Un equipo salvadoreño de Antropología Forense de papel

Ilustración de Moris Aldana

Yaneth sintió que su propia casa se convirtió en una morgue; y su habitación, en una cámara de almacenamiento de restos. Su computadora estaba llena de imágenes de cuerpos sin tejidos, osamentas, partes de vértebras, fémures, dientes, cráneos, cadáveres con rasgos faciales irreconocibles y textos que advertían que, luego de 10 días, las personas muertas comienzan a oler a carne podrida. Bastó una mañana y una búsqueda en internet para que ella se sintiera una especialista en el proceso de descomposición de un cuerpo.

Esa búsqueda la llenó de insumos, la sacó de dudas. Sobre todo, porque, de encontrar a Kevin, luego de 57 días perdido, esta sería la escena a la que se enfrentaría. Pensaba que su camisa naranja, el pantalón y las zapatillas negras que usaba el 3 de junio, cuando desapareció, ya no le servirían para identificarlo. Así que llegó a la conclusión de que solo una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) le ayudaría.

Yaneth lo busca entre los muertos; entre las alertas de redes sociales que reportan cuerpos tirados en la carretera, en predios; entre las morgues de hospitales; entre las bodegas del Instituto de Medicina Legal (IML), y en terrenos baldíos que, aparte de vegetación, hospedan restos y funcionan como cementerios clandestinos.

A la petición de pruebas de Yaneth, el Estado, de momento, no puede darle una respuesta. Primero, porque el IML solo recoge muestras genéticas por la solicitud de un juez o un fiscal para la investigación de un caso específico; y, segundo, porque el país no cuenta con un banco nacional de perfiles genéticos. O bueno, sí, sí lo tiene.

El 29 de abril, la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior realizó una reforma en la Ley Especial para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y su familia que, entre sus cambios, propone la institucionalización de un banco de perfiles genéticos para la identificación de los desaparecidos a cargo del IML. Esto en su artículo 30, inciso A. El banco que necesita Yaneth para aumentar la posibilidad de encontrar a su sobrino existe, pero solo en papel.

Este banco de perfiles genéticos, de funcionar en este momento, serviría como un espacio para obtener, almacenar y analizar pruebas de ADN (sangre o saliva) de un familiar que busca y de los cuerpos u osamentas que se encuentran. Cada muestra podría ser conservada en un registro digital que, en el caso de encontrar coincidencias de parentesco, alertaría sobre la identificación de un desaparecido.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que, solo en julio, ha recibido más de 190 denuncias de personas desaparecidas. Pero este número no es un reflejo confiable del problema. Muchas personas no denuncian por temor a represalias. En este país, el banco de datos podría ofrecer la posibilidad de contar con un registro único para sistematizar los casos sin, necesariamente, enfrentar un proceso de denuncia. Podría acelerar el amargo consuelo para los familiares de desaparecidos: hallar los restos.

Los lunes

«Vivo o muerto», «vivo o muerto» se repite Yaneth cada que amenace y busca a su sobrino. En una tarde de julio, cuenta que en los últimos días se ha dedicado como una criminalista a escarbar, a mirar a personas que ya no parecen personas dentro de las morgues, y a ponerle, momentáneamente, el nombre de Kevin a cada ‘no identificado’.

Su madre también lo hace. Cada lunes, desde que Kevin no está, Elena llega a la sede del Instituto de Medicina Legal que está en el Centro de Gobierno de San Salvador. Cerca de las 8:30 de la mañana, sin falta, ella hace la misma pregunta: «¿Ha aparecido alguien con características de Kevin?» La respuesta sigue siendo la misma: «No».

En esos lunes, Yaneth narra que su madre recibe más regaños que información. La última vez, alguien en la Oficina de Personas Desaparecidas del IML le pidió «no llegar tanto», y, hasta después, le notificaron «que no había aparecido ningún joven como Kevin».

Entre aquellos lunes, mientras Estela estaba en la sede de Medicina Legal, los diputados, a unos cuantos metros, manoseaban leyes en el Palacio Legislativo. Entre las que tocaron por ese tiempo estuvo la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia.

Ese 29 de abril de 2019, la ley se modificó en los artículos: 1, 2, 4, 10, 12, 27 y 30. Los diputados que firmaron los ajusten fueron: Karina Sosa, Marcela Villatoro, Numan Salgado, Reynaldo López Cardoza, José Luis Urías, Juan Manuel Cornejo, José Édgar Batarse y Alberto Romero.

José Luis Urías, del PCN, votó por la reforma, pero no la recuerda. Este día de julio está sentado en su silla, detrás de una ventanilla. Al ser cuestionado sobre el respaldo que dio a las modificaciones hace apenas un par de meses, el diputado envía a su representante de comunicaciones a buscar detalles para responder a la entrevista.

Minutos después, Urías declara por medio de su vocera que «no conoce la reforma y que, quien manejaba esa información era Reynaldo López Cardoza», su compañero de fracción dentro de la comisión.

Esta ley en realidad fue creada el 17 de marzo de 2011. Los diputados de ese entonces se pusieron de acuerdo para aprobar un instrumento que permitiera crear respuestas a las crecientes demandas de las familias de los migrantes. Y así nació con 44 artículos. El espíritu de la ley consistió en establecer programas de asistencia y protección humanitaria, un fondo especial de repatriaciones y el retorno de heridos, asistencia legal, educación y servicios en salud para la persona migrante y su familia. Con las reformas de este año se buscó que este instrumento incluyera también elementos que ampliaran su terreno de acción. Así, el banco genético no se limita a migrantes desaparecidos, sino que incluye a toda persona desaparecida.

Casi al final del documento de seis páginas en donde se hacen constar las reformas hechas en abril, están detallados los nombres de los 12 diputados que, en teoría, discutieron estas modificaciones. Entre ellos está el de Leonardo Bonilla, el diputado independiente.

Junto a su nombre, no hay firma. Y a dos meses y un poco más de aquello, tampoco recuerda qué pasó. «Desconozco la reforma», responde, y pide «un momento para hacer memoria». Sin poder lograrlo, sugiere que es mejor que se le dé el detalle a través de un mensaje de WhatsApp.

«Si es que fue en abril, como usted lo dice, ya han pasado tres meses. Escríbame y déjeme recordar». El diputado no apoyó la reforma del 29 de abril; pero, en julio, no sabe decir por qué.

Es 15 de julio, lunes. Karina Sosa diputada del FMLN, se dirige a los medios en el lobby de la Asamblea Legislativa. Se pronuncia ante la crisis de salvadoreños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, y exige que el gobierno entrante emita una postura ante las violaciones de los derechos humanos de la administración del presidente Donald Trump. La euforia en su discurso le dura 5 minutos. Luego, corre directo al elevador que la lleva a la reunión de la comisión de relaciones exteriores.

