Sofía Hernández espera en una sala de conferencias que no está llena de periodistas, sino más bien de fotografías de personas que desaparecieron durante el conflicto. Entre esas fotos están las de sus familiares que no han sido localizados desde 1980 y 1981. Está un poco impaciente porque son pasadas las 4 de la tarde y el cielo se oscurece por una lluvia que se avecina. Antes de conceder una entrevista ha pedido los retratos de su sobrino, hija, esposo y hermano que están guardados en otra oficina.

Le notifican que la persona que guarda los retratos se ha marchado temprano. Ya sin opción, decide iniciar la conversación y, para romper hielo, explica por qué necesita las fotografías. Dice que cada vez que la entrevista un periodista, ella mira las imágenes para no olvidar ningún detalle sobre la desaparición de sus cuatro familiares. Asegura que a sus 73 años puede obviar más de algún pormenor.

Recuerda muy bien la edad que tenía su sobrino, Andrés Mira Hernández, cuando desapareció. Era un adolescente de 16 años que fue perseguido por la Guardia Nacional, porque, según los uniformados, él era un catequista que se aliaba con las bases de la guerrilla.

Era 23 de marzo de 1980 cuando la Guardia Nacional llegó a realizar un operativo a San Pedro Agua Caliente, del departamento de San Vicente, para buscar a los catequistas «subversivos», entre los que figuraban su sobrino, y también su hermano y su esposo.

Madre Sofía, como es conocida por sus amigos y familia, coge una página en blanco, pide un lapicero y comienza a trazar un mapa para explicar cómo los guardias entraron a la comunidad. En su dibujo, indica los lugares por donde ingresaron 300 uniformados. «Cien a cada lado», dice. Y señala como referencia los municipios de Tepetitán y Verapaz.

Según Sofía, este operativo fue hecho para capturar a sus familiares y asesinarlos. Aunque, a las 5:30 de la madrugada, cuando llegó la guardia nacional, Andrés ya había huido. La última vez que lo vio fue una noche antes, cuando él le cantaba a su madre una canción que dice: «Madre, déjame luchar».

«Madre, déjame luchar», «madre, déjame luchar», canta Sofía, tratando de dar notas entonadas y así escucharse lo más parecido a su sobrino. Andrés, al ser perseguido, quería unirse a la guerrilla. Era afín al pensamiento de izquierda, pero su madre no se lo permitía.

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Desde que sus familiares desaparecieron, Sofía se ha dedicado a buscarlos. Ya han pasado 40 años. Hoy,ella es parte del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos Marianella García Villas (CODEFAM) e integra la Mesa Contra la Impunidad, un colectivo formado por diversas organizaciones de derechos humanos. Su participación en ambos lugares le ha permitido estar al tanto de las propuestas del Estado para la búsqueda de desaparecidos de la guerra.

«La presión ante las constantes peticiones de las madres y familiares, para la creación de una Comisión de búsqueda de desaparecidos, durante el conflicto, tuvo efecto. Luego de diversas reuniones con el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, se creó, en 2017 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABUSQUEDA)», asegura.

Sin embargo, Sofía asegura que la CONABUSQUEDA, desde que inició sus labores, en septiembre de 2018, cuenta con poco presupuesto para su operatividad. A esto le suma que sus funciones dependen de un decreto ejecutivo y no legislativo, el cual puede ser anulado por un gobierno de turno.

Desde su creación mediante el decreto ejecutivo –que quiere decir que depende del presidente de la república–, en agosto de 2017, el rol de la CONABUSQUEDA es localizar a 10,000 adultos desaparecidos durante el conflicto.

Estos números, según la institución, son con base a las 5,000 denuncias que están dentro del informe de la Comisión de la Verdad «De la locura a la esperanza: doce años de guerra en El Salvador» y los registros de las organizaciones de derechos humanos como COMADRES, CODEFAM, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

A pesar de ello, la institución está consciente de que los números pueden crecer debido a nuevos reportes de desaparecidos. Casos, que en su momento, las personas no se atrevieron a denunciar.

