donde están

Un laberinto de torturas

El acompañamiento que las instituciones estatales están obligadas a dar a los familiares de desaparecidos debe ser integral y esto incluye el acceso a la salud mental. Las víctimas invierten días, años y meses, en las búsquedas y pocas veces encuentran a un personal que las escuche y les diga que hay profesionales que pueden tratar sus emociones. El Salvador no cuenta con un protocolo para estas atenciones.

Un equipo salvadoreño de Antropología Forense de papel

En El Salvador existe un banco de perfiles genéticos. Pero solo en papel. Los diputados de la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior firmaron, en abril de 2019, una reforma que aprobó la creación de este instituto que podría ayudar a localizar personas desaparecidas por medio de pruebas de ADN. Los diputados, sin embargo, ignoraron que crear este registro implica inyección de presupuesto al Instituto de Medicina Legal, protocolos para la atención, un software especializado para almacenar numerosas muestras de ADN y un equipo salvadoreño en Antropología Forense. A tres meses de su vigencia, el proyecto sigue siendo un enigma que los parlamentarios no saben explicar.

Los desaparecidos por uniformados

La desaparición cometida por cuerpos de seguridad es la única que está contemplada como delito en el Código Penal salvadoreño y es, también, la que menos se denuncia. Durante los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 46 denuncias por desaparición forzada. Las autoridades admiten que este es un delito en el que el subregistro es dominante. Reconocen que los familiares temen por sus vidas al denunciar a agentes estatales frente a instituciones del Estado.

La soledad de la búsqueda

Cuando una persona desaparece, su localización depende –casi en exclusiva– del ahínco con el que sus seres queridos presionen a las autoridades estatales y de la repercusión mediática del caso. En este reportaje, los familiares de las personas desaparecidas reclaman que las investigaciones no generan resultados; no los encuentran vivos ni muertos. A esa tragedia se le suma una discusión jurídica: en El Salvador solo están reguladas las desapariciones en las que tienen que ver cuerpos de seguridad como la Policía y el Ejército; el resto, no.