En el ascensor, Sosa explica que la reforma a la ley especial migrante se da en un contexto en donde los derechos humanos de la niñez son violados. «La reforma lo que buscó, concretamente, era incluir a la niñez migrante dentro de su contenido, y así brindarle la protección hacia su camino a Estados Unidos».

Antes de bajar, dice de manera apresurada que el banco de datos de perfiles genéticos «era clave para que las familias pudieran identificar con mayor precisión a quiénes… cuando anuncian que han encontrado a su familiar o estar seguro de que es la persona que decían», y sin aclarar su mensaje, la diputada se marcha.

Cuarenta minutos más tarde, con tres comunicadores que graban su llegada a la comisión, Milena Mayorga, de ARENA, se detiene y se justifica. Cuenta que, el día en que se reformó la ley especial, ella se encontraba fuera del país. Pero asegura que «estaba a favor» de las modificaciones en favor de la niñez. Dice que, en otra entrevista, previamente programada, daría declaraciones sobre el banco de perfiles genéticos.

Las diputadas hacen alusión a una de las principales reformas, específicamente, a la del artículo 2 literal E: «El Estado prestará primordial atención a las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo físico, psicológico, moral y social para la garantía de sus derechos».

Es julio, los noticieros, los periódicos y las redes sociales se llenan de noticias sobre familiares que buscan información acerca del anuncio de que la FGR propone crear una la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas y sobre los hallazgos de dos cementerios clandestinos.

A pesar de toda esta información, los diputados de la comisión de relaciones exteriores parecen alejados de toda coyuntura. Reiteran que no recuerdan nada de una pieza clave en la investigación, como un registro nacional genético.

“Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí”, cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

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UNA CAJA VACÍA

Sin hallazgos, sumergida en angustia y perseguida por imágenes de cuerpos en descomposición, Yaneth busca paz. Así que prepara un funeral sin los restos de Kevin.

La familia se viste de blanco, acompaña el trayecto del carro fúnebre, y realiza una ceremonia. La familia lo llora y lo entierra en una caja vacía, a la que le acompañan un par de rosas, una fotografía y una placa: Kevin Antonio Meléndez Granados (1999-2019).

«Queríamos paz, pero no funcionó. La caja solo nos recuerda que Kevin está por ahí, solo, sin que lo puedan identificar. Al menos quisiera sepultarlo en la casa que yo le prometí. Deseo sus restos, enflorar su tumba, saber que él está ahí», cuenta su tía. Los deseos de Yaneth se quedan en eso, en puros anhelos. La institución que le podría ayudar no ha sido llevada a la realidad.

Para montar el banco, el IML necesita un software adecuado para el registro de las muestras, los protocolos de atención, un equipo salvadoreño de antropólogos forenses, de más genetistas, de la especialización de peritos y de la implementación de carreras universitarias enfocadas al estudio forense.

A pesar de la falta de recursos, Doris Luz Galindo, presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del consejo directivo del Instituto de Medicina Legal, asegura que el IML puede asumir la responsabilidad de un registro genético. Y acepta que el presupuesto aún es un factor que deben resolver.

«El IML junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores inyectarán una parte de los fondos, y lo demás se gestionará con la cooperación internacional. Aún no se sabe cuánto y cómo, pero en los próximos días se tendrán que sostener pláticas con el nuevo gobierno para saber cómo se le dará continuidad a este proyecto», explica Galindo.

Sobre qué terreno pisar en la búsqueda de un familiar, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), sabe. Lo ha prendido con el paso de los años, 18 para ser exactos, desde que su hermano migró y ya no apareció.

El tiempo a Luis lo ha convertido en vocero de familiares migrantes que reclaman más protagonismo de parte del Estado para responder a las denuncias. Quién más que una persona que ha buscado por más de una década, para conocer sobre los atropellos que cometen las instituciones al tratar con las víctimas.

Ilustración de Moris Aldana

López cree necesario que dentro del banco nacional de perfiles genéticos se incluya a los familiares de las víctimas.

«El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello», concluye Luis.

Si se habla de desenterrar, decir qué pasó y hacer que los huesos recuperen su identidad, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es un referente. Desde 1984, los antropólogos se han encargado de buscar a los desaparecidos de la dictadura argentina; y de darle nombre a los restos exhumados de la masacre de El Mozote.

Así que, cuando el EAAF fundó en 2010 el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador pensó en los detalles de los que habló Luis. Incluyó a COFAMIDE e integró a instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

También pensó en protocolos de atención, en la toma de la prueba, en la notificación adecuada, en el acompañamiento de los casos, en la atención psicológica, en brindar un informe técnico detallado sobre la prueba científica y lo qué pasó con la víctima.

La experiencia de trabajar con el EAAF, según Beatriz Campos (procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH), les dio insumos para recomendar a los diputados que era necesario un equipo de transición con expertos forenses.

«Vemos positivo que el Estado asuma su rol en la búsqueda de desaparecidos. Pero tenemos temor de que el IML no tenga los estándares necesarios para asumir el registro nacional de perfiles genéticos», dice Campos.

Y hace hincapié en el uso de la terminología, entre llamarlo un banco ‘genético’ y no ‘forense’. En la primera definición, Campos señala que la visión es muy reducida porque solo se enfoca en la toma de las muestras. Mientras que, la segunda, se basa en la atención integral para los familiares de las víctimas.

«Sin la debida transición, es muy aventurado que el IML asuma el banco. La atención a las víctimas y los familiares es lo primordial. Debido a esto, la PDDH ha solicitado una reunión con la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa. Pero hasta el momento no nos han respondido», explica Campos.

La transición de Yaneth y su familia ante la desaparición de Kevin, a los 20 años, es un proceso arbitrario. Han hecho un funeral, pero el luto no está completo. «Vivo o muerto, como sea, pero lo quiero encontrar», repite.

“El banco no puede ser manejado solo por el IML. Las familias y las organizaciones deben fiscalizar y verificar que las cosas se hagan de la manera adecuada. No se puede atender a los familiares de las víctimas sin un enfoque humano, sin protocolos. Se debe dar prioridad a ello”, Luis López, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE).

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UN DIPLOMA

En esta mañana de un miércoles de julio, Yaneth se encuentra en un hotel de San Salvador. Un total de 160 jóvenes están graduándose como asesores de venta, diseñadores gráficos y cocineros. Entre el listado de los graduados aparece Kevin, pero él no está.

