Juan Antonio Martínez solía trabajar como mesero. Recibía un sueldo y propinas por servir platos de mariscos o baldes con cervezas en un restaurante. Así, pudo comprar una cocina, un camarote y un par de camas. Cada mañana, durante los últimos seis años, se levantó de una de esas camas y estuvo a menos de un metro de la borda. Entre uno y otro, apenas una lámina.

Tras ese muro, pasa el río Chilama que, a unos cuantos metros más adelante, se hace mar. Desde donde está parado Juan Antonio se alcanza a ver bien cómo ese mar recibe al río. «Hasta allá fueron a parar mis cosas», cuenta. Juan Antonio, a sus 53 años, ya no tiene camas, ropa, trastos y tampoco tiene rancho. En las primeras horas del domingo 31 de mayo, el río creció tanto, que se llevó todo. Ahora, cuando ya han pasado cuatro días desde que la lluvia cesó, se sienta sobre un pedazo de silla plástica y desde ahí mira el espacio lleno de lodo y pertrechos donde antes estaba su casa. Ahí, asomando entre escombros y lodo, está un colchón celeste, húmedo, revolcado. Cree que es donde dormía.

Juan es una de esas personas de las que habló la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante una cadena nacional del jueves 4 de junio en la que el gobierno dio cuenta de la emergencia provocada, en un primer momento, por la tormenta Amanda. «La causa es por vivir en la orilla del río. La misma necesidad ha hecho que la gente se asiente en lugares de riesgo. No ha habido una institución que les detenga, ni que les dé soluciones a viviendas dignas», dijo ella ante el gabinete de gobierno.

Y sí, Juan llegó aquí sin alternativa. Ya no podía seguir pagando alquiler. Además, ¿en qué casa caben siete adultos y tres niños que se pueda pagar con sueldos de meseros, pescadores o comerciantes en pequeño? En El Salvador, un 42.6 por ciento de hogares presenta hacinamiento.

Para la familia de Juan, significó una gran oportunidad venir a levantar con palos y láminas un rancho aquí, a la comunidad que lleva un nombre bien plano que suena a riesgo: Río Mar. Está habitada por 105 familias que, en el municipio de La Libertad, viven entre la ribera del Chilama y playa Punta Roca, que suele llenarse de surfistas. Entre el turismo en modo Instagram y la pobreza multidimensional hay solo unos cuantos metros.

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Minima (FUNDASAL) desarrolló un estudio en 32 ciudades salvadoreñas y halló, en 2007, que ya había en ellas 3,000 asentamientos entre mesones, tugurios y lotificaciones irregulares. Caludia Blanco, directora ejecutiva de esta institución, señala que, ahora, ya son más y están habitados por más gente. «En estos asentamientos hay grandes carencias de hábitat y unas violaciones a los derechos humanos muy graves. No hay agua, no hay calles, la gente no tiene dónde ir al baño, no se tiene cómo dejar ir el agua», explica. La densidad de estos asentamientos aumenta cuando los hijos forman sus hogares y, por razones económicas o por limitaciones que impone la violencia social, no se pueden mudar. Así fue como Juan llegó a tener una familia de 10.

Esa noche del 4 de junio, durante la cadena, la ministra Sol habló de 1,200 casas dañadas y de 365 que ya se daban por pérdida total debido al desborde de los ríos, los deslaves, las inundaciones. Durante la tormenta, 27 personas murieron. A dos semanas de aquello, la directora de Fundasal, la arquitecta Blanco, asegura que, con base en información recibida de las directivas comunales, tienen datos de 8,500 familias cuyas viviendas registraron severos daños debido a la tormenta.

En Río Mar, da gracias a Dios Juan, no hubo víctimas. Acusa, sin embargo, un casi milagro. Porque nadie sabía, en estas casas de lámina en medio de río y de mar, que venía una tormenta que los tomaría de frente, por El Pacífico. «Un par de horas que nos hubieran dado y alcanzamos a sacar lo más importante, pero ni eso», dice Juan frente a un rimero de seis láminas que cuida como tesoro. Esto quedó de su casa. «A chatarrera las voy a llevar, a ver si me dan algo». Las láminas están torcidas y oxidadas. Pero Juan se aferra a ellas, porque, de todos modos, no tiene nada en el bolsillo.