Benjamín Cuéllar, integrante del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), dice que para entender sobre la cifra negra de los casos por desapariciones forzadas durante el conflicto, deben tenerse en cuenta tres factores. El primero es que el Estado no ha registrado los casos previos a la guerra, y la institucionalidad solo se basa en las fechas oficiales de 1980 a 1992 para contar a una víctima.

«El Socorro Jurídico Cristiano, fundado en 1975 por el sacerdote jesuita Segundo Montes, registró ese mismo año el primer caso por desaparición forzada, que correspondía a 1966. En aquellas fechas, ya existían desaparecidos en El Salvador», asegura Cuéllar.

Como segundo elemento agrega que,dentro de los registros, no se toman en cuenta las desapariciones ejecutadas por los grupos guerrilleros. Y el tercer factor, según Cuéllar, es que las personas, en aquel momento, no sabían a dónde denunciar.

«Quienes querían denunciar provenían de zonas rurales. Eran personas pobres que vivían fuera de San Salvador. Las oficinas para reportar los casos, se ubicaban en la capital. Otros de los obstáculos, era que estas personas, no contaban con recursos para su movilización. Además, se debe agregar el temor que tenían los familiares de las víctimas a la hora de denunciar», detalla el integrante del LIASCI.

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La CONABÚSQUEDA funcionó en 2018 con un presupuesto de $110,000. De esta cantidad, la institución utilizó $102,680 solo para gastos administrativos, pago de salarios y adquisiciones de bienes y servicios. Lo restante, $7,320, fue destinado para uso operativo.

Salvador Menéndez Leal, comisionado de CONABUSQUEDA, dice que para este 2019 la institución cuenta con $330,000 para el desarrollo de las funciones. Sin embargo, considera que esta cantidad sigue siendo poca para la magnitud del problema. Asegura que el 90 % de este monto, se destina para el pago de salarios y sobre todo para cancelar los servicios básicos , alquiler de la oficina. Lo restante es para las investigaciones.

«Somos tres comisionados dentro de la CONABUSQUEDA. Nosotros tres realizamos un trabajo honorario, no cobramos ni un centavo. En total son siete personas que trabajan para la institución y no reciben grandes salarios. Para la investigación de los casos nos toca salir en bus. Hace un mes nos entregaron el primer pick up para movilizarnos por todo el país. Pero uno no da abasto. Así que la mayoría seguimos andando en bus», detalla Salvador Menéndez Leal.

El comisionado agrega que para la asignación del presupuesto el Estado debe considerar que en la búsqueda de personas adultas desaparecidas se está ante un escenario de la localización de sus restos. No se trata de reencuentros. Esto requiere la creación de un banco de datos de ADN.

«Ya estamos haciendo las primeras exhumaciones y creemos que es importante no caer dentro de una revictimización. Por esta razón, es necesario contar con un banco de perfiles genéticos de personas adultas desaparecidas y establecer coincidencias con quienes los buscan. Esto implica más presupuesto. Aunque se hable de convenios con el Instituto de Medicina Legal (IML), hemos comprobado que ellos están más interesados en la búsqueda de desaparecidos actuales», aclara el comisionado.

La Asociación Pro-Búsqueda, que se dedica a localizar a niños y niñas,desde hace 25 años, cuenta con el mismo presupuesto que CONABUSQUEDA. Y según su director, Eduardo García, con esta cantidad han podido resolver, desde 1994 hasta 2019, 445 casos, de los 1,443 que registran.

De acuerdo con García, los que aún faltan por resolver, están entrampados, porque la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), se niega a compartir información que puede ayudar a la localización de las víctimas.

Para el director de Pro-Búsqueda, si la CONABUSQUEDA tuviera un mejor monto, podría progresar en su operatividad. También cree necesario que la institución ejecute convenios con la Fiscalía General de la República (FGR) y el IML que son vitales para las investigaciones.

«La CONABUSQUEDA está censando, recibiendo denuncias de adultos desaparecidos, recibiendo información de dónde han quedado los cuerpos de las víctimas, identificando fosas comunes en cementerios de personas no reconocidas y en otros sitios donde la población les indica que hay un cuerpo. Por estas características es importante el convenio con la IML porque a través de la toma de ADN podrán conocer quiénes son las víctimas», afirma García.