En esta ceremonia solo está su tía. Ella recibirá el título en ausencia de Kevin. En medio de risas, fotografías, jóvenes eufóricos, padres y madres orgullosos de ver a sus hijos graduarse está Yaneth, en la primera fila, junto a una silla vacía.

En las palabras de bienvenida se recuerda a Kevin. Llaman a un minuto de aplausos en honor del joven, luego le piden a Yaneth que suba al escenario. «Reciba el título de Kevin como técnico en asesor de ventas», le dice el maestro de ceremonia.

Al bajar, Yaneth se acomoda nuevamente en su silla, observa el diploma y le toma una fotografía, la comparte con su familia y chequea sus redes sociales. Entre las publicaciones que revisa se encuentra con un tuit del fiscal general, Raúl Melara, que dice «cada persona cuenta».

«Me pregunto si, en verdad, este fiscal creará una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas. Nosotros estuvimos pendientes de la información que dio la fiscalía sobre la fosa clandestina que se encontró en Ilopango, en Vista al Lago. Queríamos saber a quiénes habían encontrado, luego supimos que las osamentas eran de unos soldados desaparecidos por 2011. Ahí fue cuando descartamos que Kevin pudiese estar ahí», aclara Yaneth.

El 8 de julio, la FGR convocó a los medios en Vista al Lago, Ilopango, por el hallazgo de una fosa clandestina, donde se encontró 11 cuerpos. En ese cementerio clandestino, Melara se dirigió a la prensa y dijo que la institución crearía una Unidad Especializada para Personas Desaparecidas, tras registrar, al menos, siete casos por día. «Hay que ponerle cara a todas las personas que han sido desaparecidas y dar respuesta a las familias de las víctimas», decía el fiscal en la conferencia de prensa.

Antes de partir a casa, Yaneth recibe un mensaje. Un conocido le escribe para comentarle que, ayer por la mañana, la PNC encontró un cementerio clandestino, otro, en la colonia Santísima Trinidad, en el municipio de Ayutuxtepeque. Ella responde: «Inmediatamente me comunico con mi madre para que se dé una vuelta en Medicina Legal».

Hasta el momento, a pesar de que la reforma fue aprobada por el pleno legislativo, el 2 de mayo de 2019, y que el decreto entró en vigencia ocho días después, el banco de perfiles genéticos aún sigue siendo solo un proyecto.

«Si no está ahí, vamos a seguir buscándolo. Es lo que nos queda», repite Yaneth, mientras se despide con una sonrisa a medias de la ceremonia de graduación de la que Kevin no pudo sentirse orgulloso.

Los desaparecidos por uniformados

Ilustración de Moris Aldana

Maritza se encontraba a solo 10 pasos de William y Bryan esa mañana de miércoles. Estaba trabajando en el nuevo mercado de San Martín cuando vio cómo un grupo de soldados empezó a golpear a los dos muchachos de 17 años. Ella presenció cómo los militares les ordenaron quitarse la cintas de los zapatos. Con las pitas, les amarraron las manos por detrás de la espalda. Cuando ya los tenían sometidos, los sacaron del mercado.

El procedimiento no fue algo usual entre las ventas. En la detención hubo golpes y gritos. Maritza miró bien a los militares. Vio que dos de ellos vestían su uniforme camuflado de manera formal, mientras que otro llevaba la camisa afuera del pantalón. Observó que los uniformados llevaban boinas ocres y que estos se llevaron a William y Bryan sin explicarles por qué.

Ese miércoles de julio Bryan y William querían cortarse el pelo. Salieron de sus casas en la colonia Anémona, en San Martín, se cruzaron la carretera Panamericana y se dirigieron al nuevo mercado del municipio. Cuando estaban ahí adentro, pasaron cerca de Maritza y un grupo de militares los capturó. Este relato forma parte de un habeas corpus solicitado a la Sala de lo Constitucional.

Maritza es una de las testigos principales de esta situación. Se llama de otra forma, pero la sala decidió proteger su identidad en el documento público del caso. Durante tres años ha repetido con convicción que la Fuerza Armada desapareció a los dos adolescentes.

En El Salvador, la única circunstancia en la que legalmente se puede hablar de desaparición es cuando están involucrados los cuerpos de seguridad. Al resto de casos donde no se localiza a una persona se les llama privación de libertad. La desaparición forzada es una herencia de la guerra civil que, aunque perdió volumen, no perdió vigencia. Los cuerpos de seguridad siguen siendo acusados como victimarios.

En 2016 se recibieron 15 denuncias de este tipo; en 2017, se tuvo conocimiento de 10. Para el año pasado, la cantidad de casos conocidos de manera oficial casi igualó la de los dos años anteriores juntos: se registraron 21 casos de desaparición forzada, de acuerdo con la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PDDH.

William y Bryan desaparecieron hace cinco años. El Estado Mayor ha negado rotundamente la participación de personal suyo en alegato de que ese día no habían soldados destacados en el mercado. La negativa no impidió que Maritza, durante más de una ocasión, señalara a la Fuerza Armada como victimaria.

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¿A quién denunciar?

La Policía y la Fiscalía no cuentan con un sistema homologado para registrar las denuncias de los desaparecidos en El Salvador. Cada institución maneja sus propias cifras y las estadísticas, a pesar de referirse a lo mismo, difieren entre sí.

La oficina pública que recibe más denuncias de desaparición forzada es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En los últimos tres años, ha recolectado 46 casos de este tipo. En cambio, en la Fiscalía, durante esos mismos tres años se han recibido siete denuncias. Y en la Policía, desde enero de 2016 a octubre de 2018, solo se registraron cinco acusaciones de esta índole.

Que la Policía sea la institución que menos denuncias por desaparición forzada recibe no es coincidencia. La PNC es la fuerza estatal más señalada por desaparecer gente en los casos documentados por la procuraduría. Se le acusa en el 67 % de las denuncias.

«Esa noticia no es gratificante, obviamente, para el componente policial», dice el inspector Wálter Guillén cuando se le cuestiona sobre estas denuncias en las oficinas centrales de la PNC. «Nosotros estamos dispuestos a verificar este tipo de situaciones que necesitan un estudio, tratamiento (para) ver si necesitan un ajuste a nivel policial».

Doce días después de la desaparición de los jóvenes en San Martín, Maritza asistió a declarar a la fiscalía. Dos años después, también dio su testimonio ante un notario. Además, en diciembre de 2016 declaró lo sucedido ante la Sala de lo Constitucional. A pesar de todos los esfuerzos de la mujer por hacer lo correcto al ser testigo de un crimen, Bryan y William no aparecen. Ningún soldado ha sido acusado.