Juan no cree que la suya sea una pérdida que esté en las estadísticas del gobierno. Porque ahí, se habla de casas, y el de él era un rancho. Uno que levantó sobre un terreno del que no tiene título de propiedad y en el que se quedó, en 2014, apenas amparado por un papel que le dio la alcaldía, mismo que ya no tiene.

La arquitecta Blanco cita un informe de Habitat para la Humanidad para asegurar que: «El 80 por ciento de la población tiene alguna violación del derecho humano a la vivienda, ya sea falta de agua, piso, techo, paredes, derecho de propiedad de la tierra, o riesgo alto de desastre por fenómeno natural».

En línea recta de donde está Juan, unos pasos más adelante, como rumbo a donde el río se hace mar, Guadalupe Castillo también busca rescatar lo que quedó. Ella tenía una tienda, también de lámina, y también a la ribera del río. Ahora lava unos envases de soda de vidrio y los pone a secar sobre la borda. Le pueden servir, dice. Así, de entre el lodo, también sacó sus zapatos, alguna ropa, botellas con limonada. Todo lo ha ido guardando en guacales y les ha colocado encima telas para resguardarlo. Aquí no se puede dar nada por perdido, ni aunque haya sido desenterrado.

Guadalupe habla frente a una montaña de lodo de metro de alto. Es lo que ha sacado de su casa-tienda. Y falta, adentro todavía hay partes anegadas. A ella, no se le cayeron las láminas laterales ni las de arriba. Es, cree, de las 1,200 casas dañadas que mencionaba el gobierno en la cadena. Pero perdió una inversión importante en productos. Con primor, muestra unos sobres de capuchino instantáneo que pudo rescatar, quedaron, cuenta, colgados de ganchos en la parte más alta. «Vienen para dar a 50 centavos, diez se les gana, apenas».

La vulnerabilidad es alta en un país en donde el 29 por ciento de hogares está en pobreza multidimensional, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019. Este método se basa en el uso de 20 indicadores que, a su vez, se dividen en cinco dimensiones, una de ellas es la condición de la vivienda. Acá, de cada 100 hogares, en 20 los materiales del suelo y las paredes son inadecuados. Son madera, paja, palma, cartón material de desecho o, como en el caso de Guadalupe y Juan: pura lámina metálica.

Guadalupe está decepcionada. Se tardó por lo menos ocho meses en construir un baño de letrina domiciliar. De lo que iba sacando de la tienda, compraba una bolsa de cemento, un día. Y, al otro, juntaba para arena. A veces, le abonaba al albañil. Así, terminó de pagar unos $200 por la obra. «Pero esta vez, ya rebalsó todo. Está lleno de agua, menos mal no tenía mucho uso, no porque a saber cómo estuviera todo esto», lamenta.

Ella tiene 58 años de edad y 20 años de vivir en Río Mar. Esta es la tercera vez que pierde todo. Mientras muestra los zapatitos enlodados de su nieta de menos de un año, afirma que, esta vez, si pudiera, se iría. Pero, por el momento, no tiene para pagar el préstamo con el que trabaja, no tiene cocina, no tiene ni baño y hace intentos por recuperar un ropero de madera hinchada por la inundación.

A pesar de los antecedes de desbordamiento del Chilama y de vulnerabilidad de las viviendas en Río Mar, no hubo alerta temprana. La evacuación en la zona más cercana al río, donde viven Juan y Guadalupe, se hizo entre las 4 y las 5 de la mañana y fue acompañada por funcionarios de Protección Civil y de la junta directiva de la comunidad. Se hizo hasta ese momento, incluso cuando ya había llovido por más de 12 horas de forma constante.