A los dos meses del operativo, la familia de Andrés no sabía nada de él, pero el 14 de mayo de 1980 Sofía escuchó por la radio sobre la «supuesta» muerte de su sobrino, y aclara que menciona «supuesta» porque hasta la fecha no ha encontrado el cuerpo.

«Escuché por la Radio KL que en el departamento de La Paz, en el municipio de Jerusalén, estaban dos cuerpos tirados y, según lo que narraba el locutor, eran dos jóvenes. Uno vestía una chumpa del Colegio Cristóbal Colón y portaba zapatos color café. Ahí supe yo que ese joven era mi sobrino», cuenta Sofía.

Esa particularidad de la chumpa era crucial para reconocer a Andrés. Ese abrigo fue un regalo de uno de sus primos que vivía en San Salvador y estudiaba en el Colegio Cristóbal Colón (CCC). En su comunidad y en los alrededores de San Vicente nadie más tenía esta indumentaria. Además, Sofía recuerda que la última vez que lo vio portaba zapatos café.

De ese suceso ya han pasado 39 años y Sofía pone énfasis en el tiempo. Está inconforme con las pocas acciones del Estado, en manos de diferentes gobiernos, durante todo ese período para la búsqueda de desaparecidos del conflicto.

«Poco, poco ha hecho el Estado. Para sobrevivir al conflicto a mí me tocó organizarme, lo hice en 1985, a través del Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos Monseñor Óscar Arnulfo Romero (COMADRES), desde ese entonces yo ando buscando a mis desaparecidos. Me especialicé en derechos humanos y fundé junto a otras compañeras –luego de los Acuerdos de Paz– el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec. imagínese todo lo que yo logré en todo este tiempo y el Estado no ha podido hacer nada».

Sofía se levanta, toma el lapicero con el que trazó el mapa y muerde el capuchón para disipar la ansiedad. Quiere evitar hablar de su activismo para no robarle el protagonismo a sus desaparecidos. Pero le parece necesario conversarlo, ya que desde su rol activo en las organizaciones sociales ha podido darse cuenta de la falta voluntad del Estado en la reparación hacia las víctimas del conflicto.

Al trabajar mediante un decreto ejecutivo, la CONABUSQUEDA, corre el riesgo de desaparecer si así lo considerara el nuevo gobierno. Es por esta razón, que Sofía cree necesaria la aprobación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas.

Benjamín Cuéllar, del LIASCI, coincide en que la aprobación de esta ley es importante para garantizar la justicia de parte del Estado hacia las víctimas.

«Con esta ley se podrá establecer una justicia transicional que se basa en la verdad, justicia, garantía de no repetición y reparación económica y moral de las víctimas. Sin ella, se repetirá el ciclo. Ahora se disparan los número por desaparición actual y la gente migra en caravanas, la gente está viviendo un infierno. No se puede apelar a la amnistía y es que hasta el significado de esta es ‘amnesia’ y al imponer este olvido solo se logra repetir los hechos en diferentes contextos», expresa.

Un poco cansada, Sofía vuelve a su asiento apoyada de su bastón. Ha perdido fuerza en la pierna izquierda, sufre de esta lesión desde 1990, luego de ser capturada y torturada, explica, por los policías de Hacienda por ser parte de COMADRES. «Los policías me pedían nombres de personas organizadas y yo no me sabía ninguno, por eso me torturaban. Al quinto día de estar detenida me colgaron de un puente, boca abajo, después de ese incidente quedé con el problema», comenta apurada y sugiere volver a las historias de sus familiares desaparecidos, porque la lluvia se acerca.

Ese mismo mayo de 1980, la familia se enteró de la desaparición de Juan Francisco Hernández. Cuando Sofía recuerda a su hermano, no puede evitar describirlo como un hombre apuesto, galante, que a pesar de sus 42 años seguía acaparando la mirada de las mujeres.

Juan se salvó de ser capturado en el operativo de su comunidad en San Pedro Agua Caliente y al estar fichado por la Guardia Nacional él huyó al departamento de San Salvador. Pero luego de dos meses regresó a San Vicente para recoger la cosecha de frijoles y maíz que dejó en su antiguo hogar.