«El tema de la desaparición forzada es bastante árido y sensible», comienza por explicar detrás de su escritorio Guadalupe de Echeverría, la jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía. La fiscal acepta, sin vacilar, que –mediante investigaciones– se ha logrado identificar un patrón de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Echeverría sostiene que ha tenido conocimiento de grupos conformados por soldados, policías y civiles que se dedican a desaparecer a personas. La premisa de estos grupos es matar al que consideren enemigo en una guerra entre pandillas y agentes estatales. Cuando sospechan que una persona es pandillera, la desaparecen y «proceden posteriormente a ejecutarla», menciona la fiscal en esta fresca mañana de febrero.

De acuerdo con este análisis, hay agentes estatales que desaparecen y asesinan personas porque las consideran culpables de pertenecer a pandillas, sin investigación de por medio, sin debido proceso, con base solamente en la sospecha. A pesar de que la fiscal habla de un «patrón», enfatiza en que estos casos son responsabilidad de grupos de exterminio que actúan al margen de órdenes institucionales.

Al inspector Guillén se le cuestiona si dentro de la Policía se han identificado patrones de desaparición de personas por parte de autoridades estatales. La respuesta que da es la de alguien que no se sorprende al escuchar este tipo de acusaciones. «Siempre se mencionan algunos grupos que se toman una atribución en particular, pero nos desvinculamos totalmente de esas acciones. Las funciones de un agente no lo llaman a eso», afirma.

Ilustración de Moris Aldana

Los familiares de las víctimas no confían en el trabajo policial o fiscal. Eso no es secreto dentro del aparato estatal. Echeverría sabe que eso contribuye a que la denuncia sea mínima y que el subregistro sea un factor dominante. Las familias «realmente no lo denuncian de esa manera, al menos en la Policía no lo denuncian. En Fiscalía tampoco y probablemente (el delito) existe», acepta.

A pesar de no contar con estadísticas fidedignas, ni PDDH ni Fiscalía niegan la existencia de este fenómeno.

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«Una cifra negra»

A William y Bryan los buscaron desde el primer día en que desaparecieron. Una familiar intentó encontrarlos en el puesto militar un par de horas después de la detención, pero «se le comunicó que personal propio de esa institución no había realizado ninguna captura», de acuerdo con documentación oficial. A la Fuerza Armada solo le tomó 2 horas adoptar la postura que ha mantenido hasta ahora: negarlo todo.

El 91 % de las víctimas de las denuncias de desaparición forzada de los últimos tres años son hombres. Los desaparecidos son, por regla, de clases sin privilegios. «Los perfiles son adolescentes y adultos jóvenes desde 17 a 30 años, aproximadamente. De escasos recursos económicos, del interior del país que viven en zonas de alto riesgo de amenazas de pandillas», asegura la procuraduría.

La abogada que presentó el caso de William y Bryan ante la sala denunció que después de sacarlos del mercado, los soldados llevaron a los muchachos a la colonia Santa María, un lugar dominado por la Mara Salvatrucha. El lugar en el que vivían los jóvenes es territorio controlado por la pandilla Barrio 18. La abogada explicó que la sola presencia de ellos en un lugar «contrario» puso en riesgo su vida. Y que eso comprueba que los jóvenes fueron trasladados a ese lugar en contra de su voluntad. Un joven de zonas conflictivas sabe bien cuáles son las fronteras que no debe cruzar.

Una semana después de su detención, los padres tenían la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, un grupo de personas se reunió frente al puesto militar de San Martín y protestó. Exigió información. Ahora, las posibilidades de encontrarlos vivos son pocas.

Algunos familiares de desaparecidos consideran que la denuncia es inútil y que los coloca en una situación más vulnerable. «Eso es una cifra negra que nosotros tenemos porque muchos familiares, por falta de confianza no acuden a la Policía ni a la Fiscalía. Por temor a las represalias o porque no confían en el sistema. Entonces, estas personas prefieren agotar otra vía. Van al Instituto de Medicina Legal a ver si hay algún levantamiento o a los hospitales», sostiene la jefa fiscal.

Bajo esta premisa, los familiares ya no buscan culpables. Se dedican a buscar un cadáver y, en el mejor de los casos, un herido.

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Las víctimas y la sospecha

Al caer la noche, Alexánder encontró una iglesia donde le dieron comida y resguardo. «Estaba golpeado, iba con garrapatas, llevaba pulgas en las orejas, los pies hinchados, llenos de espinas, con el brazo completamente morado e inflamado de los golpes que le habían dado con las cachas de las pistolas los policías».

Horas antes, Alexánder había ido al molino con su abuela. Prepararon la masa para los tamales y, al volver, unos policías lo detuvieron y se lo llevaron. Los agentes lo creyeron pandillero y ese fue motivo suficiente para trasladarlo a una montaña. Ahí le ordenaron correr mientras disparaban, como quien caza a un animal. Alexánder corrió y corrió entre el monte, hasta que encontró una iglesia. Este relato se puede leer en la investigación «Una reconciliación a través de las víctimas».

«Volvieron las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales», sentencia sin rodeos, el informe final. Esta investigación fue realizada por la Maestría de Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se inició hace dos años, cuando un equipo de siete investigadores se dedicó a escuchar relatos de víctimas de la violencia actual para luego sistematizarlos.

Martha Zechmeister, la coordinadora de la investigación académica, identificó que la pobreza está relacionada directamente con ser candidato a la desaparición forzada. Usualmente, las zonas más populares y comunidades obreras son el caldo de cultivo para las pandillas. Por otro lado, también, son las zonas más estigmatizadas por la autoridad.

«Un joven que nace en zonas vulnerables es ya sospechoso. Cuando habla con los policías se pone en peligro enfrente de los mareros. Están en una trampa, no hay escape: cuando no habla con los policías es sospechoso para los policías», dice Zechmeister.

La investigadora logró identificar algo que ella llama «niveles de escalada de la violencia». En el primer nivel encontró «los usos cotidianos de la violencia, como golpear a un presunto marero a partir de una sospecha. El segundo nivel es que desaparecen jóvenes: los suben a un carro y los llevan. Les aplican tortura física. Cuando la familia tiene suerte, lo encuentra».

Esta visión, proveniente de la academia, coincide con el análisis que se ha hecho en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí, se ha documentado que cuando las víctimas de desaparición forzada son jóvenes de zonas controladas por pandillas, lo primero que las autoridades hacen, antes que buscarlo, es tratar de averiguar si se trata de pandilleros o no. Esto criminaliza a las víctimas.