Río Mar no fue la única en la zona en ser evacuada así, a las prisas, con gente huyendo solo con la ropa puesta. En la carretera El Litoral, más adelante en ruta al municipio Rosario de Mora, está la comunidad Jute Esperanza. Ahí, Emelia Salmerón pasa pegada al celular. Ella es enlace comunitario con Protección Civil, con la Alcaldía de La Libertad y con entidades sanitarias. «Yo le llamé a mi capitán en la noche y mandó una cuadrilla, pero, al llegar, ellos dijeron que no iban a evacuar todavía porque el río no se había desbordado», explica frente a la maquinaria pesada que, ya bajo un brillante sol, extrae toneladas de lodo de una de las casas afectadas.

El río y el capitán del que habla Emelia son El Jute y Miguel Ángel Jiménez, alcalde de La Libertad. La lideresa comunitaria cuenta, entre palabras atropelladas, que comenzó a sacar a la gente de sus casas a los gritos y a los golpes de puerta, porque al filo de las 3 de la madrugada de ese domingo 31 de mayo, El Jute ya estaba crecido y se estaba desbordando justo en donde pasa la carretera, ahí en donde el FOVIAL trabajaba en un puente.

La lluvia intensa a esa hora amenazaba por todos lados. El río ya estaba salido de cauce y se metía a las cas de la ribera y, desde las colinas, donde también hay casas, bajaban correntadas que arrastraban todo al paso. La comunidad es eso: una calle con casas de lámina a ambos lados unas dan al río y las otras están montadas en la colina. Y no, pese a las varias horas de lluvia, a esas 65 familias no se les evacuó con el primer aviso. El alcalde Jiménez explica que la información acerca de la intensidad del fenómeno no llegó a tiempo a las municipalidades que resultaron más golpeadas. Y que, aunque les hubieran dado una alerta temprana, «a la gente no le gusta salirse de sus casas».

«Gracias a Dios no lamentamos muertes; porque, a esa hora, solo Dios con nosotros», explica Emelia. Frente a ella, Jesús de Caridad Contreras asiente y, en el mismo tono, cuenta que ella también ayudó a sacar gente. Usó un megáfono para advertir que el río venía de abajo (zona del puente), para arriba (hacia la colina). Evacuar, aquí, tampoco es ir muy lejos. Los 40 adultos y 16 niños mal durmieron en el suelo de una iglesia evangélica que está en la misma calle por donde el río venía cortando paso.

La alcaldía de La Libertad es la que ha ayudado a las familias de la zona a conseguir servicios básicos como agua y electricidad. Y es, también, la encargada de arreglar la calle. El alcalde Jiménez no es ajeno a las condiciones de las comunidades, y señala que desde hace rato cuenta con un terreno de cinco manzanas, frente a la Unidad de Salud, en donde podría reubicar a las familias. «Ojalá que esta vez sí podamos ejecutar esto, porque, le digo, a la gente no le gusta moverse», indica quien está al frente de la alcaldía desde 2015.

El riesgo en Jute Esperanza está tan normalizado que, cada año, se construye una borda en la parte alta de la comunidad. Y, todos los años, acaba destruida. «Necesitamos una borda más grande y que se arregle el mal trabajo que están haciendo en el puente de la carretera», explica Zuleyma Contreras, presidenta de la directiva de la comunidad. La reubicación no es opción. La gente que más tiempo lleva viviendo aquí ya acumula tres desbordes convertidos en destrucción.

Las evacuaciones que se hacen con el agua hasta la cintura no son inofensivas. Lo sabe Azucena Leiva, de 27 años. Esa madrugada en la que Emelia y Jesús iban a sacando gente a los gritos, ella comenzó a sangrar. Con su hija de 4 años, logró salir de la casa y ponerse a salvo. Pero el sangrado no se detuvo. Para el medio día era fuerte. Y, de la Unidad de Salud, la refirieron a un hospital que no fue el San Rafael, el que le toca como referencia de su zona por estar ubicado, en Santa Tecla, a 26 kilómetros de distancia. La llevaron en ambulancia hasta el hospital San Bartolo, en Ilopango, a 46 kilómetros.

