiaron de residencia para protegerse a sí mismas o a otro miembro de su familia debido a una amenaza o a un hecho de violencia.

Para llegar a determinar esta cifra, el IUDOP realizó 1,806 entrevistas que se enfocaron en conocer las opiniones de la población frente al fenómeno del desplazamiento forzado interno por la violencia. Estas fueron hechas en 52 municipios de mayor cantidad de habitantes de los 14 departamentos de el país.

A pesar de estas cifras, Oliver Dorighel, jefe adjunto de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), enfatiza que los números sobre cuántas víctimas de desplazamiento forzado hay en el país son incalculables, y la razón es porque no existe un registro sistematizado de parte del Estado.

Según Dorighel, de los casos recibidos por el CICR en 2018, que en total fueron 45 casos y 250 personas atendidas, la creación de albergues debe instaurarse debido a la urgencia de protección para las víctimas. Y enfatiza que esta debe ser una opción temporal mientras se articula la atención integral de parte del Estado

«El esfuerzo debe venir desde la coordinación central, desde la atención integral de parte de todas las instituciones a las víctimas, la articulación territorial con municipalidades para identificar zonas seguras y la implementación de una ley especial para víctimas de desplazamiento forzado interno», asegura Dorighel.

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Mientras tanto, José piensa en sus opciones, cada vez que puede revisa sus papeles, los lee para asegurarse de que no obvio nada en la solicitud de su asilo, que fue rechazada.

«Yo aquí vine luego de vivir en las calles y dormir en parques. Ahorita, yo quiero ver cómo va todo acá, ellos han prometido ayudarme para que tenga un nuevo hogar. Pero si yo veo que hay peligro o veo que las cosas no cambian, voy a tener que volver a migrar», cuenta José.

Por su parte, la DAV no prevé a corto plazo la creación de más albergues temporales de emergencia o nuevas medidas para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno. La directora de la institución dice «estar a la espera» de las indicaciones que brinde el nuevo gobierno para tomar más acciones en favor de los desplazados.

Entre los papeles que revuelve José, encuentra dos notas que le envió la pandilla, una donde le exigían la extorsión y la otra en la que se lee –24 horas sino ya verás la foto–. Aliviado, susurra que si no fuese por este hogar temporal, quizá ya hubiese sido encontrado por los pandilleros.

La DAV estima que para agosto de 2019, el albergue sea inaugurado para recibir de forma inmediata a los desplazados. Solo están a la espera de las órdenes del nuevo gobierno para la asignación del personal y el pago de los honorarios.

En cuanto al proceso de admisión, la directora de la DAV dice que la recepción dependerá de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas. Tratarán de priorizar a la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Aparte de sus dolores físicos, José también reciente el cansancio emocional sobre lo que ha vivido. Por momentos, sufre crisis nerviosas que se desatan en la parálisis del brazo derecho.

Según la DAV, para la atención de los albergados contarán con un protocolo que priorizará programas psicosociales y socioeducativos. Igualmente las víctimas tendrán asistencia psicológica permanente mientras estén bajo las medidas de protección y contarán con asesoría jurídica y apoyo judicial para las salidas del albergue.

Además, las víctimas podrán permanecer en las instalaciones por un tiempo estimado de tres meses. Y si en ese lapso no se ha podido garantizar el retorno o reintegración de la víctima, estas deberán de presentar una solicitud de renovación para su permanencia.

Debido a sus dolencias físicas, José está en constantes tratamientos fuera del albergue. Necesita de chequeos médicos, transporte, medicina. Y de no ser porque el hogar de acogimiento también cubre estos gastos, no tuviera posibilidad de contrarrestar su estado de salud.

En cuanto al presupuesto para la atención de las víctimas dentro del albergue, la directora de la DAV, dice que la institución a destinado $150,000 de los $850,00 de su fondo anual. Y este monto solo cubre el pago de servicios básicos e inmuebles. Aún no cuentan con el costo total para poder echar a andar el albergue.

El padre Mauro Verzeletti de la Casa del Migrante en El Salvador, opina desde su experiencia en la administración de un «hogar de acogimiento», que el Estado debe al menos destinar $250,000 para el pago de los servicios básicos, ropa, camas, frazadas, atención psicológica y jurídica. Y para pensar en la construcción de un resguardo temporal se debe designar al menos unos $350,000 más. Es decir, la inversión total rondaría en $600,000 por albergue.