Rumbo a su destino, Sofía describe cómo Juan fue interceptado por la guardia nacional. Según los testimonios, a su hermano la guardia lo bajó de un autobús en el desvío de Calle Vieja, en el departamento de Zacatecoluca. Ese lugar es el último paradero que tiene su familia. Él está desaparecido desde mayo de 1980.

Un año y un mes después se sumó a la angustia de Sofía la captura de su esposo, Juan Bosco Marroquín, por parte de la policía de Hacienda, el 3 de julio de 1981.

Debido al peligro que corría su esposo en San Vicente, sus cinco hijos y ella, se mudaron junto a Juan a San Salvador. Él trabajaba como repartidor de productos y se movilizaba por toda la capital. En una de esas entregas fue detenido por los policías de Hacienda. Esto es lo único que sabe su familia. No pueden precisar un lugar, porque lo desconocen, solo registran la fecha de su desaparición.

Cuando de Juan no se supo más, su esposa lo buscó en hospitales, morgues y en la Cruz Roja Salvadoreña. A los días Sofía junto a su hijo mayor, de 13 años, llegaron a la morgue del cementerio de La Bermeja, donde localizaron y reconocieron el cuerpo de Juan.

Con el consuelo de al menos tener el cuerpo, la familia lo enterró en ese mismo cementerio. Sin embargo, Sofía, tras los Acuerdos de Paz, se enteró de que Juan ya no estaba en la tumba. Sin los restos, ella denuncia la desaparición desde la captura en 1981.

Antes de continuar con la historia de su hija, la mujer de 73 años resalta la ironía de los hechos. «Dos se llamaban Juan, dos desaparecieron en el mes de mayo del 80, todos desaparecieron a manos de los uniformados», y un «¡qué suerte la nuestra!» se escucha a toda voz.

De su hija, Sofía puede decir que hasta los 15 años que convivió con ella, Guadalupe Hernández fue una buena mujer. A esa edad y a raíz de la muerte de su padre, la joven se unió a la guerrilla en 1985. «Sacó lo bella de su padre, ojalá tuviera su foto para que pudiera verla», dice con gran nostalgia.

Lo poco que sabe Sofía del paradero de Guadalupe es que ella desapareció en Soyapango en diciembre de 1989, tras la ofensiva «Hasta el tope».

«Lo único que me queda de ella es mi nieta, a quien crié hasta su adolescencia», cuenta con un poco de consuelo Sofía. Ella se hizo cargo de Gladys Marroquín desde los siete meses de nacida.

Justo al terminar esta parte, Sofía se percata de que tocan la puerta de la sala de conferencias y otra mujer se le acerca para decirle que dentro de las instalaciones de la organización solo quedará «ella, la periodista y el vigilante». «Sí, ya es tarde, pero quiero terminar acá, al menos la lluvia nos ha dado tiempo», le contesta.

Sofía se disculpa por la distracción y retoma la plática: «Durante el conflicto nos tocaba buscar entre los cuerpos de personas que eran asesinadas y estaban a la vista de los ciudadanos. En la actualidad nos toca indagar nuevamente solos; aunque hoy contamos con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. Como lo dije antes, poco se ha hecho desde el Estado y poco ha podido hacer CONABUSQUEDA con su presupuesto».

Para la localización de personas, CONABUSQUEDA lanzó en mayo de 2019 el «Plan nacional de búsqueda para personas adultas desaparecidas durante el conflicto». Este funciona con base en un registro de casos mediante información proporcionada por fuentes públicas y privadas, recolección de testimonios y documentos que detallen ubicación de la víctima.

Eduardo García, de Pro-Búsqueda, explica que la organización utiliza los mismos métodos para la recolección de información e investigación. Sin embargo, dice que para no caer en un error de identificación, recurren a la prueba de ADN y base de datos del Banco de Perfiles Genéticos de su organización. Y así corroborar el parentesco del desaparecido con quien lo busca.