“Una reubicación debe tener una visión de respeto por la gente. Porque las familias no son sillas. No son muebles. No es que se agarran y se van a poner a otra parte”. La arquitecta defiende el derecho de las personas a mantener contacto con sus medios de vida. Un pescador, así, no puede ser reubicado lejos del mar.

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Azucena tenía 14 semanas de embarazo. No se había hecho ecografía, pero había decidido nombrar Milton si era niño y Daniela Salomé, si era niña. Nunca le dijeron a qué se debió su aborto espontáneo. Los médicos, cuenta, se limitaron a decirle que lo iban a investigar. Ella y su pareja pasan el dolor de la pérdida refugiados en la casa de unos familiares. Ella está segura de que fue el susto, el frío, el esfuerzo, la angustia por huir.

La noche del 31 de mayo, mientras Juan y Guadalupe dormían en el albergue del Instituto Nacional de La Libertad, mientras Emelia y Zuleyma coordinaban comida y abrigo para 65 familias en dos refugios y mientras Azucena intentaba gestionar la pérdida de su embarazo, el presidente de la República Nayib Bukele dio una conferencia de prensa. Lo hizo desde la comunidad Nuevo Israel, en San Salvador, un asentamiento levantado a las orillas de la quebrada La Lechuza.

Las lluvias ahí ocasionaron luto y pérdida total en algunas casas y severos daños en otras. Bukele anunció que el plan para reducir la vulnerabilidad es reubicar a las familias y entregar viviendas de un costo de $10,000. Los ministerios encargados de llevar a cabo el proyecto son Obras Públicas y el recién creado Vivienda.

La ministra Sol anunció en rueda de prensa que ya se está realizando el censo de las familias afectadas con la pérdida de su vivienda y que ya se están evaluando algunos terrenos en donde se pueden construir las casas. También presentó una proyección de cómo pueden llegar a verse las primeras 60 viviendas. Esta información se encuentra publicada en la cuenta de Twitter de la institución. En la página web, sin embargo, no hay ninguna información acerca de presupuesto. Y en el portal de Transparencia, en donde las instituciones gubernamentales deberían colocar los documentos de interés público, Vivienda mantiene vacías las carpetas de Presupuesto, Plan Operativo Anual, Estadísticas y la de Contrataciones y adquisiciones. Lo único que este ministerio ha publicado ahí está en Remuneraciones, en donde consta que le paga a un especialista ambiental $1,200 al mes y a un especialista en desarrollo territorial, $1,385. Mientras que, quien ocupa la plaza de coordinador de redes sociales de esta institución aparece con un salario de $1,730.

Es justamente en la cuenta de Twitter del ministerio de Vivienda en donde aparece colgado un video en el que la ministra Sol asegura que muchos de los posibles beneficiarios han expresado agradecimiento al gobierno, mientras que otros han señalado que el terreno se encuentra muy lejos. «Estamos buscando las opciones», agrega la ministra.

Como institución, Fundasal acumula 52 años de experiencia. Sobre eso, la directora Blanco afirma: «Una reubicación debe tener una visión de respeto por la gente. Porque las familias no son sillas. No son muebles. No es que se agarran y se van a poner a otra parte». La arquitecta defiende el derecho de las personas a mantener contacto con sus medios de vida. Un pescador, así, no puede ser reubicado lejos del mar. «Las redes son muy importantes para todas las personas, son las que nos permiten estabilizar la vida y una reubicación debe contemplar no solo la seguridad física, sino que también los mecanismos que sostienen la existencia de las personas», señala.

En Jute Esperanza, los recorridos de Emelia no han terminado. Ahora con sol, las tareas son sacar con palas el lodo de las casas y lavar, en el mismo río que se desbordó, la ropa que se pudo rescatar. Hay humedad por todos lados. «Después de estos fenómenos, la gente queda con hongos en los pies», revela como un detalle de esa parte de la historia que, casi siempre, queda sin contar. «Así es aquí -dice-, toca levantarse aunque duelan los pies».