“El esfuerzo debe venir desde la coordinación central, desde la atención integral de parte de todas las instituciones a la víctimas, la articulación territorial con municipalidades para identificar zonas seguras y la implementación de una ley especial para víctimas de desplazamiento forzado interno”, asegura Oliver Dorighel, jefe adjunto de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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«¿Quién pone manos en esto?», se pregunta Juan luego de ser desplazado más de siete veces producto de la violencia generalizada.

Él junto con su esposa y dos hijos huyeron por primera vez hace cuatro años, a mediados de 2015, en consecuencia del asesinato de un familiar, quien según Juan conocía un secreto de la pandilla que dominaba en su comunidad.

En represalia y creyendo que su familia también conocía ese secreto, la pandilla los amenazó con asesinarlos. Desesperados y con tal de proteger a sus hijos, Juan y su esposa se fueron de su hogar con lo único que pudieron cargar en sus manos.

A donde iban, siempre los encontraba la pandilla. Juan recibía llamadas de «los muchachos» que le aseguraban que ya sabían su ubicación e irían por toda su familia.

Sin una red de apoyo familiar y sin ningún ingreso económico, a Juan le tocaba pedir prestado para poder pagar cuartos cada vez que se movilizaban. Pero cuando el dinero se terminó, decidió que debían pedir ayuda a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

«La institución no nos ayudó mucho, la PDDH solo nos entregaba semanalmente un kit de granos básicos y ya. Yo les decía que necesitaba un lugar. Llegamos al punto de dormir hasta en un potrero», cuenta Juan.

Pero en una de esas semanas en las que Juan recogía la ayuda, conoció a personas de una organización de la sociedad civil que lo llevaron a él y a su familia a un albergue temporal.

Por el momento, el único mecanismo de protección con el que cuenta el Estado, es la Ley de Protección a Víctimas y Testigos (LEPVT). Pero este programa solo prevé la protección de las personas cuando forman parte de una proceso judicial. Es decir, cuando ellos denuncian y su caso llega a los tribunales.

La protección que brinda la LEPTV es de acuerdo al grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima tras denunciar a sus victimarios (pandilleros, agentes estatales y civiles). Dentro del programa se otorgan medidas de cambio de domicilio, albergue temporal, garantizar movilidad a diligencias judiciales y asignar nombre en clave.

En el caso de las personas que necesitan un resguardo, quien posee este privilegio es únicamente la víctima que ha puesto la demanda y no incluye a su grupo familiar, aunque también se encuentren bajo amenaza.

Por esta razón, la LEPTV tiene un alcance limitado para las víctimas de desplazamiento forzado interno, ya que sin demanda las autoridades de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) no pueden brindarles atención. Y como en los casos de José, Juan y Francisco, las víctimas no inician un proceso judicial por miedo a represalias de sus victimarios.

Según Cristosal, cuando las personas están en condición de desplazamiento interno se requiere la intervención intensiva e integral tanto para la protección de su vida, integridad física y seguridad como para la ayuda humanitaria: vivienda, educación, alimentación, entre otros. «No se trata de casos en que la protección se limita a garantizar la seguridad, como un elemento para sostener los procesos judiciales. Se trata de rehacer un proyecto de vida que ha sido truncado».

Juan a diferencia de Francisco y José, pudo ser reasentado junto con su familia en una zona segura después de recibir ayuda de parte de la organización que le dio acogida y que hoy también resguarda a sus otros dos compañeros. Y luego de su experiencia, él pone sus esperanzas en el nuevo gobierno para que se encargue de esta problemática que afecta a su familia.

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Han pasado 41 días desde que José está albergado en lo que él llama su «nuevo hogar». Y continúa a la espera de que la organización de la sociedad civil que lleva su caso, le cumpla con la promesa de tener un espacio seguro para poder vivir.

«En este lugar me han devuelto la esperanza, las ganas de quedarme en mi país, aunque si pasa mucho tiempo, a pesar de mi edad, me tocará migrar por tercera vez. Espero que con el nuevo gobierno se puedan hacer realmente cambios y que alguien apunte hacia donde estamos nosotros los desplazados», comenta José, mientras mira por su ventana cómo cae lo que resta del día.

Abandonados. Dieciséis personas se encuentran resguardadas en un hogar provisional que atiende a desplazados por violencia, ante un Estado que no protege sus derechos.

 


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