La idea de desaparecer a sospechosos, al margen de la ley, cuenta con un gran apoyo en redes sociales. Existen páginas con miles de seguidores, como Guerreros de Sangre Azul –con información de policías– donde se suben fotografías de «pandilleros y ratas eliminadas».

Guillermo Gallegos, el diputado por GANA y expresidente de la Asamblea Legislativa, es un fiel seguidor de estas campañas en las que se promueve la violencia física y el quebranto de la ley: «Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi», publicó en Twitter hace unas semanas. Estas frases no caen en terreno infértil. De acuerdo con las pocas denuncias, varios jóvenes han sido desaparecidos bajo la sospecha de ser delincuentes, sin un debido proceso y sin la posibilidad de defenderse.

Alexánder volvió a desaparecer dos días después de haber sido reencontrado en una iglesia evangélica. Su familia repitió y repitió a los investigadores de la UCA que él no pertenecía a ninguna red criminal. Se lo llevaron y ahora nadie se atreve a decir quién fue el culpable. Temen tanto de las pandillas como de la policía.

Algunos dicen que un marero de la colonia lo sacó en venganza por no unirse a la pandilla. Otros hablan de haberlo visto con Policías antes de que desapareciera. La familia no confía en nadie. No denunciaron.

Ilustración de Moris Aldana

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Sin garantías

«Hay un gran déficit en manejo estatal de estos casos. ¿Qué ofrecía el Estado como protección de víctimas? Una ayuda en granos básicos y una medida de resguardo en casa de protección donde tienen a testigos criteriados», empieza por explicar el abogado Pedro Cruz, director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).

Él habla de un déficit porque lo vio de primera mano. Como parte de su trabajo, promovió un habeas corpus a favor de otros tres muchachos de Armenia desaparecidos por la Fuerza Armada en 2014. Un grupo de jóvenes departía en una acera cuando fue interceptado por militares. Dejaron ir a dos, pero los otros tres fueron llevados hacia una zona de pandillas. No se supo nada más de ellos. El caso se judicializó, se obtuvo condena y marcó un precedente.

Pero, en la práctica, tanta denuncia no sirvió para encontrarlos. Los familiares de los jóvenes acusaron a agentes estatales ante la Policía, la Fiscalía, la PDDH, la Sala de lo Constitucional y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun así, no pudieron recuperar a los jóvenes.

La denuncia pública a la Fuerza Armada colocó en riesgo a las familias. Y la protección que se les ofreció no era una en la que podían confiar. Para que estuvieran tranquilos, el Estado salvadoreño les ofreció vivir en una casa de protección. En estas casas, explica el abogado Cruz, las familias deben permanecer encerradas y no tener contacto con el mundo exterior. La familia se negó. No se fiaban de las autoridades salvadoreñas. Además, habrían tenido que compartir espacio «con testigos criteriados, que son delincuentes confesos».

A pesar de que las familias siguieron al pie de letra todos los mecanismos de denuncia nacionales, incluso, elevaron el caso a escala internacional, la búsqueda no dio resultado. Para protegerse, las familias de los muchachos huyeron de El Salvador.

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El miedo de Maritza

Días después de que William y Bryan fueron sacados del mercado, los padres de los muchachos fueron a buscar a Maritza. Le pidieron que, por favor, los acompañara al puesto militar en una zona cercana conocida como «Ex-IRA». Querían ver si ella lograba reconocer a alguno de los hombres que se llevaron a sus hijos.

Maritza accedió y cuando llegaron a los alrededores de las instalaciones, identificó a uno de los soldados que gritaba y golpeaba a los muchachos días antes. «Estaba uniformado e inmediatamente entró», dijo.

Posteriormente, Maritza fue llamada para realizar un reconocimiento de las caras de los militares. En teoría, el reconocimiento se realizaría con fotografías de 29 soldados destacados en San Martín entre julio y agosto de 2014. Maritza no llegó a la diligencia y no se logró identificar con nombre y apellido al soldado señalado.

Aunque faltó al reconocimiento, sus palabras fueron primordiales para la Corte Suprema de Justicia: «Esta sala no tiene razones para dudar del testimonio de la señora, quien narró coherentemente los hechos en su declaración testimonial pero que, además, desde la primera vez que fue entrevistada en sede fiscal, a pocos días de la privación de libertad de los favorecidos en 2014, ha insistido en que en esta se llevó a cabo por militares, quienes vestían con uniforme camuflado».

Maritza explicó que había tenido miedo, que por eso no asistió a la diligencia. Su testimonio, sumado a documentos de la PDDH y relatos de los familiares, permitió que la sala concluyera en marzo del año pasado que «los responsables de tal privación de libertad fueron agentes de la Fuerza Armada».

Pedro Cruz, un abogado de la asociación que promovió esta causa ante la sala, aclara que, aunque «el fenómeno de la desaparición, cuantitativamente, está más vinculado a las maras, que lo haga una entidad del Estado, aunque sea en pocos casos, es grave. Cualitativamente tiene una dimensión profunda».


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Desaparecidos en El Salvador

«Cómo quisiera uno ayudarle. Aquí su sufrimiento es solo una parte. En el cielo usted no va a sufrir mucho», le dice una mujer con delantal en la cintura a Elizabeth. Ellas platican una mañana de miércoles dentro de la iglesia de San Rafael Cedros, un municipio de Cuscatlán.

Elizabeth es ama de casa y comerciante. Desde que tenía dos años ha vivido en este pueblo; y desde hace 13, es la compañera de vida de Nelson Ortiz. La pareja, aunque ha querido, no tiene hijos. La mujer del delantal –una vendedora– sigue hablando y le pregunta si se ha averiguado algo más de Nelson. «Nada», responde Elizabeth y su interlocutora la mira con compasión.

Frente a ellas, otra mujer reza hincada frente a una imagen del Divino Niño, vestido de rosado. «Dios me la ayude», le dice la mujer y sale de la iglesia. Elizabeth guarda silencio y se contiene. Durante las últimas semanas nadie ha podido encontrar a su pareja.

Nelson es empleado desde hace casi dos décadas de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una sociedad subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Desde hace un mes, Nelson no se presenta a su trabajo. La única información que se tiene de él es que el 26 de diciembre de 2018 salió de turno a la medianoche. A la mañana siguiente, Elizabeth lo esperaba con el desayuno en casa, pero él no regresó. Desapareció.

Desde entonces, Nelson forma parte de los 2,682 reportes de personas privadas de su libertad durante 2018. Su caso no está definido como desaparición. Esa categoría legalmente solo está reservada para aquellos a quienes los desaparecen policías, militares u otras fuerzas del Estado.

