Carta Editorial

En una situación de emergencia, las personas tienen derecho a cometer equivocaciones al calor de la improvisación, del pánico. Los gobiernos, sin embargo, no tienen ese margen. Los gobiernos deben seguir protocolos, guías. Deben actuar no solo para el hoy, sino que con proyección. Deben calcular al centavo el peso de sus decisiones. Porque las mismas afectan a mucha gente.

La pandemia por covid-19 vino a poner a prueba todo. Pero, más que nada, vino a poner a prueba esa capacidad de cálculo de las instituciones. Esta no era solo una crisis por riesgo sanitario. Atravesaba muchas más esferas de manera igual de vital, como la educativa y la económica.

En esta última, el resultado que se va viendo es bastante oscuro. La falta de regulación hace que los procesos de reapertura sean desordenados, ansiosos y llenos de choques. No hay una guía acerca de cómo dirimir conflictos entre, por ejemplo, los derechos de clientes y los de los empresarios, cuando, en ambos casos se está en una situación de desventaja.

La periodista Doris Rosales ha hecho para esta edición un seguimiento a los casos de esas empresas que no tenían ningún fondo de emergencia del cual echar mano para hacer frente a la crisis. Estos negocios de subsistencia representan una parte importante de la economía y ha recibido un golpe de gran impacto.

Clientes a los que no se les cumplió y empresas pequeñas o medianas incapaces de hacer frente a compromisos es lo que abunda en la reapertura económica. A escala mundial, los expertos han sido muy apocalípticos para describir lo que viene detrás de la pandemia. Aquí, la historia no pinta lejos de eso, con el agravante de que no hay rumbo definido. Hace falta entender y asumir que los problemas que los gobiernos están llamados a resolver no son solo políticos.

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La pandemia por covid-19 colocó como tema de discusión el fortalecimiento del sistema inmunológico. Acá apareció, como un atajo o un apoyo, el consumo de complejos vitamínicos. Antes que esto, sin embargo, estaban dos elementos que es necesario difundir más: ejercicio y alimentación adecuada.

En lo de la alimentación hay que destacar, primero, que exista; que la gente tenga algo qué comer incluso cuando sus ingresos económicos sean bajos o no haya. Este es, al menos, el debate entre muchas familias. Hay otro, sin embargo, que crece como problema de forma paralela. Y es el que tiene que ver con la calidad de los alimentos que están al alcance de la población.

Los alimentos que encontramos de forma más fácil no son siempre los ideales. Tienen mucha grasa, son altos en azúcar y pueden causar problemas de salud que, a la larga, son complejos. A la par de las preocupantes cifras de desnutrición, crecen las cifras de obesidad.

Ambos extremos colocan a las personas en riesgo. Los problemas derivados de la alimentación deficiente son variados, este es un elemento base en el desarrollo de enfermedades graves. Y, también, es un factor determinante en el sistema defensas del cuerpo.

Comer mejor debe ser una política de estado, porque las consecuencias de no hacerlo salen mucho más caras. Esta es una de las tantas razones por las que en México hubo mucha insistencia en regular el etiquetado de los alimentos. El reportaje de esta edición relata esos momentos en los que esta medida, tan urgente, se torció. Y acabó lejos de lo que la población, una muy asediada por la diabetes, necesitaba para poder tomar elecciones con la mayor cantidad de información a la mano. La alimentación debería ser una cuestión prioritaria para los gobernantes, pero, en la mayoría de casos, no deja de ser un negocio en que lo que menos importa es nutrir.

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En los últimos años se ha dado mayor visibilidad a los problemas de salud mental. Y se han hecho valiosos esfuerzos por quitarle el estigma a la solicitud de ayuda psicológica o psiquiátrica. El camino es largo aún, está claro. Pero estos pasos que se han dado ya han ayudado a muchas personas.

La asistencia en salud mental no es un lujo, no es accesoria, no implica una debilidad. Es un derecho, uno al que, en un país tan convulso como el nuestro, debería de dársele la mayor importancia. Los sucesos a los que hemos sido expuestos indiscutiblemente han dejado cicatrices físicas y emocionales que es necesario evaluar con profesionales. Ahora, la pandemia y todo lo que la rodea vino a añadir estrés y vino a complicar la situación en los hogares.

En el reportaje de esta edición, la periodista Doris Rosales reúne las voces de niños y madres de familia que desgranan sus rutinas en medio de clima de alteración. Acá, también se ha tomado en cuenta a los profesionales en salud mental que han tenido que adaptar sus procedimientos para seguir brindando el servicio, esta vez, con más énfasis en identificar situaciones de riesgo.