«Es necesario que CONABUSQUEDA al menos cuente con un especialista en genética, esto implica más presupuesto y un vínculo con el IML. A ello se le debe agregar la aprobación de la ley de reparación integral para las víctimas en la Asamblea Legislativa, pues en su artículo 37 contempla la creación de un banco de perfiles genético. Y de parte de la FGR se debe hacer una investigación de las denuncias», concluye, sin dudar de sus sugerencias.

Para García, el rol de la FGR es importante cuando se carece de información y no hay coincidencias con los perfiles de ADN. En estos casos, la única forma de resolver el paradero de la víctima es a través de los datos que únicamente tiene la FAES y que, hasta el momento, se ha negado a concederlos. Por esta razón, el método con el que pueden verse obligados a compartir los documentos es mediante la sanción penal de la institución.

Luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 2016, la FGR recibió la orden dentro de la misma sentencia de iniciar las investigaciones de los casos registrados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

En 2018, en la última audiencia de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia, la sala cuestionó a la FGR sobre sus avances. La institución respondió que aún se encuentra en la investigación de 160 casos. Hasta la fecha, la fiscalía no cuenta con una denuncia resuelta.

Sofía toma una pausa, desea encender las luces de los pasillos para no tropezar al salir y dirigirse a casa. Pero se percata de que ha comenzado a llover y que ya son más de la 6. «Tendremos más tiempo para conversar», dice sonriente.

Antes de retomar la charla, suena su celular, es su sobrina, quien le pregunta a qué horas llegará. Sofía le asegura que estará en su hogar cuando termine la lluvia.

Mientras tanto, la lluvia, que antes era solo de cuantas gotas, se intensifica, igual que Sofía. Cuando esta mujer habla de la reciente y fallida aprobación de la ley de amnistía de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, no la ocupa nada más que la indignación. No concibe cómo, entre los diputados que conformaban la comisión especial para la creación de una legislación de «reconciliación», esté el general Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA.

«Imagínese a uno de los victimarios dictando una ley para la ‘reconciliación’, es absurdo. Un día fuimos con otras madres adonde estaba reunida la comisión especial y decidimos llevarles una rosa como símbolo de nuestro desaparecido. Yo le entregué mi flor al general Vargas y le cuestioné: ‘¿Si luego de 40 años de buscar a su hijo usted no lo encuentra, realmente sería capaz de crear una ley así de injusta?’, solo así pude dejarlo callado’», cuenta Sofía.

Por su activismo y experiencia en derechos humanos, ella considera elemental la aprobación de la ley de reparación integral para las víctimas, que ha sido presentada por los familiares de estas. Y luego de esto acentúa con voz entrecortada: «La guerra es dura».

A pesar de sus 73 años y dolencias físicas, Sofía agrega que todavía tiene fuerzas para luchar: «Lo que menos me falta es voluntad».

«Nosotros, como víctimas, hemos solicitado una audiencia con el presidente Nayib Bukele. Ya vimos que le dio respuesta a las víctimas de El Mozote. Queremos decirle que no solo de ese lugar hay afectados por el conflicto. Debe darle respuesta a todos», concluye Sofía.

En junio, a los pocos días de asumir su mandato y ante la coyuntura de una posible ley que no estaba a favor de las víctimas, Bukele convocó a los sobrevivientes de la masacre de El Mozote para escuchar sus peticiones. En la reunión el presidente se comprometió a «solventar y hacer las reparaciones necesarias a las víctimas del Mozote, de la mejor manera y lo más rápido posible».

Sofía asegura que desde el grupo gestor de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas y la CONABUSQUEDA, se le ha solicitado a Bukele una reunión para abordar la continuidad de la comisión en este nuevo gobierno y la asignación de un fondo suficiente para las funciones de la institución.

«Hemos hecho la petición por el medio que más está ocupando el presidente, donde genera polémica y le ordena a todo el mundo, por ese Twitter. Ya le mandamos un mensaje, pero aunque pasa muy activo en esa red, no nos ha contestado», enfatiza Sofía, un poco incrédula de que el mandatario aún no haya leído el mensaje.

De manera inesperada, Sofía suelta: «Es tarde, he pasado mucho tiempo hablando, siempre me emociono. Es tiempo de terminar la entrevista… pero no lo olvide, ante todo, yo sigo buscando a mis familiares».