El concepto de «privación de libertad» puede llegar a utilizarse como un término sombrilla. Por ejemplo, si una persona es encerrada en un sitio a la fuerza por alguien de su confianza y logra salir, puede llegar a la policía y poner una denuncia. Esta acusación estará tipificada bajo el mismo delito que el de los desaparecidos que llevan meses o años sin aparecer. Así, El Salvador aún no cuenta con una cifra fidedigna que permita establecer cuántas personas desaparecen. Tampoco se tiene un registro de cuántas son encontradas.

Elizabeth afirma que ella misma perdió su vida hace un mes. Se la pasa pegada a un teléfono que contesta de inmediato cada vez que suena. Sigue esperando una llamada, alguna pista. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, «la persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación». Para Elizabeth, la tortura psicológica es ver todos los días una pared que su esposo dejó a medio pintar.

Ilustración de Moris Aldana

LA DESAPARICIÓN

Veintiún días después de que Nelson ha desaparecido, Elizabeth toma unas sillas de plástico de la iglesia y las coloca a un lado del templo. Desde ahí y con un volumen muy suave, comienza a contar cómo fueron los días previos a la desaparición de su compañero de vida.

«Tengo tantos recuerdos», dice y empieza a enumerar: el domingo 23 pasearon en Ataco y el 24 fueron a un almuerzo en San Salvador. La cena de Nochebuena no la pudieron pasar juntos porque Nelson debía trabajar el turno de la noche, pero Elizabeth le guardó recalentado para el día siguiente. A la mañana del 25, él volvió a casa y Elizabeth le sirvió el desayuno: frijoles, plátanos, huevo y crema.

Ese día platicaron sobre la pintura. A ella una mancha en la pared le recuerda los planes que tenían para la casa en la que ahora se ha quedado sola; antes de que terminara el año, pintarían su hogar. «Teníamos un rodillo, habíamos comprado cubetas de pintura y me dijo: ‘Mañana voy a comprar una brocha’. Y ahí quedó pintada solo una parte de la pared», cuenta la mujer. La cara se le descompone y comienza a llorar.

Ese 25 de diciembre fue el último día que Elizabeth vio a su pareja. Después del almuerzo, le preparó la cena para que se la llevara y él salió a las 3:20 de su casa. Desde entonces, ni la Fiscalía, ni Medicina Legal, ni la Policía han podido ayudarle a reencontrarse con él.

El turno de Nelson comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche. Por seguridad –explica la mujer– los trabajadores se quedan dentro de la institución durante la madrugada. La sede de San Rafael Cedros de ETESAL se encuentra cerca del centro del pueblo, pero no está en una calle principal amplia. Para llegar al portón, hay que atravesar una calle rodeada de maleza. Gente de la zona afirma que es un lugar frecuentado por pandillas.

Nelson no volvió. Elizabeth lo esperaba esa mañana del 26 de diciembre. Al notar la tardanza, le llamó. No le contestó, pero ella dice que en esa primera llamada asumió que había sucedido alguna emergencia en el trabajo y que por eso no le contestaba. A lo largo del día siguió insistiendo. A eso de las 5 de la tarde, el celular de Nelson ya sonaba apagado. Ella buscó a un amigo que la llevó en una moto hasta ETESAL. Ahí le dijeron que Nelson salió a medianoche, justo al finalizar su turno.

—Todo estaba bien, por eso no entiendo yo qué ha pasado. Me hago una y mil preguntas. ¿Qué pasó? –exclama la mujer.

En ETESAL, nadie da, de forma oficial, razón del paradero de Ortiz. La institución decidió no corroborar los datos que brinda la pareja del desaparecido. La encargada de Comunicaciones, Estela Valle, expresó –desde su oficina en Santa Tecla– que sí han estado pendientes de la desaparición de uno de sus trabajadores y que sí han tomado acciones de búsqueda.

Al ser cuestionada sobre qué acciones han realizado, dijo que no puede revelarlas, pues solo el gerente está autorizado para dar declaraciones. Desde el 16 de enero, Valle no volvió a contestar su teléfono ni las solicitudes de entrevista. Hasta la fecha, a pesar de que ya pasó un mes desde que Nelson fue visto por última vez en sus instalaciones, ETESAL no se ha pronunciado en público sobre la desaparición de su empleado.

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Este lineamiento forma parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU).

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LA DENUNCIA

«El Estado no tiene forma de atender el problema de los desaparecidos. Por cada familia, es una tragedia de proporciones indecibles», dice Pedro Cruz, sin rodeos. Él es el director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y también fue aspirante a fiscal general en 2015.

Cruz trabaja con familiares de personas desaparecidas. En su labor ha podido corroborar que, cuando alguien quiere informar ante las autoridades la desaparición de su ser querido, ni siquiera hay un criterio unificado de cuánto se debe esperar para que la Policía acceda a tomar la denuncia. «A veces 24 horas, a veces 48, a veces 72. Ni siquiera ellos tenían claro cuánto debían esperar».

A partir del 10 de diciembre de 2018, una persona puede denunciar la desaparición de un ser querido desde el momento en que identifica el hecho. No hace falta dejar pasar 24, 48 o 72 horas. Ese lineamiento es parte del recién aprobado Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). De ejecutarse con efectividad, el protocolo activaría de inmediato al personal fiscal y policial para encontrar a las personas antes de que sufran tortura, violaciones o se conviertan en víctimas de homicidio.

En la práctica poca gente tiene conocimiento de este protocolo. Nelson desapareció 15 días después de la presentación del PAU y, a pesar de la angustia que sentía desde tempranas horas del día, Elizabeth esperó las 24 horas que creía necesarias para denunciar. Solo hasta las 0:51 horas del 27 de enero declaró en una delegación del Centro Histórico de San Salvador. Un mes después no conoce avances en la investigación.

«Elizabeth (…) manifiesta ser compañera de vida de Nelson Ortiz, de 41 años de edad, quien ha desaparecido desde el día 26-12-2018 a las 00:10 horas», se puede leer en el acta de la denuncia. El delito que en ese papel se identifica es «privación de libertad». En el Código Penal sí existe la desaparición forzada como crimen, pero ese solo aplica cuando lo cometen fuerzas del Estado como la Policía o el Ejército. En el caso de Nelson no se tiene indicios de que haya sucedido así.

Ilustración de Moris Aldana

La desaparición de personas no es una realidad nueva en el contexto salvadoreño. Lo único que cambió fue el victimario. En las décadas previas a la guerra y durante el conflicto armado, la mayoría de desapariciones ocurrían por abusos de poder legitimados por el Estado; y el Código Penal aún refleja esa realidad. Lo que no está recogido en la legislación salvadoreña actual es que ahora los victimarios son parte de otras estructuras criminales.