Los pasos que dieron antes son los han ayudado a sostener estas alternativas de atención en salud mental. Se ha dado visibilidad y se le ha puesto nombre a los problemas relacionados con esto. Los niños tienen ahora alguna opción más para crecer sin prejuicios en contra de la asistencia en salud mental. Esto les dará más herramientas para identificar claramente sus emociones y también para reconocer delitos.

Falta mucho para que la salud mental sea universal en los centros educativos del país. Falta mucho para que este derecho alcance a toda la población. La pandemia es un escenario que tiene que obligar al sistema a pensar más en otorgarle recursos suficientes.

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Acerca de la improvisación del gobierno salvadoreño en el abordaje de la pandemia por covid-19 hay muchos ejemplos. Pero pocos consiguen ser tan masivos como el de todas las personas que, tras el cierre del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero quedaron varadas lejos de sus hogares.

La forma en la que cada persona tuvo que hacer frente a esta difícil situación tiene como factor común que ninguno encontró el apoyo que esperaba de parte de las instituciones gubernamentales. A unos les faltó ropa, a otros les faltó medicina. Muchos hallaron consuelo en la caridad o en el cariño de amigos o familiares. Otros, menos afortunados, cuentan cómo se quedaron hasta sin comer. Y todo lo vivieron de forma paralela al ascenso de las crisis sanitaria, económica y social derivadas de la pandemia.

Las personas que quedaron varadas han sufrido daños emocionales y sociales que, difícilmente, las autoridades puedan, siquiera, calcular. Afuera, después de cinco meses, todavía hay gente que no ha encontrado la manera de regresar.

El objetivo de las medidas tomadas fue el evitar el contagio de la población y, con eso, proteger la vida de los más vulnerables. En el camino para conseguir esa meta, sin embargo, se vulneró una gran cantidad de derechos que nunca les tuvieron que ser restringidos los salvadoreños que estaban fuera del país. A ellos se les debió proteger más y se les debió dar más garantías por, para empezar, una mera cuestión humanitaria.

El reportaje de esta edición recoge el testimonio de una de esas personas que quedaron varadas. Fueron muchas las gestiones y solicitudes que hizo, pero, cada día, cada semana, cada mes que transcurrió sin que se abriera la posibilidad de volver obligó a este hombre a tomar una decisión extrema. Él, como muchos otros, hizo su propia ruta y regresó al país atravesando fronteras a pie y en balsa. Necesitaba, por encima de cualquier cosa, estar en casa.

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El adelanto de libro de esta ocasión es Hard Rock, del novelista Felipe A. García, quien estudió la carrera de Comunicación Social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La escritura, sin embargo, la moldeó «a través de talleres literarios, tanto en los géneros del cuento como la novela; así como talleres de cinematografía en las áreas del guion y la dirección», se indica en una reseña.

García ha publicado sus últimas dos novelas, Hard Rock y Diario Mortuorio, con la editorial Los sin pisto, que nace como una alternativa artesanal para canalizar y publicar trabajos interesantes como el de García.

“La editorial surge por la necesidad de tener un espacio para publicar y donde pudiéramos escribir los libros a nuestra conveniencia. Ya todos conocemos los problemas de edición, distribución y circulación que existen en el país. También la recepción por parte de las librerías. Buscaba una manera de saltarme todos esos sistemas”, ha dicho Mauricio Orellana Suárez, de esta casa editorial, hace dos años en la Revista Café Irlandés, de la que García también es fundador.

García es parte de un movimiento de escritores que van creando sus propias escaleras para avanzar en un país con una industria muy cruda y muy afectada por todas las otras crisis.

La trayectoria García, sus premios, sus trabajos publicados son, a la vez, una muestra de las batallas que se le van ganando a un sistema hecho para que crecer en este campo sea difícil. La novela de García es una lectura fresca y cercana que transmite esa esperanza en que sigue habiendo gente empeñada en escribir, y bien, sobre su tiempo.

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El cultural es un colectivo que, desde siempre, ha sido marginado en este país. Pero, en el actual período gubernamental, esta orfandad ha quedado todavía más evidencia. En poco más de un año, no ha habido avances en este sentido, al contrario, ha habido un franco retroceso. Y este es un problema que se agrava en medio de la pandemia de covid-19.

En esta edición, el periodista Stanley Luna entrevista a Jorgelina Cerritos, dramaturga y actriz salvadoreña que, a lo largo de su carrera, ha acumulado numerosas certificaciones y premios por su trabajo.