«Hay un debate que se está empezando a formular. En algunos países tienen el delito de desaparición por parte de particulares y aquí, a escala de El Salvador, no lo tenemos resuelto», opina Arnau Baulenas, el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

El protocolo que se firmó 15 días antes de que Nelson desapareciera debía suponer un cambio de paradigma en la búsqueda de los desaparecidos. Pero eso aún no pasa. En las oficinas regionales aún no es conocido ni aplicado en totalidad. «El reto es la socialización del protocolo a todo el personal operativo de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH a escala nacional», reconoce la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Y el reto del que la funcionaria habla permanece grande. Las respuestas que se reciben de las autoridades distan de lo escrito en el papel. Dos semanas después de haberse lanzado el nuevo protocolo, Omar Moreno, de 26 años, desapareció. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas en Santa Ana, y nadie lo encuentra desde el 23 de diciembre de 2018. Su madre reclama que cuando ella pidió información del caso de su hijo, las autoridades le pidieron paciencia, que la investigación, tal vez, avanzaría más rápido cuando terminaran todas las fiestas de fin de año.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA BÚSQUEDA

«Yo estoy destrozada. Ya no sé qué más hacer», confiesa Elizabeth. Por buscar a Nelson se está quedando sin ahorros. Usualmente ella se encontraría vendiendo cereales para tener ingresos, pero después de un mes de dedicarse solo a la búsqueda por diferentes departamentos, el dinero se está acabando.

Antes de que Nelson desapareciera, Ana Elizabeth dice que no conocía ninguna sede del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador. Ahora ya ha ido a tres sedes distintas en más de una ocasión para averiguar si han encontrado algún cadáver que coincida con las características de su pareja. A veces va en bus, a veces va acompañada de otra gente de su iglesia, cuenta. «Lo único que uno va pensando es en encontrarlo», reflexiona. Luego asegura que en las sedes de Medicina Legal no ha visto fallecidos, sino que le muestran fotos de cadáveres.

Se pidió una entrevista en el Instituto de Medicina Legal para conocer cuál es el proceso que se realiza con un familiar que busca a su ser querido entre cadáveres. El IML no aceptó.

Mientras habla, Elizabeth mantiene en sus manos una bolsa llena de fotos de Nelson. En el retrato aparece con la barba canosa, una camisa fucsia y el ceño fruncido. Es una de sus fotos más recientes. Ella dice que se va a dedicar a repartirlas más tarde. «¡Ay!, ¡cómo ando la cabeza!», se reprocha. Antes de imprimir las fotos olvidó escribir la leyenda «se busca». Explica que le va a escribir la frase a mano y más tarde irá a pegar las fotos en los lugares donde es posible que alguien lo reconozca.

«De ETESAL jamás me han llamado», se queja Elizabeth. Ella ha llegado a barajear entre las posibilidades que a Nelson le haya sucedido algo dentro de su trabajo, pero rápidamente desecha la idea. Sostiene que no le parece lógico porque, de ser así, «ahí estaría el cadáver».

Alrededor de esta desaparición solo hay silencio. En la Policía se intentó averiguar si ya se tenían posibles sospechosos del caso, pero los oficiales de turno de la delegación centro de San Salvador se negaron a emitir algún comentario. También se buscó entrevistar a la subinspectora a cargo de la delegación donde se presentó la denuncia, pero tampoco se obtuvo respuesta favorable.

En la empresa tampoco dan razón del empleado. En una mañana de mediados de enero, dos vigilantes con uniforme verde y armas largas cuidan el portón celeste que da entrada a ETESAL de San Rafael Cedros. Aquí es el último lugar donde se vio en público a Nelson. Uno de los vigilantes dice que adentro están los compañeros del trabajador y que les preguntará si tienen tiempo de platicar.

Después de un par de minutos, el vigilante vuelve al portón con un mensaje: «Les han prohibido hablar». Dice que los únicos autorizados para hablar sobre la desaparición son sus jefes que se encuentran en Santa Tecla. El vigilante solo se limita a contar que Nelson es un hombre tranquilo y que sí salió de su lugar de trabajo aquella madrugada del 26 de diciembre.

Por ahora no se conoce ninguna captura relacionada al caso. «Me han asignado a un investigador. El investigador solo me dice que tenga paciencia; que hasta ahorita, nada», señala Elizabeth. A veces, una desaparición causa alarma social; la de Nelson no es una de esas. Lo único que hay al respecto es un tuit en una cuenta de alertas donde se dice que se le busca.

“La persona que desaparece sin dejar rastro es la víctima principal, pero la tragedia también afecta a muchos otros. A veces, los familiares piensan en la persona desaparecida todo el tiempo, oscilando entre la esperanza y la desesperación”.

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LA ESPERA QUE PIDEN LAS AUTORIDADES

Una mujer corre en la tierra con páginas en las manos. En las hojas de papel bond están impresas fotos de hombres acompañadas por la leyenda «se busca». La mujer sigue corriendo y preguntando a quienes tiene enfrente si han visto a su hijo. Escarba la tierra con las manos y llora. Encuentra unos retazos de tela y busca, al menos, los huesos de su hijo. No lo encuentra y grita con la voz desgarrada: «¡Aquí no está!»

La mujer es una actriz de teatro, Alejandra Nolasco, quien durante 2018 presentó la obra «Los ausentes». No es raro que su público llore. La obra está basada en la historia de Milagro, una mujer salvadoreña cuyo hijo fue desaparecido en la vida real. La actriz interpreta algunas noches en el escenario esa espera llena de angustia que cientos de familiares viven todos los días.

Esperar de manera pasiva no es una opción para los familiares de desaparecidos consultados en este reportaje. No, si quieren recuperar a sus seres queridos, vivos o muertos. Y es más difícil tener paciencia cuando –por lo lento que avanzan las investigaciones– intuyen que no se están haciendo búsquedas de la manera más efectiva.

Y esto no es ningún secreto. Incluso se reconoce dentro del Estado: (En algunas ocasiones) «No se hace una investigación o búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y la determinación de los presuntos responsables no es efectiva. Por lo tanto, los casos no llegan a judicializarse«. Así lo afirma la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.

Quienes buscan a sus familiares se ven en la obligación de presionar e insistir a las autoridades para que realicen el trabajo que, por ley, les corresponde hacer. Y para ello, espacios como el IDHUCA brindan cierto apoyo: «Una vez tenemos ya la información, lo único que podemos hacer –porque no tenemos ya la capacidad de ayudar propiamente en la búsqueda– es asesorar para que se ponga la denuncia o incluso para que ellos intenten presionar a las instituciones encargadas de la investigación», explica Arnau Baulenas.

El familiar en lugar de procesar su dolor de manera tranquila se ve obligado a tomar un rol activo dentro de la búsqueda, si quiere ver resultados. La confianza en el sistema está minada. La madre de Omar Moreno –el estudiante santaneco de Ingeniería– lo ejemplifica mejor: » Yo sola ando buscando, porque la policía, nada. A veces me hablan, pero no me han dado número del investigador. Lo salgo a buscar a todos lados. Voy a la morgue todos los días».

La mamá de Omar dice que aún espera encontrar a su hijo con vida; pero, a diario, lo tiene que buscar entre cadáveres. El año pasado, la actriz de teatro de «Los ausentes» lanzó una pregunta: «La esperanza, a veces, es encontrar un cuerpo, un cráneo. ¿Cuándo nos convertimos en un país en el que la esperanza es eso?»

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LO EXCEPCIONAL: CAPTURAS

Una veintena de futbolistas jóvenes corren por la cancha del estadio Ana Mercedes Campos en Sonsonate. Sudan, se esfuerzan y se enorgullecen con sonrisas pequeñas cuando hacen lo que debían hacer con la pelota. Omar Pimentel los observa frente a la cancha. Él es el preparador físico del equipo. Les exige que trabajen mejor y les da consejos a los jugadores. Al finalizar el entreno, se sienta en los graderíos del estadio: «Uno trata de llevar las cosas de la mejor manera, pero quiérase o no, es imposible», dice serio. Este martes se cumplen seis días desde que cinco miembros de su familia desaparecieron.

La noche del miércoles 16 de enero había sido buena para el preparador físico, mejor conocido como «el profe Pimentel«. Había partido y su equipo le anotó cinco goles a sus adversarios de Santa Isabel Ishuatán. El juego se realizó en el estadio de Sonsonate y varias decenas de personas llegaron a apoyarlos. Había gente de todas las edades, ventas de comida y bebidas. Entre la afición estaba su núcleo familiar.

El entrenador vive en Sonzacate junto a su hijo mayor, quien también es parte del club deportivo. Ahí, el equipo les brinda casa. El resto de su familia, en cambio, vive en Chalchuapa. Su esposa, Rosa de Pimentel; su suegra, Silvia Jaco; su hijo, Marcos, de 12 años; su cuñado, Carlos Jaco; y la novia de este último, Tania Monterrosa, fueron a apoyarlo el miércoles pasado.

El partido terminó y la familia se dirigió de vuelta a Chalchuapa. A la altura de la zona conocida como Los Naranjos se les pinchó una llanta y desde entonces, desaparecieron. El equipo de fútbol compartió esta información en su página de Facebook y más de mil personas lo compartieron con sus contactos. Así, los medios de comunicación se enteraron del caso.

Dos días después de que la noticia se hizo pública, la PNC presentó a cuatro personas capturadas. Entonces se dijo que los detenidos son pandilleros de la zona, pero no se explicó cuál es su relación directa con la desaparición de la familia. El preparador físico agradece la respuesta inmediata: «Me ha constado que la policía se mantiene presente en la zona».

La pronta acción de los policías en algunas denuncias resulta un trago agridulce para familiares de otros desaparecidos. Se alegran de que a una persona que atraviesa por lo mismo se le ayude. Por otro lado, se entristecen de que en su caso no haya sucedido así. Claudia Espinoza bien lo sabe. Ella es periodista y conoce cómo funciona el sistema de justicia y sus procesos legales. Su hermano, William López, se dedicaba a realizar viajes privados y desapareció hace casi un año. El caso recibió alguna atención mediática, pero hasta la fecha la investigación no ha dado mayor fruto. «Nos sentimos solas con mi cuñada, quieren que uno resuelva su caso», se queja.

Pimentel reconoce la repercusión que el caso de su familia ha tenido. Pero también sabe cómo suceden las cosas en un país donde difícilmente se investigan los hechos de este tipo: «Cuando el tiempo avanza y no hay algo que identifique, quiérase o no, las investigaciones se paran porque ya no hay cómo seguir y ese es mi mayor temor. Que paren y que esto se quede así».

El de la familia es un caso excepcional por el tiempo récord en que se identificaron posibles sospechosos y se realizaron capturas. Sin embargo, es similar al resto de historias en una cosa: las autoridades no pudieron ubicar a los familiares en la primera semana de su desaparición. Esta mañana de martes, una corriente de aire frío llega a las gradas del estadio en Sonsonate y Pimentel se inquieta. Dice que le preocupan estos vientos, que su hijo puede estar pasando frío.

“Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado”.

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LA IMPUNIDAD

«Yo siento morirme. No sé ya dónde buscarlo», dice Elizabeth, desde San Rafael Cedros, mientras piensa en Nelson. En general, los familiares de los desaparecidos se encuentran desamparados. La justicia difícilmente llega para este tipo de delitos. Y David, Morales, el director de litigio estratégico de la organización Cristosal, considera que esta impunidad ha sido heredada.

Morales, quien fue procurador de Derechos Humanos, hace un paralelismo con las desapariciones que se experimentan actualmente y las que ocurrieron durante la guerra civil. Explica que, aunque las razones de origen de estos casos son distintas, la respuesta –ausente– del Estado es un punto de coincidencia.

«Estamos hablando de privaciones de libertad con resultados de homicidios o delitos graves por parte de grupos criminales. Estarían cayendo en una repetición del esquema de impunidad en que se dieron las desapariciones del pasado», opina.

Morales infiere cierto desdén estatal a la hora de buscar justicia y resarcimiento para estas situaciones: «Es cierto que los recursos son limitados, pero son muchos años sufriendo violencia delictiva sin que se hayan visto esfuerzos más serios. Eso lo que denota es una indiferencia para con las víctimas».

Cuando alguien no aparece tras los primeros días de su desaparición, existe una alta posibilidad de que su paradero se mantenga desconocido. Esto es lo que le dice la experiencia al abogado Pedro Cruz. Él labora en una asociación de derechos humanos donde desde 2015 se acompañan denuncias de personas desaparecidas.

De 61 casos con los que han trabajado, solo en dos ocasiones se han podido localizar los cadáveres de las víctimas. En términos penales, el panorama es peor. Durante estos últimos cuatro años, decenas de familiares han llegado a su oficina pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos y alcanzar justicia. Pero de esas 61 denuncias solo se ha logrado condena en una. Para él está claro: «En general, las desapariciones no están resueltas».

Ilustración de Moris Aldana