Desde ese conocimiento, Cerritos apunta a la necesidad que tiene de público el artista, el creador de productos culturales. Pero también apunta a la necesidad, al hambre, que tiene ese público de consumir cultura. “En teoría, tendríamos que estar preocupados por esa relación bilateral, por esa relación complementaria”, señala.

La sociedad no es tal sin su reflejo. Se pierde si no es constantemente enfrentada. Y ese trabajo delicado y demandante descansa en manos de un grupo de gente al que se le agradece y reconoce poco. Esta es otra de las grandes deudas que se lleva a cuestas.
El gremio artístico ya era vulnerable antes de que el virus llegara a imponer normas de distanciamiento social. Ahora, necesita reinventarse. Necesita encontrar el camino para salvarse y salvarnos a todos de la falta de conciencia acerca de lo que somos.

El arte es, a la vez, memoria y desahogo. En momentos complicados, como estos que estamos atravesando, no se pueden descuidar las manifestaciones y los espacios culturales. Al contrario, se tienen que cuidar y potenciar. Porque son justamente estos espacios los que van a terminar de ayudar a volver. Son los que van a configurar la nueva normalidad.

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La situación de la pandemia ha desnudado las desigualdades, sin duda. No se trata solo de tener o no tener dinero. Se trata de que por décadas perpetuamos un sistema en el que tener dinero ha significado también tener salud, educación, servicios básicos y, en toda regla, oportunidades para mejorar la calidad de vida.

Al no atender las alertas, al no hacer que estos derechos estuvieran al alcance de todos, sembramos la semilla de problemas mayúsculos. Aquí nunca se pensó en una estrategia que tratara a la salud, por ejemplo, como algo que no le puede faltar a nadie desde el momento en que nace hasta que muere. Contrario a eso, se fragmentó el sistema y se cultivó la idea de que lo privado es de mayor calidad. Y con la educación sucedió lo mismo. Lo privado se convirtió en algo no solo aspiracional, sino que, efectivamente, más conveniente también. Pero, ¿y quienes no lo pueden pagar?

Ahora, la pandemia colapsó hospitales y cerró instituciones educativas. En salud, el asunto está más parejo: no hay para nadie. Pero en educación, la brecha no ha hecho más que crecer y crecer. Los estudiantes que más tienen sufren el encierro y el estrés, pero se sientan frente a la computadora con un internet veloz a seguir, como se pueda, el proceso de enseñanza. Los que no tienen, y nunca han tenido, se han visto obligados a ver qué se puede lograr con celulares viejos o guías educativas impresas. Algunos definitivamente suspendieron y otro más se aferran con esperanza a los programas de la televisión educativa. Pero la desigualdad está. Es enorme. Es penosa. Y hay que reconocerla en todo su esplendor.

En la edición de hoy hay un repaso por cómo la región ha iniciado una carrera para adaptar los procesos educativos a esta nueva realidad. Esta en la que los niños ya no aprenden en un espacio homogéneo y colectivo con aulas y canchas. Ahora se acomodan en algún lugar de casa que, para nada, es igual o parecido al que pueda tener el resto de sus compañeros. En un proceso de aprendizaje, cada detalle importa. Y queda mucho por delante para evitar, a toda costa, que la educación termine de transformarse en un privilegio.

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La entrevista que ha sido incluida en esta edición es un golpe duro, pero necesario. Los años que vienen solo serán más difíciles para todos. Aquí, no hay recuperación fácil ni inmediata. Así lo advierte Jacques Attali, quien se ha graduado como economista, abogado e ingeniero en la Escuela Politécnica, la Escuela de Minas, el Instituto de Estudios Políticos y de la Escuela Nacional de Administración. Obtuvo, también, un doctorado en Economía.

Attali fue el primer presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Y fundó, en 1980, la organización no gubernamental Acción Internacional contra el Hambre. Ha recibido numerosos doctorados honoris causa y ha formado parte de la lista de los 100 intelectuales más relevantes del mundo en varias ocasiones. Desde toda esta experiencia, señala que hay poco margen para el optimismo en lo que viene junto a la pandemia.

Lo que Attali recomienda a los gobiernos es aplicar medidas de economía de guerra. Esta alusión bélica crea una serie de anticuerpos de entrada. Pero, en la práctica, se refiere, básicamente, a cambiar todos los paradigmas de producción para centrar los esfuerzos en un solo objetivo. Para un país en conflicto, ese objetivo sería disponer de todos los recursos para ganarle al adversario. En el caso actual, se trata de cambiar la forma en la se invierte, se produce y se gasta para centrarse en superar la pandemia de covid-19 y, a la vez, enfocar las energías en las actividades que permitan atenuar el impacto de la crisis económica.

Esta manera de pensar y de actuar solo se puede instalar cuando ya hay conciencia plena de la gravedad de la situación. Este año ha sido malo en todos los sentidos posibles. Pensar que el próximo será mejor es un autoengaño. Y creer en que las elecciones legislativas son una especie de llave que abre la puerta de salida de la crisis también lo es. Se necesita muchísimo más que eso.

Una parte importante del éxito de la economía de guerra está en los ciudadanos, en los sacrificios y adaptaciones que puedan hacer desde sus rutinas personales para sumar en la carrera por lograr el objetivo. Y acá se parte de que esta participación ciudadana esté basada en la información y en la educación. Necesitamos saber, sin edulcorantes y sin manipulaciones, la gravedad de lo que se viene.

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El sistema de salud que tenemos es el resultado de décadas de medidas equivocadas. A los políticos nunca les gustó hablar de salud y educación en sus campañas y tampoco durante sus mandatos, porque estos son temas que ameritan una discusión seria e informada. Y plantean, sobre todo, problemas que no se resuelven en un año ni en dos. Estar preparados para enfrentar de manera digna y humana esta pandemia por covid-19 implicaba tomar decisiones drásticas hace dos décadas. Implicaba poner dinero y acciones en función de eliminar la desigualdad en el acceso a estos servicios, que también son derechos.

El colapso que sufrimos todos los días es la consecuencia natural de tanto abandono. Hace 20 años, nos importó poco que la reconstrucción de la red hospitalaria tras los terremotos fuera expedita y transparente. Más allá de la indignación de unos cuantos días, tampoco nos pusimos del lado de la gente que agonizaba en camillas oxidadas por falta de medicamentos. Y no nos pusimos del lado de los médicos y del personal sanitario cuando solicitaron mejoras de las condiciones laborales y más recursos para poder realizar su trabajo. Contar con un sistema que garantizara la atención médica oportuna a todos, y no solo a los que pudieran pagarla, estuvo todo este tiempo fuera de nuestras prioridades.

Mañana, al igual que la semana pasada, habrá gente haciendo cola para comprar tanques de oxígeno medicinal para poder ofrecer algún alivio a familiares con males respiratorios. Como se cuenta en el reportaje de esta edición, habrá en esas filas gente desesperada viendo cómo sus deudas suben, porque no hay más opción para encontrar tratamiento. Los centros asistenciales no dan para más. Y el recurso humano de la red sanitaria es el que está pagando con su vida todas las decisiones equivocadas más recientes. Tanto sufrimiento debería ser suficiente para exigir que cualquiera que ambicione una cuota de poder público sepa que curar el sistema de salud debe ser una prioridad.

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El Salvador ha tenido siempre un sistema de salud muy dado a perpetuar la desigualdad. Destina muy poco dinero para atender las necesidades de muchas personas. No privilegia la atención preventiva. No destina suficiente recurso a la investigación. Y tampoco reconoce a su personal con salarios y prestaciones competitivos. Durante esta crisis por covid-19, estas carencias, que ya eran un lastre, se han convertido en condena tanto para usuarios como para los trabajadores.

Una de las instituciones que hace parte del gasto público en salud es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Si el gasto nacional en salud alcanza los 1,900 millones de dólares y representa un poco más del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), el aporte que hace el ISSS representa el 2 % del PIB. Con sus cifras de cotizaciones dentro de lo esperado, el ISSS ya brindaba un servicio de salud que urgía mejoras. Ahora, cuando los enfermos por covid-19 han colapsado los servicios, la preocupación es mayor, ya que, a la vez, los ingresos por cotizaciones de patronos y empleados se ven reducidos como producto de la suspensión de actividades económicas en función de evitar más contagios.

Este es un tema que se debe discutir ya. Porque las consecuencias se pagan en vidas, en las de los pacientes y en las del personal de la institución que ya lleva más de tres meses haciendo frente a una situación sin precedentes y sin contar con los equipos de protección necesarios.

El reportaje de esta edición es el testimonio de la hija de un usuario que, pese a los notorios aspectos a mejorar, siempre confió en los servicios del ISSS. Lo que vivió ahí la hace hoy desear que ninguna otra familia tenga que pasar por una experiencia similar.